Capitalizacion vs. descapitalizacion

Indice
1. La
privatización disfrazada
2. La privatización
abierta
3. Capitalización y reforma
social
4. La crisis recesiva y el debate
electoral
5. Una evaluación
detallada
6. Corolario

1. La privatización disfrazada

Las empresas
públicas fueron creadas por el Estado en
su esfuerzo por contar con instrumentos eficaces para dinamizar
el desarrollo
nacional. Tenían la tarea de crear y expandir mercados, atraer
nuevas inversiones,
aprovechar los recursos
naturales y crear empleos productivos. Y así fue, pero
sólo en algunos casos y en algunos momentos.
Con el tiempo dichas
empresas
quedaron solamente con el rótulo de públicas, pues
se fueron convirtiendo en reductos controlados por élites
burocráticas y gremios privilegiados que conservaban su
poder
tolerando y provocando la corrupción
de políticos ocasionalmente encargados de la gestión
gubernamental. Es decir, eran formalmente públicas pero
funcionaban en realidad como privadas, ya que servían
sobre todo para el enriquecimiento de unos pocos.

Quienes se beneficiaban de ese sistema
prácticamente no arriesgaban nada, pues nunca aportaban
capital y sus
pérdidas se cubrían con subvenciones, donaciones y
deudas. Es decir, con los impuestos de los
ciudadanos comunes. Lo peor es que cuando eso ocurría los
costos terminaban
siendo pagados por los más pobres, debido a que el
gobierno
tenía menos recursos para
atender las escuelas, los hospitales y los caminos destinados a
los grupos más
pobres.

2. La privatización abierta

A la privatización de facto en que terminó
convertida la empresa
pública se le opuso la privatización legal.
Consistía en recuperar el patrimonio de
esas empresas, transfiriéndolas mediante subasta a los
inversionistas que quisieran hacerse cargo de su
operación. Los recursos
así recuperados, una vez en manos del Estado,
debían permitir la realización de inversiones de
necesidad y utilidad
públicas (escuelas, caminos, hospitales), el pago de
deudas, o el respaldo a diversas necesidades de gasto fiscal.

Con la privatización el Estado
obtenía recursos frescos y se libraba de una posible
fuente de corrupción
y de pérdidas. Al mismo tiempo, la
empresa pasaba
al control exclusivo
y directo de sus nuevos dueños, quienes podían
desmantelarla, trasladarla, ampliarla o cerrarla. Algunos,
exahustos por el esfuerzo de la compra, no pudieron mejorarlas
por falta de recursos y terminaron revendiéndola por
piezas, como fue el caso de las Fábrica de Aceites de
Villamontes. Otros lograron acceso a créditos y lentamente mejoraron su producción, como es el caso de la
Fábrica de Explosivos de Cochabamba.
Pero más allá de las experiencias de unas y otras,
quedó rápidamente en claro que la
privatización no estaba generando nuevas inversiones con
capacidad para influir en un cambio real de
la estructura
productiva. Los recursos aportados por los inversionistas
compraban máquinas e
instalaciones viejas, y el dinero
pasaba por las manos de los mismos funcionarios y
burócratas que habían capturado al Estado para
fines particulares.

3. Capitalización
y reforma social

Ahí surgió la propuesta de la
capitalización, mediante la cual el aporte de los privados
incrementa el capital de
la empresa,
dándole así la oportunidad de crecer y expandirse
de manera inmediata. En el caso de Bolivia el
proceso se
complementó transfiriendo la propiedad
estatal a los ciudadanos a través de los fondos de
pensiones, que quedaron encargados de distribuir esos recursos a
la población adulta mediante una
bonificación anual.

En septiembre del 2000, la Federación de
Empresarios de Cochabamba convocó a un Seminario sobre
Capitalización, Concesionamiento y Privatización.
Fue la única vez en la cual las empresas presentaron una
información detallada sobre sus operaciones y
primeros resultados, frente a un auditorio plural y que tuvo
también la oportunidad de realizar preguntas y pedir
aclaraciones.

En esa ocasión fueron despejadas muchas de las
interpretaciones que se han hecho de estos procesos, pero
los prejuicios ideológicos y el interés
electoral han insistido en ignorar los hechos.

En aquél seminario los
datos dijeron
más que las palabras. Las inversiones realizadas estaban
cambiando el país, y para entonces ya habían
mejorado significativamente sus perspectivas de futuro. Las
telecomunicaciones eran cada vez más
accesibles y eficientes, la energía
eléctrica y otros servicios
públicos ampliaban continuamente su cobertura, los
ferrocarriles daban mejores servicios
aunque también dejaron sin ellos a rutas que habían
sido abandonadas por los usuarios, el sistema de
pensiones cubría a una proporción creciente de la
población y los hidrocarburos
se habían convertido en la base más importante de
negociación internacional y de planificación del futuro económico
del país.
Adicionalmente, una atenta lectura de los
datos
permitía concluir que el Estado contaba con más
recursos de libre disponibilidad. Montos mayores pero que
además ya no eran absorbidos por demandas de
subvención causadas por la corrupción y la
ineficiencia de las empresas, acompañadas frecuentemente
por la presión
gremial y sindical de los grupos que las
controlaban.

Los datos fueron proporcionados por las empresas y eso,
para quienes se opusieron a la capitalización, era una
razón para desconfiar pese a que provenían de
informes
supervisados por los organismos públicos.

4. La crisis
recesiva y el debate
electoral

Los partidos de gobierno,
temerosos de que se les enrostraran responsabilidades en la
crisis
recesiva que empezó a vivir el país desde 1999,
apelaron de inmediato al fácil recurso de señalar a
la capitalización como la causa fundamental de la crisis
porque, según afirmaban, le había quitado recursos
al Estado.

En realidad, las reformas del periodo anterior no le
quitaron recursos al Estado sino al gobierno central. Entre 1993
y 1997 una parte significativa de los recursos públicos
pasó directamente a las Municipalidades y Prefecturas,
limitando la discrecionalidad del poder central.
Y con las empresas públicas lejos de las burocracias y de
los partidos de gobierno, éstos tenían
también menos recursos para mantener la lógica
de la prebenda y el clientelismo. Pero lo cierto es que el
conjunto de los ingresos fiscales
no solamente fueron mayores sino que continuaron aumentando
incluso cuando el producto
nacional cayó con la crisis.

Mayor es la falacia de afirmar que la
capitalización pudiera haber causado la recesión.
¿Cómo podría explicarse que un flujo de
inversiones nuevas, que en cinco años alcanzó a
cerca de mil seiscientos millones de dólares, hubiera
reducido la capacidad productiva? Si así fuera, Bolivia
sería el único caso en la historia económica en
el que las inversiones provocan una crisis recesiva, con
estancamiento del producto y
caída en los precios, y
tendríamos aquí, observándonos con
detenimiento y pasmo, a los mejores y más serios
economistas del mundo.

Lo evidente es que las inversiones llegaron y que la
capitalización ha contribuido a transformar profundamente
la estructura
productiva del país. Lo que es más, ha fortalecido
la economía
fiscal y ha
redefinido el lugar de Bolivia en el mundo.

5. Una evaluación
detallada

Esta vez no lo dicen las empresas ni el partido del
expresidente Sánchez de Lozada, sino un grupo de
economistas jóvenes y desprejuiciados preocupados por los
resultados. Su libro titula
"La Capitalización cinco años después.
Realidades y desafíos" y ellos son Fernando Salinas
Gamarra, Xavier Lema Pabón y Lourdes Espinoza
Vásquez. Lo publica la Fundación Milenio que, por
sus vínculos con el MNR, tiene obvio interés en
que dichos estudios se difundan. Pero antes de marcar a los
autores de sospechas, vale recordar que sus investigaciones
se realizaron en los marcos académicos de la Universidad
Católica y del Programa de
Maestrías de Harvard, que no arriesgarán su
prestigio apoyando a un partido.

En el libro los
autores revisan sistemáticamente cada uno de los casos y
comparan el desempeño de las empresas en sus primeros
cuatro años, con los últimos cuatro que estuvieron
bajo control estatal
tanto en términos de productividad,
empleo y
rendimiento, como en los de su aporte a la economía fiscal.
Destacan, claro está, que hay luces y sombras, muchos
éxitos y algunos fracasos, pero la conclusión de
conjunto es que la capitalización ha beneficiado al
país, entendiendo por país no sólo al Estado
sino también a la gente.

El beneficio ha sido directo, porque la base productiva
se ha ampliado y fortalecido, generando impactos favorables en la
calidad y el
costo de los
bienes y
servicios a disposición del público. Y
también porque la suma de impuestos,
regalías y transferencias al Estado es mayor que la
correspondiente al periodo anterior.
Y ha sido también indirecto, porque al disponer el Estado
de mayores recursos y enfrentar menos demandas de
subvención para cubrir pérdidas y pagar deudas, ha
logrado aumentar la inversión social: educación,
saneamiento básico, salud, etc.

Pero hay crisis
¿Cómo se explica entonces la crisis recesiva que
afecta al país?
Fuera de las causas externas y el efecto que tienen sobre nuestra
economía los problemas
asiáticos, brasileros, la última recesión
americana y la dramática situación argentina, la
clave se encuentra en la política
económica que se ha seguido durante los últimos
años.
La política
antidrogas erradicó de la economía nacional una
fuente importante de recursos que dinamizaban el mercado interno.
El entonces ministro de Hacienda y hoy candidato Ronald McLean
estimó ese impacto entre quinientos y setecientos millones
de dólares. Por ahí se descapitalizó la
economía campesina sin que al mismo tiempo se lograran
establecer fuentes
alternativas de ingreso. Es posible que, como señalan a
veces las autoridades, los esfuerzos en ese sentido hayan sido
obstaculizados por la beligerancia sindical, pero el hecho
innnegable es que la economía fue golpeada por esa
política.
En estos días el mismo Presidente Quiroga ha vuelto a
recordar a los más desarrollados que el país
todavía espera un aporte sustancial de su parte en
correspondencia al esfuerzo realizado.

Puede decirse que este argumento no vale ya que se
refiere a una economía ilegal o de destino repudiable.
Pero lo que está en discusión es la crisis, y los
costos de esa
política contribuyeron a profundizarla.
Otro factor recesivo, al que nos referimos en un artículo
anterior, ha sido el manejo del déficit fiscal. Por una
confusión contable el costo de la
reforma de pensiones se registra en los gastos corrientes
y no en las cuentas de
capital, lo cual distorsiona significativamente los resultados.
El gobierno y el FMI "creyendo"
estar en déficit, redujeron el gasto fiscal, acentuando la
recesión. En términos reales, "sin pensiones", el
déficit es muy pequeño y en algunos años
incluso hubo superávit, que en los hechos quiere decir que
el gobierno ha gastado menos de lo que recibió.

Finalmente, no debe olvidarse que la política
económica ha sido excesivamente rígida y que
puede haber provocado la reducción de la cartera de la
banca. En estos
cinco años, la cartera vigente, que es un capital de
trabajo en manos de las empresas y de los particulares, se ha
reducido en cerca de mil seiscientos millones de dólares
entre diciembre de 1998 y febrero del 2002. Si a eso se
añaden los casi doscientos millones de dólares que
están en poder de la banca como
"bienes
adjudicados", tenemos que en estos años se ha producido
una verdadera descapitalización de la economía
nacional. Descapitalización que ha afectado sobre todo a
las empresas medianas, pequeñas y familiares,
llevándolas a la quiebra o a la
contracción de sus operaciones. Una
descapitalización real de semejante magnitud ha tenido
fuertes repercusiones sobre el empleo, por lo
que no puede sorprender que éste se ubique ahora por
encima del 11% de la fuerza
laboral.

Es claro que en este proceso no
tuvo absolutamente nada que ver la capitalización de las
empresas públicas de hidrocarburos,
energía, transporte y
telecomunicaciones.

6.
Corolario

En conclusión puede afirmarse que sin la
capitalización la crisis hubiera representado una
verdadera catástrofe nacional, pues además de
perder recursos, estaríamos en este año 2002
empezando a importar hidrocarburos para satisfacer los contratos con el
Brasil y las
necesidades del mercado interno,
que es lo que se pronosticó que ocurriría si no se
lograba cambiar radicalmente el funcionamiento de YPFB y el del
sector
público en general.
No podemos, en este momento, correr el riesgo de poner
marcha atrás y mucho menos si esa decisión se basa
en mentiras y falacias como las que han animado hasta ahora el
debate sobre
la capitalización, proceso que ha sido satanizado para
encubrir la descapitalización ocurrida en los
últimos cinco años.

Indicadores seleccionados de la contracción
económica.

Autor:

Enzo Javier Irady Cèspedes