- Antecedentes
Generales - El Acuerdo
Alcanzado - Reflexiones
fundamentales - Contenidos principales de un
compromiso para ser asumido por el pais
entero - Consideraciones
finales
1. Antecedentes Generales
En Agosto de 1999, el Supremo Gobierno
presidido por Eduardo Frei Ruíz – Tagle convocó, a
través del Ministro de Defensa Nacional, Sr. Edmundo
Pérez-Yoma a una "Mesa de Diálogo
sobre Derechos Humanos"
con el fin de "dialogar sobre el pasado que a todos nos duele; a
mirarnos de frente, a conversar con franqueza; a decirnos y
escuchar nuestras verdades y a hacer todos los esfuerzos que
demanda el
futuro compartido de la nación…", sin olvidar que "una tarea
pendiente es saber la suerte y paradero de los detenidos
desaparecidos y recuperar sus cuerpos para que sus familiares le
den sepultura…"
Vale la pena señalar que Pérez Yoma invita
a los participantes a abordar la "problemática de los
DDHH" desde diferentes perspectivas o ámbitos de
acción ; la revisión histórica, la verdad,
la justicia, el
perdón y la reparación.
Para el logro de este fin, el ministro Pérez –
Yoma invitó a representantes de distintas esferas; del
Ejército, de la Marina, de la Fuerza
Aérea, de Carabineros de Chile;
también convocó a lo que él llamara "fuerzas
morales", es decir, la Iglesia
Católica, la Comunidad
Judía, la Iglesia
Protestante, la Masonería. A ellos, se sumó un
sector de los abogados de familiares de detenidos y ejecutados
políticos, representantes del "mundo de las ciencias y
artes", es decir, un escritor, dos historiadores, un
científico y una psicóloga.
Destacamos, que los familiares de detenidos
desaparecidos, rehusaron la invitación a participar en
esta "Mesa". Según Mireya García, vicepresidenta de
la "Agrupación de detenidos Desaparecidos" la razón
de la no participación de esta agrupación, obedece
a que :"Es improcedente que el Gobierno pretenda
encontrar vías de solución a los casos de Detenidos
Desaparecidos, que no sean las legales. Nuestras leyes, nuestros
tribunales deben ser los encargados de hacer justicia,
frente a las atrocidades cometidas. No es necesario ni
ético buscar instancias paralelas…"
1.2 Participantes
La "Mesa" estuvo compuesta por las siguientes
personas:
Convocantes:
Edmundo Pérez Yoma, Ministro de Defensa
Nacional.
Angel Flisfisch Fernández, Subsecretario de
Aviación.
Luciano Foulliuox Fernández, Subsecretario de
Carabineros.
Mario Fernández Baeza, Asesor Ministro de Defensa
Nacional.
Expositores: (ordenados por fecha de exposición)
31 de Agosto:
Pamela Pereira: Abogada de derechos humanos,
miembro del Partido Socialista.
Gonzalo Vial: Historiador y abogado, ex ntegrante de la
Comisión Verdad y Reconciliación, uno de los
autores del "Libro Blanco
de la Junta Militar".
Juan Carlos Salgado: Brigadier General del
Ejército, director del Centro de Estudios e Investigación Militar (CESIM).
Guillermo Blanco: Periodista, Premio Nacional de
Periodismo
1999
Sergio Valech: Obispo auxiliar de Santiago, Vicario de
la Pastoral Social, ex Vicario de la Solidaridad.
7 de Septiembre:
Jaime Castillo Velasco: Presidente de la Comisión
Chilena de Derechos Humanos y miembro
del Partido Demócrata Cristiano.
Alex Waghorn: Contra almirante de la Armada, jefe de la
Primera Zona Naval.
Sol Serrano: Historiadora, ex integrante del Consejo
Nacional de Televisión
representando al Partido Demócrata Cristiano.
Neftalí Aravena: Obispo de la Iglesia Metodista
de Chile.
14 de Septiembre:
Claudio Teitelboim: Físico, Premio Nacional de
Ciencias.
José Ignacio Concha: General de Brigada de la
Fuerza
Aérea de Chile, jefe de personal de la
FACH y comandante en jefe de la Segunda Brigada a cargo de la
guarnición aérea de la Región
Metropolitana.
Héctor Salazar: Abogado de derechos humanos,
integrante del equipo jurídico de la Fundación de
Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) y ex colaborador
de la Vicaría de la Solidaridad.
Elizabeth Lira: Psicóloga, ex colaboradora de
FASIC y del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y
Derechos Humanos (ILAS).
Jorge Carvajal: Gran Maestro de la
Masonería.
24 de septiembre:
Roberto Garretón: Abogado, Relator de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos en el Congo.
Reinaldo Ríos: General de Carabineros, jefe de la
Dirección de Drogas y
Prevención Delictual.
Dany Simonsohn: Presidente de B’nai B’rith
Internacional (remplazado por Leon Cohen en la última
sesión).
José Zalaquett: Abogado, ex miembro de la
Comisión de Verdad y Reconciliación, miembro del
Partido Por la Democracia
(PPD).
Coordinadores: (designados para dicha función
por el Ministro de Defensa Nacional el 27 de agosto de
1999.)
Gonzalo Sánchez García-Huidobro: Abogado,
secretario general de la Universidad
Alberto Hurtado.
Jorge Manzi Astudillo: Psicólogo, ex director de
la Escuela de
Psicología
de la Universidad
Católica.
Las primeras sesiones de la "Mesa de Diálogo", se
produjeron en un contexto de mucha expectación, con
manifestaciones de repudio en la calle por parte de organizaciones de
derechos humanos y la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos. Sin embargo, "la mesa" sesionó
entre el 21 de Agosto de 1999 y el 13 de Junio del 2000, llegando
a un acuerdo cuyas conclusiones han sido variadas.
1.3 Respecto de la Participación de las FFAA y
de orden en la "Mesa".
En la exposición
inicial del Ejército ante los integrantes de la mesa se
dejó constancia explícita de las motivaciones y
propósitos que animaron la decisión de su
participación. En tal sentido señalaron que, "como
ha sido durante toda su conducta
histórica, el Ejército de Chile se encuentra
profundamente comprometido con el futuro de nuestro país;
en tal sentido, tanto las funciones
manifiestas que se le asignan en la Carta
Fundamental y cuerpos legales vigentes, como las funciones
latentes, que son las que la sociedad chilena
percibe que deben cumplir sus Fuerzas Armadas, tienen una fuerte
vinculación con la unidad e intereses
nacionales…"
En relación al objetivo de la
participación de uniformados en la "Mesa",
señalaron : "desde un principio nuestro objetivo en la
Mesa de Diálogo fue amplio, pues se refería
justamente a aquellos anhelos que, como país, todos
debemos perseguir: el logro de la paz social y la
identificación de cada chileno con la patria. Las
debilidades en estos consensos básicos, sostuvimos,
afectan la convivencia nacional, la imagen del
país, su desarrollo y,
por ende, la defensa nacional, que es la esfera de acción
más propia en que se desenvuelven nuestras Fuerza
Armadas…"
En cuanto al tema de los DDHH en Chile,
señalaron. " el tema de los derechos humanos no puede
limitarse sólo a un enfoque parcial e interesado, como
tampoco que sea monopolizado por un sector específico de
la sociedad. Ello,
por cuanto la problemática afecta sin duda a todas
aquellas particulares ideologías y organizaciones
políticas que de algún modo los han
atropellado, o que contribuyeron directamente a que en una etapa
de nuestra historia fueran vulnerados.
Asimismo, su respeto y
protección interesa a todos los chilenos; promoverlos es
un deber de cada ciudadano. Es en razón de lo anterior que
estamos sinceramente convencidos de que la responsabilidad de los sucesos acaecidos en las
últimas décadas no sólo involucra a miembros
de las instituciones
de la defensa y a civiles que, en su momento, optaron por la
lucha armada, sino que incluye a los actores de todo el cuerpo
social que, por acción u omisión, crearon las
condiciones que desembocaron en los hechos de todos
conocidos…"
El 13 de Junio del año 2000, en una ceremonia y
rodeado de los 24 integrantes de la Mesa de Diálogo, el
Presidente Ricardo Lagos dio a conocer el acuerdo final: se
determinó un plazo de seis meses para que las Fuerzas
Armadas, representantes del poder civil y
religioso entreguen antecedentes para dar con el paradero de los
detenidos desaparecidos, manteniendo el anonimato de las fuentes, y una
condena al uso de la violencia
política
en todos sus géneros.
A continuación se expondrá el documento
emitido por los participantes :
"La Mesa de Diálogo fue convocada por el Supremo
Gobierno porque subsiste entre los chilenos un desencuentro que
dificulta que el país avance unido hacia el
futuro.
Chile sufrió, a partir de la década de los
60, una espiral de violencia
política,
que los actores de entonces provocaron o no supieron evitar. Fue
particularmente serio que algunos de ellos hayan propiciado la
violencia como método de
acción política. Este grave conflicto
social y político culminó con los hechos del 11 de
septiembre de 1973, sobre los cuales los chilenos sostienen,
legítimamente, distintas opiniones.
Sin embargo, hay otros hechos sobre los cuales no cabe
otra actitud
legítima que el rechazo y la condena, así como la
firme decisión de no permitir que se repitan. Nos
referimos a las graves violaciones a los derechos humanos, en que
incurrieron agentes de organizaciones del Estado durante
el gobierno militar. Nos referimos también a la violencia
política cometida por algunos opositores al régimen
militar.
En especial nos preocupa hondamente la tragedia,
aún no resuelta, de los detenidos desaparecidos. Es
imperativo y urgente contribuir a superar este problema. Ello
requiere de parte de todos un espíritu de grandeza
moral que nos
permita concordar medidas efectivas para ese fin.
Con miras a propiciar dicho espíritu y, en
general, de avanzar hacia un reencuentro nacional, representantes
de las FFAA y Carabineros, abogados de derechos humanos,
autoridades de entidades éticas y personeros de la
sociedad
civil, han trabajado por largo tiempo en esta
instancia de diálogo, reconstruyendo espacios de confianza
sobre la base de la tolerancia y la
franqueza.
Debemos comenzar por explicitar las lecciones morales
que se desprenden de nuestra historia
reciente:
El país necesita hacer todo lo humanamente
posible para que nunca más se recurra a la violencia
política o se violen los derechos de las personas en
nuestra patria.
Reafirmamos que es condición del estado de derecho
que el ejercicio legítimo de la fuerza quede entregado
exclusivamente a los órganos competentes en un sistema
democrático, como también el rechazo absoluto de la
violencia como método de
acción política. Se hace indispensable desterrar y
rechazar, de manera categórica, cualquier forma de acceso
al poder por
vías distintas de las democráticas.
Aseveramos, asimismo, que la defensa del estado de derecho
y en particular el respeto de los
derechos fundamentales de todos los habitantes de la
República, en todo tiempo y
circunstancia, es sustento ético de las instituciones
de la Nación.
Es necesario formar y educar a nuestras generaciones
futuras en el debido respeto de los derechos de las personas.
Para ello, se deben incorporar o reforzar, en todos los
ámbitos de la enseñanza nacional, los contenidos del
Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario.
La solución del problema de los detenidos
desaparecidos requiere de la ubicación de sus restos
mortales, cuando ello sea posible, o que se establezca, en todo
caso, su destino. Si conseguimos ese objetivo habremos cumplido
con el deber de dar paz de espíritu -en alguna medida- a
sus familiares. Sin embargo, la necesidad de conocer el paradero
de los detenidos desaparecidos trasciende ese deber;
también tiene como propósito que el país
tome conciencia, de
manera concreta, de aquello que no debe repetirse.
CONTENIDOS
PRINCIPALES DE UN COMPROMISO PARA SER ASUMIDO POR EL PAIS
ENTERO
Con el fin de superar los problemas del
pasado y avanzar hacia el reencuentro de todos los chilenos,
llamamos a realizar un gran esfuerzo nacional que comprometa muy
activamente a las más altas autoridades del país, a
las instituciones civiles, militares, religiosas y éticas,
así como a la comunidad
nacional en su conjunto, en la tarea de encontrar los restos de
los detenidos desaparecidos o, cuando ello no sea posible,
obtener al menos la información que permita clarificar su
destino.
Condiciones generales sobre la información:
– Con el objeto de obtener información
útil y conducente para establecer el paradero y destino de
los detenidos desaparecidos, proponemos que se dicten
disposiciones legales que establezcan el secreto profesional en
los términos que se señalan más
adelante.
– La Mesa de Diálogo declara que quien oculte la
información que pueda tener sobre el paradero o suerte de
los detenidos desaparecidos incurre en una conducta
moralmente condenable y antipatriótica, sin perjuicio de
que ella puede ser constitutiva, de acuerdo a la
legislación vigente, de los delitos de
perjurio, falso testimonio u obstrucción a la justicia.
Igualmente, quienes entreguen información falsa o
tendenciosa, pueden incurrir en los delitos de
calumnia o denuncia calumniosa.
Respecto de las Fuerzas Armadas y Carabineros de
Chile:
– Las instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros
se comprometen solemnemente a desarrollar, en un plazo de seis
meses, desde que entre en vigencia la legislación que
proponemos, los máximos esfuerzos posible para obtener
información útil para encontrar los restos de los
detenidos desaparecidos o establecer su destino. La
información que por esta vía obtengan, será
entregada al Presidente de la República.
– Las personas que reciban o recaben esta
información estarán amparados por el secreto
profesional, conforme al cual no estarán legalmente
obligados a señalar su fuente, quedando de este modo en
reserva la identidad del
informante. Quienes violen este secreto profesional
deberán ser sancionados de acuerdo a la legislación
vigente.
– La Mesa de Diálogo acoge la afirmación
de los mandos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, en el sentido
de que sus respectivas instituciones no cuentan actualmente con
esa información, pero están dispuestas a colaborar
en su obtención.
Respecto de las instituciones religiosas y éticas
presentes en esta Mesa de Diálogo:
Las autoridades de instituciones religiosas y
éticas presentes en la Mesa de Diálogo, se
comprometen a colaborar en esta tarea en el mismo plazo
establecido. Asimismo, promoverán mecanismos para que sus
respectivas instituciones puedan recibir información
útil y conducente, que se quiera hacer llegar por esa
vía, para lo cual gozarán igualmente de la facultad
legal de no revelar sus fuentes de
información. La ley deberá
establecer las categorías de personas que detentan las
prerrogativas del secreto. Los antecedentes que por esta
vía se obtengan, serán entregados al Presidente de
la República.
Respecto de los poderes del Estado, se
solicita lo siguiente:
Al Poder
Ejecutivo:
– Que proponga, en el más breve plazo posible al
Congreso Nacional y con la urgencia del caso, las modificaciones
legales necesarias con el objeto de establecer el secreto
profesional para quienes reciban o recaben información
sobre el paradero de los detenidos desaparecidos.
– Que disponga de los recursos materiales y
humanos que requieran las diferentes instancias y organismos que
estén llamados a participar en este Esfuerzo
Nacional.
– Que solicite a la Excelentísima Corte Suprema
la designación de los Ministros en Visita que
correspondan, una vez recibida la información
pertinente.
Al Congreso Nacional:
– Que otorgue la máxima prioridad al proyecto de
ley que
proponga el Presidente de la República en orden a
establecer el secreto profesional.
A la Corte Suprema de Justicia:
– Que designe Ministros en Visita a fin de que se
aboquen y otorguen especial atención a las causas que, con motivo de la
información remitida por el Presidente de la
República, sea necesario instruir para los fines de
aclarar el paradero de los detenidos desaparecidos. En aquellos
casos en que la nueva información corresponda a procesos que
se encuentran en actual tramitación, ésta
deberá remitirse al tribunal correspondiente.
– Que instruya a los Ministros en Visita para que las
causas sean tramitadas con la mayor expedición posible,
especialmente en lo referente a la localización,
exhumación, identificación, establecimiento de la
data y causas de la muerte,
así como la entrega de los restos a sus familiares, todo
ello de acuerdo con la legislación vigente.
Solicitamos al señor Presidente de la
República, como máxima autoridad de
la Nación, que una vez finalizada la vigencia de las
medidas propuestas, evalúe los resultados del conjunto de
estos esfuerzos y, si lo estima necesario, las prorrogue por
otros seis meses.
Le solicitamos asimismo, que luego de esa evaluación
y si lo estima necesario, impulse medidas complementarias para
conseguir los objetivos
propuestos. Con ese fin, la Mesa de Diálogo pone a su
disposición el conjunto de sus estudios y debates sobre
medidas analizadas, aunque no acordadas, que pudiere considerar
viables.
Con esta declaración se pretende asumir nuestro
pasado. Comprendemos que es injusto traspasar a los
jóvenes los conflictos y
divisiones que han dañado al país.
El espíritu que nos anima es legar a las nuevas
generaciones de chilenos una cultura de
convivencia basada en la libertad, la
verdad, la tolerancia y el
respeto.
La Mesa de Diálogo estima que, sobre estas
premisas se pueden crear las condiciones que efectivamente
contribuyan a la unidad nacional y a profundizar las bases de la
convivencia entre todos los chilenos."
3. Repercusiones del Acuerdo
3.1 Abogados de Derechos Humanos
Los primeros en dar su opinión acerca del acuerdo
logrado por los participantes de la mesa de diálogo fueron
los abogados pertenecientes agrupaciones de derechos humanos
cuyas causas se encuentran aun en tribunales. Con fecha un
importante grupo de
abogados señalaron: " En esta instancia no estuvieron, ni
participaron representados, quienes tienen el más
legítimo derecho a pronunciarse sobre las violaciones a
los derechos humanos en nuestro país, esto es las
Agrupaciones de Familiares de las Víctimas de dichas
violaciones. Tampoco estuvieron representados los abogados de
derechos humanos que creemos necesariamente en la justicia como
el único medio de reparar los aberrantes crímenes
cometidos y como el mejor mecanismo para llegar a la
verdad."
"Los abogados presentes en esta Mesa han actuado a
título estrictamente personal ya que
sus planteamientos no representan el compromiso que desde siempre
y en forma inalterable hemos mantenido los abogados de derechos
humanos, ni reflejan el contenido de la Doctrina Internacional de
los derechos humanos contemplada en los diversos Tratados y
Convenciones vigentes aprobados por la comunidad internacional y
ratificados por Chile."
"Esta Mesa se autoarroga la representatividad de la
sociedad
civil, sin tenerla, la cual por el contrario a lo
concluído por esta instancia, en repetidas oportunidades
incluso en los actos de proclamación del actual
Presidente, se ha pronunciado masivamente por la verdad, la
justicia, expresada en la demanda de
juicio a Pinochet."
Respecto del contexto histórico, como parte
fundamental de la discusión sostenida, los abogados
concluyen: " El mencionado documento incurre en una grosera
tergiversación histórica al explicar el Golpe de Estado
que derrocó al Presidente Salvador Allende como una
consecuencia de la "espiral de violencia política" que se
habría iniciado en la década de los 60, minimizando
igualmente la gravedad de tal acto de fuerza al calificarlo
simplemente como " los hechos del 11 de septiembre de 1973",
"hechos" que los autores de la declaración se encargan de
legitimar. Igualmente, nos preocupa de manera especial que la
declaración de la Mesa de Diálogo reduzca las
responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos
cometidas durante la Dictadura solo
a ciertos "agentes de organizaciones del Estado", pasando por
alto que dichas violaciones tuvieron un carácter
sistemático siendo planificadas, ordenadas y ejecutadas
por las más altas autoridades valiéndose de todos
los medios que les
proporcionaba el poder del Estado. Tal criterio es contrario a lo
señalado por el Informe de la
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación el
cual arroja una gran conclusión respecto al carácter y
naturaleza de
las violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro
país " que en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el
11 de marzo de 1990, existió una situación de
violación grave, masiva y sistemática de los
derechos humanos", lo cual constituyó terrorismo de
Estado, incluso realizando acciones que
violaron la soberanía de otros Estados."
Respecto a las propuestas formuladas por los
participantes de la mesa, señalan : "el "compromiso"
asumido por los integrantes de la Mesa de Diálogo se
traduce exclusivamente en un llamado a " encontrar los restos de
los detenidos desaparecidos" o a " clarificar su destino" dejando
absolutamente de lado la necesidad de hacer justicia en esta
materia, como
lo exigen por lo demás los tratados
internacionales sobre derechos humanos en que Chile es
parte.Las medidas que propone la Mesa de Diálogo para
encontrar los restos de los detenidos desaparecidos, y no para
hacer justicia, conducen directamente a la más abierta
impunidad: por una parte, se dejaría en manos de las
Fuerzas Armadas y Carabineros, principales responsables de los
ilícitos cometidos, la tarea de recopilar
información útil al efecto; por otra se
garantizaría la reserva de la identidad de
los informantes, incluso de aquellos que hayan sido responsables
de los graves delitos cometidos en contra de los detenidos
desaparecidos. Y la culminación de todo esto sería
la designación de Ministros en Visita, cuya función se
limitaría a: aclarar el paradero de los detenidos
desaparecidos, cumpliendo una labor meramente
arqueológica, renunciando a su deber jurisdiccional
básico de conocer, juzgar, y hacer ejecutar lo juzgado. De
concretarse las medidas propuestas por la Mesa de Diálogo,
la que ha contado con el impulso y beneplácito de la
derecha, es de temer un rápido punto final a través
de la aplicación de la autoamnistía de 1978, en los
numerosos procesos
criminales seguidos en contra de Augusto Pinochet Ugarte y otros
responsables de secuestros, asesinatos y torturas, perpetrados
durante la dictadura
militar."
Los abogados, declaran públicamente que el
"espíritu" de la mesa, está dado por el mantenimiento
de la injusticia y la impunidad, declarando los siguiente : "
En relación al espíritu de la Mesa
Consecuente con lo anteriormente mencionado, los integrantes de
la Mesa de Diálogo manifiestan, que los anima el
espíritu de " legar a las nuevas generaciones de chilenos
una cultura de
convivencia basada en la libertad, la
verdad, la tolerancia y el respeto", pero olvidan, por completo,
cualquier referencia a una cultura fundada en la justicia.
Finalmente denunciamos el verdadero móvil de la Mesa de
Diálogo, cual es el de obtener que el máximo
tribunal de nuestro país, la Corte Suprema de Justicia
revoque la decisión histórica del Pleno de la Corte
de Apelaciones de Santiago, que aprobó el desafuero de
Augusto Pinochet Ugarte. En consecuencia llamamos a los chilenos
y chilenas a rechazar los acuerdos de la Mesa de Diálogo
por ser todos ellos contrarios a los postulados fundamentales de
los derechos humanos y que solo tienden a entorpecer los logros
ya obtenidos en esta difícil lucha de años por la
verdad y la justicia valores
inalienables para la construcción de una verdadera y
auténtica democracia en
nuestro país."
3.2 Declaraciones del ejército de Chile en
relación al acuerdo final.
El Ejército declaró públicamente su
satisfacción por la participación que la
institución tuvo en la "Mesa", señalando que la
principal motivación
para participar de ella era "el compromiso con el futuro del
país y el permanente afán de contribuir a crear
mejores condiciones de entendimiento, reconciliación y
unidad familiar…".
En un artículo publicado por FLACSO – Chile
llamado "Nuevo gobierno : desafíos de la
reconciliación. Chile 1999 – 2000", fuentes del
ejército señalaron: "Independientemente de los
juicios u opiniones que legítimamente puedan tener quienes
no participaron o no se sintieron representados en esta instancia
de diálogo, respecto de la forma en que la
declaración recogió las reflexiones sobre el
contexto histórico o del reconocimiento de los hechos que
inciden en el desencuentro que motivó la convocatoria de
la Mesa de Diálogo, el Ejército de Chile sostiene
que no se puede pretender que la violencia en general y las
violaciones de los derechos humanos en particular correspondan
sólo a una parte de nuestra sociedad, ni menos que
ésta pueda continuar dividida entre víctimas y
victimarios…"
"En ese contexto, los integrantes de la mesa nos
esmeramos en sustraemos de una visión de "suma cero" que
algunos sectores aún mantienen respecto de sus posibles
resultados; los fines que se buscaron siempre excedieron los
intereses de las partes involucradas, ya que es con la sociedad
toda con la cual nos hemos comprometido al entrar en esta
instancia de diálogo…"
En relación al acuerdo alcanzado por sectores tan
disímiles ideológicamente señalan :"Asumida
una responsabilidad compartida en torno a los
hechos más graves que afectaron nuestra convivencia
nacional, resultaba imprescindible concitar la adhesión
mayoritaria de todos los sectores para enfrentar con generosidad,
coraje y decisión medidas que eviten que persistan en el
tiempo situaciones cuya evolución podría desencadenar en
inestabilidad o en un clima de
confrontación político social que nadie desea para
el país y que las futuras generaciones no merecen
heredar…"
3.3 Intervención del Presidente de la
República
Una vez conocido el "Acuerdo" de los participantes de la
"Mesa", el Presidente de la República, se manifestó
públicamente a través de un discurso
pronunciado vía cadena nacional de televisión; en un clima social
cargado de incertidumbre y de contramanifestaciones, Lagos
indicó : "Hoy estamos dando un gran paso en el camino de
nuestra reconciliación como nación. He recibido los
acuerdos de la mesa de Diálogo, con los que se ha
concluido un trabajo serio, dedicado, que se prolongó
durante varios meses.
En esta mesa están presentes abogados defensores
de casos de derechos humanos, representantes de las Fuerzas
Armadas, representantes de la diversidad religiosa, cultural,
política de nuestro país, intelectuales y
científicos. La diversidad de Chile, esa diversidad que es
la riqueza de la patria, se expresó en estos 24 hombres y
mujeres.
Fueron capaces de llegar a un texto de
acuerdo, que es lo que se me ha entregado y que -por cierto-
daré a conocer a la ciudadanía." Asimismo
señaló que "Este acuerdo no establece una historia
oficial ni puede haber una historia oficial, porque nunca en
nuestra historia ha habido una sola versión sobre los
hechos del pasado…" dando cuenta así de la dificultad
para el logro de los acuerdos y la necesidad de hacer una
revisión histórica de los sucesos acontecidos antes
y durante la dictadura
militar.
4. Resultados de la Mesa tras seis meses de
investigación
La información que las Fuerzas Armadas entregaron
al Presidente Lagos sobre el destino y paradero de 200 detenidos
desaparecidos de un total de 1,009 casos contenidos en el
Informe
Rettig, fue recopilada durante seis meses por las Fuerzas Armadas
como parte de los compromisos asumidos en la Mesa de
Diálogo en la que participaron diferentes confesiones
religiosas como la católica, la evangélica, la
masona y la judía, quienes tenían
información sobre los detenidos desaparecidos por el
papel que
jugaron durante el régimen militar. 180 de estos casos se
encuentran individualizados con nombre completo y fecha de
muerte, y los
otros 20 no han podido ser identificados.
Algunos de los resultados se produjeron entre Enero, y
Marzo; se encontraron restos óseos en Cuesta Barriga. Los
resultados entregados por el Servicio
Médico Legal (SML) determinaron que por lo menos dos de
los cadáveres correspondían a los dirigentes del
Partido Comunista, Horacio Cepeda Marincovick y Juan
Fernández Ortiz Letelier, hecho que otorgó
credibilidad inicial al informe de las Fuerzas Armadas y al
proceso
llevado a cabo por la Mesa de Diálogo Cepeda Marincovick y
Fernández Ortiz Letelier, entre otros 13 miembros del
Comité Central del Partido Comunista, fueron detenidos y
desaparecidos en 1976.
No obstante, y con posterioridad a estos primeros
resultados, el trabajo del
SML se vió obstruido al comprobarse que nuevos hallazgos
de restos de personas desaparecidas y ejecutadas no eran ubicadas
en los lugares señalados por los oficiales de las Fuerzas
Armadas. Los primeros en poner en duda la veracidad de la
información, fueron los familiares de las
víctimas.
Según los grupos de
derechos humanos y de familiares de las víctimas, la
información entregada al Presidente Lagos por las Fuerzas
Armadas "ha sido falsa y tiene como objeto establecer las bases
para el punto final". En este sentido se trataría de un
"fraude" a la
opinión
pública y una maniobra para restar credibilidad a las
organizaciones encargadas de las investigaciones.
Por su parte, sectores políticos conservadores
consideran que en esta materia son
intereses políticos los que alargan artificialmente el
debate en
torno a temas de
derechos humanos. Sin embargo, el Gobierno desechó dicha
hipótesis. Declaró que se hacen los
más grandes esfuerzos para solucionar el problema, por lo
que se estudia el establecimiento de algún tipo de
reparación para las víctimas o sus familiares.
Asimismo, informó que se ha presentado una solicitud para
revivir la extinta Corporación Nacional de
Reparación y Reconciliación, que hasta diciembre de
1996 era la encargada de gestionar esos beneficios en base al
informe de la Comisión Rettig.
Por otro lado, el sobreseimiento de casos en
trámite ante las cortes marciales, en particular el
sobreseimiento del caso del General (r) Augusto Pinochet por
razones de salud y la
designación de los jueces para las causas pendientes por
la Corte Suprema fueron un factor de conflicto.
Finalizado este último proceso, se
estableció que son 900 los casos abiertos por
detención-desaparición y ejecuciones
extrajudiciales de políticos. La Corte Suprema ha contado
170 causas ante las Cortes de Apelaciones y la Corte Marcial y de
la Armada. Con antecedentes del Informe Rettig y de la ex
Corporación Nacional de Reparación y
Reconciliación, se completará la información
recabada en el catastro del Poder Judicial
sobre causas de detenidos desaparecidos, a fin de precisar el
número de jueces con dedicación exclusiva que se
nombrarán para investigarlas.
En un momento el propio Presidente Ricardo Lagos
calificó como "negativo" el avance de la búsqueda
de restos de detenidos desaparecidos. La ex Corporación de
Reparación sería la encargada de cotejar y precisar
los datos contenidos
en el informe de las Fuerzas Armadas sobre el paradero de los
detenidos desaparecidos.
Oscar E. Peralta A.