Derechos Económicos, Sociales y Culturales

1. Ideas
   Preliminares
2. Derechos de las personas a la
   protección especial del Estado
3. Derecho a la
   salud
4. Derecho a la seguridad
   social
5. Derecho a la
   educación
6. Derechos
   laborales
7. Los derechos sociales
   incluidos en el regimen economico de la Constitución
   peruana de 1993

Ideas
Preliminares

La distinción entre derechos individuales y
sociales sólo tiene fines didácticos. La
realización de la persona se
realiza en un entorno social y el ser humano desarrolla diversas
relaciones con otros de su genero para
construir y delimitar el ámbito de su libertad.

Podemos afirmar que existe una diferencia en los
derechos que
pueden ser exigidos, defendidos y garantizados por la propia
persona frente
a terceros; y, otros derechos que por su naturaleza deben
ser defendidos, reclamados, promocionados o garantizados en forma
colectiva. Pero ni siquiera el derecho a la vida o a la libertad
individual es un asunto estrictamente personal, debe
ser defendido, reclamado, promocionado o garantizado en forma
colectiva.

En estos casos se ha considerado un elemento importante
para un equilibrio
social, la intervención del Estado y ese
ha sido el sustento del estado social
de derecho. Para el Estado
Social es primordial garantizar los derechos económicos,
sociales y culturales, asumiendo esta responsabilidad el Estado. Sin
embargo, esto corresponde a la ideología de los países socialistas
liderados por la ex Unión de Republicas Socialistas
Soviéticas, generando también un desequilibrio de
lo colectivo por encima del ámbito individual de los
derechos. A nuestro juicio es un extremo que no responde a los
criterios de justicia,
equidad e igualdad.

No obstante estas observaciones, una persona no puede
garantizarse o ejercer libremente y en formas individual derechos
como la
educación, salud, bienestar o
jubilación. El Estado asume un rol especial en los
derechos llamados sociales o de segunda generación, por
cuanto su rol es garantizar los derechos y eliminar
diferenciaciones sociales. Para ello se ha establecido
determinados fines y prioridades del Estado en materia de
promoción social, un tema a debate a las
economías modernas.

Uno de los temas centrales de los derechos humanos
es la calidad de
vida y el acceso a servicios
básicos para lograr el desarrollo y
realización de la persona.

Entendemos por calidad de vida a
las condiciones en la cual vive una persona en las cuales se
desarrolla y realiza. Desde cómo se alimenta, cuál
es su nivel de educación,
cuál es su acceso a los servicios de
educación
y salud inclusive
los servicios de justicia.
Sobre este contenido especial los derechos humanos
se determinan como las expectativas y necesidades de la persona
para realizarse como tal.

Entonces, el rol esencial del Estado es garantizar que
las personas puedan realizarse en forma individual para
garantizar una expectativa del desarrollo
social. Las personas deben ejercer sus derechos para dar una
perspectiva de desarrollo de
la sociedad y del
estado.

Una característica de los derechos sociales es
la mediatización de estos derechos por un ente promotor,
equilibrador y distribuidor que elimine diferenciaciones reales y
otorgue oportunidades iguales a todos. En los Estados actuales
esta labor ha recuperado importancia después del embate
neoliberal desde la década de los ochenta. El Estado no
solo retoma sus responsabilidades, sino que la sociedad civil
asume un rol activo en esta labor a través de organizaciones
sociales, organizaciones no
gubernamentales y gremios, esto hace que se afiance la democracia
sobre la base de mejorar la calidad de
vida como esfuerzo común.

CAPITULO I : DERECHOS DE LAS PERSONAS A LA
PROTECCIÓN ESPECIAL DEL ESTADO

Los derechos de las personas, cuando estas tienen la
condición de niño, adolescente, madre o anciano y
que, además, se encuentra en situación de riesgo social
tienen como responsables de su protección en primer lugar
a la comunidad y en
segundo lugar al Estado.

La situación de riesgo social es
una situación objetiva donde no se pueden alcanzar los
niveles mínimos de vida y la propia persona no puede
generar su propio sustento en condiciones de igualdad. Las
condiciones mínimas de subsistencia y dignidad de las
personas exigen que la comunidad donde
se encuentran y el Estado atiendan su
protección.

Ante estas situaciones de riesgo tenemos un caso
especial donde se conceden privilegios a las personas por las
circunstancias especiales en las que se desenvuelven. Justamente
por ello, no constituyen un acto de discriminación, sino una política para
garantizar la igualdad de las personas.

1. Protección del Niño y el
   Adolescente.-

La Constitución Política inicia el
texto del
Capitulo referido a los niños y
adolescentes
con el Artículo 4º que establece "La comunidad y el
Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a
la madre y al anciano en situación de abandono. (…)".
Ello implica las siguientes conclusiones:

2. Son objeto de protección especial el
   niño y el adolescente
3. La madre es sujeto de protección especial con
   sus hijos
4. Solo se ha considerado como riesgo la
   situación de abandono (lo que no excluye las diversas
   posibilidades de atención de acuerdo al Código de los Niños
   y Adolescentes
   así como a la interpretación no restrictiva de
   los derechos humanos)
5. La responsabilidad de protección no solo
   implica la acción del Estado, sino también la
   responsabilidad de la comunidad donde se encuentran los
   niños, adolescentes y madres.

El Código
de los Niños y Adolescentes aprobado por ley 27337 en el
art. I del de su Título Preliminar define al niño y
al adolescente de la siguiente forma: "Se considera niño a
todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce
años de edad y adolescente desde los doce hasta cumplir
los dieciocho años de edad."

Los niños y adolescentes por tratarse de personas
de las cuales se espera su desarrollo biológico y
responsabilidad para asumir responsabilidades, se encuentra bajo
el supuesto de incapacidad civil para ejercer determinados
derechos. Los padres y los tutores asumen la responsabilidad de
sus actos y la
administración de su patrimonio
.

Para atender las necesidades de protección
especial de los menores y adolescentes el Código de los
Niños y Adolescentes ha establecido los siguientes la
política a cargo del Ministerio de la Mujer y
Promoción del Desarrollo
Humano (en adelante PROMUDEH) estará orientada a
desarrollar:

1. Programas de prevención que garanticen
   condiciones de vida adecuadas;
2. Programas de promoción que motiven su
   participación y la de su familia y que
   permitan desarrollar sus potencialidades.
3. Programas de protección que aseguren la
   atención oportuna cuando enfrentan
   situaciones de riesgo.
4. Programas de asistencia para atender sus necesidades
   cuando se encuentren en circunstancias especialmente
   difíciles;
5. Programas de rehabilitación que permitan su
   recuperación física y mental y
   que ofrezcan atención especializada.

2.- Protección de la Mujer.

La Constitución Peruana de 1993 sólo ha
establecido la protección especial de la madre, y se ha
limitado a establecer la igualdad de Derechos entre varón
y mujer.

La protección de la mujer en
situación de abandono también esta a cargo del
PROMUDEH considerándose prioritaria la protección
de la mujer víctima de la violencia, la
mujer embarazada y el caso de las madres solteras. Esta
atención se desarrolla en función
del menor cuando el art. 2º del Código de los
niños y adolescentes establece "Es responsabilidad del
Estado promover el establecimiento de condiciones adecuadas para
la atención de la madre durante las etapas del embarazo, el
parto y la
fase postnatal. El Estado otorgará atención
especializada a la adolescente madre y promoverá la
lactancia materna y el establecimiento de centros de cuidado
diurno. La sociedad
coadyuvará a hacer efectivas tales
garantías."

A ello se suma la Ley de Productividad y
Competitividad
Laboral,
Texto
Único Ordenado del Decreto legislativo 728 aprobado por
Decreto Supremo 003- 07-TR, que según modificatoria
efectuada por el Artículo 1º de la Ley Nº 27185,
establece en su artículo 29º como causa de despido
nulo "El embarazo, si
el despido se produce en cualquier momento del período de
gestación o dentro de los 90 (noventa) días
posteriores al parto. Se
presume que el despido tiene por motivo el embarazo, si el
empleador no acredita en este caso la existencia de una causa
justa para despedir." Esto implica que la madre puede pedir
judicialmente que se le reponga en el centro de trabajo y se
pague las remuneraciones
dejadas de percibir. Lo que no es norma de protección y no
es razonable dadas las circunstancias de un mercado de
trabajo estrecho es que esta protección se reduce a los
casos en los cuales según la propia ley "es aplicable
siempre que el empleador hubiere sido notificado documentalmente
del embarazo en forma previa al despido y no enerva la facultad
del empleador de despedir por causa justa."

3.- Protección de la Familia.

La Constitución de 1993 en su art. 4 establece
que la "comunidad y el Estado protegen (…) a la familia y
promueven el matrimonio.
Reconocen a estos últimos como institutos naturales y
fundamentales de la sociedad. – Agrega – La forma del
matrimonio y
las causas de separación y de disolución son
reguladas por la ley."

La familia es una
institución que se sustenta en la unión de personas
con vinculo consanguíneo sobre la base nuclear de padre y
madre. Esta Familia nuclear esta siendo transformada en nuestra
por la gran cantidad de madres solteras, la fragilidad de los
matrimonios jóvenes y por la cultura de la
competencia en
una sociedad con amplia falta de trabajo.

Podríamos sintetizar que los derechos relativos a
la familia
comprenden: a) el derecho a fundar una familia, b) el derecho a
mantener o integrarse a una familia y c) el derecho a disolver
legalmente la familia por motivos justificados ante el poder
judicial.

El matrimonio es una relación jurídica que
nace del libre derecho a fundar una familia. El Art. 15 del
Protocolo
Adicional A La Convención Americana Sobre Derechos Humanos
en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo De San
Salvador", amplia las definiciones para el ejercicio de los
derechos de la familia de la siguiente forma:

"1. La familia es el elemento natural y fundamental de
la sociedad y debe ser protegida por el Estado quien
deberá velar por el mejoramiento de su situación
moral y
material.

"2 . Toda persona tiene derecho a constituir familia,
el que ejercerá de acuerdo con las disposiciones de la
correspondiente legislación interna."

Para este efecto y guardando correcta correspondencia
con los derechos del
niño y de la madre, mediante este Tratado
Internacional, el Estado Peruano asume el compromiso de brindar
adecuada protección al grupo
familiar y en especial a:

1. "Conceder atención y ayuda especiales a la
   madre antes y durante un lapso razonable después del
   parto;
2. "Garantizar a los niños una adecuada alimentación tanto
   en la época de lactancia como durante la edad
   escolar;
3. "Adoptar medidas especiales de protección de
   los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración
   de sus capacidades física, intelectual
   y moral.
4. "Ejecutar programas
   especiales de formación familiar a fin de contribuir a
   la creación de un ambiente
   estable y positivo en el cual los niños perciban y
   desarrollen los valores
   de comprensión, solidaridad,
   respeto y
   responsabilidad;

Es especial el caso de tratamiento de la unión de
hecho o concubinato en el Art. 5 de la Constitución que
establece "La unión estable de un varón y una
mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de
hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta
al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea
aplicable.". Esta institución jurídica protegida
constitucionalmente implica una familia no formal y la
Constitución le da la protección en materia
patrimonial, siendo condición el cumplimiento de los
siguientes requisitos que reiteramos:

1. La unión estable de varón y mujer, que
   conforme al Código
   Civil debe ser por un periodo no menor de 2 años
   para la adquisición de derechos
   patrimoniales.
2. La inexistencia de impedimento
   matrimonial.

La Constitución Política de 1993 en su
art. 6º establece las obligaciones
esenciales nacidas dentro de la familia indicando "Es deber y
derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus
hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus
padres." Es decir, que la vida en familia implica una
protección de los hijos, pues se consideran como deberes y
al mismo tiempo como
derechos de los padres respecto a los hijos, tanto dentro del
matrimonio como fuera del mismo:

1. La obligación de alimentar a los
   hijos.
2. La obligación de educar a los
   hijos.
3. La obligación de dar seguridad a
   los hijos.

Debe considerarse el hecho especial que el Código
de los niños y adolescentes establece en su art. 8º
que consagra el derecho de los menores a vivir en una familia
estableciendo: "El niño y el adolescente tienen derecho a
vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia. / El
niño y el adolescente que carecen de familia natural
tienen derecho a crecer en un ambiente
familiar adecuado. / El niño y el adolescente no
podrán ser separados de su familia sino por circunstancias
especiales definidas en la ley y con la exclusiva finalidad de
protegerlos. / Los padres deben velar porque sus hijos reciban
los cuidados necesarios para su adecuado desarrollo
integral."

En aplicación del derecho a la igualdad la
Constitución de 1993, siguiendo la línea de
protección de la Constitución de 1979, establece
como principio la igualdad de todos los hijos respecto del padre
o madre, tanto en sus derechos como en sus deberes con ello, se
pretende eliminar las distancias entre hijos matrimoniales y
extramatrimoniales; así, la Constitución
Política de 1993 en su art. 6º establece las
siguientes prohibiciones:

1. Toda mención sobre el estado civil de los
   padres.
2. Toda mención sobre la naturaleza de
   la filiación en los registros
   civiles.
3. Toda indicación de la naturaleza de la
   filiación en cualquier otro documento de identidad.

4.- Régimen del Matrimonio

El matrimonio como institución jurídica de
protección especial del estado se rige por el criterio de
legalidad desde su origen hasta su disolución conforme al
Código
Civil y tiene las siguientes características rige por las siguientes
normas
esenciales:

1. Formalidad de origen, el matrimonio nace bajo una
   formalidad ad solemnitatem en las municipalidades del
   país; debiendo cuidarse de la inexistencia de
   impedimentos por razón de afinidad, consanguinidad,
   capacidad y condiciones especiales de la Persona.
2. Opciones del Régimen Patrimonial; dentro del
   matrimonio el régimen patrimonial puede ser de sociedad
   de gananciales o de reparación de patrimonios, sin
   perjuicio de la obligación de afectar el patrimonio
   para el cuidado del hogar y sostenimiento de los miembros de la
   familia.

• En el régimen de sociedad de gananciales se
  establece la propiedad de
  los cónyuges sobre los bienes
  adquiridos durante el matrimonio o aportados para tal fin de no
  establecerse ninguna formalidad, este es el régimen al
  que se sujeta el matrimonio desde su origen.
• El régimen patrimonial de separación de
  patrimonios se constituye formalmente por escritura
  pública o mediante la decisión judicial en la
  cual cada cónyuge tiene disposición de los bienes
  a su cargo.

5. Régimen de la disolución del
matrimonio

La disolución de Matrimonio se puede dar solo por
causas específicas establecidas en la ley orientando que
el divorcio es
una sanción por la mala conducta de uno
de los cónyuges o el incumplimiento de los deberes nacidos
en el matrimonio. Un caso especial es que el Juez ya no puede
calificar estas causas según la "cultura,
educación y costumbres", sino dentro de una
interpretación extensiva de los derechos constitucionales
como derechos humanos, tal como orienta la Sentencia del Tribunal
Constitucional del Expediente N° 018-96-I/TC, que establece
lo siguiente:

"Que, el termino "sevicia" utilizado en el
Artículo 337 del Código Civil y también por
los demandados en la contestación a la demanda, debe
entenderse sustituido por el de "violencia
física y psicológica" y no sólo referido,
como parece entender la parte demandada, a los actos de crueldad
física; Que la violencia física y
psicológica a la que se refiere el artículo
impugnado del Código Civil, es una violencia alegada como
fundamento por la presunta víctima para solicitar la
separación de cuerpos o el divorcio, por
lo que no cabe presumir que ha consentido con ella, o que la ha
perdonado, sino más bien, que no está dispuesto a
tolerarla ni por costumbre, ni por miedo a la separación o
al divorcio, ni por su grado de educación o cultura; que
la existencia de violencia debe ser comprobada por el juez
respecto a su debida existencia, de modo objetivo; que,
planteada la demanda de
separación de cuerpos o de divorcio por el cónyuge
agredido, y comprobada la existencia de violencia por acto o por
conducta del otro
cónyuge queda configurada y tipificada la circunstancia a
que se refieren los Artículos 333 y 349 del Código
Civil como causal de separación de cuerpos y de divorcio
vincular, pues la violencia no deja de ser tal por el hecho de
que quien la realiza o el que la sufre, o ambos, tengan
determinado nivel de educación o cultura, o vivan en un
ambiente donde se acostumbre aceptarla, pues en todos los casos
vulnera la integridad física y psíquica de la
victima, así como su dignidad y derecho a vivir en paz;
que, en consecuencia, siempre que hayan indicios de violencia
física o psicológica por uno de los cónyuges
debe bastar la exigencia de la presunta víctima a la
separación de cuerpos o al divorcio para que sea admitida
como presunta causal y pueda iniciarse el proceso; Que,
dentro del proceso, una
vez comprobada fácticamente la violencia, queda probada
también la vulneración a los principios
constitucionales precitados, y no cabe, por ende, supeditar su
carácter de causal, a la educación o
conductas de los cónyuges.

"Que, en cuanto a la costumbre, si bien es cierto que en
algunos lugares del territorio peruano, o entre algunas parejas,
socialmente se acepta la violencia del marido sobre la mujer,
ello no justifica que el Estado recoja esa costumbre por el
simple hecho de ser tal, y la plasme legislativamente, porque es
deber del Estado y de este Tribunal orientar a la sociedad
peruana hacia un status cada vez mas civilizado y justo.
Costumbres que vulneran derechos fundamentales como el de la
integridad física y psicológica, el de la igualdad
de los seres humanos, el de la dignidad personal y el
derecho a gozar de una vida en paz, deben ser erradicadas de la
sociedad por el Estado. La violencia entre marido y mujer, sin
importar dónde ocurra, o qué arraigada esté,
es siempre violatoria de tales derechos constitucionales que
protegen a los seres humanos, todos ellos con dignidad, tengan o
no cultura, tengan o no educación, tengan o no el peso de
una costumbre primitiva y degradante."

Recientemente mediante el art. 2º de la Ley 27495
se ha establecido como una nueva causal de disolución " la
separación de hecho de los cónyuges durante un
periodo ininterrumpido de dos años. Dicho Plazo
será de cuatro años si los cónyuges tuviesen
hijos menores de edad", pudiendo los cónyuges sustentar
esta causa aun siendo hecho propio. Estas disposiciones cambian
la orientación original del Código Civil, y la
separación de cuerpos o divorcio se transforman en un
"remedio" a una situación de hecho. Ello no afecta la
Constitución en cuanto difiere a la Ley las causas y el
procedimiento
para la disolución del matrimonio.

6. Protección del anciano en situación
de abandono

La Constitución Política en su
artículo 4º establece que la comunidad y el Estado
protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre
y al anciano en situación de abandono.

La inclusión de los ancianos a una
protección especial se da debido a las limitaciones
objetivas que presentan para valerse por si mismos, sin embargo,
no solo el abandono es la única causa que genera una
situación jurídica en el cual el Estado debe
intervenir para generar igualdad de oportunidades.

Mediante un documento denominado "Lineamientos de
Política para las personas Adultas Mayores" aprobado por
Decreto Supremo Nº 010-2000-PROMUDEH se han reconocido los
siguientes problemas:

• Deficiente cuidado de la salud y malos hábitos
  alimenticios y nutricionales
• Bajo nivel educativo y falta de conocimiento
  sobre el envejecimiento y la vejez
• Ingresos y pensiones reducidas y falta de solidaridad con
  las personas adultas mayores
• Desaprovechamiento y mal uso del tiempo
  libre
• Bajos niveles de participación y escasas
  facilidades para la integración social

Consideramos que existe un sesgo autoritario al no
considerarse el rol de los ancianos en el desarrollo y que el
problema de falta de oportunidades los afecta con mayor
incidencia que a los jóvenes. Por tanto, rechazamos el
sesgo autoritario al pretenderse dirigir el uso del tiempo libre
y los bajos niveles de participación. Sin embargo,
consideramos que el Estado ha reconocido que el programa de los
adultos mayores es un problema integral que no se limita al
abandono, como lo hace la Constitución
Política.

Conviene recordar que en este extremo el Artículo
17 del protocolo de San Salvador con amplitud establece los
derechos de protección de los ancianos, de la siguiente
forma:

"Toda persona tiene derecho a protección especial
durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados Partes se
comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias
a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular
a:

"a. Proporcionar instalaciones adecuadas, así
como alimentación y atención
médica especializada a las personas de edad avanzada que
carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de
proporcionársela por sí mismas;

"b. Ejecutar programas
laborales específicos destinados a conceder a los ancianos
la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a
sus capacidades respetando su vocación o
deseos;

"c. Estimular la formación de organizaciones
sociales destinadas a mejorar la calidad de vida
de los ancianos.

7. Protección a los minusválidos o
personas con discapacidad

La Constitución Política en su
artículo Artículo 7º referido a la
protección de la Salud y el Medio Familiar refiere que
"Todos tienen derecho a la protección de su salud (…).
La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de
una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su
dignidad y a un régimen legal de protección,
atención, readaptación y seguridad."

Consideramos que se trata de un nuevo error en la
sistemática de la Constitución porque los derechos
a una protección especial de la persona discapacitada no
solo implican el derecho a la Salud, sino una situación de
desventaja en la complejidad de sus actividades, siendo distintos
los derechos que corresponde proteger.

La ley 27050 en su art. 2º define a la persona con
discapacidad como
quien "tiene una o más deficiencias evidenciadas con la
pérdida significativa de alguna o algunas de sus funciones
físicas, mentales o sensoriales, que impliquen la
disminución o ausencia de la capacidad de realizar una
actividad dentro de formas o márgenes considerados
normales limitándola en el desempeño de un rol, función o
ejercicio de actividades y oportunidades para participar
equitativamente dentro de la sociedad."

Con este criterio más amplio y ante la limitada
visión de la Constitución Política, la ley
ha reconocido que los discapacitados tienen un conjunto de
derechos que deben ser atendidos integralmente,
enfatizándose el derecho a la igualdad de oportunidades,
el art. 3º de la Ley indica "La persona con discapacidad
tiene iguales derechos, que los que asisten a la población en general, sin perjuicio de
aquellos derechos especiales que se deriven de lo previsto en el
segundo párrafo
del Artículo 7 de la Constitución Política,
de la presente Ley y su Reglamento." De esta forma se reconoce
los derechos a la seguridad
social, al trabajo, al deporte, entre otros.

Para ello, el Estado dispone medidas especiales
como:

2. Adecuación progresiva del diseño urbano de las ciudades
3. Dotación de acceso a instalaciones
   públicas y privadas
4. Reservación de asientos preferenciales en los
   vehículos públicos y parqueo
   público
5. Inafectación tributaria a Importaciones
   de vehículos, instrumentos y otros.
6. Atención por la Defensoría del
   Pueblo

Dentro de este contexto, mediante Resolución
Defensorial Nº 16-2000-DP que aprueban el Informe
Defensorial Nº 37, "El Derecho de Sufragio de las Personas
con Discapacidad" se ha logrado que la Oficina Nacional
de Procesos
Electorales considérelas recomendaciones y mediante
Resolución Jefatural Nº 189-2000-J-ONPE establezca
disposiciones para facilitar la emisión del voto de
ciudadanos con discapacidad.

Conviene recordar que en este extremo el Artículo
18 del protocolo de San Salvador con amplitud establece los
derechos de protección de los minusválidos, de la
siguiente forma:

"Toda persona afectada por una disminución de sus
capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una
atención especial con el fin de alcanzar el máximo
desarrollo de su personalidad.
Con tal fin, los Estados Partes se comprometen a adoptar las
medidas que sean necesarias para ese propósito y en
especial a:

"a. Ejecutar programas específicos destinados a
proporcionar a los minusválidos los recursos y el
ambiente necesarios para alcanzar ese objetivo,
incluidos programas laborales adecuados a sus posibilidades y que
deberán ser libremente aceptados por ellos o por sus
representantes legales;

"b. Proporcionar formación especial a los
familiares de los minusválidos a fin de ayudarlos a
resolver los problemas de
convivencia y convertirlos en agentes activos del
desarrollo físico, mental y emocional de
éstos;

"c. Incluir de manera prioritaria en sus planes de
desarrollo urbano la consideración de soluciones a
los requerimientos específicos generados por las
necesidades de este grupo;

"d. Estimular la formación de organizaciones
sociales en las que los minusválidos puedan desarrollar
una vida plena."

8. Política de Población.

Una de las innovaciones no muy gratas de la
Constitución Política de 1993, es asumir la
problemática de la población a niveles maltusianos,
y no como una situación objetiva de mejorar el nivel de
vida. De esta forma, el art. 6º de la Carta
Política establece "La política nacional de
población tiene como objetivo difundir y promover la
paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las
familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado
asegura los programas de educación y la información adecuados y el acceso a los
medios, que no
afecten la vida o la salud."

Las definiciones y categorías que se utilizan
para iniciar una agresiva campaña de control de la
natalidad, y que luego fueron consagradas constitucionalmente son
las siguientes:

1. Esto implica necesariamente que la libertad sexual
   esta condicionada por el Derecho a evitar el embarazo no
   deseado.

   Libertad sexual, cuando la persona elige con quien y
   cuando desarrollar su sexualidad.

2. Paternidad y Maternidad Responsable: significa que los
   pares pueden decidir el numero de hijos según sus
   posibilidades y condiciones para ofrecerles su
   desarrollo.

   El Art. 6 de la constitución establece
   "Reconoce el Derecho de las familias y personas a decidir".
   Esta frase u oración incompleta de la
   constitución nos presenta las posibles alternativas
   siguientes:

   • La posibilidad de aceptar o no la paternidad o
     maternidad responsable.
   • La posibilidad de aceptar o no los métodos del control
     de la maternidad.
   • La posibilidad de aceptar o no la
     disposición del propio cuerpo en Tratamientos
     quirúrgicos de control de la natalidad
     (físicos, químicos o
     quirúrgicos).

   En tal sentido podemos entender una amplitud de
   contenidos en el Art. 60 que corresponde evaluarlos a ley
   de la experiencia histórica y coyuntural y solo
   tenemos los siguientes:

   Reclamos de la prensa
   por mala práctica médica e imposición
   de métodos quirúrgicos de control
   de la natalidad.

   Documentos de organizaciones de Derechos
   Humanos donde se denuncian la imposición de metas
   por servidor
   sanitario en materia de control quirúrgico de la
   naturalidad.

   El deslinde de las autoridades de salud indicando
   que los casos aislados deben haberse seguido administrativa
   y judicialmente.

   El segundo Informe
   del Defensor del Pueblo al Congreso de la República
   en el período 1998-1999 ya indicada lo
   siguiente:

   "En el período que se informa se han
   recibido 59 quejas que involucran a 90 personas (72 mujeres
   y 18 hombres), la mayor parte por ligadura de
   trompas.

   Del estudio de estos casos se han identificado los
   siguientes problemas:

   • Ausencia de consentimiento y de información previa a la
     intervención quirúrgica de
     anticoncepción.
   • Falta de seguimiento postoperatorio y negativa
     de los hospitales a asumir el costo
     de las complicaciones.
   • Esterilizaciones realizadas sin que se cumpla
     con el plazo de reflexión de 72 horas.
   • No todos los casos de muerte
     relacionados con esterilizaciones quirúrgicas han
     sido investigados judicialmente, puesto que existe una
     tendencia manifiesta en el Ministerio Público a su
     archivamiento no obstante la constatación de
     indicios razonables para formular denuncias.

   La Defensoría del Pueblo ha recomendado
   al Ministro de Salud derogar el Manual de Normas y Procedimientos para Actividades de AQV y
   la aprobación de un Manual de Planificación Familiar
   -preferentemente por Resolución Ministerial- que
   garantice la libre elección entre todos los
   métodos anticonceptivos y proteja
   debidamente la salud e integridad de las
   personas."

   La expedición del Decreto Legislativo
   Nº 346, Ley de Política Nacional de
   Población, donde se regula tantos métodos
   quirúrgicos como no quirúrgicos de control
   de la natalidad y donde la política del estado
   esta orientada al tratamiento del problema de la
   población prior izando el control de natalidad
   sobre los demás derechos sociales y
   elevación de la calidad de vida.

   Mediante Ley 26530 se modifican la Ley de
   Política Nacional de Población,
   estableciendo que "La Política Nacional de
   Población excluye el
   aborto como método de Planificación Familiar. En todo
   caso, la adopción de los métodos se
   basa en el libre ejercicio de la voluntad personal, sin
   que medien estímulos o recompensas materiales". Esta Ley fue objeto de una
   acción de inconstitucionalidad, en la cual si bien
   se determinó su improcedencia, se dieron luces
   para la interpretación de las políticas de control de natalidad y
   el aborto
   como tal, en este sentido establece:

   "Que, por otro lado, si ha de entenderse el
   concepto de planificación familiar en el marco
   de referencia de la propia ley que la regula, vale decir,
   de la Ley de Política Nacional de Población
   (Decreto Legislativo N°346) -cuyo actual
   Artículo VI constituye la materia de la presente
   controversia-, habrá que entenderlo como un
   programa familiar, libremente acordado por
   la pareja, que tiene por objeto, "… la libre
   determinación del número de sus hijos"
   (Artículo IV,inciso 2), y "… asegurar la
   decisión libre, informada y responsable de las
   personas y las parejas sobre el número Y
   espaciamiento de los nacimientos …." (Artículo 2
   del Título I de la misma);

   "Que, entendido así el concepto de
   planificación familiar, los
   métodos que, como el de la esterilización
   quirúrgica, impiden la programación y el espaciamiento de
   los nacimientos, puesto que los hacen imposibles, no pueden
   considerarse como comprendidos en el elenco de los de
   "planificación familiar", dado que se trata de
   procedimientos que privan -en muchos casos
   de modo irreversible- de la capacidad de procrear, y, por
   tanto, de la de programar y/o espaciar los
   nacimientos;"

   (…)

   "Que, dado el estado actual de los conocimientos y
   de la tecnología médica- la
   esterilización quirúrgica -por lo general
   irreversible- no parece ser un método, habida cuenta del sentido y
   tenor de la legislación nacional, arriba glosados,
   de planificación familiar; Que en consecuencia, y
   entendido de este modo el sentido del actual
   Artículo VI del Decreto Legislativo N° 346, la
   demanda parece improcedente, pues pretendería la
   derogación, por inconstitucional, de un dispositivo
   legal que, en último y análisis, no existe, dado que el
   vigente Artículo VI impugnado -según la
   interpretación expuesta líneas arriba-, no
   autoriza el uso, como método de planificación
   familiar, de la esterilización quirúrgica,
   procedimiento que, en cambio,
   puede resultar aceptable en otras circunstancias, como, por
   ejemplo, las de orden médico o terapéutico,
   en cuyo caso las responsabilidades correspondientes
   -así como las atenuantes y las eximentes de
   antijuridicidad- quedarían sujetas a los preceptos
   generales y especiales, de nuestro ordenamiento
   jurídico."

   Así, el Tribunal Constitucional nos da una
   interpretación que lo que significa el derecho a
   decidir de las parejas, prohibiendo el aborto
   como método de control de la natalidad y limitando
   los métodos quirúrgicos.

   La Constitución Política define la
   Política Nacional de Población estableciendo
   como objetivo difundir y promover la paternidad
   responsable, se reconoce el derecho de varón y mujer
   de decidir sobre su sexualidad y la procreación, para
   ello el Estado se compromete a desarrollar programas
   tendientes a lo siguientes:

   1. Difundir los contenidos a la paternidad
      responsable el Derechos de las personas y las familias a
      decidir (sic), y las opciones y métodos apropiados a
      cada caso.
   2. Los programas de información y
      educación para que las personas asuman un rol
      responsable y comprendido con la política nacional
      de población.
   3. La promoción al acceso de los medios
      de control de la natalidad que no afecten la vida y la
      salud de las personas.

   CAPITULO II : DERECHO A LA SALUD

   1.- Derecho a la Salud
   Publica y Derechos Conexos.

   El derecho a la salud
   publica implica necesariamente una relación con el
   Estado y la comunidad por ello es necesario indicar que la
   política nacional de salud exige de
   participación de los titulares del derecho como del
   mismo Estado.

   Los derechos reconocidos por los Arts. 7 a 11 de la
   constitución son los siguientes:

   1. Derecho a la protección de la salud
      individual.
   2. Derecho a la protección de la salud del
      medio familiar.
   3. Derecho a la protección de la salud de la
      comunidad.
   4. Derecho a la protección, atención,
      readaptación y seguridad de la persona
      discapacitada. Se entiende así a la persona
      incapacitada. Para velar por sí misma por una
      deficiencia física o mental.
   5. Derecho a la participación en los
      programas de salud de
   6. Derecho universal y progresivo a la seguridad
      social por contingencias de salud.
   7. Derecho al libre acceso a las prestaciones de salud y
      pensiones.

   Como se puede observar el Derecho a la salud
   implica una responsabilidad del Estado y entidades
   privadas, la salud no puede entenderse solamente en sus
   dimensiones individuales, sino también, como un
   derecho colectivo, donde se resalta la protección
   familiar y de la comunidad.

   Otros derechos vinculados a la salud, son aquellos
   a referidos a la protección especial de la salud de
   los siguientes grupos:

   1. Protección de la persona discapacitada,
      quien si bien puede tener limitaciones en su
      desenvolvimiento adquiere derechos específicos para
      el respeto de su dignidad y la ley debe establecer la forma
      de preferencia y privilegios a afectos de ejercer igualdad
      y justicia distributiva.
   2. Derechos de protección del anciano para
      quienes es necesario atender sus limitaciones
      físicos o mentales por el transcurso del
      tiempo

   Para ello, corresponde al Estado y las entidades
   privadas que asuman responsabilidad proporcionar los
   medios necesarios los medios necesarios para la
   inserción en el desarrollo
   social. Por ello los ancianos no solamente deben ser
   protegidos en situación de abandono sino gozar de
   los derechos a la salud y a la seguridad social, que en
   forma genérica establecen los Art. 9 y 11 de la
   Constitución Peruana.

   2.Obligaciones del Estado.

   El Estado a través de la Política
   Nacional de Salud, orienta a acciones
   para garantizar los derechos y establecer prioridades con la
   responsabilidad del Poder
   Ejecutivo a quien le corresponde:

   1. Diseñar la política nacional de
      salud.
   2. Normar y supervisar su
      aplicación.
   3. Conducir dicha política nacional de
      salud.

   Para ello se ha asumido que las estratégicas
   esenciales son la participación plural y la
   acción descentralizada para facilitar el acceso
   equitativo de toda la población a los servicios de
   salud, así mismo, establece garantías al libre
   acceso a las políticas de salud asumidas
   directamente por el estudio y se compromete a supervisar la
   calidad de los servicios de salud y privados.

   Esta política nacional de salud se establece
   sobre el deber de todas las personas, comunidades y familias
   para contribuir a la promoción y defensa de la
   protección de la salud

   La Ley General de Salud, en su título
   preliminar, ha establecido normas esenciales para la
   ejecución de la política de salud y que
   regulan, cuyos principios
   orientarán la actividad del Estado, así como la
   participación de las personas y entidades privadas,
   que a continuación las transcribimos:

   1. La protección de la salud es de interés público. Por tanto, es
      responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y
      promoverla.
   2. La salud
      pública es responsabilidad primaria del Estado.
      La responsabilidad en materia de salud individual es
      compartida por el individuo, la sociedad y el
      Estado.
   3. Es responsabilidad del Estado vigilar, cautelar y
      atender los problemas de desnutrición y de salud
      mental de la población, los de salud ambiental,
      así como los problemas de salud del discapacitado,
      del niño, del adolescente, de la madre y del anciano
      en situación de abandono social.
   4. Es de interés público la
      provisión de servicios de salud, cualquiera sea la
      persona o institución que los provea. Es
      responsabilidad del Estado promover las condiciones que
      garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población,
      en términos socialmente aceptables de seguridad,
      oportunidad y calidad.
   5. Es irrenunciable la responsabilidad del Estado en
      la provisión de servicios de salud
      pública. El Estado interviene en la
      provisión de servicios de atención
      médica con arreglo a principios de
      equidad.
   6. El Estado promueve el aseguramiento universal y
      progresivo de la población para la protección
      de las contingencias que pueden afectar su salud y
      garantiza la libre elección de sistemas
      previsionales, sin perjuicio de un sistema
      obligatoriamente impuesto
      por el Estado para que nadie quede
      desprotegido.
   7. El financiamiento del Estado se orienta
      preferentemente a las acciones
      de salud pública y a subsidiar total o parcialmente
      la atención médica a las poblaciones de
      menores recursos, que no gocen de la cobertura de
      otro régimen de prestaciones de salud,
      público o privado.
   8. La norma de salud es de orden público y
      regula materia sanitaria, así como la
      protección del ambiente para la salud y la
      asistencia médica para la recuperación y
      rehabilitación de la salud de las personas. / Nadie
      puede pactar en contra de ella.
   9. Toda persona dentro del territorio nacional
      está sujeta al cumplimiento de la norma de salud.
      Ningún extranjero puede invocar su ley territorial
      en materia de salud.
   10. En caso de defecto o deficiencia de la norma de
       salud, se aplican los principios generales del
       derecho.
   11. El Estado promueve la investigación científica y
       tecnológica en el campo de la salud, así como
       la formación, capacitación y entrenamiento de recursos
       humanos para el cuidado de la salud.
   12. El Estado promueve la educación en salud
       en todos los niveles y modalidades.
   13. La promoción de la medicina
       tradicional es de interés y atención
       preferente del Estado.
   14. El Estado promueve la participación de la
       comunidad en la gestión de los servicios
       públicos de salud.

   3.- Lucha Contra el Trafico Ilícito de
   Drogas.

   La lucha contra el Trafico Ilícito de
   Drogas es
   una responsabilidad esencial de la Estado, y de acuerdo a la
   sistemática de la Constitución, es un acto de
   defensa de la salud de las personas. En esa perspectiva se
   asumen dos líneas de acción:

   1. Combatir mediante acciones preventivas y de
      tratamiento sustancial del problema. Lo que implica no solo
      la obligación al tratamiento de las personas
      afectadas en su salud por el consumo
      de drogas en forma ilegal, sino, además, evitar su
      producción y establecer mejores
      condiciones para el desarrollo de actividades alternativas
      a la producción de insumos para la
      elaboración de estupefacientes.
   2. Sancionar el trafico ilícito de drogas
      especialmente mediante el control social que se establece
      en las leyes
      penales.

   La regulación de los tóxicos sociales,
   en especial el consumo de
   estupefacientes, es una propuesta que solamente se ha
   limitado a al restricción de publicidad
   de la venta de
   alcohol y
   tabaco y
   su prohibición para menores de edad.

   4. La Ley General de Salud

   Merece especial comentario la Ley General de Salud,
   que al regular la participación del Estado, establece
   con mayor claridad los alcances y derechos específicos
   relacionados con la salud de las personas. Pasamos a enumera
   así los siguientes derechos:

   2. Derecho a la salud: "Toda persona tiene
      derecho a la protección de su salud en los
      términos y condiciones que establece la ley. El
      derecho a la protección de la salud es
      irrenunciable./ El concebido es sujeto de derecho en el
      campo de la salud." (art. III del Título
      Preliminar).
   3. Limitaciones a otros derechos por preferencia
      del derecho a la Salud: "El ejercicio del derecho a la
      propiedad, a la inviolabilidad del
      domicilio, al libre tránsito, a la libertad de
      trabajo, empresa,
      comercio
      e industria así como el ejercicio del
      derecho de reunión están sujetos a las
      limitaciones que establece la ley en resguardo de la salud
      pública./ Las razones de conciencia o de creencia no pueden ser
      invocadas para eximirse de las disposiciones de la Autoridad de Salud cuando de tal
      exención se deriven riesgos
      para la salud de terceros (art. XII del Título
      Preliminar).
   4. Derecho a la información en materia de
      salud: La información en salud es de
      interés público. Toda persona está
      obligada a proporcionar a la Autoridad de Salud la información que
      le sea exigible de acuerdo a ley. La que el Estado tiene en
      su poder es
      de dominio
      público, con las excepciones que establece la ley
      (art. XIV del Título Preliminar).
   5. Derecho a las prestaciones de salud: Toda
      persona tiene el derecho al libre acceso a prestaciones de
      salud y a elegir el sistema
      previsional de su preferencia (Artículo
      1º).
   6. Derecho a la calidad de la atención de
      salud: Toda persona tiene derecho a exigir que los
      bienes destinados a la atención de su salud
      correspondan a las características y atributos
      indicados en su presentación y a todas aquellas que
      se acreditaron para su autorización./ Así
      mismo, tiene derecho a exigir que los servicios que se le
      prestan para la atención de su salud cumplan con los
      estándares; de calidad aceptados en los
      procedimientos y prácticas institucionales y
      profesionales (Artículo 2º).
   7. Derecho a la información sobre la
      propia salud: Toda persona tiene derecho a recibir, en
      cualquier establecimiento de salud, atención
      médico-quirúrgica de emergencia cuando la
      necesite y mientras subsista el estado de grave riesgo para
      su vida o su salud (Artículo 3º).
   8. Consentimiento Informado: Ninguna persona
      puede ser sometida a tratamiento médico o
      quirúrgico, sin su consentimiento previo o el de la
      persona llamada legalmente a darlo, si correspondiere o
      estuviere impedida de hacerlo. Se exceptúa de este
      requisito las intervenciones de emergencia. / La negativa a
      recibir tratamiento médico o quirúrgico exime
      de responsabilidad al médico tratante y al
      establecimiento de salud, en su caso. / En caso que los
      representantes legales de los absolutamente incapaces o de
      los relativamente incapaces, (…), negaren su
      consentimiento para el tratamiento médico o
      quirúrgico de las personas a su cargo, el
      médico tratante o el establecimiento de salud, en su
      caso, debe comunicarlo a la autoridad judicial competente
      para dejar expeditas las acciones a que hubiere lugar en
      salvaguarda de la vida y la salud de los mismos
      (Artículo 4º).
   9. Derecho a recibir información para la
      prevención y protección de la salud: Toda
      persona tiene derecho a ser debida y oportunamente
      informada por la Autoridad de Salud sobre medidas y
      prácticas de higiene,
      dieta adecuada, salud
      mental, salud reproductiva, enfermedades transmisibles, enfermedades crónico degenerativas,
      diagnóstico precoz de enfermedades y
      demás acciones conducentes a la promoción de
      estilos de vida saludable. Tiene derecho a recibir
      información sobre los riesgos
      que ocasiona el tabaquismo, el alcoholismo, la
      drogadicción, la violencia y los accidentes. / Así mismo, tiene
      derecho a exigir a la Autoridad de Salud a que se le
      brinde, sin expresión de causa, información
      en materia de salud, con arreglo a lo que establece la
      presente ley (Artículo 5º).
   10. Derecho a la elección de métodos
       de control de la natalidad: Toda persona tiene el
       derecho a elegir libremente el método anticonceptivo
       de su preferencia, incluyendo los naturales, y a recibir,
       con carácter previo a la
       prescripción o aplicación de cualquier
       método anticonceptivo, información adecuada
       sobre los métodos disponibles, sus riesgos,
       contraindicaciones, precauciones, advertencias y efectos
       físicos, fisiológicos o psicológicos
       que su uso o aplicación puede ocasionar. / Para la
       aplicación de cualquier método anticonceptivo
       se requiere del consentimiento previo del paciente. En caso
       de métodos definitivos, la declaración del
       consentimiento debe constar en documento escrito
       (Artículo 6º).
   11. Derecho al tratamiento de la infertilidad:
       Toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su
       infertilidad, así como a procrear mediante el uso de
       técnicas de reproducción asistida, siempre que la
       condición de madre genética y de madre gestante recaiga
       sobre la misma persona. Para la aplicación de
       técnicas de reproducción asistida, se requiere
       del consentimiento previo y por escrito de los padres
       biológicos (Artículo 7º).
   12. Prohibición de la manipulación
       genética: Está prohibida la fecundación de óvulos humanos
       con fines distintos a la procreación, así
       como la
       clonación de seres humanos (Artículo
       7º).
   13. Derecho a beneficiarse de un transplante:
       Toda persona tiene derecho a recibir órganos o
       tejidos
       de seres humanos vivos de cadáveres o de animales
       para conservar su vida o recuperar su salud. Puede,
       así mismo, disponer a título gratuito de sus
       órganos y tejidos
       con fines de transplante, injerto o transfusión,
       siempre que ello no ocasione grave perjuicio a su salud o
       comprometa su vida. / La disposición de
       órganos y tejidos de seres humanos vivos está
       sujeta a consentimiento expreso y escrito del donante. Los
       representantes de los incapaces, comprendidos dentro de los
       alcances del Artículo 4 de esta ley, carecen de
       capacidad legal para otorgarlo. Para la disposición
       de órganos y tejidos de cadáveres se
       estará a lo declarado en el Documento Nacional de
       Identidad, salvo declaración
       posterior en contrario hecha en vida por el fallecido que
       conste de manera indubitable y los casos previstos en el
       Artículo 110 de la presente ley. / En caso de
       muerte
       de una persona, sin que ésta haya expresado en vida
       su voluntad de donar sus órganos o tejidos, o su
       negativa de hacerlo, corresponde a sus familiares
       más cercanos disponerlo (Artículo
       8º).
   14. Preferencia en la atención a
       discapacitados: Toda persona que adolece de
       discapacidad física, mental o sensorial tiene
       derecho al tratamiento y rehabilitación. El Estado
       da atención preferente a los niños y
       adolescentes. / Las personas con discapacidad severa,
       afectadas, además, por una enfermedad, tienen
       preferencia en la atención de su salud
       (Artículo 9º).
   15. Derecho a la alimentación: Toda
       persona tiene derecho a recibir una alimentación
       sana y suficiente para cubrir sus necesidades
       biológicas. La alimentación de las personas
       es responsabilidad primaria de la familia. / En los
       programas de nutrición y
       asistencia alimentaria, el Estado brinda atención
       preferente al niño, a la madre gestante y lactante,
       al adolescente y al anciano en situación de abandono
       social (Artículo 10º).
   16. Derecho a la recuperación y
       rehabilitación: Toda persona tiene derecho a la
       recuperación, rehabilitación y
       promoción de su salud mental. El alcoholismo, la fármaco-dependencia,
       los trastornos psiquiátricos y los de violencia
       familiar se consideran problemas de salud mental. La
       atención de la salud mental es responsabilidad
       primaria de la familia y del Estado (Artículo
       11º).
   17. Derecho a la certificación de
       salud: Toda persona tiene derecho a que se le extienda
       la certificación de su estado de salud cuando lo
       considere conveniente. / Ninguna autoridad pública
       podrá exigir a las personas la certificación
       de su estado de salud, carné sanitario, carné
       de salud o documento similar, como condición para el
       ejercicio de actividades profesionales, de
       producción, comercio
       o afines. / Lo dispuesto en la presente disposición
       no exime a las personas del cumplimiento de las
       disposiciones relacionadas con el carné o
       certificado de vacunaciones, de conformidad con lo que
       establece la norma de salud, ni de aquellas relacionadas
       con la certificación de su estado de salud como
       requisito para obtener licencias para conducir
       vehículos naves y aeronaves, o manejar armas o
       explosivos con arreglo a la ley de la materia
       (Artículo 13º).
   18. Derecho de participación Toda
       persona tiene el derecho de participar individual o
       asociadamente en programas de promoción y
       mejoramiento de la salud individual o
       colectiva(Artículo 14º)
   19. Derechos del usuario de los servicios de
       Salud: El Artículo 15º de la Ley General de
       Salud, "Toda persona, usuaria de los servicios de salud,
       tiene derecho:
   • Al respeto de su personalidad, dignidad e
     intimidad;
   • A exigir la reserva de la información
     relacionada con el acto médico y su historia
     clínica, con las excepciones que la ley
     establece;
   • A no ser sometida, sin su consentimiento, a
     exploración, tratamiento o exhibición con
     fines docentes;
   • A no ser objeto de experimentación para
     la aplicación de medicamentos o tratamientos sin
     ser debidamente informada sobre la condición
     experimental de éstos, de los riesgos que corre y
     sin que medie previamente su consentimiento escrito o el
     de la persona llamada legalmente a darlo, si
     correspondiere, o si estuviere impedida de
     hacerlo;
   • A no ser discriminado en razón de
     cualquier enfermedad o padecimiento que le
     afectare;
   • A que se le brinde información veraz,
     oportuna y completa sobre las características del
     servicio, las condiciones
     económicas de la prestación y demás
     términos y condiciones del servicio;
   • A que se le dé en términos
     comprensibles información completa y continuada
     sobre su proceso, incluyendo el diagnóstico, pronóstico y
     alternativas de tratamiento, así como sobre los
     riesgos, contraindicaciones, precauciones y advertencias
     de las medicamentos que se le prescriban y
     administren;
   • A que se le comunique todo lo necesario para
     que pueda dar su consentimiento informado, previo a la
     aplicación de cualquier procedimiento o
     tratamiento, así como negarse a
     éste;
   • A que se le entregue el informe de alta al
     finalizar su estancia en el establecimiento de salud y,
     si lo solicita, copia de la epicrisis y de su historia
     clínica.

   CAPITULO III: DERECHO A LA SEGURIDAD
   SOCIAL

   1: Prestaciones de la Seguridad
   Social.

   Conforme al Art. 10 de la Constitución
   Peruana reconoce el derecho universal y progresivo de toda
   persona a la seguridad social. Esto implica el derecho a la
   protección frente a contingencias especiales y riesgos
   que pueda sufrir la persona, para ello asume un
   régimen de seguro
   especial en el cual bajo el pago de una prima o
   contribución tiene derecho a ser atendido o
   indemnizado frente a la contingencia de riesgo.

   La contingencia o riesgo previstos en la
   constitución son:

   1. Salud
   2. Invalidez
   3. Jubilación.

   Para garantizar la asistencia frente a estos riesgos
   el Art. 12 ha establecido que los fondos y las reservas de la
   seguridad socia son intangibles y, además, se ha
   establecido que por ley pueden establecerse otras
   contingencias para la protección de la persona
   mediante la seguridad social.

   . 2: Regímenes Públicos y
   Privados

   El Art. 11 de la constitución permite que la
   seguridad social sea atendida tanto por Estado y por
   entidades privadas. En este ultimo caso, la forma de administración de los recursos y la
   supervisión de las entidades y sus
   actividades se regulan por una ley.

   Actualmente, la supervisión y administración de pensiones del
   sector
   público y de los jubilados en el régimen de
   la Ley 19990, han pasado a la Oficina de
   Normalización Previsional en el sector
   publico. Por su parte la supervisión de la entidades
   privadas ( Aseguradoras de Fondos de Pensiones – AFPs)
   esta a cargo de la Superintendecia de Banca y
   Seguros en el
   sector privado.

   Conforme a la Segunda Disposición Final y
   Transitoria de la Constitución Política se ha
   considerado un régimen restrictivo para las pensiones
   y cargo del sector publico, no obstante se reconoce el
   derecho al reajuste periódico de pensiones y su pago
   oportuno, se imponen serias restricciones presupuestales que
   detallamos:

   1. Que el pago y reajuste de pensiones sea justa a
      las previsiones presupuestarias del Estado.
   2. Que el pago y reajuste de pensiones se sujeta a
      las posibilidades de la economía nacional.

   3.- Decretos Leyes 20530 y
   19990.

   El Decreto ley 20530 establece un régimen de
   pensiones para el sector publico, al que solo pudieron
   acogerse los servicios públicos desde 1974 hasta abril
   de 1997, cuyas reglas generales eran las
   siguientes.

   1. Se podía acumular al tiempo de servicios
      los estudios universitarios, la instrucción
      pre-militar y otras actividades prestadas al estado con
      solución de continuidad.
   2. La atención de cesantía para la
      persona que se retira con 20 años de servicio
      asciende a la remuneración completa que tenía
      como trabajador en actividad y se reajusta
      automáticamente de acuerdo al incremento de remuneraciones para los servidores
      activos
      de igual categoría.
   3. En éste régimen se aplica el
      Derecho a la cedula viva, es decir, que la pensión
      se otorga de acuerdo a la máxima remuneración
      o cargo del trabajador que haya ejercido por lo menos
      durante un año, durante la prestación de
      servicios al Estado.
   4. Este régimen ha sido declarado cerrado
      bajo el Decreto Ley 817 que dispuso, además, la
      revisión y evaluación de todas las pensiones
      otorgadas en este régimen, creando juzgados
      especializados provisionales que, sin embargo, fueron
      declarados inconstitucionales por el tribunal
      constitucional.

   El régimen del Decreto Ley 19990 se aplica
   tanto al sector publico como privado y sus
   características son Las siguientes:

   1. Para acceder al cese los varones deben cumplir 60
      años y las mujeres 55.
   2. La pensión de jubilación es el
      promedio de las 18 ultimas remuneraciones del
      trabajador.
   3. Para tener derecho a una pensión completa
      se debe aportar al Estado por lo menos durante 20
      años con solución de continuidad.

   La Primera Disposición Final y Transitoria
   de la Constitución ha establecido la intangibilidad
   de ambos regímenes y el respeto a los derechos
   legalmente obtenidos. Sin embargo, respetan pago de los
   aportes, corresponde íntegramente al trabajador,
   además, puede adelantar su jubilación bajo la
   aplicación de índices que reducen su
   pensión, en lo demás se asemeja al Decreto
   ley 19990.

   CAPITULO IV : DERECHO A LA
   EDUCACIÓN

   1.- Derechos Constitucionales
   Reconocidos.

   La constitución ha reconocido los siguientes
   derechos relativos a la educación y el proceso de
   interrelación que implica.

   2. La libertad de enseñanza por los
      docentes
   3. El derecho de los padres de familia de escoger
      los centros de educación de sus hijos llevando
      implícito el deber de educar a sus hijos
   4. El derecho de los padres de familia a participar
      en el proceso educativo.
   5. El respeto a la libertad de conciencia en el dictado de los cursos de
      educación religiosa.
   6. El derecho de los docentes de la educación
      publica a la capacitación,
      profesionalización permanente. Art.10.
   7. El derecho del educando a una formación
      que respete su identidad.
   8. El derecho del educando a un buen trato
      físico y psicológico.
   9. El derecho a la igualdad de acceso a la
      educación
   10. La gratuidad de la educación en las
       instituciones del estado
   11. El derecho a educarse gratuitamente por los
       alumnos que tengan un alto rendimiento
   12. El derecho a educarse gratuitamente por los
       alumnos que no cuenten con los recursos económicos
       necesarios.
   13. El derecho a las subvenciones en la
       educación privada.
   14. El derecho a la educación bilingüe e
       Intercultural.

   2.- Fines y objetivos
   de la Educación.

   La educación tiene como finalidad el
   desarrollo integral de la persona humana, tiene como objetivos
   la promoción del conocimiento, el
   aprendizaje, la practica de la
   ciencia, la técnica, las artes, la educación
   física y el deporte. La
   educación tiene como objetivo también preparar
   para la vida y el trabajo
   y a sí mismo para fomentar la solidaridad, para
   conseguir estos fines y objetivos la constitución la
   constitución a establecido como esencial desarrollo de
   una política nacional de educación y la
   adquisición de determinadas obligaciones por el
   estado.

   La política educativa debe ser coordinada,
   aunque el Art. 16 no indica con quienes. Sin embargo, su
   ejecución implica las siguientes
   características:

   1. El sistema y el régimen educativo son
      descentralizados. Es decir, la estructura nacional de las entidades
      vinculadas a la educación debe comprender los
      distintos regiones y departamentos y en cuanto al
      régimen puede establecerse la capacidad de
      decisión local y regional.
   2. El estado formula los lineamientos generales de
      los planes de estudios. (en realidad dan
      específicos) _ inconstitucional, pero
      eficaz.
   3. El estado establece los requisitos mínimos
      de la
      organización de los centros
      educativos.
   4. El estado supervisa el cumplimiento de los
      requisitos y la calidad de la educación.
   5. El presupuesto de la republica debe considerar
      la prioridad de la asignación de recursos ordinarios
      a la educación.
   6. El Estado promueve la creación de centros
      de educación donde la población lo
      requiera.
   7. El Estado asume obligaciones en la
      ejecución de la política nacional de la
      educación como son:

   1.- La promoción del desarrollo
   científico y tecnológico del
   país.

   2.- La obligatoriedad de la formación
   ética y cívica en
   la

   educación civil o militar.

   3.- La enseñanza de la constitución t
   los DD.HH. en procesos

   educativos civiles y militares.

   4.- El respeto a los principios constitucionales y
   a los fines de la

   institución educativa

   5.- El Estado garantiza la radicación del
   analfabetismo.

   3.- Régimen del
   profesorado.

   Un actor indispensable en la política
   nacional de educación es el docente y considerando las
   obligaciones que ha asumido el estado el régimen del
   profesorado a cargo del Estado debe cumplir por los
   requerimientos para el logro de los fines de la
   educación. Así como se establece un
   régimen especial para los servidores
   públicos Art. 39 y 42, en el Art. 15 El profesorado
   asume un régimen especial con las siguientes
   características.

   1. El profesorado en la enseñanza oficial
      es carrera publica, es decir, implica un servicio al
      Estado desde su ingreso y las promociones y ascensos se
      realizan de acuerdo a los méritos.
   2. La ley establece los requisitos para el
      desempeño de una persona como
      director o profesor de un centro educativo.
   3. La ley establece los derechos y obligaciones de
      los docentes y directores.
   4. El Estado y la sociedad se deben intervenir
      ante el profesorado a fin de procurar:
   • Su evaluación
   • Su capacitación
   • Su profesionalización
   • Su profesión permanente

   La ley general del profesorado y su reglamento, ha
   establecido un estatuto especial para el profesorado en el
   sector publico y a la vez las reglas generales para los
   docentes que laboran en entidades educativas privados
   sujetándolos al régimen laboral
   privado.

   4.- Educación Universitaria y
   Superior.

   La educación llamada superior
   comprende:

   1. La formación profesional en las
      disciplinas ofertadas por una entidad autorizada legalmente
      como universidad.
   2. La formación técnica ofertada por
      una entidad autorizada legalmente como instituto
      superior.

   Para promover las actividades de las universidades,
   institutos superiores y otros centros educativos se han
   establecido un régimen de afectación de
   tributos
   directos e indirectos y la promoción de importaciones con un régimen especial
   de aranceles,
   así mismo se facilita las donaciones de centros
   educativos para efectos de exoneración y beneficios
   tributarios.

   La educación universitaria tiene
   características especiales como son las
   siguientes:

   2. Definición de Universidad.- Es la
      comunidad de profesores, Estudiantes y egresados, la
      participación de los promotores de las universidades
      privadas se ajusta a la ley. Esto implica la
      responsabilidad del egresado de participar en el desarrollo
      e imagen de
      la universidad.
   3. Fines de la Educación
      Universitaria.- La formación profesional,
      actualmente entendida como acreditación, que aplica
      el cumplimiento de un mínimo de capacitación
      y el logro de competencias especificas para el logro
      profesional.
   • La difusión cultural.
   • La creación intelectual y
     artística.
   • La investigación científica y
     tecnológica.

   Corresponde indicar que aunque la
   constitución no lo considera la ley universitaria
   establece como una función la prohibición
   social y la prestación de servicios a la comunidad,
   para ello debe considerarse la labor de las empresas
   y servicios universitarios como claves de esta
   finalidad.

   1. La autonomía universitaria.-
      Comprende los siguientes hábitos:
   • Autonomía normativa; que permite a las
     universidades regirse por la constitución la ley y
     los propios estatutos, dictar sus propios reglamentos y
     autorregularse.
   • Autonomía de gobierno; la universidad tiene sus propias
     instancias de gobierno con participación de
     autoridades universitarias, docentes, alumnos y
     graduados, no puede intervenir ninguna otra autoridad
     civil, política militar o religiosa en las
     decisiones de las instancias de gobierno
     universitario.
   • Autonomía académica; las
     universidades tienen facultades para establecer sus
     propios sistemas de formación y contenidos
     para acreditar a sus graduandos, la clave de esta
     autonomía radica en dos derechos fundamentales: la
     libertad de Cátedra y el rechazo a la
     intolerancia.
   • Autonomía administrativa las
     universidades tienen plenas facultades para organizarse y
     establecer las estructuras, sistemas, y personal que les
     permita cumplir funciones. Cabe observar, sin embargo, que
     en las universidades publicas corresponde el cumplimiento
     de bases de la carrera administrativa y su reglamento
     para el personal administrativo.
   • Autonomía económica; permite a la
     universidad generar sus propios ingresos y administrarlos, sin embargo, en
     materia presupuestaria, para las universidades publicas,
     está autonomía se restituye de acuerdo a
     las posibilidades económicas y presupuestarias del
     gobierno de acuerdo a la ley general de presupuesto.

   5.- La Educación Privada.

   El Art. 11 de la Constitución Política
   permite la formación de centros educativos privados en
   los niveles inicial, primario y secundario.

   El Art. 18 de la Constitución Política
   permite que las universidades sean promovidas por entidades
   promovidas sujetando a la ley las condiciones de su
   funcionamiento. Es importante resaltar que el Art.15 de la
   Constitución Política permite que la iniciativa
   privada provenga de personas naturales o jurídicas y
   considera como sus derechos.

   1. Promover la entidad educativa.
   2. Conducir la institución.
   3. Transferir la propiedad de la entidad
      educativa.

   Actualmente la ley permite que tanto las entidades
   con fines de logro como las empresas
   puedan promover las entidades educativas. El estado se limita
   a la fiscalización en el cumplimiento de la ley y
   control de
   calidad de los servicios; en el caso de la
   educación inicial, primaria, secundaria y superior
   técnica corresponde la labor fiscalizadora al M. De
   educación; en el caso de la educación
   universitaria corresponde a la asamblea nacional de
   rectores.

   CAPITULO V : DERECHOS LABORALES

   1. Definición Constitucional de
   trabajo.-

   El trabajo es definido en la
   Constitución Política con un carácter
   bidimensional. Es decir, como un Derecho subjetivo de toda
   persona dentro del marco de la igualdad, y al mismo tiempo
   como un deber frente a la sociedad y al Estado. Este deber
   implica una obligación que da a la naturaleza civil al
   trabajo, por cuanto reconsidera que es base del bienestar y
   medio de realización de la persona.

   El Estado asume obligaciones de fomento y deja de
   lado la cuestión social como un tema básico de
   intervención en las obligaciones derivadas
   del contrato de
   trabajo. Para ello el Estado limita su responsabilidad a
   los siguientes aspectos:

   2. Promover las condiciones para el desarrollo
      social, que implica el desarrollo y ejecución de
      políticas sociales para elevar el nivel de vida de
      las personas
   3. Como obligación especifica se asume la
      política de fomento del empleo
      como la generación de la inversión en todos los sectores
      económicos.
   4. Otra política especifica es la
      educación para el
      trabajo, en la cual el estado compromete no solo al
      sector educativo, si no establece mecanismos para la
      calificación profesional y técnica en el
      sector privado y a cargo de las empresas.

   2.- Derechos Laborales.

   La Constitución peruana reconoce derechos
   Laborales tanto de carácter individual y colectivo y
   dentro de este marco establece un núcleo mínimo
   o intangible de derechos que tienen que ser respetados dentro
   de toda relación laboral. Ester núcleo ha sido
   ostensiblemente reducido en la Constitución de 1993,
   frente a la Constitución de 1993, en miras de afianzar
   una política de desregulación y
   flexibilización, que cargaba la opción de
   superar la recesión reduciendo costos
   laborales a las empresas.

   2.1.- Derechos Laborales de Carácter
   Individual.

   Los derechos laborales de carácter individual
   reconocidos en la Constitución Peruana son los
   siguientes:

   2. Libertad laboral; significa que le trabajo
      implica una relación jurídica en condiciones
      de libertad, por lo cual esta prohibido el trabajo donde se
      limiten la libertad del trabajador cuando no se le da una
      retribución o no se acepta su libre consentimiento.
      Es decir, la relación de trabajo no implica en
      ningún caso una relación de servidumbre o
      tratamiento forzado. Así mismo el trabajo
      obligatorio solo puede estar sustentado en una
      resolución judicial firme dentro de un debido
      proceso judicial.
   3. El derecho a la Remuneración; toda
      labor debe tener como contraprestación. Las
      características de esta remuneración deben
      ser:
   • Equitativa.
   • Suficiente.
   • Que procure bienestar material y espiritual al
     trabajador y su familia.

   Para garantizar este derecho el Perú ha
   optado las convenciones de la O.I.T. y ha regulado las
   condiciones de una remuneración mínima Legal,
   remuneración que en ningún caso puede ser
   reducida, limitada por disposición del empleador o
   por convenio, lamentablemente esta remuneración
   apenas supera en la actualidad los 100
   dólares.

   2. Derecho de Preferencia en el cargo de
      remuneraciones y beneficios sociales. Este derecho
      tiene dos interpretaciones, una primera extensiva, por la
      cual en los gatos ordinarios del trabajador debe cumplir
      con el pago de las remuneraciones y demás adeudos
      laborales. Otra interpretación restrictiva implica
      que este derecho se aplica esencialmente a los casos de
      preferencia de pago en casos de liquidación y
      insolvencia de las empresas, aparentemente en este sentido
      la ley de Reestructuración patrimonial y el
      Código Tributario Peruanos establecen este tema .
      Consideramos que es un error la interpretación legal
      de la constitución, pues el procedimiento acertado
      es la interpretación constitucional de la Ley, y en
      este sentido corresponde que se establezca claramente un
      criterio uniforme de la jurisprudencia a fin de garantizar las
      deudas laborales, puesto que la misma Ley Procesal de
      Trabajo a establecido limitaciones a las medidas cautelares
      .
   3. Derecho a la Jornada Ordinaria de Trabajo;
      implica una labor máxima de 8 horas por día o
      48 horas por semana, respetándose el derecho de
      acumulación y distribución de descensos semanales;
      no solamente es día a día, estos se pueden
      acumular, si se excede de los los periodos máximos
      se paga horas extras.
   2. Derecho a los Descansos Semanal y Anual
      remunerado; implica necesariamente un día libre
      de trabajo a la semana con el pago de su
      remuneración ordinaria, además, implica el
      derecho de vacaciones por 30 días dentro de un
      año, con el pagó de su remuneración
      ordinaria.
   3. Derecho a Participar en las Utilidades de la
      Empresa; en realidad se esta regulando un derecho que
      solo alcanza a los trabajadores solamente para las empresas
      que se acojan a una negociación, estando exceptuadas las
      empresas que no puedan tener sindicatos. Históricamente este
      derecho era preferencial en la Empresas Estatales donde las
      comunidades laborales hacían de Estado y
      Trabajadores socios de empresa,
      sin embargo, luego de la privatización de grandes sectores, no
      existe normatividad que desarrolle apropiadamente estos
      derechos.
   4. Derecho a la protección frente al
      despido arbitrario de acuerdo a la ley, el art.
      27º de la Constitución política del
      estado ha sido materia de grandes cuestionamiento por el
      hecho que no se reconocía el derecho a la
      estabilidad laboral, como en la Constitución de
      1979, adicionalmente no se establecía con claridad
      que era el despido arbitrario, dejando a regulación
      legal definiciones y procedimientos. Ello definitivamente
      ha materializado la desregulación laboral en la
      medida que la política legislativa ha estado
      orientada para limitar la estabilidad laboral absoluta a
      casos específicos, con derecho a la
      reposición del trabajador ; siendo materia de una
      estabilidad laboral relativa y discusión judicial,
      para los demás casos de despido arbitrario, la
      posibilidad de obtener únicamente la
      indemnización por despido arbitrario, sin alguna
      posibilidad legal o judicial de recuperar su puesto de
      trabajo una vez producido el despido .

   2.2. Derechos Laborales de Carácter
   Colectivo

   Ha sido reconocido por varios abogados laboralistas
   que la Flexibilización Laboral del Decreto Ley 25953
   del año 1992, ajustó en forma mucho más
   agresiva las posibilidades del ejercicio colectivo de
   trabajo, siendo las características la excesiva
   formalidad y la ineficacia formal de una huelga que
   podía ser levantada por decisión del Poder
   Ejecutivo, ello llevó a constitucionalizar en 1993
   los principales derechos a fin de orientar la nueva
   política laboral del Estado.

   La Constitución Política del Estado
   reconoce los siguientes derechos y libertades:

   2. Libertad de sindicación, implica
      la opción de los trabajadores de afiliarse o no a
      un sindicato, así como de retirarse o
      no de un sindicato.
   3. Derecho de sindicación; implica
      la facultad de los trabajadores para crear
      vínculos, sostenerlos elegir a sus representantes
      y participar de estas personas
      jurídicas.
   4. Derecho a la Solución Pacifica de los
      Conflictos Laborales; es el
      reconocimiento del principio de autonomía de la
      voluntad en las negociaciones colectivas, lo que implica
      la limitación de la facultad resolutiva del
      Estado. El Estado debe fomentar la negociación colectiva y la
      solución pacifica de los conflictos laborales, y dentro de la
      Constitución establece estos mecanismos privados
      otorgándoles carácter de vincula
      torio.
   5. Derecho de Huelga; se reconoce este
      derecho de suspender la relación laboral como
      medio de presión de los trabajadores, pero
      se exige su ejercicio a la voluntad colectiva y se deja a
      ley la regulación de este derecho y sus
      limitaciones. La actual legislación establece por
      criterios de formalidad que sólo pueden hacer
      huelga
      los sindicatos que estén dentro de un
      procedimiento de negociación colectiva, cuando
      fracasa la huelga en la conciliación propiciada
      por la Autoridad de Trabajo. Los trabajadores
      independientes, que comprende gran parte de los
      sindicatos, no están sujetos a la
      convención colectiva.

   3.- Principios Laborales.

   La Constitución peruana ha reconocido como
   principios constitucionales en materia laboral, aplicables a
   cualquier relación laboral:

   2. Principio del Núcleo Constitucional
      Intangible; ninguna relación laboral puede
      limitar los derechos laborales reconocidos, ni rebajar la
      dignidad del trabajador (constitucionalmente).
   3. Principio de Igualdad; en la
      relación laboral corresponde la igualdad de
      oportunidades sin discriminación de ninguna
      índole.
   4. Principio de Irrenunciabilidad.- los
      derechos laborales reconocidos en la constitución y
      la ley son irrenunciables.
   5. Principio de Interpretación
      Favorable; sólo en los casos de duda insalvable
      sobre el sentido de una norma se debe considerar la
      interpretación favorable al trabajador. El
      término "insalvable", ha orientado a que los Jueces
      y tribunales eliminen de la aplicación de este
      principio los casos de retroactividad o ultractividad
      benigna de la Ley laboral, limitándose así la
      protección pro operarium a casos de oscuridad,
      ambigüedad y contradicción
      normativa.

   CAPITULO VI : LOS DERECHOS SOCIALES
   INCLUIDOS EN EL REGIMEN ECONOMICO DE LA CONSTITUCIÓN
   PERUANA DE 1993

   1.- Metodo de trabajo.-

   Es importante para el presente trabajo considerar
   que los derechos económicos deben orientarse en una
   nueva perspectiva dentro de una Economía de Mercado,
   que en el texto constitucional se pretende sea Social. Por
   ello es importante establecer algunos criterios
   metodológicos para añadir a los derechos ya
   comentados

   Entendiendo que los derechos constitucionales
   implican facultades y libertad de las personas y
   autolimitación del Estado para afectar esté
   ámbito personal, podemos encontrar el criterio
   clásico de los derechos individuales dentro de un
   Estado Liberal de Derecho.

   Considerando que muchos derechos implican
   también las posibilidades de la persona para que en
   forma individual y colectiva acceda a sus propias
   aspiraciones en nivel de igualdad de oportunidades y de
   accesos a bienes y servicios, nos encontramos ante los
   derechos sociales donde el Estado es el principal ordenador y
   equilibrador de las condiciones objetivas, ello dentro de un
   Estado Social de Derecho.

   Sin embargo, la Economía Global y el
   surgimiento de los Derechos de Solidaridad o de Tercera
   Generación han orientado una concepción de
   Derechos que no solo se limite a la consideración del
   rol del Estado, sino a la visón de un ciudadano del
   mundo que a través del reconocimiento de sus derechos,
   podrá reconocerse su calidad de vida, su libertad, sus
   aspiraciones y su autonomía como ser
   volitivo

   Con estas reflexiones podemos analizar que el
   Régimen Económico de la Constitución
   Política Peruana de 1993 tiene tres tipos de
   normas:

   • Principios Jurídicos que orientarán
     el desenvolvimiento de la Economía
   • Normas limitativas y permisivas a la
     actuación del Estado
   • Derechos Económicos, que a su vez
     corresponden a los agentes de la economía, como a
     las personas consideradas individualmente o
     colectivamente.

   Evidentemente solo trataremos las normas relativas a
   derechos que están insertas en la Constitución,
   a fin de denotar que por criterio de sistemática
   podría estar incluidos en el capítulo
   correspondiente a los Derechos económicos Sociales y
   Culturales, mas no así dentro del Título
   referido a la Estructura
   del Estado.

   Las libertades económicas consideramos
   necesario tratarlas en forma especial en un próximo
   trabajo, una vez concluya el proceso de reforma
   constitucional, debido al intenso debate
   suscitado

   2.- Derecho a un ambiente sano y
   ecológicamente equilibrado:

   La Constitución Peruana ha establecido el
   derecho de l persona a un ambiente sano y equilibrado tanto
   en el capítulo de los derechos individuales (pudiendo
   tener las características de un derecho social o de
   solidaridad) y al mismo se le considerado en el
   régimen Económico, por lo cual este derecho lo
   podemos entender en los siguientes aspectos:

   1. Que toda persona puede exigir respeto de su
      identidad física de su salud frente a las
      contingencias de daño mental, riesgos contra la
      salud y el desarrollo biológico apropiado, como lo
      establecen el inc.22 art.2 de la
      Constitución.
   2. Se establece el derecho de toda persona y de las
      colectividades para exigir que el Estado promueva una
      política ambiental el uso sostenible de los recursos
      naturales y la conservación de la diversidad
      biológica, es decir, que el estudio tiene la
      obligación de garantizar un apropiado consumo de los
      recursos
      naturales para proteger el derecho a la salud,
      subsistencia y desarrollo
      sostenible de las personas art.66 al 68 de la
      Constitución.
   3. El contenido derecho a un ambiente sano se va ha
      reflejar también dentro del contexto mundial en el
      cual el aprovechamiento de los recursos y uso de la
      tecnología debe garantizar el
      desarrollo sostenido.

   3.- Derechos a la Propiedad y a la
   Tierra

   La tradición de la libre disponibilidad de la
   propiedad ha sido cambiada en el sistema económico de
   la Constitución de 1979 y asumida con gran timidez por
   la Constitución de 1993, que si bien reconoce que la
   propiedad es inviolable establece el principio de su uso
   social y establece como garantías las
   siguientes.

   1. Nadie puede ser privado arbitrariamente de la
      propiedad.
   2. La propiedad sólo puede ser repropiada por
      el estado por razones de seguridad nacional e
      Interés público.
   3. Toda persona que sufra apropiación puede
      cuestionar su contenido dentro de un proceso judicial que
      inicia contra el Estado, quién debe depositar el
      justiprecio con el cual valoriza la propiedad.
   4. Existe igualdad de trato a la propiedad de
      nacionales y extranjeros; sin embargo, se establece como
      excepción la prohibición de los extranjeros
      de cualesquiera derechos real dentro de los cincuenta
      kilómetros al interior de la frontera de la
      República.

   Como se puede apreciar el régimen de la
   propiedad es genérico y salvo al Art. 88 de la
   Constitución que garantiza el derecho de propiedad de
   la tierra
   por las comunidades campesinas. Sin embargo, los criterios de
   intangibilidad han sido cambiados por los de disponibilidad,
   de forma tal que el derecho a la tierra que
   sustenta las sociedades
   y sistemas agrarios no está suficientemente
   garantizado para todos los sectores rurales.

   Es necesario indicar también que se ha
   establecido que sólo los bienes de dominio
   público son inalienables e imprescindibles y los
   bienes de uso público pueden ser concedidos a
   particulares de acuerdo a ley para su aprovechamiento
   económico esto no implica necesariamente un
   aprovechamiento para la sociedad. Pero origina una
   redistribución estrictamente económica mediante
   la asignación de un precio y
   revaloración de la propiedad en su valor de
   uso y exclusión de intereses contrapuestos.

   4.- Los derechos del consumidor

   En un sistema de mercado libre el equilibrio
   en la asignación de recurso se da en la
   determinación del precio de
   acuerdo a las fuerzas del mercado, sin embrago este modelo no
   es siempre verificable debido a distorsiones en el mercado a
   través de monopolios y conglomerados empresariales que
   pueden afectar ostensiblemente la determinación del
   precio de los bienes y servicios. De forma tal que podemos
   establecer un modelo de
   proveedores y consumidores que constituyen los
   agentes esenciales en el mercado y cuyo interés y
   poder
   económico determinaran los precios.
   No siempre le resulta favorable al consumidor, individualmente considerado, una
   transacción económico por diversos motivos como
   la asimetría de la información, los costos de
   transacción, su falta de poder en el mercado entre
   otros. Por ello el Estado ha pasado a asumir dos funciones
   regular la competencia y proteger los derechos de los
   consumidores.

   La Constitución Peruana en el art. 65º
   reconoce los derechos de los consumidores pero en forma
   limitada, haciendo prioridad en los siguientes
   aspectos:

   2. Derechos a la información
   3. Derecho a la protección del Estado para
      velar por la seguridad y salud de la
      población
   4. La libre disposición de moneda
      extranjera.

   Actualmente, el DECRETO SUPREMO Nº
   039-2000-ITINCI, Texto Único Ordenado del Decreto
   Legislativo Nº 716, Ley de Protección al
   Consumidor

   Amplia el texto de la constitución a los
   siguientes derechos del consumidor:

   1. Derecho a la información
   2. Derecho a la calidad del producto o servicio
   3. Derecho a la protección de la salud del
      consumidor
   4. Derecho al respeto de la dignidad del
      consumidor y la prohibición de la
      diseminación de los consumidores
   5. Derecho a la indemnización por productos defectuosos o que hayan generado
      riesgos.

   5.- Derecho al patrimonio común de la
   humanidad

   Conforme al art.66 de la Constitución Peruana
   los recursos naturales renovables y no renovables son
   patrimonio de la Nación y el Estado es soberano en su
   aprovechamiento, el territorio del Estado incluye las
   doscientas millas marinas desde la línea costera
   establecido por ley, se incluye el espacio aéreo y
   subsuelo que los cubre, está marca una
   tendencia privatista en el aprovechamiento de los recursos
   naturales.

   No obstante en la declaración del Congreso
   Constituyente Democrático al final de la
   Constitución Peruana se establece que el Perú
   es parte del Tratado Antártico en el cual se
   establecen a ella y propicia la vigencia de un régimen
   internacional que promueve en beneficio de toda la humanidad
   la racional y equitativa protección de los recursos
   naturales de la Antártida, y se asegure la
   protección.

   En nuestra opinión, esta declaración
   asume el principio esencial al derecho al patrimonio
   común de la humanidad, es decir, que los recursos
   naturales renovables y no renovables de los fondos marinos,
   espacio ultraterrestre y en este caso la Antártida
   – en especial – pertenecen a toda la humanidad y su
   aprovechamiento debe beneficiar a todas las
   naciones.

    

    

    

   JESÚS RAFAEL VALLENAS GAONA

   Con mucho agradecimiento a Mauro y Elsa,
   mis padres.

3. Derecho de Elección (sic)