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Violación de los Derechos Humanos durante la última dictadura militar

Enviado por honguis_bostero



1976-1983

  1. Situación social, política y económica previa al golpe de Estado
  2. La omisión de los Derechos Humanos: secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones. La "guerra antisubversiva"
  3. Intervenciones y resistencia de los defensores de los Derechos Humanos
  4. Caída del Régimen Militar
  5. Informe de la CONADEP. Impacto social
  6. Juicios y condenas
  7. Indultos
  8. Conclusión
  9. Bibliografía

Todos los seres humanos nacen con derechos y libertades fundamentales iguales e inalienables.

Las Naciones Unidas tienen el compromiso de apoyar, fomentar y proteger los derechos humanos de todas las personas. Este compromiso tiene su origen en la Carta de las Naciones Unidas, que reafirma la fe de los pueblos del mundo en los derechos humanos fundamentales y en la dignidad y el valor de la persona humana.

En la Declaración Universal de Derechos Humanos, las Naciones Unidas han expuesto en términos claros y sencillos los derechos que tienen todos los seres humanos en condiciones de igualdad.

Estos derechos te pertenecen.

Son tus derechos.

Aprende a conocerlos. Contribuye a fomentarlos y a defenderlos, no sólo para ti sino también para tu prójimo.

Introducción

Los años 70 estuvieron signados en América latina por las dictaduras militares. El cruento golpe de Estado que instaló a Pinochet en el gobierno de Chile y la dictadura que en 1976 terminó con el efímero y contradictorio intento democrático en la Argentina representaban cabalmente una época de atropello a los derechos humanos y de negación de la política partidaria.

Aunque estas fueron las dictaduras más características de la época, no fueron las únicas. Uruguay, Bolivia, Paraguay y las naciones centroamericanas (a excepción de Nicaragua) estuvieron durante este tiempo también en manos de gobiernos militares o gobiernos autoritarios manejados por las fuerzas armadas.

México fue una excepción en este panorama y mantuvo formalmente su estructura democrática. Cuba, por su parte, continuó con su modelo de transición socialista.

Las relaciones internacionales entre los oficiales de las fuerzas armadas sudamericanas se habían estrechado desde fines de la década del sesenta producto de una especialización contrainsurgente conjunta en las academias militares norteamericanas. Esta especialización se enmarcó dentro de la "Doctrina de Seguridad Nacional". Estas relaciones de militares argentinos con sus similares uruguayos, paraguayos, brasileños, chilenos, bolivianos y peruanos, tendrían sus frutos en los años de las dictaduras.

Dentro de este marco de cooperación, los dictadores sudamericanos formaron una organización criminal de alcance hemisférico, "Operación Cóndor", cuyo objetivo era la consecución de los objetivos políticos y económicos de la conspiración y la neutralización o eliminación de la oposición política y múltiples personas por razones ideológicas.

El golpe de Estado del año 1976 y hasta su fin en 1983, significó un proceso teñido por los secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos, además del pésimo manejo de la economía, del cual los argentinos nunca podrán olvidarse.

Los hechos sucedidos durante este período son consecuencia de la muerte del general Juan Domingo Perón y su incompetente sucesión presidencial, que derivó en una crisis social de la cual los militares tomaron provecho y así facilitaron su llegada al gobierno, respondiendo a la "Operación Cóndor", apoyados por la mayoría de la población que nunca se imaginó tal trágico desenlace.

La sangrienta represión, denominada "Proceso de Reorganización Nacional", con una profunda violación de los derechos humanos, tenía como objetivo primario restablecer el orden, que en la concepción de los jefes militares significaba eliminar drásticamente los conflictos que habían sacudido a la sociedad en las dos décadas anteriores y con ellos a sus protagonistas. Esto significó el comienzo de una brutal represión que acabó con la desaparición y muerte de alrededor de 30.000 personas.

Situación social, política y económica previa al golpe de Estado

Desde 1969, la movilización popular no sólo había jaqueado al régimen militar sino desafiado de distintas maneras el orden establecido. Sin embargo, a pesar de la alta movilización por el conflicto social, los partidos políticos no se encontraban en condiciones de encauzar el enfrentamiento. En este marco, un conjunto de organizaciones armadas se instaló en el movimiento popular que creció en barrios, universidades, fábricas e iglesias. De los varios "ejércitos" que operaron, realizando acciones militares espectaculares que eran miradas con simpatía por buena parte de la población, los que mejor lograron arraigar en el movimiento popular fueron los Montoneros. Se trataba de un grupo de origen nacionalista y católico al que pronto se sumaron sectores provenientes de la izquierda. Estos combinaban la acción clandestina con la actividad político partidaria principalmente a través de la Juventud Peronista. Otras de las más importantes organizaciones guerrilleras, el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) desconfiaba del peronismo y realizaba críticas profundas a la sociedad argentina de la época y proponía, mas que una liberación nacional, una lucha latinoamericana contra el imperialismo. Se nutrían de las ideas trotskistas y guevaristas. Su presencia en el movimiento popular fue menor que la de los Montoneros.

El retorno de Perón a la presidencia se produjo luego de una serie de complejas peripecias. El presidente Lanusse fracasó en imponer su propia candidatura, pero logró proscribir al líder exiliado, quien entonces designó como candidato vicario a Héctor Cámpora. Éste, que manifestaba una incondicional solidaridad con el líder, suscitó a la vez fuertes simpatías entre los sectores juveniles y radicalizados del peronismo. Los jóvenes dieron el tono a la agitada campaña electoral que culminó con el triunfo electoral del peronismo. Las nuevas autoridades asumieron el 25 de mayo de 1973. Después de dieciocho años, la voluntad popular podía consagrar, con plena libertad, un gobierno constitucional que expresaba, a la vez, el deseo impreciso pero imperioso de transformaciones profundas.

En el mes siguiente retorna Perón y en septiembre se vuelve a convocar a elecciones en las que Perón recibe el 60 por ciento de los votos. Fueron los sectores juveniles quienes rodearon al presidente Cámpora y ocuparon importantes posiciones de poder hasta que Perón lo abandona debido a su inclinación hacia las organizaciones e ideas de izquierda. Esto culminó en una verdadera batalla campal el 20 de junio de 1973, día en que Perón volvía definitivamente al país, cuando una inmensa multitud se había congregado en Ezeiza para recibirlo y ambos sectores protagonizaron un enfrentamiento que dejó muchos muertos.

El conflicto interno del peronismo se desplegó con toda su fuerza. Frente a quienes proclamaban la bandera de la patria socialista, otro sector levantaba la de la "patria peronista", con posiciones tradicionales decididamente adversas a las ideas de izquierda. Ambos sectores compitieron por el poder y por el control de las movilizaciones callejeras, y a ambos recurrieron a la violencia, al terrorismo y al asesinato. Fue claro que Perón, quien en su anterior lucha contra los militares había respaldado a los jóvenes, ahora repudiaba su accionar, sus consignas y propósitos, se inclinaba por los sectores mas tradicionales del partido y se ocupaba de desalojar a los sectores juveniles peronistas de posiciones de poder. El momento culminante de esta situación fue el 1º de mayo de 1974 cuando Perón llama a la juventud peronista y a los Montoneros "imberbes y estúpidos" y los echa de la Plaza de Mayo. De esta manera se hizo pública la fractura del peronismo.

Los partidos de oposición, empeñados en apoyar al gobierno constitucional, no interfirieron ni en este conflicto, ni en el otro, mas sordo, de Perón con los sindicatos.

En este marco de fuertes divisiones, el 1º de julio muere Juan Domingo Perón, reemplazándola en la presidencia su esposa Isabel, quien no tenía ni la misma capacidad ni similar autoridad, y los conflictos se hicieron más agudos. Además ejerció su gobierno cercada por la figura de José López Rega, extraño personaje de ideas y prácticas nacionalistas, esotéricas y violentas, quien se sindicaba como el poder oculto del gobierno y organizó grupos clandestinos dedicados a asesinar dirigentes opositores, muchos de los cuales eran activistas sindicales e intelectuales disidentes, no enrolados en las organizaciones guerrilleras. Montoneros respondió de la misma manera, de modo que la violencia creció de manera irrefrenable.

La crisis petrolera de 1973 afectó a la Argentina por el incremento de los precios de los bienes importados. Las reservas se agotaron y la balanza de pagos registró un enorme déficit. También, frente a una inflación agudizada, el gobierno se lanzó a un drástico plan de ajuste económico, que incluyó una fortísima devaluación y aumento de tarifas públicas conocido como "rodrigazo", en alusión al ministro de economía Celestino Rodrigo, acólito de López Rega. Los sindicalistas respondieron enfrentando con energía al gobierno y lograron un aumento similar, con lo que los efectos esperados del "rodrigazo" se perdieron, pero la economía entró en una situación de elevada inflación y descontrol. Se produjo la primera huelga general durante un gobierno peronista que logró alejar a López Rega del gobierno.

Mientras tanto la violencia llegó a su máxima expresión. En septiembre de 1974 Montoneros secuestra a Juan y Jorge Born logrando el increíble rescate de 60 millones de dólares, mayor botín obtenido en el mundo por un secuestro. Por otro lado el ERP logró por entonces asentarse en un sector de la provincia de Tucumán, donde anunció la constitución de una "zona liberada", y el Ejército inició una operación formal para desalojarlo. También se incrementó la violencia de derecha. La triple A, Alianza Anticomunista Argentina, asesinó a adversarios a un ritmo acelerado. Además, desde 1975 las fuerzas armadas organizaban unidades operativas clandestinas que pronto superaron a sus enemigos e impusieron una represión indiscriminada y sin freno. Era evidente que el gobierno civil había perdido el dominio de la situación. Un intento de encontrar una salida dentro del orden constitucional (la renuncia de la presidenta y su reemplazo por el presidente del Senado, Luder) fracasó.

Poco después, la crisis económica y política combinadas creaban las condiciones para que las Fuerzas Armadas depusieran y arrestaran a la presidenta Isabel Perón y se hicieran cargo del poder el 24 de marzo de 1976, sin oposición y hasta con el aliviado consentimiento de la mayoría de la población, en un clásico escenario latinoamericano de violencia y crisis económica.

Instauración del gobierno de facto y su accionar. Situación social, política y económica.

Principales responsables:

El 24 de marzo asumen Videla ( ejército), Massera ( armada), Agosti (fuerza aérea).

El 26 es designado Videla como presidente

Lo reemplaza Viola y a este le sigue Galtieri quien luego sería reemplazado por Bignone.

El 24 de marzo de 1976 asumió el mando la Junta Militar, formada por los comandantes de las tres Armas, que designó presidente al general Jorge Rafael Videla, comandante del Ejército.

Con el llamado Proceso de Reorganización Nacional, las Fuerzas Armadas se propusieron primariamente restablecer el orden, lo que significaba recuperar el monopolio del ejercicio de la fuerza, desarmar a los grupos clandestinos que ejecutaban acciones terroristas amparados desde el Estado y vencer militarmente a las dos grandes organizaciones guerrilleras: el ERP y Montoneros. La primera desapareció rápidamente, mientras que Montoneros logró salvar una parte de su organización que, muy debilitada, siguió operando desde el exilio. Pero además, en la concepción de los jefes militares, la restauración del orden significaba eliminar drásticamente los conflictos que habían sacudido a la sociedad en las dos décadas anteriores, y con ellos a sus protagonistas. Se trataba en suma de realizar una represión integral, una tarea de verdadera cirugía social.

Con la pasividad de la sociedad el régimen militar pudo consagrarse a su segunda tarea: la reestructuración de la economía, de modo de eliminar la raíz que (según creían) allí tenían los conflictos sociales y políticos. José Alfredo Martínez de Hoz fue el ministro de economía que, durante los cinco años de la presidencia de Videla, condujo la transformación, sorteando oposiciones múltiples, provenientes incluso de los propios sectores militares. En su diagnóstico, el fuerte peso que el Estado tenía en la vida económica generaba en torno a él una lucha permanente de los intereses corporativos que afectaban la eficiencia de la economía, y finalmente la propia estabilidad social y política. La presencia del Estado debía reducirse, y su acción directiva tenía que ser reemplazada por el juego de las fuerzas del mercado, capaces de disciplinar y hacer eficientes a los distintos sectores. También debería reducirse la industria nacional y con ella los poderosos sindicatos industriales, que eran precisamente uno de los factores de la discordia. Un vasto plan de obras públicas, más espectaculares que productivas, habría de compensar la desocupación generada. Para lograr estos objetivos, en el primer año, el gobierno de la dictadura militar tomó una serie de medidas: intervino a la CGT y a los principales sindicatos, puso fin a las negociaciones colectivas de trabajo, prohibió las huelgas, persiguió y reprimió a dirigentes sindicales y militantes políticos, congeló los salarios por tres meses.

En este proyecto se eliminó la protección industrial y se abrió el mercado a los productos extranjeros, que lo inundaron. El Estado renunció a regular la actividad financiera y proliferaron las entidades financieras privadas, lanzadas especulativamente a la captación de los ahorros del público. En momentos en que el aumento del precio internacional del petróleo creaba una masa de capitales a la busca de ganancias rápidas, la apertura financiera permitió que se volcaran al país, alimentaran la especulación y crearan la base de una deuda externa que desde entonces se convirtió en el más fuerte condicionamiento de la economía local. Para realizar parte de las tareas de sus empresas, el Estado recurrió a empresas privadas, y algunas de ellas se beneficiaron con excelentes contratos.

Durante la dictadura la Junta Militar fue el órgano supremo del Estado. Estaba compuesta por los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. El Congreso fue reemplazado por la CAL (Comisión de Asesoramiento Legislativo) que era un organismo por nueve altos oficiales, tres de cada fuerza.

El poder Judicial seguía funcionando pero había áreas donde no tenía ingerencia. Los nuevos jueces eran obedientes al poder dictatorial y se habían producido cambios que no sólo impedían evitar sino que favorecían la represión ilegal.

Desde los embajadores hasta los intendentes de las más pequeñas localidades fueron removidos de sus cargos. Se prohibió la actividad de los partidos políticos.

Se suspendieron las actividades gremiales de los trabajadores a través de la intervención de la CGT y de la prohibición de actuar de las demás asociaciones, confederaciones y sindicatos.

Todas estas leyes de excepción inauguraron un proceso de deslegalización de la vida social, suspendiendo las garantías de aplicación de la ley común, en tanto la legalidad constituía un obstáculo a la violencia de la represión.

El trasfondo ideológico de estas modalidades políticas era la llamada "Doctrina de Seguridad Nacional". Por la influencia norteamericana y francesa, desde los años cincuenta, esta doctrina presente en la mayoría de los ejércitos latinoamericanos logró alcanzar en nuestro país un "destacado nivel y grado de aplicación".

La omisión de los Derechos Humanos: secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones. La "guerra antisubversiva"

Concepto de Derechos Humanos: En nuestro tiempo es una concepción generalizada de que todo hombre, por la sola razón de su condición humana, posee derechos inalienables que deben ser reconocidos y amparados por las leyes. Ni siempre, desde luego, ocurrió así, ni tampoco, cuando se admitían, se concebían de la misma forma. De hecho, hasta llegar a su formulación actual, la idea de los derechos humanos sufrió una larga evolución.

En la actualidad se aceptan los derechos humanos, tanto en el plano nacional como en el internacional, si bien no existe acuerdo ni en cuanto a la naturaleza de los mismos en la teoría, ni en cuanto al grado de aplicación real en la práctica. Para unos, los derechos humanos tienen una naturaleza divina; para otros moral; y para otros, legal. No hay tampoco opinión unánime respecto a si han de ser validados por la intuición, la costumbre, la teoría del contrato social o el principio de justicia distributiva.

No obstante, algunos rasgos son aceptados con carácter de generalidad: 1) los derechos humanos representan demandas individuales de la comunidad para participar en el poder, riqueza, educación y mutua tolerancia; implican reivindicaciones contra las personas e instituciones que limiten el ejercicio de esos derechos; 2) los derechos humanos participan de los órdenes legal y moral, y expresan lo que "es" y lo que "debe ser"; 3) los derechos humanos son universales y atribuibles a cualquier hombre por el hecho de serlo; 4) los derechos humanos de alguna persona o grupo tienen que restringirse en determinadas circunstancias para asegurar los derechos de otras personas o grupos; es decir, existe interdependencia en el ejercicio de los mismos; y 5) existen algunos derechos fundamentales; si para algunos éstos se limitan exclusivamente al derecho a la vida y al derecho a la libertad, otros incluyen el derecho a la propiedad y el derecho a la igualdad de oportunidades.

La evolución antes apuntada en la aceptación de los derechos humanos encontró su reflejo en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, en la que se reafirmó la " fe en los derechos fundamentales humanos, en la dignidad y valor de la persona humana, y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, así como de las naciones grandes y pequeñas.

Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó, el 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no es otra cosa que la suma de todos los derechos tradicionales políticos y civiles de las constituciones y sistemas legales.

La guerra antisubversiva: Según la versión oficial, se trataba de "erradicar la subversión apátrida". Muchas de las víctimas estuvieron involucradas en actividades armadas; muchísimas otras eran dirigentes sindicales o estudiantiles, sacerdotes, activistas de organizaciones civiles o intelectuales disidentes. Pero el verdadero objetivo eran los vivos, los que emigraron, o debieron silenciar su voz, o aún aceptar lo que estaba ocurriendo, por falta de voces alternativas a las que, desde el Estado, justificaban lo sucedido. Ante el horror, la mayoría se inclinó por refugiarse en la ignorancia. Así fueron los hechos:

Incursión de los secuestradores o «patota» en los domicilios. Nocturnidad. Anonimato

Con la intempestiva irrupción del grupo a cargo del secuestro comenzaba el primer acto del drama que envolvería tanto a las víctimas directas como a los familiares afectados. Los operativos se realizaban a altas horas de la noche o de la madrugada, generalmente en días cercanos al fin de semana, asegurándose así un lapso antes de que los familiares pudieran actuar.

Generalmente, en el domicilio irrumpía una «patota» o grupo integrado por cinco o seis individuos. A veces intervenían varios grupos, alcanzando hasta 50 personas en algunos casos especiales.

Los integrantes de la «patota» iban siempre provistos de un voluminoso arsenal, absolutamente desproporcionado respecto de la supuesta peligrosidad de sus víctimas. Con armas cortas y largas amedrentaban tanto a éstas como a sus familiares y vecinos. Previo al arribo de la «patota», solía producirse en algunos casos el «apagón» o corte del suministro eléctrico en la zona en que se iba a realizar el operativo.

La cantidad de vehículos que intervenían variaba, ya que en algunos casos empleaban varios autos particulares (generalmente sin chapa patente); en otros contaban con el apoyo de fuerzas regulares, las que podían estar uniformadas, en camiones o camionetas identificables como pertenecientes a alguna de las tres fuerzas y, en algunos casos, helicópteros que sobrevolaban la zona del domicilio de las víctimas.

La intimidación y el terror no sólo apuntaban a inmovilizar a las víctimas en su capacidad de respuesta ante la agresión. Estaban dirigidos también a lograr el mismo propósito entre el vecindario. Así, en muchos casos, se interrumpió el tráfico, se cortó el su suministro eléctrico, se utilizaron megáfonos, reflectores, bombas, granadas, en desproporción con las necesidades del operativo.

Las «patotas» efectuaban los operativos de secuestro a cara descubierta. En la Capital Federal y en otros grandes centros urbanos, su anonimato estaba garantizado por los millones de rostros de la ciudad.

En las provincias, donde su identificación era más probable dado que alguno de los secuestradores podía ser vecino de la víctima, debían disimular sus facciones. Así se presentaban usando pasamontañas, capuchas, pelucas, bigotes postizos, anteojos, etc.

En el único lugar donde esta regla no se cumplió totalmente fue en la provincia de Tucumán, donde el aparato represor actuaba con la mayor impunidad, y la población se hallaba más indefensa y expuesta a su acción.

Luz verde (o Area Liberada)

Queda en claro que cuando la «patota» o «Grupo de Tareas» debía efectuar un operativo, llevaba el permiso de «LUZ VERDE». De esta manera, si algún vecino o encargado del edificio se ponía en contacto con la seccional de policía mas próxima o con el comando radioeléctrico pidiendo su intervención se le informaba que estaban al tanto del mismo pero que no podían actuar.

Para trasponer una jurisdicción policial, las fuerzas operantes debían pedir la «luz verde», lo cual hacían mediante el uso del radiotransmisor, o bien estacionando unos minutos frente a la respectiva comisaría o, incluso, al propio Departamento-Central.

Secuestros en presencia de niños
Cuando había niños en la familia que era «chupada», la represión procedió de distintas maneras:

1) Niños dejados en la casa de algún vecino para que éste se hiciera cargo, hasta tanto llegara algún familiar de la víctima.
2) Niños derivados a Institutos de Menores, que los entregaban a familiares o los cedían en adopción.
3) Secuestro de los niños para su posterior adopción por algún represor.

4) Entrega directa del niño a familiares de la víctima, lo que en muchos casos se hizo con el mismo vehículo que transportaba a la madre.
5) Dejarlo librado a su suerte, en el domicilio donde aprehendían ilegalmente a los padres.
ó) Trasladarlos al mismo Centro Clandestino de Detención, donde presenciaban las torturas a que eran sometidos sus padres, o eran ellos mismos torturados en presencia de éstos. Muchos de estos niños hoy figuran como «desaparecidos».

Rehenes y «ratonera»

En los casos que los efectivos intervinientes no encontraban a la víctima en su domicilio se armaba lo que denominaban una «ratonera», permaneciendo en su casa hasta que éste cayera en la trampa.

En tales situaciones, el operativo de secuestro o «chupada» se extendía varias horas o días, renovando las guardias. En todos los casos los familiares eran tomados como rehenes, siendo sometidos a brutales presiones y atropellos. Los secuestradores usaban todo lo que podían para proveerse de comidas y bebidas. A esto se sumaba naturalmente la requisa del inmueble y el posterior y casi seguro saqueo de los bienes.

Si accidentalmente alguien se hacía presente en el domicilio, era también retenido en calidad de rehén. En el caso de que la víctima principal no apareciera, los secuestradores podían llevarse a su objetivo secundario (parientes o moradores de la vivienda).

El botín de guerra

Los robos perpetrados en los domicilios de los secuestrados eran considerados por las fuerzas intervinientes como «B0TÍN DE GUERRA».

Estos saqueos eran efectuados generalmente durante el operativo de secuestro, pero a menudo formaban parte de un operativo posterior, en el que otra «patota» se hacía cargo de los bienes de las víctimas. Esto configuraba un trabajo «en equipo», con división de tareas bajo un mando unificado.

También en estos casos la seccional de policía correspondiente había sido advertida para que no interviniera ni recibiera las correspondientes denuncias de secuestro y robo. Si bien el saqueo implica un beneficio económico para los integrantes de la «patota» y sus mandos superiores, otra de las motivaciones era el «castigar» a los familiares de los desaparecidos, extendiendo de esta manera el terror.

Torturas en el domicilio de la víctima

En esta suerte de maratón criminal, se registraron casos en que los interrogatorios de las víctimas comenzaban en el propio domicilio, sin esperar el traslado al centro clandestino de detención, en presencia de los familiares, víctimas también del feroz tratamiento.

Conclusión del operativo secuestro

Con el traslado del secuestrado al CCD finaliza el primer eslabón de un tenebroso periplo. Amenazados y maniatados, se los ubicaba en el piso del asiento posterior del vehículo o en el baúl, sumando al pánico la sensación de encierro y muerte. Se procuraba así que el terror no se extendiera más allá de la zona donde se desarrollaba el operativo. Las víctimas no solamente fueron arrancadas de sus hogares o lugares de trabajo sino también hasta de los hospitales.

Tabicamiento

En la totalidad de los secuestros se privaba de la visión a las víctimas. En el lenguaje de los represores, se denominaba «tabicamiento» a la acción de colocarle a la víctima el «tabique», o elemento para privar de la visión.

Ello se efectuaba generalmente en el mismo lugar donde se secuestraba o «chupaba». Los elementos empleados a tal fin eran vendas o trapos que los propios captores traían consigo o prendas de vestir de las víctimas, tales como camisas, pullóveres, camperas, etc., o sábanas, toallas, etc.

Con el posterior ingreso de las víctimas a los Centros Clandestinos de Detención, se abría la etapa decisiva en el proceso de su desaparición.

Intervenciones y resistencia de los defensores de los Derechos Humanos

En los primeros meses, la magnitud de la represión, la ausencia de denuncias o acciones por parte de los partidos políticos, de los sindicatos, de la iglesia y de la prensa colocaron a la ciudadanía en una situación de completa indefensión. El estupor, el miedo, las parálisis y la inacción se extendieron.

Poco a poco, a pesar de las medidas autoritarias y de las amenazas, a pesar de los secuestros y las desapariciones, muy lentamente comenzaron a escucharse algunas voces de protesta. Desde la ética y los principios, los sujetos reclamaban por sus derechos individuales. Se trataba de superar el silencio.

Primero fueron denuncias aisladas, búsquedas individuales. Luego un conjunto de organismos de defensa de los Derechos Humanos comenzó a hacer denuncias públicas en el país y en el exterior. La mayoría de estos organismos se fundaron como consecuencia de la magnitud de la represión. Otros ya tenían historia en nuestro país. Entre ellas se destacaron la Liga Argentina por los Derechos Humanos, fundada en 1937, El Servicio Paz y Justicia, desde 1974, La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que se conformó en febrero de 1976, Familiares Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, que se crea en 1976 con familiares que fueron encontrándose en las visitas a las cárceles o en trámites diversos en juzgados, comisarías, Ministerios del Interior, la Organización de Madres de Plaza de Mayo, que comienza a reunirse desde 1977 y a reclamar por sus hijos desaparecidos, las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, que es un grupo que se escindió del movimiento original de Madres en enero de 1986 con el retorno de la democracia, las Abuelas de Plaza de Mayo, que se constituyeron en 1977 encaminadas a la búsqueda de los niños desaparecidos para restituirlos a sus legítimas familias, el Centro de Estudios Legales y sociales, que surge en marzo de 1980 con un programa de apoyo legal y sistematización de la documentación que sirvió de apoyatura a las denuncias y la fundación H.I.J.O.S ( los Hijos por la Identidad, la Justicia, contra el Olvido y el Silencio), que se empezaron a reunir en febrero de 1995.

Caída del Régimen Militar

El punto débil del proyecto militar fueron las profundas divisiones existentes en el seno de las Fuerzas Armadas, debidas a la competencia interna y a las apetencias personales de sus jefes. La cuidadosa división de áreas de influencia entre las tres fuerzas llevó a una suerte de feudalización del poder. El comandante de la Marina, almirante Massera, que ambicionaba la presidencia, se opuso a Videla y sobre todo a Martínez de Hoz. Varios generales manifestaron también sus pretensiones y objetaron el reemplazo de Videla por Viola. Cuando éste asumió el mando, prescindió de Martínez de Hoz e inició la tímida búsqueda de una "salida política". La falta de confianza en la estabilidad y en la posibilidad de mantener las condiciones económicas desencadenó la crisis, que se manifestó en una inflación desatada y una conmoción reveladora de las endebles bases de la estabilidad lograda por Martínez de Hoz. A fines de 1981 Viola fue reemplazado por el general Leopoldo Fortunato Galtieri.

Por entonces, cesaba en todo el mundo el flujo fácil de capitales especulativos y comenzaron los problemas los deudores. La Argentina, como muchos países, tuvo dificultades para pagar los intereses de los préstamos recibidos, con lo que la deuda comenzó a multiplicarse y los acreedores a presionar para imponer a la política económica las orientaciones que les permitieran cobrar su créditos. La crisis se agudizó, y en la sociedad comenzaron a oírse voces de protesta, largamente silenciadas. Los empresarios reclamaban por los intereses sectoriales golpeados, los sindicalistas se atrevieron cada vez más, y el 30 de marzo de 1982 organizaron una huelga general, con concentración obrera en Plaza de Mayo, que el gobierno reprimió con dureza. La Iglesia, que, como muchos, no había hecho oír su voz ante la represión, se manifestó partidaria de encontrar una salida hacia la democracia, en momentos en que los partidos políticos se agrupaban en la Multipartidaria, tras un reclamo de la misma índole. Pero lo más notable fueron las agrupaciones defensoras de los Derechos Humanos como las Madres de Plaza de Mayo que gracias a la fuerza de este reclamo ético despertaron a la sociedad dormida.

El propio régimen militar contribuyó a agravar su crisis. El general Galtieri, que se había propuesto encontrar una salida política satisfactoria para el Proceso, se lanzó a una aventura militar que, de haber resultado exitosa, hubiera revitalizado el prestigio de las Fueras Armadas.

Las Islas Malvinas, ocupadas por Gran Bretaña desde 1883 fue el objetivo que se señaló. Desde la década de 1960 la Argentina venía realizando una paciente tarea diplomática, a través de las Naciones Unidas que, sin embargo, no había llegado a resultados. Los jefes militares concibieron el plan de ocupar militarmente las islas por sorpresa y forzar a los británicos a una negociación, para lo cual Galtieri confiaba en el apoyo de los Estados Unidos, donde había establecido excelentes relaciones.

El 2 de abril de 1982 tropas argentinas desembarcaron en las islas y las ocuparon. La acción excitaba una veta chauvinista y belicista de la sociedad, largamente cultivada por las corrientes nacionalistas de diverso signo. Suscitó un apoyo generalizado en la población argentina y en casi todos sus representantes políticos, y los militares se anotaron una importante victoria. Cosecharon también apoyo entre los países latinoamericanos, pero la mayoría de los países europeos se alineó con Gran Bretaña, que se dispuso para la guerra. Los Estados Unidos hicieron un gran esfuerzo para mediar entre el gobierno argentino y el británico, pero los militares estaban imposibilitados de retroceder sin perder todo lo que habían ganado en el orden interno. Finalmente los Estados Unidos abandonó su posición neutral se puso del lado de los británicos y contra la Argentina, revelando que los militares habían iniciado su acción ignorantes de lo más elemental de las reglas del juego internacional.

También ignoraban las específicamente militares. Trasladaron a las islas una enorme cantidad de soldados, mal entrenados, escasamente pertrechados, sin posibilidades de abastecerlos y con jefes que carecían de ideas acerca de cómo defender lo conquistado. A principios de mayo comenzó el ataque británico. La Flota debió abandonar las operaciones, luego de que un submarino inglés hundiera al crucero General Belgrano. Pese a algunas eficaces acciones de la Aviación, pronto la situación en las islas se hizo insostenible, y su gobernador, el general Menéndez, dispuso su rendición.

La derrota desencadenó una crisis en las Fuerzas Armadas. Galtieri renunció, los principales responsables fueron removidos, pero luego ni la Armada ni la Fuerza Aérea respaldaron la designación del nuevo presidente, general Reynaldo Bignone. Por otra parte, la sociedad, que hasta último momento se había ilusionado con la posibilidad de un triunfo militar (alentada por informaciones oficiales que falseaban sistemáticamente la realidad) se sintió tremendamente decepcionada y acompañó a quienes exigían un retiro de los militares y aún la revisión de toda su actuación desde 1976. Por ambos caminos, se imponía la salida electoral, que se concretó a fines del año siguiente, en octubre de 1983.

Informe de la CONADEP. Impacto social

En 1984, la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (CONADEP), que presidió el escritor Ernesto Sábato, realizó una reconstrucción de lo ocurrido, cuya real dimensión apenas se intuía. Sus conclusiones fueron luego confirmadas por la justicia, que en 1985 condenó a los máximos responsables. Concebido como un plan orgánico, fue aplicado de manera descentralizada, reservándose cada fuerza sus zonas de responsabilidad. Grupos de militares no identificados se encargaban de secuestrar, generalmente por la noche, a activistas de todo tipo, que luego de ser sometidos a torturas permanecían largo tiempo detenidos, en centros clandestinos (La Perla, El Olimpo, La Cacha, que alcanzaron terrible fama), hasta que una autoridad superior decidía si debían ser ejecutados o si eran "recuperables". Proliferaron los "desaparecidos", pues los familiares ignoraban su suerte y ninguna autoridad asumía la responsabilidad de la acción, y también las tumbas clandestinas. La CONADEP logró documentar nueve mil casos, aunque probablemente (según las denuncias de los familiares) la cifra deba triplicarse.

Juicios y condenas

Luego de la asunción del gobierno democrático comandado por Raúl Alfonsín, militante de la UCR, que triunfó en las elecciones de octubre de 1983, la relación con los militares resultó muy difícil debido al reclamo generalizado de la sociedad de investigar los crímenes cometidos durante la represión y sancionar a los responsables, y a la negativa de éstos a rever su actuación durante lo que ellos llamaban la "guerra antisubversiva", y sus críticos calificaban de genocidio. El presidente Alfonsín, que había participado activamente en las campañas a favor de los derechos humanos y había incorporado el tema a su campaña electoral, propuso distinguir entre quienes, desde el máximo nivel, habían ordenado y planeado la represión (los miembros de las Juntas Militares, a los que se enjuició), quienes habían cumplido órdenes y quienes se habían excedido en ello, cometiendo delitos aberrantes. Igualmente propuso dar a las Fuerzas Armadas la oportunidad de que ellas mismas sancionaran a los responsables, para lo cual impulsó una reforma del Código de Justicia Militar. Este último procedimiento no dio resultado, debido a la total negativa de los militares a admitir que hubiera algo punible en lo que entendían como una "guerra". La sociedad, por su parte, sensibilizada por la investigación de la CONADEP y la revelación cotidiana de los horrores de la represión, reclamó con firmeza el castigo de todos los responsables.

Durante 1985 se tramitó el juicio a los miembros de las tres primeras Juntas Militares, que culminó con sanciones ejemplares.

Jorge R. Videla: reclusión perpetua

Emilio E. Massera: reclusión perpetua

Orlando R. Agosti: reclusión perpetua

Roberto E. Viola: reclusión perpetua

Armando Lambruschini: reclusión perpetua

Leopoldo F. Galtieri: 15 años de prisión

Omar R. Graffigna: 15 años de prisión

Jorge I. Anaya: 12 años de prisión

Basilio Lami Dozo: 10 años de prisión

Para todos, con accesorias legales y costas.

La sentencia de la Cámara Federal morigeró significativamente las penas impuestas. El motivo esgrimido fue que no consideró, como sí lo había hecho la Fiscalía, que los tres miembros de las Juntas fueran igualmente responsables en la represión, priorizando en cambio el accionar de cada fuerza. El Ejército y la Marina aparecían como los principales responsables, y la Fuerza Aérea fue sustancialmente beneficiada con esta "separación de responsabilidades, ya que había tenido pocos centros de detención directamente a su cargo y se habían reunido relativamente pocas pruebas en su contra. La sentencia impuso las siguientes penas:

Jorge R. Videla: reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua

Emilio E. Massera: prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua

Orlando R. Agosti: 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta perpetua

Roberto E. Viola: 17 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua

Armando Lambruschini: 8 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua

Leopoldo F. Galtieri: absuelto

Omar R. Graffigna: absuelto

Jorge I. Anaya: absuelto

Basilio Lami Dozo: absuelto

Los tribunales siguieron su acción y citaron a numerosos oficiales implicados en casos específicos, lo cual produjo la reacción solidaria de toda la corporación militar en defensa de sus compañeros, particularmente oficiales de baja graduación, que (según estimaban) no eran responsables sino ejecutores de órdenes superiores. Un primer intento de encontrar una salida política a la cuestión (la llamada ley de Punto Final) fracasó, pues no detuvo las citaciones a numerosos oficiales de menor graduación. En los días de Semana Santa de 1987 un grupo de oficiales se acuarteló en Campo de Mayo y exigió lo que denominaban una solución política. El conjunto de la civilidad, así como todos los partidos políticos, respondió solidarizándose con el orden constitucional, salió a la calle, llenó las plazas y exigió que depusieran su actitud. La demostración fue impresionante, pero las fuerzas militares que debían reprimir a los rebeldes, que empezaron a ser conocidos como "carapintadas", sin apoyarlos explícitamente, se negaron a hacerlo. El resultado de este enfrentamiento fue en cierta medida neutro. Luego de que el propio presidente fuera a Campo de Mayo, los rebeldes se rindieron, pero poco después, a su propuesta, el Congreso sancionó la ley de Obediencia Debida, que permitan exculpar a la mayoría de los oficiales que habían participado en la represión. Aunque este resultado no era sustancialmente distinto de lo que el presidente Alfonsín había propuesto a lo largo de su campaña (los principales responsables ya habían sido condenados) el conjunto de la civilidad lo vivió como una derrota y como el fin de una de las ilusiones de la democracia, incapaz de doblegar a un poder militar que seguía incólume.

Indultos

En el frente militar, Menem optó por conceder un amplio indulto, a fines de 1989, lo que fue criticado en el ambiente de Derechos Humanos, pero dejó casi sin respaldo en la corporación militar a quienes, como los "carapintadas", seguían haciendo planteos. Cuando realizaron un levantamiento, a fines de 1990, fueron muy severamente reprimidos, en un operativo que incluyó un bombardeo por parte de varios tanques al Cuartel de Palermo. La popularidad así adquirida por el presidente le permitió, con motivo de las festividades de fin de año, incluir en el indulto a los miembros de las Juntas que aún purgaban sus condenas.

A partir del día 6 de Octubre de 1989, se empezaron a conocer una serie de decretos por los cuales el Presidente de la Nación perdonaba la pena y en algunos casos, la supuesta pena que le hubiera correspondido a determinados encausados.

El nuevo Gobierno Nacional entendía que:

"VISTO que las secuelas de los enfrentamientos habidos entre los argentinos desde hace dos décadas, obran como constante factor de perturbación en el espíritu social que impide alcanzar los objetivos de concordia y unión a los que el Gobierno Nacional debe atender prioritariamente, y

CONSIDERANDO:

Que pese al tiempo transcurrido desde la reinstalación plena de las instituciones constitucionales, las medidas hasta ahora instrumentadas (no obstante el importante número de encausados que ellas alcanzaron), han sido insuficientes para superar los profundos desencuentros que persisten en el seno de nuestra sociedad, y cuya responsabilidad última debe ser asumida por todos, como integrante y participes de una comunidad jurídicamente organizada.

Que frente a los hechos que generaron esos desencuentros, la debida conducta social no ha de ser la de negarlos o fingir cínicamente que no existieron; mas tampoco ha de ser -en el extremo opuesto- una actitud que someta la vida comunitaria al cotidiano, depresivo y frustratorio influjo de ellos y mantenga abierta las heridas que causaron, y nos coloque a todos bajo un signo fatalmente divisionista. Se trata de tener la grandeza de ánimo que supere el sentimiento de rencor - por comprensible que sea- y lo reemplace por la magnanimidad, sin cuya presencia nunca lograremos la paz interior y la unión nacional que la Constitución nos impone como un mandato.

Que dejar atrás aquellos hechos luctuosos no es un acto de irresponsable condescendencia. Es el requisito que debemos cumplir para unirnos solidariamente, como un solo pueblo, sin la división en dos bandos a que quiere arrastrarnos el pasado. Sólo después de que reconstruyamos esa unión solidaria volverá a nosotros la energía vital que necesitamos para ser, de veras, un país con destino. La idea fuerza de este tiempo es la de reconciliación. Los argentinos tenemos que reconciliarnos y conseguir, así, la paz espiritual que nos devuelva a la hermandad. Jamás la obtendremos si nos aferramos a los hechos trágicos del ayer cuyo sólo recuerdo nos desgasta y nos enfrenta.

Que dicha reconciliación nacional "apunta, sobre todo, al corazón del Pueblo que ha sido desgarrado, a cuyo fin es preciso que cada uno apacigüe su propio espíritu deponiendo el odio; tenga la valentía de realizar una autocrítica sincera reconociendo los propios yerros; formule con hechos la voluntad de no excluir arbitraria e injustamente a nadie del derecho a participar en la conducción de la cosa pública; aliente el diálogo sincero y racional como única arma aceptable para la lucha política y más que a la derrota del contrario tienda a lograr la armonía de pensamientos y voluntades; adopte una actitud de condescendencia fraterna hacia quiénes se hayan equivocado o nos hayan hecho daño, procurando tomar la iniciativa para el reencuentro con ellos; ejerza la justicia con rectitud y verdad sin espíritu de venganza; fomente sentimientos de clemencia en la aplicación de las penas por los delitos cometidos hasta desembocar en el perdón sincero, el cual tiene su espacio propio no sólo en las relaciones individuales sino también en las sociales" (Conferencia Episcopal Argentina, 11 de Agosto de 1982).

Que para ello es menester, por sobre toda consideración sobre la razón o sinrazón de las diversas posiciones doctrinarias o ideológicas, adoptar las medidas que generen condiciones propicias para que a partir de ellas, y con el aporte insustituible de la grandeza espiritual de los hombres y mujeres de esta Nación, pueda arribarse a la reconciliación definitiva de todos los argentinos, única solución posible para las heridas que aún falta cicatrizar y para construir una auténtica Patria de hermanos.

Que es responsabilidad indelegable del PODER EJECUTIVO NACIONAL anteponer el supremo interés de la Nación frente a cualquier otro, y en su virtud afrontar el compromiso, histórico que implica esta decisión de alta política.

Que cabe puntualizar, no obstante, que esta medida es sólo un mecanismo político, constitucionalmente previsto para crear las condiciones de la pacificación nacional. No implica en manera alguna que estos objetivos hayan sido alcanzados, ni que esté garantizado alcanzarlos; es una más entre las muchas medidas que el Gobierno Nacional, sacrificando convicciones obvias, legítimas e históricas, está dispuesto a propiciar para lograr la pacificación de la República.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, pretende, así, crear las condiciones y el escenario de la reconciliación, del mutuo perdón y de la unión nacional. Pero son los actores principales del drama argentino, entre los cuales también se encuentran quiénes hoy ejercen el Gobierno, los que con humildad, partiendo del reconocimiento de errores propios y de aciertos del adversario, aporten la sincera disposición de ánimo hacia la reconciliación y la unidad. Sólo la actitud desprendida de parcialidades y prejuicios hará que el dolor que inundó a los argentinos en las últimas décadas fructifique, como lo hizo la sangre de nuestros mayores en los albores de la nacionalidad.

Que quiénes murieron luchando por sus ideales, descansen en paz; que su memoria no sirva para la división de los argentinos, que su sangre sirva para unirlos más, para crear para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos un ámbito de paz, de progreso, de bienestar y de realizaciones.

Que esta decisión también aspira a consolidar la democracia argentina, pues se trata de un objetivo de igual rango y jerarquía que el de la pacificación y reconciliación. Sólo el pueblo, mediante su voto y por el libre juego de los mecanismos constitucionales, debe elegir sus gobernantes y proceder a su reemplazo. Y el futuro que queremos inaugurar debe proscribir por igual a los mesiánicos de cualquier signo que pretendan sustituir a la voluntad popular.

Que con respecto al marco jurídico en el cual se dicta el presente, ante la generalidad de los términos empleados en el articulo 86, inciso 6 de la Constitución Nacional, debe atenderse a la regla de interpretación según la cual, cuando un poder es conferido expresamente en término generales no puede ser restringido, a menos que esa interpretación resulte del texto, expresamente o por implicancia necesaria (C.S.J.N., fallos, 136:258).

Que es también regla orientadora sobre el punto que la Constitución ha de ser interpretada de modo tal, que las limitaciones no traben el eficaz y justo desempeño de los poderes atribuidos al Estado, y permitan el cumplimiento de sus fines de la manera más beneficiosa para la comunidad (C.S.J.N., Fallos, 214:425).

QUE EN RAZON DE ELLO, SE COMPARTE LA DOCTRINA SENTADA POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN LA CAUSA "IBAÑEZ.J" (FALLOS, 136:258), SEGÚN LA CUAL, PARA LA PROCEDENCIA DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE INDULTAR, LA CONSTITUCIÓN EXIGE QUE EXISTA CAUSA ABIERTA CONTRA EL DESTINATARIO DE LA MEDIDA, PERO NO QUE DICHA CAUSA HAYA ALCANZADO NECESARIAMENTE HASTA DETERMINADA ETAPA PROCESAL, O SEA LA SENTENCIA EJECUTORIADA.

Que en consecuencia, se considera procedente el indulto tanto respecto de condenados como de quiénes se encuentran sujetos a proceso.

Que por otra parte, las medidas que se disponen, en tanto importan la no ejecución de la pena o la cesación del procedimiento respecto del indultado, no implican ejercer funciones judiciales, ni revisar actos de ese carácter o arrogarse el conocimiento de causas pendientes, contrariando el principio del artículo 95 de la Constitución Nacional. Mediante ellas no se decide una controversia ni se declara el derecho con relación a la materia del juicio, sino que se ejerce una facultad propia del PODER EJECUTIVO, fundada en razones de orden jurídico superior, tendiente a contribuir a una verdadera reconciliación y pacificación nacional.

Que la presente medida se dicte en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 86, inciso 6 de la Constitución Nacional..........".

Algunos de los indultados que aparecían en el decreto 1003/89, se hallaban muertos, los casos de Gomez, Grigera y Murphy; otros seguían en su calidad de desaparecidos, por ejemplo, los casos Luján, Soria, Espinosa, entre otros; otros se encontraban sobreseídos por el Tribunal, los casos de Olasiregui, Daleo, Pastoriza, y los Larralde.

Los decretos se extendieron hasta fines del año 1989 y entre estas medidas quedaron indultadas las personas comprendidas en las causas que se instruían por los levantamientos de Semana Santa de 1987 y los de diciembre de 1988.

Conclusión

Los terribles hechos sucedidos durante la etapa del último gobierno militar en nuestro país se han tratado de encubrir y ocultar para de esta manera dejar sobreseídos a los criminales que hicieron desaparecer 30.000 personas y torturaron, secuestraron y quebrantaron diversos derechos humanos con total impunidad, además de animarse a ir a una guerra absurda con el único motivo de mantener un gobierno que se caía.

Creo que la sociedad aprendió una lección muy dura, que va perdurar por siempre en el recuerdo de quienes vivieron la época y de los jóvenes que no se cansan de pedir justicia.

Al correr estos tiempos de democracia, uno se siente privilegiado de vivirla y con el firme compromiso de mantenerla, respetarla y anteponerla ante cualquier tipo de desorden social o institucional, ya que los hechos sucedidos durante los gobiernos de Videla, Viola y Massera no se deben repetir NUNCA MAS.

Bibliografía

  • "Breve historia de la Argentina" – José Luis Romero
  • "Nunca Más" – Informe de la CONADEP sobre los hechos sucedidos. 1984
  • "Haciendo memoria en el país de nunca más" – I. Dussel, S. Finocchio, S. Gojman.
  • "Declaración Universal de Derechos Humanos"
  • Enciclopedia Hispánica
  • Manual de "Historia Universal Contemporánea" – Gonzalo de Amézola, Carlos Alberto Dicroce - Ed. Kapelusz.
  • Historia Argentina – Torcuato Di Tella – Ed. Troqvel
  • www.nuncamas.org
  • www.derechos.org

Jorge Facundo Salguero


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