7. Algunas ideas sobre el control de
evaluación operacional de las funciones de la
universidad.
Implantar las evaluaciones de funciones en las IES, con
base en la eficiencia,
eficacia y
efectividad, han encontrado un campo fértil en las
demandas sociales y en las críticas hacia los sistemas de
control implantados por la administración
pública, pero también creo, encontrarán
serias resistencia en
sectores internos del propio Estado, en el
sentido en que se representa, por un lado, la necesidad de
perfeccionar a cada Institución y por otro lado, ello
representa una posible reducción del poder en la
estructura
jerárquica, bien como una necesidad de planeación
de estrategias
definidas, como metas preestablecidas.
El concepto de
evaluación operacional de la eficiencia, eficacia y
economicidad de las entidades públicas, ha sido ampliado
para introducir el concepto de evaluación
del desempeño, que sería subdividido en dos
especies: Evaluación Operacional y Evaluación de
Programas
Públicos, abriendo así una evaluación de las
propias funciones del gobierno,
procurando evaluar criterios de efectividad. La evaluación
operacional de las funciones del gobierno comprende aspectos
relativos de sus órganos y entidades públicas que
utilizan recursos
públicos, para evitar la práctica de actividades
monopólicas e ineficientes, con pleno respeto a los
dispositivos legales aplicables, ligados a los aspectos
mencionados. Así, para proceder a una evaluación
operacional, deben abordarse, entre otras, las siguientes
cuestiones:
- Adecuar la estructura
organizacional a los objetivos de
órgano o entidad fiscalizadora; - Tener una existencia de sistemas de
control adecuados, destinados a monitorear, con base en
indicadores
de desempeño válidos y confiables,
aspectos ligados a economicidad y eficiencia; - El cumplimiento de prácticas recomendadas por
la legislación, para la adquisición de bienes y
servicios; - Adecuación de los procesos de
adquisiciones, en los que se refiere a plazos, cantidades, al
tipo de calidad de los
productos, y
precios de
los mismos}, - A guardar un inventario de
los bienes muebles e inmuebles; - A tener rutinas y procedimientos
de trabajo, documentados y actualizados; - Uso adecuado de los recursos
humanos, instalaciones y equipo destinado a la producción y prestación de
bienes y servicios, en proporción, calidad y plazos
requeridos; yLa evaluación de los programas tiene por
objeto examinar el impacto de los programas, proyectos y
actividades gubernamentales, entendiéndose ese impacto
como el resultado líquido producido por un programa,
proyecto o
actividades, así como por las modificaciones
verificadas al objeto de acción, que pueden ser
atribuidas única y exclusivamente a aquellas
modalidades de intervención estatal. Entre los
aspectos abordados por una evaluación de programa, se
destacan:- Que tenga una concepción lógica.
- Una adecuación y relevancia de sus
objetivos declarados o no, y que guarden consistencia entre
las necesidades previamente identificadas. - Una consistencia entre las acciones
desarrolladas y los objetivos establecidos. - Que tenga consecuencias globales para la sociedad.
- Que los efectos esperados sean incluidos de
manera específica con los objetivos
propuestos. - Una relación de causalidad entre los
efectos observados y las políticas propuestas. - Incluir factores de desempeño.
- Calidad de los impactos alcanzados.
- Existencia de otras alternativas de
acción, consideradas o no por la administración, incluyendo sus
respectivos costos
(análisis del costo-efectividad). - Cumplimiento de dispositivos legales aplicables a
su naturaleza
y a sus objetivos.
- Extensión del cumplimiento de las metas
previstas por la
administración y por la legislación
aplicable.
En síntesis,
en cuanto una evaluación operacional verifica toda la
eficiencia operativa o el grado de cumplimiento de las metas,
comparando las metas previstas con las metas realizadas, una
evaluación de programas busca apuntar en qué
medidas las acciones implementadas lograron producir los efectos
pretendidos.
La evaluación operacional y la evaluación
de programas pueden ser realizados de manera independiente, con
información producida en cada una de ellas,
lo que al conjuntarlas, proporciona un análisis completo
de la actuación gubernamental, tanto en aspectos
operacionales como en relación al impacto de las acciones
implementadas. En ese sentido, las dos abordan una auditoría conjunta del desempeño de
dichas acciones.
8. El Acuerdo Nacional
Para La Transparencia Y El Combate A La
Corrupción
Firmado el 26 de Febrero del año 2001, refleja el
conjunto de lo expresado. Y refiere entre sus compromisos
sustanciales, lo siguiente:
Que es compromiso del Presidente de la República impulsar
acciones para ofrecer un gobierno federal cuya actuación
obedezca a una estrategia de
trasparentar sus decisiones, así como combatir la corrupción.
Que ninguna acción podrá ser emprendida en forma
eficiente si no se cuenta con el apoyo, participación,
vigilancia y compromiso de todos los integrantes de la
sociedad.
Que la corrupción se presenta en múltiples esferas
gubernamentales y por algunos de quienes integran los diversos
sectores sociales.
Que para erradicar esas prácticas, que sólo
benefician a unos en perjuicio de otros, se requiere de la
colaboración de todos bajo el principio de que es
necesario emprender medidas para abatir la corrupción y
efectivas para sentar las bases de un México
progresista.
Que con el fin de precisar algunas de las acciones que es preciso
emprender, el Gobierno Federal, representado por el C. Presidente
de los Estados Unidos
Mexicanos; el C. Secretario de Contraloría y Desarrollo
Administrativo y las organizaciones e
instituciones
participantes, están conformes en suscribir el presente
Acuerdo para lograr obtener transparencia administrativa y
asimismo combatir la corrupción, mediante la
asunción de los siguientes:
Segundo.- A cargo de las organizaciones e
instituciones:
- No participar en, ni propiciar actos de
corrupción en sus trámites ante el gobierno,
entre ellas mismas y con sus propios agremiados y
asociados; - Denunciar los actos de corrupción a los que se
enfrenten al realizar sus trámites ante el gobierno
Federal y vigilar la honesta actuación de sus propios
agremiados y asociados; - Colaborar en los programas y divulgación de
las acciones establecidas para combatir la corrupción,
y - Fomentar en sus agremiados y asociados, en sus
familias, en sus centros de trabajo y en su comunidad, una
cultura
ética
que rechace la corrupción;
9. El enfoque de
reorientar la administración pública universitaria
en cumplimiento al acuerdo.
El objetivo
general para dar cumplimiento a este Acuerdo, deberá
versar en una revisión y reestructuración del
contenido actual de la Administración Pública
Universitaria, que tienda a: Producir un informe
preliminar con información práctica y confiable, a
fin de buscar definiciones generales de políticas
públicas para incrementar la transparencia y la eficiencia
en las Instituciones de Educación
Superior, que pueda ser utilizado para la toma de
decisiones, en base a un proceso de
selección de agentes que se
desempeñan en las funciones básicas del proceso de
gestión
y administración universitaria: gestión de recursos
humanos y financieros, y gestión de compras y
contrataciones de bienes y servicios, al ser éstas
particularmente sensibles al desarrollo de prácticas
irregulares, con el objeto de indagar acerca de los factores que
permitan y promuevan el desarrollo de prácticas
irregulares en la Administración Universitaria, durante
períodos establecidos.
Propongo como objetivos particulares los
siguientes:
- Realizar la primer experiencia a nivel nacional en
este tipo de estudios dentro de la Administración
Pública en el entorno de las Universidades
Públicas de Educación Superior, con
autonomía, a fin de identificar, desde una perspectiva
organizacional, las condiciones que permiten en diversas
áreas y procedimientos, al desarrollo de
prácticas irregulares, toda vez que no existen
estudios sobre transparencia en este sentido, para detectar
hechos irregulares, generalmente llamados "casos de
corrupción". - Mapear los mecanismos que dan lugar y que puedan
resultar en prácticas y comportamientos irregulares.
En otras palabras, indagar sobre los causantes del
fenómeno, antes que los actos de corrupción
propiamente dichos. - Superar los efectos negativos que a veces provocan
los estudios sobre el tema, al ocuparse exclusivamente de
conductas individuales irregulares o hechos
delictivos. - Indicar futuras líneas de estudio e investigación sobre el tema de
transparencia, en el marco del Acuerdo sobre Transparencia,
firmado con la Presidencia de la República y la
SECODAM, el 26 de febrero de 2001. - Celebrar convenios de colaboración con el
Instituto Nacional de Administración Pública, o
con el Consejo Latinoamericano de Administración,
ubicado en Venezuela,
y - Producir un informe, con información
práctica a fin de buscar definiciones generales de
políticas públicas para incrementar la
transparencia y la eficiencia, que pueda ser utilizado para
la toma de decisiones.
La metodología para el desarrollo del estudio
propuesto debe abarcar los siguientes puntos de Interés:
Hacer una revisión y análisis de las siguientes
leyes:
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Ley de
Fiscalización Superior de la Federación. Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental; Normatividad de la
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo; Normatividad de la Secretaría de
Administración del Gobierno de cada entidad. Normatividad
universitaria: La correspondiente a cada Institución de
Educación Superior relacionada con el tema.
Bases Para El Desarrollo Del Sistema
Universitario De Integración
La estructura ha sido erigida por arquitectos de grandes
habilidades y precisión; sus cimientos son sólidos;
sus compartimientos son hermosos y útiles; sus
diseños se encuentran colmados de sabiduría y
orden; y sus defensas son impenetrables desde el exterior. Ha
sido proyectado hasta la inmortalidad si el trabajo del
hombre
quisiera proyectarse hasta tal punto. Sin embargo, puede agonizar
en tan sólo una hora por cualquier tontería,
corrupción o negligencia de sus únicos guardianes:
el pueblo. Las Repúblicas son creadas de acuerdo a las
virtudes, el espíritu público y la inteligencia
de sus ciudadanos. Ellas caen, cuando los sabios se echan de las
instancias públicas, porque se atreven a ser honestos y
los derrochadores son recompensados, por adular al pueblo, para
luego traicionarlo".
Dr Sachi-danand Siha,
presidiendo la sesión inaugural de la Asamblea
Constituyente de la India
1. Los pilares del Sistema Universitario de Integridad.
Imaginemos el Sistema Universitario de Integridad (SUI) como un
templo griego, con un techo plano (la integridad de la Nación)
el cual está apoyado en una serie de "pilares" (cada uno
de ellos representa un elemento individual del SUI). Descansan
sobre el techo tres grandes globos "Calidad de
Vida", "Estado de
Derecho" y "Desarrollo
Sostenible". Es crucial que el techo se mantenga siempre en
el mismo nivel para que los globos no rueden y caigan. El
"templo" mismo está construido y apoyado por "el pueblo"
de quienes emana el poder de gobernar y es el "nosotros el
pueblo" quienes dictaminamos nuestra Constituciones. El elemento
más importante de esta obra es la "conciencia
pública" de la corrupción. Esto efectivamente
está a la base de toda la estructura. Si este nivel de
conciencia es bajo, entonces el templo está construido
sobre arena. Los "pilares" son interdependientes pero pueden
soportar diferentes magnitudes de fuerza.
Si un "pilar" se debilita, la carga sobre los otros aumenta, pero
sí son varios los "pilares" que se debilitan, la carga
terminará derrumbando al edificio en su conjunto, hasta
que los "globos" de "Desarrollo Sostenible", "Estado de Derecho"
y "Calidad de Vida" rueden con el edificio colapsando y
terminando ser un caos. Para establecerlo se necesita identificar
sistemáticamente los vacíos y las debilidades, al
igual que las oportunidades para fortalecer o reforzar cada uno
de estos pilares en un marco coherente de fortalecimiento
institucional. El concepto de un solo "Sistema de Integridad"
puede ser nuevo, pero de hecho todas las sociedades
poseen uno u otro tipo de estos sistemas.
Se trata fundamentalmente de un asunto de percepción
al verlo no como una serie de instrumentos separados y
desconectados, al verlo no como un conjunto de sistemas operando
en completo – o inclusive competitivo – aislamiento (parlamento,
judicial, servicio
cívico, medios,
sociedad
civil, etc.), sino al verlo como una estructura
íntegra donde cada "pilar" sostiene y sirve a alguno o a
la totalidad de otros. Si el sistema es totalmente dependiente de
un "pilar" en particular (como por ejemplo sucedería en
una "dictadura
benigna"), o si se sostiene en unos pocos, el templo es
más vulnerable y está más expuesto a caerse.
El sistema podrá funcionar adecuadamente en el corto plazo
(como sucede con las "limpiezas" que los militares ejecutan
contra los destituidos de régimenes civiles corruptos),
pero la inexistencia de un sistema de integridad sólido
propicia el deterioro progresivo.
El enfoque propone una nueva metodología de
diagnóstico y cura potencial. En vez de
mirar a una institución en particular y enfocarse
aisladamente en sus programas de reforma, proponemos comenzar a
vislumbrar las relaciones, su interdependencia y el efecto
combinado de éstas. De qué serviría invertir
en la promoción de un sistema judicial si el
departamento de policía y los fiscales son corruptos? Los
jueces simplemente no podrían juzgar los casos que
deberían juzgar porque no les llegan debidamente, y
así el sistema judicial estaría en aislamiento
total con capacidades de lograr muy poco.
Este enfoque ha sido denominado "accountability horizontal", el
cual es otro concepto útil para visualizar la forma en que
los "pilares" conserven y refuerzan entre ellos la integridad y
fortaleza, a diferencia del enfoque "impuesto desde
arriba hacia abajo" de los gobiernos autocráticos. Los
"pilares" pueden cambiar de sociedad en sociedad. Algunos
serán más fuertes, otros más débiles.
Pero siempre existirán contrapesos para compensar estas
situaciones. (En Singapur hay una libertad de
prensa
coartada que se compensa con una oficina
anticorrupción muy activa e investigativa).
Pese a las diferentes variaciones que puedan existir
alrededor del mundo, los "pilares de integridad" más
comunes de las sociedades que pretenden gobernarse de una forma
"responsable" (accountable) son: Poder
ejecutivo Poder
legislativo Poder judicial
Sociedad Civil (incluyendo el sector privado y los gremios)
Servicio Civil Defensoría del pueblo Entidades superiores
de fiscalización Órganos de control:
Procuradoría, Contraloría, Ministerio
Público, Policía, Oficina anticorrupción,
etc. Medios de
comunicación Agencias internacionales Actores
internacionales.
Respecto a la revisión de los mecanismos
organizacionales que, a juicio de la Dirección de Planificación de Políticas de
Transparencia en Argentina
(1998-199:12), incentivan la corrupción, se enlistan: 1.
Ausencia de controles. Entendida como los espacios
organizacionales que denotan la inexistencia de mecanismos de
control, ausencia de agencias de control adecuados, la falta de
definiciones claras de su rol y de las normas que
imparten, la existencia de regulaciones vagas, la presencia de
normas y regulaciones creadas ad hoc para encubrir
prácticas irregulares, etcétera. 2.
Discrecionalidad. Entendida como la capacidad que otorga la
organización y sus normas a los agentes para disponer
o solicitar nuevos recursos públicos sin un marco adecuado
de regulación y/o control, y 3. Ausencia de transparencia
y visibilidad. Definida como la falta de aplicación y/o
ausencia de un sistema que permita el acceso generalizado a
información pública en las distintas instancias
donde dicha información se produce.
Siguiendo la lógica organizacional, mediante un
análisis de estos mecanismos, se buscará evaluar en
qué medida contribuyen a incentivar comportamientos y
prácticas corruptas. En cuanto a factores individuales,
que a criterio de la DPPT resultan en irregularidades, se
estudiaron la socialización en las normas de organización, los patrones de comportamiento, la capacidad profesional, los
intereses particulares, el uso de la discrecionalidad y los valores
éticos.
El estudio presta especial atención a ciertas etapas que forman parte
del proceso de "administración pública". Estas
pueden resumirse del siguiente modo: 1. Detección y
determinación de necesidades en cantidad y calidad. Se
trata de casos en los que hubo generación de demandas que
sobrestimaron el precio, la
cantidad y/o la calidad de los recursos humanos, bienes y/o
servicios a fin de obtener un beneficio personal o para
de terceros y en detrimento de la organización. 2.
Elaboración de pautas/criterios para cubrir necesidades.
Se trata del diseño
de pautas/normas privilegiando crterios/cualidades que procuran
el beneficio personal o de terceros, desviándose de las
necesidades de la organización. 3. Publicidad y
promoción de la demanda. Se
trata de la inexistencia de convocatoria pública
(Boletín Oficial) y amplia (publicación a
través de otros medios) tal que asegure la igualdad de
posibilidades de satisfacer la demanda por parte de quienes
pudieran y quisieren satisfacerla. 4. Selección de
oferentes, es decir, de quiénes cubrirán las
necesidades detectadas. Se trata de la selección,
promoción, evaluación y/o capacitación de recursos humanos o de
beneficios y/o contratistas de acuerdo a la posesión de
cualidades otras que las fijadas de acuerdo a los criterios
legítimamente establecidos, a fin de lograr un beneficio
personal o para terceros y en detrimento de la
organización. 5. Cumplimiento del contrato
(desempeño del mismo por parte del personal; y
prestación efectiva _en cantidad_ y calidad del
servicio/bienes prestados/contratados). Se trata del
incumplimiento o mal cumplimiento en el ejercicio de las
funciones para las que fueron contratados los recursos humanos, y
no cumplimiento o mal cumplimiento de la provisión de los
bienes / servicios contratados.
2. Elementos para fortalecer el Sistema Universitario de
Integridad. El Sistema Universitario de Integridad deberá
caracterizarse por un enfoque interdisciplinario que combina
diversos elementos políticos, económicos,
jurídicos, sociológicos y administrativos. Dada la
complejidad del fenómeno de la corrupción, es
necesario elaborar una estrategia integral para luchar en contra
del fenómeno que debería incluir, entre otras, las
siguientes acciones:
- Instaurar reformas administrativas para reducir en lo
posible, los conflictos
de interés en la administración universitaria y
controlar los actos de corrupción al interior de
esta. - Es necesario contar con una estructura administrativa
pública eficiente orientada hacia la consecución
de objetivos claros y transparentes. - Aplicar de manera efectiva el derecho
administrativo como elemento común en cualquier
sistema de integridad y la "accountability" en la toma de
decisiones. - Establecer mecanismos adecuados que ofrezcan a los
miembros de la comunidad universitaria, medios para denunciar
supuestos actos de corrupción y asegurar el control
independiente de los sistemas y procedimientos. - Apoyar las acciones y tareas de las
Contralorías Generales, para que sus procedimientos y
determinaciones constituyan una barrera efectiva contra la
corrupción. Es necesario un liderazgo
político que exalte los valores
éticos públicos y privados y sustente su
aplicación. - Fortalecer a las Contralorías Generales, con
el objeto de que estas garanticen la integridad y el buen
manejo de los fondos públicos asignados a la
Universidad. - Desarrollar un sistema público de
adquisiciones abierto, competitivo y transparente. - Apoyar el desarrollo de Códigos de Etica y
Procedimiento,
y promover el papel de
medidas disuasivas legales contra las prácticas
corruptas. Es necesario establecer un conjunto de leyes,
reglamentos y códigos de conducta
adecuados a las funciones de la Universidad y las realidades
sociales. - Respaldar el desarrollo de mecanismos que promuevan
la "accountability" y la transparencia en los procesos
democráticos, tales como el control de gastos de las
partidas autorizadas en los ejercicios presupuestales,
transparencia en la asignación de obras, entre
otros. - Fortalecer y orientar a la sociedad civil para que
actúe contra de la corrupción y apoye al proceso
democrático en que está inmersa nuestra
Institución. - Es necesaria una sociedad cuyos valores sociales,
económicos y políticos -"los hábitos del
corazón"
mencionados por Alexis de Tocqueville en La Democracia
en América– apoyen la honestidad. - Garantizar la existencia de una prensa alerta y libre
que ejerza el papel de vigilante público. - Promover la cooperación nacional e
internacional en la lucha contra la
corrupción. - De la misma manera que los conceptos básicos
de un sistema de integridad deben ser entendidos con claridad,
las soluciones
que resulten de ello deben fundarse en la realidad y la
viabilidad.
3. Reglas importantes para el éxito
de la propuesta: La regla principal consiste en no intentar lo
imposible. Tratar de romper radicalmente con el pasado, resulta
contraproducente para el correcto desenvolvimiento de las
reformas. Es importante identificar las áreas con mayor
probabilidad
de éxito para ejecutar los cambios y concentrarse en
ellas. Conseguir algunas "victorias pequeñas" da mejores
resultados que intentar cambios globales, a la vez que demuestra
a los distintos segmentos de la sociedad que el cambio
sí es posible. La segunda regla consiste en que la reforma
debe ser lo más democrática, accesible y
transparente posible, para disminuir cualquier resistencia que
surja. Si existen buenos canales de comunicación, los funcionarios y la
ciudadanía en general, aceptarán los cambios y se
adaptarán a ellos.
Se debe insistir en la creación de un entorno
ético. En su conjunto, los elementos enunciados establecen
y promueven una tradición de vida pública basada en
la transparencia, la eficiencia y la honestidad. Sin embargo,
esto es necesario más no suficiente, es prioritario crear
un entorno ético en donde se desenvuelva esta
tradición y que: a) Se desarrolle, promocione, adapte y
actualice de acuerdo a la evolución de los escenarios dominantes en
cada país. b) Sea reconocido y respetado por parte de los
particulares y los funcionarios públicos. c) Sea
susceptible de cambios rápidos para eliminar posibles
puntos débiles que se detecten en su
estructuración. d) Sea apoyado por parte del liderazgo
político y administrativo de cada país, con el
objeto de generar confianza y credibilidad por parte de la
sociedad civil hacia ese entorno.
Se debe generar mayor participación de la
sociedad civil. Una de las razones fundamentales por las cuales
las estrategias anticorrupción no han tenido resultados
positivos se debe, en buena parte, a la falta de un elemento
fundamental en la vida de todo país: la
participación activa de la sociedad civil. Según un
artículo en The Times of India: "La
aceptación de la corrupción por parte de la
sociedad como un hecho común y el desaliento generalizado
debe ser lo primero que se debe enfrentar". Muchos de los
integrantes de una sociedad civil tienen un interés
especial en lograr un sistema de integridad efectivo, incluyendo
el sector privado, líderes religiosos, los medios de
comunicación, profesionales y, sobre todo, el
ciudadano común que sufre las consecuencias diarias de la
corrupción. No cabe duda de que la sociedad civil
constituye un elemento fundamental en toda estrategia exitosa
contra la corrupción. En Argentina por ejemplo, se
está diseñando un proyecto de control y de
transparencia del Estado.
El objetivo planteado es darle impulso a la
participación ciudadana para que intervenga en dicho
control. Con este fin, se pretende contratar una consultora que
en 24 meses organice un ámbito donde se discuta y
participe, y a otra que cree mecanismos de control de la
corrupción (por ejemplo, generando un banco de datos de los
patrimonios de los funcionarios provinciales). El proyecto que es
supervisado por el Banco Mundial,
apunta a "generar algo que sea una parte más de las
instituciones mendocinas" cuenta Alejandro Casabán quien
está a cargo de la oficina de Inspección general-
"y para el futuro, la esperanza es que cada municipio cuente con
un organismo de esta naturaleza". Algunas de las soluciones se
encuentran dentro de la misma sociedad, por ejemplo la necesidad
de cambiar la apatía o tolerancia
pública con respecto a la corrupción. Sin embargo,
la sociedad civil es parte del problema. La idea de que las
actividades del Estado se desarrollan en una esfera completamente
ajena a la esfera de las actividades privadas es
errónea.
El punto de contacto entre el sector privado y el
público es el punto en el cual nace la corrupción y
donde se pagan los sobornos. De esta manera, todo intento de
establecer una estrategia contra la corrupción que no
incluya a la sociedad civil está ignorando a una parte del
problema y al mismo tiempo a una de
las herramientas
disponibles más útiles y poderosas para atacarlo.
De hecho, en muchos países donde la corrupción
predomina, la sociedad civil es débil, apática o se
encuentra en las primeras etapas de movilización y
organización. Pero de ninguna manera éstas son
razones para ignorar su papel, dado que la simple
participación de la sociedad civil en crecimiento puede,
por sí misma, fortalecer y estimular el desarrollo de una
estrategia contra la corrupción. El control social,
entendido como una función
administrativa, representa una función ligada a la propia
naturaleza de la Administración, como ciencia. La
función de la Administración Pública viene
entonces a desarrollar mecanismo que permitan ejercer
diagnósticos que posibiliten intervenciones correctas y
eficientes. A su vez, el control
administrativo del sector
público está íntimamente relacionado con
el funcionamiento de la burocracia
estatal, que abarca las diversas dimensiones de evaluación
institucional. En relación a lo anterior, el control
político, por su parte, hablando en un sentido amplio,
puede ser interpretado como el control ejercido por las
instituciones políticas sobre los administradores de las
cosas públicas, y en un análisis más
restrictivo, puede ser clasificado como un control ejercido por
los representantes electos del pueblo, sobre los otros
administradores públicos, electos o no por sufragio
popular.
Propuestas.
Elaboración de La Carta
Compromiso con el Ciudadano por parte de las Instituciones de
Educación Superior. Justificación. Uno de los
objetivos principales de la actual administración
pública, es impulsar la consolidación de un
modelo de
gestión que ponga énfasis en la responsabilidad de la Administración
Pública, por medio de una clara e inequívoca
rendición de cuentas a la
sociedad por las mejoras en la prestación de servicios,
base para la revalidación cotidiana de su compromiso de
acercar el Estado a la
ciudadanía. Este programa apunta a transparentar la
relación de las IES con los destinatarios de los servicios
a su cargo, potenciando el derecho a ser escuchados (cuando se
definen los servicios y se establecen los niveles de calidad de
la prestación), informados (en un lenguaje que
pueda entender), respetados (tratados en forma
justa y sin discriminarlos), y a recibir una respuesta o
solución cuando el servicio no se presta adecuadamente. Su
desarrollo implica tanto el reconocimiento explícito de
los derechos de los
ciudadanos, como el compromiso claro de nuestra
Institución para prestar sus servicios con determinados
niveles de calidad – los mismos son monitoreados
periódicamente a través de sus respectivos
indicadores -. Asimismo, se induce a la creación de
sistemas de quejas y sugerencias, ágil y de fácil
acceso que garantice la confidencialidad en el tratamiento de las
distintas presentaciones. En este sentido, el Programa Carta Compromiso,
constituye una herramienta para consolidar un sólido
enfoque en el ciudadano en la modalidad de prestación de
servicios. Esto supone que las IES son conscientes del papel en
la construcción de un Estado
democrático, actuando en consecuencia con responsabilidad
en la atención directa al ciudadano, informando a
través de un programa transparente, su operatoria a
través de la publicidad de estándares de calidad de
prestación y planes de mejora de corto plazo, como
demostración del esfuerzo continuo por lograr satisfacer
las necesidades y expectativas de los ciudadanos a los que
sirven.
¿Qué es una Carta Compromiso? Es un
documento en el que cada organización explicita a los
ciudadanos sus derechos y obligaciones,
les informa sobre los servicios que presta y la forma de acceder
a ellos, se compromete a prestar esos servicios con determinados
niveles de calidad (estándares), fija los mecanismos para
la presentación de las quejas y sugerencias y establece o
da a conocer los mecanismos de corrección,
apelación y reparación cuando la
organización no puede cumplir con los compromisos
asumidos. El documento Carta Compromiso a elaborar por cada
organismo, deberá contener los siguientes puntos: 1.
Información sobre el prestador: a. Descripción clara de los servicios
ofrecidos; b. Identificación de los beneficiarios; c.
Descripción de las formas de acceso a los servicios; d.
Enumeración de los derechos y obligaciones de los
ciudadanos ante el organismo. 2. Sobre la Calidad a. Los
Estándares de calidad de los servicios; b. Los
procedimientos para la presentación de Quejas y mecanismos
de compensación implementados; c. Información sobre
las formas de participación del ciudadano, y d.
Compromisos de mejora para el siguiente
período.
El Programa Carta Compromiso implica:
- Formalizar el compromiso de las organizaciones
públicas para mejorar los niveles de calidad de los
servicios que brinda, facilitando una mayor
participación de los destinatarios directos de los
mismos. - Asegurar el derecho a que los ciudadanos reciban la
información veraz, oportuna y de fácil
comprensión. - Garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir
una respuesta o solución cuando las cosas no salen
bien o existen problemas
en la prestación de los servicios.
El Programa tiende a lograr entonces los siguientes
objetivos: 1. Aumentar la sensibilidad y receptividad del
organismo frente al ciudadano; 2. Brindar servicios de calidad, y
3. Normalizar el uso de indicadores de calidad para la
promoción de la mejora continua.
Dichos objetivos se sustentan en cuatro ejes principales:
Calidad: definida por las necesidades y expectativas de los
usuarios. Eficacia: medida a través del cumplimiento de
los estándares comprometidos. Capacidad de respuesta:
relacionada con la capacidad de los organismos de responder a las
cambiantes demandas de la sociedad. Coordinación interinstitucional: destinada
a favorecer la simplificación de los procedimientos de
atención al ciudadano. En síntesis, el Programa
induce a un proceso de transformación dentro de los
organismos que adhieran que asegure mayor transparencia y
comunicación con los ciudadanos; que genere nuevas formas
de participación ciudadana en la gestión;
transparente ante el ciudadano las reales capacidades de
prestación de servicios; genere el ambiente para
un cambio cultural hacia adentro que pondere la percepción
del ciudadano en el diseño de los servicios y su posterior
evaluación; y propone compartir e intercambiar
experiencias entre los diferentes organismos públicos que
adhieran a esta iniciativa.
El estado de situación describe cuáles son
las dependencias involucradas en estos procesos, y los tiempos de
evaluación de los compromisos asumidos. Además,
desde allí podrá acceder a información sobre
cada dependencia en particular: servicios que presta,
estándares de calidad asumidos, compromisos de mejoras,
sistemas de quejas, derechos y obligaciones de los
ciudadanos.
Instalación De Una Oficina Independiente Contra La
Corrupción En Las Instituciones De Educación
Superior. Crear al interior de cada Universidad esta instancia,
toda vez que mientras que los actos de corrupción se
vuelven más sofisticados, las oficinas tradicionales
responsables de hacer cumplir la ley se vuelven menos capaces de
descubrir y perseguir casos complejos de corrupción. En un
sistema donde la corrupción es endémica, es posible
que las instituciones convencionales para exigir el cumplimiento
de la ley cuenten entre sus filas a funcionarios corruptos.
Aunque la experiencia es todavía muy precaria en América
Latina, en años recientes, en otras regiones del
planeta, algunos gobiernos han multiplicado los esfuerzos para
descubrir y combatir la corrupción creando Comisiones u
Oficinas Independientes Contra la Corrupción. Dado que
prevenir es siempre mejor que curar, una pequeña oficina
que investigue y supervise con apropiada autoridad
-posiblemente informando directamente al parlamento- puede estar
mucho mejor preparada para asegurar que se identifiquen y tomen
medidas preventivas efectivas.
Conceptualización de la estructura de una oficina
contra la corrupción. Para funcionar con éxito, una
Oficina Contra la Corrupción debe poseer lo siguiente:
Apoyo político en los niveles más altos del
gobierno; Independencia
política y operativa para investigar aún los
niveles más altos del gobierno; Suficientes poderes para
tener acceso a la documentación y efectuar preguntas a los
testigos; y, Una jefatura caracterizada por su integridad.
También es importante que los poderes especiales
conferidos a la Oficina, funcione con total respeto a la ley y
sea responsable el máximo órgano de gobierno de
nuestra Universidad. Al fijar los parámetros para el
establecimiento de tal Oficina, el conjunto de la Universidad
necesita preguntarse a sí mismo si está haciendo
algo que sería aceptable a sí mismo. Muchas veces
la respuesta cambia según cualquiera de esas perspectivas.
La fórmula debe ser una que sea justa y funcional para
todos, dentro y fuera del gobierno universitario, asignando
apropiadas facultades de investigación, para procesamiento
y, algunas veces, lo más importante, para
prevención, de modo que pueda sobrevivir a cambios en la
administración.
Se deben tener en cuenta dos consideraciones
importantes: 1. Es posible que una Oficina Contra la
Corrupción no sea independiente si se ubica bajo una
dirección política y pueda ser utilizada como un
arma para atacar a sus críticos; y 2. La Oficina puede
convertirse en una instancia para la extorsión y la
corrupción.
Proceso para la designación del jefe de una
oficina o comisión contra la corrupción. Al
principio, la forma e independencia de una Comisión puede
ser determinada por la manera como sea designado o removido el
funcionario. Si el mecanismo de nombramiento asegura el apoyo
consensual para una designación por un grupo plural
de universitarios, en vez del gobierno, así como un
mecanismo de responsabilidad fuera del gobierno universitarios
(por ejemplo, un comité de la Comisión de Hacienda
para la selección, en que todos los principales actores
universitarios estén representados) el espacio para el
abuso por parte de actividades no partidistas pudiera ser
minimizado. Una falla de muchos esquemas legislativos deriva en
otorgar al Rector General (o a cualquier otra figura
política) demasiado control sobre el nombramiento y
operaciones de
un tribunal contra la corrupción. Es cierto que el Rector
General es la cabeza del Ejecutivo Universitario y los miembros
del Ejecutivo (Vicerrector, Secretario General) también
pueden sucumbir a la tentación. Esto pudiera colocarlo en
la difícil situación de decidir si deben
enjuiciarse a sus colegas políticos cercanos. Por lo
tanto, es importante que el proceso de nombramiento sea tal que
reconozca que la tarea del funcionario es mantener una vigilancia
de los procesos
administrativos y financieros de la Universidad.
Si el Rector General o incluso otro directivo de alto
rango tuviera control completo en relación con el
nombramiento, ello significaría una pérdida
inmediata de efectividad práctica y de la confianza del
público. Se concluye entonces, que el proceso de
nombramiento debe involucrar más personas de las que
actualmente tienen el poder político en la Universidad, es
por ello que se insiste en la conformación de grupos plurales
desligados a intereses personales. Los procedimientos precisos
para el nombramiento para aislar la designación del
dirigente, deben ser transparentes, de modo de asegurar que una
persona
íntegra e independiente sea elegida y que ella sea
suficientemente protegida mientras está en el cargo. El
funcionario también debe tener los mismos derechos que los
de un juez del más alto nivel, por decirlo de algún
modo, mientras permanezca en la oficina. Su destitución no
debe ser decisión de las personas que tienen el poder,
sino que debe ser de acuerdo con un procedimiento establecido y
sólo bajo los cargos de incompetencia o mal
comportamiento.
Frenos y equilibrios en el diseño de una
estructura. También se debe considerar la posibilidad de
que la Oficina tenga evidencias y deba actuar contra un Directivo
corrupto. Siempre debemos esperar acontecimientos imposibles de
predecir. También necesitamos pensar en la desconfianza
que se generaría entre la comunidad universitaria, si el
Rector General es visto inmune o fuera de la jurisdicción
efectiva de la Oficina. Aún más importante, una
disposición especial al respecto enviará una
importante señal al público en cuanto a que la
Oficina Anticorrupción y el Ejecutivo Universitario, o
algún otro directivo están luchando seriamente
contra la corrupción y que nadie está por encima de
la ley. En todo caso, se deben afinar mecanismos para que las
determinaciones de acusar, enjuiciar, suspender, condenar o
destituir a un Directivo, Coordinador, Jefe de Unidad o
cualesquier otro cargo establecido en la estructura
orgánica universitaria corrupto, correspondan a
procedimientos adecuados que logren conciliar la vigencia del
Estado de Derecho con la credibilidad de las oficinas
independientes contra la corrupción.
La relación entre la Oficina Contra la
Corrupción, el Contralor General y el Abogado General
también es importante. ¿Qué valor
tendría la evidencia si el sospechoso no puede ser
enjuiciado? Por lo general el Abogado General tiene, según
la normatividad universitaria, la vigilancia del respeto a la
norma y el poder de intervenir en todos los procedimientos
iniciados por otra persona o autoridad. Sin embargo, al evaluar
la independencia y la efectividad de la Oficina, hay que
preguntarse si, de acuerdo con la legislación
universitaria, el Abogado General tiene suficiente independencia
para ejercer esa potestad discrecionalmente, de modo que no haya
posibilidades de interferencia política.
La relación con el público es importante
para apoyar la función de prevención de una Oficina
o Comisión Contra la Corrupción. La estructura
necesita involucrar varios tipos de personas e intereses en la
formulación de políticas de prevención y
para su ejecución. De esta manera, diversas personas que
tienen responsabilidad se ven envueltas en el proceso de
prevención y sus propias instituciones -dentro del
gobierno y en el sector privado- pueden ser movilizadas en apoyo
de los esfuerzos de la Comisión. Otro factor importante es
si la Comisión puede, en la realidad, cambiar
prácticas corruptas sin aumentar sus facultades para
incluir, entre ellas, la posibilidad de exigir el cumplimiento de
sus decisiones. Sería equivocado pensar que todas la
recomendaciones de una Comisión serán siempre
relevantes y prácticas. Por lo tanto, puede ser
improductivo dar a una Comisión el poder de exigir que se
hagan cambios específicos.
Finalmente, se debe establecer la conveniencia de
conferir a una Oficina o Comisión Contra la
Corrupción, atribuciones suficientes para tener acceso a
documentos y
para interrogar testigos. En algunos países, se han hecho
esfuerzos para limitar el acceso de la Comisión a la
información. Sin embargo, no hay ninguna razón
teórica o práctica, para que una Comisión no
pueda tener, como el Defensor del Pueblo, todos los derechos
atribuidos a los funcionarios encargados de hacer cumplir las
leyes y el acceso completo a documentos gubernamentales y a
funcionarios públicos.
Reforzar la Contraloría General de las Instituciones de
Educación Superior. Las Contralorías Generales
constituyen una pieza fundamental en el sistema universitario de
integridad. Como entidad encargada de la auditoría de los
gastos e ingresos,
actúa como vigilantes de la integridad financiera y de la
credibilidad de la información divulgada.
Las diversas modalidades adoptadas en su conformación en
Latinoamérica varían de país
a país. No obstante y, al margen de su
denominación, cumple como tarea común el ejercicio
de la auditoría externa sobre las cuentas de los recursos
financieros del Estado, tiene el propósito de proveer
información oportuna, tanto al Poder Ejecutivo como al
Poder Legislativo, fomentando la transparencia en el uso de los
recursos y la responsabilidad por la función
pública
Su actividad está orientada a promover la eficiencia y la
efectividad en el uso de los recursos estatales y prevenir la
corrupción a través del desarrollo de
procedimientos financieros, administrativos y de auditoría
diseñados para posibilitar el desarrollo de la
transparencia y reducir efectivamente la incidencia del
fenómeno.
Características fundamentales de la
Contraloría. Debe desempeñar un papel de gran
significación en la lucha contra la corrupción, en
tanto constituye una agencia directamente vinculada con el
control de los recursos públicos. Para cumplir cabalmente
con esta tarea deberían reunir las siguientes
características:
- Completa independencia operativa, funcional,
técnica y presupuestaria en su trabajo. Es de particular
importancia que las normas que rigen el nombramiento o la
remoción del Contralor garanticen la mayor independencia
económica y política posibles. - Disponibilidad suficiente de recursos humanos y
financieros para enfrentar los programas de operaciones o
actividades de auditoría. - Acceso irrestricto a la información sobre las
operaciones de captación y uso de recursos
públicos y operaciones sujetas al ámbito de
control en los distintos niveles de la administración
pública. - Eficiencia, eficacia y austeridad en el
desempeño de sus atribuciones. - Debe promoverse la participación cívica
en el proceso de gestión y estimularse el control
ciudadano como fuente de información calificada y
permanente sobre áreas críticas de la
administración pública. - Debe implantarse un programa de denuncias y
sugerencias ciudadanas que pueda generar una conexión
directa entre la sociedad y la Contraloría General,
facilitando la mejor programación de las actividades de
control. - Se debe impulsar por parte de la Contraloría
General una verdadera cultura anticorrupción, la cual
deberá basarse en la
educación ciudadana especializada y contar con
mecanismos de difusión que aseguren su
propagación, y - Se debe trabajar en el diseño de amplias
bases de datos
que aporten la información necesaria y confiable para
detectar a los agentes generadores de la corrupción, a
sus protagonistas o a sus aliados.
Autor:
José Luis Hernández Ramírez
Secretaría Técnica de la Rectoría
General
Universidad de Guadalajara
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