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La formación del legislador mexicano




Enviado por Emilio Velazco Gamboa



Partes: 1, 2

    Indice
    1.
    Antecedentes

    2. El entorno
    político

    3. Los actores
    políticos

    4. Formación del actor
    político

    5. El factor
    político

    6. El factor
    mercadotécnico

    7. Tipos de
    legisladores

    8.
    Epílogo

    1.
    Antecedentes

    El espíritu de la moderación
    debe ser
    el que inspire al legislador.
    MONTESQUIEU
    El espíritu de las leyes
    El presente trabajo tiene como objetivo
    mostrar, desde la perspectiva particular del autor, algunas de
    las formas (identificadas dentro de los partidos
    políticos mexicanos) en que se moldean los actores
    políticos que, en el corto o en el largo plazo,
    habrán de acceder a algún cargo legislativo ya sea
    en los Congresos estatales o federal, así como en los
    Cabildos municipales.
    Por supuesto, esta visión no es unívoca y mucho
    menos pretende ser considerada como una verdad absoluta y ni
    siquiera medianamente relativa. Tan sólo es resultado de
    la observación realizada desde 1992, en la
    cual el autor ha sido testigo de la formación de muchos
    hombres y mujeres que hoy ocupan o ya han ocupado los cargos de
    Diputados a los Congresos de las entidades federativas mexicanas,
    Diputados o Senadores del Honorable Congreso de la Unión,
    o Regidores de los Cabildos que forman parte de los Ayuntamientos
    Municipales.
    Así, el autor ha identificado como tales algunas de las
    situaciones, factores y modalidades –tanto endógenas
    como exógenas– en que se moldea el perfil del
    ciudadano que, interesado ya en la participación en un
    partido político, o dirigido a la participación
    política
    debido a sus actividades e intereses, aspira a ocupar un cargo
    legislativo, o de manera incidental, se convierte en prospecto de
    legislador.
    Por tanto, se habrán de analizar dichas situaciones,
    factores y modalidades desde una dimensión objetiva
    –más allá de las filias y las fobias o
    tendencias partidistas o ideológicas– e imparcial
    –pues no intenta reivindicar ni denostar el papel de los
    actores políticos ni de las instituciones
    políticas en México– y esencialmente
    académica, ya que se constituye en una investigación en la materia desde
    la perspectiva del politólogo más que en una
    crítica, un mero artículo o un testimonio personal.

    2. El entorno
    político

    Es preciso reconocer que el Estado
    mexicano es presidencialista por naturaleza y por
    idiosincrasia, ya que, tanto en las civilizaciones
    prehispánicas como en la ibérica, el poder
    tradicionalmente lo ejercía una persona.
    Así, por ejemplo, "entre los aztecas el poder
    público se depositaba en un consejo de ancianos, pero lo
    ejercía la figura patriarcal del Tzín o
    Señor, y en los barrios y regiones, los Caciques o
    Tlatoanis"".
    Por su parte, en España el
    máximo soberano era el Rey, y aunque en México el
    Presidente de la República está bastante lejos de
    los rasgos de la monarquía, sí ha sido
    históricamente una suerte de Tzín o Gran Tlatoani
    dada su investidura y liderazgo
    así como por sus ilimitados poderes y facultades.
    Esta opinión se ve reforzada por el pensamiento
    del ilustre historiador mexicano Daniel Cosío Villegas,
    quien dijo que "el Presidente de la República cuenta con
    facultades y recursos
    amplísimos, procedentes de una gran variedad de
    circunstancias, lo mismo de orden jurídico que
    geográfico, económico, psicológico y hasta
    moral", y que
    "es la pieza principal, o única, si se quiere, de nuestra
    organización y de nuestra vida
    políticas". O al menos, hasta hace poco dejó de ser
    la única.
    Por lo demás, es un secreto a voces que, como jefe moral
    de su partido –al menos así lo fue hasta el
    último día del régimen
    priísta–, el Ejecutivo Federal influye en la
    decisión, e incluso designa a quienes habrán de
    acceder a los cargos parlamentarios y, posiblemente, una vez
    instaladas las cámaras de Diputados y de Senadores, a
    quiénes habrá de elegirse como líderes de su
    respectiva fracción parlamentaria y para presidir las
    distintas comisiones legislativas.
    Ello puede considerarse legítimo si se ve al presidente
    como un hombre solo,
    con enormes responsabilidades sobre sus hombros y enfrentando a
    toda la representación nacional –nada menos que 500
    Diputados y 128 Senadores–, lo cual anuncia una
    situación de suyo complicada.
    Máxime, cuando se cuenta con un sistema electoral
    mixto como el mexicano, con legisladores electos por los principios de
    mayoría relativa y de representación proporcional,
    donde todas las corrientes y partidos, tanto mayoritarios como
    minoritarios, tienen un significativo número de
    legisladores, quienes, como es su obligación, están
    dispuestos a exigirle cuentas a los
    otros dos poderes de la federación, y especialmente al
    jefe del Ejecutivo.
    Por tal razón, parece lógico que el Presidente
    busque el respaldo de sus correligionarios incorporados a la
    representación nacional, para llevar a cabo sus programas y
    proyectos.
    Evidentemente, ello requerirá la fuerza de la
    mayoría para obtener la dirección camaral, sea ésta total o
    relativa.
    El problema empieza cuando nadie es capaz de reconocer la
    naturaleza de este fenómeno, mismo que se agudiza cuando
    no se tiene la capacidad o el ingenio para explicar su
    legitimidad, tanto como es legítimo y natural el deseo que
    tienen otros partidos de convertirse en mayoría en el
    Poder
    Legislativo Federal.
    Ahora bien, la buena voluntad que tienen los correligionarios
    legisladores del Presidente de la República por apoyar a
    éste ha caído en algunos excesos, al grado de
    obligar a la colectividad a pensar que el Poder Legislativo, y de
    paso el Judicial, están subordinados y supeditados a la
    fuerza y liderazgo del Ejecutivo, además de que el
    espíritu de compañerismo y servicio se
    han convertido en amiguismo y servilismo.
    Por ello, los partidos minoritarios y mayoritarios contrarios al
    régimen tradicional –el del Partido Revolucionario
    Institucional (PRI)–, desde hace muchos años, hablan
    de una reforma política que fortalezca y dote de mayores
    facultades al Legislativo y al Judicial de la Federación,
    pues generalmente se cree que no existe una verdadera
    división de poderes en México.
    Incluso, cuando al fin el Presidente de la República tuvo
    una Cámara de Diputados con una presencia efectiva de la
    oposición, se llegó a hablar de gobierno dividido
    –cosa errónea– en vez de división de
    poderes…

    3. Los actores
    políticos

    El filósofo italiano Giovanni Sartori, en el
    capítulo nueve –llamado Parlamento– de su obra
    Elementos de teoría
    política, se ocupa de lo que él denomina como un
    problema por sí mismo y relativamente nuevo: la
    profesionalización de la política.

    "Un político profesional, en una primera
    aproximación, es una persona que se ocupa, de manera
    estable, de la política, y no puede considerarse como
    tales, por lo tanto, a aquellos que se ocupan de ella de forma
    ocasional o durante un período limitado, y que provienen
    de una profesión privada que continúan ejerciendo a
    latere, incluso cuando ingresan en el parlamento".
    Si esta concepción se ubica en el escenario
    político mexicano, se podría decir que los
    políticos profesionales son todos los hombres y mujeres
    que están ocupados, dirigiendo o colaborando en partidos y
    organizaciones
    políticas, gremiales y sociales (tales como las
    agrupaciones políticas reconocidas por el COFIPE, sindicatos,
    federaciones, confederaciones, uniones y clubes políticos
    y sociales, organismos empresariales y demás instituciones
    del mismo tipo), dependencias públicas centralizadas y
    descentralizadas de los poderes, en los poderes mismos, etc. y
    que, al concluir sus períodos de mando y
    colaboración, los renuevan en esas o en otras áreas
    del mismo escenario.

    Este podría ser el caso hipotético de un
    líder
    sindical que de su sindicato pasa
    a la central obrera y de ésta a su partido, o de
    cualquiera de las anteriores al Legislativo, al Cabildo o a
    alguna dependencia del Ejecutivo. O bien, el caso del hombre que,
    tras dirigir un club o un organismo empresarial, pasa al
    Legislativo o al Cabildo y después regresa a encabezar las
    causas que lo llevaron al terreno político.

    En esta segunda idea, el empresario ya ha delegado la
    dirección de sus negocios
    particulares en sus empleados de mayor confianza, y aunque los
    supervisa, ya no los atiende por dedicarse de lleno a la
    actividad política. Ahora bien, Giovanni Sartori nos da
    una clasificación en la que se pueden ver las clases de
    políticos que hay y que será de gran auxilio para
    reforzar las ideas antes expresadas. A saber, se
    tienen:

    1. Político no profesional;
    2. Político semiprofesional, y
    3. Político profesional.

    El politólogo italiano nos dice que "el
    político no profesional es el equivalente del
    ‘político-gentilhombre’ de antaño: el
    gran industrial, la
    personalidad cultural, el patricio propietario
    agrícola, el rentista y otros casos similares. En resumen,
    la persona para la cual, la política es claramente una
    ‘vocación’, no una ocupación en el
    sentido económico del término", es decir, es una
    actividad, no un empleo.
    "Los políticos semiprofesionales son aquellos que
    provienen de una carrera de partido, que poseen una
    profesión privada y que, en cierto modo, siguen
    ejerciéndola". Son aquellos que, por temporadas, realizan
    política y, después de otras tantas temporadas, se
    dedican a otras tareas. Para ellos sí es más
    marcado el sentido de ocupación en el aspecto
    económico, pero, pese a todo, no es el primordial y ni
    siquiera el preponderante.

    Finalmente, el teórico italiano se ocupa de los
    políticos profesionales, o sea, "aquellos que no han
    tenido nunca otra profesión y que, por lo tanto, son un
    personal de rigurosa extracción partidista y
    también una parte de aquellos que no tienen ya posibilidad
    de retorno a su profesión civil" o a su anterior modus
    vivendi, cualesquiera que fuese, ya sea como comerciantes,
    mecánicos u otros y que, consecuentemente, en la
    política tienen su fuente única o principal de
    ingresos, de
    desarrollo
    personal y profesional así como la base para sus
    proyectos de vida.

    4. Formación del
    actor político

    Es posible advertir que en algo convergen las tres
    clases de políticos descritas por Sartori: todo actor
    político tiene una causa, ya sea política, social o
    gremial, misma que puede constituir su proyecto de vida,
    su interés
    principal, uno de sus múltiples intereses, o cuando menos,
    una situación que le preocupa y motiva lo suficiente como
    para defenderla y canalizarla dentro del escenario
    político.

    Y claro, aunque el ser humano es, por antonomasia, un
    ser político, muy pocos hombres y mujeres asumen
    –según se vea– el riesgo o la
    responsabilidad de convertirse en actores
    protagónicos. Pero, ya sea en el caso de que los
    políticos sean profesionales, semiprofesionales o no
    profesionales, regularmente se forjan en tres frentes:

    1. El trabajo comunitario.
    2. El trabajo gremial.
    3. El trabajo de partido.

    Y esos son los aspectos que determinan la
    formación del nuevo legislador.

    El trabajo comunitario
    Dicen por ahí que la patria se construye desde muchos
    frentes, y que puede hacerse patria en cualquier lado. Por
    supuesto, la patria empieza en el lugar donde uno vive y con la
    gente que le rodea. Por tanto, un líder y futuro
    representante popular generalmente se inicia en el trabajo
    realizado en pro del desarrollo de
    su comunidad, del
    mejoramiento de las condiciones de vida y la defensa de los
    intereses y los derechos de dicha comunidad
    y de sus habitantes.
    El trabajo de gestión
    social tiene los siguientes pasos:

    1. Se realiza una inspección y evaluación de las condiciones en que se
      encuentra la comunidad, sopesando los avances y los
      rezagos.
    2. Una vez que se han identificado los rezagos o
      carencias, se piensa en la manera más idónea para
      cubrirlos o solucionarlos.
    3. Se fomenta el espíritu de cooperación
      de los cohabitantes a través de una aportación
      individual de recursos financieros, materiales o
      técnicos (fuerza de trabajo) para el cumplimiento del
      objetivo propuesto.
    4. Se cumple con los trámites oficiales
      necesarios para llevar a cabo los trabajos de desarrollo
      comunitario, o en su defecto, se gestiona el apoyo de las
      autoridades públicas para que ayuden a la comunidad a la
      solución o cobertura de sus necesidades.
    5. En ocasiones, los mismos representantes comunitarios
      se dirigen a los partidos políticos o a los
      legisladores, quienes tienen una oficina
      especializada en gestión social y desarrollo
      comunitario.

    En otros casos, los futuros líderes se incorporan
    a un proyecto ya existente o a uno que ya se está llevando
    a cabo. Pero, de una u otra manera, se familiarizan con los
    problemas de
    su entorno y, más tarde o más temprano, los
    convierten en su causa personal y en las banderas que
    habrán de defender.

    Dependiendo del trato y la respuesta que reciban de
    parte del Estado, se
    definirá si apoyan en futuros procesos
    electorales al partido gobernante o a alguna otra opción
    partidista. Ese es uno de los principales compromisos de tipo
    político que realizan y que, en buena medida, los
    llevarán a incursionar como actores protagónicos en
    el entarimado público.
    A su vez, dependiendo del liderazgo que ejerza y del
    número de seguidores que tenga, los partidos
    políticos podrán o no considerarlo como un
    prospecto viable de postulación política,
    también dependiendo de si cumple o no con otros dos
    requerimientos considerados esenciales: disciplina y
    constancia partidistas, independientemente de que realicen o no
    trabajo gremial o, en otro caso, trabajo de partido.

    El trabajo gremial
    Este tipo de trabajo se refiere a los servicios que
    se prestan dentro de una organización ya sea de carácter
    civil, laboral,
    patronal, industrial, empresarial, académico, etc. bien
    sea como dirigente o como colaborador. En el trabajo de esta
    naturaleza puede haber organizaciones definidas en cuanto a su
    orientación partidista, o bien, organizaciones
    completamente imparciales y apartidistas (que no
    apolíticas).
    Respecto de las primeras no hay mucho que decir. Tan sólo
    que, como forman de la estructura de
    un instituto político, tienen derecho de obtener
    postulaciones de miembros suyos a cargos de elección
    popular o de dirigencia dentro del propio partido.
    A esto se ha dado en llamarle cuotas de poder, cosa
    errónea, pues no son grupos
    electoreros que dan su apoyo –consistente en voto
    corporativo– a cambio de
    nominaciones. Si ese fuera el caso, sí se les
    podría denominar cuotas de poder; si, por el contrario,
    ése y otros apoyos se dan de manera permanente, es obvio
    que genera compromisos mutuos que, tal vez en algunos casos
    –de hecho, en la sana mayoría–, se ven
    traducidos en nominaciones a cargos públicos de diferentes
    tipos.
    Respecto de las segundas organizaciones, generalmente se
    mantienen al margen de toda participación política
    o electoral. Claro que, sus dirigentes o representantes tienen
    preferencias políticas aun cuando no militen activamente
    en ninguna agrupación de esa naturaleza. Sin embargo,
    pocas veces llegan a aceptar nominaciones a cargos
    públicos, pues ello les obligaría a darle su apoyo
    institucional con fines electorales o de tipo similar al partido
    que los postula, cosa que podría desvirtuar su
    actuación, objetivos o
    carácter original.
    Tanto en un caso como en otro, los dirigentes empiezan a formarse
    como futuros representantes populares desde que asumen el
    liderazgo formal y el efectivo de sus organizaciones y hacen
    suyas las causas de éstas. En cualquier caso, pueden
    llegar o no a realizar trabajo comunitario o de
    partido.

    El trabajo de partido
    Con motivo del II Congreso Internacional de Derecho Electoral
    celebrado en 1993 en la Ciudad de México, el investigador
    José Juan González Encinar afirmó que "cada
    vez son más los que piensan que los partidos
    políticos son la locura de muchos para beneficio de unos
    pocos". A simple vista, esto puede parecer verdad. Sin embargo,
    los partidos políticos siguen siendo el mejor camino que
    tienen los ciudadanos para acceder al poder
    público.

    Esto no sólo se debe a que los partidos son
    organismos formados por personas con ideología e inquietudes afines, sino
    porque, además, son la base de cualquier sistema
    democrático, pues así, los ciudadanos se suceden de
    manera libre, justa, equitativa, ordenada y pacífica en
    la
    administración del país y en la
    representación nacional.
    Por otro lado, es cierto que los partidos políticos son la
    locura de muchos, y de ello hablan las grandes asambleas, las
    nutridas sesiones de los consejos políticos, los
    espectaculares congresos partidistas y las concurridas consultas
    que a sus bases militantes realizan tanto partidos mayoritarios
    como minoritarios. Eso, en el caso de México, es una
    realidad definitiva.
    Asimismo, en temporadas electorales, los candidatos a los
    distintos cargos recorren incansablemente el territorio que
    aspiran a gobernar o a representar, y se entrevistan infinidad de
    veces con aquellas personas que constituyen votantes
    potenciales.
    Pero todo ese gasto en propaganda,
    alquiler, adquisición y mantenimiento
    de vehículos automotores, mobiliario y equipo de oficina,
    pago de recursos
    humanos, técnicos y materiales así como de
    servicios generales, no tendría ningún fin
    práctico y positivo si el electorado no se interesara por
    conocer a los candidatos y, sobre todo, si no los apoyara o
    sufragara por ellos, pues el solo hecho de interesarse en ellos
    indica el deseo de participar directa o indirectamente en los
    procesos públicos, ya sean decisionales o puramente
    administrativos o legislativos. Por eso es que la fiebre de los
    partidos políticos no puede -y no debe– ser para
    beneficio de unos pocos, sino todo lo contrario.

    "Siempre he pensado –y expresado– que la
    presencia más constante y efectiva de los partidos
    políticos ha permitido la diversificación
    ideológica al interior de la sociedad, ya que
    mantienen permanentemente sus actividades sociales, comunitarias
    y, por supuesto, proselitistas". Y ese beneficio para todos o
    para muchos debe verse reflejado en la dotación de obras y
    servicios públicos.
    Ahora bien, el trabajo de partido constituye formalmente la
    línea de ingreso a la militancia y el activismo dentro de
    un instituto político y, por ende, la adquisición
    bilateral y recíproca de derechos y compromisos. El
    trabajo de partido se circunscribe básicamente a los
    siguientes rubros:

    1. Gestión social.
    2. Actividades proselitistas y electorales.
    3. Administración y dirección del
      partido.
    4. Capacitación electoral, formación
      política y divulgación
      ideológica.

    Los futuros líderes y representantes
    políticos inician sus actividades partidistas, por lo
    regular, en las tres primeras áreas, pasando a la
    última cuando ha salido avante de una serie de pruebas que no
    han alterado ni su disciplina ni su constancia partidista.
    Gestión social.- Como ya se ha dicho, la razón por
    la cual son y existen los partidos es
    –definitivamente– ganar elecciones para llegar a la
    titularidad del poder público, y una de sus principales
    herramientas
    para ganar votos –junto con el proselitismo–
    es la gestión social.
    Ésta consiste en la celebración de trámites
    ante las autoridades correspondientes y facultadas tanto para la
    realización y dotación de obras y servicios
    públicos, despensas y otros insumos básicos, como
    para la promoción encaminada a crear o modificar
    leyes y
    programas que beneficien a sus militantes, simpatizantes y
    público en general.
    En este sentido, pesa mucho la influencia que el partido en
    cuestión tenga dentro de los órganos de gobierno,
    evidentemente, porque la titularidad de éstos es ejercida
    por miembros de dicho instituto.
    Actividades proselitistas y electorales.- Estas son,
    básicamente, las giras, marchas y mítines en las
    cuales se ensalzan las bondades de la ideología,
    principios y programas partidistas, las cualidades de los
    dirigentes, candidatos y gobernantes surgidos del partido,
    así como los logros y conquistas obtenidas a partir del
    trabajo legislativo, administrativo y de gestión.
    Las actividades electorales se encuentran íntimamente
    ligadas a las proselitistas, pues son permanentes y constituyen
    –junto con la gestión social, como ya se dijo
    antes– el mejor recurso para atraer a la gente y
    convencerla de que ese partido tiene la mejor oferta.
    Si el instituto político en cuestión ha hecho un
    buen trabajo al frente del gobierno, sus argumentos
    conquistarán al público de manera rotunda. De lo
    contrario, cualquier discurso
    saldrá sobrando.
    Otras actividades inmersas en las de tipo electoral y
    proselitista, son las que conforman todo el trabajo de administración de las campañas de
    los candidatos (financiamiento, ingresos, egresos, comunicación
    social y relaciones
    públicas, recursos materiales, etc.), la logística (equipo de avanzada del
    candidato, dirigente o gobernante; el equipo de sonido, la
    seguridad,
    transportes, etc.) y la propaganda e imagen del
    candidato (distribución, ubicación y
    colocación de publicidad
    impresa y la optimización del uso de propaganda auditiva y
    audiovisual, es decir, tiempos en radio y televisión).

    Administración y dirección del partido.-
    Estas son las actividades necesarias para el funcionamiento
    interno del partido y/o de sus organizaciones y dependencias,
    tales como el conjunto de tareas como las que corresponde
    desarrollar al presidente y al secretario general así como
    a los titulares de las secretarías del comité
    (finanzas,
    organización, acción y operación electoral,
    etc.) y a sus delegados, subdelegados, comisionados, asesores,
    secretarios particulares, personal auxiliar, secretarial, de
    seguridad e intendencia, etc.

    Estas labores dan vida al centro neurálgico de
    las operaciones
    partidistas con toda la carga que ello implica.
    Capacitación electoral, formación
    política y divulgación ideológica.- Este ya
    es un trabajo muy especializado, propio de expertos en
    Filosofía, Sociología, Derecho y Ciencia
    Política, pues aquí se va a preparar a todo el
    personal que va a desempeñar funciones de
    representante partidista el día de la jornada electoral
    así como al convencimiento y adoctrinamiento de sus
    cuadros y militantes.
    Así, gracias a la capacitación electoral, los
    representantes electorales estarán preparados para cubrir
    las formalidades propias del evento así como para
    reaccionar adecuadamente ante cualquier contingencia o imprevisto
    que pudiera presentarse y que, de no resolverse bien,
    podría afectar el resultado final de la
    votación.
    La formación política consiste en la enseñanza de la ideología y las
    doctrinas del partido para que sus militantes las asimilen y
    vuelvan suyas, las divulguen con otros ciudadanos y sean
    más conocidas cada vez. Esta labor de divulgación
    no sólo la realizan los miembros activos del
    partido de que se trate, sino también por medio de
    boletines y órganos de comunicación interna, otros tipos de
    publicidad impresa (inserciones en la prensa escrita,
    folletos, volantes, etc.) y cápsulas de radio y
    televisión.
    A diferencia del trabajo comunitario, donde no importa mucho que
    el futuro líder realice tareas gremiales o viceversa, el
    líder partidista aspira a realizar tanto actividades
    comunitarias como gremiales, pues sabe que entre más de
    éstas realice, llegará a tener más
    popularidad y votos.

    5. El factor
    político

    Los partidos políticos suelen enviar a los cargos
    legislativos a sus hombres y mujeres cuando tienen algunas de las
    siguientes características:

    1. Liderazgo partidista.
    2. Arraigo popular.
    3. Espíritu combativo.
    4. Carisma.
    5. Capacidad técnica en materia legislativa y de
      los procesos de gobierno.
    6. Capacidad de negociación y concertación
      política.

    Otras veces, los partidos suelen nominar a los puestos
    legislativos a hombres y mujeres que les han servido fielmente, a
    saber, en algunos órdenes como los que enseguida se
    mencionan:

    1. Por servicios prestados en circunstancias especiales,
      independientemente del tipo de servicios y del tipo de
      circunstancias.
    2. Como reconocimiento a una trayectoria política
      destacada.
    3. Como reconocimiento a una trayectoria profesional,
      administrativa, comunitaria, gremial, social, académica
      o profesional relevante.
    4. Como premio a su constancia partidista.

    Asimismo, se pueden combinar tanto unos como otros
    factores en la selección
    de los candidatos a los distintos cargos de elección
    popular, dando como resultado que, por ejemplo, actores con
    liderazgo, combatividad e incluso capacidad técnica o de
    negociación, reciban la nominación por los
    servicios prestados a su instituto político.
    Sin embargo, cada partido tiene sus propios criterios para
    seleccionar a quienes serán, primero, sus candidatos a
    cargos de elección popular y, posteriormente, miembros de
    los Cabildos y Congresos, éstos últimos, tanto de
    nivel local como federal.
    Desde una óptica
    personal, me atreveré a opinar sobre los procesos de
    selección de los actores o actrices que habrán de
    ser postulados a cargos de elección popular. Tal vez haya
    quien tenga otra visión, pero esta es la mía y se
    presenta respetuosamente.

    Dentro de los partidos políticos mexicanos, y
    esto no es privativo del Revolucionario Institucional, se suele
    seleccionar a los prospectos de acuerdo con su liderazgo,
    arraigo, combatividad, identificación con el
    público, capacidad técnica, abolengo, capacidad
    económica o amistad con el
    gran o los grandes electores.

    Cuando se habla de su liderazgo, arraigo, combatividad e
    identificación con el público, definitivamente es
    insoslayable el peso del personaje en los resultados definitivos
    de los procesos electorales. Y ya sea o no de los gustos del gran
    elector o los grandes electores (sean el pueblo o una
    cúpula), su nominación está asegurada con
    base en el criterio antes señalado, independientemente de
    que tenga o no alguno de los otros factores citados, aunque
    generalmente estas cualidades van asociadas e íntimamente
    ligadas a las habilidades para el desarrollo y
    estructuración de los procesos electorales de que se
    trate. Ejemplos que, en lo particular me parecen dignos de
    mención, son los inigualables Jesús Ortega
    Martínez (PRD) y Fernando Gutiérrez Barrios
    (PRI).

    Ortega, uno de los perredistas más conocidos y
    respetados al interior de su partido, fue Senador de la
    República. Combativo, audaz y capaz, también fue
    representante del PRD ante el Instituto Federal Electoral para el
    proceso
    electoral federal del 2 de julio de 2000, en el cual se
    renovó al Jefe del Ejecutivo Federal y a la totalidad de
    las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la
    Unión.
    Desde su postura, no sólo como legislador –pues
    también fue Diputado a la LVII Legislatura– sino
    como operador electoral, desarrolló una función
    estratégica en las negociaciones, organización,
    celebración y calificación de dicho proceso
    democrático.
    Fernando Gutiérrez Barrios, ex jefe de la Dirección
    Federal de Seguridad, ex gobernador del Estado de Veracruz, ex
    secretario de Gobernación y finalmente Senador, le
    correspondió manejar el escabroso, polémico y
    difícil proceso de selección interna de candidato
    del PRI a la Presidencia de la República para el proceso
    del año dos mil.
    Hombre reconocido por la militancia priísta y por el
    público en general, y poseedor de un gran prestigio por su
    capacidad como operador político, le dio a este delicado
    proceso un matiz de transparencia e imparcialidad, mismo que
    sólo se vio manchado por la duda de que Francisco
    Labastida fue un candidato oficial del presidente
    Zedillo.

    Con todo, la votación fue legal, y Labastida fue
    nominado por la decisión mayoritaria de los militantes del
    Revolucionario Institucional, independientemente de que se fueran
    o no con la finta de que este personaje era –según
    algunos– el candidato del Presidente, cosa por demás
    improbable, pues –al menos a juicio personal– Ernesto
    Zedillo ha sido el Presidente menos presidencialista que ha dado
    el PRI.

    Finalmente, su testimonio de trabajo como gobernante
    electo de manera popular en su entidad natal, como activista del
    PRI y como funcionario federal, le permitieron incrementar la
    votación del 2 de julio de 2000 a favor de su instituto
    político.
    Cuando se habla de su capacidad técnica en materia
    legislativa y de los procesos de gobierno, al actor se le concede
    la nominación para que, desde el órgano legislativo
    del nivel que se trate, funja como negociador desde la postura de
    su partido con las posturas de los otros partidos, ya sea en
    favor de las iniciativas provenientes del Ejecutivo, o bien, para
    suavizar los efectos de éstas, mismos que, de cierto modo,
    serían negativos para sus posturas e intereses o para los
    intereses de la colectividad que representan.

    Un gran ejemplo de este tipo de actor es Luis Donaldo
    Colosio Murrieta, de quien una biografía suya dice
    que "ocupó la presidencia de la Comisión de
    Programación, Presupuesto y
    Cuenta Pública, lo que le exigía una
    relación más estrecha y sistemática con el
    secretario de Programación y Presupuesto, licenciado
    Carlos Salinas de Gortari. El trabajo que realizaba, no cabe
    duda, era delicado y sumamente importante; la legislatura era
    plural, lo que le permitió tener contacto con
    representantes de diversos partidos".

    Como legislador, Colosio demostró que no
    sólo era un economista bien formado, sino un verdadero
    político atento a los reclamos ciudadanos, buen
    negociador, consciente del elevado rango republicano del Poder
    Legislativo; en una palabra, demostró tener oficio
    político.
    Otro economista de reconocida trayectoria dentro del PRI fue el
    Doctor Ángel Aceves Saucedo, quien como legislador,
    cumplió con una tarea similar a la de Luis Donaldo
    Colosio. El Doctor Aceves fue electo Diputado por el Primer
    Distrito Electoral Federal con cabecera en la Ciudad de Puebla
    por el período 1979-1982.
    "En la Cámara de Diputados formó parte de varias
    comisiones, fungiendo como Secretario de la Comisión de
    Hacienda y
    Crédito
    Público de la propia Cámara. Posteriormente, el
    político poblano accedió al Senado de la
    República representando a su entidad natal entre los
    años 1982-1988. En el Senado de la República
    presidió la Comisión de Planeación
    Económica y Social
    y la segunda Comisión de Hacienda y Crédito
    Público".
    Posteriormente, el Doctor Aceves fue Diputado por el principio de
    representación proporcional para los períodos
    1991-1994 y 1997-2000, donde presidió en ambas ocasiones
    la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta
    Pública.
    Cuando se habla de la capacidad de negociación y
    concertación política del actor, se hace referencia
    al obvio dominio de los
    procesos legislativos y gubernativos, como se vio en el caso del
    desaparecido Luis Donaldo Colosio, pero se profundiza en las
    relaciones políticas al interior del Poder Legislativo con
    el fin de garantizar su gobernabilidad, control,
    ágil manejo y desempeño así como una
    dirección basada en los principios de concertación,
    conciliación y acuerdo.
    Un paradigma al
    respecto es el ya mencionado Porfirio Muñoz Ledo (en esa
    época del PRD) y, por supuesto, sus compañeros
    legisladores Carlos Medina Plascencia (PAN), Ricardo Cantú
    Garza (PT) y Jorge Emilio González Martínez (PVEM),
    quienes supieron negociar y establecer acuerdos y directrices de
    trabajo aunque en muchas ocasiones no estuvo de acuerdo la
    bancada priísta.

    Igualmente, polémico por su actuación y
    presencia, el coordinador del Grupo
    Parlamentario del PRI, Licenciado Arturo Núñez
    Jiménez, supo mantener cierto orden al interior de la
    Junta de Coordinación Política de la
    pluralísima, difícil y controversial
    Quincuagésima Séptima Legislatura de la
    Cámara de Diputados.
    En el caso del Congreso Poblano, a este tesista le tocó
    ver más de cerca la actuación del Licenciado Carlos
    Palafox Vázquez, a quien el periodista Mauro
    González Rivera (en esa época director del diario
    Momento y, después, Director General de
    Comunicación Social del gobierno de Melquiades Morales) le
    llamaba El Diputado Caballero debido a su excelente trato y don
    de gentes.
    El ex Diputado Palafox, coordinador del Grupo Parlamentario del
    PRI en la LIII Legislatura del Congreso del Estado y,
    consecuentemente, Presidente de la Gran Comisión,
    desarrolló una gran labor como negociador político
    en favor del trabajo del entonces gobernador Manuel Bartlett
    Díaz, pero sin perder su autonomía y visión
    como Presidente del Poder Legislativo del Estado.
    Como ya se ha mencionado, dicha legislatura fue bastante plural
    al contar con la presencia de 22 legisladores del PRI, 14 del
    PAN, 2 del PRD y 1 del PT. Sin duda, puede pensarse que con la
    mayoría simple del PRI bastaba para imponer sus decisiones
    e iniciativas.
    Sin embargo, cuando se requirió de la mayoría
    calificada para aprobar proyectos de delicado manejo como la
    reorganización de la Comisión Estatal Electoral y
    la promulgación del nuevo Código
    Electoral, la capacidad negociadora de Carlos Palafox
    allanó el difícil camino del acuerdo con un Partido
    Acción Nacional bastante crecido, preparado y combativo,
    dispuesto a no ceder a los criterios y decisiones del PRI y de
    los gobernantes surgidos de éste.

    Al final, un hombre sumamente identificado con el PRI,
    el periodista Sergio Reguero Placeres, fue nombrado Presidente de
    la Comisión Estatal Electoral, pero se designó
    Consejeros Ciudadanos a personajes definitivamente opuestos a las
    lealtades partidistas, como fueron los casos de los
    académicos Israel Arroyo,
    Procoro Cruz y Joel Carvajal.
    Definitivamente, aquí se pudo observar que se combinaron
    muchos de los elementos señalados al inicio de esta
    sección dedicada al análisis del factor político en la
    nominación de los candidatos a los distintos cargos de
    elección popular, dando como resultado que, por ejemplo,
    actores con liderazgo (como Luis Donaldo Colosio), combatividad
    (como Porfirio Muñoz Ledo) e incluso capacidad
    técnica o de negociación (como ambos), recibieran
    la nominación por los servicios prestados a su instituto
    político (pues ambos fueron determinantes para la vida de
    su instituto político).
    También se han otorgado las nominaciones a cargos
    parlamentarios por servicios prestados en circunstancias
    especiales, independientemente del tipo de servicios y del tipo
    de circunstancias, y aquí se hace alusión al
    carismático Diego Fernández de Cevallos, quien
    fuera candidato presidencial del Partido Acción Nacional
    en las elecciones de 1994.
    Después de ese controvertido y reñido proceso, hubo
    grandes sectores de la opinión
    pública que presumieron que el Doctor Ernesto Zedillo
    triunfó con base en la promoción del llamado voto
    del miedo, mismo que consistió en hacerle creer al
    electorado que un cambio de régimen podía ser
    negativo, y que el jefe Diego no hizo nada para evitar la
    consumación de este tipo de coacción del
    electorado.
    De una u otra manera, Diego Fernández de Cevallos
    anunció públicamente que no volvería a
    aceptar cargos de dirección partidista ni de
    elección popular, cosa que cumplió durante el
    período 1994-2000, situación que le regresó
    su legitimidad y liderazgo moral con la militancia panista, con
    todo y que trató de implicársele en
    escándalos como el de Punta Diamante en
    Acapulco.

    Finalmente, su partido le postuló al cargo de
    Senador para las legislaturas LVIII y LIX del Congreso de la
    Unión. Y se quiere señalar un hecho preciso: esta
    nominación –y se considera que ninguna, salvo casos
    bastante excepcionales– no es gratuita, no es una especie
    de canonjía o privilegio y, mucho menos, es
    ilegítima.

    Es verdad que en otras épocas solía
    premiarse de esta manera a los operadores de los fraudes
    electorales, a los hijos de políticos encumbrados y a los
    y las amantes de grandes personajes –y hay casos vivos,
    pero a efecto de no herir susceptibilidades ni ofender a nadie,
    el autor se reserva de entrar en detalles o dar nombres– y
    lo dejará como un dato que consigna la vox pópuli y
    que, por supuesto, no le consta. Sin embargo, postulaciones como
    la de Diego Fernández de Cevallos, en el caso del PAN es,
    de toda suerte, merecida y legítima.
    Se considera innecesario entrar en mayores detalles, salvo que
    también se han dado en otros partidos políticos, y
    aquí se desea evocar a Heberto Castillo (PRD) con todos
    sus méritos políticos y académicos, o a
    Manuel Bartlett Díaz, Senador electo para el
    período 2000-2006, quien pese a no haber sido electo
    candidato presidencial del PRI en 1999, no provocó
    rupturas ni mayores polémicas, sino al contrario,
    respetó la voluntad del padrón priísta y
    apoyó las tareas electorales dentro de su partido.
    Ahora bien, hay momentos en que las nominaciones se dan, como ya
    se dijo antes, como reconocimiento a una trayectoria
    política destacada; como reconocimiento a una trayectoria
    profesional, administrativa, comunitaria, gremial, social,
    académica o profesional relevante, o como premio a la
    constancia partidista de un actor, aunque no se reconozcan
    así como tales públicamente.
    Esto implica que dichos reconocimientos se den, de toda forma,
    hacia el interior de los partidos políticos y con toda la
    confidencialidad que es posible, pues con seguridad serían
    mal vistos por muchas personas, pese a que de ningún modo
    haya ilegalidad o falta de legitimidad en ello, sino al
    contrario.
    Como reconocimiento a una trayectoria política destacada
    no es necesario dar mayores detalles. Las nominaciones suelen
    darse, en la mayoría de los casos, como un homenaje
    silencioso a su experiencia, haciéndole notar a los
    personajes que siguen siendo valiosos para la conducción
    de las tareas de su partido y que, por supuesto, pueden coadyuvar
    a ellas desde el seno de un órgano parlamentario.
    Simplemente recuérdese a don Luis H. Álvarez, quien
    fue Senador a las LVI y LVII Legislaturas. Esto se debió
    no solamente por su liderazgo, capacidad legislativa y de
    negociación, combatividad, etc. que de por sí es
    bastante decir, sino además, porque tuvo todos los
    méritos posibles: candidato presidencial del PAN,
    presidente nacional de ese partido, en fin. De hecho, como se ha
    reiterado, su postulación nunca se manejó como
    reconocimiento a una trayectoria política destacada, pero
    es un caso y una circunstancia innegables.

    Como reconocimiento a una trayectoria profesional,
    administrativa, comunitaria, gremial, social, académica o
    profesional relevante se tiene que las postulaciones
    también son otorgadas a personajes con amplias carreras y
    cuyo liderazgo en cualquiera de estas áreas es
    determinante para atraer votos. Pero igualmente, es una especie
    de homenaje silencioso a una trayectoria.
    Finalmente, la nominación que se otorga como premio a la
    constancia partidista del actor es el fenómeno más
    común que se da hacia el interior de los institutos
    políticos.
    Dicho fenómeno consiste en la postulación de
    activistas a cargos de elección popular, teniendo como
    criterio fundamental la presencia, arraigo y participación
    permanente de éstos en las actividades partidistas, y
    generalmente, también constituyen un reconocimiento a una
    trayectoria comunitaria, gremial y, en ocasiones, social,
    amén de que es el reconocimiento a una trayectoria
    partidista destacada.
    Sin embargo, los casos de Luis H. Álvarez, Heberto
    Castillo y otros personajes, se da en el ámbito de una
    trayectoria destacada en el escenario no sólo local, sino
    regional e inclusive nacional. A diferencia suya, los actores
    postulados en situación de constancia partidista son, en
    la mayoría de los casos, personas dedicadas más
    bien a su localidad y/o comunidad más que a su presencia
    en los escenarios de proyección regional o
    nacional.

    Esos son, a grandes rasgos, los elementos y
    características propios del factor político, a
    través del cual se selecciona a aquellos actores que,
    más tarde o temprano, habrán de convertirse en
    legisladores. Ahora bien, una vez que ya fueron escogidos entre
    los muchos cuadros que militan en su partido, estos actores deben
    entrar a otro proceso que los habrá de proyectar hacia el
    triunfo electoral: el diseño
    de su imagen.

    Partes: 1, 2

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