Agregar a favoritos      Ayuda      Português      Ingles     
 Página anterior Volver al principio del trabajoPágina siguiente 

El crédito fiscal (página 2)

Enviado por Moises Castillo



Partes: 1, 2

CAPITULO I

ASPECTOS TEÓRICOS DE LA TRIBUTACIÓN

  1. El Derecho Fiscal.

El Derecho Fiscal es una rama del Derecho Administrativo y éste, a su vez, del Derecho Público. Tiene que ver con el establecimiento de contribuciones, derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos ( y en sí con cualquier concepto por el cual la autoridad tiene derecho a percibir un ingreso para solventar el gasto público), así como la relación jurídica con el contribuyente, en referencia a su correcto cumplimiento, incumplimiento, procedimientos contenciosos y aplicación de sanciones, en su caso.

Podemos identificar que el Derecho Fiscal se distingue de las demás ramas del Derecho por las siguientes características:

  • La naturaleza de la obligación tributaria.
  • Los sujetos responsables.
  • La facultad económico-coactiva.
  • La exención fiscal.
  • Las sanciones ejercidas.
  • La garantía en caso de litigio.

Cada una se definen a continuación:

La naturaleza de la obligación tributaria. A diferencia de las otras ramas del Derecho, en el derecho fiscal la obligación de cobrar recae en la hacienda pública y la obligación de pagar queda a cargo del contribuyente, es decir, es una función especifica del Derecho Fiscal.

Los sujetos responsables. A diferencia del derecho privado los sujetos responsables en materia fiscal pueden no ser los sujetos ejecutores; en ocasiones los sujetos pueden ser distintos a los causantes principales (sujetos solidarios, Art. 26 del Código Fiscal de la Federación (CFF).

La facultad económico-coactiva. Exclusiva de la hacienda pública, es la facultad que implica que la autoridad puede, en determinado momento, hacer efectivos los adeudos fiscales sin que necesariamente el particular esté de acuerdo o pueda ofrecer resistencia (embargo y secuestro de bienes).

La exención fiscal. A diferencia del derecho privado la autoridad puede, en un momento dado, eximir de la obligación a cierto número de contribuyentes.

Las sanciones ejercidas. A diferencia de las otras ramas del derecho, el derecho fiscal contiene en un solo ordenamiento el Código Fiscal de la Federación, las sanciones que puede en un momento dado imponer la autoridad ejecutora.

La garantía en caso de litigio. En caso de que el contribuyente entre en litigio con la autoridad, éste deberá, a diferencia de las demás ramas del Derecho, ofrecer garantías para cubrir, en caso de que la sentencia dictada por el juez no le favorezca, el pago correspondiente del Crédito Fiscal a su cargo.

La relación del Derecho Fiscal con las otras ramas del Derecho consiste en que el derecho fiscal se fundamenta en el Derecho común, ya que ocasiones para solucionar problemas de índole fiscal debe consultarse el derecho constitucional, el penal, el mercantil, el civil, etcétera; además, de cada rama toma una buena cantidad de conceptos y es gracias al conocimiento de dichas ramas que se pueden resolver ciertas problemáticas de los contribuyentes.

El Derecho Fiscal toma principios del derecho constitucional como el de obligatoriedad, legalidad de las leyes, no retroactividad, proporcionalidad y equidad, entre otros.

En lo que respecta al derecho mercantil, el derecho fiscal se fundamenta en la Ley General de Sociedades Mercantiles; la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, Patentes y Marcas; el Código de Comercio y sus respectivos reglamentos.

Del Derecho Civil, ha tomado el código civil considerando conceptos como persona física y moral, obligaciones, residencia, domicilio, embargo, caducidad y prescripción, etcétera.

En cuanto al Derecho Laboral, ha tomado conceptos como salario, hora extra, trabajador de confianza, relación laboral, leyes y fundamentos como la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Ley del Instituto Nacional para el Fomento de la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT).

El Derecho Fiscal ha tomado del derecho penal el concepto de fraude así como los relativos a infracciones y sanciones.

En lo que se refiere al Derecho Financiero, el Derecho Fiscal utiliza conceptos como operaciones financieras derivadas, así como la legislación relacionada con el sistema financiero.

El Derecho Procesal participa en el derecho fiscal en lo relativo a recurso administrativo (recurso de revocación) así como a juicios ante tribunales administrativos.

Entonces, en conclusión, podemos agregar que el Derecho Fiscal regula no solamente la obligación del contribuyente de entregar una cantidad de dinero al Estado en virtud de haber causado un tributo, misma que esté puede exigir coercitivamente en caso de falta de pago oportuno; sino que prevé, además, otro tipo de obligaciones a cargo tanto del propio contribuyente como de terceras personas, concebidas para hacer eficaz la obligación a que nos hemos referido en primer lugar. Este otro tipo de obligaciones son de naturaleza administrativa o de policía tributaria y sin ellas la obligación derivada de la causación del tributo difícilmente podría hacerse efectiva.

Una vez definido lo que es el Derecho Fiscal es necesario que se analicen los principios constitucionales que dan origen y legalidad a dicha ley.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) es el principal ordenamiento en materia fiscal. Todo profesional responsable debe de comenzar aquí el estudio relacionado con los impuestos. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece que:

"Es obligación de todos los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la federación, los estados y los municipios en que residan, de manera proporcional y equitativa según dispongan las leyes respectivas".

De esta disposición se desprenden seis principios básicos:

  • Principio de generalidad.
  • Principio de obligatoriedad.
  • Principio de vinculación con el gasto público.
  • Principio de legalidad.
  • Principio de proporcionalidad.
  • Principio de equidad.

A continuación se definen cada uno de ellos:

Principio de generalidad. Esté principio se apoya en el enunciado inicial del art. 31, Fracc. IV de nuestra constitución, "Es obligación de los mexicanos". La obligación es general, es para todos: tanto personas físicas como personas morales, todos estamos obligados.

Principio de obligatoriedad. Todos estamos obligados y esto se traduce en que el gobierno posea entonces la facultad económico-coactiva para hacer que los contribuyentes paguen impuestos.

Principio de vinculación con el gasto público. La autoridad está obligada a cobrar impuestos hasta por el importe de lo que presupueste erogar (presupuesto de egresos) y no por encima. Los contribuyentes estamos obligados a contribuir para el gasto del gobierno, no para el ahorro gubernamental; por tal motivo si el gobierno estuviera cobrando más de lo que gasta, estaría obligado a reducir los impuestos.

Principio de legalidad. No puede existir ningún impuesto en México si no hay una ley que lo regule y que le de origen y vigencia.

Principio de proporcionalidad. El contribuyente debe de aportar de acuerdo con su capacidad contributiva. Si tiene poco, paga menos; si tiene mucho, paga más.

Principio de equidad. Deberá gravarse igual a los iguales y desigual a los desiguales. Las leyes fiscales deberán aplicarse consistentemente gravando sin excepción a quienes realicen actos similares.

Una vez revisados los principios constitucionales es importante hacer mención de los artículos que en materia fiscal consagra nuestra constitución.

Una clasificación útil de los principios constitucionales sería:

  1. Artículo 5. Derecho a la libertad de actividad.

    Artículo 8. Derecho de petición.

    Artículo 13. Derecho a la aplicación de las leyes fiscales en forma general.

    Artículo 14. Derecho a la no retroactividad de las leyes mexicanas.

    Artículo 15. Derecho de ser escuchado (garantía de audiencia).

    Artículo 16. Garantía de legalidad en lo referente a visitas domiciliarias.

    Artículo 17. Garantía a la impartición de justicia por parte del poder judicial.

    Artículo 21. Tope en la imposición de multas.

    Artículo 22. No se considera confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los bienes de una persona realizadas por la autoridad judicial para el pago de impuestos y multas.

    Artículo 23. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito (garantía de amparo).

    Artículo 103 y 107. Garantía de amparo.

  2. Artículos constitucionales relacionados con las garantías individuales en materia fiscal.

    Artículo 31. Principios esbozados en el artículo 31, fracción IV.

    Artículo 36. Obligación de registrarse en el catastro municipal.

    Artículo 65. Revisión de la cuenta pública por pagar del Congreso de la Unión.

    Artículo 70. La resolución del Congreso tendrá carácter de ley.

    Artículo 73, fracc. VII. Facultad del congreso para imponer contribuciones necesarias para cubrir el gasto público.

    Artículo 73, fracc. XXIX-H. Para crear tribunales específicos, como es el Tribunal Fiscal de la Federación.

    Artículo 73, fracc. XXIX. Para establecer contribuciones especiales.

    Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, discutir y aprobar en su caso el presupuesto de egresos.

    Artículo 89, fracc. I. Es facultad del poder Ejecutivo expedir lineamientos necesarios (reglamentos de las leyes) para su exacta observancia.

    Artículo 92. Es facultad del Ejecutivo el refrendo de las leyes fiscales.

    Artículo 94. Este artículo da origen a la jurisprudencia.

    Artículo 102. Función del ministerio público como parte actuante, en caso de defraudación fiscal.

    Artículo 115, fracc. IV. Manejo de la Hacienda Pública por el municipio.

    Artículo 120. Los gobernadores están obligados a promulgar y hacer cumplir las leyes.

    Artículo 123, fracc. IX. Obligación de reparto de utilidades a cargo del patrón.

    Fracc. XII. Obligación de otorgamiento de vivienda a cargo del patrón.

    Fracc. XXIX. Obligación de otorgamiento de seguridad social.

    Artículo 131. Es facultad de la Federación gravar mercancía que se exporte o importe.

    Artículo 133. Los tratados internacionales tendrán nivel de ley suprema.

  3. Artículos constitucionales derivados de la organización política del Estado mexicano.
  4. Artículos constitucionales basados en consideraciones económicas.

Artículo 73, fracc. XXIX. Facultad exclusiva del Congreso de la Unión para establecer impuestos sobre:

  • El comercio exterior.
  • Los aprovechamientos.
  • Exportación y concesión de servicios y bienes públicos.
  • Gravar bienes como la energía eléctrica, gasolina, tabaco, cerillos, petróleo y sus derivados.

Artículo 117. Los estados no pueden, en ningún caso:

  • Acuñar moneda.
  • Gravar el tránsito de personas o cosas.
  • Gravar directa o indirectamente la exportación o importación de bienes de o hacia su estado.
  • Gravar la producción, y el acopio del tabaco.

Artículo 117, fracc. VI. Los estados ni los municipios podrán expedir leyes impositivas diversas de las federales.

  1. Jerarquía de las leyes.

Es importante hacer notar que el valor jerárquico de cada ordenamiento fija el orden de atención que deberá asignar el usuario de la ley; en otras palabras, digamos que el Código Fiscal de la Federación contraviene a la Ley de Ingresos.

Para efectos de interpretación gracias a las leyes fiscales es importante tener en cuenta tres cuestiones fundamentales:

Primero. Deberá determinarse el valor jerárquico del ordenamiento fiscal que se está revisando, sus facultades y quién lo emite.

Segundo. El método de interpretación aplicable, en materia fiscal se aplica el "estricto"; en otras palabras, el literal sin perder de vista el concepto del término analizado.

El valor jerárquico de las leyes fiscales es como sigue:

  1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
  2. Leyes reglamentarias de la Constitución.
  3. Leyes Fiscales especificas.
  4. Código Fiscal de la federación.
  5. Derecho común federal.

Y fuera del orden jerárquico (salvo que la ley específica les otorgue valor), también encontramos:

  • Los reglamentos a las leyes fiscales.
  • La resolución miscelánea.
  • Los criterios de interpretación de la autoridad.

Tercero. La armonía del ordenamiento analizado.

CUADRO 1.1 Valor jerárquico de los ordenamientos en materia fiscal.

Ordenamiento Objeto Emana de

1. Constitución Política de Máximo ordenamiento en Congreso constituyente

los Estados Unidos materia legal-fiscal.

Mexicanos.

2. Leyes Reglamentarias de

la Constitución.

  • Ley de ingresos de la Da vigencia a las leyes Congreso de la Unión

Federación. fiscales. (Cámara de Diputados y Senadores)

  • Leyes específicas Reglamenta las relaciones Congreso de la Unión.

(por ejemplo; la Ley laborales.

Federal del Trabajo)

  • Tratados para evitar Reglamenta operaciones Congreso de la Unión.

la doble tributación. en dos países.

3. Leyes fiscales específicas. Ley del ISR, IVA, IEPS. Cámara de Diputados.

  1. Federación. contribuyente fisco.

  2. Código Fiscal de la Reglamenta la relación Cámara de Diputados.
  3. Derecho Común Federal. Código de comercio, Congreso de la Unión.

Código civil.

CUADRO 1.2 Ordenamientos sin valor jerárquico.

Ordenamientos

sin valor jerárquico. Objeto Emana de

Reglamentos a las leyes Facilita el cumplimiento de Poder ejecutivo

Fiscales* las obligaciones de los Artículo 89, fracción I

Contribuyentes. CPEUM

Resolución Miscelánea Reglamenta la aplicación La Secretaría de Hacienda

de los ordenamientos y Crédito Público (SAT)

fiscales sin que por ello Fiduciarios facultados

nazcan obligaciones, sino para ello.

que solo generen derechos Artículo 332, fracc. I,

para los particulares. Inciso g, CFF.

Artículo 35, CFF

Criterios de carácter Que el contribuyente sepa La SHCP (SAT)

interno, circulares cómo interpreta la ley la Artículo 33, fracc III,

diversas (Normatividad autoridad. segundo párrafo.

interna)

*Estas disposiciones no tienen valor jerárquico alguno dentro del concierto de leyes fiscales, salvo cuando la disposición fiscal se los otorgue expresamente.

  1. La Obligación Tributaria.

La obligación tributaria a sido definida de diferentes maneras por los juristas; Emilio Margaín la define como el vínculo jurídico en virtud del cual el Estado, denominado sujeto activo, exige a un deudor, denominado sujeto pasivo, el cumplimiento de una prestación pecuniaria excepcionalmente en especie. Por su parte De la Garza sostiene que de la realización del presupuesto legal conocido como hecho imponible, surge una relación jurídica que tiene la naturaleza de una obligación, en cuyos extremos se encuentran los elementos personales: un acreedor y un deudor y en el centro un contenido, que es la prestación del tributo. A la relación, por su naturaleza, la denomina relación tributaria sustantiva, existen otras relaciones tributarias accesorias o independientes, cuyos contenidos obligacionales son diferentes. Define a la relación tributaria sustantiva como "aquella por virtud de la cual el acreedor tributario (la administración fiscal) tiene derecho a exigir al deudor tributario principal o a los responsables el pago del tributo, es decir, el cumplimiento de la prestación de dar cuyo contenido es el pago de una suma de dinero o la entrega de ciertos bienes en especie".

Como podemos observar, ambas definiciones coinciden en lo esencial y nos presentan un concepto de obligación fiscal o relación tributaria sustantiva, como la llama De la Garza.

Ahora que hemos definido la obligación tributaria, analicemos, como se genera dicha relación.

La relación jurídica tributaria la constituyen el conjunto de obligaciones que se deben el sujeto pasivo y el sujeto activo y que se extinguen al cesar el primero en las actividades reguladas por la ley tributaria.

Toda ley tributaria debe señalar cual el objeto de gravamen o sea lo que gana.

Entonces podemos definir el objeto del tributo como la realidad económica sujeta a imposición, como por ejemplo, la renta obtenida, el consumo de bienes o servicios, entre otros; el objeto del tributo quedara precisado a través del hecho imponible.

El hecho imponible es "el hecho, hipotéticamente previsto en la norma, que genera al realizarse, la obligación tributaria", o bien, "el conjunto de circunstancias, hipotéticamente previstas en la norma cuya realización provoca el nacimiento de una obligación tributaria concreta.

CAPITULO II

EL CRÉDITO FISCAL

2.1 El Crédito Fiscal.

Al haber determinado la obligación contributiva o tributaria, o cuantificada en cantidad líquida, es decir, que se haya precisado su monto, surge entonces lo que se denomina Crédito Fiscal.

Se puede decir que los Créditos Fiscales están más identificados explícitamente con la determinación en cantidad líquida de una contribución, multa, recargo etcétera que con el nacimiento o causación de la obligación contributiva o tributaria, ya que estos se dan en diferentes momentos.

El nacimiento o causación de la obligación contributiva o tributaria comienza en el momento en que se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas por la ley y que generan la obligación.

En cambio, la determinación de la obligación contributiva o tributaria es un acto posterior a su nacimiento o causación, que consiste en precisar si el acto realizado encuadra en el supuesto previsto por la ley y que genere la citada obligación contributiva, que posteriormente será cuantificada en cantidad liquida, ya sea realizada por el contribuyente o por la autoridad fiscal, aplicando los procedimientos establecidos en la ley fiscal para obtener el importe del Crédito Fiscal a pagar.

Es importante señalar que actualmente el Código Fiscal de la Federación (CFF), no define propiamente lo que debe entenderse por Crédito Fiscal, sino que se limita a dar un listado de conceptos que por disposición del citado Código se consideran Créditos Fiscales.

Siendo definido por el artículo 4. del Código Fiscal de la Federación, tenemos que el Crédito Fiscal es:

" Artículo 4º. Son Créditos Fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus servidores públicos o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena."

Los Créditos Fiscales son, como cita la ley, los derechos de cobro a favor del Estado o de sus organismos descentralizados (IMSS, INFONAVIT, etcétera), los cuales se integran por:

  • Contribuciones
  • Recargos
  • Sanciones (multas)
  • Gastos de ejecución
  • Indemnizaciones por cheques devueltos.

La relación directa entre cada uno de los anteriores conceptos es muy obvia, si la autoridad detecta algún impuesto o contribución aún vigente, omitido por el contribuyente, entonces procederá a cuantificar los recargos, las multas aplicables y, por tanto, a determinar el Crédito Fiscal, asignándole un número de control y exigiendo al contribuyente el pago de dicho crédito.

2.2 Nacimiento y Ciclo del Crédito Fiscal.

Una de las fuentes más importantes en el estudio del derecho fiscal, es el nacimiento o causación de la obligación contributiva o tributaria, por ser en ese momento donde surge o nace la obligación de dotar materialmente al Estado de los recursos económicos necesarios para sufragar los gastos públicos.

De conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6º. Del Código Fiscal de la Federación (CFF), las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran y se determinarán conforme a dichas disposiciones.

Es decir, para que se cause o nazca una obligación contributiva, debe realizarse el hecho o situación prevista por la ley fiscal respectiva.

Una vez que nace o se causa la obligación contributiva o tributaria, resulta imprescindible conocer las reglas conforme a las cuales debemos determinar en cantidad líquida, el importe a cargo del contribuyente, el Crédito Fiscal; procedimiento que se le conoce doctrinalmente como: "Determinación de la obligación contributiva o tributaria".

No obstante que la legislación fiscal no lo regula, en el análisis del mismo podemos identificar tres momentos, a saber. El nacimiento o causación, que son la realización de los hechos, actividades o situaciones gravadas por la ley; la determinación, que consiste en el señalamiento de que la acción o conducta realizada encuadra en el supuesto previsto por la ley; la liquidación consiste en la operación de los cálculos matemáticos correspondientes, obtener el importe de la contribución a pagar, o sea el Crédito Fiscal, y el momento o época de pago de la contribución respectiva.

El nacimiento o casación de la obligación contributiva o tributaria puede derivar de los siguientes supuestos:

- Porque el contribuyente haya originado el nacimiento de la obligación individualmente, al realizar los hechos gravados por la ley fiscal respectiva.

- Porque el contribuyente haya originado el nacimiento de la obligación al realizar los hechos gravados por la ley fiscal respectiva, en concurrencia con otra persona (copropietario).

- Porque el contribuyente haya sustituido al sujeto pasivo originario voluntariamente (herederos o legatarios).

- Porque el contribuyente haya sustituido al sujeto pasivo originario, por disposición de la ley fiscal respectiva (fedatarios públicos).

- Porque el incumplimiento de una obligación fiscal trajo como consecuencia la evasión total o parcial de contribuciones, por parte del que dio nacimiento a la obligación fiscal (patrones).

- Por haber adquirido un bien que se encuentra afecto al pago de contribuciones adeudadas por el anterior propietario o poseedor (adquisición de negociaciones).

2.4 Determinación de los Créditos Fiscales.

a) La determinación de la obligación contributiva o tributaria.

Por determinación debemos entender el razonamiento lógico jurídico , para precisar si la conducta realizada encuadra o no en el supuesto previsto por la ley, como generadora de la obligación contributiva o tributaria, para que a su vez se aplique el procedimiento de liquidación establecido por la ley fiscal respectiva y, previas las operaciones matemáticas correspondientes, obtener el importe a pagar de la cantidad líquida, o sea el Crédito Fiscal a cargo del contribuyente.

La liquidación, la realización de las operaciones matemáticas para precisar la cantidad de la contribución correspondiente, deberá hacerse en moneda nacional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación (CFF), conforme a las normas vigentes en el momento de su causación.

La determinación de la obligación contributiva o tributaria, puede hacerse:

- Por el contribuyente. En nuestro sistema fiscal, prevalece el principio de la autodeterminación de las contribuciones, es decir que por disposición expresa de la ley, en principio le corresponde la contribuyente o sujeto pasivo, determinar y liquidar el importe de la contribución a su cargo, de conformidad con el artículo 6º. Del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Este sistema se establece porque el contribuyente es el que dispone de los elementos necesarios para determinar si su conducta encuadra o no con el supuesto previsto por la ley, como generador de la obligación contributiva o tributaria, y obtener de acuerdo a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, el importe de la contribución a pagar, reservándose la autoridad fiscal el derecho de revisar lo declarado o manifestado por el contribuyente.

- Si es la autoridad fiscal a la que corresponde efectuar la determinación de la contribución por disposición expresa de la ley, los contribuyentes deberán proporcionarle la información necesaria dentro de los quince días siguientes a la fecha de su causación, en los términos del artículo 6º. del Código Fiscal de la Federación (CFF).

- Por acuerdo de ambos, es cuando tanto la autoridad fiscal como el contribuyente, según los datos requeridos por la ley de que se trate, determinarán el monto a pagar. Actualmente no se utiliza en nuestra legislación por considerarse que fomenta la corrupción.

Existen varios supuestos que generan el nacimiento o causación y la posterior determinación de los Créditos Fiscales:

La contribución se determina y se paga antes de que se cause o nazca la obligación.

En este caso, primero se paga el importe del futuro Crédito Fiscal y después se realizan los hechos generadores de la contribución. Como ejemplo se pueden mencionar los derechos de explotación forestal, primero se paga el importe y posteriormente se realiza la explotación.

La contribución se determina y se paga en el momento en que nace la obligación.

En el momento que se realizan los hechos o situaciones previstas por la ley que dan origen al nacimiento de la obligación contributiva, se determina y se paga el importe del Crédito Fiscal correspondiente, como ejemplo, se tienen los derechos por servicios de correos, en los cuales el importe se paga en el momento de solicitar el servicio de remisión de la pieza postal.

La contribución de paga después de que se cause o nazca la obligación.

En este caso primero se realizan los hechos generadores de la obligación contributiva, y después se determina en calidad liquidada y se paga el importe dentro de los plazos establecidos por la ley correspondiente. Esta situación es la que actualmente prevalece en la mayoría de las leyes fiscales, por ser más cómodo para el contribuyente, estando sujeto a un registro para el control y revisión de sus obligaciones.

b) El sujeto activo y el sujeto pasivo.

Es muy importante definir los elementos básicos y directos que interactúan en la relación tributaria.

En México constitucionalmente el único sujeto activo de la obligación fiscal es el Estado, ya que el artículo 31 fracc. IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), al establecer la obligación de contribuir para los gastos públicos, únicamente menciona a la federación, los estados y los municipios.

De los 3 sujetos activos previstos en la legislación mexicana, únicamente la federación y los estados tienen plena potestad jurídica tributaria, es decir, no solamente pueden disponer libremente de las contribuciones que recaudan, si no que pueden dárselas así mismos a través de sus legislaturas respectivas. En cambio los municipios únicamente pueden administrar libremente su hacienda, pero no establecer sus contribuciones, tarea que esta encomendada a las legislaturas de los estados.

El sujeto pasivo es la persona que conforme a la ley debe de satisfacer una prestación determinada a favor del fisco, ya sea propia de un tercero, o bien se trate de una obligación fiscal sustantiva o formal.

Al estudiar al sujeto pasivo de la obligación contributiva encontraremos que no siempre es la persona a quién la ley señala como tal, sino que en ocasiones es una persona diferente quién funge como tal.

CAPITULO III

LA EXTINCIÓN DEL CRÉDITO FISCAL

A fin de dejar debidamente planteada la temática de este capítulo, es necesario, establecer que en mi opinión, cinco son las formas de extinción, a saber:

  • El pago
  • La compensación
  • La condonación
  • La prescripción
  • La caducidad

Se procederá al análisis por separado de todas y cada una de estas formas de extinción.

3.1. El pago, formas y medios de pagos.

El pago es la forma más común de extinguir los créditos fiscales, y se cumple entregando la cosa o cantidad debida; es el que satisface plenamente los fines y propósitos de la obligación contributiva, porque una de las funciones propias del derecho fiscal es regular la forma en que el Estado obtiene, de los particulares, los recursos económicos necesarios para cubrir los gastos públicos.

El objeto del pago, o su finalidad, es la realización o cumplimiento de la prestación que deriva del Crédito Fiscal.

Los principios a que queda sujeto el pago que se realice, son los siguientes:

- El principio de identidad. Significa que la prestación que es objeto del Crédito Fiscal, es la que ha de cumplirse y no otra; si la deuda consiste en dinero, deberá cumplirse en dinero y no en bienes distintos. En materia fiscal, todas las prestaciones deben cubrirse en dinero, con excepción de las contribuciones que expresamente se establece que su pago se realice en especie.

- El principio de integridad. Consiste en considerar pagado el Crédito Fiscal, hasta que sea cubierto en su totalidad.

- El principio de indivisibilidad. Consiste en que el pago del Crédito Fiscal, no deberá hacerse en parcialidades, salvo autorización expresa de la autoridad fiscal.

El pago que se realice, queda condicionado a cumplir con los siguientes requisitos:

- El lugar de pago. Se refiere al lugar geográfico o bien a la autoridad ante la que se debe hacer el pago, a este respecto el artículo 4º., del Código Fiscal de la Federación, establece que la recaudación proveniente de todos los ingresos de la federación , aun cuando se destinen a un fin específico, se hará por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las oficinas que dicha Secretaría autorice o bien por conducto de las instituciones de crédito autorizadas, correspondientes al área geográfica donde tenga su domicilio fiscal el contribuyente.

- Tiempo o época de pago. Se refiere a los plazos en los que se debe pagar el Crédito Fiscal, ya sea en fecha determinada, o bien quincenal, mensual, bimestral, cuatrimestral, anual, que deben mencionarse claramente en la ley fiscal respectiva; en caso de omisión se aplicarán las reglas que se establecen para tal efecto el artículo 6º del Código Fiscal de la Federación, según se trate de contribuciones que se calculen por períodos, de retención o de recaudación de contribuciones.

- Forma de pago. Se refiere a los medios en que quedara cubierto el Crédito Fiscal, en efectivo o en especie.

Formas de pago.

Al efecto del artículo 20 del código Fiscal de la Federación, establece que las contribuciones y sus accesorios deben ser pagaderos en moneda nacional, o en su caso, los pagos que deban efectuarse en el extranjero se podrán realizar en la moneda del país de que se trate, se aceptarán como medios de pago los siguientes:

Cheque certificado.

Es el que se emite por el librador, con la declaración que se hace constar en el mismo documento, por el librado, de quien existen en su poder fondos bastantes para pagarlo. Es decir, la institución de crédito, previamente de la provisión de fondos del librado, descuenta el importe del cheque que certifica. Se exige que el cheque sea nominativo, por importe determinado y no es negociable.

Giros postales.

Consiste en el envío de dinero por conducto de una oficina de telégrafos, la cual expide a otra oficina de telégrafos de un lugar distinto, una orden de pago a favor de un tercero, y a cargo del solicitante.

Giros bancarios.

Es el documento consistente en cheque nominativo no negociable que expide una institución de crédito a cargo, y a favor de un tercero, el cual es pagadero a la vista, en plaza diversa. Consiste en la operación que realiza una institución de crédito, de enviar dinero de una plaza a otra, expidiendo a otro banco una orden de pago a favor de un tercero residente en plaza distinta a la del banco girador y a cargo del solicitante.

Transferencia electrónica de fondos.

Es el traspaso directo de fondos de una cuenta personal o corporativa a otra cuenta destino mediante la ayuda de una línea electrónica directa entre las dos plazas, estos medios de pago serán regulados por el Banco de México.

Aquellos contribuyentes cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior excedieron de 8,432,709, deberán realizar sus pagos mediante transferencias electrónicas de fondos; por lo que tendrán que asistir a la sucursal bancaria y transmitir sus fondos a la cuenta de la Tesorería de la Federación, logrando recabar comprobantes y, por lo mismo, sin la necesidad de emitir cheque alguno. El mismo ordenamiento (artículo 20 del CFF) establece que, en caso de que el contribuyente no esté obligado y desee realizar sus pagos utilizando este sistema, podrá hacerlo siempre y cuando solicite autorización a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Cheques personales no certificados, cuando lo permitan las disposiciones fiscales.

Para pagar contribuciones federales y aportaciones de seguridad social, con cheques personales expedidos por los contribuyentes, personas físicas o morales, se deben cumplir con los siguientes requisitos:

- En el anverso, en la carátula, deben contener la leyenda "para abono en cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, y/u órgano equivalente".

- En el reverso se debe de asentar la siguiente leyenda "Cheque librado para el pago de contribuciones federales a cargo del contribuyente" (nombre del contribuyente), con su registro federal de contribuyentes (RFC).

- Las anotaciones deberán hacerse en cualquier lugar disponible, siempre que no obstruya los datos del cheque o lo invalide.

En moneda extranjera.

Se considera cualquier otra unidad monetaria, distinta al "peso", que es la moneda de curso legal en nuestro país, ya sea en billetes o en moneda metálicas, con la denominación que se establezca por la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

Nuestra legislación fiscal permite que se efectúen pagos en el extranjero, los cuales se podrán realizar en la moneda del país de que se trate. En estos casos, para determinar las contribuciones y sus accesorios, se considerará el tipo de cambio a que se haya adquirido la moneda extranjera de que se trate y no habiendo adquisición, se estará al tipo de cambio que el Banco de México publique en el diario Oficial de la Federación, el día anterior a aquel en que se causen las contribuciones. Los días en que el Banco de México no publique dicho tipo de cambio se aplicará el último tipo de cambio publicado con anterioridad al día en que se causen las contribuciones.

Asimismo, cuando las disposiciones fiscales permitan el acreeditamiento de impuestos o de cantidades equivalentes a éstos, pagados en moneda extranjera, se considerará el tipo de cambio que corresponda conforme a lo señalado en el párrafo anterior, referido a la fecha en que se causó el impuesto que se traslada o en su defecto cuando se pague.

Para determinar las contribuciones al comercio exterior, así como para pagar aquellas que deban efectuarse en el extranjero, se considerará el tipo de cambio que publique el Banco de México.

La equivalencia del peso mexicano con monedas extranjeras distintas al dólar de los Estados Unidos de América, que regirá para efectos fiscales, se calculará multiplicando el tipo de cambio que publique el Banco de México, por el equivalente en dólares de la moneda de que se trate, de acuerdo con la tabla que mensualmente publique el Banco de México durante la primera semana del mes inmediato siguiente a aquel que corresponda.

Prelación de los Créditos Fiscales.

El artículo 20 del Código Fiscal de la Federación (CFF), establece que los pagos que se hagan se aplicarán a los créditos fiscales más antiguos siempre que se trate de la misma contribución, y antes del adeudo principal, a los accesorios en el siguiente orden:

- Gastos de ejecución.

- Recargos.

- Multas.

- Indemnización del 20 por ciento sobre el valor del cheque presentado en tiempo y no pagado por la institución de crédito.

En los términos del último párrafo del artículo 6º del Código Fiscal de la Federación, quien haga el pago de Créditos Fiscales, deberá obtener de la oficina recaudadora, el recibo oficial o la forma valorada expedidas y controladas exclusivamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o la documentación que en las disposiciones fiscales respectivas se establezca que deba constar la impresión original de la máquina registradora. Tratándose de pagos efectuados en las oficinas de las instituciones de crédito, se deberá obtener la impresión de la máquina registradora, el sello, la constancia o el acuse de recibo correspondiente.

Efectos del pago.

El efecto principal del pago es la extinción del Crédito Fiscal y, por ende liberar al deudor o contribuyente de la obligación, y para que se produzca dicho efecto, se requiere que el pago reúna los siguientes requisitos:

- Que el pago haya sido recibido por la autoridad fiscal, lisa y llanamente, sin condición de ninguna naturaleza.

- Que en el pago haya mediado buena fe de parte del contribuyente, o sea que la cantidad determinada sea sobre bases ciertas y reales.

Clases de pago.

De nuestra legislación Fiscal, se desprende que existen varias clases de pago, que son:

El pago liso y llano de lo debido

Es el que se efectúa sin objeción de ninguna naturaleza; es lo que el contribuyente adeuda conforme a la ley.

El pago liso y llano de lo indebido.

Consiste en el entero de una cantidad mayor a la debida, o que no se adeuda.

Cuando se paga una cantidad mayor a la debida, en este caso, el contribuyente es deudor de los Créditos Fiscales, pero al hacer el pago en la oficina correspondiente, entrega por error una cantidad mayor a la que legalmente le corresponda pagar.

Este pago en cantidad mayor, puede derivar de un error de hecho o un error de derecho, o bien porque la mecánica de impuesto al hacer pagos provisionales, o retenciones a cuenta, al presentar la declaración correspondiente, arroje un saldo a favor del contribuyente.

El pago por error que hecho, tiene su origen en simples equivocaciones o en apreciaciones falsas de la realidad, que el contribuyente comete sobre determinados hechos que originan que pague la cantidad mayor a la debida. Por ejemplo, hacer el cálculo aritmético de la contribución en forma equivocada.

El pago de cantidad mayor a la debida por error de derecho, tiene su origen en la aplicación o interpretación equivocada que hace el contribuyente de la ley fiscal respectiva, como el considerar que dicha ley graba un ingreso, que realmente está exento.

El pago de cantidad mayor a la debida porque la mecánica del impuesto al hacer pagos provisionales, o retenciones a cuenta, al presentar la declaración correspondiente, arroje un saldo favor del contribuyente, tiene su origen en la actual ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que ordena se efectúen pagos provisionales o retenciones a cuenta, y al final del ejercicio, resulta un saldo favor del contribuyente.

El pago liso y llano de lo indebido de una cantidad que no es adeudada, tiene su origen en un error de hecho o en un error de derecho. El pago de lo indebido por un error de hecho, deriva de situaciones que hacen creer al contribuyente que es deudor del Crédito Fiscal que se le reclama y paga inmediatamente, y en realidad no es deudor. El pago de lo indebido por error de derecho, tiene su origen en la interpretación equivocada de la ley fiscal al considerarse contribuyente, cuando en realidad no lo es.

En esta hipótesis no puede hablarse de una extinción de contribuciones propiamente dicha, por que el sujeto pasivo lo que ésta haciendo en realidad es dar cumplimiento a obligaciones que legalmente no han existido a su cargo, o bien en exceso de las que debió haber cumplido; por consiguiente no puede validamente hablarse de la extinción de tributos que en realidad se adeudan. Tan es así, que el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, contempla para esta hipótesis la figura de "la devolución del pago de lo indebido", en cuyos términos el contribuyente que pague de más de lo que adeude o que pague lo que no deba, puede solicitar de la autoridad hacendaria competente la devolución de las cantidades que le correspondan.

El pago en garantía.

Es aquel mediante el cual el contribuyente asegura el cumplimiento de la obligación contributiva, para el caso de coincidir en definitiva, en el futuro, cayendo en una situación prevista por la ley. Por ejemplo, al introducir al país temporalmente mercancía extranjera, debe garantizarse el pago de los impuestos de importación que se causaría, en caso de no regresar al extranjero dichas mercancías.

El pago provisional.

Es aquel que deriva de una autodeterminación sujeta a verificación por parte de la autoridad fiscal. En este caso, el contribuyente durante el ejercicio fiscal realiza enteros al fisco, conforme a reglas de determinación previstas en la ley, para obtener el importe del pago provisional, y al final del ejercicio presenta su declaración anual en la cual se reflejará su situación real durante el ejercicio correspondiente. Por ejemplo, el pago provisional a cargo de las sociedades mercantiles, establecido en el título II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

El pago de anticipos o a cuenta.

Es el que se entera en el momento de la percepción del ingreso grabado y a cuenta de lo que ya le corresponde al fisco. Por ejemplo, como marca la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), las personas físicas dedicadas a la prestación de servicios profesionales en forma independiente, deben pagar el impuesto a su cargo en forma anual. Sin embargo, la propia ley dispone que en el curso del año estos contribuyentes deben enterar varios anticipos en función de los ingresos gravables que vayan obteniendo, los que se descuentan del impuesto anual que resulte. Evidentemente, en este caso sí puede hablarse de que existe extinción del tributo, por lo menos en lo que corresponde a la parte proporcional cubierta mediante la entrega de cada anticipo.

El pago definitivo.

Es el que deriva de una autodeterminación no sujeta a verificación por parte de la autoridad fiscal. Por ejemplo, el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.

Pago extemporáneo.

Es el que se efectúa fuera del plazo legal para pagarlo.

El pago extemporáneo espontáneo.

Se presenta cuando no media gestión de cobro por parte del autoridad fiscal, y da lugar a que además de cubrirse el importe principal actualizado, se tenga que pagar los recargos correspondientes y no se impondrán multas según lo dispuesto por el artículo 73 de el Código Fiscal de la Federación (CFF).

El pago extemporáneo a requerimiento.

Se presentan cuando media gestión de cobro por parte de la autoridad fiscal, y tiene como consecuencia que además de que se cubra el importe del crédito principal actualizado y los recargos respectivos, se tengan que pagar también las multas correspondientes.

El pago extemporáneo tiene su origen en una prórroga o en mora del contribuyente.

El pago extemporáneo por prórroga.

Se presenta cuando la autoridad fiscal, autoriza previamente al contribuyente su entero fuera del plazo señalado por la ley.

Cuando se solicite pagar en forma extemporánea por prórroga, se debe cumplir con establecido para tal efecto por el artículo 66 de Código Fiscal de la Federación.

El pago extemporáneo por mora.

Se presenta cuando el contribuyente injustificadamente deja de pagar el Crédito Fiscal dentro del plazo señalado por la ley.

Cuando se solicite pagar por mora del contribuyente, se deben de pagar los recargos correspondientes conforme lo establecido por el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación (CFF).

El pago mediante declaración.

Es nuestro sistema fiscal todas las contribuciones cuya determinación y liquidación le corresponda al contribuyente, debe obtenerse su importe a pagar, según los datos que resulten de acuerdo a la declaración o manifestación que se presente, por excepción se pagan las contribuciones mediante liquidación efectuada por las autoridades fiscales, marbetes o formas valoradas Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por lo que corresponde a las declaraciones, los contribuyentes, en la propia declaración que se presenta, lo hacen bajo protesta de decir la verdad, que los datos asentados en la misma son ciertos, esta clase de declaración es la que se denomina universal.

La legislación fiscal establece que el pago de contribuciones se realice mediante declaración, en virtud de que es útil y práctico, tanto para las autoridades fiscales, como para los propios contribuyentes, las cuales se identifican con claves respecto de la contribución a la que corresponda y la clase de pago que se realice, además se regula el tamaño de la forma a utilizar y el color de la misma, para efectos de unificar y facilitar su utilización.

El pago de las contribuciones correspondientes debe hacerse en la fecha o plazo señalado en la ley fiscal respectiva, y de conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación.

El pago en tiempo está regulado en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, que señala supletoriamente la fecha o plazo para el pago; para las contribuciones que se calculan por periodos establecidos por la ley y en los caso de retención o de recaudación de contribuciones, los contribuyentes, retenedores o las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudarlas, las enterarán a más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior al de terminación del período de la retención o de la recaudación, respectivamente; en cualquier otro caso, dentro de los cinco días siguientes al momento de la causación.

El artículo 12 del mismo código, establece que si el día 17 cae en fin de semana, día festivo o incluso viernes, entonces será el siguiente día hábil.

Los días festivos que serán considerados como inhábiles son el 1 de enero, el 5 de febrero, 22 de marzo, el 1 y 5 de mayo, el 1 y 16 de septiembre, el 20 de noviembre , el 1 de diciembre de cada 6 años; así como los períodos de vacaciones que establece la resolución miscelánea de cada año (semana santa y semana de fin de año).

El pago bajo protesta.

Este tipo de pago tiene lugar cuando el contribuyente que ésta inconforme con el cobro de un determinado tributo, cubre le importe del mismo ante las autoridades fiscales, pero haciendo constar que se propone intentar los recursos o medios de defensa legal que procedan, a fin de que el pago de que se trate se declare infundado y nazca así el derecho de solicitar su devolución en los términos del octavo párrafo del invocado artículo 22 del Código Fiscal de la Federación que señala que: "El contribuyente que habiendo efectuado el pago de una contribución determinada por él mismo o por autoridad, interponga oportunamente los medios de defensa que las leyes establezcan y obtenga resolución firme que le sea favorable total o parcialmente, tendrá derecho a obtener del fisco federal la devolución de dichas cantidades y el pago de intereses conforme a una tasa que será igual a la prevista para los recargos por mora en los términos del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, sobre las cantidades actualizadas que se hayan pagado indebidamente y a partir de que se efectuó el pago..."

El Código Fiscal en vigor no regula el pago bajo protesta, aun cuando el de 1966 si lo regulaba. Como la duración del los trámites de recursos y medios de defensa en materia fiscal se resuelven en términos de años, lo mas aconsejable para un contribuyente que desee impugnar la resolución por la cual se establece un tributo a su cargo es que pague el importe relativo precisamente bajo protesta, con el objeto de lograr un doble propósito; garantizar el interés fiscal y principalmente evitar que corran los recargos, a fin de que en caso de que la resolución o sentencia sean desfavorables para el particular, el importe del adeudo no se incremente sensiblemente.

Pero pese a todo lo anterior, el Código actual omite toda referencia a la figura del pago bajo protesta dando origen, con ello, a una situación de inequidad en perjuicio de los contribuyentes.

Pero independientemente de lo anterior, resulta pertinente formular los siguientes comentarios: El pago bajo protesta en sí no constituye una forma de extinguir los tributos, sino tan sólo una manera de garantizar el interés fiscal (evitando al mismo tiempo que los recargos corran exageradamente) durante el tiempo que dure la tramitación de los correspondientes recursos o medios de defensa y hasta que se dicte una resolución definitiva que establezca la verdad legal en el asunto de que se trate. De modo que dependiendo del sentido de esa resolución definitiva, es decir, según sea adversa o favorable para el contribuyente, el pago bajo protesta puede indistintamente en convertirse en pago definitivo, extinguiéndose sólo hasta entonces la contribución respectiva, o bien transformarse en una situación jurídica que dé nacimiento al derecho a favor del sujeto pasivo de solicitar la devolución de cantidades enteradas indebidamente.

3.2 Pago del indebido. Reglas, requisitos de la devolución.

Cuando se paga una cantidad mayor a la debida, a la que legalmente le corresponda pagar, ya sea por error de hecho un de derecho, o bien porque la mecánica del impuesto al hacer pagos provisionales, o de retenciones a cuenta, al presentar la declaración correspondiente, arroje un saldo a favor del contribuyente, procede la devolución de las cantidades pagadas indebidamente o que procedan conforme a las leyes fiscales, en los términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, siempre y cuando deriven de actos de autodeterminación del contribuyente, puesto que si lo que se paga de más, deriva en cumplimiento de un acto de autoridad, la obligación de devolver por parte de la autoridad de fiscal, nace cuando dicho acto haya quedado insubsistente o si efectos.

Al efecto, en los términos del citado artículo, la devolución puede efectuarse, con las limitaciones y requisitos siguientes:

- Las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes fiscales.

- La devolución podrá hacerse de oficio o a petición del contribuyente.

- La devolución podrá hacerse mediante cheque nominativo para abono en cuenta del contribuyente o certificados expedidos a nombre de éste.

- Los certificados se podrán utilizar para cubrir cualquier contribución que se pague mediante declaración, ya sea a su cargo o que deba enterar en su carácter debe tenedor.

- Las autoridades fiscales efectuaran la devolución mediante depósito en cuanta bancaria del contribuyente, cuando éste les proporcione el número de su cuenta bancaria en la solicitud de devolución o en la declaración correspondiente.

- Los retenedores podrán solicitar la devolución siempre que ésta se haga directamente a los contribuyentes.

- Si la contribución se calcula por ejercicios, únicamente se podrán solicitar la devolución del saldo a favor de quien presentó la declaración del ejercicio, salvo que se trate del cumplimiento de resolución o sentencia firmes de autoridad competente, en cuyo caso podrá solicitarse la devolución independientemente de la presentación de la declaración.

- Si el pago del indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de acto de autoridad, el derecho a la devolución nace cuando dicho acto queda insubsistente, con excepción de la determinación por parte de la autoridad fiscal de diferencias por errores aritméticos, las que darán lugar a la devolución siempre que no haya prescrito la obligación de devolución.

- Cuando se solicite la devolución, se deberá efectuar dentro del plazo de 50 días hábiles de siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente, con todos los datos, informes y documentos que señale el Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

- Tratándose de devoluciones que se efectúen mediante depósito en cuenta bancaria del contribuyente, la devolución deberá efectuarse dentro del plazo de cuarenta días contados en los términos del artículo 22 del Código fiscal de la Federación.

- Las autoridades fiscales para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de 20 días posteriores a la presentación, de la solicitud de devolución, los datos, informes o documentos adicionales que considere necesarios y estén relacionados con la misma, para tal efecto, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo máximo de veinte días cumpla con lo solicitado, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente.

En este supuesto el período transcurrido entre la fecha que se hubiere notificado el requerimiento datos, informes o documentos adicionales y la fecha en que éstos sean proporcionados en su totalidad por el contribuyente, no se computará en la determinación de los plazos para devolución antes mencionados.

- No se considerará que las autoridades inician el ejercicio de sus facultades de comprobación cuando solicite los datos, informes o documentos relacionados con la solicitud de devolución, pudiendo ejercerlas en cualquier momento.

- El fisco federal deberá pagar la devolución que proceda actualizada conforme a lo previsto tener artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, desde el mes en que se realizó el pago del lo indebido o se presentó la declaración que contengan saldo a favor hasta aquel en que la devolución este a disposición el contribuyente.

- Se entenderá que la devolución está a disposición del contribuyente a partir de la fecha en que la autoridad efectúe el depósito en la institución bancaria señalada en la solicitud de devolución respectiva, cuando no haya señalado la cuenta bancaria en que se debe efectuar el depósito.

- Si la devolución no se efectuare dentro de los indicados plazos, computados en los términos del tercer párrafo del artículo 22 del Código Fiscal de la federación, las autoridades fiscales pagarán intereses que se calculará a partir del día siguiente al del vencimiento de dicho plazo, conforme a una tasa que será igual a la prevista para los recargos por mora, que se aplicará sobre la devolución actualizada.

- Cuando el fisco federal deba pagar intereses a los contribuyentes sobre las cantidades actualizadas que les deba devolver, pagará dichos intereses conjuntamente con la cantidad principal objeto de la devolución actualizada.

- El contribuyente que habiendo efectuado el pago de una contribución determinada por él mismo o por autoridad, interponga oportunamente los medios de defensa que las leyes establezcan y obtenga resolución firme que le sea favorable total o parcialmente, tendrá derecho a obtener del fisco federal la devolución de dichas cantidades y el pago de intereses conforme a una tasa que será igual a la prevista para los recargos por mora en los términos del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, sobre las cantidades actualizadas que se hayan pagado indebidamente y a partir de que se efectuó el pago. La devolución a que se refiere este párrafo se aplicará primero a intereses y, posteriormente, a las cantidades pagadas indebidamente. En este caso el contribuyente puede optar por la compensación de las cantidades a favor incluyendo los intereses, contra cualquier contribución que se pague mediante declaración, ya sea a su cargo o que deba enterar en su carácter de retenedor. Tratándose de contribuciones que tengan un fin específico sólo podrán compensarse contra la misma contribución.

- En ningún caso los intereses a cargo del fisco federal excederán de los que se causen en cinco años.

- Cuando las autoridades fiscales procedan a la devolución de cantidades señaladas como saldo favor en las declaraciones presentadas por los contribuyentes, sin que medie más trámite que requerimiento de datos, informes o documentos adicionales, o la simple comprobación de que se efectuaron los pagos de contribuciones que el contribuyente declara haber hecho, la orden de devolución no implicará resolución favorable al contribuyente.

Esto trae como consecuencia, que la autoridad la fiscal no está obligada a demandar al contribuyente ante el Tribunal Fiscal de la Federación, para dejar sin efectos dicha resolución que contiene la orden de devolución, la cual puede desconocerse en cualquier tiempo por la autoridad fiscal, como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, mediante una visita domiciliaria, una revisión del gabinete o de escritorio en las oficinas de las propias autoridades.

- Si la devolución se hubiere efectuado y no procediera, se causarán recargos en los términos del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, sobre las cantidades actualizadas tanto por las devueltas indebidamente, como por las de los posibles intereses pagados por las autoridades fiscales, a partir de la fecha de la devolución.

La obligación de devolver prescribe en los mismos términos y condiciones el crédito fiscal, o sea en cinco años.

La devolución mediante certificados sólo se podrá hacer cuando los contribuyentes tengan obligación de retener contribuciones, de efectuar pagos provisionales mediante declaración, y cuando así lo soliciten.

3.2 Compensación y acreeditamiento.

En términos generales puede definirse a la compensación diciendo que es una forma de extinguir dos deudas, hasta el monto de la menor, entre dos o más personas que poseen el carácter de acreedores y deudores recíprocos.

La compensación como forma de extinción de créditos fiscales tiene lugar cuando tanto el fisco, como el contribuyente son acreedores y deudores recíprocos, siempre que se trate de la aplicación de la misma ley fiscal, compensándose las deudas hasta por el importe de la menor.

Las deudas son líquidas, cuando ambas están precisadas en su monto.

Las deudas son exigibles, cuando el derecho del acreedor no se encuentra sujeto a duda, o sea que su pago no pueda rehusarse.

Por ejemplo, si un contribuyente tiene derecho a una devolución de $15,000.00 por concepto de impuesto sobre la renta, y a su vez el fisco tiene sobre el mismo contribuyente, el derecho de exigirle el pago de la cantidad de $20,000.00 por concepto del mismo impuesto, en este caso, tanto el fisco como el contribuyente son deudores y acreedores recíprocos que y si las deudas son líquidas y exigibles, operará la compensación pagando únicamente $5,000.00 el contribuyente.

Cuando se paga una cantidad mayor a la debida, a la que legalmente le corresponda pagar, ya sea por error de hecho o de derecho, o bien porque la mecánica del impuesto al hacer pagos provisionales, o retenciones a cuenta, al presentar la declaración correspondiente, arroje un saldo a favor del contribuyente, y el contribuyente no opta por solicitar la devolución de las cantidades pagadas indebidamente o que procedan conforme a las leyes fiscales, puede compensarlas contra las que esté obligado a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven de una misma contribución, incluyendo sus accesorios, en los términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, siempre y cuando deriven de actos de autodeterminación del contribuyente, puesto que si lo que se paga de más, deriva en cumplimiento de un acto de autoridad, el derecho a la compensación, nace cuando dicho acto haya quedado insubsistente o sin efectos.

Al efecto, en los términos del citado artículo, la compensación como forma de extinción de los créditos fiscales, con las limitaciones y requisitos siguientes:

- Únicamente los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar.

Como es el caso de quienes están obligados a pagar el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Por el contrario, quienes no se encuentran en esa situación porque sus tributos no derivan de una autodeterminación personal, sino de una resolución de la autoridad hacendaria, como es el caso de las contribuciones especiales, de algunos derechos y de ciertos impuestos especiales, no tienen esa posibilidad, aun cuando lleguen a quedar colocados en la hipótesis de ser acreedores y deudores recíprocos del Fisco.

- La compensación opera respecto de cantidades que un contribuyente tenga a su favor contra las que esté obligado a pagar, ya sea por adeudo propio, o por retención a terceros.

- Las cantidades a compensar deben derivar de la misma contribución, incluyendo sus accesorios (recargos, sanciones y gastos de ejecución). Se entiende que es una misma contribución, si se trata del mismo impuesto, aportación de seguridad social, contribución de mejoras o derecho.

- Al efecto, bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades actualizadas, conforme a lo previsto en el art. 17-A del Código Fiscal de la Federación, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo favor, hasta aquel en que la compensación se realice.

- Se deberá presentar el aviso de compensación correspondiente, dentro de los cinco días siguientes aquel en que la compensación se haya efectuado.

- Si las cantidades que tengan a su favor los contribuyentes no deriva de la misma contribución por la cual están obligados a efectuar el pago, podrán compensar dichos saldos en los casos y cumpliendo con los requisitos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca mediante reglas de carácter general.

- Si se trata de contribuyentes que dictaminaron sus estados financieros por contador público autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrán compensar cualquier impuesto federal a su favor contra el impuesto sobre la renta del ejercicio a su cargo y el impuesto al valor agregado del ejercicio a su cargo, excepto el causado por operaciones de comercio exterior, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la misma Secretaría de Hacienda, mediante reglas de carácter general.

- El contribuyente que habiendo efectuado el pago de una contribución determinada por él mismo o por la autoridad, interponga oportunamente los medios de defensa que las leyes establezcan y obtenga resolución firme que le sea favorable total o parcialmente, tendrá derecho en lugar de solicitar la devolución, de compensar dichas cantidades a su favor, incluyendo los intereses, contra cualquier contribución que se pague mediante declaración, ya sea a su cargo o que deba enterar en su carácter de retenedor. Si se trata de una contribución con un fin específico, sólo podrán compensarse contra la misma contribución.

- Si la compensación se hubiere efectuado y no procediera, se causarán recargos en los términos del art. 21 del Código Fiscal de la Federación, sobre las cantidades compensadas indebidamente, actualizadas por el período transcurrido desde el mes en que se efectuó la compensación indebida, hasta aquel en que se haga el pago del monto de la compensación indebidamente efectuada.

- No se podrán compensar las cantidades cuya devolución se haya solicitado o cuando haya prescrito la obligación de devolverlas por parte de la autoridad fiscal.

- Las autoridades fiscales podrán compensar de oficio las cantidades que los contribuyentes tengan derecho recibir de las autoridades fiscales por cualquier concepto, en los términos del art. 22 del Código Fiscal de la Federación, a un en el caso de que la devolución ya hubiera sido o no solicitada, contra las cantidades que los contribuyentes estén obligados a pagar por adeudos propios o por retención a terceros cuando éstos hayan quedado firmes por cualquier causa. En este caso se notificará personalmente al contribuyente la resolución que determine la compensación.

Sobre todo lo anterior cabe formular los siguientes cometarios:

Resulta injusto que el Código Fiscal únicamente autorice la compensación a los contribuyentes que liquiden sus tributos a través de declaraciones, puesto que esto crea una situación de desigualdad en perjuicio de los contribuyentes que no están obligados a presentar declaraciones, vulnerándose así el principio constitucional de equidad.

3.4 Condonación, las exenciones.

La condonación es la liberación de una deuda, hecha a título gratuito, por el acreedor en favor del deudor, o sea es el perdón de la deuda o la liberación que el acreedor otorga por cualquier motivo en favor del deudor, extinguiendo la obligación.

La condonación es una figura jurídica de carácter contributivo, que se ha creado con el fin de que la administración fiscal se encuentre en posibilidad de declarar extinguidos créditos fiscales cuando la situación económica reinante en el país, o en parte de él lo ameriten, o para atemperar el rigor de la ley, tratándose de la imposición de multas.

El Código Fiscal de la Federación eso Art. 39, regula lo relativo a la condonación de créditos fiscales, en favor de los contribuyentes, sometiéndola a los requisitos y limitaciones siguientes:

- Únicamente puede concederse la condonación de créditos Fiscales por el ejecutivo federal.

- La condonación puede ser total o parcial, incluyendo los accesorios.

- Está condicionada a que se haya afectado o se trate de impedir que se afecte:

La situación de algún lugar o región del país

Una rama de actividad económica

La producción o venta de productos

La realización de una actividad económica

Así como en caso de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias

- Debe ser mediante resoluciones de carácter general, que se señalen:

Las contribuciones a que se refiere

El monto o proporción de los beneficios

Requisitos que deben cumplir los interesados

El artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, regula su vez lo relativo a la condonación de multas por infracción a las disposiciones fiscales, sometiéndola a los requisitos y limitaciones siguientes:

- La facultad exclusiva de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

- La condonación es por multas que se hayan impuesto únicamente por violación a las disposiciones fiscales, inclusive las determinadas por el propio contribuyente.

- Es una facultad discrecional, apreciando las circunstancias de cada caso, y los motivos que tuvo la autoridad que puso la sanción.

- La condonación de multas puede ser total o parcial, a discreción del autoridad fiscal.

- Sólo procede la condonación de multas cuando hayan quedado firmes, o sea que no hayan sido impugnadas, y que ningún otro acto administrativo conexo sea materia de impugnación.

- La solicitud de condonación no constituirá instancia, y las resoluciones que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al respecto, no podrán ser impugnadas por los medios de defensa establece Código Fiscal de la Federación.

- La solicitud de condonación, dará lugar a la suspensión al procedimiento administrativo de ejecución, si así se pide y se garantiza el interés fiscal de la Federación.

Podemos entonces agregar que la prescripción es la virtud por la cual las autoridades fiscales perdonan a los contribuyentes el cumplimiento total o parcial de sus obligaciones fiscales, por causas de fuerza mayor tratándose de cualquier tipo de contribución, o bien por causas discrecionales tratándose de multas. Como puede advertirse, la condonación procede exclusivamente por dos tipos de causas, la primera de ellas aplicable a toda clase de contribuciones, en especial de impuestos, en tanto que la segunda sólo procede tratándose de multas.

1. Causas de fuerza mayor. Como ya se había citado anteriormente y de acuerdo con lo que marca el Art. 39 Fracc. I del Código Fiscal, el Ejecutivo Federal, mediante disposiciones de carácter general, podrá condonar o eximir, parcial o totalmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate impedir que se afecte, la situación de alguna región o lugar del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. Dicho en otras palabras, cuando se presentan causas que fuerza mayor que perjudiquen gravemente alguna región del país o alguna rama de la actividad económica, con el objeto de impedir que las cargas fiscales agraven aún más una situación de emergencia, se faculta al Ejecutivo Federal para que otorgue la condonación, total o parcial, de las correspondientes obligaciones tributarias durante período determinado.

En estos casos lo que se pretende es ayudar a quienes han sido víctimas de algún trastorno o calamidad ajeno a su voluntad, con el objeto de impedir que se cierren fuentes generadoras de empleo y de impuesto. Si las cargas tributarias no guardan una proporción adecuada con la capacidad económica de los contribuyentes, se corre riesgos de que, a consecuencia de dichas cargas, determinadas fuentes de actividad económica se cierren lo cual ocasiona graves perjuicios no sólo el fisco, sino también a la comunidad, puesto que desaparecen centros generadores de trabajo, empleo de impuestos. Por lo tanto, cuando en alguna región de la república un en alguna rama de la actividad industrial, por causas de fuerza mayor se presenta esté riesgo, a fin de tratar de asegurar la permanencia de esas fuentes de actividad económica, es conveniente que las autoridades hacendarias perdonen el pago de las contribuciones que pudieran causarse durante el período que dure la situación de emergencia.

2. Criterio discrecional. De acuerdo también a lo que establece el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, las multas por infracción a las disposiciones fiscales podrán ser condonadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que apreciará discrecionalmente los motivos que tuvo autoridad que impuso la sanción y las demás circunstancias del caso. Al observar las reglas aplicables en materia de imposición de multas, los criterios que al respecto debe seguir autoridad hacendaria son eminentemente discrecionales, es decir, la ley simplemente se concreta fijar mínimos y máximos, quedando a criterio de la autoridad sancionadora, el fijar el importe de la multa con base en el mínimo, en el máximo, o bien en una cantidad intermedia. Precisamente por eso se habla de facultades discrecionales, porque se dejan a criterio de la autoridad encargada de aplicar la ley el apreciar las circunstancias de cada caso concreto y el proceder en consecuencia. Dentro de este contexto resulta perfectamente lógica la existencia de la figura de la condonación de multas, ya que como importe de las mismas siempre se fija con base en el criterio de la autoridad sancionadora, existe siempre la posibilidad de que al apreciar otra autoridad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de nueva cuenta las circunstancias que dieron origen a la infracción, considere que debe modificarse el monto de la multa inicialmente impuesta o bien que debe procederse a su total condonación.

Con base en todo lo anterior, es factible llegar a la conclusión de que la condonación por cualquiera de las dos causas denunciadas constituye un medios de extinguir tributos o contribuciones, toda vez que a través de la misma el acreedor, o sea el fisco, perdona a su deudor, o sea el contribuyente, el cumplimiento total o parcial de sus obligaciones tributarias por las diversas circunstancias que acabamos de analizar, extinguiéndose, en esta forma la contribución de que se trate.

3.5 Prescripción y caducidad de los Créditos Fiscales.

Prescripción de los Créditos Fiscales

La prescripción es una forma de extinción de los créditos fiscales, por el solo transcurso del tiempo, en la forma y términos previstos para tal efecto por la ley.

Tradicionalmente se ha definido a la prescripción como la adquisición de un derecho o la extinción de una obligación por el simple transcurso del tiempo y mediante el cumplimiento de los requisitos que la ley marca. En este sentido se habla de la existencia de dos tipos que prescripción: la adquisitiva y la liberatoria.

La primera se caracteriza por ser un medio legal para llegar adquirir ciertos bienes. Así por ejemplo, conforme a nuestro derecho civil, la persona que posea un inmueble a título del dueño, de buena fe, en forma pública, pacífica y continua durante período de cinco años cuando menos, adquiere el pleno derecho de propiedad sobre el mismo. En cambio la prescripción liberatoria consiste en la extinción de una obligación, generalmente una deuda, y del correlativo derecho de hacer efectiva. Así, en materia fiscal la obligación de pagar el adeudo de un Crédito Fiscal se extingue por prescripción en un plazo de cinco años a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido, en caso de que durante dicho plazo el acreedor o sea el fisco no hubiese ejercitado en contra del contribuyente ninguna acción encaminada al cobro del crédito.

Como puede advertirse, la prescripción, ya sea adquisitiva o liberatoria, se configura cuando se reúnen a los elementos esenciales: el simple transcurso del tiempo y el cumplimiento de los requisitos que marque la ley respectiva. Ahora bien, el único tipo de prescripción que contempla nuestro derecho fiscal es la prescripción liberatoria. En efecto, dentro de nuestra disciplina la prescripción opera como una forma de extinguir dos clases de obligaciones, a saber:

1. La obligación a cargo de los contribuyentes de pagar tributos o contribuciones.

2. La obligación a cargo del fisco de devolver a los contribuyentes las cantidades de estos últimos que le hayan pagado indebidamente o las cantidades que procedan conforme a la ley; en este último caso se encuentra, por ejemplo, el impuesto de valor agregado, en el que, no obstante que hay pago de lo debido, procede, bajo ciertas condiciones, que le sea devuelto al contribuyente el importe del impuesto hubiere pagado.

Por consiguiente, en materia fiscal la prescripción es un instrumento extintivo de obligaciones, tanta cargo del contribuyente como del fisco, por el simple transcurso del tiempo y mediante el cumplimiento de los requisitos que la ley tributaria establece.

Dentro de este contexto el Art.146 del Código Fiscal de la Federación dispone los siguientes:

"El crédito Fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años.

El término de la prescripción se inicia partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer con excepción en los recursos administrativos. El término para que se consumen la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor.

Los particulares podrán solicitar a la autoridad la declaratoria de prescripción de los créditos fiscales."

Con base en este texto legal se procede a analizar las principales características que esta figura jurídico-tributaria:

1. La prescripción se consuma en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha de exigibilidad del tributo o contribución, o bien a partir de la fecha en que se pago indebidamente el fisco determinada cantidad y nació el consiguiente derecho de solicitar su devolución. Dicho en otras palabras, el tiempo de que conforme a la ley, debe transcurrir es de cinco años. Igual plazo corresponde en el caso de devoluciones de impuestos que proceda conforme a la ley.

2. La prescripción corre tanto en contra del fisco (pues es un medio de extinguir tributos o contribuciones) como en contra de los particulares, toda vez que también opera para extinguir la obligación de devolver cantidades pagadas indebidamente o que conforme a la ley procedan, como es el caso ya mencionado de impuesto al valor agregado.

Sobre este particular, no debe perderse de vista que aún cuando el citado Art. 146 parece más bien hacer referencia a la prescripción de los tributos, el artículo 22 del mismo código claramente establece en su séptimo párrafo que: "La obligación de devolver (lo pagado indebidamente fisco por los contribuyentes) prescribe en los mismos términos y condiciones que el Crédito Fiscal."

3. La prescripción es susceptible de interrumpirse con cada gestión de cobro notificada al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de este último respecto de la existencia del crédito. Por razones de orden lógico, cada vez que el fisco notifique al contribuyente una gestión de cobro o cada vez que el contribuyente notifique al fisco una solicitud en devolución de lo pagado indebidamente, o bien cada vez que exista un reconocimiento expreso un tácito (aún que esto último es extremadamente difícil de probar) de la existencia del adeudo fiscal o del pago de lo indebido, el plazo para que se consume la prescripción tiene forzosamente que interrumpirse.

En efecto, una de las características esenciales de la prescripción liberatoria consiste en que, para que se configure, debe haber una total inactividad por parte del acreedor. Por lo tanto, principalmente las gestiones de cobro notificadas al deudor ponen fin a esa inactividad e impiden que la prescripción se consume. Ahora bien, si tales gestiones no culminan en un cobre efectivo y reaparece la inactividad del acreedor, el plazo prescriptorio se reanuda de nueva cuenta.

4. La prescripción puede hacerse valer indistintamente a través de una excepción procesal, o bien como una solicitud administrativa. Esta característica opera de la siguiente manera:

a) Si el fisco pretende hacer efectiva una contribución prescrita, el afectado al interponer el recurso o medio de defensa legal que proceda debe oponer a dicha acción de cobro la excepción de prescripción. Esta regla también se aplica en beneficio del fisco en aquellos casos en los que a través de recursos administrativos o instancias procesales, los particulares pretendan obtener la devolución de cantidades pagadas indebidamente cuando el derecho respectivo ya ha prescrito.

b) Cuando se haya consumado la prescripción de un tributo o contribución, y el fisco no haya intentado ninguna acción de cobro, el contribuyente interesado en mantener una certeza jurídica en lo tocante a sus derechos y obligaciones tributarias, puede solicitar en la vía administrativa que la autoridad hacendaria competente emita la correspondiente declaratoria de prescripción (Art. 146, IV párrafo, CFF). Por razones obvias ésta regla es inaplicable tratándose de la prescripción de la obligación a cargo del fisco de devolverlo lo pagado indebidamente o de las cantidades que conforme a la ley procedan.

Con base es lo expuesto, consideramos que estamos ya en condiciones que, a manera de conclusión, definir a la prescripción en los siguientes términos: La prescripción es una forma de extinguir tributos o contribuciones a cargo de particulares, así como la obligación a cargo del fisco de devolver a los particulares contribuciones pagadas indebidamente o que conforme a la ley proceda, cuando dichas obligaciones no se hacen efectivas en ambos casos en un plazo de cinco años, contando partir de la fecha de exigibilidad de los tributos, o de la fecha en la que el pago del indebido se efectuó. La prescripción puede hacerse valer tanto como excepción procesal o como una solicitud administrativa, según se presente o no una acción de cobro posterior a la configuración de la prescripción; siendo de hacerse notar el plazo para que se consume esta forma de extinción tributaria, se interrumpe con cada gestión de cobro notificada por el acreedor al deudor, o bien por el reconocimiento expreso o tácito por parte de este último respecto del existencia del crédito.

Caducidad de los Créditos Fiscales

La caducidad que se definen, como la pérdida de un derecho por su no ejercicio durante el tiempo que la ley marca. Dentro del contexto del Derecho Fiscal, la caducidad se presenta cuando las autoridades hacendarias no ejercita sus derechos para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a dichas disposiciones, durante un plazo de cinco años.

Sobre este particular, el Art. 67 del Código Fiscal nos proporciona una serie de elementos que van a permitir señalar las características más importantes de esta figura jurídico-tributaria. Se citará en primer término lo que este precepto legal establece:

"Las facultades de las autoridades fiscales, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios así como para imponer sanciones por infracciones a dichas disposiciones se extinguen en el plazo de cinco años a partir del día siguiente a aquel en que:

1. Se presentó la declaración del ejercicio, cuando se tenga obligación de hacerlo. En estos casos las facultades se extinguirán por ejercicios completos, incluyendo aquellas facultades relacionadas con la exigibilidad de obligaciones distintas de la de presentar la declaración del ejercicio. No obstante lo anterior, cuando se presenten declaraciones complementarias el plazo empezará a computarse a partir del día siguiente a aquel en que se presentan, por lo que hace a los conceptos modificados en relación a la última declaración de esa misma contribución en el ejercicio.

2. Se presentó o debió haberse presentado declaración o aviso que corresponda a una contribución que no se calculen por ejercicios a partir de que se causaron las contribuciones cuando no exista lo obligación de pagarlas mediante declaración.

3. Se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales; pero si la infracción fuese de carácter continuo o continuado, el término correrá a partir del día siguiente al en que hubiese cesado la consumación o su hubiese realizado la última conducta o hecho, respectivamente.

4. El plazo a que se refiere este artículo cera de diez años, cuando el contribuyente no haya presentado su solicitud en el registro federal de contribuyentes, no lleve contabilidad o no la conserve durante el plazo establece este código, así como por los ejercicios en que no presente alguna declaración del ejercicio, estando obligado a presentarlas; en este último caso el plazo de diez años se computará a partir del día siguiente a aquel en que se debió haber presentado la declaración del ejercicio. En los casos en que posteriormente el contribuyente en forma espontánea presente la declaración omitida y cuando esta no se ha requerida, el plazo será de cinco años, sin que en ningún caso este plazo de cinco años, sumado al tiempo transcurrido entre la fecha en que debió presentarse la declaración omitida y la fecha en que se presentó espontáneamente, exceda de diez años. Para los efectos de este artículo las declaraciones del ejercicio no comprende las de pagos provisionales.

En los casos de responsabilidad solidaria a que se refieren Art. 26 Fracc. III de este Código, el plazo será de tres años a partir de que la garantía del interés fiscal resulte insuficiente.

El plazo señalado en este artículo no está sujeto interrupción, y sólo se suspenderá cuando se interponga algún recurso administrativo o juicio.

La facultades de las autoridades fiscales para investigar hechos constitutivos de delitos en materia fiscal no se extinguirán conforme a este artículo.

Los contribuyentes, transcurridos los plazos a que se refiere este artículo, podrán solicitar se declare que se han extinguido las facultades de las autoridades fiscales".

Tomando como punto de referencia lo anterior, se analizan las características más sobresalientes de la caducidad:

1. A través de la caducidad se extinguen los derechos que la ley otorga a las autoridades tributarias para el ejercicio de las siguientes atribuciones:

a) Comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales mediante revisión de declaraciones, visitas domiciliarias, verificación de datos y documentos, etcétera.

b) Determinar el monto de contribuciones omitidas más sus accesorios.

c) Imponer sanciones por infracción a las normas fiscales.

2. Por regla general el plazo para que la caducidad se consume es de cinco años contados a partir de las siguientes fechas:

a) Fecha de presentación de declaraciones, o fecha la que debieron presentarse (sean anuales o complementarias) que correspondan a aquellas contribuciones que deban pagarse por ejercicios.

b) Fecha de presentación de los avisos correspondientes a contribuciones que no se pagaron por ejercicios; o bien fecha de causación (nacimiento de la obligación tributaria) de aquellas contribuciones que no se paguen ni mediante declaración ni mediante avisos.

c) Fecha de cometida la infracción a las disposiciones fiscales. Si la infracción fuere de carácter continuo, el cómputo se iniciara a partir del día siguiente en el que hubiere cesado la comisión de la infracción.

No obstante, en casos excepcionales el plazo para el cómputo de la caducidad puede ampliarse hasta por un término de diez años, cuando contribuyente no se encuentre registrado para efectos fiscales o no haya dado cumplimiento a la obligación legal a su cargo de presentar declaraciones anuales de impuestos; debe destacarse que esta ampliación al plazo de la caducidad sol es aplicable a aquellos contribuyentes que de plano abstienen de cumplir con sus obligaciones fiscales, y respecto de los cuales las facultades de control y verificación de las autoridades hacendarias se tornan por esa misma razón más difíciles de llevarse a cabo. De ahí que en estos casos, y sólo en estos casos, se justifique el que la extinción de las facultades de las autoridades fiscales por caducidad se consume en un plazo de diez años.

Pero independientemente del plazo de consumación no debe perderse de vista que como la caducidad consiste esencialmente en la pérdida de un derecho por su ejercicio durante el tiempo que la ley marca, el plazo para que se consume, y ya sea de cinco años o de diez años, se cuenta precisamente a partir de las fechas en que nacen los derechos del fisco de comprobación, determinación de contribuciones omitidas e imposición de sanciones.

3. Por razones de orden lógico, la caducidad no puede estar sujeta ni a interrupción ni a suspensión. En efecto, volvemos a insistir que la caducidad es la pérdida de uno o varios derechos por no ejercitarlos durante el plazo que señala la ley. Por consiguiente no existe forma de que sus efecto se suspendan, ya que si esos derechos ejercitan la caducidad simplemente no se configura. En cambio sí, por cualquier motivo o circunstancia, esos derechos no se ejercitan la caducidad se consuma. Lo que no es admisible es que se sostenga que los efectos de la caducidad son susceptibles de suspenderse.

De ahí que resulte criticable el contenido del quinto párrafo del art. 67 del Código Fiscal de la Federación cuando señala que la caducidad se suspenderá cuando se interponga algún recurso administrativo o juicio. Si bien es cierto que en favor de este criterio puede alegarse que cuando se interpone algún medio de defensa legal es porque la autoridad fiscal ya ejercito sus derechos, lo que en principio implicaría entonces que la caducidad nunca se configura.

4. Finalmente, el Código Fiscal señala que los contribuyentes, en la vía administrativa, podrán solicitar que se declare que se han extinguido por caducidad la facultades de las autoridades fiscales cuando transcurra, sin ejercicio de atribuciones, el varias veces mencionado plazo legal de cinco años.

No obstante, en forma por demás inexplicable, el Código omite mencionar que la caducidad también puede hacerse valer como excepción procesal. En efecto, cuando la autoridad hacendaria ejerce sus múltiples facultades de comprobación, determinación de contribuciones omitidas e imposición de sanciones, después de que ha transcurrido el exceso el referido término de cinco años, no hay nada que impida que el particular afectado al interponer el correspondiente medio de defensa legal, haga valer la excepción de caducidad. Tan es así, el sexto párrafo de ya mencionado Art. 67 está exclusivamente dedicado a regular cuestiones procesales directamente vinculadas con la caducidad. En tales condiciones, tenemos que concluir que la caducidad se puede declarar tanto como consecuencia de una solicitud administrativa, como también como consecuencia de una excepción procesal.

Concluyó basándose en lo expuesto anteriormente, que la caducidad es la figura jurídico-tributaria por virtud de la cual se extinguen las facultades de comprobación, determinación de contribuciones omitidas y sus accesorios, e imposición de sanciones, que poseen las autoridades fiscales, por su no ejercicio durante el plazo legal de cinco años o de diez años exclusivamente tratándose de contribuyentes no registrados, que no lleven contabilidad o que no presenten declaraciones anuales estando obligados a hacerlo, contados a partir de la fecha de nacimiento de tales facultades, el cual no está sujeto ni a interrupción ni a suspensión; siendo de hacerse notar que el operar la caducidad únicamente en contra del Fisco, la misma puede hacerse valer por los contribuyentes como solicitud administrativa y como excepción procesal.

Diferencias entre Caducidad y Prescripción.

Entre la caducidad y la prescripción existen grandes similitudes. Ambas tienen por objeto extinguir tributos o contribuciones; ambas se configuran en un plazo de cinco años; y ambas pueden hacerse valer como solicitudes administrativas y como excepciones procesales.

Sin embargo, existen importantes diferencias entre ambas. De otra forma, no estarían reguladas como dos instituciones distintas. A continuación se señalan las diferencias más importantes entre prescripción y caducidad.

1. Mientras la prescripción opera tanto en contra como a favor del Fisco; la caducidad exclusivamente opera en contra del Fisco. Dicho en otras palabras, se extinguen por prescripción tanto los tributos o contribuciones que los particulares adeuden al fisco como la obligación a cargo de este último de devolver a los primeros las contribuciones pagadas indebidamente o las cantidades que conforme a la ley procedan. En cambio, en la caducidad únicamente se extinguen las facultades de las autoridades hacendarias relacionadas con la comprobación, determinación de contribuciones omitidas e imposición de sanciones a particulares.

Resumiendo al respecto, se puede afirmar que la prescripción es una acción y una excepción que pueden hacer valer los contribuyentes en contra del fisco y el fisco, a su vez, en contra de los contribuyentes. Por el contrario, la caducidad otorga una acción y una excepción exclusivamente a los contribuyentes ante el Fisco.

2. Mientras el plazo para que se consume la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro notificada por el acreedor al deudor, o bien por el reconocimiento expreso tácito que este último formule al respecto de la existencia del crédito; la caducidad por su misma naturaleza no puede estar sujeta ni a interrupción ni a suspensión. En torno a esto debe tenerse presente lo que se señalo anteriormente, que toda vez que la caducidad consiste esencialmente en la pérdida de uno o varios derechos por su no ejercicio durante el término que la ley marca, cuando las autoridades fiscales ejercitan tales derechos en tiempo, la caducidad ni se interrumpe ni se suspende, simplemente no se configura.

3. Mientras que el cómputo para que se consume al prescripción se inicia a partir de la fecha de exigibilidad del crédito de que se trate; el cómputo para que se consume la caducidad se inicia a partir de la fecha en que nazcan las facultades de la autoridades fiscales.

En efecto, tal y como se señaló, la prescripción se cuenta a partir de la fecha en la que el tributo o contribución se vuelven exigibles, o bien a partir de la fecha en que se efectúa el pago de lo indebido. En cambio, la caducidad debe contarse a partir de la fecha en que nacen las facultades de comprobación, determinación de contribuciones omitidas e imposición de sanciones, que poseen las autoridades fiscales. Tan es así, que el artículo 67 del Código fiscal de la federación, al establecer el punto de partida para el cómputo de la caducidad, hace referencia precisamente a la fecha de presentación o en que debieron presentarse las declaraciones de impuestos, la fecha de causación de las contribuciones y la fecha en que fueron cometidas o dejaron de cometerse las infracciones a las leyes tributarias. Esta distinción aparece como enteramente lógica si se toma en consideración que mientras la prescripción es ante todo la extinción de una acción de cobro; la caducidad consiste, en esencia, en la extinción de ciertos derechos, facultades o atribuciones.

3.6 Naturaleza de la cancelación.

Cancelar significa anular o dejar sin efectos una obligación. En materia fiscal, la cancelación no es en esencia la extinción de los créditos fiscales, porque ésta no libera a los obligados de su pago.

La cancelación de los créditos fiscales, de las cuentas públicas, es de efectos internos o administrativos de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y se genera por dos situaciones tal como marca el artículo 146- A del Código Fiscal de la Federación:

- Por incosteabilidad del cobro. En este caso un crédito fiscal es incosteable, por su escasa cuantía, lo que hace antieconómico para el fisco procederá su cobro.

- Por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios. En el segundo caso es incobrable, cuando el obligado o responsables solidarios son insolventes o han muerto sin dejar bienes.

En ambos casos no se libera al deudor o al responsables solidario de su pago, lo que implica que aún cancelado un crédito fiscal, si el particular va y lo paga voluntariamente, la autoridad debe recibir el pago; o bien si es deudor o responsable solidario, llegan a tener solvencia económica, la autoridad fiscal al tener conocimiento de dicha circunstancia debe exigir el crédito fiscal insoluto, si no ha operado la prescripción en los términos del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación.

3.7 La extinción forzosa.

En los casos en que el contribuyente denote una actitud de omisión en la extinción de los Créditos Fiscales a su cargo, la autoridad hacendaria esta facultada para hacer efectiva dicha extinción, dichos créditos podrán ser exigidos dentro de los plazos y normas establecidas mediante procedimientos administrativos que la ley otorga para hacer exigibles los créditos omitidos.

A) Exigibilidad del Crédito Fiscal.

La exigibilidad del crédito fiscal consiste en que el ente público esté debidamente facultado para exigir al contribuyente el pago de la prestación, cuando no se haya pagado o garantizado dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas, en referencia a esto el artículo 145 del Código Fiscal (párrafo I) cita: "Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución".

A partir de aquí vemos la figura del Procedimiento Administrativo de Ejecución, mediante este medio y solo mediante este medio la autoridad hacendaria se respalda para hacer efectivo el cobro de los créditos omitidos por el contribuyente, siempre y cuando se cumplan las reglas, plazos o requisitos que la ley indique.

Sin embargo, mientras transcurra o venza el dicho plazo establecido por la ley, los créditos fiscales no pueden ser exigidos por el sujeto activo, salvo que de conformidad con el citado artículo 145 del Código Fiscal (párrafo II), se practique embargo precautorio para asegurar el interés fiscal, si se dan los supuestos y requisitos necesarios para que se tome dicha medida precautoria por la autoridad fiscal.

B) Procedimiento administrativo de ejecución, formas de efectuar el secuestro administrativo, el remate.

Como ya se mencionó, el Recurso Administrativo de Ejecución es la figura fiscal mediante la cual la autoridad hacendaria hace exigible el Crédito Fiscal omitido por el contribuyente, siempre y cuando dicho crédito pueda ser exigible dentro de los términos que marca la ley.

Los Créditos Fiscales solo pueden ser cobrados a través del Procedimiento Administrativo de ejecución; cuando previamente fueron notificados al deudor y éste no los cubrió, o impugnó el acto que lo determinó; así pues para poder ser exigible se requiere que no se hubiese pagado o garantizado, o bien no se hubiere hecho valer en contra del mismo un medio de defensa, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que haya surtido sus efectos la notificación (art.144, CFF), lo que implica que la autoridad ineludiblemente tiene que notificar al contribuyente el crédito fiscal, para que corra el plazo ya mencionado y se pueda alcanzar su exigibilidad.

Una vez transcurrido el plazo en que se notifico o requirió el pago, sin que el contribuyente hubiese efectuado la extinción del crédito fiscal o, en su caso, otorgado la garantía del interés fiscal, dicho crédito hablando en términos legales, es ya exigible.

Se considera un crédito fiscal exigible:

- Cuando el crédito fiscal no fue pagado dentro del plazo legal.

- Cuando no se otorgue la garantía del interés fiscal dentro del plazo.

Es decir ante la negativa o abstención del contribuyente para pagar o garantizar un crédito fiscal, la autoridad tributaria podrá hacer efectivo este crédito fiscal exigible mediante la utilización del procedimiento administrativo de ejecución.

Podemos afirmar que Procedimiento Administrativo de Ejecución tiene un ciclo que se describe a continuación:

Procedimiento Fases en el procedimiento - Requerimiento de pago.

Administrativo administrativo de ejecución. - Embargo de bienes.

de Ejecución - Remate de bienes

embargados.

Haciendo un análisis se puede afirmar que se tienen que cumplir los siguientes requisitos para que la autoridad hacendaria pueda hacer exigibles mediante el ya mencionado Recurso Administrativo los Créditos Fiscales omitidos por el contribuyente:

- Notificación dirigida al particular o representante legal.

- Que los Créditos Fiscales requeridos no hayan sido impugnados.

- Hasta que termine el plazo correspondiente de cuarenta y cinco día a partir de que surta efectos la notificación.

- No se ejecutaran los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal, satisfaciendo los requisitos legales.

En el caso de que dichos créditos requeridos por la autoridad hacendaria no hayan sido solventados, garantizados o impugnados por el contribuyente dentro de los plazos establecidos por al misma, la autoridad fiscal procederá mediante el embargo a la apropiación de los bienes que garanticen cubrir el importe total de los créditos omitidos.

El Embargo.

Siguiendo el ciclo del Procedimiento Administrativo de Ejecución, ante la negativa del contribuyente de extinguir o garantizar los créditos que se le imputan, se continua de acuerdo a la ley con la fase del embargo.

La autoridad podrá embargar los bienes o la negociación del contribuyente cuando éste no realice su pago de impuestos en tiempo o no garantice el interés fiscal en los plazos legales; identificamos dos tipos de embargo a saber:

Embargo precautorio.

La autoridad también podrá embargar precautoriamente en los siguientes casos, considerando que en los cuatro primeros supuestos a mencionar no hay tope en el embargo (embargo ilimitado) para el monto de lo que se debe embargar, mientras que en el último si existe tal tope:

Casos de embargo sin tope de garantía:

- Cuando el contribuyente se oponga u obstaculice la iniciación del ejercicio de las facultades de comprobación.

- Cuando desaparezca o se ignore su domicilio y, por tanto no se pueda notificar el inicio del ejercicio de las facultades de comprobación.

- Cuando, una vez iniciadas las facultades de comprobación, el contribuyente desaparezca.

- Cuando el contribuyente se niegue a proporcionar la contabilidad que acredite el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Casos de embargo con tope de garantía:

- Cuando el Crédito Fiscal es determinado por el contribuyente o por la autoridad; pero aun no sea exigible si, a juicio de la autoridad, existe peligro inminente de que el contribuyente pretenda evadir el pago, la autoridad podrá embargar hasta por un monto equivalente al Crédito Fiscal incluyendo sus accesorios.

El plazo en que deberá levantarse el embargo precautorio será de 18 meses, salvo para aquellos contribuyentes que:

a) Manejen partes relacionadas.

b) Que consoliden para efectos fiscales.

c) Que conformen parte del sistema financiero.

d) Que sean revisados por aduanas

En estos casos, el embargo se levantará cuando la autoridad termine de realizar sus facultades de comprobación.

Si el crédito fiscal es exigible y ya existe un embargo precautorio, entonces se realizará el procedimiento administrativo de ejecución.

Embargo en la vía administrativa

Este tipo de embargo solo se practica a solicitud del contribuyente, lo cual lo distingue del anterior en el cual la autoridad actúa unilateralmente en el ejercicio de las atribuciones que le concede el código fiscal de la federación.

El embargo en la vía administrativa, es un acto jurídico bilateral, y como tal, es necesario y se requiere del consentimiento y acuerdo de las partes que intervienen en este acto, es decir el acuerdo entre el fisco federal y el contribuyente que ofrece los bienes para que se pueda llevar a cabo este singular embargo en materia fiscal.

Lo cual también significa, que ante la falta de acuerdo o consentimiento de algunas de las partes, este no se podrá llevar a cabo.

De lo anterior podemos concluir que el embargo en la vía administrativa se define como aquel que solo y exclusivamente procede a solicitud del interesado, ya que el contribuyente ofrece a la autoridad tributaria los bienes sobre los cuales hay que trabarse el embargo, a fin de cumplir con la obligación de garantizar el interés fiscal, y opte por esta modalidad de asegurar el pago de los créditos fiscales.

Diferencias entre embargo precautorio y embargo administrativo.

Embargo precautorio.

- Es en ejercicio de facultades.

- Es un acto unilateral.

- Procede cuando el contribuyente se encuadra en determinadas hipótesis

legales o conductas que señala la norma fiscal.

Embargo en la vía administrativa.

- Procede a solicitud del interesado.

- Es un acto bilateral.

- Es un medio para garantizar el interés fiscal.

Es importante mencionar que el embargo precautorio, que aun cuando se encuentra normado dentro del Código Fiscal de la Federación es considerado como anticonstitucional por algunos analistas, en mi opinión esto es muy cierto, ya que se violan las garantías individuales, dejando a consideración de la autoridad fiscal, en su criterio de decidir los supuestos que marquen los requisitos o suposiciones de llevar a cabo un embargo precautorio.

Una vez que el crédito fiscal ya ha sido exigido y el contribuyente no lo extinguió o garantizo, entonces la autoridad embragará en el acto (entre el requerimiento de pago y el embrago no hay plazo) de acuerdo al artículo 151 del CFF.

La autoridad debe embargar bienes suficientes para cubrir el crédito fiscal omitido y puede embargar:

a) Bienes muebles (acta pormenorizada)

b) Bienes inmuebles (Inscribiendo el hecho en el registro público)

c) Negociaciones ( Inscribiendo el hecho en el registro público)

De esta diligencia el ejecutor deberá levantar el acta pormenorizada, entregando copia ala contribuyente o la persona con quien se encuentre.

Cuando el contribuyente no señale bienes suficientes o los bienes aportados la autoridad fiscal no podrá embargar en los caso de que:

a) Estén fuera de la jurisdicción de la oficina ejecutora.

b) Estén gravados o previamente embargados.

c) Sena de fácil descomposición, deterioro o construidos con materiales inflamables.

Los bienes que no pueden ser embargados son:

- El lecho cotidiano.

- Los vestidos del deudor y de sus familiares.

- Los muebles de uso indispensable del deudor y sus familiares.

- Libros, instrumentos, útiles y mobiliario indispensable para el ejercicio de la profesión del deudor.

- La maquinaria, enseres y seres movientes (seres vivos como caballos, vacas, etc.) de la negociación; pero podrán ser objeto de embargo con la negociación en su totalidad si a ella están destinados.

- Las armas, vehículos y caballos que los militares en servicio deben usar.

- Los granos mientras no hayan sido cosechados, pero no los derechos sobre la siembra.

- El derecho de usufructo.

- Los derechos de uso de habitación.

- El patrimonio familiar inscrito en el Registro Público de la Propiedad (hasta por 365 días de salario mínimo general).

- Los sueldos y salarios.

- Las pensiones.

- Los ejidos.

Si el ejecutor embarga bienes de terceros, esté tiene que demostrar que la propiedad del bien a satisfacción del ejecutor, sin embrago si la autoridad embarga, el tercero deberá promover recurso de revocación para desembargar el bien.

Según el Art. 155, será el contribuyente o la persona con la que se entienda la diligencia quien deberá señalar los bienes a embargar, apegándose al siguiente orden:

- Dinero, metales preciosos y depósitos bancarios.

- Acciones, bonos, valores mobiliarios y, en general, créditos de inmediata y fácil recuperación.

- Bienes muebles.

- Bienes inmuebles.

El acto deberá ser de preferencia atestiguado por dos testigos aportados por el contribuyente. Sin embargo, el Art. 156 del Código Fiscal de la Federación, el ejecutor podrá señalar bienes a embargar cuando no considere que el contribuyente otorgó los bienes necesarios.

Si el contribuyente no permitiese la entrada al ejecutor de la autoridad hacendaria, de acuerdo con el Art. 162 del Código Fiscal de la Federación, el ejecutor podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública.

Embargo de negociaciones.

La autoridad puede intervenir negociaciones cuando los bienes a embargar, a juicio de la autoridad, no son suficientes para cubrir el Crédito Fiscal.

Para intervenir una negociación, la autoridad fiscal nombrará a un empleado suyo para intervenir lo negociado de dos maneras:

- Interventor de la caja.

- Interventor de la administración.

- Las funciones que debe ejecutar un interventor a la caja de la negociación son: tomar posesión de la Tesorería de la negociación, separando las cantidades relativas a los sueldos, salarios y créditos preferentes tomando 10% de los ingresos diarios y entregándolos a la oficina recaudadora. La intervención a la caja se levantará cuando el Crédito Fiscal se haya pagado.

Cuando el interventor con cargo a la caja encuentre irregularidades u operaciones del contribuyente que pongan en peligro los intereses del fisco, entonces la autoridad nombrará un interventor con cargo a la administración.

Para tal efecto, al interventor se le otorgarán plenos poderes para ejercer actos de dominio y de administración, para pleitos y cobranza, otorgar o suscribir títulos de crédito, presentar denuncias y querellas y la facultad de revocar los poderes otorgados a miembros de la sociedad; sin embargo, no podrá enajenar los bienes del activo fijo.

El interventor deberá: rendir cuentas mensuales a la oficina recaudadora, recaudar 10% de los ingresos y entregarlos a la oficina recaudadora. En caso de que el producto de la recaudación no liquidara el Crédito Fiscal vigente, el Art. 172 del Código Fiscal de la Federación establece que, si en los primeros tres meses no se recauda por lo menos 24% del Crédito Fiscal a razón de 8 por ciento mensual, la autoridad procederá a enajenar la negociación.

En el caso en que la autoridad hacendaria no logre recaudar el importe total de los Créditos Fiscales adeudados por el contribuyente, los bienes embargados procederán a su enajenación mediante remate.

El remate.

La legislación de bienes embargados, procederá como sigue:

- A partir del día siguiente aquel en que se hubiese fijado la base mediante avalúo, y para negociaciones, el avalúo pericial, ambos conforme a las reglas que establece el Código Fiscal de la Federación.

- En los casos de embargo precautorio a que se refiere el artículo 145 del Código Fiscal, cuando los créditos se hagan exigibles y no se paguen al momento del requerimiento.

- Cuando el embargado no proponga comprador dentro del plazo a que se refiere la Fracc. I del art. 192 del Código Fiscal de la Federación.

Existen ocho reglas básicas para rematar bienes:

- En cualquier momento la autoridad puede adjudicarse el bien o venderlo a un tercero interesado.

- El contribuyente podrá proponer comprador antes del día en que se finque el remate.

- La postura legal en la primera almoneda será de 2/3 partes del valor de enajenación, en la segunda almoneda será 20% menor.

- El oferente podrá ofrecer de contado la parte que cubra el interés fiscal y la autoridad podrá otorgar crédito por la diferencia o, en su caso, podrá vender en abonos.

- El jefe del oficina ejecutora elegirá la mejor postura fincando el remate favor del mejor postulante.

- Los oferentes deberán depositar conjuntamente con su escrito 10% del valor de enajenación validado.

- Queda prohibido adquirir los bienes objeto de remates a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o interpósita persona.

- En caso de que los bienes no se realicen la autoridad hacendaria los conservará a su 50% de su valor de enajenación, aplicándola contra el Crédito Fiscal.

BIBLIOGRAFIA

  • Gómez Haro Ruiz, Enrique, Análisis del CFF, Editorial Dofiscal, México, 1992.
  • Ediciones Fiscales ISEF, Compendio de Leyes fiscales federales y sus Reglamentos, Editorial ISEF, México, 1999.
  • Latapí Ramírez, Agustín, Introducción al estudio de las contribuciones, Editorial Mc. Graw Hill, México, 1999.
  • Rodríguez Lobato, Raúl, Derecho Fiscal, Editorial Harla, 4ta Edición, México, 1996.
  • Flores Zavala, Ernesto, Elementos de Finanzas Públicas Mexicanas, Editorial Porrúa, 2va Edición, México, 1991.
  • Margáin Manautou, Emilio, Introducción al Estudio del Derecho Tributario Mexicano, Editorial Porrúa, 12va Edición, México, 1996.

GLOSARIO

CFF Código Fiscal de la Federación.

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

D.O.F. Diario Oficial de la Federación.

LIA Ley del Impuesto al Activo.

LIF Ley de Ingresos de la Federación.

LISR Ley de Impuesto Sobre la Renta.

LIVA Ley de Impuesto al Valor Agregado.

 

 

 

Moises zapata

Partes: 1, 2


 Página anterior Volver al principio del trabajoPágina siguiente 

Comentarios


Trabajos relacionados

Ver mas trabajos de Administracion y Finanzas

 

Nota al lector: es posible que esta página no contenga todos los componentes del trabajo original (pies de página, avanzadas formulas matemáticas, esquemas o tablas complejas, etc.). Recuerde que para ver el trabajo en su versión original completa, puede descargarlo desde el menú superior.


Todos los documentos disponibles en este sitio expresan los puntos de vista de sus respectivos autores y no de Monografias.com. El objetivo de Monografias.com es poner el conocimiento a disposición de toda su comunidad. Queda bajo la responsabilidad de cada lector el eventual uso que se le de a esta información. Asimismo, es obligatoria la cita del autor del contenido y de Monografias.com como fuentes de información.