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Seguridad Ciudadana y Neoliberalismo (página 2)
NEOLIBERALISMO E INSEGURIDAD CIUDADANA
El neoliberalismo tiene como antecedente histórico a escala mundial al Liberalismo, que fue una corriente dominante en el pensamiento inglés y francés del siglo xviii. Inicialmente se manifestó contra toda forma de dominación del Estado sobre los individuos. Es este el tipo más antiguo de liberalismo, que designaba más el respeto a la libre empresa que el progreso universal y que no estaba asociado necesariamente con el pensamiento democrático. Para la escuela liberal clásica, la conciliación entre los intereses individuales y el interés general es automática. El Estado y los grupos privados no deben entorpecer con su intervención este libre juego benéfico de la concurrencia entre los individuos. El liberalismo moderno es sobre todo político, tanto en sus motivaciones como en su expresión en la acción partidista. Este liberalismo intenta, por una parte, poner al individuo al abrigo de los poderes públicos, y por otra preservar las libertades políticas y la libertad de pensamiento.
Alcanzó su momento de mayor esplendor durante la Revolución Francesa (1789). Como señalan Avdakov, Poliansky y. o. (1965: 278-283) la Revolución Francesa tuvo por fruto inmediato el derrumbamiento del régimen feudal francés, lo cual tuvo repercusiones históricas en toda Europa. Sin embargo, este proceso no fue llano para su desarrollo. Los autores citados informan que algunas reivindicaciones del liberalismo económico representaron un papel positivo en el desarrollo de la revolución. Por ejemplo, en 1791, sendos decretos de la Asamblea constituyente abolieron la reglamentación gubernamental del trabajo en la industria y declararon suprimidos los gremios. En abril del mismo año se proclamó la libertad de comercio. Salta a la vista la índole progresiva de tales medidas. Pero la propia burguesía fue inconsecuente en la realización de estos principios. En particular, las tarifas aduaneras decretadas en marzo de 1791 resultaron ser, en buena parte, proteccionistas. Respecto a los obreros, la burguesía no deseaba aplicar los principios del liberalismo económico, por considerarlos peligrosos para los intereses de su clase. Por ello, una reglamentación posterior manada de la Asamblea constituyente prohibió las asociaciones obreras y las huelgas.
El liberalismo se desarrolló en medio de sus propias contradicciones. Donde fue implementado chocó con la resistencia y la rebeldía de algunos sectores. En Bolivia no puede hablarse de la existencia de un liberalismo en sentido estricto, aunque sí se puede hacer referencia a los efectos directos e indirectos sobre la economía nacional, así como la participación política de los propugnadores del liberalismo en Bolivia. Herbert S. Klein (1999:169-180) comenta sobre el particular lo siguiente:
"Para un economista, Bolivia era un ejemplo clásico de economía abierta. Como el núcleo principal de su poder interno de compra procedía del sector minero de vanguardia, era muy vulnerable a los altibajos en los precios de sus exportaciones fundamentales. Además, hasta la segunda mitad del siglo xx, incluso en el sector minero, se trató de una economía dominada por un solo mineral. Hasta 1900 este mineral fue la plata y a partir de entonces y hasta fechas muy recientes, el estaño. La fluctuación, por tanto, en los precios mundiales repercutía directa e inmediatamente en la economía local. Las élites regionales podían desaparecer de la noche a la mañana como efecto de los cambios bruscos en los precios internacionales, lo que daba lugar al desbarajuste de los mismos cimientos de la élite gobernante [...] A pesar del crecimiento del nuevo sector exportador, de la expansión de la nueva élite blanca y de los cholos y de la caída masiva en la propiedad india de la tierra en el campo, Bolivia seguía presentando un aspecto sorprendentemente tradicional en sus rasgos sociales. Por consiguiente, los liberales no se sintieron apremiados a preocuparse por los graves problemas clasistas y étnicos que agrietaban su sociedad multinacional. No sólo esto, los liberales demostraron incluso mayor agresividad contra las comunidades que sus antecesores conservadores, llegando a desarmar y destruir a los indios que les habían prestado su colaboración e la revuelta de 1899; también se justificaron ante las mismas élites mineras prosiguiendo el poderoso apoyo gubernamental al sector minero [...] Una vez en el poder, los liberales adoptaron prácticamente las posiciones de los conservadores, hasta entonces denostados. Abandonaron por completo la ideología federalista; crearon un régimen centralista en La Paz. Obsesionados por la idea fija de terminar la red ferroviaria y de modernizar las ciudades, no tuvieron reparo en desprenderse en partes considerables del territorio nacional y de posiciones internacionales, política que dejó a Bolivia totalmente privada de su acceso al mar y con unas deudas cuantiosas [...] El primer régimen liberal estuvo encabezado por el general José Manuel Pando, el gran líder del partido en sus años de oposición. Los hombres que le siguieron fueron mucho más pragmáticos y exclusivamente interesados en el poder. El más prominente de estos nuevos hombres fue Ismael Montes, el segundo presidente del período liberal. Durante su gobierno pudo ampliarse considerablemente la burocracia estatal, medio que también aprovechó para comprar a toda posible oposición. Además, la nueva era liberal también compensó efectivamente a la élite nacional con un programa masivo de obras públicas."
Así, vemos cómo en los hechos el liberalismo en Bolivia fue aplicado de manera incompleta, con el añadido de que no modificó sustancialmente la política económica imperante hasta entonces y la propia política interior no había sido sustituida, habiéndose agudizado, por el contrario, la explotación y marginación de las masas indias del país.
Una nueva versión del liberalismo, el Neoliberalismo, que es el tema principal de la presente investigación, surge en Bolivia motivada por factores externos antes que internos. Se plasma en forma de política estatal por medio de la promulgación del D.S. 21060 de 29 de agosto de 1985. Álvaro García L. (1999: 21) comenta al respecto lo siguiente: "Si bien es cierto que una referencia ineludible para ubicar históricamente los cambios [en el país] es el D.S. 21060, en los hechos esto solo toma en cuenta aspectos jurídicos de una intencionalidad gubernamental mucho más vasta; se trata entonces de la representación epidérmica de unos hechos sociales más vigorosos que es necesario rastrear a fin de eludir la tentación de invisibilizar unos furores sociales desencadenados o coaccionados a lo largo de estas décadas y que son el fondo profundo y verdadero de los sordos cataclismos sociales que han dado lugar a esta nueva fisonomía económica y política del país".
Al momento de su implementación, el país vivía un desorden producto de diversos factores que ocasionaron la renuncia del entonces presidente de la República, Dr. Hernán Siles Zuazo. Entre dichos factores conviene resaltar la economía en ruinas que de los sucesivos regímenes militares subversivos había heredado la UDP. Siles, en los hechos, demostró ser un administrador incompetente y pobre negociador político. A los pocos meses de su elección ya se había enajenado el apoyo del MIR y de sus demás aliados principales demostrando su incapacidad para controlar una economía en grave bancarrota. La combinación de estos factores destruyó la credibilidad en su régimen.
Ante este panorama crítico, el Congreso de la Nación, previa renuncia muy bien disimulada de Siles, convocó a elecciones generales en 1985, de las cuales salió como ganador relativo el Gral. (r) Hugo Banzer S. (29%), quien no obstante su triunfo no contaba con el apoyo suficiente en el Congreso. Así, fruto de una maniobra política, el Dr. Víctor Paz E. fue elegido en esa segunda instancia como presidente de Bolivia. Echando por la borda posiciones tradicionales, aceptando reformas radicales, sin contemplaciones y rápido en sus reacciones políticas, no tardó en conducir la vida nacional de una manera que recordaba su primer período presidencial. Sin duda su acto más impresionante fue su llamado Nuevo Plan Económico (NPE). Haciendo suyas muchas de las propuestas de la ADN e incluso firmando un pacto oficioso con ella, Paz Estensoro impuso un programa económico, a la vez tradicional en su estructura y extraordinario en su contexto.
Así pues, y para sorpresa general, Paz Estensoro adoptaría los principios del liberalismo económico y rechazaría la ideología del nacionalismo económico y del capitalismo de Estado en cuya implantación en la Bolivia contemporánea había jugado un papel fundamental. Las razones para este rechazo eran de doble tipo: por un lado, los efectos que por segunda vez la hiperinflación dejaba sentir en la historia moderna boliviana, crisis que prácticamente aniquilaba el funcionamiento de la economía nacional; por otro, el derrumbe total del costoso sistema de la minería estatal, basado en una industria del estaño que agonizaba rápidamente. Estos dos hechos inesquivables significaban que se debía adoptar una solución radical. Con el asesoramiento de expertos extranjeros y entidades internacionales, en cosa de pocos meses Paz Estensoro llevó a cabo un clásico shock económico tradicional de manual de política económica conservadora. Se cambió la denominación de la moneda de "peso boliviano" ($bs) a Boliviano (Bs); se implantó un tipo de cambio flotante, uniforme y libre; se eliminaron todos los controles de precios y de salarios, subieron considerablemente los precios del sector público, se redujo drásticamente el gasto público, disminuyeron los salarios reales de los empleados públicos y se suspendió temporalmente el pago de la deuda externa de Bolivia. En el sentido histórico de la aplicación del modelo neoliberal, estos son los momentos y los hechos más significativos. Las características esenciales del modelo serán desarrolladas en el siguiente subtítulo.
Los resultados de la implementación de esta política gubernamental son verificables hoy, a quince años de promulgado el mencionado decreto. El presente estudio examinará tales resultados en sus manifestaciones externas e internas, analizando la incidencia de la tasa de criminalidad que va en aumento, más en ciudades pobres como El Alto, donde se pueden observar a simple vista, pero requieren de un enfoque crítico.
2.1.2 Principales características
El Neoliberalismo en Bolivia responde, como se señalaba en el anterior subtítulo, a una corriente "modernizadora" que proviene del exterior. En realidad, Bolivia se correspondió siempre con las características socioeconómicas y políticas imperantes en el globo, tomando en cuenta su condición de sociedad dependiente y atrasada. En este subtítulo se analizará brevemente las principales características, algunas de ellas señaladas en el anterior subtítulo, del Neoliberalismo.
Esta es una de las premisas del sistema ideológico liberal. La frase "Dejar hacer y dejar pasar" puede resumir este cuadro. Las barreras que se oponen a esta libertad tienen que ver sobre todo con el perjuicio a la sociedad que puede manar de un acto individual. La tesis fundamental es la posibilidad que tiene el individuo de desarrollar sus aptitudes. Sin embargo, esta aseveración, bella en el verso, se halla limitada por la inexistente libertad económica, lo cual significa que la propiedad sobre los medios de producción determina que solo ciertos sectores privilegiados tengan acceso a la realización de sus potencialidades.
b) La igualdad entre individuos
Este postulado no siempre es aplicable. Supuestamente todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, vemos cómo la aplicación de las leyes tiende a favorecer a ciertos individuos pertenecientes a las clases privilegiadas. La corrupción en la administración de justicia, en este sentido, es un mal que atenta el propio principio de igualdad ante la ley. Un aspecto sin duda relevante es el hecho de que aunque existe la posibilidad de igualdad ante la ley, esta igualdad no se reproduce en el ámbito económico. La propiedad privada de los medios de producción determina que existan capitalistas y trabajadores asalariados, clases sociales muy bien definidas y diferenciadas, con lo cual no se haría efectiva la igualdad económica.
c) Regulación de los precios por la oferta y la demanda
Esto implica que el Estado no interviene más en la fijación de precios. Sin embargo, se reserva el derecho de evitar comportamientos económicos que promuevan el retorno a la especulación y la desaparición artificiosa de productos de primera necesidad o consumo básico.
d) Cambio de la denominación de la moneda
El peso boliviano, moneda oficial hasta 1985, había sido seriamente castigada por la hiperinflación (período caracterizado por el ocultamiento, el agio y la especulación de productos de consumo básico, habiendo sido frecuentes los denominados "paquetes económicos" o "paquetazos" que presentaban las listas de precios que en los hechos no era respetado por el capitalismo comercial). Se apeló a la emisión de cheques de gerencia por determinados valores en ausencia de papel moneda. El valor de tales cheques y los billetes anteriores a éstos llegó a extremos de pasar los mil pesos bolivianos hasta los diez millones de pesos bolivianos. Irónicamente, se llegó a afirmar que vivíamos en un país de "mendigos millonarios". A partir del año 1985, la denominación de la nueva moneda, el boliviano, estableció que un millón de pesos bolivianos equivaldrían al nuevo "un boliviano", y sus múltiplos y submúltiplos equivaldrían en sus correspondientes escalas.
El tipo de cambio del dólar estadounidense, una vez eliminada la "desdolarización" del período anterior, fue dejada a la libertad de las fuerzas del mercado. Desde entonces, el tipo de cambio sufrió favoreció siempre al dólar, en una paulatina nueva devaluación de la moneda boliviana.
La parte patronal es libre de efectuar el tipo de contrato que más convenga a sus intereses. Los beneficios sociales son hechos a un lado a favor de la ganancia capitalista. El D.S. 21060, en su Art. 56 establece:
"Se establece transitoriamente el Beneficio de Relocalización, para la defensa y racionalización del empleo, que regirá tanto para el sector público como para el privado".
g) Reducción del gasto público
Las inversiones sociales dejan de ser primordiales. Solo la educación (fundamentalmente la primaria) y en segundo grado la salud continúan siendo atendidas por los fondos públicos.
h) Limitación del papel del Estado
El estado ya no es más proveedor de fuentes de trabajo. Deja de existir el Estado capitalista. Su función principal es garantizar las garantías individuales; ya no es intervensionista.
2.1.3 El neoliberalismo como doctrina y praxis
Esta doctrina fue implementada tanto en Francia como en Inglaterra, aunque no íntegramente, como observa Guillermo Bedregal (1994: 147). En el resto del mundo la situación fue similar, aunque cabe destacar que la difusión de la doctrina favoreció siempre a la burguesía de las naciones y creó, paralelamente, la dependencia de unos estados con respecto a otros. Eduardo Galeano, en su ensayo Las venas abiertas de América Latina plantea la definición de la división de clases en el ámbito internacional denominando Metrópoli a las sociedades industriales y Periferia a las sociedades proveedoras de materia prima y consumidoras de productos acabados, como el caso de Bolivia. En este ensayo, el autor uruguayo demuestra que el liberalismo, donde fue aplicado, tendió siempre a favorecer a una determinada clase dominante, y en el caso particular de América Latina a un sector parasitario de latifundistas y burócratas en desmedro de los marginales y cuya contribución final fue el desarrollo de las industrias de las sociedades dominantes.
Para explicar la doctrina y praxis del neoliberalismo, es necesario retomar el análisis del liberalismo instaurado en el país en décadas pasadas. Antes, sin embargo, es necesario tomar en cuenta ciertas consideraciones que señalan que en el país nunca hubo una aplicación efectiva del liberalismo (Bedregal, 1994), por lo cual hablar de neoliberalismo sería antihistórico. Sin embargo, al observar que la denominación se hizo frecuente en diversos círculos de discusión, continuaremos haciendo uso del término "Neoliberalismo" y todas las voces derivadas de ésta, como "neoliberal". Durante el régimen liberal que se instauró en el país, como señala Herbert Klein (Ob. Cit.: 177), la política se tradujo en "la defensa del libre comercio, tributación mínima de la minería y de las élites terrateniente y adinerada, subvención gubernamental de la construcción de ferrocarriles. Incluso dentro de su propiedad ideológica política, los liberales no se mostraron más liberales que sus predecesores. Al igual que los conservadores antes de ellos, este nuevo cenáculo de dirigentes políticos también se negó a ceder el sillón presidencial a sus opositores; a pesar del tremendo crecimiento de la economía nacional, el gobierno seguía constituyendo una fuente importante de empleo y el presidente era el principal garante de ese empleo".
En la actualidad, vemos que el neoliberalismo obedece, aunque no del todo, a los postulados señalados en el subtítulo anterior (v. 1.2.1 a 1.2.8) que vienen a conformar la doctrina de libertad del individuo, fundada en el Racionalismo y la Reforma europeos.
El sentido histórico del liberalismo se debe a la liberación de las fuerzas productivas. El neoliberalismo, por su parte, solo vino a confirmar la doctrina. Por los medios que emplea el liberalismo en la procura de alcanzar el bienestar, es fácil advertir el carácter clasista del mismo. Bedregal (Ob. Cit.: 157-158) sostiene, en defensa del liberalismo (y por ende del neoliberalismo) que "el factor global del desarrollo industrial en las sociedades avanzadas provoca elementos de dependencia y dominación que trascienden radicalmente la visión individualista y personal de la axiología liberal".
En lo referente a la praxis, vemos cómo la implementación de esta política gubernamental socava los cimientos en que vivían, incluso durante la etapa anterior a 1952, las naciones originarias: la comunidad, con sus sistemas tradicionales de reciprocidad y solidaridad. Se gesta una progresiva ruptura de los vínculos socioeconómicos que se sustentaban en la explotación de la tierra por medio de la neomercantilización de ésta (Ley INRA). Los sindicatos fueron erradicados de las pequeñas y medianas empresas, tal como veremos en el subtítulo 2 de este capítulo. La fragmentación de la gran empresa posibilitó este proceso de reconversión laboral y domesticación del obrero.
2.2 Seguridad Ciudadana
Sería fácil confundir el concepto de Seguridad Ciudadana con la idea de proporcionar resguardo físico o solo seguridad material a favor de un ciudadano. Aunque éstos son elementos básicos del concepto global de Seguridad Ciudadana, es necesario enmarcarlos en su justa dimensión: solo dos elementos más de la Seguridad Ciudadana entendida como una visión integral de bienestar físico, material y anímico del ciudadano.
Con la finalidad de tener una visión esclarecedora de lo que es y cómo se debe entender la Seguridad Ciudadana, retomamos el punto de vista de Edgar Montaño (1997: 28) quien afirma: "Debe entenderse por seguridad ciudadana, la capacidad del Estado de proporcionar a estantes y habitantes de un territorio, niveles económicos satisfactorios, confianza en la justicia, instituciones con sólidas bases democráticas, libertad de conciencia y religión, de tal manera que los ciudadanos vivan en una sociedad y un sistema que les otorgue garantías y seguridad. Y no de una subsistencia precaria como sucede en la mayor parte de los países no industrializados, sino de una gama de oportunidades como las mencionadas; muchas de ellas son consubstanciales con una inexistencia digna, de plena confianza en la justicia, en libertad de derecho a la vida, a la salud y a un desarrollo humano edificante".
Como vemos, se puede diferenciar al menos los siguientes elementos de discusión para la comprensión de la Seguridad Ciudadana: resguardo físico, seguridad material, proporción de seguridad económica, confianza en la justicia, instituciones democráticas y libertad de religión. A continuación, desarrollamos estos puntos, procurando definirlos de la manera más precisa.
Es la protección que ofrecen las fuerzas del orden a la ciudadanía. Sin embargo, observamos que para un adecuado resguardo físico no basta con las rondas policiales de patrullaje. Como es de público conocimiento, existen zonas que no cuentan con iluminación pública, lo cual hace que los habitantes se desenvuelvan con cierta inseguridad, especialmente en altas horas de la noche. Esto nos demuestra que para un buen resguardo físico es necesaria la participación de todas las instituciones (Gobierno central, Gobierno Municipal, Policía Nacional, etc.) El Código Penal, en su libro iii, títulos v, viii y xi establece sanciones para quienes atentan contra la seguridad física de las personas.
Puede entenderse seguridad material como las garantías institucionales para la preservación de los bienes materiales que posea un individuo o una colectividad. El Código Penal, en su libro ii, Título xii establece las sanciones para quienes cometen delitos contra la propiedad privada.
La seguridad económica es el resguardo que ofrece el Estado boliviano para la correcta explotación de los Recursos Naturales y el buen desarrollo de los Recursos Humanos. La Constitución Política del Estado (art. 133) de manera concreta esta afirmación en estos términos: "El régimen económico propenderá al fortalecimiento de la independencia nacional y al desarrollo del país mediante la defensa y el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos en resguardo del Estado y en procura del bienestar del pueblo boliviano".
Esta confianza puede ser entendida como la fe del ciudadano en el Poder Judicial, es decir, en la justicia administrada por los jueces: una justicia justa con una administración transparente y creíble. Sin embargo, las acciones y denuncias de la existencia de jueces designados por favoritismo o prebendalismo merman sensiblemente esta confianza en la justicia.
En un Estado de Derecho se proporciona diferentes instituciones como ser el Defensor del Pueblo, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, etc. Estas instituciones son garantías para el ciudadano, los cuales deben ser no solo respetados y promovidos, sino también ejercidos. La misión de estas instituciones, que en ocasiones se ve entorpecida por una serie de factores, es justamente velar por que los derechos de los individuos sean ejercidos sin interferencia de los entes estatales.
Es la posibilidad de ejercer el derecho a la disconformidad con el orden establecido mediante los actos reconocidos por ley. Cabe recordar que esta libertad tiene sus límites. El exceso en que eventualmente se incurre puede ser considerado delito, y por lo tanto sancionado por las disposiciones legales en vigencia. El Código Penal, en sus artículos 109, 121, 123, 124-129, establece las sanciones específicas contra este tipo de delitos.
El ejercicio irrestricto de la voluntad en cada persona de pertenecer a cualesquier religión. Si bien el Estado reconoce (Art. 3 CPE) la religión católica como oficial, también garantiza el ejercicio público de cualquier otro culto. Esto, sin embargo, también debe ser regulado, ya que es frecuente ver embaucadores que aprovechan la ingenuidad de la población iletrada para engañarlos y exaccionar dinero con el argumento de "la salvación de almas".
2.2.2 Principios de la Seguridad Ciudadana
Los principios que sustentan la Seguridad Ciudadana son:
Responsabilidad. Es el primer principio de la seguridad ciudadana como la Obligación de responder por las consecuencias de las propias acciones, o de los otros. La responsabilidad de la Seguridad Ciudadana es tarea de todos, como un conjunto de responsabilidades compartidas que logren disminuir la inseguridad en todos los aspectos de la vida cotidiana. El ciudadano común tiene una concepción simple sobre la seguridad y se define en la certeza de no ser robado, atracado, que sus bienes se mantengan inalterables, y que se pueda gozar de libertad sin ser engañado. Así de sencilla es la concepción del ciudadano, que ha delegado toda la responsabilidad en la Policía y no reconoce su responsabilidad en la prevención de la inseguridad.
Interacción. Las tareas conjuntas en seguridad, emprendidas por la comunidad y la Policía Nacional, forman parte de una cultura de seguridad que todo el pueblo debe tener y practicar como acciones compartidas para una mejor convivencia ciudadana.
Participación comunitaria. La Policía Nacional es parte integral de la comunidad y le corresponde asegurar la tranquilidad y convivencia pacífica, pero es una tarea conjunta con la misma comunidad. Si los factores de riesgo son minimizados la tarea de la Policía será mucho más efectiva y de mayor calidad.
Convivencia. La Seguridad Ciudadana promueve el buen ejercicio de los deberes y derechos del ciudadano, la práctica respetuosa de los derechos ajenos. Colabora con las iniciativas de la comunidad, es solidario con el bien común, conservador del medio ambiente. Para este propósito la seguridad ciudadana es la conciencia de la importancia de vivir con solidaridad como miembro de la comunidad, capaz de actuar por el interés común para mejorar que las impuestas legalmente.
Podemos concluir, entonces, que Seguridad Ciudadana es aquel ambiente de convivencia social, alcanzado sobre la base de la interacción policía – comunidad, donde las personas en cumplimiento de sus deberes y ejercicio de sus derechos fundamentales, pueden realizar sus actividades lícitas en un clima de paz, tranquilidad, respeto y confianza, dignidad y libertad inviolables.
2.3.1 Conceptualización de la Inseguridad Ciudadana
Si bien la Seguridad Ciudadana puede ser comprendida como se indicaba en el punto 2.1 (2.1.1 a 2.1.6) la Inseguridad Ciudadana puede ser entendida como la suma de los factores que impiden a una sociedad desarrollarse en armonía y tranquilidad. Entre dichos factores pueden citarse los políticos, económicos y sociales. Sin embargo, esta clasificación corresponde solo a fines de organización de este documento, ya que los elementos que corresponden a cada categoría se entrelazan y motivan la aparición de otros factores en una distinta categoría, como por ejemplo la pobreza (factor económico) deriva en el acceso diferenciado a la educación superior (factor social).
2.3.2 Factores que generan Inseguridad Ciudadana
a.1 Falta de coordinación interinstitucional
La coordinación interinstitucional puede ser identificada como el mecanismo necesario para la toma de acciones efectivas. La falta de dicha coordinación trae como consecuencia la ineficacia de las acciones. Por esta razón, el gobierno, a través de sus reparticiones correspondientes, debe asegurar una adecuada coordinación interinstitucional, con el fin de efectivizar las acciones pertinentes para asegurar la Seguridad Ciudadana.
Son aquellos movimientos focalizados o masivos cuyo fin es desestabilizar el orden instituido. Sus métodos varían y también su perspectiva ideológica y política. Sin embargo, el elemento común a todos estos movimientos es el descontento con la situación en que se desarrolla determinada sociedad, en este caso la boliviana.
Eventualmente resultado del factor mencionado en el inciso anterior, las actividades terroristas pueden ser definidas como el conjunto de acciones destinadas a sembrar el temor en la ciudadanía, y puede ser producto de la acción de grupos antigubernamentales o bien del propio gobierno, que eventualmente utiliza este tipo de acciones encubiertas con la final de desestabilizar o descabezar ciertos movimientos populares reivindicativos.
a.4 Lucha política de intereses
En el decenio anterior existía una pugna casi constante entre gobierno y dirigencia sindical en torno a temas conflictivos como el alza de los productos de consumo básico o el acceso a determinados beneficios sociales. En la actualidad, sin embargo, esta lucha se ve circunscrita al tema salarial, y los actores de ahora (principalmente el magisterio) reemplazaron a los de ayer (mineros). Otros sectores (como los gremiales y campesinos) también hicieron su aparición en el escenario político con reivindicaciones propias de su sector (pago de impuestos o erradicación de cocales). Estos actores involucran una lucha política de intereses y su acción, generalmente en las calles de las principales ciudades del país, inciden en el riesgo físico de transeúntes ajenos al problema y la inestabilidad emocional que se puede provocar en éstos.
a.5 Movimiento político sindical
Este factor, íntimamente ligado con el anterior, se traduce en la filiación ideológica de sectores sindicales, los cuales, al responder a un interés político partidista, tienden a desestabilizar la tranquilidad que eventualmente puede alcanzar la sociedad.
La sociedad boliviana, vistas sus características y analizando sus elementos, aún no se halla madura para desenvolverse en un régimen democrático, tomando en cuenta que tanto gobernantes como gobernados hacen un uso no idóneo de sus atribuciones y facultades, incurriendo a menudo los primeros en actos de corrupción y los segundos en desacato a las normas legales en vigencia.
Estos factores son todos aquellos relacionados con las actividades de producción, circulación y consumo de productos, así como la distribución del excedente generado por este proceso. Se puede mencionar, entre otros, los siguientes factores:
b.1 Elevación del costo de vida
Diferentes artículos de consumo básico (alimentos y vestimenta) así como servicios básicos (agua, luz, telefonía) y complementarios inciden en un progresivo deterioro del poder adquisitivo para la mayoría de la población. En el caso de los productos agrícolas, sin embargo, existe la paradoja de que la elevación de precios no siempre beneficia al productor, sino principalmente a los intermediarios que ofrecen el producto al consumidor final. Las condiciones de una sociedad de consumo pero poco desarrollada, así como la dependencia de tecnología resultante de este hecho, provoca que se agudice la marginación social de sectores mayoritarios de la población boliviana.
La insatisfacción de las necesidades básicas de la población tiene por consecuencia la pobreza de sectores cada vez mayores. Los cinturones de marginalidad de las grandes ciudades se extienden producto de la creciente migración campo – ciudad. Este fenómeno puede apreciarse con mayor claridad en la ciudad de El Alto, la más joven y pobre del país.
Además, compete tomar en cuenta los puntos de vista del Dr. Ramiro Otero Lugones en torno al hecho de que la pobreza puede inducir a creer en la subversión, ya que, como señala el entrevistado, "en Bolivia existe una crisis política que puede derivar en una crisis revolucionaria, abriendo el camino para una acción insurreccional, subversiva, guerrillerista". Sin embargo, los actores de tal probable proceso no serían los identificados en anteriores actos subversivos (tales como el CNPZ, el EGTK u otros) ya que, como lo declaran sus propios miembros actualmente detenidos, "pese a que en Bolivia están dadas las condiciones para un movimiento armado, ya no existen hombres y mujeres con ideología propia para hacer una revolución". La posible aparición de nuevos frentes guerrilleros y subversivos debe ser tomada en cuenta a partir de los indicadores de pobreza existentes en el país, y muy particularmente en El Alto, ciudad caracterizada por la pobreza galopante de sus habitantes, rebajados en la actualidad a la categoría de ciudadanos de segunda.
b.3 Desempleo y subempleo
Como consecuencia a largo plazo de la aplicación del D.S. 21060 se dio el incremento del desempleo y subempleo, modalidad esta última que reviste diferentes formas de presentación. Tal como lo señala Álvaro García (Ob. Cit.: 115-137) existen variadas formas de explotación que permiten al sector patronal contar con un número importante de empleados y obreros, pero evitando la amenaza del sindicato, la carga de los beneficios legales exigidos por ley y el debilitamiento organizacional de los trabajadores.
Los factores antes citados son la causa y efecto de la crisis económica. Ésta se presenta por medio de los indicadores clásicos de la pobreza: niveles críticos de subsistencia para sectores mayoritarios (mendicidad), acceso diferenciado y restringido a los servicios básicos, educación y salud (los cuales serán expuestos en el siguiente subtítulo), etc.
Son aquellos que tienen una permanencia mayor en el tiempo, es decir, que sus consecuencias no son inmediatas, pero que provocan un menor grado de desarrollo conjunto. Entre estos se destacan:
El abandono por parte del gobierno, el propio descuido de los campesinos y las condiciones climáticas adversas en el área rural ocasionan el incremento en el flujo migratorio campo – ciudad. Las condiciones hostiles que el migrante halla en la urbe, la falta de oportunidades y el acceso diferenciado a los servicios públicos, constituyen un factor de riesgo potencial para la tranquilidad y seguridad ciudadana. La ciudad de El Alto, por sus características culturales heterogéneas y la pobreza extrema que debe soportar la mayoría de sus habitantes, constituye un potencial polvorín de reacción. Este aspecto será analizado en mayor detalle en capítulos posteriores.
La llegada y permanencia de súbditos extranjeros en el país sin contar con la debida documentación constituye un factor de riesgo, por cuanto no se cuenta con un control sobre éstos. Eventualmente se sabe de bandas de atracadores compuestas por ciudadanos foráneos y que cuentan con sistemas diferentes de organización y manejo de tecnología de punta, elementos ante los cuales la Policía Nacional no se halla capacitada para enfrentar.
c.3 Conflictos sociales
Surgen como una manifestación de los problemas sin resolver. En nuestro medio están frecuentemente relacionados con el alza de tarifas, el descuido de las autoridades locales o nacionales, el recorte presupuestario a los sectores de salud y educación, el abuso de los organismos estatales de orden y seguridad, etc.
En este punto, conviene aclarar que no todos los grupos constituyen un factor de inseguridad ciudadana, ya que algunos se dedican solo a actividades deportivas, musicales, artísticas o de otro tipo que no representen una amenaza para la tranquilidad. Sin embargo, existen otros grupos que se forman alrededor de un líder belicoso, que disputan el dominio de territorios urbanos con otros grupos y en tal afán incurren en actos de violencia, o bien ejercen atracos planificados aprovechando la oscuridad y la falta de vigilancia policial en diferentes zonas de la ciudad de El Alto. Este aspecto se ve seriamente impulsado por el libre e irrestricto consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes, de los cuales derivan otros actos tipificados como delitos. La Policía Técnica Judicial (PTJ) informa la existencia de más de 200 pandillas juveniles en esta ciudad (El Diario, 10 de agosto de 2000).
c.5 Acceso diferencial a la educación
En el país existe un elevado índice de analfabetismo y personas con educación incompleta frente a una escasa cantidad de profesionales. Ello se debe a las profundas diferencias entre sectores de la población que acceden a la educación formal. Uno de los aspectos más importantes, que paulatinamente se va modificando, es el acceso negado a la población femenina. Afortunadamente, este hecho que era bastante frecuente, sobre todo en el área rural, va cambiando. Por otra parte, la expulsión del sistema educativo de los estudiantes, principalmente por razones económicas, incide en el hecho de que la situación tienda a reproducirse, es decir, que los analfabetos o poco letrados de hoy puedan engendrar hijos que repitan la situación y vivencias de sus padres, como ya sucede en la actualidad. Es bien sabido que el conocimiento es una posibilidad para mejorar el nivel de vida de los individuos, pero, por los diversos factores que se cita en este capítulo, la educación continúa siendo un privilegio de pocos y anhelo de muchos.
La precariedad en que muchos hogares de la ciudad de El Alto deben desarrollar sus actividades, incide en un desarrollo humano con profundas desigualdades. Casas con paredes de adobe, techo de lata (ni siquiera de calamina), chiqueros urbanos y otros detalles, inciden en una pobre imagen y por lo tanto la baja autoestima de los pobladores de las diferentes zonas. Esto, paulatinamente, genera actos de tensión entre los marginados y los privilegiados.
c.7 Delincuencia y crimen organizado
Como efecto de todos los factores antes citados, la delincuencia se presenta en escala ascendente. En ocasiones, incluso, rebasa las posibilidades y la disponibilidad de medios de la institución del orden. Los delitos concretos generados por los factores de riesgo serán expuestos y analizados en el Capítulo vi (subtítulo 6.1), así como el grado de organización con que cuentan algunos de estos grupos irregulares.
Todos los factores pueden ser determinantes de la inseguridad cuando son causa de la inconducta ciudadana destacándose los factores facilitadores y aceleradores de la delincuencia e inseguridad, mismos que serán expuestos en el subtítulo 6.2 – Causas facilitadoras y factores aceleradores.
El narcotráfico se presenta como un fenómeno tanto social como económico. Particularmente desarrollado por la expulsión de los obreros mineros al ejército de reserva industrial a mediados de los 80, y fomentado por los consumidores del América del Norte y Europa, el narcotráfico penetró en todo tipo de instituciones y entidades. Miembros de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los tres poderes del Estado, junto a mulas y los canales de distribución urbanos, tejen todos una intrincada red de conexiones y protección a esta actividad delictiva y altamente riesgosa para la salud y la integridad física y moral de los seres humanos.
c.9 Violencia intrafamiliar o doméstica
Consideramos éste otro factor de importancia, ya que la consecuencia previsible de la violencia familiar (por diversos motivos, prevaleciendo el económico) es la desintegración familiar. De ésta deriva, casi inevitablemente, la delincuencia juvenil e infantil.
BREVE ANÁLISIS CRÍTICO DE LA SOCIEDAD BOLIVIANA
El propósito del presente capítulo es describir brevemente las características de Bolivia en la actualidad, lo cual es el resultado de un proceso histórico peculiar. Para ello, se acudió a la revisión de fuentes documentales, acompañando dicha revisión de comentarios críticos en torno a los diversos aspectos que se discuten.
3.1 La sociedad boliviana: principales características
No es sencillo hablar de "sociedad boliviana" sin entrar en una presunción epistemológica. No se lo puede hacer enfocando a ésta como una totalidad monolítica. Existen, a simple vista, diferencias fundamentales entre el estilo de vida urbana y el rural, entre los hábitos culturales de occidente y del trópico, así como diferencias étnicas, en cuanto a la cosmovisión, y todo lo que impide un análisis único. De hecho, por ejemplo, la región tropical del país apenas es "descubierta" por la Bolivia oficial durante el siglo que agoniza (KLEIN, Herbert: 1999) producto de la vertebración caminera impulsada sobre todo durante el septenato banzerista, el cual impulsó el desarrollo de la ciudad de Santa Cruz, que en un período relativamente breve alcanzó una importancia significativa en la economía boliviana.
A lo largo de la historia republicana el territorio de Bolivia tuvo un desarrollo desproporcionado. La baja densidad poblacional contribuyó a este hecho, lo mismo que las políticas gubernamentales, así como otros factores que analizaremos en el presente y posteriores capítulos. El sector rural, que recibió un impulso discreto después de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria (1953) no sufrió modificaciones sustanciales, habiéndose producido una involución histórica en el régimen de propiedad de la tierra (del feudalismo a la comunidad) no habiendo sido posible la transición a la economía capitalista de explotación agrícola (KLEIN, Ob. Cit.: 260). La industrialización en nuestro medio continúa siendo escasa, aunque esto no implica aceptar la equívoca creencia de que somos "un país de comerciantes".
Otro elemento que no debe descuidarse en la presente investigación es lo concerniente a la raza. La composición heterogénea en lo que hace a lo étnico y cultural de Bolivia define lo complejo de un análisis que, de modo concreto, no se podría llevar a buen término en unas cuantas páginas. De todos modos, se intentará retomar los elementos principales de este aspecto, con lo cual se tratará de explicar su importancia. Desde la conquista y la posterior colonización del territorio andino (Klein, Ob. Cit.; Wachtel, 1971; Galeano, 1989; Arguedas, 1979) los indios o nativos que habitaban estas tierras sufrieron una desestructuración de sus sistemas políticos, económicos y sociales, lo cual se vio agudizado con el uso que la colonia hizo de las instituciones nativas como el mitanaje y el yanaconazgo, mismas que sufrieron una distorsión con el transcurso de los años y los siglos que duró este período histórico. Los nativos fueron un elemento vital en la explotación agrícola y la minería de la plata en el occidente del Alto Perú, lo mismo que en los domicilios urbanos, donde las mujeres nativas eran obligadas a prestar servicio doméstico a cambio solo de migajas y un rincón junto a los animales donde dormir (GILL, Lesley: 1995).
La República no representó, en los hechos, la liberación de las cadenas que llevaban los nativos. El pongo continuó siendo explotado por el hacendado blanco. Los nativos del oriente boliviano, que solo pudieron desarrollarse con la guía de los jesuitas, sufrieron la persecución y varias matanzas, sin llegar a ser explotados en la intensidad de sus pares occidentales. Tan solo algunas etnias, como los chiriguanos o chiquitanos, subsisten hasta hoy, con sus sistemas de organización que lentamente son modificados por misiones de la iglesia protestante, fundamentalmente. Este aspecto podría ser objeto de algún otro estudio detallado sobre el particular.
La Reforma Agraria, en los hechos, significó un salto sin duda importante, pero los sucesos posteriores quebraron el principio fundamental de desarrollo a partir de la explotación de la tierra, con lo cual los trabajadores del agro vieron estancado su desarrollo. Esto significó, con el transcurso del tiempo, el éxodo del campo a las ciudades (principalmente las del denominado "eje troncal", siendo el principal foco receptor la ciudad de Santa Cruz). Este fenómeno se vio incrementado a partir del año 1985, aunque el nuevo ingrediente lo constituyen los mal llamados "relocalizados" de la COMIBOL.
En la ciudad (GILL, Ob. Cit.) los migrantes se enfrentan con una realidad distinta a la por ellos conocidos hasta entonces, lo cual no impide, sin embargo, que constituya una suma de atractivos que los impulsen a desarraigarse, al extremo de negar abiertamente su origen rural y su pertenencia a un grupo étnico determinado. Es en el contexto urbano, fundamentalmente, donde se desarrolla la corrupción, que en ocasiones deriva en una corrupción institucionalizada. Las consecuencias de estas actividades ilegales derivan en nefastas consecuencias para la democracia en el país. Las diferentes denuncias, con hechos comprobados en muchos casos (Dante Escóbar-FOCSSAP, Germán Monroy-ex alcalde, Gabriela Candia-ex alcaldesa, José Luis Lazcano – ex director del FDC, entre otros) dan una pauta de la corrupción extrema en que se halla envuelta la clase política.
Según estimaciones del BID, los estados de América Latina y el Caribe gastan entre el 10% y el 15% de su Producto Interno Bruto (pib) en compras de bienes y servicios, lo cual hace una cifra de aproximadamente 250 millones de dólares estadounidenses anuales. Pero no siempre las compras estatales son un beneficio para la comunidad, y en muchos casos constituyen un negocio privado para funcionarios corruptos que rara vez son fiscalizados de manera conveniente.
Las formas de corrupción individual e institucionalizada varían entre contratos con sobreprecios, provisión de servicios públicos con mala calidad, estipulaciones poco transparentes en pliegos de licitación, sobornos e ineficiencia, entre otras. Aunque dicho reporte no efectúa una clasificación por país, el informe señala que el BID estima que solo si se eliminaran las ineficiencias en las compras estatales, que serían la causa de los sobreprecios de hasta el 20%, América Latina tendría un ahorro de 50 millones de dólares en su presupuesto.
Precisamente en países como Bolivia, donde una de las prioridades económicas es bajar el gasto público, este tipo de ahorro tendría un triple y benéfico aspecto. Por un lado, significaría controlar mejor las compras, de manera que la calidad de bienes y servicios que se incorporen estén de acuerdo con lo que demanda la sociedad. Por otro, evitaría recortes con fuerte impacto social, como los que se aplican sobre los salarios de los trabajadores estatales. Finalmente, está el beneficio del ahorro en sí mismo, con cuyos recursos se puede mejorar otras prestaciones públicas.
Considerando el nulo costo político que tendrían correcciones de este tipo, no se comprende bien por qué no se aplican. Pero la clave, como siempre, está en el rédito personal que tienen muchos funcionarios con este sistema, la costumbre de pagar favores desde el poder y hasta el financiamiento poco claro de los partidos políticos en algunos países como el nuestro. El informe que se comenta aquí observa el hecho de que la corrupción no es perceptible cuando el país crece y todo va bien, como no se la veía cuando estaba presente en el tendido de los ferrocarriles en los Estados Unidos, durante el siglo pasado, cuando hubo sobornos y presiones sobre los propietarios de tierras.
En medio de este panorama sociocultural, es posible definir a Bolivia como una sociedad heterogénea, con una multiplicidad de culturas y grupos lingüísticos, con rasgos somáticos distintivos. Sus habitantes se hallan diseminados en una extensión territorial que peca de ser enorme para la capacidad transformativa de sus recursos naturales. Con una clase dominante mezquina y carente de visión patriótica, Bolivia se debate en su dependencia como Estado y la pobreza de la mayoría de sus habitantes. Tal la realidad en la cual se desarrolla el presente estudio.
El hecho de enmarcarse en un contexto capitalista, con las fuerzas productivas poco desarrolladas y una tecnología de punta consumida (no producida), Bolivia sufre los efectos del capitalismo mundial. En este sentido, los períodos difíciles en el ámbito internacional repercuten negativamente en el país, afectando de modo particular a las clases más desprotegidas. Esto no quiere decir, sin embargo, que la crisis económica afecte exclusivamente a estos sectores mayoritarios.
En la ciudad de El Alto, que se caracteriza por un crecimiento desordenado y una incipiente vocación industrial, la crisis económica golpea con un efecto multiplicador, ocasionando, como las fichas de dominó, el resquebrajamiento de instituciones anteriormente sólidas, como la familia, lo cual incide en una degradación del sentido de solidaridad y reciprocidad, y el respeto a la autoridad y las leyes. A diario podemos informarnos por los medios de comunicación masiva sobre los múltiples hechos de violencia y sangre, cuya curva va en peligroso ascenso (véase el capítulo vi de este documento). Eduardo Galeano (Ob. Cit.: 462) afirma al respecto:
"Ya se sabe quiénes son los condenados a pagar las crisis de reajuste del sistema. Los precios que la mayoría de los productos que América Latina vende bajan implacablemente en relación a los precios de los productos que compra a los países que monopolizan la tecnología, el comercio, la inversión y el crédito. Para compensar la diferencia, y hacer frente a las obligaciones ante el capital extranjero, es preciso cubrir en cantidad lo que se pierde en precio [cursiva del autor]. Dentro de este marco, las dictaduras del Cono Sur han cortado por la mitad los salarios obreros y han convertido cada centro de producción en un campo de trabajos forzados".
La crisis y la corrupción, dos elementos que devienen del modo de producción capitalista y su concepción ideológica, el liberalismo y neoliberalismo, tienen por efecto último la depauperación de la calidad de vida de los sectores mayoritarios, las perspectivas casi nulas y una tasa delincuencial en permanente crecimiento.
3.3 El neoliberalismo y las consecuencias sociales, económicas y políticas
El régimen político y económico en el cual se desenvuelve actualmente nuestro país tiene consecuencias de diverso orden. En el capítulo anterior (véanse subtítulos 1.2 y 1.3) se sintetizó las características de esta doctrina. En el presente apartado se sintetizará con una visión crítica los resultados de la aplicación del neoliberalismo en nuestro país.
Una de las condiciones fundamentales para la existencia del Estado (ya sea moderno o atrasado) es su capacidad de poner en marcha mecanismos de integración. Félix Patzi Paco (2000: 115) comenta que cada cierto tiempo, el Estado renueva tales mecanismos, ejerciendo permanentemente una acción formadora de disposiciones duraderas, a través de todas las coerciones y de las disciplinas corporales y mentales que impone uniformemente al conjunto de los agentes. Es necesario entender bajo dicha lógica las reformas estatales implementadas a partir de 1994 (durante el régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada).
Si bien el Estado de 1952 desarrolló diferentes mecanismos de homogeneización e integración, éstos no fueron suficientes para incorporar por completo las culturas originarias. Patzi complementa, en su obra citada, que "el etnocidio frontal, más que integrar, fue creando FOCOS DE RESISTENCIA Y DE REBELDÍA [texto resaltado por el autor]. Por ello, esta forma de llevar adelante el proyecto de integración entró en una notoria crisis [...] Una vez fracasado el Estado del 52, los liberales fueron preocupándose más y más por las estrategias o formas de transplantar las instituciones liberales a las naciones y culturas tradicionalmente excluidas". Para ello, según Patzi, el Estado no abandona su carácter integracionista y asimilacionista, dejando sin embargo de emplear métodos abiertos y frontales de etnocidio cultural y opta por otros más sutiles, encubiertos y enmascarados, por medio de la promulgación de reformas atrayentes para las nacionalidades, creando condiciones para la participación de los individuos en el proceso de destrucción de su nación.
Estas medidas de distribución de recursos (Ley de Participación Popular), integración de la comunidad en el proceso educativo (Reforma Educativa) y el denominado Bonosol (producto de la "Capitalización" de las empresas estatales estratégicas) son la expresión legal de una estrategia política cuya finalidad es la liberalización de las fuerzas productivas, de modo tal que se concluya el proceso de inserción en un orden mundial capitalista, creando las condiciones necesarias para presentar una clase laboral sometida.
Lo cierto es que podemos observar un deterioro cada vez mayor de las condiciones de vida de un sector ampliamente mayoritario de la población boliviana. El poder adquisitivo de los salarios está por los suelos. Los denominados "tarifazos" son una constante que altera la vida cotidiana de la población empobrecida. La tasa de delincuencia se ve incrementada por los factores de riesgo referidos en el capítulo anterior. La familia, como núcleo básico de la sociedad, se halla en su punto más bajo, ya que los hijos no respetan la autoridad de los padres y son frecuentes las denuncias de incesto, acto del cual son las principales víctimas los niños de corta edad. El hacinamiento da lugar a un alto riesgo de contactos de este tipo. Paralelamente, el narcotráfico, que deformaba sustancialmente la vida del país, dejó de subvencionar la economía nacional, producto de las presiones unilaterales del gobierno estadounidense. Los sectores políticamente organizados (sindicatos, asociaciones y otras organizaciones que pugnan por reivindicaciones) se hallan en un proceso de marginación social como resultado de una política estatal dirigida a conservar los márgenes de tolerancia para presentar un escenario atractivo a las inversiones del exterior.
3.4 Sinopsis histórica y análisis social de la ciudad de El Alto
El libro La ciudad prometida (SANDOVAL, Godofredo y SOSTRES, María Fernanda 1989), que contiene los resultados de una investigación analítico – descriptiva, nos permite una aproximación reflexiva a las características de esta ciudad. En el presente subtítulo se presenta una síntesis de los datos proporcionados por dichos investigadores.
El Alto fue elevada a rango de ciudad el 20 de septiembre de 1988. Sin embargo, la fecha histórica para esta joven ciudad es el 6 de marzo, ya que en 1985 se crea la Cuarta Sección de la provincia Murillo, con su capital El Alto. Exactamente tres años después, el Congreso aprueba en sesión ordinaria el Proyecto de elevar dicha población a rango de ciudad.
El Alto se convirtió en ciudad impulsada fundamentalmente por su crecimiento demográfico y expansión territorial. Sin embargo, esta urbe no cuenta con los servicios básicos necesarios, ni con el equipamiento suficiente para otorgar una aceptable calidad de vida a sus pobladores. Por ello, resulta paradójico que esta ciudad ocupe, numéricamente, la cuarta posición, ubicándose entre las principales ciudades del país, mientras su imagen es solo la de un populoso y extendido barrio marginal de la ciudad de La Paz.
El crecimiento de la ciudad de La Paz, así como el desplazamiento intraurbano de la población, está asociado a la migración de personas provenientes de otras provincias del departamento, en especial de las regiones del altiplano, así como de otros departamentos del país. En 1985, los migrantes de El Alto constituían cerca del 63% del total de la población de esa ciudad, lo cual representaba una población migrante proporcionalmente mayor que la del conjunto urbano de La Paz.
La masiva presencia de población de origen campesino en El Alto, fueran éstos migrantes antiguos o recientes, influye fuertemente en sus formas de inserción en el medio urbano, en la conformación sociocultural de sus habitantes y en la configuración de la naciente ciudad. Al igual que en otras ciudades andinas, la sociedad campesina de donde proviene la mayoría de los migrantes, influye en el funcionamiento y expansión de El Alto a través del desarrollo de relaciones sociales e interfamiliares, de redes de parentesco y compadrazgo, de sus formas de producción y de sus modos de apropiación del espacio. Los migrantes ex campesinos prolongan el mundo rural hasta la ciudad alteña, y ésta, a su vez, pesa en su entorno.
La inserción ocupacional de los migrantes que radican en El Alto, casi siempre estuvo condicionada por el estrecho mercado de trabajo y por la precariedad de la industria urbana, situación que por lo general fue enfrentada por medio de la conformación de una economía informal a partir de sus propias lógicas y reglas de juego, de sus formas de producción y relaciones interfamiliares practicadas cotidianamente en sus comunidades. Ejemplos de dicha economía son las ferias que semanalmente se llevan a cabo en diferentes zonas de El Alto (de las cuales la más importante es la de la zona 16 de Julio) y la preferencia de los migrantes por actividades ocupacionales independientes, donde destacan la pequeña artesanía y el comercio, así como el sector de servicios tales como mantenimiento y reparación de automóviles, carpintería, metalmecánica, etc.).
Para los migrantes de origen campesino, mantener lazos estrechos con su lugar de origen es un modo más de asegurar su tránsito e inserción en la urbe (Gill Ob. Cit.: 34). De ahí que, sea cual fuere su tiempo de residencia en la ciudad, los migrantes rurales mantienen sus lazos de parentesco, intereses económicos –tierras, animales, viviendas-, y un fuerte apego a su comunidad.
En El Alto, al igual que en La Paz – ciudad, existe una heterogénea gama de ocupaciones, donde está inserta la Población Económicamente Activa (pea) de la nueva ciudad. Allí destacan sectores de trabajadores insertos en las escasas actividades industriales grandes y medianas, cuyo número alcanzaría a 5.000 permanentes y más de 1.000 eventuales. También se debe tomar en cuenta los funcionarios públicos, de los cuales un importante número desarrolla sus actividades laborales en la hoyada paceña. Por otro lado, se encuentra una amplia gama de trabajadores del llamado sector informal: Trabajadores por Cuenta Propia (tcp), ayudantes, empleados y aprendices (véase 2.3.2 – b del presente estudio), que llegarían cerca de los 18.000 individuos, junto a otros 10.000 comerciantes ambulantes, que rotan diariamente por mercados y ferias. Conviene aclarar que en el presente estudio se dejará a un lado el análisis cuantitativo de los sectores asalariado y no asalariado, tomando en cuenta el riesgo de desviar el tema principal de investigación.
De todos modos, se puede resaltar en una y otra población laboral la fuerte presencia femenina. Los mencionados autores señalan (Pág. 43) que "en el marco de las relaciones interfamiliares o de compadrazgo, numerosas jóvenes prestan atención a las familias que las acogen, recibiendo a cambio apoyo en alimentación, vivienda y, a veces, ‘capacitación informal’ en alguna rama de actividad. Para comprender estas situaciones de ocupación, donde también existen varones, no hay que perder de vista que El Alto es el mayor receptor de mano de obra migrante, no calificada, de origen campesino".
En general, los trabajadores incorporados como obreros o empleados en El Alto, desempeñan sus actividades en condiciones de sobreexplotación, no solo por los bajos salarios que perciben y la carencia de beneficios sociales, sino también por la intensidad de horas de trabajo, que en no pocos casos excede las 48 horas semanales. En El Alto, junto al lento desarrollo de ocupaciones asalariadas estables y al predominio de ocupaciones no relacionadas directamente con el aparato productivo, se destaca el pequeño pero importante grupo que se declara como patrones o socios. Estos constituyen los "nuevos ricos" de esta ciudad. Distribuidos en distintas actividades y desarrollando una alta habilidad de acumulación económica y organizativa de sus unidades de producción o comercialización, crecen en poder económico y político, en las distintas zonas de esta urbe. A partir de sus empresas, comercios o negocios, estos individuos estructuran una amplia red de intermediación monopólica que involucra a componentes del sector informal. Cabe destacar que inclusive los trabajadores que se encuentran como obreros y empleados, según aumentan en edad, buscan independizarse, lo cual se puede apreciar con mayor nitidez en sectores de la pea de origen campesino. Ellos logran organizar un tipo de economía en la ciudad a partir de su experiencia anterior, de sus propias lógicas y reglas de juego, frente a la estrechez, inseguridad y precariedad del empleo urbano.
La situación de crisis ha empujado a importantes sectores de la pea y la Población Económicamente Inactiva (pei), es decir, amas de casa, estudiantes y rentistas, a subemplearse en actividades marginales y temporales de la creciente economía informal; otros se incorporaron en los "interesados" programas de empleo temporal promovidos en su momento por el Fondo Social de Emergencia y luego por el Fondo de Inversión Social, así como todas aquellas entidades estatales y Organizaciones No Gubernamentales (ong) que intentaron aliviar la situación dramática de la población alteña. Las mujeres, particularmente las amas de casa, se adscribieron a los programas de asistencia alimentaria denominados Alimentos Por Trabajo (apt) con financiamiento de diverso origen. Sin embargo, a medida que la recesión económica se profundiza, aumenta el número de trabajadores que se encuentran sin fuentes de ocupación y crece la incorporación de los miembros de la familia, inclusive los niños, en las actividades de supervivencia.
En este contexto general, la población alteña se va desarrollando en medio de sus propias contradicciones. Los sectores que más sufren los efectos de la crisis generalizada y las necesidades insatisfechas son aquellos cuya vulnerabilidad es más patente: la infancia, tercera edad y la población femenina en general, sobre todo tomando en cuenta la composición particular de la sociedad. En los siguientes capítulos intentaremos profundizar en estos aspectos, de modo tal que se pueda manifestar la situación general del conglomerado social.
EL ESTADO: PRINCIPAL GENERADOR DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA
Como se había señalado en los anteriores capítulos, la actual situación del país es de crisis económica y moral generalizada. Los diversos factores analizados permiten detectar otros elementos que impiden el progreso del país. El objetivo del presente capítulo es determinar el grado de insatisfacción de las necesidades básicas de la población boliviana y de la alteña en particular, así como la violación de los Derechos Humanos (dd.hh.) y el accionar de los mecanismos de justicia.
4.1 La insatisfacción de las necesidades básicas de la población
Uno de los aspectos fundamentales en lo concerniente al desarrollo de toda sociedad es la satisfacción de sus necesidades. Antes de analizar la satisfacción de las necesidades, efectuaremos una breve conceptualización de lo que se puede entender por necesidad. Para ello, nos basaremos en los puntos de vista de Agnes Heller (1986: 43) quien considera que "la necesidad del hombre y el objeto de la necesidad están en correlación: la necesidad se refiere en todo momento a algún objeto material o a una actividad concreta. Los objetos ‘hacen existir’ las necesidades y a la inversa las necesidades a los objetos. La necesidad y su objeto son ‘momentos’, ‘lados’ de un mismo conjunto. Si en vez de analizar un modelo estático analizamos la dinámica de un cuerpo social, entonces la primacía corresponde al momento de la producción: es la producción la que crea nuevas necesidades. En efecto, también la producción que crea nuevas necesidades se encuentra en correlación con las ya presentes". Con base en estas observaciones, podemos afirmar que el hombre crea los objetos de su necesidad, pero también los medios para satisfacerla. La génesis del hombre es en el fondo la génesis de las necesidades. Existe una serie de necesidades básicas las cuales todo ser humano debería ser capaz de satisfacer. Sin embargo, en el país gran parte de la población carece de los más elementales medios que le permitan acceder a una vida socialmente productiva y digna.
Susana Donoso (1990: 91) agrupa las necesidades básicas en dos tipos primarios: sociales y de los hogares. Las necesidades básicas sociales son: a) servicios sanitarios básicos (agua potable y sistemas de saneamiento básico); b) servicios sociales básicos (educación y salud); c) servicios de infraestructura básica (energía, caminos, comunicaciones y transporte inter e intraurbano). Las necesidades básicas de los hogares son: alimentación, vivienda y vestimenta.
Toda sociedad evoluciona sobre sus necesidades, y los medios de que disponga para su satisfacción determinarán el grado de desarrollo alcanzado. Ante este hecho, debemos notar adicionalmente que al margen de las necesidades básicas existen otras derivadas, muchas de ellas artificiales, como resultado de la penetración cultural del consumismo o consumidorismo. Nos referimos al deseo de poseer artículos suntuosos, aparatos electrónicos de sonido, y otros sin cuya existencia la vida se desarrollaría de todos modos. Para la presente investigación, sin embargo, analizaremos solo la satisfacción de las necesidades básicas, tomando en cuenta las características de la población de estudio.
SANDOVAL y SOSTRES (Ob. Cit.: 47-56) efectúan un diagnóstico de las necesidades de vivienda, servicios colectivos, salud y educación. Afirman que esta urbe se desarrolló en el abandono, la pobreza y la postergación de otras tantas zonas populares, acumulando en silencio los males de la marginalidad urbana. "En su expansión, señalan los autores, acogió a miles de viviendas precarias y algunas urbanizaciones o planes de vivienda. En estas últimas destacaban como lunares sus calles empedradas y viviendas con infraestructura y servicios. Sin embargo, estas zonas privilegiadas tampoco viven en la comodidad. Es en comparación con el resto de las villas, que estos barrios aparecen como residenciales o ‘lujosos’."
Acerca de la vivienda, caracterizan a ésta de la siguiente manera: cerca de un 50% de la población posee vivienda propia, pero este dato no contempla la calidad ni las condiciones de estas viviendas. De todos modos, no se debe ignorar la inmensa cantidad de pobladores que no cuentan con dicho beneficio, ya que muchos habitan precarios cuartos como inquilinos o alojados. Por otra parte, conviene destacar que el crecimiento de El Alto se apoya básicamente en la autoconstrucción y el autofinanciamiento de la vivienda, sistema que permite el nacimiento de la mayor parte de las villas existentes en la ciudad. Otro aspecto que no se debe descuidar es que los lotes de terreno son adquiridos de tramitadores y loteadores, quienes con el tiempo consolidaron su poder frente a la creciente demanda de este bien, a raíz de la llegada de importantes contingentes humanos migrantes, sobre todo en la década de los setenta. Los autores puntualizan su criterio respecto a este poder (Pág. 48) apuntando: "Si ayer fueron los terratenientes los propietarios de la tierra, hoy son los loteadores los que tienen el control del suelo urbano".
Los autores además informan que el acceso generalizado de vivienda propia se da a través del sistema de autofinanciamiento y autoconstrucción, lo cual implica que muchas viviendas sean precarias: construidas en estrechas superficies, de 30 a 50 m2, con paredes de adobe, techos de calamina, piso de tierra, carentes de equipamiento y servicio. Estas casas no son más que piezas sueltas –por lo general de entre una y tres habitaciones- que cumplen múltiples funciones.
Una encuesta llevada a cabo por Surpo (1988, citada por los autores), además de mostrar diferencias significativas en la calidad de las viviendas, constata que las condiciones de las casas construidas por las familias nucleares, tienden a ser más precarias que las viviendas de las familias extensivas en términos de superficie construida, número de cuartos y el material empleado en la construcción. Estas características están muy relacionadas con el tamaño del hogar y el nivel de ingreso de la familia.
Otra forma de acceso a la casa propia en El Alto es a través de los programas estatales y privados de vivienda. Estos programas de vivienda, tanto estatales como privados, contribuyeron a sustanciales modificaciones en la morfología y la expansión urbana de El Alto. Con las urbanizaciones se estructura un mundo distinto de aquellas villas de carácter tradicional, que nacen del esfuerzo personal de sus habitantes. Las primeras, llamadas comúnmente "viviendas" están dotadas de casi todos los servicios, incluyendo áreas verdes y escuelas, y presentan una fisonomía muy distinta a la de las villas pobres.
La población que accede a las urbanizaciones procede, normalmente, de la clase media, con usos, costumbres y valores relativamente diferentes a los de la población popular, que se instala alrededor de estos "condominios", aprovechando la infraestructura existente. Estas distinciones de asentamientos y composición social son causa de conflictos socioculturales entre vecinos y de divisiones en sus organizaciones sociales.
En este marco de hábitat, las múltiples viviendas de adobe y techo de calamina, distribuidas en villas y barrios, como si formasen un extenso tramado de laberintos, hacen de la populosa ciudad de El Alto un extenso pueblo del altiplano, que se confunde con los colores y rigores de la tierra que la produce y se pierde en su horizonte no limitado.
En lo concerniente a servicios colectivos, es posible afirmar que El Alto es la ciudad más abandonada del país. Al parecer, esta ciudad tuvo que crecer para la llamar la atención de las autoridades y dirigentes sobre las profundas deficiencias que existen en sus barrios y villas. La precariedad de la vivienda, de hecho, no solo se mide por su tamaño y la calidad de los materiales empleados en su construcción, sino también por la infraestructura y el equipamiento social dentro y cerca de las viviendas. Los datos de la mayoría de los estudios realizados en esta ciudad en cuanto a servicios individuales y colectivos, muestran la precariedad de la vida en gran parte de estos pobladores.
La dotación de los servicios colectivos en El Alto sigue la lógica del proceso de urbanización diferenciado y marginalizador, sin ignorar que dentro de la morfología urbana de El Alto también existen diferencias de zona a zona. Analizando en términos globales las características del equipamiento y la infraestructura básica del ambiente residencial de El Alto, y precisando que su desarrollo fue desigual, diversas investigaciones coinciden en señalar que para el aprovisionamiento de agua, la mayoría de las viviendas dependen de piletas públicas. El resto de los vecinos se ve obligado a comprar ese elemento de los denominados cisternas aguateros, o bien para acudir a los pozos naturales, vertientes o riachuelos de la zona.
La información se vuelve preocupante cuando se trata de analizar la información referida a la dotación de alcantarillado sanitario. La cobertura alcanzaría a cerca del 40% de las viviendas, dejando un porcentaje elevado por atender. La eliminación de aguas contaminadas en los patios de las casas y en las calles producen permanentemente riesgos a la salud de los pobladores y crean condiciones para la información de focos de infección. Estos riesgos de infección se agudizan porque el servicio de recolección de basura domiciliaria alcanza a un bajo porcentaje de la población. La mayoría de los alteños echa su basura "a campo abierto", en las esquinas de sus barrios o en los barrancos.
Uno de los pocos servicios colectivos algo más extendido entre los pobladores de El Alto es la electricidad. Cerca del 85% del área ocupada estaría dotada de este servicio. Pero, a pesar de esta constatación, significativos porcentajes de viviendas de las zonas Norte y Sur no poseen este servicio, sobre todo aquellas que se asientan en barrios de reciente formación.
La precaria realidad de El Alto también se observa en la escasez del transporte público. El existente, abastece con serias limitaciones a la población. Sin embargo, es bueno hacer notar los avances en este rubro, ya que el número de unidades se incrementó sensiblemente en los últimos años. Empero, este incremento es cuantitativo antes que cualitativo. De todos modos, las zonas más desfavorecidas continúan siendo aquellas cuya ubicación resulta más alejada. Este, como otros factores, retrasan el desarrollo integral de los pobladores de esta ciudad. La insuficiente distribución de líneas de transporte público implica un derroche agigantado de tiempo, a lo cual se debe sumar el hecho de la concepción muy distinta que tienen los pobladores de esta ciudad lo que es el tiempo, dada sobre todo la condición de muchos de ellos como migrantes de primera generación.
En lo referente a la salud, observamos que el número de centros hospitalarios y personal médico difícilmente abastece a la población alteña en constante crecimiento. El siguiente cuadro, tomado sobre la base de un estudio efectuado en dos zonas de El Alto, puede graficar esta situación.
Cuadro n.º 1
Infraestructura de salud instalada en El Alto Norte y Sur
|
Centro |
Zona |
Médicos |
Odontólogos |
Enfermeros |
Aux. Enf. |
Total Camas |
|
Hosp. 12 de octubre |
A. Sur |
10 |
3 |
2 |
10 |
30 |
|
Centro de Salud Don Bosco |
A. Sur |
1 |
1 |
2 |
0 |
* |
|
Puesto Médico Río Seco |
A. Norte |
1 |
0 |
0 |
8 |
* |
|
Posta de Salud Ceja |
A. Norte |
2 |
4 |
2 |
4 |
* |
|
Centro de Salud Plan "P" |
A. Sur |
1 |
0 |
1 |
9 |
* |
|
Posta Médica 16 de julio |
A. Norte |
2 |
1 |
1 |
4 |
* |
|
Policlínico 21 de Agosto CNS |
A. Norte |
19 |
5 |
5 |
27 |
* |
|
Puesto Médico Ballivián |
A. Norte |
2 |
0 |
0 |
2 |
* |
|
Total |
38 |
14 |
13 |
64 |
* |
(*) Sin información.
Fuente: Sandoval y Sostres (Ob. Cit.: 69)
Un médico por cada 10.000 habitantes y un hospital con treinta camas: estos datos sintetizan la situación de los servicios de salud de esta ciudad. Al presente, el déficit que expresa la información del cuadro n.º 1 en materia de medios para atender a la población de El Alto, no sufrió cambios sustantivos. Pese a las acciones de organismos no gubernamentales, la Iglesia, el Ministerio de Salud Pública y la Unidad Sanitaria por atender las demandas de la población, los centros y programas de salud son limitados.
Otro dato dramático es la participación en los sistemas de seguro. Sandoval y Sostres (Ob. Cit.: 54) informan: "La vida de los alteños se presenta aún más crítica si se toma en cuenta que el 75% del total de los jefes de hogar de ambos sexos no participan de ningún seguro social, realidad que determina la inseguridad e incertidumbre de miles de vecinos, en caso de enfermedad y vejez". Tema de especial preocupación es la salud de los niños. Existe desnutrición de diversos grados (desde leve hasta crónica), además de complicaciones gastrointestinales y respiratorias. Esta situación guarda estrecha relación con las precarias condiciones de vida de la mayor parte de los barrios populares de El Alto.
En cuanto a la educación, se puede afirmar que la profunda crisis económica que atraviesa el país y las medidas de la Nueva Política Económica, han afectado directamente a sectores sociales de bajos ingresos en su posibilidad de acceder a este elemental servicio. Para miles de pobladores, la disminución del ingreso familiar exige una disminución en los gastos de educación, en función de satisfacer las necesidades vitales. La "deserción escolar" incrementada en los últimos años en sectores de la población popular alteña está ligada a la necesidad que tiene la familia del aporte económico de todos sus miembros, hecho que conduce a cientos de niños y jóvenes a cambiar la escuela o el colegio por cualquier ocupación en el llamado sector informal. Según datos proporcionados por el mencionado estudio, con base en una encuesta de la entidad Surpo, en El Alto, de 180.276 que declaran no asistir al colegio, un 35% lo hacen por razones de trabajo y un 7% debido a que no existe un colegio en el barrio o zona donde residen. Sin embargo, en comparación con las altas tasas de analfabetismo, existe un cierto optimismo para esperar el futuro en el rubro educativo, ya que existe en los padres de familia cada vez mayor conciencia de la necesidad que tienen los hijos de recibir educación formal.
Si bien en El Alto es la educación fiscal la que mayormente acoge a la población en edad escolar, los frecuentes recortes del Estado al presupuesto a este servicio inciden, por un lado, en la falta de infraestructura y en el escaso número de profesores para atender a la creciente población estudiantil, y por otro, en la creación indiscriminada de colegios particulares que, en muchos casos, no cumplen con los requerimientos pedagógicos mínimos de funcionamiento. Si bien los esfuerzos de diversas entidades, tanto gubernamentales como no gubernamentales, muestra resultados positivos, es aún temprano para asegurar que la educación en esta ciudad va por buen camino. El siguiente cuadro efectúa una breve mención de la cantidad de unidades educativas y el personal que las compone.
Cuadro n.º 2
Personal y número de establecimientos educativos en El Alto, 1988*
|
Número de profesores |
Número de personal administrativo |
Número de establecimientos |
|
2.815 |
162 |
197 |
Fuente: Sandoval y Sostres (Ob. Cit.: 70)
4.2 La violación de los Derechos Humanos
Uno de los aspectos más negativos de la sociedad boliviana en la coyuntura actual sea la violación en los derechos humanos. Es preciso recordar que los Derechos Humanos (DD.HH.) es mucho más que una defensa del derecho a la vida, la nacionalidad y un nombre. Comporta una atribución total de reconocimiento de la persona por parte del Estado, así como las garantías necesarias para desarrollarse y progresar sin restricciones de ningún tipo.
Antes de analizar brevemente la violación de los derechos humanos en Bolivia, identificaremos los principios e intentaremos una clasificación de los DD.HH. Recordemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se produjo el 10 de Diciembre de 1948. En primera instancia, los DD.HH. están basados en los siguientes principios: universalidad, indivisibilidad e interdependencia entre sí..
El principio de universalidad permite implementar una misma normatividad para todos los países, en el entendido de que cualquier mujer y varón son la misma persona en cualquier parte del mundo: todos somos iguales, no importando las condiciones particulares, étnico culturales o económicas de los diferentes países o sociedades.
El principio de la indivisibilidad plantea que las generaciones de DD.HH. tienen igual importancia, que la vigencia de un derecho no puede afectar la vigencia de otro, lo cual permite tener una concepción global de los DD.HH..
El principio de la interdependencia es el que establece una relación íntima, intrínseca de retroalimentación entre la democracia, DD.HH. y desarrollo.
Los DD.HH. se clasifican artificialmente y para fines explicativos siguiendo el proceso evolutivo que tuvieron, pero en su conjunto representan una sola unidad. Las normas sobre DD.HH. aparecieron como generaciones destinadas a tratar temas específicos, por lo que se clasifican en de Primera, Segunda y Tercera generación.
Primera Generación: Derechos Humanos civiles y políticos. Los DD.HH. civiles y políticos son los más conflictivos. Están referidos a la libertad de las personas y al ejercicio de autoridad. Se refieren a la libertad de la persona a la vida, la seguridad, la integridad y los derechos de participación individual en la formación de los poderes del Estado (participación pública).
Segunda Generación: Derechos Humanos económicos, sociales y culturales. Estos DD.HH. están relacionados más con la dignidad humana de tener derecho a la vida, derivando su derecho en el acceso al empleo, al salario justo, a la educación.
Tercera Generación: Derechos Humanos de solidaridad y de los pueblos. Da impulso a los DD.HH. colectivos de los pueblos. Determina el derecho al desarrollo armónico, el derecho a la autodeterminación nacional, el derecho a la paz, el derecho a un medio ambiente sano, que en definitiva es la seguridad para lograr las condiciones de convivencia pacífica. El conjunto de derechos se resumeg en:
Derechos civiles
Derecho a la vida
Derecho a no ser sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Derecho a no ser tenido en estado de esclavitud o servidumbre.
Derecho a la libertad y la seguridad de la persona, incluido el derecho a juicio justo.
Derecho a la intimidad e inviolabilidad en el hogar y la correspondencia.
Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
Derechos políticos
Derecho a la libertad de opinión y expresión libre del pensamiento
Derecho a la libertad de reunión y de asociación
Derecho a participar en la conducción de los asuntos públicos
Derecho a elegir y ser elegido
Derecho a demandar o a pedir atención a la autoridad pública
Derechos económicos, sociales y culturales o de igualdad
Derecho al trabajo
Derecho a condiciones laborales justas y favorables
Derecho a un salario justo
Derecho sindicales
Derecho a la seguridad social
Derecho a la protección económica en condiciones de desvalidez
Derecho a la alimentación, el vestuario y albergue adecuados
Derecho a la protección y asistencia de la familia, madres e hijos
Derecho a un nivel de vida adecuados
Derecho a un nivel de salud física y mental progresivamente mejor
Derecho a la educación, a la instrucción, a la ciencia y la cultura
Derechos de los pueblos o de la solidaridad
Derecho a la paz
Derecho al desarrollo
Derecho a la comunicación
Derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado
Derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad
Varios de estos derechos fundamentales son violados más frecuentemente de lo que se supondría debido a la implantación de la política económica del neoliberalismo. A continuación, efectuamos un breve recuento de los derechos violados por el sistema actual de producción y distribución de las ganancias.
En primer lugar, recordamos lo que señala el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: "Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad". Esto implica una garantía integral del Estado para que sus ciudadanos se desarrollen en una armonía deseable, sin el temor a ser reprimido, asaltado, violado o asesinado. En este sentido, observamos que el Estado boliviano no proporciona las suficientes garantías para que los ciudadanos puedan mejorar sus condiciones de vida. Por otra parte, vemos cómo la indigencia, la extrema pobreza y la pobreza moderada ocasionan la mortalidad por enfermedades curables, cuyo origen es precisamente la falta de atención en cualesquier el sistema de seguridad social y salud pública.
El siguiente artículo (23), en su inciso 1 es más específico al respecto, pues señala: "Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo". El Estado, en la implementación de la política neoliberal, atenta sustancialmente contra este derecho elemental, ya que promueve la competencia entre trabajadores manteniendo los salarios congelados, lo cual impide un acceso a fuentes de trabajo por parte de todos los individuos económicamente activos.
No se desea, en realidad, que el Estado vuelva a su antiguo papel de proveedor de fuentes de empleo, que en la práctica demostró ser inadecuada, por cuanto proveía el crecimiento burocrático desmedido y el parasitismo estatal. Sí se juzga inconveniente, en cambio, que el Estado desampare al sector productivo. Un caso ilustrativo al respecto es la libre e irrestricta importación de ropa usada que es expendida en diferentes puntos de las ciudades del país y que en la Feria "16 de Julio" de la ciudad de El Alto adquiere dimensiones desproporcionadas. Este fenómeno, propio de las décadas 80 y 90, cercena la capacidad productiva de la industria textil y de la vestimenta.
También vemos cómo se vulnera los derechos humanos cada vez que un miembro de la sociedad pone en entredicho los postulados del sistema (del cual el gobierno de turno es un elemento integral). El artículo 19 de los (DD.HH.) dice concretamente: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión". Recordamos, por ejemplo, las investigaciones de Ronal Méndez Alpire, abogado y periodista cruceño, sobre las quiebras de los bancos, en cuyos hechos estuvo involucrado el entonces Superintendente de Bancos y Entidades Financieras Luis del Río, prominente miembro de un partido político, y cómo se tomó represalias contra el mencionado periodista habiéndolo encarcelado dos veces, omitiendo además lo dispuesto por la Ley de Imprenta de 19 de enero de 1925, por las revelaciones contenidas en libros tales como Puzzle financiero. Como ejemplo adicional, podemos citar el caso de la revista Informe R, cuyo número que contenía revelaciones sobre el Plan Cóndor quiso ser secuestrado por funcionarios del Ministerio de Gobierno, en un flagrante atentado a la libertad de expresión.
La represión, el terrorismo de Estado, la marginación, la dependencia, son todos elementos cuya suma inevitable es una sociedad en caos creciente y una alta tasa de criminalidad.
4.3 El accionar de los mecanismos de justicia
El Poder Judicial en Bolivia, en uso de las atribuciones conferidas por la CPE (Arts. 59, 116 a 131) es la encargada de velar el cumplimiento de las leyes bolivianas por parte de autoridades y ciudadanos. Sin embargo, esta noble y delicada función tropieza con la existencia de malos funcionarios que desprestigian a la entidad y sus instancias. Probablemente el Defensor del Pueblo y el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Constitucional, órganos de reciente creación, hayan contribuido a devolver la imagen de credibilidad al Poder Judicial. Sin embargo, aún queda mucho por hacer.
La retardación de justicia continúa siendo el talón de Aquiles de la justicia boliviana. Por otra parte, actos de corrupción de jueces, como los denunciados y confirmados en diversas oportunidades, también ponen en entredicho la transparencia de los actos judiciales. La prebenda, la coima, el prevaricato y otras acciones contrarias a la honestidad judicial, merman sensiblemente la credibilidad ciudadana en los mecanismos de justicia.
En lo referente a la aplicación de las leyes, es innegable el favoritismo que existe hacia los sectores privilegiados. El caso denominado "hijitos de papá" o "viernes negro", en el cual se vieron involucrados los estudiantes del colegio Calvert, de gran renombre en la sociedad paceña, aún no arroja a culpables identificados. La acción judicial que se siguió en este caso es rescatable, pero los resultados tangibles hacen pensar que será un caso más que se eche al olvido, pese a las serias acusaciones por la comisión de diversos delitos perpetrados por los miembros "de las mejores familias del país".
Puede considerarse a la lucha contra la corrupción uno de los mejores modos para luchar contra la pobreza. En este sentido, cabe destacar la labor realizada por jueces probos como el Dr. Alberto Costa o el Fiscal adscrito a la Alcaldía Municipal de La Paz, Dr. Moreira, quienes lideran una lucha frontal contra la corrupción encarnada en corruptos probados tales como Germán Monroy Chazarreta (ex alcalde municipal) Dante Escobar (ex presidente del FOCSSAP) entre otros.
Los conflictos sociales pueden ser identificados como la expresión popular del descontento con el modelo socioeconómico y político vigente. Los anteriores capítulos proporcionan una visión general de la situación económica, política y social del país en general y de El Alto en particular. El propósito del presente capítulo es efectuar una valoración de los conflictos sociales, sus causas finales y sus probables consecuencias.
Comenzaremos desarrollando la definición efectuada en el anterior párrafo de los denominados conflictos sociales. Durante todo el período de la Colonia, la marginación de los grandes sectores nativos tuvo la resistencia pasiva en unos casos y en otros activa de los indios moradores de la tierra (KLEIN, Herbert Ob. Cit.). El hito más importante de la historia nacional contemporánea, y por lo tanto el referente ineludible de todo trabajo de investigación histórica y social, es la revolución del 9 de abril de 1952, hecho que dio paso a las profundas transformaciones que se vivió en los años posteriores. Dicho hito fue acaso la expresión más importante de los resultados de un conflicto social que se va labrando a lo largo de los años y los siglos.
Observamos, por otra parte, que los conflictos sociales de hoy derivan de la insatisfacción laboral, la angustia ante los abusos de particulares (violaciones, atracos, asesinatos, etc.) y otros factores diferentes de los de antaño. Sin embargo, la esencia continúa siendo la misma: insatisfacción de las necesidades humanas (v. 4.1 Insatisfacción de las necesidades básicas). Las consecuencias son imprevisibles, pero se puede augurar la agudización de las tensiones y la posibilidad de un movimiento subversivo popular, imposible de controlar en los hechos. Como es bien sabido, son los movimientos populares los que dan, en última instancia, el curso que seguirá la sociedad después de un salto de esta naturaleza (como la ya referida Revolución de abril de 1952). No es algo así lo que se desea, obviamente, por los ríos de sangre que ello implica, sino simplemente hacer notar lo que podría suceder en un futuro no muy lejano en caso de no cambiar la situación actual.
5.1 Las reivindicaciones sociales
Las reivindicaciones de la sociedad pasa por el conjunto necesario de sus intereses y aspiraciones. Así, las clases sociales dominantes pedirán seguridad y resguardo en sus barrios exclusivos, mientras que las clases sociales marginales clamarán por seguridad existencial que se traduce el derecho al pan, el techo, la salud y la educación. Sin embargo, cabe insistir en el hecho de que la seguridad ciudadana, ya analizada en el Capítulo ii, no se refiere solo a la proporción de resguardo físico y bienestar material (v. 2.2.1 e incisos correspondientes).
Derechos sociales tales como la educación, la salud, infraestructura y equipamiento vecinal, y sobre todo la generación de fuentes de trabajo y las condiciones de estabilidad, se ven vulnerados por la situación socioeconómica que atraviesa el país en su conjunto. Ante esto, las marchas de protesta, las manifestaciones públicas y el rechazo generalizado ante la indiferencia de las autoridades, no hacen sino poner en claro las serias dificultades que atraviesan los sectores populares, las mayorías marginadas del desarrollo del país.
5.2 La desobediencia civil y los grupos de presión
Los recursos a que apela la población para manifestar su descontento con la situación imperante se traduce también en la desobediencia civil, forma de protesta no armada que caracteriza a los movimientos populares. Ésta, sin embargo, puede ser alentada por sectores liderizados ideológicamente por el radicalismo de izquierda, lo cual constituye un riesgo para la estabilidad de la democracia, la cual, por sí sola, se debate en medio de sus propias contradicciones. La situación actual no es sino un serio llamado de atención a las autoridades cuya mentalidad es netamente plutócrata y se inclinan solamente por intereses sectarios y particulares antes que por resolver los problemas de la colectividad.
Alipio Valencia Vega (1983: 107) hace referencia a una forma particular de organización que hace frente a las equivocaciones y desaciertos de los gobernantes: los grupos de presión. Estos, según el autor, surgen como resultado de las condiciones especiales creadas por el régimen capitalista, producto del proceso demo-liberal. Se caracterizan por no poseer finalidades expresamente políticas, pero que se organizan y se vinculan en torno a determinados intereses comunes, cuya defensa realizan mediante su influencia sobre los órganos estatales y los partidos políticos, tratando de orientar la acción de éstos en un determinado sentido.
Los métodos por los cuales los grupos de presión ejercen su influencia pueden ser de diversa índole, pero de una manera general cabe señalar los siguientes modos: influencia en las elecciones mediante el apoyo indirecto a un partido para el cumplimiento de una determinada plataforma electoral; contacto directo con los legisladores, funcionarios y miembros de los poderes públicos y finalmente por medio de la propaganda para arrastrar a la opinión pública tras de sus proposiciones, Los sindicatos obreros constituyen típicos grupos de presión, aunque seriamente mermados en su capacidad de convocatoria dadas las condiciones actuales (v. 3.2 de este documento).
LA INSEGURIDAD CIUDADANA COMO FACTOR DIRECTO DE LA INCONDUCTA CIUDADANA
Como habíamos señalado en el Capítulo II, la inseguridad ciudadana puede ser señalada como "la suma de los factores que impiden a una sociedad desarrollarse en armonía y tranquilidad". En este sentido, puede entenderse la inseguridad ciudadana como el factor directo de la inconducta de los ciudadanos, es decir, la causa primera y fundamental, tomando en cuenta que la ciudadanía en general se halla abandonada y sin perspectivas de superar su situación crítica de pobreza y extrema pobreza.
6.1 Delitos generados por la inseguridad ciudadana
El presente subtítulo contiene una lista de los delitos cometidos en la ciudad de El Alto, y que son el resultado inmediato de la inseguridad ciudadana existente en el país. En primer lugar, se presenta los cuadros estadísticos generales de casos presentados ante la Policía Técnica Judicial (PTJ) de El Alto. Luego, se efectuará un análisis del incremento percibido en los últimos años, para, posteriormente, efectuar un recuento de la tipificación y la sanción dispuesta para los diferentes delitos.
Cuadro 1
Casos presentados en la PTJ de la ciudad de El Alto por División
Gestión 1995
|
División |
Número de casos atendidos |
Porcentaje |
|
Delitos contra las personas |
1.021 |
22.93 |
|
Delitos contra la propiedad |
1.175 |
26.39 |
|
Menores y familia |
1.132 |
25.43 |
|
Económico - financieros |
984 |
22.10 |
|
Corrupción pública |
100 |
2.25 |
|
Crimen organizado |
15 |
0.34 |
|
Operaciones especiales |
25 |
0.56 |
|
Total |
4.452 |
100.00 |
Fuente: Policía Técnica Judicial. Div. de Planeamiento y Operaciones Estadísticas.
Elaboración: Propia. Agosto - 2000.
Sandoval y Sostres (Ob. Cit.) informan que en esta ciudad, al momento de efectuar su estudio (1989), la tasa de criminalidad era insignificante. Sin embargo, como se puede apreciar en el cuadro 1, la tasa se hace significativa.
Cuadro 2
Casos presentados en la PTJ de la ciudad de El Alto por División
Gestión 1996
|
División |
Número de casos atendidos |
Porcentaje |
|
Delitos contra las personas |
1.564 |
31.77 |
|
Delitos contra la propiedad |
1.032 |
20.96 |
|
Menores y familia |
919 |
18.67 |
|
Económico - financieros |
1.219 |
24.76 |
|
Corrupción pública |
124 |
2.52 |
|
Crimen organizado |
24 |
0.49 |
|
Operaciones especiales |
41 |
0.83 |
|
Total |
4.923 |
100.00 |
Fuente: Policía Técnica Judicial. Div. de Planeamiento y Operaciones Estadísticas.
Elaboración: Propia. Agosto - 2000.
El siguiente cuadro presenta una diferencia comparativa entre ambas gestiones.
Cuadro 3
Diferencia comparativa entre las gestiones de 1995 y 1996
|
División |
1995 |
1996 |
Diferencia |
|
Delitos contra las personas |
1.021 |
1.564 |
543 |
|
Delitos contra la propiedad |
1.175 |
1.032 |
-143 |
|
Menores y familia |
1.132 |
919 |
-213 |
|
Económico - financieros |
984 |
1.219 |
235 |
|
Corrupción pública |
100 |
124 |
24 |
|
Crimen organizado |
15 |
24 |
9 |
|
Operaciones especiales |
25 |
41 |
16 |
|
Total |
4.452 |
4.923 |
471 |
Fuente: Policía Técnica Judicial. Div. de Planeamiento y Operaciones Estadísticas.
Elaboración: Propia. Agosto - 2000.
Como podrá observarse, el incremento total de casos en la gestión 1996 es de 471 (10.57 %) sobre la gestión de 1995. Si bien existe un decrecimiento en algunas divisiones (por ejemplo Delitos Contra las Personas y Menores y Familia) en otras existe un sensible incremento (Corrupción Pública, con un 24% y Crimen organizado, con el 60%). Estos índices nos dan una pauta del crecimiento paulatino en unos casos e incontrolable en otros que tienen por consecuencia a largo plazo la inestabilidad del sistema democrático en su conjunto.
Cuadro 4
Casos presentados en la PTJ de la ciudad de El Alto por División
Gestión 1997
|
División |
Número de casos atendidos |
Porcentaje |
|
Delitos contra las personas |
1.717 |
34.14 |
|
Delitos contra la propiedad |
1.016 |
20.20 |
|
Menores y familia |
924 |
18.37 |
|
Económico - financieros |
1.169 |
23.24 |
|
Corrupción pública |
167 |
3.32 |
|
Crimen organizado |
20 |
0.40 |
|
Operaciones especiales |
17 |
0.34 |
|
Total |
5.030 |
100.00 |
Fuente: Policía Técnica Judicial. Div. de Planeamiento y Operaciones Estadísticas.
Elaboración: Propia. Agosto - 2000.
Como podrá observarse, existe un incremento general de 107 casos registrados en todas las divisiones correspondientes. Este dato muestra que existe un incremento paulatino pero importante en las actividades delictivas, existiendo un mayor incremento de casos en la División Delitos contra las Personas (153 casos, que representan un 9.8%).
Cuadro 5
Casos presentados en la PTJ de la ciudad de El Alto por División
Gestión 1998
|
División |
Número de casos atendidos |
Porcentaje |
|
Delitos contra las personas |
2.112 |
37.15 |
|
Delitos contra la propiedad |
1.256 |
22.09 |
|
Menores y familia |
814 |
14.32 |
|
Económico - financieros |
1.246 |
21.92 |
|
Corrupción pública |
201 |
3.54 |
|
Crimen organizado |
28 |
0.49 |
|
Operaciones especiales |
28 |
0.49 |
|
Total |
5.685 |
100.00 |
Fuente: Policía Técnica Judicial. Div. de Planeamiento y Operaciones Estadísticas.
Elaboración: Propia. Agosto - 2000.
El cuadro 5 muestra un sensible incremento general de 1.233 casos con respecto a la gestión 1995, lo cual hace un 21.7%. Por su parte, el cuadro 5 presenta los datos del número de caso atendidos por División durante la gestión 1999.
Cuadro 6
Casos presentados en la PTJ de la ciudad de El Alto por División
Gestión 1999
|
División |
Número de casos atendidos |
Porcentaje |
|
Delitos contra las personas |
1.611 |
28.29 |
|
Delitos contra la propiedad |
723 |
12.70 |
|
Menores y familia |
1270 |
22.30 |
|
Económico - financieros |
1.839 |
32.29 |
|
Corrupción pública |
183 |
3.21 |
|
Crimen organizado |
44 |
0.77 |
|
Operaciones especiales |
25 |
0.44 |
|
Total |
5.695 |
100.00 |
Fuente: Policía Técnica Judicial. Div. de Planeamiento y Operaciones Estadísticas.
Elaboración: Propia. Agosto - 2000.
Este cuadro nos muestra un ligero incremento con respecto a la gestión anterior (10 casos que representan el 0.17%). Por último, se presenta un cuadro comparativo por División y gestión en el número de casos atendidos, con el análisis del incremento detallado.
Cuadro 7
Comparación entre las gestiones de 1995 a 1999 por División
|
Gestión |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
||||
|
Relación División |
Número |
Número |
Incremento |
Número |
Incremento |
Número |
Incremento |
Número |
Incremento |
|
Delitos contra las personas |
1.021 |
1.564 |
543 |
1.717 |
153 |
2.112 |
395 |
1.611 |
-501 |
|
Delitos contra la propiedad |
1.175 |
1.032 |
-143 |
1.016 |
-16 |
1.256 |
240 |
723 |
-533 |
|
Menores y familia |
1.132 |
919 |
-213 |
924 |
5 |
814 |
-110 |
1270 |
456 |
|
Económico - financieros |
984 |
1.219 |
235 |
1.169 |
-50 |
1.246 |
77 |
1.839 |
593 |
|
Corrupción pública |
100 |
124 |
24 |
167 |
43 |
201 |
34 |
183 |
-18 |
|
Crimen organizado |
15 |
24 |
9 |
20 |
-4 |
28 |
8 |
44 |
16 |
|
Operaciones especiales |
25 |
41 |
16 |
17 |
-24 |
28 |
11 |
25 |
-3 |
|
Total |
4.452 |
4.923 |
471 |
5.030 |
107 |
5.685 |
655 |
5.695 |
10 |
Nota: El incremento refleja la cantidad de casos adicionales que se presentaron con relación a la gestión anterior (por ejemplo de 1996 con relación a 1995).
Fuente: Policía Técnica Judicial. Div. de Planeamiento y Operaciones Estadísticas.
Elaboración: Propia. Agosto - 2000.
Como puede apreciarse en el Cuadro 7, durante los últimos 5 años la ciudad de El Alto sufrió un incremento considerable en la tasa delincuencial en general. Particular atención merece el incremento de casos en la División Económico Financieros, que solo presentó un decremento (gestión 1997) de -50 casos, pero que en líneas generales mantuvo siempre una tendencia al incremento. Si bien otras divisiones mostraron un comportamiento oscilante, la tendencia general fue el incremento. También se debe considerar que muchos delitos (por ejemplo los cometidos contra menores de edad o contra la mujer) no llegan a ser reconocidos oficialmente, tomando en cuenta los denominados "arreglos entre partes" a que se arriba en algunos puestos policiales, lo cual no es sino otro tipo de corrupción que ejercen funcionarios policiales no idóneos.
Especial y separada atención merece el análisis de la División de Homicidios. El siguiente cuadro muestra la comparación entre las gestiones de 1995 y 1999.
Cuadro 8
División Homicidios. Comparación entre las gestiones de 1995 y 1999
Relación de casos atendidos
|
División |
1995 |
1999 |
Diferencia |
% |
|
Homicidios |
465 |
749 |
284 |
61.08 |
Fuente: Policía Técnica Judicial. Div. de Planeamiento y Operaciones Estadísticas.
Elaboración: Propia. Agosto - 2000.
El Cuadro 8 nos muestra un incremento de 284 casos en la gestión de 1999 con respecto a la de 1995. Esto representa un 61.08%, lo cual nos indica un serio aumento de la violencia en todas sus formas. Más allá de ser un delito tipificado y sancionado por el Código Penal, el homicidio es la culminación violenta de una vida, y las causas que llevan a tal situación (suicidio, robo, etc.) son el síntoma ineludible de un incremento altamente peligroso de las formas de ejercer violencia. Lamentablemente, se carece de información detallada sobre las causas de homicidio. Solo se cuenta con cuadros estadísticos que detallan las muertes violentas por uso de arma de fuego, suicidio clasificado por el instrumento de muerte, etc., lo cual impide un análisis más detallado de este aspecto. Sin embargo, las consideraciones arriba indicadas pueden ser tomadas en cuenta en futuras discusiones. A continuación, se efectúa un breve recuento de los diferentes delitos tomados en cuenta, su tipificación y su sanción establecida en el Código Penal.
6.1.1 Delitos contra las personas
En sus artículos 251 al 295, el Código Penal establece sanciones para quienes atentan contra vida, la seguridad e integridad física, la libertad individual y el bienestar corporal y psicológico. Entre estos delitos tenemos el homicidio, el aborto, la violación, la difamación, la calumnia, las amenazas, la reducción de la persona a esclavitud, la tortura y las vejaciones, etc. Las sanciones varían desde la prestación de servicios personales de 1 mes (en el caso de amenazas graves, Art. 293) hasta 30 años en el caso de asesinato o parricidio (Art. 252-253).
6.1.2 Delitos contra la familia
El Código Penal sanciona los delitos contra la familia en sus artículos 248 a 250, y el grado de la pena varía de seis meses a tres años. Los delitos específicos son el abandono de familia (Art. 248), el incumplimiento de deberes de asistencia (Art. 249) y el abandono de mujer embarazada (Art. 250). Otros delitos, como la agresión física, maltrato a menores u otros, tienen la sanción acorde a la gravedad del caso según otras disposiciones legales (de este mismo cuerpo o del respectivo).
6.1.3 Delitos contra la propiedad
Son aquellos que atentan contra la propiedad de las personas o instituciones. Las sanciones se hallan contenidas en los artículos 326 al 363, y las penas van de un mes, la más leve, a 15 años (Art. 334, secuestro) pudiendo este último extenderse a 30 años si del hecho resultase muerta la víctima del secuestro. Entre estos delitos pueden señalarse el hurto, el robo, las extorsiones, las estafas, el abigeato, etc.
6.1.4 Delitos contra la seguridad del Estado
Estos delitos contemplan aquellos que representan un riesgo para la seguridad exterior del Estado, por una parte, y las que conciernen a la seguridad interna, por otro. Los artículos que determinan las sanciones para esta clase de delitos van del 109 al 141, y según la gravedad del delito la pena varía de tres meses a treinta años. Los delitos más resaltables en este sentido son el alzamiento armado (con pena de presidio de 5 a 30 años), la traición a la patria, el terrorismo, la organización criminal y la instigación pública a delinquir, entre otros.
La comisión de los delitos señalados en el subtítulo 6.1 e incisos se ve facilitada y/o acelerada cuando la causa no es directa y solo predispone. El propósito de este subtítulo es señalar brevemente algunas de estas causas.
El miedo pude definirse como el estado psicológico caracterizado por la Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o mal que realmente amenaza o que finge la imaginación. Es también el recelo o aprensión que uno tiene de que le suceda una cosa contraria a lo que deseaba. Se puede diferenciar dos tipos de miedo elementales: el cerval, que es grande o excesivo, y el insuperable (el que, imponiéndose a la voluntad de uno, le impulsa a ejecutar un delito; es circunstancia eximente de su responsabilidad criminal).
La apatía puede definirse como la falta de sentimiento o emoción; indiferencia afectiva. Puede conducir a la desidia y la inacción de los ciudadanos que se sientan indiferentes ante la situación crítica que vive su sociedad.
Es la falta de castigo para un delito cometido. En nuestro medio son frecuentes los encubrimientos y apañamientos por parte de los poderes del Estado hacia personas prominentes de la sociedad que hubieran cometido algún delito. La impunidad resta credibilidad en las instituciones públicas y la administración de justicia.
Numerosos actos que contravienen el derecho y la economía nacional son cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. La jerarquía es el elemento fundamental para medir el tamaño de la corrupción en potencia. Numerosas personalidades del ámbito político son frecuentemente denunciados por sus actos dolosos que constituyen, en última instancia, una lesión seria a la economía y la sociedad.
Cuando lo malo se hace bueno y lo bueno se vuelve malo a los ojos de una generación o una sociedad entera, se corre el riesgo de que se pierda lo erigido por décadas. Instituciones como la familia y la iglesia, que en un tiempo determinado fueron respetadas, ven cómo de pronto se socavan sus cimientos. La codicia, la falta de solidaridad y el egoísmo son muestras de una paulatina inversión de los valores éticos y morales.
6.2.6 Inobservancia de las leyes
La falta de acatamiento de las leyes es un elemento que en el mediano plazo provoca la ausencia de respeto a la autoridad, y el vaciamiento normativo hace inefectiva e inaplicable la ley.
El desapego a hacer lo bueno acarrea a la pérdida de valores y la ausencia de respeto a lo instituido.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La hipótesis del presente estudio, que señalaba: "La carencia de una Política Estatal Basada en Principios de Justicia Social y el Bien Común, constituye el primer factor atentatorio a la Seguridad Ciudadana constituyéndose de esta manera en un aspecto determinante de conductas individuales y sociales atentatorias al Derecho" se comprobó plenamente (Cap. ii y vi). La ausencia de una política integral de bienestar social que amortigüe los efectos devastadores del D.S. 21060. Producto del presente estudio se pudo llegar a las siguientes conclusiones:
La política neoliberal atenta contra la dignidad y seguridad de las personas. Existen numerosos indicadores que confirman esta afirmación. Los proporcionados en el presente documento son apenas una muestra de los devastadores efectos que tiene una política antipopular como lo es el D.S. 21060
La tasa delincuencial en la ciudad de El Alto subió sensiblemente en los últimos 15 años de aplicación de la política neoliberal, y particularmente en el último quinquenio, llegando a presentarse un aumento del 27.9% en el período 1995-1999. Estos datos son generales. Los análisis por delito y por gestión arrojan cifras variables, incluso decrecimientos parciales, pero la línea general es la tendencia al incremento.
Los delitos contra las personas, contra el menor y familia, contra la propiedad y los económico financieros son los que tuvieron un aumento más dramático en este período, pese a los declives detectados. Los sectores más vulnerables, es decir, niñez, adolescencia, minusválidos, mujer y tercera edad, continúan siendo víctimas de una falta de protección por parte del Estado y la sociedad civil. La diferenciación de estos grupos, lamentablemente, no aparece en las estadísticas proporcionadas por la división correspondiente de la Policía Técnica Judicial, pero ello no impide formular estas conjeturas que son verificables ante la observación atenta en los centros altamente poblados como es el caso de la ciudad de El Alto.
Los datos obtenidos permiten tener una idea de la gravedad de la situación en general de la ciudad de El Alto, pero se estima que la situación no se modificará favorablemente en los próximos años.
Los verdaderos alcances de la Seguridad Ciudadana no pasan de la simple propaganda oficial que intenta encubrir las profundas brechas, inequidades y falta de garantía para las mayorías marginadas de la población boliviana. El discurso en ocasión de las efemérides locales, típico de nuestros gobernantes de turno, no es sino un maquillaje para disfrazar la dramática situación en que se debaten amplios sectores de la población boliviana.
La Seguridad Ciudadana no implica simplemente la proporción de resguardo físico, sino una conceptualización mucho más amplia que se manifiesta como la capacidad del Estado de proporcionar a los estantes y habitantes del territorio boliviano niveles económicos, políticos y sociales satisfactorios, basados en las libertades democráticas y los derechos ciudadanos.
La Seguridad Ciudadana no puede implementarse en función de sus Principios y Fines dentro de un marco de una Política Económica Neoliberal como la impulsada desde 1985 e impulsada por los sucesivos gobiernos desde entonces.
No basta con sancionar el delito. Es necesario prevenirlo.
La inseguridad ciudadana es la suma de los factores que impiden a una sociedad desarrollarse en armonía y tranquilidad, y nace del propio Estado al implementar este tipo de políticas.
La Política Neoliberal se constituye en el principal factor atentatorio a la Seguridad Ciudadana al impedir el acceso de toda la población al uso y disfrute de las riquezas que pueden ser generadas por el trabajo de todos mediante una equitativa distribución del excedente.
Las reformas imperantes en el campo del derecho realizadas por el Estado Boliviano no pueden ser efectivas y acordes con la Seguridad Ciudadana, mientras exista una Política Neoliberal.
Como es de conocimiento de los especialistas en los temas jurídicos en particular y sociales en general, los cambios son alcanzados por medio de la explosión social generalizada, es decir, la revolución que sacude y modifica en forma violenta las estructuras de una sociedad (como el episodio histórico contemporáneo de 1952) o bien a través de reformas que intenten llenar en vacío provocado por la adopción de determinadas medidas políticas, especialmente cuando éstas son impopulares. Entre lo uno y lo otro, se considerará siempre la vía pacífica del cambio como la menos traumática y más conveniente. Por ello, aunque pase al polvo del olvido como muchas sugerencias formuladas en el ámbito académico o producto del trabajo intelectual, se puede formular las siguientes propuestas:
Moralizar el sector público. La corrupción es un mal que socava la credibilidad de las instituciones y desangra la economía popular. Destruir la corrupción y encarcelar a los corruptos es solo un paso que se debe dar en este sentido. El fortalecimiento y la recuperación de las leyes morales se hace un imperativo imposible de ignorar para modificar la estructura mental de los bolivianos.
Jerarquizar y dignificar la función pública. Los refuerzos salariales en los sectores clave de la administración y el servicio público (gobiernos municipales, Policía Nacional, el Poder Judicial) en forma acorde a la realidad boliviana, mitigaría los riesgos de corrupción y retardación de justicia. Esto implica un aumento cuantitativo y cualitativo del personal calificado, previo concurso de méritos.
Impulsar el desarrollo de la industria boliviana creando paralelamente condiciones laborales propicias para evitar la sobreexplotación de los trabajadores por parte del sector patronal.
Prestar más atención al altiplano para frenar la migración campo – ciudad. Las condiciones que encuentran los migrantes no son las que desearían en muchos casos, y, en última instancia, son expulsados del sector rural por la situación aún más dramática que se vive en dicha área.
Incentivar el esfuerzo y la superación de los estudiantes bolivianos por medio de la otorgación de becas a los mejores bachilleres de los colegios fiscales y privados de baja jerarquía, así como de aquellos estudiantes universitarios que reúnan determinadas condiciones (notas altas, condiciones de pobreza, orfandad, las madres solteras, etc.) que permitan una capacitación y tecnificación permanente y sostenida de la fuerza laboral en el país.
Mejorar las condiciones de vida de la población alteña, promoviendo la participación ciudadana en obras de interés público, como ser la construcción de escuelas y hospitales, el diseño de carreteras, educación vial, educación en salud oral y reproductiva, información sobre el Seguro Básico de Salud, Seguro de Maternidad, Seguro de la Vejez, entre otros.
Crear nuevos centros de rehabilitación para las personas farmacodependientes, posibilitando su reinserción social y laboral.
Efectivizar la Ley 1008 en lo referente a los bienes incautados, creando un ente regulador autónomo y que rinda informes periódicos al poder Legislativo.
Crear centros de capacitación técnica en el altiplano.
Crear centros de orientación para los niños y jóvenes migrantes de primera y segunda generación, evitando que se asocien con personas inescrupulosas.
Promulgar nuevas leyes que promuevan una lucha efectiva contra la pobreza, la delincuencia, etc. y que contemplen una asistencia integral.
Coordinar con entidades moralmente calificadas como la iglesia católica y protestante cuyo número de miembros es cada vez más significativo, a fin de efectuar trabajos conjuntos de moralización.
Efectuar un mejor control sobre la emisión de programas televisivos sobrecargados de imágenes violentas y argumentos que promueven la destrucción de los escasos valores que aún existen.
Incorporar en la educación primaria y secundaria la temática de la moral.
Declaración Universal de los Derechos Humanos
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo texto completo figura en las páginas siguientes. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los Países Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera "distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios".
Preámbulo
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;
ºConsiderando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;
La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.
Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2
1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Artículo 14
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 15
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.
Artículo 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Artículo 28
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.
Artículo 29
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 30
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.
Ensayos y notas referentes al tema
1. El lenguaje 3 (Eduardo Galeano en: Patas arriba: la escuela del mundo al revés, pág. 41)
En la época victoriana, no se podían mencionar los pantalones en presencia de una señorita. Hoy por hoy, no queda bien decir ciertas cosas en presencia de la opinión pública:
el capitalismo luce el nombre artístico de economía de mercado;
el imperialismo se llama globalización;
las víctimas del imperialismo se llaman países en vías de desarrollo, que es como llamar niños a los enanos;
el oportunismo se llama pragmatismo;
la traición se llama realismo;
los pobres se llaman carentes, o carenciados, o personas de escasos recursos;
la expulsión de los niños pobres por el sistema educativo se conoce bajo el nombre de deserción escolar;
el derecho del patrón de despedir al obrero sin indemnización ni explicación se llama flexibilización del mercado laboral;
el lenguaje oficial reconoce los derechos de las mujeres, entre los derechos de las minorías, como si la mitad masculina de la humanidad fuera la mayoría;
en lugar de dictadura se pone proceso;
las torturas se llaman apremios ilegales, o también presiones físicas y psicológicas;
cuando los ladrones son de buena familia, no son ladrones, sino cleptómanos.
La acción de la UNESCO con y para la juventud
Escribe Arthur Gillete, ex director de la División de la Juventud
Durante sus primeros años de funcionamiento, la UNESCO se preocupó de la juventud como tal. Probablemente, era el primer organismo intergubernamental en hacerlo. Lo interesante de esta afirmación es que esa preocupación de la UNESCO, entonces se expresaba en términos que –incluso hoy- resultan tadavía novedosos y mantienen su vigencia.
En aquella época, hace más de 50 años, los jóvenes no eran tratados como un problema, sino como "clientes" o beneficiarios de una acción gubernamental a nivel internacional, como una "solución", como "asociados" y "agentes" en la identificación y la superación de las dificultades: las suyas propias y las de las comunidades en las cuales vivían a nivel ya sea local, nacional o internacional. Es así por ejemplo, que las primeras intervenciones de la UNESCO dirigidas a la juventud, se orientaron a apoyar los campamentos juveniles de trabajo voluntario, que participaban activamente en la reconstrucción de una Europa destrozada, irrigando el viejo continente con sangre nueva.
Un momento muy especial de esta primera época de la acción de la UNESCO con y por la juventud, fue la celebración en 1948 de la Primera Conferencia Internacional del Servicio Voluntario, que se realizó en la primera (y provisoria) sede la UNESCO, el Hotel Magestic en Paris. La presencia en aquella suntuosa sede no dejó de llamar la atención de un periodista presente durante aquellas sesiones, que quiso dejar testimonio de ese episodio, en los siguientes términos: "allí, en las salas artesanadas, había hasta unas sólidas botas de trabajo para recordar la realidad de un mundo en reconstrucción". ¿Contradicción o complementariedad? Dialéctica, en todo caso, que en muchas ocasiones y en períodos diversos ha revigorizado el contenido, las formas y la autenticidad de la colaboración de la UNESCO y las nuevas generaciones, cuya renovación permanente ha marcado los 51 años de vida y trabajo de mi Organización.
Los Años 1950 – 1965
Al terminar la reconstrucción de Europa, el eje de actuación se desplazó hacia los "nuevos" países, las ex - colonias cuyas independencias se suceden a lo largo de este período, sobre todo en Africa y Asia, sin olvidar a la ya soberana Latinoamérica. La UNESCO entonces, ayudó a organizar y realizar programas en lo que todavía no se llamaba –como se le denomina hoy- el "empowerment" de las asociaciones juveniles. En aquellos años, gracias a estos programas tuvieron oportunidad de realizarse innumerables cursos de capacitación de liderazgo juvenil. También, por ejemplo –y refiriéndome nuevamente al ámbito del servicio voluntario- la Organización colaboró con sesiones regionales de formación de responsables de campamentos de trabajo manual y otros tipos de voluntariado en Asia (India 1958), Africa (Ghana 1962) y América Latina (Bolivia 1963).
Por otra parte, gracias al llamado "sistema de empresas asociadas de la juventud", se realizaron muchos proyectos que involucraban concretamente a los jóvenes en el desarrollo y en el intercambio en los campos económico, social y cultural, recibiendo (modestas) dotaciones presupuestarias como una forma de apoyo para estos proyectos. Así se inició el todavía vigente Programa de becas de Viaje para Responsables de la Juventud (edad máxima: 30 años). Contrastando la imperiosa necesidad de implicar de una forma más profunda y decidida a los gobiernos en el proceso de agilización participativa de la joven generación, la UNESCO organizó en Grenoble (Francia) en 1967, la Primera Conferencia Internacional de Ministros de Juventud. Con la salvedad de unas pocas (aunque buenas) iniciativas, lamentablemente la Conferencia de Grenoble quedó casi sin seguimiento. ¿A que se debió esta situación? A mi juicio, y haciendo una interpretación retrospectiva, creo que esta Conferencia llegó demasiado tarde. Por una parte, el "gusano" de la incomprensión y de la incomunicación intergeneracional (y entre muchos jóvenes y no sólo estudiantes como se ha dicho después) y, por otro, las normas e instituciones de sus sociedades, ya habían socavado la "madera". Asi fue como nos vinieron por encima las diversas explosiones del 68.
Los Años 1970 – 1985
En esto años, la UNESCO intentó reaccionar dándoles la oportunidad a los jóvenes de opinar sobre temas tan diversos como son la educación, la droga y el empleo, aprovechando recursos variados, tales como publicaciones, películas, reuniones regionales de la juventud en todo el mundo, y en foros menos íntimos organizados en el marco de grandes conferencias intergubernamentales del sistema de las Naciones Unidas, como aquellas sobre población, medio ambiente, etc. ¿Se entendían –o al menos se escuchaban- los representantes juveniles y los delegados gubernamentales en estas ocasiones? Tal vez no mucho, pero, por otra parte, quedó claro que la impaciencia juvenil fue un formidable acelerador en la socialización de las preocupaciones que inquietaban a los jóvenes, llegando éstos a alcanzar la categoría de decisores en asuntos tan importantes como los de la contaminación del medio ambiente, dinámica que continúa hasta el día de hoy.
A lo largo de este período, surgieron otras dos temáticas no exclusivamente juveniles, pero si reveladas y difundidas con una especial vivacidad por las nuevas generaciones (y que, por lo menos, fueron modestamente repercutidas a través de la UNESCO). Estos dos asuntos, o mejor dicho estas dos "inaceptaciones", estuvieron referidas, la primera, a no aceptar la división del mundo en dos bloques, y la segunda, a no aceptar la idea del subdesarrollo y/o del mal desarrollo en el Tercer Mundo. Retrospectivamente, hoy se puede decir que resultó menos difícil enmohecer a la "cortina de hierro" que vencer al sub y el mal desarrollo, que fue mucho más tenás. Este período se clausuró, con el Año Internacional de la Juventud, en el cual tuvieron lugar muchas reuniones, exposiciones, eventos, etc., pero, una vez más, la historia se adelantó a las buenas intenciones y solemnes recomendaciones de la comunidad intergubernamental.
Los Años 1990 – Hoy en Día
Estos últimos años han conocido una etapa de adaptación del programa y de los métodos de trabajo de la UNESCO. Las ideas de trabajar con y por la juventud, quedaron condicionadas a las nuevas y agudas necesidades impuestas por el doble desafío de, en primer lugar, responder a la tremenda mutación social y política derivada del fin de la guerra fría, y en segundo lugar, hacer frente a la austeridad presupuestaria de la Organización, en el contexto paradojal del empobrecimiento creciente de las capas más frágiles de la población mundial.
Quiero citar dos ejemplos de nuestra conducta "darwiniana": (a) Ciertos Estados Miembros, al enfrentar períodos de transición de conflictos civiles y/o regímenes totalitarios, y encontrándose, desde luego desubicados en cuanto al que hacer para involucrar a la juventud en la construcción de sociedades pluralmente tolerantes, democráticas y más justas, nos han pedido asesoría para la formulación e implementación de políticas nacionales de juventud. Así, por ejemplo, tuvimos los casos de Armenia, Chad, El Salvador, Etiopía, Georgia, Mozambique, Namibia, Sur Africa y Vietnam. (b) La grave escasez de recursos dentro del presupuesto ordinario de la UNESCO nos ha llevado a un esfuerzo sin precedentes de búsqueda y obtención de recursos en dinero y servicios de otras fuentes externas, las que llamamos "extrapresupuestarias". Así, por ejemplo, hemos recibido fondos del Instituto Portugués de Cooperación, complementados con un aporte de la Unión Europea, para lanzar un programa de empleo (Empresa Joven) en Mozambique. En cuanto a otros recursos, el Ejército Suizo nos ha donado unos 50 vehículos retirados del servicio activo, pero todavía operativos, que hoy sirven a programas juveniles en países tan diversos como Rwanda, Bosnia, Uzbekistán, Gambia y Rumania; por otro lado, un empresario japonés nos ha permitido entregar 102 telecopiadoras a Clubes UNESCO y a otras asociaciones juveniles en Armenia, Cuba y sobre todo a varios países africanos de la categoría "menos desarrollada". En 1996, el presupuesto ordinario de la UNESCO para el deporte fue de alrededor de 50.000 dólares; sin embargo, gestionamos actividades por el valor de 2,3 millones de dólares.
Pero no sólo hemos seguido la evolución del mundo tratando de adaptarnos a las nuevas situaciones, sino que también hemos procurado escuchar las preocupaciones de los jóvenes, con el fin de anticiparnos a la evolución de la toma de conciencia en torno a nuevas problemáticas. Por ejemplo, puestos en la encrucijada de las preocupaciones juveniles, tales como el medio ambiente, el empleo y la solidaridad internacional, algunas actividades tales como el reciclaje de herramientas, máquinas de coser o bicicletas son cada vez más populares entre las nuevas generaciones y hemos procurado alentarlas. Al respecto, debo recordar que la UNESCO ha efectuado una encuesta mundial sobre experiencias significativas en las que participan los jóvenes; hemos organizado en el Japón, en Marzo de 1996, el Primer Foro Mundial de Jóvenes sobre el Reciclaje para un Desarrollo Sostenible y también creado una red internacional de aficionados y militantes de dicha temática.
Otro ejemplo de esta orientación es que después de la caída del comunismo en Europa Oriental y Central, las formas preexistentes de servicio voluntario juvenil han desaparecido; sin embargo, están emergiendo nuevas iniciativas en materia de voluntariado que han venido llenando este vacío en los tres últimos años, aunque de un modo un tanto confuso y hasta anárquico. Por ello, como UNESCO, hemos organizado en Polonia (setiembre de 1997) conjuntamente con la Unión Europea, un Encuentro que ha reunido por primera vez a asociaciones de servicio voluntario juvenil de 12 países de esta subregión, el mismo que nos ha permitido lanzar un Centro de Intercambio de Informaciones y de Coordinación en estos países y en otras partes del mundo.
En los momentos que termino la redacción de estas notas, se está clausurando la 29° Sesión Bienal de la Conferencia General de la UNESCO, en la cual se ha adoptado el Programa y Presupuesto de la Organización para 1998-1999 (abriendo nuevos espacios para una colaboración aún más estrecha con la OIJ). Durante esta Sesión, por voluntad de los mismos Estados Miembros, se ha puesto el énfasis en el grupo de población juvenil. En esta Sesión se ofreció a los delegados, entre varias "manifestaciones paralelas", tres Mesas Redondas sobre los temas: "Juventud en Desamparo", "Juventud y Tolerancia" y "La Contribución de la Juventud a la Difusión de los Ideales de la UNESCO", y se presentó una Exposición Permanente denominada "Muralla de Imágenes", ilustrando en términos muy vivos la cooperación de la UNESCO con la nueva generación.
Hubo también un momento muy simbólico cuando se proyectó en la última sesión plenaria de la Conferencia, un breve mensaje del Director General de la UNESCO, Don Federico Mayor Zaragoza, dirigido a los jóvenes del mundo y leído por un joven cosmonauta directamente desde la Estación Espacial MIR, que decía: "Frente a la grosera injusticia de nuestro mundo, no queden pasivos, no sean indiferentes. Pero tampoco sean violentos. Utilicen su energía, su imaginación y su inteligencia para construir un más justo y más tolerante Planeta Tierra, tan agitado pero, paradojalmente, tan tranquilo cuando es visto desde la Estación MIR". Así fue que, hablando en términos literalmente físicos (además de programáticos) la vieja preocupación de mi Organización para los quehaceres y las potencialidades de la juventud encontró un nuevo auge...
EL SACRIFICIO DE LA JUSTICIA EN LOS ALTARES DEL ORDEN
LOS PRISIONEROS*
Eduardo Galeano
El Estado, que jamás va preso, asesina por acción y por omisión. Crímenes por acción: a fines del año pasado la policía militar de Río de Janeiro reconoció oficialmente que venía matando civiles a un ritmo ocho veces más acelerado que el año anterior, mientras la policía de los suburbios de Buenos Aires cazaba jóvenes como si fueran pajaritos. Crímenes por omisión: al mismo tiempo, cuarenta enfermos del riñón murieron en el pueblo de Caraurú, en el nordeste de Brasil, porque la salud pública les había hecho diálisis con agua contaminada. Y en la provincia de Misiones, en el noreste de Argentina, el agua potable contaminada por los plaguicidas, generaba bebés con labios leporinos y deformaciones en la médula espinal.
En la era de las privatizaciones y el mercado libre, el dinero se propone gobernar sin intermediarios. ¿Cuál es la función que se atribuye al Estado? El Estado debe ocuparse de la disciplina de la mano de obra barata, condenada a salarios enanos, y a la represión de las peligrosas legiones de brazos que no encuentran trabajo: un Estado juez y gendarme, y poco más. De los servicios públicos ya se encargará el mercado; y de la pobreza, gente pobre, regiones pobres, ya se ocupará Dios, si la policía no alcanza. La administración pública solo puede disfrazarse de madre piadosa muy de vez en cuando, atareada como está en consagrar sus menguadas energías a las funciones de vigilancia y castigo.
En el proyecto neoliberal, los derechos públicos se reducen a favores del poder, y el poder se ocupa de la salud pública y de la educación pública como si fueran formas de caridad pública.
Mientras tanto crece la pobreza y crecen las ciudades y crecen los asaltos y las violaciones y los crímenes. "La criminalidad crece mucho más que los recursos para combatirla", reconoce el Ministro de Interior del Uruguay. La explosión del delito se ve en las calles, aunque las estadísticas oficiales se hagan las ciegas, y los gobiernos latinoamericanos confiesan, de alguna manera, su impotencia. Pero el poder jamás confiesa que está en guerra contra los pobres que genera, en pleno combate contra las consecuencias de sus propios actos. "La delincuencia crece por culpa del narcotráfico", suelen decir los voceros oficiales, para exonerar de responsabilidad a un sistema que arroja cada vez más pobres a las calles y a las cárceles y que condena cada vez más gente a la desesperanza y a la desesperación.
Las cumbres irradian el mal ejemplo de su impunidad. Se castiga abajo lo que se aplaude arriba. El robo chico es delito contra la propiedad, el robo en gran escala es el derecho de los propietarios: uno es asunto del Código Penal, el otro pertenece a la órbita de la iniciativa privada. El poder, que elogia el trabajo y a los trabajadores en sus discursos pero los maldice en sus actos, sin pudor alguno recompensa la deshonestidad y la falta de escrúpulos. La respetable tarea tiene por cómplices a los grandes medios de comunicación, que mienten callando casi tanto como mienten diciendo.
Y mientras el poder enseña impunidad, esos grandes medios y sobre todo la televisión, difunden mensajes de violencia y de consumismo obligatorio. Una reciente investigación universitaria reveló que los niños de Buenos Aires ven cada día cuarenta escenas de violencia en la pantalla chica. ¿Cuántas escenas de consumismo ven? ¿A cuántos ejemplos de despilfarro y ostentación asisten cada día? ¿Cuántas órdenes de comprar reciben los que poco o nada pueden comprar? ¿Cuántas veces al día se les taladra la cabeza para convencerlos de que quien no compra no existe, y quien no tiene no es? Paradójicamente la televisión suele transmitir discursos que denuncian la plaga de violencia urbana y exigen mano dura, mientras la misma televisión imparte educación a las nuevas generaciones derramando en cada casa océanos de sangre y de publicidad compulsiva. En ese sentido, bien podría decirse que sus propios mensajes están confirmando su eficacia mediante el auge de la delincuencia.
Las fábricas de opinión pública echan leña a la hoguera de la histeria colectiva, y mucho contribuyen a convertir la seguridad pública en obsesión pública. Cada vez tienen más eco los gritos de alarma que se pronuncian en nombre de la población indefensa ante el acoso del crimen. Se multiplican los asustados, y los asustados pueden ser más peligrosos que el peligro que los asusta. Para acabar con la falta de garantías de los ciudadanos se exigen leyes que suprimen las garantías que quedan; y para dar más libertad a los policías, se exigen leyes que sacrifican la libertad de todos los demás, incluso en países como el Uruguay, donde las estadísticas confiesan que los policías son en proporción, los ciudadanos que más delitos cometen-.
No solo los vividores de la abundancia se sienten amenazados. También la clase media, y también numerosos sobrevivientes de la escasez: pobres que sufren el asalto de otros pobres más pobres o más desesperados. En sociedades que prefieren el orden a la justicia hay cada vez más gente que aplaude el sacrificio de la justicia en los altares del orden: hay cada vez más gente convencida de que no hay ley que valga ante la invasión de los fuera de la ley. Hay un clamor creciente por la pena de muerte en la opinión pública de varios países latinoamericanos; y las matanzas de los niños por los escuadrones parapoliciales de la muerte en Bogotá, Río de Janeiro o en la ciudad de Guatemala son pública o secretamente aplaudidas por un sector considerable de la sociedad. Se considera normal la tortura del delincuente común, o de quien tenga "cara de," y llama la atención el silencio de algunos organismos de derechos humanos, en países donde la policía tiene la costumbre de arrancar confesiones mediante métodos de tortura idénticos a los que las dictaduras militares aplicaron contra los presos políticos.
Presos: las dictaduras militares ya no están, pero las frágiles democracias latinoamericanas tienen cárceles hinchadas de presos. Los presos son pobres, como es natural, porque solo los pobres van presos en países donde nadie va preso cuando se viene abajo un puente recién inaugurado, cuando se derrumba un banco vaciado por los banqueros o cuando se desploma un edificio construido sin cimientos. Cárceles inmundas, presos como sardinas en lata, en su gran mayoría presos sin condena. Muchos, sin proceso siquiera, están ahí no se sabe por qué. Si se compara, el infierno de Dante parece cosa de Disney. Continuamente estallan motines en estas cárceles que hierven. Entonces las fuerzas del orden cocinan a tiros a los desordenados y de paso matan a todos los que pueden, con lo que se alivia la presión de la superpoblación carcelaria hasta el próximo motín.
En realidad, bien se podría decir que presos estamos todos, quien más, quien menos. Los que están en las cárceles y los que estamos afuera. ¿Están libres los presos de la necesidad, obligados a vivir para trabajar porque no pueden darse el lujo de trabajar para vivir? ¿Y los presos de la desesperación que no tienen trabajo ni lo tendrán, condenados a malvivir a los zarpazos? Y los presos del miedo, ¿estamos libres? ¿No estamos todos presos del miedo? Todo enrejado: ya hay plazas públicas rodeadas de rejas en algunas ciudades latinoamenricanas, y ya están enrejadas las casas de todos los que tenemos algo que perder, aunque sea poco, aunque sea nada; yo he visto rejas hasta en algunos ranchos de lata y madera de los suburbios más pobres. Los de arriba y los del medio y los de abajo: en sociedades obligadas al sálvese quien pueda aterrorizados por los manotazos de sus náufragos, estamos todos presos: los vigilantes y los vigilados, los elegidos y los parias.
Los hechos se burlan de los derechos. Retrato de América Latina al fin del milenio: ésta es una región del mundo que niega a sus niños el derecho de ser niños. Los niños son los más presos entre todos los presos, en esta jaula en donde se obliga a la gente a devorarse entre sí. El sistema de poder, que no acepta más vínculo que el pánico mutuo, maltrata a los niños. A los niños ricos los trata como si fueran dinero. A los niños pobres los trata como si fueran basura. Y a los del medio los tiene atados a la pata del televisor.
En el océano de los que necesitan, las islas de los que tienen más tienden a convertirse en lujosos campos de concentración, donde los poderosos solo se encuentran con los poderosos, y nunca pueden olvidar, ni por un ratito, que son poderosos. En algunas de las grandes ciudades latinoamericanas, donde los secuestros se han hecho costumbre, los niños ricos crecen encerrados dentro de una burbuja de miedo. Habitan mansiones amuralladas, grandes casas o grupos de casas rodeadas de cercos electrificados y guardias armados, y están día y noche vigilados por los guardaespaldas y por las cámaras de los circuitos cerrados de televisión. Viajan, como el dinero, en autos blindados. No conocen más que de vista la ciudad donde viven. Descubren el subterráneo de París o de Nueva York, pero jamás lo usan en Sao Paulo o en la ciudad de México.
Ellos no viven en la ciudad donde viven. Tienen prohibido ese vasto infierno que acecha su minúsculo cielo privado. Más allá de las fronteras del privilegio, se extiende una región del terror donde la gente es mucha, fea, sucia y peligrosa. En plena época de la globalización los niños ricos no pertenecen a ningún lugar. Crecen sin raíces, despojados de identidad nacional, y sin más sentido social que la certeza de que la realidad es una amenaza. Tienen por patria las marcas de prestigio universal y por lenguaje los códigos internacionales. Los niños ricos de las ciudades más diversas se parecen en sus costumbres, tanto como entre sí se parecen los shopping centers y los aeropuertos, que están fuera del tiempo y del espacio. Educados en la realidad virtual, los niños ricos se deseducan en la ignorancia de la realidad real, que solo existe para ser temida o para ser comprada.
Desde que nacen son entrenados para el consumo y para la fugacidad, y transcurren la infancia comprobando que las máquinas son más dignas de confianza que las personas. Fast food, fast cars, fast life: mientras esperen que llegue la hora del ritual de iniciación, cuando el primer Jaguar o Mercedes les sea regalado, ellos ya se lanzan a toda velocidad a las autopistas cibernéticas, a toda velocidad compiten en las pantallas electrónicas, y a toda velocidad devoran imágenes y mercancías haciendo zapping y haciendo shopping.
Mucho antes de que los niños ricos dejan de ser niños y descubran las drogas caras que aturden la soledad y enmascaran el miedo, ya los niños pobres están aspirando pegamento. Mientras los niños ricos juegan a la guerra con balas de rayos láser, ya las balas de plomo acribillan a los niños de la calle. Algunos expertos llaman "niños de escasos recursos" a los que disputan la basura con los buitres en los suburbios de las ciudades. Según las estadísticas, hay setenta millones de niños en estado de pobreza absoluta, y cada vez hay más y más, en esta América Latina, que fabrica pobres y prohíbe la pobreza. Entre todos los rehenes del sistema, ellos son los que peor la pasan. La sociedad los exprime, los vigila, los castiga, a veces los mata: casi nunca los escucha, jamás los comprende.
Nacen con las raíces al aire. Muchos de ellos son hijos de familias campesinas que han sido brutalmente arrancadas de la tierra y se han desintegrado en la ciudad. Entre la cuna y la sepultura, el hambre o las balas abrevian el viaje. De cada dos niños pobres, uno trabaja desplomándose a cambio de la comida o poco más: vende chucherías en las calles, es la mano de obra gratuita de los talleres y las cantinas familiares, es la mano de obra más barata de las industrias de exportación, que fabrican zapatillas o camisas para las grandes tiendas del mundo. ¿Y el otro? De cada dos niños pobres uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos expulsa a los niños. Los expulsa, y les teme. Desde el punto de vista del sistema el viejo es un fracaso, pero la infancia es un peligro.
En muchos países latinoamericanos, la hegemonía del mercado está rompiendo los lazos de solidaridad y está haciendo trizas el tejido social comunitario. ¿Qué tienen los dueños de nada en países donde el derecho de propiedad se está convirtiendo en el único derecho sagrado? Los niños pobres son los que más ferozmente sufren la contradicción entre una cultura que manda consumir y una realidad que lo prohíbe. El hambre los obliga a robar o a prostituirse; pero también los obliga la sociedad de consumo que los insulta ofreciendo lo que niega. Y ellos se vengan lanzándose al asalto. En las calles de las grandes ciudades se forman bandas de desesperados unidos por la muerte que acecha. Según la organización Human Rights Watch, los grupos parapoliciales matan seis niños por día en Colombia y cuatro por día en Brasil. ¿Y ellas? Hay medio millón de niñas brasileñas que venden el cuerpo, casi tantas como en la India, y en la República Dominicana la próspera industria del turismo ofrece subastas de niñas vírgenes.
Entre una punta y la otra, el medio. Entre los que viven prisioneros del desamparo y los que viven prisioneros de la opulencia, están los niños que tienen bastante más que nada pero mucho menos que todo. Cada vez son menos esos niños de clase media. Les confisca la libertad, día tras día, la sociedad que sacraliza el orden mientras genera el desorden. En estos tiempos de inestabilidad social, cuando se concentra la riqueza y la pobreza se difunde a ritmo implacable, ¿quién no siente que el piso cruje bajo los pies? La clase media vive en estado de impostura, simulando tener más de lo que tiene, pero nunca le ha resultado tan difícil cumplir con esta abnegada tradición. Está, hoy por hoy, paralizada por el pánico: el pánico a perder el trabajo, el auto, la casa, las cosas, y el pánico de no llegar a tener lo que se debe tener para llegar a ser. Nadie podrá reprocharle mala conducta. La sufrida clase media sigue creyendo en la experiencia como aprendizaje de la obediencia, y con frecuencia defiende todavía el orden establecido como si fuera dueña, aunque no es más que una inquilina del orden, más que nunca agobiada por el precio del alquiler y el pánico del desalojo.
En el pánico, pánico de vivir, pánico de caer, cría a sus hijos. Atrapados en las trampas del pánico, los niños de clase media están cada vez más condenados a la humillación del encierro perpetuo. En la ciudad del futuro, que ya está siendo presente, los teleniños, vigilados por niñeras electrónicas, contemplarán la calle desde el balcón o la ventana: la calle prohibida por la violencia, o por el pánico a la violencia; la calle donde ocurre el siempre peligroso, y a veces prodigioso, espectáculo de la vida.
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Sitios Internet
Trabajo efectuado por
Miriam Cuellar Ch
El trabajo contó con la colaboración de Abraham Omonte Rivero
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