Globalización y privatización (página 2)

La globalización como resultado de extensos y
amplios procesos de comunicación entre diferentes sociedades y
culturas al estar vinculadas estas por redes de intercambios en
todo el planeta, la concebimos como una relación
sociocultural que rebasa con mucho los intercambios y
transacciones comerciales y financieras. En suma, la
globalización es un proceso dialéctico, pues
mientras sucede una integración social diferenciada mediante
las interacciones de los individuos socialmente determinados a
escala global,
ocurre una fragmentación socioeconómica que subsume
a Estados, mercados,
sociedades e individuos. Esto es, se ha dado una
reconversión de los mecanismos, interacciones e instituciones
de la "sociedad nacional" para integrarse a una "sociedad global"
con inmensos procesos de interdependencia, dependencia e
intercomunicación vía el desarrollo de
la informática y las telecomunicaciones, las fuertes transferencias de
capitales especulativos de un ordenador a otro en tiempo real,
así como la transferencia de excedentes de la periferia al
centro del sistema
mundial.

La globalización se caracteriza por relaciones
virtualmente instantáneas que no reconocen fronteras
geográficas y temporales; el mundo se estructura
como un todo desde el punto de vista económico, social,
político, cultural, militar y geopolítico;
además, se alientan y fortalecen identidades y lealtades
locales, étnicas e indigenistas.

Si pensamos, tal como lo ilustra el Doctor Pablo
González Casanova, que la globalización es un
proceso de dominación y apropiación del mundo, es
necesario enfocar a la globalización como un proceso de
transferencia de valor en tanto
objetivación del trabajo humano vía las redes
empresariales. Pero, ¿cuál es la génesis de
estas redes empresariales que han intensificado la transferencia
de valor desde las empresas filiales
a las empresas matrices? Los
mercados durante los últimos años de la
década de los 60’s y principios de los
70’s experimentaron una saturación por bienes
homogéneos derivados de la producción en masa, además de la
expansión de la empresa
japonesa que instrumentó por vez primera la
producción flexible gracias a las nuevos modelos de
organización, y ofreció bienes y
servicios a
bajo precio que
desplazaron de los mercados a empresas europeas y
estadounidenses, ingresando estas en una caída de la tasa
de ganancia que las llevó al colapso y las obligó a
terminar con la
organización jerárquico-burocrática de
la producción en masa.

La empresa con
pretensiones globales se articula a partir de una nueva
división técnica del trabajo en la industria que
apunta a la configuración de la empresa red caracterizada por el
tránsito de la producción de altos volúmenes
de bienes y servicios a la
producción de "alto valor" basado en el desarrollo del
conocimiento
específico satisfactor de necesidades concretas de los
clientes
vía la multitud de unidades y subunidades descentralizadas
unidas a otros grupos
también descentralizados que se desplazan por todo el
mundo.

En un primer momento, distinguimos una división
internacional del trabajo que parte de la empresa red que ubica a
la empresa matriz
generalmente en el centro del sistema mundial mientras que en la
periferia se ubica la empresa maquiladora o la empresa filial. Es
necesario pensar que esta división de la industria a
nivel mundial tiene su génesis y su impulso en una
división técnica del trabajo al interior de la
empresa que ha reestructurado su organización y descentralizado sus funciones. Esta
división técnica del trabajo es una nueva lógica
organizacional que se vincula a los cambios tecnológicos,
y que desarrolla las bases del proceso histórico llamado
"Nueva Economía" cuyo principal exponente es la
empresa red. A la vez, esta nueva lógica
organizacional se expresa de manera diferenciada en los distintos
escenarios del sistema mundial. Y más aún, esta
lógica organizacional conforma una nueva clase directiva
mundial sustentada en aptitudes como los conocimientos, la
competencia y los
contactos mediante los cuales agregan valor a la economía
mundial independientemente del espacio donde se toman las
decisiones.

Los productos como
combinaciones internacionales de insumos le dan sentido a esta
empresa red. La empresa matriz tiene
su complemento necesario en la empresa maquiladora. Lo que se
intercambia entre los países para crear valor es la
especialización en la identificación y
solución de problemas, la
coordinación de servicios, los elementos
estandarizados, mientras que la plusvalía extraída
de la mano de obra se mantiene como ventaja competitiva de las
naciones semiperiféricas y periféricas. Son
transacciones de exportación–importación al interior de la empresa red.
La empresa matriz tiene una planta mínima de trabajadores
manipuladores de símbolos y conocimientos aplicados a la
producción localizados en las Tecnópolis y ciudades
del conocimiento,
mientras que sus unidades y subunidades descentralizadas y
subcontratadas tienen a su mano de obra en lo que
podríamos llamar las ciudades de la manufactura
flexible ubicadas por lo general fuera del país sede de la
empresa matriz; esta mano de obra es parte de la
producción estandarizada de alto volumen
trasladada al exterior para contrarrestar los embates de la
competencia
extranjera. En parte, las relaciones asimétricas que
revitalizan la dialéctica centro/periferia se basan en
ello.

Es la empresa red lo que origina el proceso de
globalización en tanto transformación
organizacional de las unidades productivas tendiente a la
mundialización de la producción y al dislocamiento
entre tiempo y espacio en la toma de
decisiones de los altos ejecutivos y analistas
simbólicos que sin ser propietarios de los medios de
producción ejercen un fuerte control sobre los
mismos a escala mundial. Todo ello ha repercutido en la praxis
económica en tanto expresión de la reproducción de la sociedad como un
todo.

Es sin duda, una reconfiguración de los mercados
en el mundo a partir de la reestructuración
organizacional, la quiebra y
caída de la tasa de ganancia de las principales empresas
del mundo. Lo cual llevó a una quiebra global
de los sistemas
económicos de los países primero en el norte y
posteriormente en el sur del mundo mediante la crisis de la
deuda. Crisis que se
inicia cuando la saturación de los mercados impedía
las inversiones
productivas de las empresas, las cuales posteriormente se
destinaron a las especulaciones financieras, desatándose
la inestabilidad financiera mundial que conduce a la quiebra de
los tratados de
Bretton Woods, todo ello aunado a la crisis de las
economías latinoamericanas en los 70’s y a la fuga
de capitales en estas mismas economías. Es el
endeudamiento de los gobiernos latinoamericanos lo que genera la
presión
de los representantes de la banca privada
mundializada a negociar nuevos plazos y tasas de
interés para el pago de la deuda, situación que
llevó a la solicitud de mayores créditos internacionales, los cuales se
otorgaron a cambio de la
reestructuración del Estado y las
economías latinoamericanas vía la aplicación
de las medidas del Washington Consensus. Estas medidas
exigían: 1)Búsqueda de disciplina
fiscal;
2)Cambio de
prioridades en el gasto
público; enfocarlo a las necesidades sociales (de
áreas menos productivas a sanidad, educación e
infraestructuras); 3)Reforma fiscal
encaminada a buscar bases imponibles amplias y tipos marginales
moderados: Reforma de los impuestos
consistente en ampliar la base más que en incrementar los
tipos; 4)Liberalización financiera, especialmente de los
tipos de interés:
procurar tasas de
interés positivas, determinadas por el mercado;
5)Liberalización del comercio y una
reorientación de las economías hacia la exportación; 6)Tipo de cambio
fijado por el mercado y no por
los gobiernos; 7)Supresión de restricciones a las inversiones
directas de capital
extranjero; 8)Privatización de empresas públicas;
9)Procurar una extensa desregulación de la actividad
económica; 10)Reforzar las garantías a los derechos de propiedad.

En específico, respecto a las inquietudes
reflejada en este trabajo, es el octavo punto en el contexto de
la globalización como proceso consistente en la
transferencia de valor, lo que ha conducido a una
"desnacionalización integral" de los países
latinoamericanos.

La
privatización como proceso
desnacionalizador.

El proceso de la globalización tiene como una de
sus expresiones y estrategias (y no
la única) al llamado neoliberalismo.

El neoliberalismo
en tanto teoría
económica neoclásica es un desarrollo
económico distinto al propuesto por los grandes
economistas clásicos; estos tenían una
visión macro, dinámica y estructuralista,
concebían al mercado libre como uno de autentica libre
competencia, con movilidad de capitales y tendencia a la
igualación de las cuotas de ganancia ramales, atacaban a
los grandes monopolios, su postura en general fue radical y
revolucionaria; mientras que los neoclásicos como Milton
Friedman, Hayek, Lucas, etc. tienen una visión micro,
estática y no estructural, defienden los
mercados oligopólicos y los monopolios, y su postura es
conservadora y reaccionaria. Pregonan también que el
progreso económico solo se logra con la apertura de los
mercados y con la postura de los Estados ha dejar libres a los
individuos para que compitan, se promete un aumento de la
productividad,
y una generación de riqueza sin poner trabas al
mercado.

En términos políticos, el neoliberalismo
como doctrina se basa en la democracia, en
el respeto a la
libertad
privada de los ciudadanos; tiene nula consideración en la
igualdad de
los aspectos sociales de los individuos, una tendencia a que
el Estado no
debe preocuparse por la asistencia social, la igualdad de
oportunidades, además de considerar de que el acceso a los
bienes y servicios sociales se logra sólo con el aumento
de la riqueza.

Al ser llevada al rango de ideología estatal, la teoría
económica neoclásica responde a los intereses de la
clase y los países dominantes.

En la dimensión de política
económica, la economía neoclásica se ha
presentado como un proceso de "desnacionalización
integral" tras una desregulación estatal y una
privatización económicas, en las que la
intervención del Estado y la
actitud a
favor de la "espontaneidad del mercado" buscan favorecer la libre
competencia que en la realidad no existe. Ha influido
también la regulación de los salarios, las
políticas de relación externa, y el
predominio del capital
dinero de
préstamo que consiste en la apropiación hecha por
el sector del capital de la masa de plusvalía global
generada por el sistema.

El concepto de
"desnacionalización integral" es introducido por
John Saxe-Fernández en un gran esfuerzo de construcción conceptual, el cual "sirve
para organizar y aumentar el entendimiento, sobre una vasta masa
de eventos, procesos y datos que se han
venido experimentando y acumulando en la relación de
México con
la economía mundial […] es un concepto que ayuda a
describir partes significativas de los procesos políticos
inducidos por la estrategia
económica, con importantes consecuencias internas y
externas". La "desnacionalización integral" se
caracteriza por una política de
desincorporación que se traduce en procesos
desnacionalizadores que tienen impactos profundos en el aparato
productivo y en la sociedad mexicana como un todo; se expresa
mediante el desmantelamiento de la función
rectora del Estado en la economía, la amplia e intensa
acción privatizadora y la apertura comercial; predomina
una "extranjerización" de la toma de decisiones en
materia de
política
económica, implicando la cesión de la soberanía, como una estrategia que
gira en torno a la deuda
pública y a la caída de la inversión pública destinada a apoyar
proyectos y
sectores estratégicos de la economía. "Cuando
hablamos de ‘desnacionalización
integral’, hacemos referencia precisamente al
desmantelamiento histórico que sufre el sector
público mexicano". La descapitalización que se
da en áreas económicas estratégicas se
traduce en desincorporaciones y entregas del aparato industrial
al capital de las redes empresariales globales y a sus socios
internos. "Ocurre la ‘desnacionalización
integral’ por medio del diseño
presupuestario impuesto por los
acreedores, en que el Estado se aparta de sectores
estratégicos del quehacer económico".

La privatización como expresión de la
economía neoclásica en tanto política
económica tiene como antecedentes en México la
añeja intervención del gobierno en la
economía que viene desde la consolidación del
capitalismo en
los últimos años del siglo XIX; en el caso de la
época histórica llamada Porfiriato se
carecía de un sistema productivo autónomo y de una
burguesía industrial fuerte por lo que el gobierno asume
distintas actividades económicas, después de la
lucha armada que derrocó al régimen de Porfirio
Díaz y que institucionalizó a una nueva
cúpula en el poder
político fueron mayores sus funciones
económicas y entonces se tuvo un recelo hacia la inversión
extranjera por el apoyo que habían entregado esos
países al gobierno Díaz para consolidar su dictadura. La
construcción de infraestructura, la
instrumentación de nuevas pautas del
sistema
financiero y el impulso a servicios sociales fue notable
desde la década de los veinte. Con el gobierno presidido
por Lázaro
Cárdenas se profundiza la reforma
agraria, se nacionalizan el
petróleo y los ferrocarriles, se crea la
Comisión Federal de Electricidad,
así como bancos estatales
de desarrollo. Para impulsar la industrialización del
país mediante el modelo de
sustitución de importaciones se
hizo necesaria dicha intervención, lo cual trajo
estabilidad económica, salarios e
ingresos
considerables y precios fijos
en medio de un régimen político clientelar,
corporativo y autoritario. Ya para 1970 se contaba con 272
empresas paraestatales, impulsándose la creación de
empresas productoras de bienes intermedios y bienes de
capital.

Es con la crisis estructural de la década de los
setenta como comienza a gestarse el agotamiento del modelo de
sustitución de importaciones,
entonces la intervención gubernamental se profundiza ante
la debilidad de la inversión privada, para lo cual se
requirió la elevación del gasto
público y el endeudamiento externo; las tasas de
crecimiento se mantuvieron altas pero la inflación, la
inestabilidad y los desequilibrios comerciales, monetarios y
financieros no se hicieron esperar, entonces la
intervención mostró sus límites
ante la crisis pues no se resolvieron las contradicciones de la
reproducción del capital. En estos
años de crisis, las empresas paraestatales crecieron de
manera anárquica tras el acaparamiento de empresas en
banca rota y tras
la combinación de proyectos de
desarrollo industrial donde intervenía tanto el gobierno
como el sector privado, todo esto bajo la creencia de que los
ingresos
petroleros vencerían las dificultades. En suma, es a
partir del sexenio presidido por Miguel de la Madrid Hurtado en
que se inicia este proceso de cambios profundos, aunque ya se
tenía el intento protagonizado en el gobierno de
José López Portillo, en el que se puso en
práctica la política económica dictada por
organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario
Internacional consistente en la reducción del gasto
gubernamental para disminuir el endeudamiento público e
impedir que los salarios suban al ritmo de los precios, al
tiempo que las empresas gozaban de amplia
protección.

Como ya se mencionó, la iniciativa privada y los
organismos financieros internacionales presionaron fuertemente
para instrumentar la privatización de las empresas, la
cual se realizó en dos tramos: el primero –centrado
en fusiones,
quiebras y venta– se
llevó acabo durante el gobierno de Miguel de la Madrid, en
el cual desaparecieron 743 entidades del sector
público de las 1155 existentes en 1982, mientras que
pocas fueron las privatizaciones durante este periodo
presidencial. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se
desincorporaron 191 empresas entre las que se encontraban las
más grandes y las más productivas. Sin embargo,
ante la corrupción
que privó en este proceso y tras sus efectos negativos,
las políticas privatizadoras siguieron aplicándose
en la
administración de Ernesto Zedillo, pues en 1995 se
inició el proceso para transferir empresas de los ramos
energético, comunicaciones
y transportes, servicios financieros y tecnología, entre las
que se pueden contar 61 plantas
petroquímicas, puertos marítimos, ferrocarriles,
aerolíneas y aeropuertos.

La privatización se ha visto influida por algunos
factores condicionantes tales como: el ser un proceso de
dimensiones mundiales; el ser un proceso forzado por la crisis
estructural de la década de los setenta la cual
exigía la desregulación; el inicio de un modelo de
acumulación caracterizado por la orientación del
sistema productivo hacia las exportaciones de
manufacturas, la apertura externa, la desregulación y la
redefinición y no desaparición del papel
económico del gobierno para otorgársele mayor
importancia al mercado; el ser un proceso inscrito en otro
proceso más amplio llamado Reforma del Estado y cambio
estructural de la economía.

Algunas justificaciones ideológicas que se
presentan en torno al fenómeno de la
privatización", son las siguientes: *se dice que el
gobierno dejó de intervenir en la economía, pero en
la realidad se dio una refuncionalización, un cambio en
sus actividades económicas; en muchos de los casos ahora
funge como el salvador, el socializador de las pérdidas y
quiebras privadas; "la privatización aparece como una
necesidad del progreso económico y social y su correlato
es el retiro del Estado de ciertas actividades, lo cual permite
su adelgazamiento, como una meta ideológica indiscutible,
pero fundada en las evidentes deficiencias de la acción
del Estado como elemento definitorio de la etapa anterior del
desarrollo. Esta es una visión polar que, a la luz de la
práctica se ha ido relativizando en los últimos
años pero que sigue siendo importante en el trasfondo
liberal de la ideología hoy dominante"; *se piensa que el
sector privado será el satisfactor de todos las
necesidades sociales sin tomar en cuenta a las víctimas
producidas por el sistema y mucho menos los desequilibrios que
puedan causar estas; se piensa que este proceso como
práctica dominante debe tener un carácter
"natural" y que debe ser aceptado por todos así sin
más, por lo que no se toman en cuenta las divergencias al
respecto; es un proceso llevado a acabo para contrarrestar la
corrupción
gubernamental y la ineficiencia de sus bienes y
servicios.

Las privatizaciones se han realizado como un mecanismo
económico sustentado en reformas jurídicas para
contrarrestar la caída en la tasa de ganancia del capitalismo y
de sus agentes operadores (las grandes empresas, los capitales
bancarios y financieros, y los dueños de los medios de
producción) en el contexto de la crisis global de este
modo de producción. Sin embargo, las rentabilidades
obtenidas en estos procesos de privatización no se asocian
al aumento de la capacidad de producción, pues se ha
observado que paralelamente se instrumentan operaciones de
fusiones y
adquisiciones para constituir monopolios a costa del
derrumbamiento de otras empresas tras la compra de sus acciones y
capital.

En este contexto de crisis de la economía global,
los procesos de privatizaciones, fusiones y adquisiciones tienden
a una mayor concentración y centralización del capital y de la riqueza
en pocas manos o firmas empresariales, y al mismo tiempo se
propicia el aumento en las desigualdades sociales. Con estos
procesos y transacciones se ha transitado de los monopolios
estatales a los monopolios privados. Las privatizaciones se
dieron en el contexto de fortalecimiento, consolidación y
expansión de los grupos
económicos concentrados a costa del debilitamiento y
estrangulamiento del Estado en tanto propietario de los medios de
producción, con la intención de detener la
caída en la tasa de ganancia tras la liberalización
de la economía y la comercialización de bienes y servicios
.

Si entendemos por privatizaciones a los procesos de
transferencia de bienes y servicios fuera del aparato estatal
hacia la sociedad, es decir, su traslado en cuanto a
producción y distribución a manos de empresas privadas o
estatales (regularmente de otros países) capitalistas,
tenemos que esto ha implicado una serie de contradicciones: La
primera y principal radica en el hecho de que se da una
contradicción entre la misión
histórica del capitalismo (aumento de la
producción) y las relaciones sociales de producción
que le corresponden (expropiación y empobrecimiento de la
masa de productores directos); la segunda consiste en que la
supuesta eficientización y discurso de la
calidad que se
divulgaba publicitariamente sobre las empresas privatizadas no se
a dado del todo en los hechos; tercera, al desarrollar la
lógica de la ganancia como empresas capitalistas
tenderán a caer en los fluctuaciones y perturbaciones de
los ciclos económicos anteriormente analizadas; cuarta: se
presentará una dialéctica consistente en la
concentración de capital (con actores que gozan de
capacidad de control y
decisión sobre la producción y precios,
además de la apropiación de recursos tanto a
nivel sectorial como global) por un lado, y por otro, en el
empobrecimiento y exclusión de grandes capas de la
población.

Un ejemplo de estos argumentos son las serie de
privatizaciones de los servicios urbanos que se realizaron a
partir de 1989 en la ciudad de Buenos Aires,
Argentina en el
contexto de la llamada Reforma Económica y la Reforma del
Estado. En estos procesos de privatizaciones se transfirieron a
pocas manos de capitales privados los servicios de agua y
cloacas, de energía
eléctrica, de gas, de
teléfonos, de transportes (trenes y metro o
subterráneo), el manejo de residuos sólidos;
control que supone una gran capacidad de decisión sobre la
gestión
urbana y sobre la modificación de las estructuras
sociales. Con dichas transferencias, debido a la condiciones en
que se realizaron los actuales propietarios de las empresas de
servicios han obtenido importantes ganancias; "las
telefónicas en sus primeros tres ejercicios tuvieron una
ganancia neta equivalente a 75 por ciento del precio que
pagaron por la empresa pública y Aguas Argentinas, luego
de una pérdida de 23 millones de dólares en el
primer ejercicio (ocho meses de 1993), logró una ganancia
de 25 millones en 1994, sobre la base de un capital social de 120
millones", en el otro extremo de la pirámide, este proceso
económico concentrador ha generado un crecimiento en
la pobreza de
la ciudad; "según datos oficiales, en la ciudad
metropolitana de Buenos Aires
existen tres millones de personas que viven por debajo de la
línea de pobreza. De
ellos, unos 470 mil no logran cubrir una dieta mínima de
subsistencia. En un año se incorporaron a la población que está por debajo de la
línea de pobreza unas 700
mil personas. Esa población se encuentra, mayoritariamente
en los municipios metropolitanos de lo que se llama el
‘segundo cordón’. Esa población con
dificultades para la sobrevivencia es llevada hacia la
exclusión de los servicios privatizados junto con los
demás componentes mercantiles de su reproducción.
Información periodística indica que
ha comenzado a producirse su salida de los servicios privatizados
esenciales, como el agua: se
calcula que 30 por ciento de la población incorporada con
la reciente expansión de la red ha dejado de pagar". Por
supuesto, todas estas cifras han evolucionado a raíz de la
recesión económica vivida por la Argentina en los
últimos años.

En el caso de México, el fenómeno de las
privatizaciones de empresas y servicios estratégicos aun
en propiedad del
Estado se presentará como una cuestión de seguridad
nacional y social; se atentará contra el carácter
público de los bienes y servicios al anteponerse el
interés
comercial; el interés de la sociedad no quedará
salvaguardado y menos aún la satisfacción de sus
necesidades. Supongamos y cuestionemos, en el caso de la
producción y distribución de energía
eléctrica ¿cuáles serán las
implicaciones que tendría su privatización cuando
en gran parte de las actividades de una ciudad es un elemento
impulsor de su desenvolvimiento en la satisfacción de
necesidades y en los procesos de las actividades productivas y de
servicios?, además, lo que se puede presentar es que los
nuevos propietarios no estén decididos a invertir en
localidades con poblaciones pequeñas donde anteriormente
el Estado abastecía el servicio, con
lo cual se aplicarían criterios de selección
y discriminación de los clientes pues se
priorizarán las poblaciones con un mayor número de
demandantes, o en casos extremos, se tendrán grandes
territorios y poblaciones a oscuras mientras se prioriza
satisfacer y librar la crisis energética que vive el
Estado de California en Estados Unidos.
Tan sólo piénsese que para 1995 de los 91,200,000
habitantes del país, 36,530,000 (40.1% del total)
habitaban en localidades menores a los 15,000 habitantes, dentro
de estos datos existían 193,268 localidades menores de mil
habitantes; mientras que los 54,670,000 individuos restantes se
localizaban en 481 localidades urbanas mayores a 15,000
habitantes, de estos, 23,300,000 (25.5%) habitaba en 28
metrópolis o ciudades mayores de 500,000 habitantes.
¿En caso de privatizarse la industria eléctrica,
resultará rentable para las corporaciones privadas
invertir en esas localidades con una población menor a los
15,000 habitantes considerando que existe una mala
distribución y dispersión de la población
mexicana?

En suma, las implicaciones pueden ser múltiples,
lo mismo en el caso de una posible privatización del
servicio de
agua potable,
tal vez se pretenda dejar de suministrar en estas localidades
puesto que la inversión para el mantenimiento
de la infraestructura y la distribución del servicio es
altamente costosa, además, se cuenta con el problema en la
Ciudad de México y su Zona Metropolitana consistente en
que en los mantos acuáticos o subterráneos se ha
realizado una sobrexplotaciçon incontrolada de los pozos y
generado consecuencias como el hundimiento de la ciudad en 40
centímetros por año y el agrietamiento del suelo ante su
desecación, es decir, ante la extracción de la
humedad del suelo,
además de dislocamiento de redes de servicios como
drenaje. La insuficiencia de agua está relacionada con el
incesante y constante crecimiento de la población, por lo
que no se genera el suficiente líquido, ante ello se
traslada desde otros lugares aledaños como el Sistema
Cutzamala ubicado en Valle de Bravo y constituido por ojos de
agua cuyo líquido es natural, además del Río
Lerma; de ambas fuentes se
reciben 35 metros cúbicos por segundo, lo cual representa
el 30% del agua distribuida y consumida en la Ciudad de
México y su zona conurbada, mientras que el 70% restante
es extraído de 5,000 pozos profundos y dos manantiales de
la cuenca del Valle de México cuya extensión
territorial es de 9,600 kilómetros cuadrados. Con el paso
del tiempo se tenderá a dejar sin abasto tal como sucede
hoy día a localidades cercanas a dichas fuentes
acuíferas ubicadas en el Estado de México, y tal
vez (tómese como hipótesis) se tienda a concentrar la
distribución del líquido tan sólo en la
megalópolis, lo cual aunado a la posible
privatización del servicio significaría
primeramente asegurar la satisfacción de la demanda en las
poblaciones con mayor número de clientes con el objetivo de
asegurar mayores ganancias, lo que representaría alejarse
del "interés público" del servicio; contribuyendo
también a la lógica de grandes privilegios de las
llamadas "ciudades globales" que son las que verdaderamente
están conectadas e interconectadas al mundo globalizado
debido a su alto poder
concentrador de funciones en actividades financiera,
académicas, tecnológicas, comunicacionales,
políticas, económicas, administrativas (centralización de decisiones y funciones
burocráticas tanto estatales como en empresas privadas) y
de esparcimiento.

Lo dicho en este último párrafo
corresponde a una necesidad de creación de escenarios y de
conocer las tendencias seguidas por el capital privado absorbedor
de lo público; por lo que lo mencionado en ese párrafo
debe considerarse como hipótesis a
complementarse y corroborarse empíricamente tanto con los
datos citados como con los futuros acontecimientos que se
desprendan del tema.

Tal parece que México después de los
resultados del 2 de julio de 2000 y del ascenso al poder de un
nuevo régimen caracterizado por el predominio de gerentes
y empresarios por encima de los políticos (1 de diciembre
del mismo año), vivirá como país, como
nación
y como proyecto
político una fuerte y profunda reconversión en su
estructura
económica concentradora y centralizadora de capital; esto
es, con el ascenso de una nueva cúpula gobernante
encabezada por Vicente Fox y su espectáculo
mediático la "cosa pública", el "interés
público", el patrimonio
nacional quedarán subordinados a la lógica del
mercado, al abaratamiento y a la entrega (hasta donde sea
posible) de los bienes y servicios propiedad de la nación
mexicana, y de los cuales depende la satisfacción de
necesidades básicas de toda la población,
así como la constitución con base en ellos de un
proyecto de
nación integral que no atenté contra la seguridad
nacional, social e individual. Para reforzar este comentario
debemos partir de la idea de que la política
económica neoliberal se aplica en todo el mundo, pero al
aplicarse se hace de manera distinta y en diferentes tiempos y
lugares, es decir, cuando se aplica en algunos países no
se aplica en otros para posteriormente dejarse de aplicar en los
primeros e instrumentarse en los segundos. En el caso de
México, la instrumentación de las políticas
privatizadoras y desreguladoras no tocaron fondo durante los
últimos tres gobiernos emanados del Partido Revolucionario
Institucional (P.R.I.), pues en cierta forma su persistencia en
el poder como clase política dependía de un
régimen corporativo-clientelar sustentado en el Estado de
Bienestar y en la posesión y control de empresas
paraestatales [abastecedoras de bienes y servicios tales como
teléfonos, transportes (aerolíneas, ferrocarriles,
e infraestructura de los mismos), energía
eléctrica, agua, petróleo,
petroquímica básica, industria
siderúrgica, Compañía Nacional de
Subsistencias Populares o CONASUPO, fertilizantes, productoras de
semillas agrícolas, banca para el desarrollo (Banrural y
Nacional Financiera)], es decir, la correlación de fuerzas
políticas y sociales al interior (políticos que
integraban la cúpula, caciques locales, sindicatos
tanto obreros como magisteriales, etc.) representaban
obstáculos para que los gobiernos presididos por Miguel de
la Madrid Hurtado (1982-1988), Carlos Salinas de Gortari
(1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000) no impulsasen al
extremo dichas políticas privatizadores, además de
que esas fuerzas jugaban el papel de
contrapeso ante ello y demandaban los beneficios propios de un
Estado de Bienestar (seguro social,
educación
pública, créditos para construcción de
viviendas, subsidios en alimentación y
transporte,
etc.). Al comenzar a desmantelarse este Estado de Bienestar, el
P.R.I. ya no representó una opción política
viable para amplios sectores de la población,
situación que fue aprovechada por la cúpula
empresarial para presentar un especie de mesías
mediático llamado Vicente Fox que tuviera como
objetivos el
capitalizar y detener ese descontento de la sociedad mexicana
para alcanzar el poder político y aunarlo al poder
económico para limpiar el escenario y contar con las
condiciones jurídicas y políticas propicias para
continuar y profundizar el desmantelamiento del patrimonio
nacional y por lo tanto, la desnacionalización de
México ante el predominio del capital financiero
internacional y la subordinación del capital nacional ante
las fuertes presiones de los principales países de la
Unión
Europea, el Japón y
los Estados Unidos,
cuyos objetivos
geopolíticos y geoeconómicos es el constituir a
México como un puente para la expansión y
dominación de sus capitales empresariales y financieros en
pugna hacia el resto de América
Latina y de comunidades enteras de indígenas que
aún no se encuentran insertos en la lógica
omniabarcadora del mercado y del capital.

Frente a estas tendencias, la misma sociedad tiene como
tareas el definir y valorar históricamente lo que
será considerado como "interés público" y
será sancionado jurídicamente como tal tras las
distintas correlaciones de fuerzas en los procesos
políticos y sociales. En cierta forma, lo que ha sucedido
en Argentina se debió a una modificación de la
valoración de la sociedad con respecto a los bienes y
servicios públicos pues se juzgó que no
debían seguir en manos del Estado sino que era necesario
encargarse a empresas capitalistas privadas para mejorar su
producción y distribución; con ello se
cambió el "interés general" por componentes
del mercado, es decir, por el "interés privado";
además de que las privatizaciones en ese país se
llevaron a cabo sin resistencias y
oposición de la sociedad puesto que estas ya habían
sido controladas, perseguidas, reprimidas y hasta desaparecidas
durante el régimen de las dictaduras militares entre los
años de las décadas de 1970 y 1980; en cierta
forma, estos regímenes autoritarios instaurados en
Sudamérica brindaron las condiciones necesarias tras
limpiar el camino para instrumentar posteriormente desde principios de la
década de los 90’s las políticas
económicas neoliberales.

Más aún, es necesario pensar, repensar y
conceptualizar a la "desnacionalización integral" como un
proceso en que la toma de decisiones de los procesos productivos
están a cargo de los consejos de administración y los analistas
simbólicos de las redes empresariales mundiales cuya
empresa matriz concibe a las empresas filiales ubicadas en
países periféricos como apéndices
minimizadores de los costes de producción. El caso
latinoamericano es ilustrativo sobre el cómo las empresas
y los bancos
privatizados al internacionalizarse están formando parte
de las redes empresariales y del sistema bancario
mundializado.

Isaac Enríquez Pérez

tema:

El autor es Sociólogo por la Facultad de
Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México.