- La realidad
policial. - Modelo policial hegemónico
(MPH). - ¿Qué
hacer?. - Corolario.
- Referencia
Bibliográfica.
I. Introducción.
El tema que trataremos merece un adecuado tratamiento,
habida cuenta de la notable liviandad y banalidad con que se
viene abordando el tema policial, preponderantemente desgastado
por quienes poco saben o directamente nada se sabe, o que en el
mejor de los casos asocian diferentes disciplinas para su
abordaje.
No podemos analizar la relación Policía y
Comunidad, sin
considerar e incorporar necesariamente al Estado en sus
relaciones con ambas. Esto conforma una trilogía, donde
históricamente la agencia policial, fue deliberadamente
obligada a ocupar un lugar nada conveniente y de intermediaria,
con dedicación casi exclusiva en la regulación
social, desvirtuando sistemáticamente su misión
institucional.
Comenzaremos reconociendo los diferentes factores que
conforman y condicionan la realidad policial. Para arribar a este
objetivo,
imprescindible para formular las consideraciones necesarias y
válidas para un cambio futuro;
realizamos una lectura en su
aquí y ahora como de su devenir histórico en cuanto
a su pertenencia Estatal, a sus relaciones con la Comunidad y las
actividades realizadas en contra de la delincuencia.
Consecuentemente, identificamos y citamos a
continuación, una serie de presupuestos
que en más o en menos, subdivididos o agrupados
diferentemente, básicamente representan los más
importantes y que necesariamente deben ser analizados en su
conjunto.
• Conflictos con
la comunidad. Distanciamiento.
• Desempeño exclusivo de tareas operativas.
Eliminación de oportunidades y otras
supletorias.
• Descontrol del accionar de la delincuencia.
Desprotección.
• Casos de violaciones a los derechos humanos
y de corrupción.
• Inadecuada estructura
institucional. Disfuncionamiento.
• Precaria e inadecuada capacitación profesional.
• Pérdida de identidad.
• Influencia política.
• Falta de recursos
financieros que atiendan debidamente a los funcionarios
policiales en sus necesidades y decoro personales.
• Idem sistemas y
medios
logísticos para cumplir acabadamente su misión
específica.
La Policía tiene conflictos con
su comunidad, desde el preciso instante de su creación, lo
cual tiene mucho que ver con los aspectos y características de la misión a
cumplir como de la metodología tradicionalmente empleada para
llevarla a cabo, aunque más adelante veremos la existencia
de componentes más fuertes y profundos. Estos conflictos,
se traducen preponderantemente en actos de violencia,
corrupción, violaciones sistemáticas
a los derechos
humanos, descontrol del accionar de la delincuencia y aún
su aislamiento institucional; todo lo cual converge, en la
desprotección ciudadana, en su distanciamiento y alto
grado de cuestionamiento social.
En la generalidad, todas las formaciones policiales, se
dedican por imperio de la Ley, al mantenimiento
del Orden Público y la Seguridad
Pública a la vez que la protección de su Comunidad
contra el accionar de la delincuencia, de manera tal, que si bien
ningún habitante reprocharía a priori, todos o
alguno de estos máximos preceptos, en cambio
sí lo haría, sobre la forma o manera que tiene la
Policía de cumplirlos. Y a este aspecto, hay que agregar y
dejar bien en claro, que la policía no hace lo que quiere,
sino aquello que le es ordenado, por lo que sería
mediatizar nuestro estudio, si nos cerráramos, y
consideramos que la problemática referida a su
cuestionamiento o mal funcionamiento, nace y muere con
ella.
Con respecto a sus actividades en procura del Orden
Público y la Seguridad
Pública como razón de Estado para el
bien común, fueron históricas y
sistemáticamente tergiversadas por los diferentes
gobiernos; orientándolas hacia un fuerte control y
disciplinamiento social y enmascarando, detrás de la
agencia policial, además de un marcado absolutismo,
la realización de intereses ideológicos y
político-partidistas. Efectivamente, sus potencialidades
jurídicas y corporativas (humanas y de recursos
logísticos y financieros), fueron desgastadamente
distraídos para la contención y/o resolución
de conflictos emergentes del campo social, donde la
represión policial se observó como la repuesta
oficial y de primerísima línea; en lugar de
destinarlas a la protección de la ciudadanía y el
desarrollo
comunitario.
En cuanto a su accionar contra la delincuencia, cuenta
con una estructura
organizativa y funcional rígida, obsoleta y
preponderantemente negada hacia todo avance tecnológico,
producto de un
marco legal inadecuado y tendencioso que la conminaran
tradicionalmente, a impulsar y mantener un esquema de
prevención basado exclusivamente en la eliminación
de oportunidades, preponderando la saturación de objetivos en
forma indiscriminada y eventual, como de precarias técnicas
de investigación, requiriendo grandes aportes
económicos por parte de la Comunidad, habida cuenta que se
alimenta permanentemente de personal
policial, de recursos materiales y
financieros. La falta de actividades relacionadas a la
conformación de una cartografía delictual con su
correspondiente informe
científico, permitiendo así, la
identificación y el
conocimiento de las causales del delito que le
permitan colaborar en el desarrollo
social; la ubican en desventaja y le impiden un trabajo
efectivo y eficaz en los niveles pertinentes de la
prevención. Es decir, que además de evitar que el
delincuente delinca, se pretende lograr que el delincuente no sea
tal y que la víctima no llegue a serlo; lo cual requiere
de una planificación policial que incluya y
permita una coordinación multisectorial e
interdisciplinaria, orientada a la elaboración de un
diagnóstico criminológico del
territorio donde ejerce su función
con todos los operadores del sistema.
A modo de ejemplo, una tradicional medida, fue siempre
estructurar grandes despliegues de policías y patrulleros
en su ámbito de responsabilidad como mega operativos puntuales y
coyunturales; pero, si bien eliminaron muchas posibilidades de
delinquir, en los lugares donde fueron fijados sus asientos; no
le han asegurado el control de la
delincuencia; es más, le producen el desconcierto de
comprobar su aumento, muchas veces tildándolo de
inexplicable, derivando en su fracaso institucional. Esta clase
de esquemas preventivos, en el mejor de los casos, reacciona
positivamente después de la comisión del delito y
trabajando en sus efectos, pero con poca incidencia para
evitarlo, aunque la realidad también nos demuestra que ni
aún después, cumple acabadamente con su
misión por la carencia de Planeamiento e
Inteligencia
como de personal, de
medios y
sistemas
logísticos con los cuales responder, degenerando
así en impunidad, desconcierto, reproche y
desprotección social.
Y en este punto, nos apartamos de la doctrina del
Derecho por cuanto el concepto de
impunidad, desde la óptica
del ciudadano común, que con sus impuestos
sostiene un sistema que no le
sirve, no lo asegura ni le brinda protección; comprende y
se explica a través de la falta de calidad y
cantidad de funcionarios, recursos y métodos
para su contención personal y represión delictual,
imputándosele al gobierno y
preponderantemente a la Policía, una pasividad o actividad
ineficaz contra el delito y no haber llegado a tiempo y dejarlo
ser víctima.
Esta situación, se agudiza al absorber funciones
supletorias que importan tareas que no le corresponde hacer y
normadas en otros instrumentos jurídicos, pero
convenientemente incorporadas por Ley como
cuestiones de auxiliaridad para con otros organismos a la vez que
demostrando, una clara falencia del Estado que llega a provocar
la pérdida de identidad de
sus miembros, los cuales constantemente se preguntan si en
realidad son funcionarios policiales o custodios de detenidos,
vigiladores y guardadores de vehículos automotores
secuestrados, o empleados a pleno de los otros poderes del
Estado. Así es, los detenidos en dependencias policiales
como la custodia de secuestros producto de
ilícitos, las notificaciones judiciales y otros
trámites de efecto privado, son en realidad una deliberada
y perversa delegación de funciones
enmascarada en la auxiliaridad, distorsionando la misión
policial y haciendo peligrar la seguridad ciudadana.
La ciudadanía entonces, se siente desprotegida y
enfadada con la policía pues la obligan a ubicarse en
primera fila de una obra de teatro en la cual
observan como la delincuencia triunfa. El funcionario de
policía por su parte, se siente también defraudado
por el Estado,
pues a diario observan, cuánto dedican en recursos y
esfuerzos a otras tareas distintas a la policial, en desmedro de
aquélla que le corresponde por mandato
comunitario.
En la generalidad, el poder
político demuestra una influencia perjudicial, avanzando
sobre la institución policial con designios
ideológicos, partidistas y coyunturales como en
términos electoralistas, que nada tiene que ver con su
misión, o teniéndola, la obligan a cumplir
estrictamente sus órdenes, sin posibilidad de
revisión e inspección, pero en cambio sí, a
hacerse cargo de las responsabilidades emergentes de los futuros
fracasos. Esto produce un condicionamiento que vulnera muy
fuertemente su normal desempeño, pues el pretendido, es que el
poder
político, debe ser consecuente con las relaciones
interinstitucionales y referidas estrictamente a la dependencia
estructural, fijando los lineamientos gubernamentales para la
Seguridad Ciudadana como de los sistemas de verificación o
control. Evitará extralimitarse en sus atribuciones e
incidir negativamente en la labor cotidiana de los cuerpos
policiales, comprobándose que en muchas ocasiones, su
perjudicial influencia ha llegado hasta niveles mínimos y
primarios de neto corte policial, tales como ordenar traslados y
designaciones de personal, servicios
policiales, ubicación de patrulleros, formas de llevar a
cabo procedimientos,
custodias o paradas policiales, etc., desestimando la autoridad y
disciplina
internas, sin el pleno y necesario conocimiento
profesional para ello.
En este mismo contexto y primando la necesidad de
satisfacer meros intereses particulares y/o partidistas, se han
generado megas estructuras
organizativas y se han elegido funcionarios, en algunas agencias
policiales con anterioridad a la creación de los cargos
para ejercerlos, en contradicción con la doctrina
más elemental y tradicional del Derecho como de la
Organización, o caracterizándose por la falta
de idoneidad y capacidad para asumirlos. Esto ha conducido a un
generalizado disfuncionamiento y falta de control institucional,
que en lo interno convergen en burocracia y en
el relajamiento integral de la
administración, y en lo externo, posibilitando
diferentes situaciones que incluyen sistemáticas
violaciones a los derechos humanos,
actos de corrupción y de libre albedrío,
incluyéndose el desamparo del trabajador policial y la
negación y/o incumplimiento de sus derechos.
Entonces, nada nos sorprende si por regular de esta
manera la vida de la comunidad, se produzca el distanciamiento y
recelo de ella, a la vez que el descontrol en su lucha contra el
delito. Pero esto no es todo, le debemos sumar el hecho de que
nunca fue tratada como un área profesional, de la misma
forma que fueron la salud, justicia o
educación,
entre otras. Siempre la Policía fue destinada a prestar un
servicio,
primero a la institución Estado y en segundo
término a la Comunidad y en donde, la autoridad
moral y
técnica, rarísimas veces se concilió con la
autoridad formal, tanto en las designaciones como en el ejercicio
funcional. A modo de ejemplo, ningún gobierno
designaría al frente del área de Salud a un abogado o en el
área de Arquitectura y
Urbanismo a un Odontólogo; menos aún para el
área de Justicia, a
quien no posea título de abogado, pero en cambio el
área policial, fue siempre permeable para coronar a
ciertos profesionales como abogados o integrantes de las Fuerzas
Armadas, en franco desconocimiento y negación de la
carrera policial. Pero esto no es casual, advirtiéndose en
algunas agencias, precariedad o falta de una política de personal
que conlleve a una buena selección
y un soporte académico que los aparte de meras técnicas
investigativas y del manejo de algunas armas como del
seguimiento profesional de los funcionarios policiales para
reaseguro de la Comunidad, de la Institución y de ellos
mismos, ante la posibilidad de cualquier práctica
inconstitucional. Volveremos sobre esta cuestión
más adelante.
Un tema importantísimo es el salario de los
funcionarios policiales, que representa un gran problema de
Estado por resolver. ¿Hasta dónde se pretende
explotar la lírica de la vocación de servicio, de
la integridad, de la moral y de
las buenas costumbres?; ¿Cómo puede
exigírseles conductas poco menos que excepcionales y
anticorruptas, a quienes en muchísimas ocasiones, no
tienen para comer o se presentan al servicio dejando a sus
familias sin dinero y
además, bajo condiciones laborales deplorables?. Tengamos
presente que el trabajo
policial es riesgoso e insalubre, por lo que una jornada de labor
mínima de conformidad a los contenidos de las
legislaciones nacionales y además bien paga, es la
adecuada, debida y aconsejada.
Las situaciones dramáticas propias de la función y
vividas a diario por los agentes policiales, importan la
necesidad de un seguimiento y apoyo psicológico que en la
generalidad no se cumple (por no decir que no existe),
generándose una falta de contención y atención que pueden derivar en peligrosas
patologías, muchas veces exteriorizadas y canalizadas a
través de sí mismo, de la comunidad en general, de
los imputados en particular como del grupo familiar
al cual deterioran y/o destruyen.
Por otra parte, la Policía es y funciona gracias
al esfuerzo y patrimonio
personal, tanto espiritual como pecuniario de sus trabajadores
policiales; de lo cual, el Estado, se
beneficia continua y cotidianamente, a la vez que le resulta
vital para el sostenimiento del sistema imperante por cuanto
funciona carente de toda clase de recursos oficiales. De igual
manera y a escala
institucional de las diferentes dependencias, que autofinancian
su misión, en el mejor y lícito de los casos, con
la colaboración de la comunidad.
Entonces, esta realidad no es peor, gracias a las
personas de los funcionarios policiales encargados de hacer
cumplir la ley que nunca han bajado sus brazos y siempre, todos
los días, se enfrentan contra el delito en defensa de la
Comunidad, muy a pesar de sus vidas y de sus afectos y dentro de
un esquema laboral, donde
sus derechos como trabajadores so pretexto de la vocación
de servicio, pocas veces o nunca, se han tenido o se tienen en
cuenta.
III. Modelo
policial hegemónico (MPH).
Como hemos visto, surge de la realidad policial, una
serie de presupuestos
que interactúan entre sí y dentro de un
círculo vicioso, retroalimentado y conformando una
problemática estructural y sistemática, como de
carácter histórico.
Veamos a continuación, sus aspectos constructivos
y de sostenimiento, que se corresponden con:
• Relación Estado-Sociedad.
• Respeto y
acatamiento irrestricto -y hasta ciego- para con el
Estado.
• Marco jurídico inadecuado y tendencioso.
Legislaciones convenientemente orientadas hacia un fuerte
control y disciplinamiento social.
• Metodología. Corte represivo. Efectos del
delito.
• Estructura organizativa y funcional.
Militarismo.
• Corrupción.
La problemática policial en la República
Argentina como en
toda América
Latina, tiene que ver con la respuesta histórica de la
Institución Policial, a un modelo utilitarista y
hegemónico, que no es fortuito o espontáneo, sino
deliberado y cuya génesis, se pierde con los
años.
Con esto no estamos afirmando que fueran los
conquistadores, quienes nos regalaran un modelo policial, de
ninguna manera, aunque muchas características clásicas de tiempos
coloniales aún persisten en la actualidad.
El modelo policial hegemónico, ya tiene
más de cien años y aún se sostiene, pese a
las fuertes pseudo reformas de corte gatopardista que se le han
practicado. Un punto de partida posible para nuestro análisis, sería la
conformación de los Estados en América
Latina que en la generalidad y respetando las
particularidades de los diferentes países involucrados, se
producen a fines del siglo XIX con características muy
similares.
Entonces, recordemos en principio, la constitución de los Estados Nacionales,
emparentados con las institucionalizaciones de los
Ejércitos Nacionales, habida cuenta de la necesidad,
además de limitar sus fronteras, de impartir orden y
poseer, a la vez que ejercer, el poder político
interno.
Pero esta necesidad, iniciada con un marcado y
enmascarado absolutismo,
se legitimará sobre la base de la razón del Estado
para el orden y el bien común en sus relaciones con la
Sociedad.
En este cuadro de situación, sus primeras medidas
estuvieron orientadas a su constitución y modernización,
preponderando el fortalecimiento de la justicia, del
ejército y de la policía e imponiéndoles,
supletoriamente, una doctrina de alto potencial
filosófico, donde su actuación, en pro del proceso de
organización nacional, se emparentaba
igualitariamente con lo patriótico.
Debe quedar bien en claro, que el modelo de Estado
Nacional no fue meramente un conjunto de medidas orientadas hacia
una meta; representó toda una ideología que derivara en una nueva
cultura
impuesta por la clase dirigente, poseedora del poder
político y económico hacia el resto de la población, actora pasiva de su propio
devenir histórico. Se sentaron las bases jurídicas
para una sociedad violenta, donde unos pocos satisfacían
sus intereses a expensas del resto de la población. El protagonismo
oligárquico en este proceso,
construyó primero y se valió después, de una
serie de estructuras,
entre las que se ubicó nuestro modelo policial, como
también el de la instrucción pública, el
modelo de salud, el de una justicia corporativa, lamentablemente
aún vigentes; generando y tolerando la coexistencia de dos
países en un mismo territorio, el legal y el ilegal;
respetando la Ley pero con muchas excepciones. Prostitución-antiprostitución,
aborto-antiaborto, matrimonio–concubinato, juego
oficial-juego
clandestino, etc., representan las controversias más
claras y demostrativas de esta construcción; pero para todo caso,
países con seguridad insegura, sin estructuras dirigidas
hacia el bienestar social, particularmente referidas a la
prevención del delito a la vez que altamente permisivos al
avance del Estado sobre los derechos de las personas y con los
reaseguros brindados por un sistema jurídico
corporativista, por cierto injusto, reaccionando eficazmente ante
cualquier reproche individual.
En este contexto, las condiciones de exclusión
social que trajo aparejado las políticas
impuestas, deliberadas por cierto, y la necesidad de
contención de las masas reclamantes por parte del Estado,
determinaron la necesidad de constituir un verdadero sistema de
dominación por encima y a expensas de lo prevencional en
materia
delictual, en el cual la policía, fue siempre uno de sus
soportes fundacionales y fundamentales, desarrollando
notablemente, un fuerte y excesivo control y disciplinamiento
social, desvirtuando su razón de ser.
Al modelo de Estado Nacional, sostenido hasta muy
avanzado el siglo XX, le sigue el Benefactor, verificado en la
década del ´40 y reeditado en los años
´70, el cual se caracterizó por orientar el
ejercicio del poder político hacia el espectro social. Si
bien constituyó un modelo de inclusión social que
comprendió y movilizó a amplios sectores de la
población, la metodología empleada lo llevó
a situaciones comprometidas y reñidas con los aspectos
básicos de toda democrática como la falta de
representatividad de las minorías, derivando
lógicamente, en reiterados reclamos y conflictos
sociales.
Por su parte, el aparato policial, intacto y con la
doctrina del modelo anterior, paradójicamente sedujo al
modelo Benefactor, resultándole apto y muy conveniente
para responder y aplacar estos reclamos y/o contener los
conflictos suscitados, apoyándose en un vigente
corporativismo jurídico dogmático, también
heredado y permitiéndole continuar con un control y
disciplinamiento, acordes al grado de conflictividad social
emergente.
Un aspecto estructural y común de ambos modelos de
Estado, fue el despliegue operativo cada vez mayor de personal y
medios de la Policía, sobre todo en la vía
pública de las ciudades, lo cual permitía la
observación y control directo de la
población, a la vez que lo propio para con la
delincuencia. Esta situación generada, muy conveniente e
importante, además de neutralizar en cierta medida el
accionar delictivo, disimulaba perfectamente al modelo policial
hegemónico, enmascarando el seguimiento ciudadano so
pretexto de la investigación predelictual y descartando
toda posibilidad de aislamiento, a la vez que aplacar
considerablemente, un directo y permanente cuestionamiento a su
organización.
Paradójica y felizmente, la Institución
Policial fortaleció su condición de agencia social
referencial por cuanto al existir un contacto e
interacción cotidiana entre la gente y sus funcionarios
policiales, tanto en las calles como en sus dependencias,
encontró su verdadera identidad y cumplir con su verdadera
misión que no es otra que contener y proteger a los
habitantes y colaborar denodadamente en el desarrollo
social, a la vez que lograr la resolución de muchos y
variados problemas
relacionados específicamente a la seguridad
comunitaria.
El modelo que sigue es el denominado
Burocrático-Autoritario que hace su aparición en
las décadas de los ´60 y ´70 aproximadamente,
siendo una mezcla perversa de intereses financieros
internacionales con un alto grado de intelectualidad mecanizada
pero con una propuesta concreta y necesaria para su puesta en
marcha y mantenimiento:
la contención y la represión popular.
Para ello, una estrategia basada
en llevar una voz de mando a todos los niveles de la Comunidad y
donde lo social, responda a postulados técnicos y
formulaciones matemáticas, sin posibilidad alguna de
intromisión perjudicial desde las ciencias
sociales; fue su característica más evidente y
la ejecutara, iniciándola con un potente shock social, de
la magnitud que únicamente lo producen los golpes de
Estado, y sustentándola continuadamente a través de
un fuerte y excesivo control y disciplinamiento de la
población, sin disimular la ilegitimidad e ilegalidad de
su existencia, de su permanencia en el poder como de las medidas
para destrabar los conflictos sociales emergentes.
Entonces y lamentablemente, necesitó de una
corporación que lleve a cabo estos preceptos; y qué
mejor que la policía, otrora creada para fines similares y
formando parte de ese Estado que se pretende imponer para
transformar la vida ciudadana. Pero la realidad
sociopolítica, sobre todo a partir de la década de
los años ´70, modificó la operatividad
policial, verificándose un absoluto repliegue de personal
y recursos logísticos hacia sus dependencias, provocando
la pérdida del contacto diario con la gente, su
aislamiento y el descontrol ciudadano a la vez que una cuota muy
significativa en el fracaso de su lucha contra la delincuencia.
Sus acciones,
condicionadas ideológicamente desde el gobierno que
usurpaba el Estado, para dar una respuesta armada hacia los
movimientos terroristas, se hicieron cada vez más
agresivas y represivas a la vez que indiscriminadas, llegando
hasta niveles de crisis
institucional inmanejables y con marcado desconocimiento
funcional, lográndose para todo caso, la
victimización de grandes y diversos sectores de la
población como periódicas ocupaciones
territoriales.
Finalmente llegamos al actual modelo, que intenta
construir un Nuevo Estado sobre la base de racionalizaciones y
profundas transformaciones. Se advierte que pretende cumplir con
la premisa democrática de la representatividad, mas tiene
serios inconvenientes con la participación integral de la
población. Efectivamente, los fuertes y continuos ajustes
en el plano económico, basados en la cara oscura de un
neoliberalismo
perverso y con influencia en todas las áreas de la vida
comunitaria; construyen y sostienen un modelo de exclusión
que abarca a grandes y diversos sectores de la población,
derivándose inevitablemente, en conflictos
sociales.
Y esto lo notamos a diario con la simple lectura de un
periódico o la escucha de un noticiero,
reproduciendo sucesos acaecidos en cualquier parte del mundo y
especialmente en Latinoamérica; comprobándose como
denominador común, que la respuesta primaria, dada por los
gobiernos ante los diversos reclamos formulados por amplios
sectores de la comunidad (estudiantiles, obreros, desocupados,
jubilados, etc), se corresponde con la acción policial,
muchas veces inusual, incontrolada y brutal.
No cabe la menor duda que la orientación de este
nuevo Estado es el ansiado Estado de
Derecho, pero las sucesivas etapas que debe sortear para su
meta, traen consigo una radicalización de la marginalidad,
conformando una plataforma permeable al conflicto
social violento y que conlleva al escape delictual,
situación que se ha verificado y es una constante en el
tiempo, a la
vez que también lo fue y es, la utilización del
aparato policial con fines de aplacar la conflictividad social
pero de neto corte represivo. Se pretende un esquema operativo y
una apertura policial hacia la Comunidad como forma de revertir
lo sucedido en la etapa anterior a la vez que disminuir y
controlar el accionar de la delincuencia, lo cual implica una
fuerte inversión espiritual y material para su
puesta en marcha y sostenimiento, donde la vigencia del modelo
hegemónico es el principal factor negativo.
Vemos entonces cómo el Modelo Policial
Hegemónico, tiene su génesis en común con la
formación de los primeros Estados en Latinoamérica, que no precisamente
respondiera exclusivamente, a proteger al habitante de la
delincuencia. Se construyó y sostuvo un aparato, al cual
le fijaron una ideología preponderantemente represiva que
condicionó su práctica policial hasta nuestros
días, aunque en algunos casos, notablemente modificado y
disimulado. De esta manera, se lograría la
resolución de problemas tras
la imposición de aquellas políticas
oficiales que provoquen reclamos y conflictos por parte de la
población; abordándolos sistemáticamente,
mediante la fácil y rápida, aunque nada
democrática, solución policial.
Esto no descarta, de ninguna manera, que este modelo
haya tomado y sostenido como ya dijéramos, viejas
características y doctrinas policiales de tiempos
anteriores a su conformación y que datan desde la
época misma de la Colonia. Tampoco representa una
plantilla rígida que involucra a todas las fuerzas
policiales de la Región, muchas de las cuales pueden haber
tenido un devenir histórico-institucional distinto; pero
sí responde, a una generalidad muy aproximada.
La fuerza
policial, en el marco de su modelo hegemónico, fue creada
para ser violenta y responder así, a una también
creada sociedad violenta; operando inmersa en la violencia con
violencia. Esta relación lograda por el Estado para con su
Sociedad y en donde la Policía ocupara
históricamente una posición intermedia,
necesitó de un marco legal adecuado y conveniente que le
fijara una organización perfectamente diseñada y
una metodología funcional que respondiera con este modelo
y sus fines. Este diseño
institucional, poco refleja el sentir comunitario,
asignándole deliberadamente una perjudicial estructura
organizativa y funcional, de notable sobredimensionamiento a la
vez que burocratizada, e impidiéndole promover o
participar, en todas las acciones
dirigidas a adelantarse a la comisión del
delito.
Las legislaciones policiales, desde los tiempos mismos
de su creación, no son el fiel reflejo de las expectativas
de la comunidad. No existe en sus letras, una
interpretación adecuada de la verdadera misión de
la Policía como agente de control social, dedicada a la
protección comunitaria y que la obligue a trabajar en
todas las formas y niveles de la prevención. Y en esto,
mucho tiene que ver el sostenimiento de políticas de
gobierno por sobre las de Estado o existiendo éstas, su
falta de sustentabilidad y la errónea consideración
de separar aquéllas de corte social, económico y
cultural con de las de orden criminológico; determinando
un abordaje fragmentado de la problemática delictual desde
lo ocasional y a través de un sistema que no le
permitió combatirla correctamente sino provocar su
descontrol. Por otra parte, la persistencia o reincidencia
delictual, fue interpreta y afrontada de la misma forma,
aportando así, una considerable cuota al fracaso
policial.
En este contexto, la necesidad de funcionarios
policiales con permeables personalidades, tal vez aquéllas
de mentes empíricas y de moral
utilitaria, se hacen imprescindibles para la sustentabilidad del
Modelo. Normalmente y salvo excepciones, se recurre a un
conservadorismo generacional que se refleja en la tendencia hacia
quienes son adultos maduros en franca negación de los
funcionarios jóvenes o de las nuevas generaciones, como
del temor a sus potencialidades; salvo que éstas, aseguren
con una labor obediente, la continuidad del sistema y el
acatamiento irrestricto a las directivas oficiales en materia de
control social. Es que el Modelo Policial, nunca deseó
funcionarios de buen nivel cultural para ocupar cargos de
conducción por el temor a que sean o se conviertan en
inmanejables, para lo cual primó, una mala o improvisada
selección y propiciando una carrera
policial de resistencia
personal y no de calidad
profesional. A esta altura, dos preguntas se hacen
interesantes:
¿Está preparado un gobierno para poseer
una agencia policial que verdaderamente lo asesore
profesionalmente en materia de protección
ciudadana?.
¿Están preparados los gobiernos o mejor
dicho, los gobernantes de turno, a que su agencia policial les
manifieste que tal o cual medida o acción que la
involucre, no pueda realizarse por causas técnicamente
justificables o por qué constituye una violación a
los derechos humanos?.
Personalmente creo que no; no está el gobernante
de turno preparado para escuchar realmente un informe asesor;
quiere escuchar que todo lo que ordene se cumpla; quiere escuchar
palabras mágicas como: sí, se puede, o
déjelo en mis manos, o yo me ocupo, o quédese
tranquilo que me hago cargo.
Entonces, esto requiere y hace, a un acatamiento ciego a
las directivas gubernamentales, donde lo legal o ilegal,
legítimo o ilegítimo, está determinado por
el funcionario político del momento y donde los
funcionarios policiales, son sustraídos o deliberadamente
se sustraen ellos mismos de todo razonamiento, revisión o
inspección de lo ordenado; quizás por temor,
conveniencia o necesidad. Por ello, el ejercicio del mando, su
verticalidad y autoridad, fueron convenientemente utilizados para
permitir que muchos funcionarios policiales, algunos sin saberlo,
otros por temor y el resto, felizmente los menos, plenamente
conscientes, cumplieran ordenes que derivaran en delitos.
Pero no se quiere decir o pensar, en una policía
deliberativa que no acate las órdenes oficiales del
gobierno; de ninguna manera, el pretendido es deliberar para el
correcto y democrático desempeño de sus funciones y
la debida interpretación -a ultranza- de la Obediencia
Debida o Deber de Obediencia, evitando hacer o dejar de hacer
todo aquello que se le ordene y sea o represente groseramente, la
comisión de un delito o falta administrativa.
La metodología empleada tradicionalmente por la
policía genera conflictos, pero no es caprichosa y tiene
su razón de ser, en las propias relaciones que el Estado
promueve y sostiene con la Sociedad. En los niveles cotidianos de
su trabajo contra la delincuencia, esta metodología le
impone una prevención por eliminación de
oportunidades que no es otra cosa que evitar que ¨la
ocasión haga al ladrón¨; frase
doméstica, a partir de la cual, se orienta su despliegue
operativo con acciones para que el delito no se suceda y por
ende, la delincuencia no prolifere; lo cual en principio,
sería lo más lógico e importante y la
comunidad se sentiría segura; pero lamentablemente,
eliminando las oportunidades delictuales, no se elimina la
existencia misma de la delincuencia ni se reduce su accionar, por
el contrario, aumenta, pues sus exponentes se mantienen activos y
fortalecidos, en permanente acecho y en procura de esa
oportunidad, que les permita cometer delitos.
Esta forma de prevención, la lleva a cabo a
través de una saturación de objetivos y de
técnicas de investigación criminal, mediante
tradicionales estrategias que
implican tácticas de presencia policial real y efectiva en
todos aquellos lugares susceptibles y posibles de comisión
del delito como de indagaciones predelictuales. Nuevamente
sería lo ideal, pero el delincuente que observa esa
presencia, ese objetivo
saturado, recurrirá a otro lugar en donde no se encuentre
y pueda delinquir. De esta manera, se produce una
movilización horizontal de la delincuencia de un
territorio a otro (transdistritalización,
transprovincialización y/o transnacionalización o
internacionalización del delito). Por otra parte, las
citadas investigaciones,
ante la falta de eficaces y efectivos controles institucionales,
tal vez inadecuados o tendenciosos, dieron lugar a la
reunión de información que no fue empleada para una
debida saturación de estos objetivos, sino para el
seguimiento ideológico de las personas como a la
manipulación o regulación de la propia
delincuencia, en beneficio corporativo y personal.
Un esquema de estas características,
además de ser económicamente insostenible para las
comunidades, por cuanto se alimenta constantemente de más
y más funcionarios policiales, recursos financieros y
logísticos; genera una permeabilidad hacia la corruptela y
no tiene incidencia, como señaláramos, en la
disminución del delito, cuyas causas, si bien conocidas no
son atendidas o neutralizadas; mientras que la delincuencia
permanece activa y aún creciendo.
En el mejor de los casos, el éxito
de estos sistemas, implica mayor infraestructura en materia
judicial y penitenciaria, traduciéndose nuevamente en una
cuestión de finanzas que
la comunidad sostendrá a base de sus impuestos.
Reiteramos entonces que únicamente se estaría
evitando la producción delictual, que como ya
dijéramos, si bien sería lo ideal no siempre es
efectiva ni es lograda, muy a pesar de esta trilogía:
policía-justicia-penitenciaría, sin olvidar que
quien necesita y/o quiera delinquir, por las causas que fuesen,
perfeccionará sus métodos
para el cometido, tales como organizarse y aún llevar a
cabo, tareas de inteligencia
que le permitan planificar su producción ilícita.
La necesidad de contar con funcionarios para cumplir las
tareas de presencia real en la vía pública e
investigativas, que este modelo preventivo le impone; empeora
aún más la situación institucional de la
Policía, pues la condiciona negativamente,
obligándola a subordinar, la calidad a la cantidad, y
resultándole por demás impropio, toda exhaustiva
selección unida a una profunda capacitación y seguimiento profesional, que
conlleve a restar personal y provocando una conformación e
integración indeseada de funcionarios en
las agencias policiales.
La posibilidad de gastar siempre en recursos materiales, se
hace imposible para las comunidades; entonces, se abandona
paulatinamente el esquema de saturar objetivos para eliminar
oportunidades, derivando en una realidad delictual que la supera
y que por otra parte, su capacidad operativa le sea insuficiente
ni siquiera para cumplir con la investigación
postdelictual o la debida atención a las víctimas. Por ello,
este sistema de prevención deriva en que la Policía
dedique su trabajo, preponderantemente a delito cometido,
disponiendo del personal y medios con que cuentan (nunca
suficientes) para los efectos del delito y su posterior
investigación, lo cual se torna también
imposible.
La corrupción, es uno de los presupuestos de la
realidad policial que no puede ni debe dejarse pasar por alto. Si
bien no existen investigaciones
globales que permitan concluir sobre el tema, casos aislados de
origen judicial, periodísticos o porque no, del imaginario
colectivo, nos permite inferir con cierto grado de convencimiento
que no es coyuntural ni aislada, sino sistematizada y
estructural. El Modelo la genera y la necesita para sus fines,
pero como la Institución Policial, no es la corrupta (las
instituciones
son inmaculadas), sino corruptos son algunos de sus funcionarios;
los cuales, se encuentran inmersos y aceptando las reglas de
juego impuestas, haciéndolos vulnerables primero, y a
posteriori, autores, partícipes o encubridores del escape
delictual y/o figuras del orden administrativo o interno. Para
ello, los agentes policiales fueron y son conminados permanente,
pero subrepticiamente, a cometer directa o indirectamente delitos
o a encubrirlos, bajo sus propias responsabilidades y para
satisfacer las exigencias del Modelo vigente so pretexto de la
aplicación de la Ley. Como mero ejemplo, si un superior
ordena a un subalterno a cometer un delito, bajo cualquier
circunstancia, y éste lo cumple, en la generalidad y sin
perjuicio del encuadramiento referido a cada ordenamiento
jurídico local, estamos ante el más amplio caso de
corrupción, y por otra parte genera una zona negra e
incontrolada, donde jamás podríamos conocer con
certeza, cuántos delitos debió haber cometido el
subalterno, para cumplir con aquél que le fuera
ordenado.
Un agente policial mal pago y en condiciones laborales
inadecuadas; una dependencia policial con escasez de personal,
recursos materiales y financieros, pero obligada a trabajar como
si los tuviera; un Estado que conoce perfectamente de la falta de
recursos en general de su Institución Policial pues no los
suministra, pero conminándola igualmente a cumplir su
misión como si contara con ellos, a la vez que
exigiéndole eficiencia,
eficacia y
responsabilidad; son aspectos generadores y
regeneradores de corrupción. La trama se cierra con la
existencia de una doctrina íntima e inconfesable, entre el
Estado y la Policía, ejecutada por esta última y
desconocida para la Sociedad, la cual además de impedirle
toda participación en la cosa pública, la somete a
su control y regulación.
Asimismo, se regeneran nuevas situaciones de shock entre
el personal policial, quien comprueba en su labor cotidiana como
sus esfuerzos extraordinarios contra el delito y el debido
cumplimiento del deber, fueron y son en vano. En este desaliento
por el resultado de su trabajo policial, mucho tienen que ver las
demás instituciones
involucradas en la resolución del conflicto
delictual, asumiendo responsabilidades directas las autoridades
judiciales y legislativas que ofrecen una labor lenta, ineficaz,
improvisada, precaria y con claro desconocimiento funcional que
hace peligrar a la Comunidad. Desde sus cómodos despachos
estatales, están más preocupadas en la
opinión publicada de la prensa o de los
sectores de oposición política que de la opinión
pública de la gente o del esfuerzo y la vida de los
agentes policiales.
Y en este sentido, los agentes policiales, fueron
siempre desde la propia institución policial, el peor
enemigo del Modelo; pues la gran mayoría, llevan a cabo su
tarea, respondiendo con notable profesionalismo, vocación
y honestidad,
comprendiendo perfectamente que la comunidad requiere de su
protección y ésta, desde lo externo de la
institución, reclamando al Estado, su derecho a vivir en
seguridad.
El Modelo entonces, no contó con la forma tan
particular de ser y comportarse de los policías, sin
distinción de sexo,
jerarquía o grado (como de los maestros, como de los
médicos o enfermeros, etc., en sus áreas
correspondientes), semejantes unos a otros cualquiera sea el
lugar del mundo donde presten servicios y
conformando una verdadera subcultura policial que trasciende lo
nacional y absolutamente diferente y diferenciada de la
ideología y práctica tradicional que ha
caracterizado institucionalmente a este Modelo.
Mucho se habla del incremento de la delincuencia, que
genera preocupación e inseguridad en
la población como del mal funcionamiento de la
Policía, que conlleva a su alto cuestionamiento. Lo
más llamativo de todo esto, es reconocer en algunos
discursos
oficiales, el reciente descubrimiento de que la
problemática de la seguridad y la cuestión
policial, hayan adquirido ribetes de tal magnitud, que se
convirtieran en asuntos de Estado. Esto verdaderamente nos
alarma, pues para los profesionales de la seguridad, tanto
ésta en lo general como la agencia policial en particular,
siempre fueron inequívocamente asuntos de Estado y
sistemáticamente, fueron desoídas todas sus
advertencias sobre un pronóstico oscuro y la necesidad y
urgencia de promover un cambio en el sistema para no llegar
justamente, a la realidad que estamos viviendo.
Pese a nuestras afirmaciones y determinaciones, no
contamos con una fórmula mágica, aplicable para
cualquier caso y que además tenga el éxito
asegurado. Tampoco, proponemos modelos, pues
entendemos y pretendemos que ello debe ser una construcción nueva y original, consecuente
con la historia, la
vida cultural, social y económica de cada país;
entonces, a continuación ofrecemos una serie de
consideraciones, orientaciones y recomendaciones para observar
ante una situación de cambio policial.
Se:
• Tomará razón de la realidad
policial y generar su profunda reversión.
• Rescatará el espíritu de la
Sociedad en materia policial y de seguridad en términos
de Ley.
• Fortalecerán sus relaciones con la
Comunidad.
• Cambiará el accionar y la
metodología. Operatividad con cientificidad y tecnología.
• Establecerán las bases necesarias para
una transformación cultural de la Policía hacia
la protección de los derechos humanos. Carrera
policial.
• Definirá una racional estructura
organizativa y funcional de la policía.
• Instituirán mecanismos de control de
gestión y evaluación de la labor
policial.
• Asignará y distribuirá
adecuadamente el presupuesto
para el correcto desempeño de la Policía y el
bienestar de sus integrantes.
Los temas tratados, nos
permitieron tomar razón de la realidad policial, que si
bien se nos presenta como una problemática emergente, es
en verdad centenaria aunque urgentemente, hay que revertirla.
Esta reversión, hacia un nuevo modelo policial no
hegemónico y a la vez sustentable para un Estado de
Derecho, no es imposible pero sí costosa, sobre todo
en lo cultural y espiritual más que materialmente, a la
vez que debe apoyarse necesariamente sobre una firme voluntad de
realización por parte de todos los actores
sociopolíticos, y donde el Estado cumple un rol
fundamental, pues implica la destrucción de ese Modelo
Policial Hegemónico, que convenientemente creara y
sostuviera en América
latina, a través de sus sucesivos gobiernos.
Para ello, se iniciará un proceso de reforma con
la Policía y con los policías, y desde
ningún aspecto, sin o contra ella y sus integrantes; que
estará orientado a esa destrucción pero ejecutado
muy cuidadosamente y mediante una estrategia de
sustitución simultánea que evite los efectos
perjudiciales y desalentadores, producidos a causa de los
vacíos sistémicos.
Toda reforma, además de contar con un importante
cuerpo axiológico del cual se emanan sus políticas;
se sustenta sobre una serie de pilares o ejes principales a cuyo
alrededor, giran las estrategias y
tácticas que se pondrán en marcha.
En este sentido, y reconociendo a todos los trabajadores
como los actores fundamentales, y el potencial más valioso
de cualquier empresa o
corporación; el eje director de cualquier reforma policial
que se denomine como tal; tendrá entonces como
protagonistas y sin lugar a dudas, a los funcionarios policiales
encargados de hacer cumplir la ley como sus condiciones de
seguridad e
higiene en el trabajo, en
el concepto
más amplio posible: selección, formación,
salario, salud y
bienestar, capacitación y actualización,
seguimiento del desenvolvimiento profesional como todo otro
aspecto que haga a la defensa de sus derechos en
complementación con su servicio comunitario.
Con relación al cuerpo axiológico que
guiará a la empresa,
determinándole su futuro perfil institucional,
comprenderá y fijará claramente que el
propósito fundamental del trabajo policial, es la
prevención del delito y la protección de la vida
comunitaria. Para ello, ejecutará un accionar
sistemático, intercolegiado y multisectorial, a la vez que
orientado hacia los niveles pertinentes de la prevención,
ya sea en la eliminación de oportunidades como en la
observación y reconocimiento de las causas
culturales, sociales y económicas determinantes para la
producción delictual, en coordinación con todos los organismos
oficiales y privados comprometidos en la modificación del
panorama social y aún más, con una respuesta
profesional que permita indicar la oportunidad y grado de
responsabilidad que éstos deban asumir.
Entonces, la Policía es un agente de control
social de contacto y referencial, en lo externo y en el
ámbito colectivo, importante y necesario, cuyas
incumbencias van más allá de la preservación
del orden público, la seguridad pública y la
investigación de hechos delictivos, sino también,
la determinación de sus causas generadoras, colaborando
para mejorar la calidad de
vida de la comunidad, virtud a una coordinación con
todos los actores sociales. Volveremos en el tópico
siguiente a tratar sobre la Policía y la
Comunidad.
Esta coordinación se logrará a
través del planeamiento
policial que le permite un trabajo eficaz y eficiente ante los
requerimientos de seguridad, asegurándole la correcta
asignación y desempeño de sus funcionarios en
tareas que le son específicas, a la vez que el buen uso de
los recursos y de una adecuada estructura organizativa y
funcional. De esta manera, se estaría ratificando lo dicho
sobre la plena y necesaria consideración de sus
funcionarios y sus condiciones generales de labor como de los
sistemas y medios logísticos y financieros disponibles
para que éstos, puedan cumplir con el mandado de la
comunidad, expresado en términos de Ley.
Se comienza entonces con la producción de un
diagnóstico de la realidad policial,
imprescindible y pretendiendo definir un universo
compuesto por todas las variables
ordenadas conforme sus características y efectos
(identificando particularmente las negativas) y agrupadas en:
independientes, interdependientes y dependientes,
permitiéndonos a partir de allí, producir un
plan integral
que establezca objetivos generales y operacionales como las
políticas, estrategias y tácticas, necesarias para
la puesta en marcha de una reforma policial
sustentable.
Al decir diagnóstico, nos estamos refiriendo a la
fase del proceso planificador donde se lleva a cabo la
observación, selección y análisis de los signos (lo que se ve; lo
objetivo) y los síntomas (lo que se siente; lo subjetivo)
de la realidad a tratar. Esto hace necesario determinar una
situación que será analizada integralmente para
responder a preguntas tales como: ¿Dónde se
está?. ¿Cómo se está?.
¿Qué se tiene?. ¿Dónde se quiere ir?.
¿Qué se necesita? y ¿Cómo se hace
para llegar a la
meta?.
En este contexto, está comprendida la realidad
criminológica territorial donde la Policía lleva a
cabo su misión; por ello, contará con los
necesarios estudios de victimización y tendencias
delictivas con la correspondiente cartografía delictual y los informes
científicos sobre la delincuencia; conciliando para un
futuro modelo prevencional, el tradicional esquema de
eliminación de oportunidades con aquél que promueva
el trabajo sobre las causas generadoras del delito.
Efectivamente, esto quiere decir que la policía debe
comenzar a trabajar sobre una prevención basada en
políticas que hacen al desarrollo
social y con el conjunto de los operadores del sistema porque de
no suceder así y continuar como hasta ahora, las
comunidades en general y la policía en particular,
fracasarán en su lucha contra la delincuencia.
El público quiere seguridad, estar y sentirse
seguro, como
elementos fundamentales para su calidad de
vida, y el Estado debe procurarlo, pero integralmente y no en
exclusiva con la agencia policial, que representa aunque muy
relevantemente, una de las muchas profesiones que han de
interactuar, solamente una parte de ese todo que es la Seguridad.
Esto requiere una apertura policial hacia una operatividad con
cientificidad y notable apoyo tecnológico, empleando todas
las posibilidades y potencialidades que ofrece la ciencia y
la tecnología, desde la formación de
personal policial hasta recursos materiales e
informáticos, aplicadas hacia un sistema de
prevención múltiple y de simultáneo
abordaje, que no escatime gastos, evitando
precariedades e improvisaciones, dirigido y potenciado hacia las
causas y los efectos del delito, y descartando toda posibilidad
de primar respuestas hacia una u otra unilateralmente.
Una pregunta emergente y desde lo práctico, es:
¿Cuál sería la formula polinómica que
nos permita conocer, por ejemplo, la cantidad de personal
policial o vehículos patrulleros necesarios para una
ciudad y que responda a los cambios de la Sociedad que la
habita?; cuya respuesta correcta es que no existe tal formula.
Tradicionalmente, los cuerpos policiales dentro de su doctrina de
planificación, cuentan con plantillas
orientadoras que se refieren a la conformación en cantidad
y calidad de sus Cuadros de Organización, de sus
Mínimos Operacionales Necesarios, etc., para su despliegue
operativo. Estos habrán servido en otras épocas y
en el mejor de los casos, producto de identificar y considerar un
determinado cuerpo de variables,
pero que en la actualidad, el tema de la necesidad de
funcionarios policiales o vehículos patrulleros como sus
tácticas, estrategias y metodologías, forman parte
del informe científico correspondiente al citado estudio
de victimización y tendencias delictivas para un sistema
de prevención como el tratado precedentemente y que toda
institución, para no trabajar a ciegas, debe poseer
referido al territorio al cual protege. El problema de estos
estudios, es que a priori, suelen asustar a los gobiernos en los
aspectos correspondientes a sus exigencias en materia policial
que se traducen lógicamente en finanzas, no
solamente para la puesta en marcha, sino para su mantenimiento,
provocando, en la mayoría de los casos una suerte de
abandono y desistimiento oficial, que deriva en el fracaso de la
gestión. Pero en contrapartida, las
ventajas que ofrece un sistema preventivo de un abordaje
múltiple y simultáneo, es brindar la posibilidad
que, cuanto más se invierta en políticas integrales,
orientadas al desarrollo social para revertir las causas del
delito, la inversión en recursos para la
eliminación de oportunidades se hará
considerablemente menor. Y estos presupuestos deben sopesar, pues
justamente, de apoyarse en un esquema preventivo basado
exclusivamente en la utilización de personal y recursos
materiales; el tiempo comprobará su ineficacia para la
neutralización del delito a la vez que imposible su
continuidad; igualmente, si se elige un sistema preventivo,
apoyado exclusivamente en el desarrollo social, se
verificará que, mientras se llevan a cabo los estudios
para identificar las causas, o ya identificadas para su
reversión, la producción delictual será
ilimitada e incontrolada.
El análisis normativo vigente en materia
policial, en el contexto de la legislación penal y
procesal penal de cada país, es de suma importancia para
determinar, si corresponde o no su modificación en todo o
en parte. Asimismo, se hará lo propio con su estructura
organizativa y funcional, tendiente a comprender sus niveles de
responsabilidad, sus vías de comunicación, las cuestiones inherentes a
la autoridad, administración y metodología
empleada en lo interno y externo, a la vez que detectar anomias,
situaciones anárquicas y enárquicas, producto del
sobredimensionamiento y la repetición funcional como la
reformulación y/o actualización de funciones y
tareas, muchas de las cuales enmascaran detrás de la
auxiliaridad profesional, una contraproducente delegación
funcional. El organigrama
policial será racional, reducido, integral con demanda de
poco personal para tareas administrativas, con miras a retomar la
senda de la operatividad continua, efectiva y eficaz,
propiciándose también, la privatización de actividades referidas por
ejemplo, a talleres mecánicos como de obras y
mantenimiento en general, archivo,
impresiones y encuadernación, limpieza y aún las
comunicaciones, entre otras.
Mucho se habla de la controversia entre:
"garantismo-mano dura" que polariza la opinión de todos
los sectores, en "garantistas y duros"; nuestra meta debe
orientarse a comprender y practicar, que: "la única mano
dura, es la que garantiza la Ley". El peso más pesado
entonces, es el de la Ley; pero enmarcado no solamente en un
fuerte y decidido enfrentamiento contra el delito, sino
también contra sus causas motivadoras. En este mismo
sentido, la Policía no es un organismo independiente a la
cual se contrata para un servicio también independiente y
que realiza a su antojo e incontroladamente; es el instrumento
creado y sostenido por el Estado para la Defensa de su Comunidad,
haciendo exclusivamente, todo aquello que la Ley determine que
haga y no prohíba. Entonces, las atribuciones que la Ley
le otorgue, serán por mandato y en defensa de la gente,
comprendiéndose en ello, los mecanismos de
anticorrupción y abuso de la función que la misma
Ley fijare.
A riesgo de ser
reiterativos, quede bien en claro que el poder es de la Ley y no
de la Policía, esta última cumple con aquello que
la Ley le ordena que haga y pueda hacer, como todo aquello que la
misma no le prohíba hacer. Así también,
determinará perfectamente la manera de enfrentar al delito
y a sus causas generadoras.
De propiciarse una reforma en materia
jurídico-policial, ésta contendrá en su
espíritu, el de la comunidad que será
convenientemente rescatado y en este aspecto, un mero acuerdo
político-partidista no es del todo aconsejable. El tema
policial, es tan suficientemente delicado e importante por su
incidencia en la calidad de vida de los habitantes, que amerita
sin duda promover un gran debate
legislativo y aún llamar a la consulta popular vinculante;
contemplándose además, las conclusiones de las
encuestas,
jornadas, seminarios y reuniones de expertos como consultas con
todos los actores sociopolíticos per se o a través
de sus organizaciones.
Toda normativa, sentará las bases doctrinarias para una
nueva cultura
policial que se manifestará en su labor cotidiana y en
virtud a una metodología orientada hacia la
prevención del delito con promoción y respeto de los
derechos humanos. Además, fijará una racional
estructura organizativa y funcional absolutamente
desburocratizada y con perfecta determinación de sus
unidades y cargos, tanto en lo interno para los fines de la empresa como
en lo externo, en su servicio de protección a la
comunidad.
En este último aspecto, entendemos y
recomendamos, una organización policial que cumpla
claramente con la división del trabajo, separando
entonces, a ¨los que operan de los que piensan¨, es
decir, entre los elementos cuya misión y funciones se
orientan a llevar a cabo las tareas físicas y operativas,
de aquellos cuya misión y funciones, sean las de staff o
asesoramiento. De esta manera, no aportamos nada nuevo, pues
estamos ratificando el tradicional Sistema de
Organización, conocido como Mixto o Lineal de Estado Mayor
(también conocida como de supervisión doble o múltiple), sin
pretender con ello, retroceder en el tiempo u olvidarnos de la
época en que vivimos con respecto a la moderna
concepción de la empresa; pero es
el que mejor responde a regímenes estatutarios y
jerarquizados de carácter
oficial como son los policiales en América Latina y El
Caribe. Ahora bien, este sistema es el que tiene la
mayoría (por no decir todos) de los cuerpos policiales,
los cuales lamentablemente, no supieron ni pudieron explotarlo
debidamente, a raíz de su acatamiento fiel al Modelo
hegemónico, que lo convirtió en la cara opuesta y
perversa de lo militar y de un militarismo perjudicial;
impidiéndole así, desarrollarlo en su real magnitud
y potencialidad, desplazando continuadamente o bien
restándoles importancia, a las áreas de staff o
planeamiento, so pretexto de fortalecer las operativas, en el
marco de una realidad criminológica descontrolada y
desbordante, que los superaba.
Desde la óptica
estrictamente técnica y organizacional, en toda estructura
policial, deberá verificarse la existencia primero, y sus
efectos después, de todos los elementos que hagan a una
organización administrativa inequívocamente
democrática. La cuantificación y
cualificación de estos componentes, varía conforme
con el criterio de análisis empleado, no obstante lo cual,
podemos considerar que en la generalidad, deben estar presentes,
el elemento activo de toda organización, representado por
las personas y sus actos, el vínculo asociativo, la
coordinación, el elemento finalista como así
también, los aspectos relacionados al tipo de
organización, a la horizontalidad y la división del
trabajo, la verticalidad, responsabilidad, autoridad y
jerarquía, la consultoría y la auxiliaridad, el control de
gestión y la capacitación interna.
En principio, debe reconocerse e identificarse, correcta
y adecuadamente la condición de organización
compleja de todo sistema policial que se pretenda instaurar y/o
reformar. Seguidamente y como ya expresáramos, el punto de
partida esencial y principal, son las personas que integran
la
organización policial, y preponderantemente los actos
que éstos realizan dentro, y para la misma.
Contendrá además, un potenciado
vínculo asociativo, producto de la previsión de
mecanismos para las relaciones internas y ejecutados conforme a
una coordinación racional y sistemática.
Hablar del elemento finalista, sobre la base de lo dicho
precedentemente, quiere decir que las acciones llevadas a cabo en
la organización por el personal policial, están
dirigidas a la realización del propósito
fundamental de la misma, que en nuestro caso, es la Seguridad
Pública de los habitantes.
Las cuestiones de horizontalidad y distribución del trabajo, deben encontrarse
igualmente previstas, mediante la existencia de espacios
institucionales propicios para la especialización policial
como la existencia de una escala
jerárquica, y la necesaria subordinación de quienes
son los ejecutores del trabajo propiamente dicho para con
aquellos que constituyen el centro de coordinación o
vértice piramidal de la conducción; o dicho de otra
manera, entre los que operan de los que piensan. Debe verificarse
también, la debida aplicación de principios de
unicidad y uniformidad, característicos en toda
organización, sobre todo en las policiales, en el marco de
la correcta división del trabajo, evitándose
así, la sobrestructuración y clonación funcional.
En cuanto a la verticalidad como las cuestiones
inherentes a la responsabilidad, autoridad y jerarquía,
igualmente estarán comprendidas, al reconocerse
inequívocamente, un tipo de organización que
concilie la jerarquía de mando con la supervisión doble y múltiple, o
dicho de otra forma, de línea y staff, compatible y
aconsejada en virtud de la condición de compleja y formal
que tienen los sistemas policiales en general, permitiendo
cumplirse simultáneamente, con los aspectos relacionados a
la disciplina y
la autoridad pero con asesoramiento y supervisión, desde y
entre los diferentes niveles, y a través de canales
técnicos. En este mismo contexto, estará bien
determinado, el orden de prelación de los elementos que
componen la estructura del sistema policial, lo cual,
además de especificar los diferentes niveles de
responsabilidad de la conducción, cumple con la
verticalidad de la línea de la orden, en sentido
descendente de arriba hacia abajo y por ende, la consecuente
respuesta inversa, de abajo hacia arriba. Además, en cada
unidad orgánica determinada en todo anteproyecto, se
especificará su rango y misión, cumpliéndose
de esta manera con la doctrina tradicional del derecho y la
organización, en cuanto a la anterioridad del cargo al
funcionario que ha de ocuparlo y de todo aquello que la Ley
pretende que éste último, ejecute en su nombre.
Esto hace a la autoridad formal necesaria dentro de la
organización, para disponer el cumplimiento de todas las
acciones tendientes al logro de los fines policiales, y que se
complementará con la legislación vigente en materia
de personal.
Con relación a la función consultiva y
auxiliar, representada a través de los organismos de
staff, esto se cumplirá plenamente a la luz del tipo de
organización elegido. Efectivamente, dentro de la
estructura policial, quedarán establecidas
convenientemente dos áreas ocupadas respectivamente por la
consultoría y la auxiliaridad. En la
primera, se contemplan fundamentalmente, dos unidades
tradicionales para el asesoramiento de la conducción, y
con sus funciones bien delimitadas para la operatoria policial
como son, la jurídica y la técnica. En la segunda,
la auxiliaridad estará reconocida mediante la
determinación de unidades orgánicas
características para el cumplimiento de funciones como las
de Personal, Logística, Comunicaciones, Informática, Administración, Sanidad, etc, que
serán agrupadas convenientemente. Sin perjuicio de ello,
la génesis y espíritu de la norma legal que
formalice la estructura policial, obligará también
a todos los diferentes elementos especializados que integran la
organización del sistema policial, a aportar su cuota de
asesoramiento y auxiliaridad.
Un tema medular, es el control de gestión
interno que necesariamente debe existir en todas las estructuras
organizativas y funcionales democráticas, con su base
filosófica orientada a ese propósito y contando con
los mecanismos de sustento para la prevención, mediante la
detección, identificación y neutralización,
a través de actos ejecutivos, de cualquier
situación de carácter organizacional y/o
jurídica que condicione o posibilite el fracaso de la
labor operativa policial. En este sentido, todo anteproyecto
ofrecerá el espacio institucional interno, adecuado para
cumplir con este ineludible requisito de toda buena
administración, sin perjuicio de otros sistemas estatales
provinciales, previstos para el acceso externo y fluido, hacia la
organización policial, con propósitos
similares.
De corolario, todo futuro sistema policial, dentro de
uno mayor que es el de la Seguridad Ciudadana, cumplirá
con las exigencias y formalidades técnicas, inherentes a
una organización administrativa democrática,
permitiendo una correcta operatoria en un Estado de Derecho,
tanto en lo interno, externo, discrecional, como del control de
gestión.
No falta quienes, por interés,
utilitarismo, desconocimiento o convicción, confunden al
sistema de organización policial mixto como perteneciente
a un militarismo perjudicial, lo cual es incorrecto, pues si bien
se reconocen aspectos tradicionales de clara doctrina militar, de
ninguna manera debe tildárselo de inadecuado o
antidemocrático, y si está aplicado a pleno, se
concilian perfectamente todos los aspectos relacionados con el
ejercicio libre de la profesión policial en materia de
protección ciudadana, a la vez que aportando conocimientos
especializados, originalidad y creatividad
para el asesoramiento de los diferentes elementos con tareas
operativas, sobre la mejor manera de llevarlas a cabo y en un
ámbito donde debe existir necesariamente, la unidad de
mando, la autoridad, la disciplina y la estabilidad. Estamos
convencidos que coadyuvará a la generación de una
democrática cultura policial sustentable, y con esto
lamentamos muchísimo alarmar a quienes
inequívocamente confunden autoridad y disciplina, con
autoritarismo o militarismo perjudicial; únicamente
pretendemos que aprendan sobre instituciones policiales. Si
durante mucho tiempo, gracias al Modelo Policial imperante,
autoridad más obediencia haya sido igual a delito e
impunidad, gracias a los intereses inconfesables de unos pocos,
felizmente muy pocos; no podemos ni debemos permitirlo más
y decir basta. Las instituciones como dijimos, no son las
corruptas sino los hombres; obediencia más autoridad, a
los fines del trabajo policial, no son malas palabras sino
condiciones de ética
profesional que conllevan a la protección de la vida
de las personas. En este mismo contexto, desde un punto de vista
académico y teórico, el sistema de
organización mixto, por sí solo, no implica un
perverso militarismo; a esta ideología, lo llevaron
aquellos funcionarios, partidarios del Modelo Hegemónico,
que por otra parte, les resultaba altamente beneficioso en lo
personal. De igual forma, tampoco lo estrictamente militar
implica militarismo perjudicial o totalitarismo, sino que son los
hombres que la dirigen, que promueven prácticas
antidemocráticas; aunque no obstante ello, sea incorrecto
y nada ideal su aplicación en las agencias policiales,
pues lo militar es de génesis diferente a lo
policial.
Podemos avanzar un poco más, considerando que
toda agencia policial, debajo de su nivel más alto de
conducción (Jefe policial de carrera), necesariamente
conformará su Plana Mayor, en función de
mínimos organismos superiores para atender integralmente
las áreas de: Prevención del Delito y
Protección Ciudadana, Planificación, Control de
Gestión y Opinión
Pública. La primera, dedicada a lo explicitado en su
misma denominación y es la que desarrollará el
trabajo operativo proyectado para la tutela de la comunidad. La
segunda, fijará la más amplia doctrina
institucional en función de las políticas de
seguridad formuladas por la autoridad de gobierno. La tercera,
dedicada a detectar, corregir y/o neutralizar situaciones
psicosociales conflictivas y/o delictivas dentro de la
organización, y la cuarta, con incumbencias en las
relaciones con la comunidad en el concepto más amplio
posible, desde la publicidad de los
actos institucionales para conocimiento
de la población, hasta responder concretamente a la
necesidad que ésta, participe e interactúe en la
formulación de propuestas públicas para su propia
seguridad. Algunos ordenamientos jurídicos, determinan
funciones judiciales a la Policía, en consecuencia, nada
impide que sean intercalados los estamentos necesarios para el
cometido. Por otra parte, este esquema general, debe
desarrollarse convenientemente, estableciéndose los
mecanismos de comunicación y coordinación para
responder al sistema de prevención elegido.
Otro eje fundamental en todo proceso de reforma, lo
constituye la determinación de una Carrera Policial que
haga posible y sea el soporte académico-profesional de esa
transformación cultural.
En cuanto a su ubicación en el espectro
gubernamental, entendemos que debe poseer la vinculación
más directa posible con el poder político, evitando
innecesarias intermediaciones y con ello, no aportamos nada nuevo
al reconocer que toda agencia policial por su devenir,
características, amplitud y calidad de su misión,
debe conformar un organismo con rango de Secretaría de
Estado.
Los funcionarios designados para la conducción de
una nueva Policía, serán funcionarios de carrera,
exhaustivamente seleccionados, exigiéndoles la idoneidad y
el
conocimiento suficientes para ocupar sus cargos en cuanto a
la función y tareas a desarrollar; lo cual quiere decir
que además de la autoridad formal, posean autoridad
técnica o moral, evitando lamentables improvisaciones a
expensas de los contribuyentes, quienes tendrían que
subvencionar a funcionarios con notable desconocimiento sobre
como brindarles seguridad y protección, o que
éstos, pretendan aprender o llevar a cabo un postgrado
académico desde tales cargos, para todo caso no es posible
permitir que se ¨aprenda sobre la marcha¨. En este mismo
contexto, la estructura determinará el mecanismo de
relación con los funcionarios policiales en
situación de retiro, a los fines de mantenerlos informados
sobre el devenir institucional, como si es voluntad de
éstos, y salvo que expresamente no estuviera normado en
los respectivos regímenes locales de personal, se
constituyan de manera individual o grupal, en fuentes
permanentes de asesoramiento integral.
La Inteligencia Policial, está convocada a
desarrollar un papel de
significativa importancia en la determinación de la
realidad criminológica del ámbito de
responsabilidad territorial donde se ejerza la misión
policial. Debe trabajar también, en la
investigación criminal mediante la reunión y
análisis de toda la información correspondiente, a las
sucesivas etapas del ¨iter criminis¨, preponderando las
predelictuales, y consecuentemente la postdelictual. Así
también conocer al oponente, determinar su modo de operar
para adelantarse a sus acciones y neutralizarlo. Su
producción laboral,
tendrá incidencia directa en el despliegue operativo y
metodológico policial con el propósito de lograr
una saturación de verdaderos y potenciales objetivos para
la delincuencia, accionando para evitar su proliferación,
adelantándose a la comisión del delito y/o
neutralizar su producción.
Pero la falta de ésta, conlleva, en el mejor de
los casos, a un trabajo improvisado y a ciegas, realizando una
saturación indiscriminada y desesperada de objetivos, que
torna insostenible todo esquema de prevención por lo
costoso y desgastador; y además, sin incidencia en la
disminución del accionar de la delincuencia la cual, en
contraposición, aumenta.
En suma, la Inteligencia Policial conciliará la
teoría
repetitiva del delito, conformando un mapa criminal que
ubicará en tiempo y espacio al delito como su
desplazamiento histórico con la teoría
del raciocinio delictual, considerando entonces la posibilidad de
la planificación criminal por parte del sujeto que aporta
con ello una situación imponderable.
La cuestión financiera es de suma importancia.
Todo sistema policial en el marco del más amplio sistema
integrado de seguridad, es caro y no admite regateos. Así
como en un hospital, resulta inadmisible la falta de un
médico o un medidor de presión
para la atención de la salud de la población; una
dependencia policial jamás puede carecer de personal,
patrulleros o insumos para la protección comunitaria. Un
despliegue policial requiere de funcionarios policiales a los que
hay que pagar y bien, como de sistemas logísticos que
comprendan recursos materiales suficientes para evitar toda
posibilidad de improvisación o corrupción. Por
ello, la asignación como la distribución de estas finanzas, requiere de
un alto grado de profesionalidad y responsabilidad (por ello, los
elementos de staff en su organización) como del control de
gestión.
El propósito fundamental de toda
Institución Policial en cualquier región del mundo,
sin perjuicio de la legislación vigente de cada
país, es la Aplicación de la Ley.
Esta importantísima frase que sintetiza la
expresión más pura de la juridicidad, mediante la
realización de deseos, esperanzas y expectativas de cada
Sociedad a través de su Contrato Social,
debería ser concluyente y determinante, sin ser necesario
mayor abundamiento o explicación.
Empero, la historia nos demuestra, en
la generalidad y muy especialmente en la particularidad de
nuestro país, que las fuerzas policiales se han visto
envueltas en situaciones altamente comprometidas con una franca
violación a los derechos humanos de la propia comunidad a
la cual pertenecen y sirven, sembrando una dudosa
constitucionalidad en su cotidiano quehacer laboral y poniendo en
tela de juicio su profesionalidad a la vez que provocar un alto
cuestionamiento y reproche político y social.
Independientemente y más allá de una
evaluación mucho mas profunda sobre el
comportamiento
de la Institución Policial en su Comunidad, en el marco
del ordenamiento jurídico local, sus integrantes tienen
una tradición y cultura de "Cumplimiento de la Orden". Esa
Orden, escrita o verbal, la emana un Superior quien ejerce una
influencia inmediata y paradigmática, mucho más
fuerte y coercitiva que la letra misma de la Ley.
Es importante entonces que la Orden Policial sea a su
vez la expresión más pura de la Ley. Y que esta
Ley, sea la mejor posible.
Entonces, debemos formar personas para una cultura
democrática pues así tendremos policías con
cultura democrática a quienes se capacitará en lo
específico de la misión a cumplir para que sus
órdenes guarden el espíritu de la Ley a la vez que
interpretar rápidamente aquellas que guardan rasgos
ilegales como también ilegítimos.
Pero esta formación debe corresponderse
también con la situación que se plantea en los
regímenes policiales; por un lado la no
deliberación, es decir no deliberar en cuanto al apego,
respeto y cumplimiento de la Ley, pero por el otro, mostrar
nuestra condición de profesionales que nos obliga a
repasar su letra y verificar en el plano institucional la
posibilidad de que su aplicación, pueda implicar
injusticias o consecuencias graves que escapan a su marco
tutelar.
La Policía entonces está obligada a
responder ante estas situaciones por los canales establecidos
porque de esta manera responderá a su compromiso con el
orden democrático. Vale aclarar que no es nuestra
misión proponer leyes, eso es
inequívoco de la Legislatura quien detenta el "poder de
policía" pero sí, su repaso y alertar sobre
consecuencias injustas que su aplicación pueda
ocasionar.
Vean como la selección de personas para ser
Policías como su capacitación y formación
para la función y el seguimiento personal, revisten
carácter de excelencia. Por que cada policía
formado y egresado de los correspondientes institutos, es quien
deberá discernir en el aquí y ahora de una calle
cualesquiera de nuestra Patria, virtud a mérito,
oportunidad y conveniencia y con la autoridad que emana de la Ley
qué conducta adoptar
frente a determinada situación en la que esté
involucrado un cohabitante, incluyendo la factibilidad de
regular sus derechos constitucionales.
Es por ello que tratándose de Agencias Policiales
no sería inadecuado hablar de Aplicación de la
Ley para los Derechos Humanos con lo cual
sentenciaríamos que ninguna Policía como alguno de
sus integrantes, pretenda ubicarse por encima o más
allá de la Ley.
La Institución Policial o alguno de sus
integrantes que sustente una cultura que importe Aplicar la Ley a
expensas de la comisión de algunos delitos, en realidad
además de no estar aplicándola, la está
violando mediante la adopción
de conductas ilícitas o mafiosas.
Dicho esto, debemos reconocer a la Institución
Policial como la Defensora Oficial de los Derechos Humanos de los
habitantes de su Comunidad y consecuentemente llevar a cabo todas
las acciones orientadas a la generación de una nueva
cultura donde Aplicar la Ley por parte de la Policía sea
ni más ni menos la respuesta a una estrategia y
tácticas de respecto a los Derechos Humanos. Si no fuera
así, tendríamos cualquier cuerpo, formación
o banda, pero nunca una Policía.
Para ello y como dijimos, es imprescindible generar una
nueva cultura policial, es decir un cambio filosófico que
se traduzca en mentalidad y metodología diferentes, donde
el habitante se sienta protegido como regla general y no como
suceso extraordinario.
Pero además, Aplicar la Ley en el marco de
respeto y protección de los Derechos Humanos, es
también velar por las condiciones de seguridad e higiene en el
trabajo donde cada funcionario policial se sienta plenamente
protegido por el Estado en su condición de tal.
Esto significa entonces, el inexcusable compromiso
estatal de sustentar en adelante una conducta policial
de transparente constitucionalidad y de protección laboral
de sus trabajadores.
Cheves, Raúl Marcelo; "Policía en naciones Unidas
II", Segunda Edición Actualizada (2000)
Raúl Marcelo Cheves