Consideramos como dilemas actuales del funcionalismo y del proceso de integración que aquél involucra, todas aquellas variables que de una u otra manera pueden influir en el éxito o fracaso de la evolución del proceso funcionalista de integración entre Estados. Para lo anterior, expondremos los planteamientos de diversos autores, los cuales analizan ciertas variables consideradas como claves del proceso integrativo.

Creemos importante mencionar estos dilemas, por considerarlos como factores que no contempla de forma explícita la teoría funcionalista, y que condicionan la aplicación general de esta última a todo proceso integrativo, principalmente los del tercer mundo.

Joseph Nye, plantea cuatro condiciones que él estima como claves a todo proceso de integración, las cuales influyen en la naturaleza del compromiso original y la subsiguiente evolución del proceso integrativo. Estas condiciones son las siguientes:

1. Simetría o igualdad económica de unidades

Las diferencias o similitudes de algunos indicadores como el ingreso per capita y el tamaño de los potenciales participantes en el proceso integrativo medido por el PNB total, parece ser de importancia relativa mayor en los procesos de integración entre Estados menos desarrollados, que en el caso de Estados altamente desarrollados.

Desde esta perspectiva, MERCOSUR es bastante distinto en sus unidades lo que en sí mismo, se constituye como una traba real en el proceso de integración pues Uruguay y Paraguay no han de conservar esta simetría con Argentina y Brasil.

2. Valor de la complementariedad de la élite

El nivel en que los grupos de élites dentro de las entidades que se integran piensan igual, es de considerable importancia, por tanto dependerá mucho de las élites el grado de integración al que se quiera llegar. Sin embargo se sostiene también que las élites que han trabajado juntas eficazmente en una situación transnacional, a continuación pueden abrazar políticas divergentes que no conducen a la integración.

El nivel hasta el cual los burócratas nacionales se vuelven participantes en la integración regional determinará el nivel de su socialización, considerada importante porque se dice que los burócratas nacionales son cautos ante la integración por la posible pérdida de control nacional.

3. Existencia de pluralismo

Mientras mayor es el pluralismo en todos los Estados miembros, mejores son las condiciones para una respuesta integrativa a la retroalimentación desde los mecanismos del proceso. Esta es una falencia que se ha dado principalmente en los procesos de integración del tercer mundo, al contrario de lo que sucede en Europa.

4. Capacidad de los Estados miembros de adaptarse y responder

Cuanto más alto es el nivel de estabilidad interna de las unidades y mayor la capacidad de los encargados de tomar decisiones claves, más probable es que puedan participar eficazmente en una unidad integrativa mayor.

Los países latinoamericanos –principalmente- se han considerado históricamente como víctimas de constantes cambios políticos y económicos y hoy en día, más que en el pasado, no estamos en condiciones de decir que los países de América Latina gozan de estabilidad, pues no es así, ya que la misma es altamente vulnerable y dependiente de factores externos tanto política como económicamente, y continuamente cada unidad sufre cambios internos en sus políticas y estructuras.

La actual tendencia a establecer lazos de integración entre los Estados, principalmente por medio de tratados de libre comercio –como instancia mínima de integración-, plantea desafíos que conllevan la necesidad de cuestionarse acerca de la acción que debe orientar las decisiones de la sociedad en los distintos Estados –en esta parte del trabajo nos referiremos principalmente a la situación de los países de América Latina-.

Este planteamiento es significativo si revisamos las variables presentes en los actuales gobiernos, entre las que podemos mencionar la gobernabilidad, el rol de los partidos políticos, la inestabilidad como producto de la violencia y el caos económico, lo que nos lleva a señalar que aún con instrumentos jurídicos adecuados, existe un desfase permanente entre los objetivos de integración y su concreción (Holzmann, 1995: 17).

Para analizar esta situación, de aquí en adelante, nos apoyaremos en la tesis que plantea Guillermo Holzmann (1995: 18-21) quien postula la existencia de tres tiempos distintos, cada uno con diferentes grados de avance:

1. Tiempo económico: definido por la velocidad del intercambio.
2. Tiempo político: definido a partir de la conformación de una voluntad política manifiesta de los Estados con capacidad de concretar efectivamente una integración con objetivos comunes.
3. Tiempo jurídico-institucional: definido a partir de la estructuración formal de esquemas de integración que dan la necesaria institucionalización jurídica al intercambio comercial.

Primero, es interesante señalar que el proceso de integración se encuentra más avanzado en los aspectos económicos antes que en los políticos, sin embargo estos últimos son fundamentales en el fortalecimiento del proceso, incluso podemos sostener que una integración real necesita de un proyecto político capaz de sostenerla. Así, factores como la consolidación democrática, pasan a ser una condición necesaria pero no suficiente para avanzar en la integración.

Es indiscutible que la integración económica y social afecta necesariamente a entidades políticas soberanas, por lo que algunos autores plantean que la integración es un fenómeno esencialmente político cuya consecuencia es económica y social.

Hasta ahora la integración ha evolucionado preferentemente en el aspecto económico, sin embargo, debemos reconocer que su desarrollo no es posible sin la voluntad política capaz de dar dinamismo a los instrumentos de negociación e integración.

Por otra parte el Estado como actor principal de la integración depende de la voluntad del gobierno, por tanto, la definición por parte de cada gobierno de objetivos estratégicos claros, es condición necesaria para mantener y concretar la voluntad política. Según lo anterior podemos afirmar que la integración se constituye en un medio para alcanzar los objetivos del Estado. En este contexto, al observar el proceso de integración desde lo nacional hacia lo internacional, el éxito o fracaso de la integración pasa por condiciones de estabilidad y gobernabilidad de cada país, como exigencia mínima capaz de soportar en forma adecuada el desarrollo del proceso.

En el desarrollo del análisis que hace Holzmann, la gobernabilidad democrática aparece como respuesta a la necesidad de comprender el desarrollo de los procesos políticos de los países, especialmente los de América Latina.

Desde el punto de vista del autor en que nos estamos apoyando, ya no es posible hablar de países más o menos estables o inestables –debido principalmente a la amplitud de estos conceptos-, más bien corresponde identificar los elementos que dan forma al concepto de gobernabilidad, entendida esta última como la capacidad de regulación y manejo que se tiene de las instancias de gobierno, de las demandas sociales, de los mecanismos de legitimación política; y en general de aquellos aspectos no estructurales que dan continuidad al sistema.

La gobernabilidad así concebida es la consecuencia de los desafíos de la presente década, y se relaciona con la necesidad de dotar a la democracia de una adecuada viabilidad estratégica, de un adecuado procesamiento de los conflictos sociales, y de la necesidad de superar la dicotomía existente entre lo social y lo político.

Por otro lado, la existencia de una cierta relación entre estabilidad democrática e institucionalidad como producto de la experiencia reciente de Sudamérica hace poner la atención en la naturaleza del régimen político, su sistema electoral la estructuración del sistema de partidos etc. Resulta que si se establece la existencia de conflictos institucionales, éstos sólo se pueden resolver al estar definidos los objetivos estratégicos de cada Estado. No obstante, parece evidente la existencia de una relación entre el quiebre del sistema democrático y el conflicto institucional.

Lo anterior nos lleva a la necesidad de buscar aproximaciones adecuadas al momento previo de declarar la existencia de conflictos institucionales, y ello es lo que en términos prácticos se busca establecer a través del concepto de gobernabilidad. Así, los elementos que en una primera aproximación metodológica permiten la definición de los niveles de gobernabilidad, serían:

a) Relación Presidente-Parlamento: corresponde a la interacción de dos actores con intereses diferentes la mayoría de las veces. El principal problema radica en que el Presidente no puede actuar eficientemente sin contar con una mayoría parlamentaria. O bien, la coalición de gobierno sufre un quiebre y ello, por razones obvias, debilita la capacidad de gestión del Presidente.

b) Personalización de la política: frente a la carencia de definiciones claras en torno a los objetivos del Estado, se tiende a preferir el levantamiento de líderes únicos, que al no dar resultados son cambiados por otros en las próximas elecciones, produciendo con ello una creciente personalización de la gestión gubernamental, lo cual disminuye y debilita la participación ciudadana y la democracia.

c) Eficiencia del Estado: la administración estatal en América Latina es, en general, ineficiente, tanto en términos económicos como políticos, como una derivación de privilegiar el control por sobre la regulación que importa una alta incomunicación con los actores que participan en el proceso. Otro aspecto de ineficiencia lo constituye la capacidad del gobierno para hacer frente a problemas centrales de la sociedad, como son la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico.

d) Relación civil-militar: sin duda es un problema central. Los países de América Latina han insistido en un control civil de las fuerzas armadas, en lugar de una regulación civil. Si bien éste es un elemento para establecer la gobernabilidad, debe tenerse presente que a su vez es la solución de fuerza a una crisis de gobernabilidad. Adicionalmente, debemos señalar que las fuerzas armadas no han tenido, en general, vías de participación en los procesos de integración, excepción hecha por el MERCOSUR, que los ha integrado en el proceso, constituyéndose en uno de los pocos campos en que se ha tenido éxito.

En el caso de la Unión Europea –objeto de estudio del tercer capítulo- la inclusión de temas militares y de defensa en el proceso de integración de la región, se ha constituido siempre en un factor de controversias, teniendo en cuenta siempre, que la realidad de Europa occidental es muy distinta a la América Latina.

e) Regulación institucional: corresponde a la necesidad de adecuar el aparato jurídico institucional en términos de eficiencia acorde a la realidad de los nuevos tiempos, que hagan posible una dinámica interna y permitan una complementación con otras legislaciones. Es la expresión de cambiar el control estatal por la regulación estatal. Aspecto central de esta cuestión, se refiere a la relación entre empresarios y gobierno, donde existe una carencia de coordinación en torno a los objetivos económicos y políticos de estos actores.

La experiencia histórica demuestra que es necesario preocuparse del problema de la gobernabilidad de las democracias. Uno de los problemas que más afecta la estabilidad de los regímenes democráticos son los conflictos Presidente-Parlamento, la imposibilidad de construir mayorías estables, la incapacidad de orientar positivamente la relación civil-militar, todos los cuales pueden enfrentarse a través de la corrección de mecanismos institucionales, una vez definidos los objetivos estratégicos de cada Estado. Recordemos que son justamente problemas institucionales los que más han influido en la inestabilidad política de la región. Al respecto cabe tener presente que la percepción de amenazas por parte de grupos estratégicos, como Fuerzas Armadas y empresarios, introducen un problema grave en el funcionamiento del sistema democrático.

Lo señalado precedentemente afecta a los actores de la integración, tales como los propios gobiernos, los empresarios, los inversores, los partidos políticos, los organismos internacionales y a los especialistas. Cabe señalar que son pocos los actores que poseen personal especializado o preocupación por prepararlos, lo que significa una disfunción creciente con las tendencias actuales y con la complejidad del proceso, que a estas alturas abarca problemas y aspectos de la más diversa índole, y cuya carencia tiene un fuerte impacto en la comunicación y coordinación entre estos actores. Dicho de otra manera, significa una disociación evidente entre el sector público y privado de cada país.

La integración desde esta perspectiva se nutre del aporte interdisciplinario, que considera entre ellos la más amplia gama de ciencias y especialidades. La aproximación política considera que los problemas políticos y socioculturales distan mucho de estar resueltos, tanto por la carencia de voluntad política como por la diversidad de intereses existentes entre los países de la región. En este sentido, la integración se coloca en forma de pirámide invertida, donde la base más ancha corresponde a sus intentos, y el vértice a sus resultados concretos.

En ello influye significativamente el aspecto político, entendido como la persistencia de conflictos profundos al interior de cada sociedad que irremediablemente socavan la racionalidad consustancial al proceso de integración.

De una u otra forma, el Estado liberal que prima en casi todo el mundo, en América Latina no posee un grado adecuado de racionalidad, quedando entregado a las presiones e influencias yuxtapuestas de tipo social y político. Si bien es cierto que América Latina ha reiniciado su vida democrática hace ya algo mas de una década, no es menor que ello constituye un período de transición –dependiendo de los elementos de análisis que utilicemos- tendiente a la consolidación del Estado democrático, pero que no es suficiente para sostener un proceso que importa y exige la existencia de proyectos políticos basados en principios complementarios o similares en cada país.

Para muchos, este proceso es un imperativo histórico. Pero, ¿sobre qué proyecto político? ¿El chileno, el brasileño, el boliviano, el mexicano o, tal vez, el estadounidense? En América Latina se mira con envidia el proceso que vive la Unión Europea, y nos damos cuenta de que no poseemos una "identidad regional"; no poseemos un proyecto político común, y lo que es más grave, no tenemos intereses manifiestamente similares ni complementarios.

Los conflictos de intereses por otra parte, constituyen un aspecto central en el desarrollo de esta capacidad. En efecto, el conflicto entre el interés nacional, representado por grupos de empresarios y trabajadores, sumado a la opinión distinta de los diferentes partidos políticos, sitúa el problema en un nivel nacional que pocos países han logrado superar. Es decir, aún no "se ha podido pasar el filtro de los intereses particulares dominantes, organizados como grupos corporativos". Así, los diversos factores de poder y de presión en cada país, encuentran más funcional defender el status quo, beneficioso para ellos, antes que cooperar en un proceso de sustitución de importaciones o de libre comercio.

En consecuencia, la definición de los objetivos del Estado resulta ser un elemento primordial en este asunto. Si un país no tiene objetivos definidos que velen por su real interés nacional en el mediano y largo plazo, y además carece de una adecuada conducción político-estratégica, podemos señalar que la integración es prácticamente imposible.

En tal escenario, no existe regulación de conflictos: se acentúan los existentes, el interés nacional es evaluado en términos reduccionistas, el Estado es un instrumento de los grupos de presión con mayor influencia, y la inestabilidad pasa a ser un factor consustancial al desarrollo dependiente de estos países.

Por otra parte, debemos reconocer que los distintos esquemas de integración han atravesado por etapas similares en su evolución. Así, se tiene el surgimiento expectante y promisorio de programas de integración bi o multilaterales, con claras muestras de éxito en los primeros tiempos; luego le sigue un período caracterizado por una evidente desaceleración del ritmo de aplicación de los instrumentos integradores, y la escasa posibilidad de verificarlos; ello conlleva la necesidad de revisar dichos instrumentos y a su reformulación para revitalizar todo el proceso: luego es posible identificar un quiebre importante en las iniciativas, para posteriormente encontrarnos en la búsqueda de nuevas fórmulas de integración. Esta situación se ha transformado casi en un círculo vicioso que en la actualidad, más que nunca, se encuentra estancado debido a los difíciles problemas económicos y por tanto de inestabilidad por los que atraviesa la región.

Sin duda, la componente política ha estado presente en forma permanente, durante los últimos 25 años, en los intentos por orientar por los caminos del éxito este proceso. ¿Basta, en consecuencia, con tener capacidad imaginativa, o capacidad de establecer vínculos jurídicos-institucionales o económicos para la integración'? La respuesta, a todas luces, es negativa. Negativa por la experiencia acumulada, y negativa por la dinámica del mundo actual, que ya se encuentra inserto en un "nuevo orden mundial".

¿Cómo se puede impulsar un proceso que, a su vez, permita la liberalización de los mercados regionales, la competencia con los mercados mundiales, la inserción política de América Latina en el "nuevo orden mundial", y además asegure la estabilidad de los países en torno a un alto grado de gobernabilidad'? El problema es complejo.

No podemos desconocer que los problemas de fondo referidos tienen dimensiones socioculturales y, por supuesto, políticas, que se entrelazan con lo económico, en una relación circular: los intereses económicos también determinan lo sociocultural y lo político, y éstos son elementos profundamente enraizados en la estructura de los países latinoamericanos.

La moda actual es la suscripción de Tratados de Libre Comercio a nivel bilateral. Esta moda, impuesta por Estados Unidos, ha carecido de una contrapropuesta por parte de América Latina y sus países. En este momento, Estados Unidos elige al país con el cual desea negociar –casos de Chile y México-, mientras los demás deben esperar su turno. Además. y como si fuera poco, determina la forma, velocidad y profundidad de toda esa negociación. No interesa el tipo de régimen político existente, sino exclusivamente su manejo macroeconómico respecto a la deuda y sus variables financieras, es decir, cada país debe encontrar las herramientas que le permitan sentarse a una mesa no solamente a conversar, sino a manejar en su haber las ventajas comparativas que podría negociar. Y para ello, los esquemas integracionistas hasta ahora existentes, constituyen más bien una traba antes que un apoyo.

Los equilibrios macroeconómicos de los países del área resultan por tanto fundamentales para lograr la mencionada capacidad. Junto con ello el establecimiento de zonas o espacios de integración que no vulneren la soberanía de cada Estado parece ser indispensable para obtener los consensos necesarios respecto a proyectos políticos de mediano y largo plazo.

La tendencia a establecer lazos de integración entre los Estados, visto como una respuesta al creciente proceso de globalización, requiere una estabilidad económica que equilibre las fluctuaciones en precios y costos, para permitir un efectivo intercambio de bienes.

Las nuevas tendencias en el comercio internacional, altamente eficiente y competitivo y caracterizado por un alto nivel tecnológico y de información, poseen un impacto evidente en América Latina en el sentido que deben definirse las cuestiones sobre lo público y lo privado, el rol del Estado, el aporte del sector privado a la generación de una concertación social, política, militar y económica, las estrategias de nivel interno y externo. etc. Lo que sumado al aumento de los instrumentos proteccionistas de los grandes bloques, deja a América Latina enfrentada a responder un desafío que en la actualidad sólo puede ser asumido por países individuales, y donde los mecanismos de integración pueden ser en alguna medida eficientes medios para los equilibrios internos y externos de la región, con la finalidad de construir argumentos sólidos y reales en los procesos de negociación que se avecinan.

Más allá de los elementos y aspectos señalados. se requiere tener presente que las variables políticas inciden directamente en la formación de una real voluntad política para insertarse en el nuevo orden mundial, y poder hacer frente al impacto que tiene y tendrá en nuestro continente dicho orden. Tanto la integración latinoamericana, a nivel de medio, como la inserción en los mercados globales, se definen por consideraciones políticas que atañen la definición de relaciones de poder y espacios de interacción, a los cuales América Latina debe concurrir con iniciativas y estrategias claras para su creación.

Mirando hacia atrás en las postrimerías de este siglo, caracterizado como tumultuoso, incierto y de extremos, se pueden observar algunas mega tendencias. Una es el carácter invasor de la tecnología. Otra es la presencia del valor cultural de una pretendida modernidad. Una tercera tendencia es un cambio sustancial del sistema de relaciones entre Estados y sociedades, desde una configuración internacional a una configuración global. En este sentido, el análisis de dos conceptos relacionados con este cambio -la integración y la globalización- adquiere particular importancia (Nef, 2000: 11).

Aunque sabemos que los términos integración y globalización son distintos, en el discurso contemporáneo, ambos se usan, ya sea indistintamente, o en forma muy próxima, implicando que el proceso de integración conduciría a la globalidad, a partir de la lógica seguida por la teoría funcionalista.

Frente a la dificultad de establecer un concepto más o menos preciso de la globalización, optaremos por describir brevemente lo que éste fenómeno implica. Según las palabras utilizadas por Ghymers, "globalización designa un proceso amplio y acumulativo de aumento de las interdependencias entre las economías nacionales y de reducción de las barreras y distancias entre mercados nacionales, a raíz del crecimiento rápido de las transacciones internacionales, tanto para los bienes y servicios como para factores de producción. Este proceso apareció en el campo financiero con la liberalización financiera y la emergencia de un mercado de capitales a nivel mundial, pero el mismo fenómeno mas progresivo se desarrolló, también, en el resto de la economía con la apertura comercial, el fracaso de los esquemas proteccionistas y la evolución tecnológica. Estos desarrollos permiten hablar ya de la emergencia de un mercado único mundial, no solamente financiero y de materias primas sino que, también, industrial e incluso gran parte de los servicios".

Una vez establecido a grandes rasgos lo que implica la globalización y profundizado el estudio de lo que implica la integración -en el capitulo I-, ahora, pasaremos a establecer una diferenciación entre estos dos conceptos:

Es innegable, no obstante, que los procesos de integración real han facilitado el posterior proceso de globalización y que ambos han sido siempre liderados por los sectores de punta en la economía. Este fue el caso de las grandes empresas industriales y extractivas en los años 60 y del capital financiero y las comunicaciones en los años 90.

El desarrollo del presente capítulo, está basado principalmente en el trabajo realizado por Rogelio Pérez-Bustamante (1997), complementado por los documentos publicados por la Comisión Europea –Tratados CECA, CEE, CEEA, UE, Ámsterdam y Niza-.

Tras el término de la Segunda Guerra Mundial surgen, principalmente en Europa, movimientos que postulan la idea de levantar una organización europea. Winston Churchill se convertirá en el principal abanderado de esta idea, luego del triunfo laborista en las elecciones británicas de 1945.

La gran intervención de Churchill en defensa de la construcción europea fue en el famoso "discurso de Zurich" el 19 de Septiembre de 1946, en el cual apeló a favor de la construcción europea y la reconciliación franco-alemana. El discurso de Churchill estimuló a los diversos movimientos europeos que tras la guerra se habían fortalecido. Movimientos en pro de la construcción de una Europa unida que desde un principio partían de dos filosofías diferentes: federalistas o unionistas.

Mientras la Guerra Fría dominaba el espacio planetario, Europa padecía las consecuencias de una desoladora guerra que había destrozado infinito número de hogares y que había dañado el sistema productivo, poniendo en peligro de paralización las endeudadas economías de los países occidentales.

Una concepción realista de la defensa de los propios intereses de los Estados Unidos tomó forma generosa y humanitaria, y como consecuencia de la cooperación económica se desarrollaron las primeras instituciones europeas, que trataban de articular un espacio económico y militar.

Desde principios de 1947, el presidente de los Estados unidos Harry Truman y sus principales colaboradores estaban decididos a realizar una intervención económica a favor de los países europeos azotados por las trágicas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, con la finalidad de preservar sus sistemas democráticos frente al expansionismo comunista y de favorecer sus transformaciones materiales, como espíritu de la doctrina de contención llamada "Doctrina Truman".

La intervención económica de Estados Unidos comenzaba el 12 de Marzo de 1947, a través de la solicitud de 250 millones de dólares que el Presidente Truman presentó al Congreso, a favor de Grecia y Turquía.

Pieza esencial y anuncio de aquel proceso de colaboración a favor de Europa, fue el discurso pronunciado por el General Marshall en Harvard el 5 de Junio de 1947. George Marshall se había convertido en un héroe de la Primera Guerra Mundial y posteriormente tras el comienzo de la Segunda Guerra, se convierte en el principal asesor del Presidente Roosevelt. El 21 de enero de 1947 era nombrado Secretario de Estado y junto a su equipo de colaboradores elaboró el plan de ayuda a Europa conocido como "Plan Marshall", que le valdría la obtención del Premio Nóbel de la Paz de 1953.

Gran Bretaña 3189,9 Turquía 255,1

Francia 2713,8 Irlanda 147,4

Italia 1508,6 Suecia 107,2

Alemania 1309,9 Portugal 51,3

Holanda 982,1 Islandia 29,3

Grecia 708,7

Bélgica-Luxemburgo 559,2

Austria 877,7

Dinamarca 273,1

Noruega 255,2

Podemos afirmar que el Plan Marshall fue el primer paso en el proceso de construcción europea, a partir del cual se comenzó a crear una diversidad de instituciones o instancias de cooperación europeas, lo que ya en el año 1950 toma una forma mucho más concreta mediante la firma del tratado que crea la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA) como primer pilar fundamental de lo que hoy conocemos como Unión Europea.

Francia por su parte puso en práctica el "Plan Monnet", articulado por Jean Monnet en su calidad de comisario general del plan de modernización y equipamiento de Francia. Este plan estaba orientado a afrontar la modernización y la reconstrucción francesa, y estaba fuertemente influenciado por el Plan Marshall. Por su parte, los movimientos y organismos europeos recién creados, tomaron una posición determinante a favor de un plan de coordinación de las industrias de base europeas: carbón, acero, electricidad y transporte. Surgió así, una propuesta bastante revolucionaria preconizando la creación de una autoridad pública del acero compuesta por delegados de los gobiernos para que definieran la política general de la industria siderúrgica de Europa.

Se extendió la idea de reagrupar las industrias pesadas de la región de Renania y de la región del Este y Norte de Francia y del BENELUX. Este proyecto fue definido con entusiasmo por Andre Philip, socialista francés, diputado de la asamblea consultiva del consejo de Europa, quien evocó la posibilidad de crear un ente combinado franco-alemán.

Por su parte el protagonista del plan de reconstrucción francés, Jean Monnet, tras el fracaso de sus negociaciones con el Reino Unido para llevar a cabo un esfuerzo común de recuperación económica, diseña una Europa de base franco-alemana, fijando su atención tan solo en dos grandes productos: el carbón y el acero, materiales esenciales para el armamento y la industria. La internacionalización de estos dos productos impediría –según las ideas de Monnet- entre otras cosas una nueva guerra.

Obviamente, no podía por entonces plantearse una unión económica total debido a la disparidad de precios, de salarios y de sistemas fiscales, y a las propias dificultades materiales y Psicológicas de la postguerra.

Depositario de la confianza del Secretario de Estado de los Estados Unidos para buscar una solución definitiva a la integración de Alemania Federal en la Europa occidental –para evitar su satelización por parte de la U.R.S.S. en pleno período de Guerra Fría-, Robert Shuman –Ministro de Asuntos Exteriores de Francia- decidió contar con la colaboración de Monnet para elaborar una propuesta.

Fue el 9 de Mayo de 1950 cuando Shuman anunció a la opinión pública internacional la oferta francesa formulada a Alemania y a los restantes países democráticos europeos, de poner en común la producción del carbón y del acero bajo el mandato de una alta autoridad de carácter supranacional.

A mediados de Abril de 1950 Monnet recibe en su casa a Paul Reuter, profesor de derecho de la facultad Aix y consultor del ministerio francés de asuntos exteriores. Ambos tratan de determinar un sistema que permita institucionalizar la delegación de poderes nacionales, base imprescindible en los proyectos de Monnet, quien quería crear un órgano independiente de los Estados.

El proyecto es presentado a Shuman quien transmitió su conformidad a su secretario: "je suis d`accord. Je marche" y presenta la idea ante representantes de los gobiernos de estados Unidos y Alemania. Finalmente, mediante conferencia de prensa, Shuman, da a conocer el proyecto ante la opinión pública en declaración de 9 de Mayo de 1950.

La gran innovación del Plan Shuman fue la creación de una alta autoridad, independiente de los gobiernos. No era por tanto un órgano de cooperación intergubernamental, sino una autoridad supranacional constituida como primera etapa de un proceso que concluiría con la unificación económica y política de Europa.

La constitución de un mercado común sobre el carbón y el acero, posteriormente podría unirse a otras actividades industriales, comerciales y agrícolas, entre otras.

A estas alturas, la oposición por parte del Reino Unido a subordinarse a una autoridad supranacional, era por todos conocida.

La reacción ante la declaración francesa del 9 de Mayo de 1950 fue tremendamente positiva. El presidente de los Estados Unidos Harry Truman declaró que esta iniciativa era un acto de gobierno constructivo y que abría nuevas perspectivas para Europa.

Europa occidental comprendió que la declaración Shuman contenía por vez primera, la articulación de un poder supranacional, y que por ello se presentaba como una primera realización para la construcción de una Unión Europea, económica primero, y después política y militar. Es en este último aspecto donde hasta la actualidad no se ha llegado a grandes acuerdos.

El 3 de Junio se publicaba simultáneamente en París, Roma, Bruselas, La Haya y Luxemburgo el siguiente comunicado: "los pueblos francés, alemán, italiano, belga, holandés y luxemburgués, decididos a emprender una acción común de paz, de solidaridad europea y de proyecto económico y social, toman como objetivo inmediato la puesta en común de las producciones del carbón y del acero y la institución de una alta autoridad nueva cuyas decisiones vincularan a Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y los países que se adhieran".

Las negociaciones se realizaron en París, y el 20 de Junio de 1950 se dio comienzo a una conferencia internacional en la capital francesa para poner las bases de lo que sería un posterior tratado. Durante 10 meses los expertos realizaron un proyecto que el 19 de Abril de 1951 estaba a disposición de los ministros de asuntos exteriores de los seis países para realizar un último examen. Finalmente el 18 de Mayo de 1951 se firmó en París el tratado de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero. La entrada en vigor del tratado se produjo el 25 de Julio de 1952. Este mismo día Gran Bretaña nombraba un embajador permanente ante la CECA.

Durante un período preparatorio se pusieron en marcha las instituciones y el 1 de Febrero de 1953 el mercado común fue abierto para el carbón y el hierro, y el 1 de Mayo de 1953 para el acero.

La comunidad fijó el aprovisionamiento regular y los precios; se previó que la realización del mercado común fuera progresiva para permitir la adaptación de las industrias.

La CECA comportaba cuatro grandes instituciones:

• La Alta Autoridad: independiente de los gobiernos, encargada de definir los objetivos de producción y modernización a mediano plazo y garantizar la supervivencia de las empresas siderúrgicas y carboníferas, gracias a un fondo común.
• El Consejo de Ministros: su misión era coordinar el trabajo de la alta autoridad con el de los gobiernos.
• La Asamblea de la Comunidad: ésta controla a la alta autoridad, la cual debe presentarle un informe anual.
• La Corte de Justicia: encargada de velar por la aplicación e interpretación del Tratado.

Los resultados de la CECA fueron bastante positivos. Se le atribuye el enorme crecimiento de la producción de acero, la intensificación del comercio entre los seis países, la baja en los costos de producción, la economización en los costos de las materias primas e importantes beneficios sociales como por ejemplo la creación de empleos.

El modelo institucional promovido por la creación de la CECA se convirtió en el punto de partida de otros proyectos más profundos de unión europea en sectores concretos como el transporte, el mercado agrícola y la sanidad, aunque los proyectos más inmediatos que fueron presentados en esta materia no tuvieron una buena acogida. Por otra parte, aquellos acuerdos que se firmaron principalmente en materia de defensa como fueron la Comunidad Europea de Defensa, proyecto de Comunidad Política Europea y la Unión Europea Occidental, por uno u otro motivo no tuvieron mayor trascendencia para el proceso de Unión Europea.

Los esfuerzos para seguir creando autoridades supranacionales europeas habían fracasado y tan solo permanecía como tal la CECA.

Ya en Septiembre de 1953, las administraciones belga y holandesa habían estimado como posible la extensión de la CECA a otros sectores como el transporte y los diversos tipos de energía –gas, electricidad y energía atómica-.

El 10 de Marzo de 1955 en Estrasburgo, Jean Monnet pronunció su discurso de despedida de la Alta Autoridad, en el cual hizo un balance de lo conseguido por la CECA y apelo a la consideración de nuevos avances para la integración europea. Monnet veía clara la oportunidad de utilizar el sistema que había dado lugar a la CECA para crear una comunidad europea de energía nuclear que al mismo tiempo evitaba un desarrollo independiente de la industria nuclear alemana. La otra opción era la integración económica global a través de la extensión de la CECA a los restantes campos de la actividad económica.

Una persona clave en el proceso de relanzamiento del proceso de construcción europea fue el belga Paul-Henri Spaak, presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas en 1946, presidente de la asamblea de la CECA en 1952 y Secretario General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte –OTAN- desde 1957. Partidario de una integración europea global y no sectorial, Spaak mantendría como principal objetivo crear una comunidad supranacional que tuviera por objeto realizar la integración económica de Europa a través de la unión aduanera y la unión económica.

El 1 de Junio de 1955, en Messina, en la primera reunión de Ministros de Asuntos Exteriores, se planteó el relanzamiento europeo acordándose por los ministros de los seis países, extender la integración europea a toda la economía y encargaron a un comité de expertos presidido por Spaak la elaboración de un informe sobre la realización de una unión económica general y de una unión en el campo de la energía nuclear.

Los ministros de los seis países, decidieron que para su puesta en aplicación se necesitaba el estudio previo de un cierto número de cuestiones:

• "Procedimiento y ritmo de la supresión progresiva de obstáculos a los cambios, así como medidas apropiadas que permitieran la unificación progresiva del régimen aduanero.
• "Armonización de las Políticas Generales de los países participantes en los ámbitos financieros, económicos y sociales.
• "Coordinación de las políticas monetarias.
• "Creación de fondos de readaptación y establecimiento progresivo de la libre circulación de la mano de obra.
• "Elaboración de las reglas de concurrencia para excluir toda intervención nacional.
• "Creación de un fondo de investigación para desarrollar las regiones menos favorecidas.
• "Armonización progresiva de las reglamentaciones en lo social, y sobre todo en lo que concierne a la duración del trabajo" (Pérez-Bustamante, 1997: 106).

En los primeros días de Abril de 1956, el comité aprobó un informe preliminar, el denominado "Memorandum Spaak", que contemplaba la creación de una unión aduanera, con tarifa exterior común, más ambiciosa que la mera liberalización de cambios y más apta para conseguir una unión económica.

El texto fue presentado ante la CECA y remitido a los Ministros de Asuntos Exteriores, quienes se reunieron en la conferencia de Venecia el 29 y 30 de Mayo de 1956, adaptando el texto como base para la redacción del futuro tratado. En Venecia también se decidió el procedimiento de integración, configurando las diferentes ópticas de la asimilación por sectores preferida por los franceses y establecida para la Comunidad Europea de la energía atómica, y la integración económica general preferida por alemanes y holandeses, y que marcó el camino hacia la institucionalización de una Comunidad Económica Europea.

El "Memorandum Spaak" fue el resultado de diversos compromisos que atenuaron las diferentes posiciones de los seis países. Los informes serían aprobados por la conferencia de Messina, y a ella siguió una reunión de alto nivel de los jefes de Estado realizada en París en febrero de 1957, en donde serían resueltos los últimos obstáculos.

Spaak finalizó el encargo de la redacción de dos tratados distintos, el que establecía la Comunidad Económica Europea –CEE- y el que creaba la Comunidad Europea de Energía Atómica –CEEA o EURATOM-. El 25 de Marzo de 1957 en la ciudad de Roma se anunciaba la ceremonia de la firma de dos tratados internacionales que harían historia.

Una vez ratificados los tratados de Roma por los respectivos Estados miembros, entraron en vigor, constituyéndose sus instituciones a comienzos de 1958.

El tratado constitutivo de la CEE, establece la creación de un mercado común, es decir, la libre circulación de los factores productivos, objetivo que se logró a lo largo de un período de transición que duro trece años desde la entrada en vigor del tratado.

El tratado de la CEE se divide en cinco partes –248 artículos-, la primera define los principios que rigen la comunidad, la segunda expone la modalidad de la libre circulación de mercancías, el calendario del desmantelamiento aduanero, la eliminación de las restricciones cuantitativas, los objetivos de la Política Agraria común –PAC-, las modalidades de la libre circulación de personas, servicios y capitales y los objetivos de una política común de transporte. La tercera parte contiene las disposiciones en materia de concurrencia, fiscalidad, acercamiento de las legislaciones, balanza de pagos, comercio, y las disposiciones sociales, los fundamentos de un fondo social europeo y la puesta en marcha de un banco europeo de inversiones. La cuarta parte fija las grandes líneas que deben enmarcar la asociación de la comunidad con los países y territorios no europeos, que poseen relaciones particulares con los estados miembros. la quinta parte establece las instituciones de la CEE que son:

• La Asamblea Europea
• El Consejo
• La Comisión
• El Tribunal de Justicia
• El Consejo Económico y Social
• El Presupuesto

La CEE previó un período de doce años, en principio, para la puesta en marcha de la unión aduanera, el cual finalizó en 1970. Después de 1970, la integración sectorial fue definiendo los períodos de transición especiales, presupuesto, política fiscal y monetaria, mas un período transitorio general, que se abrió en 1973 para los nuevos países adheridos.

La unificación institucional entre las tres comunidades –CECA, CEE y CEEA-, se llevó a cabo en forma progresiva y en dos etapas entre 1957 y 1965.

El tratado que instituyó la CEEA fue firmado el 17 de Abril de 1957 y su configuración fue análoga a la de la CEE, con la cual comparte las dos grandes instituciones de la asamblea y de la corte de justicia.

El tratado EURATOM se compone de tres partes –223 artículos-, la primera precisa las misiones de la comunidad y las funciones que le corresponden. La segunda parte se ocupa de las disposiciones favorecedoras del progreso en el dominio nuclear: desarrollo de la investigación, difusión de conocimientos, protección sanitaria, empresas comunes, aprovisionamiento, controles de seguridad, régimen de propiedad, establecimiento de un mercado nuclear y relaciones internacionales.

La tercera parte desarrolla las instituciones análogas a las del mercado común: la asamblea y la Corte de Justicia que son comunes, y asimismo la gran mayoría del Consejo.

A partir de 1967, la CEEA sufrió una gran crisis que se tradujo en la imposibilidad de imponer un programa comunitario.

El primero de Enero de 1958 comenzó el funcionamiento del mercado común y del EURATOM, que integran juntos con la CECA los perfiles arquitectónicos de la construcción europea. Los representantes de los Estados miembros reunidos en París los días 6 y7 de Enero de 1958, designaron a los responsables de las primeras instituciones de la Comunidad. A lo largo de 1958 se fueron constituyendo las comunidades europeas.

A partir del 1 de Enero de 1959, los tratados de Roma produjeron sus primeros efectos, desde aquella fecha se estableció que los derechos de aduana de los países miembros descenderían un 10% y que se incrementarían un 20% los contingentes de importación, que corresponderían como mínimo al 3% de la producción nacional. La reducción de los obstáculos aduaneros y las perspectivas de su completa supresión se manifestaron realmente eficaces.

La Comisión propuso que al final de 1961 los derechos de aduana se rebajaran al 50% en lugar del 30% previsto.

La CEE tuvo una proyección enormemente favorable. Los "seis" conocieron una fuerte expansión económica que se concretó en un crecimiento medio anual de PIB del 5,1% para el periodo 1961-1970 y un gran progreso en la configuración de la unión aduanera. La Comisión propuso la aceleración de la reducción de derechos, que sería al 100% el 1 de Julio de 1968.

La unión política de Europa era uno de los grandes objetivos de Jean Monnet, quien entendía que era posible su constitución a través de un método progresivo derivado de la unión económica y de la solidaridad entre los Estados.

Por su parte el general De Gaulle –presidente de Francia elegido en Enero de 1959- manifiesta su sentimiento europeo, declarándose ferviente partidario de la cooperación europea, dejando en claro su oposición a las ideas federalistas, es decir, a la creación de instituciones de carácter supranacional.

Las grandes líneas del proyecto de De Gaulle se contienen en una conferencia de prensa que realizó el 5 de Septiembre de 1960 –declaración de la Europa de las patrias-. Aquella declaración consagró las tesis de De Gaulle sobre la primacía de las relaciones nacionales, y su carácter absolutamente exclusivo para la conducción política. Pero sobre todo, aquel discurso trató de desnaturalizar las instituciones comunitarias nacidas por los tratados fundacionales de París y Roma.

Frente a estas ideas, Jean Monnet, invitaba el 20 de Noviembre de 1960 a los miembros del comité de acción para los Estados Unidos de Europa, a respaldar el principio de realizar reuniones cumbre a condición de que las comunidades sean salvaguardadas, y dejar abierto el camino hacia una evolución de tipo federal.

La primera cumbre se realizó el 10 y 11 de Febrero de 1961, reuniéndose los "seis" jefes de Estado y de gobierno acompañados por los Ministros de Asuntos Exteriores. De Gaulle garantizó a Adenauer –Ministro de Asuntos Exteriores de Alemania- la fidelidad de Francia a la OTAN y a los tratados de París y Roma.

En una segunda cumbre de jefes de Estado europeos, realizada el 18 de Julio de 1961 en una localidad cerca de Bonn, Francia y Holanda acercaron sus posiciones, realizándose al final un comunicado –declaración de Bonn- considerado hoy como el acta de nacimiento de la Europa política

Un segundo comunicado, publicado simultáneamente, tratará sobre la cooperación cultural, considerándose la creación de instituciones europeas de enseñanza e investigación.

La comisión prevista para la "declaración de Bonn" designó como presidente a Christian Fouchet –diplomático francés, hombre de confianza de De Gaulle, encargado de representar a Francia ante la Unión Soviética en 1944-, a quien correspondió la elaboración de un estatuto de unión política el cual fue sometido a la aprobación por parte de los parlamentos nacionales.

La situación internacional, marcada por el inicio de la construcción del Muro de Berlín en la noche del 12 al 13 de Agosto 1961, animó a los aliados a continuar sus esfuerzos.

El 19 de Octubre estaba finalizado el primer proyecto –plan Fouchet I- el cual fue sometido el 2 de Noviembre a la consideración de los Estados miembros.

El Plan Fouchet I era un texto breve que preveía la creación de una "Unión de Estados" sobre el sistema de la cooperación. Como instituciones de la unión se creaban el Consejo, la Asamblea Parlamentaria y la Comisión Política Europea. Las competencias de la Unión de Estados serían todas de carácter general a excepción de las materias de carácter económico.

El Plan Fouchet encontró serias objeciones, entre otras cosas, por considerar que la incorporación de la defensa en los fines de la unión debilitaría a la OTAN. Por otro lado, Francia se opuso explícitamente a la entrada de Gran Bretaña en la Unión.

Una reunión de los ministros de los "seis", que se realizó en París el 15 de Diciembre, permitió salir del estancamiento, acordándose la correlación entre la comunidad económica y la comunidad política.

El 18 de Enero de 1962 la delegación francesa entregó una nueva versión del proyecto de tratado, preparado por el ministerio de asuntos exteriores francés, al que se le dio el nombre de "Plan Fouchet II".

El plan Fouchet II, fue nuevamente objetado, esta vez por el ataque francés a las disposiciones referentes a la supranacionalidad, donde el general De Gaulle acusó a los partidarios de una Europa supranacional de hacer el juego a los Estados Unidos, asimismo, criticó fuertemente la integración atlántica.

El 22 de Enero de 1962 Kennedy planteó realizar una asociación comercial abierta entre Estados Unidos y la CEE. Pero aquella política bien acogida por Gran Bretaña y los "cinco", fue vista con recelo y franca oposición por el general De Gaulle, quien entendía que aquello no era sino un hábil medio para perpetuar la supremacía americana, mientras que él estaba dispuesto a desarrollar una política europea menos ligada a los Estados Unidos.

En 1961 Irlanda solicitó la adhesión a la CEE, nueve días antes de que lo hiciera el Reino Unido y poco después Dinamarca. También en 1962 solicitaron la entrada Noruega y España. Frente a la candidatura española, está no progresó hasta la institución plena del régimen democrático.

La experiencia del Plan Fouchet puso de manifiesto las importantes divergencias que existían entre los "seis" sobre la construcción europea y fundamentalmente, sobre la política de defensa y el papel de las instituciones.

La idea de la unión política no fue abandonada, ya que la concertación de las políticas exteriores quedó establecida como objetivo fundamental de las políticas de los Estados comunitarios. Pero sobre todo, lo que gravitaba tras el fracaso del plan francés, fue el rechazo de la Francia de De Gaulle a todo planteamiento supranacional.

Durante 1964 se produjeron importantes avances, la República Federal de Alemania propuso la desaceleración del desarme aduanero; el Consejo Europeo propuso la puesta en marcha de una política económica a mediano plazo; se abrió la ronda Kennedy para la reducción de derechos de aduana entre Estados Unidos y la CEE; los "seis" dan un paso hacia la unión monetaria, instituyendo un comité de gobernadores de los bancos centrales de los Estados de la CEE, se pone en marcha el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola –FEOGA- y se adopta un plan de unificación de los precios de los cereales.

Pero el detonador de la crisis de la construcción europea, será precisamente el problema de los desacuerdos en la política agrícola, principalmente en materia de financiamiento, lo que dio origen a diversos intentos de negociación fracasados.

Las consecuencias de la ruptura de negociaciones, consumada el 1 de Julio de 1965, se tradujo en la ausencia de los ministros franceses en las reuniones de los "seis", lo que se conoce como la política de la silla vacía. De este modo, los ministros de agricultura y asuntos exteriores se abstuvieron de reunirse con sus colegas y el ministro de finanzas francés no estuvo presente en la reunión correspondiente y, asimismo, dejaron de asistir los representantes de Francia a los consejos de la CECA y el EURATOM.

Como las decisiones de los consejos debían ser tomadas por unanimidad, la ausencia de Francia paralizó prácticamente al mercado común, quedando solo abierta la vía diplomática tradicional y los acuerdos bilaterales. Esta crisis duró 6 meses, hasta que los "cinco" enviaron un llamado a Francia, manifestando que la solución de los problemas debía hacerse en el marco de los tratados y de sus instituciones. Ante el frente común de los "cinco", Francia decide reunirse en Luxemburgo, alcanzándose un acuerdo en una segunda reunión –compromiso de Luxemburgo-, donde se estimó que los miembros del Consejo se esforzarían en plazo razonable, para buscar soluciones que pudieran ser adoptadas por todos los miembros en cuestiones de alta importancia que afectaran a uno o más miembros.

Se apela a la conciliación de las divergencias y a que éstas no impidan la marcha normal de los trabajos de la comunidad. Finalmente, los miembros del Consejo propusieron adoptar de forma unánime: el reglamento financiero agrícola, la organización de un mercado de frutas, legumbres y verduras y de materias grasas y la fijación de precios comunes para la carne bovina, arroz, azúcar, aceite de oliva, leche y otros. Por último, dieron la consideración de muy importante a las negociaciones de la Ronda Kennedy.

Si bien el compromiso de Luxemburgo permitió desbloquear la situación, la postura de Francia volvería a marcar enormes distancias, primero en materia de defensa y después a propósito de la ampliación de la comunidad.

La conferencia de jefes de Estado y de Gobierno europeos, reunida en La Haya, Holanda, en Diciembre de 1969, dio paso a una nueva etapa de las comunidades europeas, que decidieron pasar de la fase transitoria de la comunidad a la definitiva, aceptándose los decisivos reglamentos agrícolas, sobre el principio de los recursos propios de la CEE, lo que sustituyó a las contribuciones de los Estados. Asimismo en La Haya, el nuevo presidente francés George Pompidou, levantaba implícitamente el veto de Francia a la entrada de Gran Bretaña en la CEE.

Partidario de mantener las tesis confederales y rechazando por tanto la Europa supranacional, Pompidou se mostró totalmente partidario de profundizar la vida comunitaria a través de nuevas políticas comunes en los sectores técnicos, científicos, de energía, transportes, derecho de sociedad y, por último, financiero y monetario.

Acabar, profundizar y alargar son las tres misiones europeas que se planteó la Francia post gaullista. En una atmósfera cordial, se concretó el fin del período transitorio del mercado común para el 1 de Enero de 1970, y la apertura de las negociaciones con otros Estados.

Rechazadas otras solicitudes, cuatro Estados quedaron oficialmente como candidatos después de Mayo de 1967: Gran Bretaña, Dinamarca, Irlanda y Noruega.

La apertura de las negociaciones sobre la adhesión de Gran Bretaña –el 21 de Julio de 1970- y posteriormente de Dinamarca, Irlanda y Noruega –el 21 de Septiembre de 1970- así como el inicio de las negociaciones con Austria, Suecia, Suiza, Finlandia, Islandia y Portugal –10 de Noviembre de 1970- animaron el proceso de convergencia económica y política de Europa.

Luego de una serie de negociaciones, el 23 de Junio de 1971, se concluyó en Luxemburgo el acuerdo entre los "seis" y Gran Bretaña para realizar la adhesión de esta última a la CEE, que se produjo el 23 de Junio de 1973.

Se estableció un período de transición de 5 años –hasta el 11 de Enero de 1978- para permitir la ejecución de las adaptaciones necesarias, y entre ellas la progresiva supresión de los derechos de aduana.

Asimismo se acordó la ratificación del tratado de adhesión, tanto por los miembros del mercado común como por los cuatro países que la solicitaban, así en Irlanda y Dinamarca hubo una respuesta favorable en la votación de los respectivos parlamentos y en Noruega la votación fue desfavorable a la adhesión, quedando la CEE conformada por nueve miembros a partir del 1 de Enero de 1973.

Los tratados de Roma y París configuraron la llamada "constitución de las comunidades" y definieron las competencias de los poderes públicos comunitarios. Pero aquellos tratados no tenían los mismos caracteres, por tanto la unificación de la administración comunitaria se realizó por etapas. Una convención de 25 de Marzo de 1957 estableció el Tribunal de Justicia y la Asamblea Parlamentaria como órganos comunes a las tres comunidades. El tratado de Bruselas del 8 de Marzo de 1965 unificó la administración comunitaria y estableció un Consejo y una Comisión única para las tres comunidades.

La Comisión actuaba con plena independencia y los comisarios se nombraban por cuatro años; al ampliarse la comunidad a nueve países, la Comisión quedó conformada por trece miembros recibiendo cada uno la responsabilidad correspondiente a cada uno de los sectores de la economía que abarca la CEE.

El segundo órgano de las comunidades, el Consejo, sustituyó en virtud de los tratados de 1965 el consejo de la CECA, de la CEE y del EURATOM. Dicho consejo estaba compuesto por los ministros de los Estados miembros, y cada país ejercía por rotación la presidencia por un período de 6 meses.

Durante 1974 y 1975, los Estados europeos se enfrentaron con las consecuencias de la crisis energética, la muerte de presidente francés George Pompidou y su sustitución por el europeísta Valery Giscard d`Estaing, la revolución democrática en Portugal, el fin de la dictadura militar en Grecia, la muerte del General Franco en España, y los comienzos del eurocomunismo como alternativa al declive del comunismo ortodoxo propugnado por la URSS.

Giscard d`Estaing, adherido a favor a la entrada del Reino Unido en las Comunidades Europeas –CE- patrocinará una verdadera construcción europea. En el intento de fortalecer las instituciones se creó el "Consejo Europeo" que se afirmó como órgano esencial, al cual se deben atribuir acuerdos como la elección del Parlamento Europeo por sufragio universal directo –1976- y la decisión de extender la comunidad a Grecia, España y Portugal.

Otro de los grandes avances fue el retorno a la regla del voto mayoritario al menos para las cuestiones ordinarias.

Leo Tindemans, Primer Ministro belga, había sido encargado –en Diciembre de 1974- de realizar un informe sobre el procedimiento para la construcción de la Unión Europea, el cual fue publicado el 7 de Enero de 1976. Aunque sus propuestas no fueron formalmente aceptadas, sus ideas sirvieron prácticamente para la realización del Sistema Monetario Europeo –SME-, creado el 13 de Marzo de 1978. Finalmente el 13 de Marzo de 1979 entró en vigor el SME a través de un acuerdo entre los bancos centrales de la CEE.

La moneda creada el 13 de Marzo de 1979 fue la European Currency Unit –ECU-, definida como una cesta que contiene las divisas de los nueve Estados, afectadas por un coeficiente de ponderación.

El ECU fue adquiriendo un peso significativo en el mundo de los préstamos, sirviendo asimismo como una moneda utilizada por numerosos europeos para ajustar sus cambios en el interior de la comunidad en función de su estabilidad.

El Parlamento Europeo era hasta 1976 el resultado de una evolución histórica que tenía sus precedentes en la asamblea constituida en la CECA de 1952, entendido como un órgano esencialmente político y que se convirtió tras los tratados de Roma de 1957 en una institución común a las tres comunidades, recibiendo en su primera sesión –el 20 de Marzo de 1958- el nombre de Asamblea Parlamentaria Europea y cuatro años mas tarde de "Parlamento Europeo", el 30 de Marzo de 1962.

El acuerdo definitivo sobre la elección por sufragio universal directo fue firmado por los nueve ministros de asuntos exteriores el 20 de Septiembre de 1976, tomando el acuerdo forma de acta –Acta de Bruselas-. Las perspectivas de sufragio universal directo indujeron a los diferentes partidos políticos a constituirse en partidos transnacionales. Las primeras elecciones europeas se celebraron el 7 de Junio de 1979.

La elección de 1979 no fue solo una votación europea, sino más bien la suma de un conjunto de elecciones nacionales, que en todo caso tuvo un cuantioso valor: "La voluntad de reconciliación de los Estados europeos... y la creación de un órgano de control más eficaz frente a la tecnocracia de los ejecutivos comunitarios".

Desde el 1 de Enero de 1973, en que oficialmente nace la Europa de los "nueve", se habían experimentado profundos cambios políticos e institucionales, de entre los cuales se ha destacado el comienzo del decidido camino hacia la Unión económica y monetaria. Ocho años después, el lugar de décimo Estado de la Europa del mercado común fue ocupado oficialmente por Grecia.

El 27 de Julio de 1976 se acordó la apertura oficial de negociaciones entre Grecia y la comunidad y el 18 de Mayo de 1978 se firmó el acta de adhesión de Grecia, formándose oficialmente la Europa de los "diez".

A principio de los ochenta, el péndulo de las orientaciones políticas oscilaba tras el triunfo del gobierno conservador de Margareth Thatcher en el Reino Unido, Helmut Kolh en Alemania, Francois Miterrand en Francia y el triunfo del socialismo en Portugal y España. Desde ahora las comunidades europeas afrontaban un reto de alcances impredecibles.

Los fracasos en la búsqueda de soluciones a ciertos problemas no resueltos dentro de la comunidad, entre ellos el problema británico respecto de su colaboración al presupuesto comunitario, tema frente al cual Gran Bretaña se sentía desfavorecida ya que la magnitud de su aporte no era equivalente con los beneficios que recibía en su calidad de miembro de la comunidad, y las tensiones institucionales derivadas de la propia estructura incompleta de los tratados comunitarios, terminaron creando una situación de parálisis en el proceso de construcción europea.

Fue entonces cuando la iniciativa de los ministros de asuntos exteriores de Alemania e Italia se plasmó en la presentación ante el Consejo Europeo, celebrado en Londres el 26 y 27 de Noviembre de 1981, de un proyecto de "Acta Europea" que aspiraba a introducir grandes e importantes cuestiones no contempladas por los tratados comunitarios. El estudio de la propuesta germano-italiana se prolongó por casi dos años.

Mientras, el presidente Miterrand planteaba entre el 2 y el 30 de Julio de 1981 la tesis del "espacio social europeo", trasladando a sus socios comunitarios sus posiciones ideológicas, sociales y laborales.

La citada iniciativa italo-germana, concluyó con la llamada "declaración solemne de Stuttgart", entre el 17 y el 19 de Junio de 1983, en la cual se fijó entre otras cosas, una compensación presupuestaria al Reino Unido de 750 millones de ECUS para 1983.

La declaración de Stuttgart, punto de partida y base del "Acta Única Europea", está formada por un preámbulo y cuatro apartados que desarrollan las reformas a realizar y conseguir.

Como objetivos se fijaron los siguientes:

• "Reforzar y proseguir el desarrollo de las Comunidades, núcleo de la Unión Europea.
• "Desarrollar la Cooperación Política Europea abarcando el ámbito de la política exterior y de los aspectos políticos y económicos de la seguridad.
• "Promover una cooperación más estrecha en materia cultural, así como realizar acciones concertadas para hacer frente a los problemas internacionales de orden público, violencia, criminalidad y delincuencia.
• "Modificar las instituciones, señalando el papel de la Comisión en favor de una delegación de competencias y reforzando los cometidos del Consejo Europeo, señalando sus funciones y sus relaciones con el Parlamento a quien se le atribuye un papel esencial. Desarrollo asimismo de las políticas comunitarias con atención al desempleo y a la inflación; coordinación de las políticas económicas y consolidación del Sistema Monetario; cooperación en materia cultural y en favor de la aproximación de legislaciones concediéndose, por último, un plazo de cinco años para reexaminar la declaración"(Pérez-Bustamante, 1997: 171).

El 9 de Junio de 1981, Altiero Spinelli –federalista de izquierda, secretario general del movimiento federalista europeo, fundador del Instituto de Asuntos Internacionales de Roma, diputado de la cámara italiana desde 1976 y diputado del Parlamento Europeo- presentó al Parlamento Europeo una resolución, firmada por 179 diputados, recomendando la constitución de una comisión encargada de reflexionar sobre las reformas institucionales.

En el "proyecto Spinelli" se diseña un Consejo de la Unión, distinto del Consejo Europeo, institución que estaría formada por representantes de los gobiernos que votarían por mayoría ponderada.

El parlamento dejaría de ser un órgano solo consultivo y pasaría a ser un brazo de la autoridad legislativa y presupuestaria; la comisión se convertiría en un órgano ejecutivo con responsabilidad política; el tribunal de justicia vería reforzadas sus instituciones; y la unión tendría autonomía financiera y elaboraría programas plurianuales.

El proyecto de tratado –Spinelli- fue acogido por la asamblea el 14 de Enero de 1984.

En Marzo de 1985 fue presentado al Consejo Europeo un documento conocido como el informe Dooge –llamado así porque la comisión que lo elaboró estaba presidida por el senador del parlamento europeo J. Dooge-, el cual afirmaba la necesidad de plasmar jurídicamente la existencia de una voluntad común entre los Estados miembros: crear entre los Estados europeos una entidad política verdadera, esto es, una Unión Europea. Para esto, se planteó una serie de objetivos, los cuales para ser llevados a cabo necesitaban ser acompañados de importantes reformas. Para la puesta en marcha de tales reformas, el comité preconizaba la convocatoria de una conferencia intergubernamental que negociase un tratado que modelara la Unión Europea. De este modo se llegó al Consejo Europeo de Milán del 19 al 30 de Julio de 1985. Diversos países plantearon reticencias a la inclusión de la defensa en la Unión Europea. Francia y Alemania eludieron la reforma de las instituciones, proponiendo la creación de un secretariado general, propuesta que fue mal acogida. Finalmente se votó la celebración de una conferencia intergubernamental, la cual se abrió en Luxemburgo el 9 de septiembre de 1985 con la finalidad de lograr la firma de un tratado, teniendo ya en este proceso un papel determinante el nuevo presidente de la Comisión, elegido el 1 de Enero de 1985, Jacques Delors.

El Acta Única Europea fue ante todo la resultante del proceso concluido en el Consejo Europeo del 3 al 4 de Diciembre de 1985 donde tras las decisiones de la conferencia intergubernamental del mismo año, se estableció el acuerdo de revisar el tratado de Roma.

El trabajo se realizó en dos grupos, uno encargado del desarrollo de la cooperación política y el otro encargado de la revisión de los tratados comunitarios.

El texto definitivo se terminó el 27 de Enero de 1986 y fue firmado en Luxemburgo el 17 de Febrero del mismo año. Con posterioridad a dicha firma, se produjeron las ratificaciones de los Estados signatarios.

Este instrumento recibe el nombre de Acta Única Europea por considerarlo el más apropiado, una vez desechada la idea de denominarlo tratado, y vista la conveniencia de agrupar los tratados originales.

El Acta Única Europea –AUE- contiene cuatro títulos:

El titulo I, contiene disposiciones comunes en las que se señala el objetivo de progresar hacia la Unión Europea mediante la contribución conjunta de las comunidades europeas y la cooperación política, consagrándose el consejo europeo como órgano común.

Después de este primer título, los dos siguientes se dedican a las grandes innovaciones del AUE: disposiciones por las que se modifican los tratados constitutivos de las comunidades, y disposiciones sobre la cooperación europea en materia de política exterior.

En el título II –la modificación de los tratados- se dedica un capítulo distinto a cada uno de los tratados originarios, pero las modificaciones más importantes se refieren a la CEE.

• "Extensión del uso de la mayoría cualificada en materias como la reforma de la tarifa aduanera común, la libre prestación de servicios, la libre circulación de capitales, y la política común de transportes marítimos y aéreos. Asimismo, se prevé para ciertas políticas nuevas como: mercado interior, política social, cohesión económica y social, investigación y desarrollo, y medio ambiente.
• "Institución de un procedimiento de cooperación entre el Parlamento Europeo y el Consejo -procedimiento de doble lectura-.
• "Dictamen conforme del Parlamento Europeo: para los acuerdos de ampliación de la CEE y para los acuerdos de asociación" (Pérez-Bustamante, 1997: 182).
• El segundo gran apartado del Acta Única Europea, relativo a las modificaciones del Tratado de la CEE, se refiere a la modificación de las políticas realizadas por la Comunidad, reforzando o ampliando su campo de actuación:
• "Gran Mercado Interior: definido como ‘espacio sin fronteras interiores’, en el que la circulación de mercancías, personas, servicios y capitales se realizará libremente y sin obstáculos. El plazo fijado para su realización abarcaba hasta finales de 1992. Un Libro Blanco, que contiene trescientas medidas, presentado por la Comisión al Consejo Europeo de Milán -Junio de 1985- sirve de base para la programación de la consecución de este mercado interior que comprende 320 millones de consumidores, configurado como dinámico y flexible, para cuyo logro se eliminarían las fronteras físicas, las fronteras técnicas y las fronteras fiscales.
• "Voluntad de alcanzar el objetivo de una Unión Económica y Monetaria, utilizando instrumentos como el SME y el ECU.
• "Política Social y Armonización legislativa sobre el trabajo, la seguridad, la salud, y el medio ambiente.
• "Cohesión Económica y Social, a través de la creación del Banco Europeo de Inversiones (B.E.I.), el Fondo Social Europeo (F.S.E.), el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (F.E.O.G.A.) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (F.E.D.E.R).
• "Investigación y Desarrollo Tecnológico. Política Comunitaria de Investigación y Desarrollo (I+D) a través de los órganos específicos: Comité de Desarrollo Europeo de la Ciencia y la Tecnología (CODEST), Comité para la Investigación Científica y Técnica (CREST), Comité de Información y Documentación Científica y Técnica (CIDST), Comité Consultivo sobre I+D Industrial (IRDAC), Comités Consultivos de Gestión y Coordinación de Programas (C.G.C), Acciones COST -Cooperación Europea-, Centro Común de Investigación (C.C.I.), con instalaciones en Istria -Italia-, Kalsruhe -Alemania-, Geel -Bélgica-, y Retten -Holanda-, propios del Sector Industrial etc...
• "Medio Ambiente, recogiendo las conclusiones de la Conferencia de Naciones Unidas de Estocolmo, y de la Cumbre de París de 1972" (Pérez-Bustamante, 1997: 183).

En el título III –la cooperació