Pacto de San José de Costa Rica

San José, Costa Rica 7 al
22 de noviembre de 1969

2. Deberes de los Estados y
   Derechos protegidos
3. Derechos civiles y
   políticos
4. Derechos económicos,
   sociales y culturales
5. Suspensión de
   garantías, interpretación y
   aplicación
6. Deberes de las
   personas
7. Medios de la
   protección
8. La Comisión
   Interamericana de Derechos Humanos
9. La Corte Interamericana de
   Derechos Humanos
10. Disposiciones
    comunes
11. Disposiciones generales y
    transitorias

PREAMBULO

Los Estados Americanos signatarios de la presente
Convención,

Reafirmando su propósito de consolidar en este
Continente, dentro del cuadro de las instituciones
democráticas, un régimen de libertad
personal y de
justicia
social, fundado en el respeto de los
derechos
esenciales del hombre;

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no
nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino
que tienen como fundamento los atributos de la persona humana,
razón por la cual justifican una protección
internacional, de naturaleza
convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el
derecho interno de los Estados americanos;

Considerando que estos principios han
sido consagrados en la Carta de
la
Organización de los Estados Americanos, en la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos
internacionales, tanto de ámbito universal como
regional;

Reiterando que, con arreglo a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos,
sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre,
exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que
permitan a cada persona gozar de
sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como
de sus derechos civiles y políticos, y

Considerando que la Tercera Conferencia
Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires,
1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la
Organización de normas más
amplias sobre derechos económicos, sociales y
educacionales y resolvió que una convención
interamericana sobre derechos humanos determinara la estructura,
competencia y
procedimiento
de los órganos encargados de esa materia,

Han convenido en lo siguiente:

PARTE I –

DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS
PROTEGIDOS

CAPITULO I – ENUMERACION DE
DEBERES

Artículo 1. Obligación de Respetar
los Derechos

2. Los Estados Partes en esta Convención se
   comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en
   ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona
   que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de
   raza, color, sexo,
   idioma, religión, opiniones
   políticas o de cualquier otra
   índole, origen nacional o social, posición
   económica, nacimiento o cualquier otra condición
   social.
3. Para los efectos de esta Convención, persona
   es todo ser humano.

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones
de Derecho Interno.

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados
en el artículo 1 no estuviere ya
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter,
los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus
procedimientos
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención,
las medidas legislativas o de otro carácter
que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y
libertades.

CAPITULO II

DERECHOS CIVILES Y POLITICOS

Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de
la
Personalidad Jurídica

Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su
personalidad
jurídica.

Artículo 4. Derecho a la Vida

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.
   Este derecho estará protegido por la ley y, en
   general, a partir del momento de la concepción. Nadie
   puede ser privado de la vida arbitrariamente.
2. En los países que no han abolido la pena de
   muerte, ésta sólo podrá imponerse por
   los delitos
   más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de
   tribunal competente y de conformidad con una ley que
   establezca tal pena, dictada con anterioridad a la
   comisión del delito.
   Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a
   los cuales no se la aplique actualmente.
3. No se restablecerá la pena de muerte en
   los Estados que la han abolido.
4. En ningún caso se puede aplicar la pena de
   muerte por delitos políticos ni comunes conexos con
   los políticos.
5. No se impondrá la pena de muerte a
   personas que, en el momento de la comisión del delito,
   tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de
   setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de
   gravidez.
6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a
   solicitar la amnistía, el indulto o la
   conmutación de la pena, los cuales podrán ser
   concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de
   muerte mientras la solicitud esté pendiente de
   decisión ante autoridad
   competente.

Artículo 5. Derecho a la Integridad
Personal

2. Toda persona tiene derecho a que se respete su
   integridad física,
   psíquica y moral.
3. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o
   tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada
   de libertad
   será tratada con el respeto
   debido a la dignidad inherente al ser humano.
4. La pena no puede trascender de la persona del
   delincuente.
5. Los procesados deben estar separados de los
   condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y
   serán sometidos a un tratamiento adecuado a su
   condición de personas no condenadas.
6. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser
   separados de los adultos y llevados ante tribunales
   especializados, con la mayor celeridad posible, para su
   tratamiento.
7. Las penas privativas de la libertad tendrán
   como finalidad esencial la reforma y la readaptación
   social de los condenados.

Artículo 6. Prohibición de la
Esclavitud y
Servidumbre

2. Nadie puede ser sometido a esclavitud o
   servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos y
   la trata de mujeres están prohibidas en todas sus
   formas.
3. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un
   trabajo forzoso u obligatorio. En los países donde
   ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la
   libertad acompañada de trabajos forzosos, esta
   disposición no podrá ser interpretada en el
   sentido de que prohibe el cumplimiento de dicha pena impuesta
   por juez o tribunal competente. El trabajo
   forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad
   física e
   intelectual del recluido.
4. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para
   los efectos de este artículo:

1. los trabajos o servicios
   que se exijan normalmente de una persona recluida en
   cumplimiento de una sentencia o resolución formal
   dictada por la autoridad
   judicial competente. Tales trabajos o servicios
   deberán realizarse bajo la vigilancia y control de
   las autoridades públicas, y los individuos que los
   efectúen no serán puestos a disposición de
   particulares, compañías o personas
   jurídicas de carácter privado;
2. el servicio
   militar y, en los países donde se admite exención
   por razones de conciencia,
   el servicio
   nacional que la ley establezca en lugar de
   aquél;
3. el servicio impuesto en
   casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el
   bienestar de la comunidad,
   y
4. el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones
   cívicas normales.

Artículo 7. Derecho a la Libertad
Personal

2. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la
   seguridad
   personales.
3. Nadie puede ser privado de su libertad física,
   salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano
   por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las
   leyes dictadas
   conforme a ellas.
4. Nadie puede ser sometido a detención o
   encarcelamiento arbitrarios.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser informada
   de las razones de su detención y notificada, sin demora,
   del cargo o cargos formulados contra ella.
6. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada,
   sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la
   ley para ejercer funciones
   judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un
   plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de
   que continúe el proceso. Su
   libertad podrá estar condicionada a garantías que
   aseguren su comparecencia en el juicio.
7. Toda persona privada de libertad tiene derecho a
   recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que
   éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su
   arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o
   la detención fueran ilegales. En los Estados Partes
   cuyas leyes
   prevén que toda persona que se viera amenazada de ser
   privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o
   tribunal competente a fin de que éste decida sobre la
   legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser
   restringido ni abolido. Los recursos
   podrán interponerse por sí o por otra
   persona.
8. Nadie será detenido por deudas. Este principio
   no limita los mandatos de autoridad judicial competente
   dictados por incumplimientos de deberes
   alimentarios.

Artículo 8. Garantías
Judiciales

2. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las
   debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un
   juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
   establecido con anterioridad por la ley, en la
   sustanciación de cualquier acusación penal
   formulada contra ella, o para la determinación de sus
   derechos y obligaciones
   de orden civil, laboral,
   fiscal o de
   cualquier otro carácter.
3. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que
   se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su
   culpabilidad. Durante el proceso,
   toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a
   las siguientes garantías mínimas:

2. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente
   por el traductor o intérprete, si no comprende o no
   habla el idioma del juzgado o tribunal;
3. comunicación previa y detallada al inculpado
   de la acusación formulada;
4. concesión al inculpado del tiempo y de los
   medios
   adecuados para la preparación de su defensa;
5. derecho del inculpado de defenderse personalmente o
   de ser asistido por un defensor de su elección y de
   comunicarse libre y privadamente con su defensor;
6. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor
   proporcionado por el Estado,
   remunerado o no según la legislación interna, si
   el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare
   defensor dentro del plazo establecido por la ley;
7. derecho de la defensa de interrogar a los testigos
   presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como
   testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar
   luz sobre los
   hechos;
8. derecho a no ser obligado a declarar contra sí
   mismo ni a declararse culpable, y
9. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal
   superior.

1. La confesión del inculpado solamente es
   válida si es hecha sin coacción de ninguna
   naturaleza.
2. El inculpado absuelto por una sentencia firme no
   podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos
   hechos.
3. El proceso penal debe ser público, salvo en lo
   que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.

Artículo 9. Principio de Legalidad y de
Retroactividad

Nadie puede ser condenado por acciones u
omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos
según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena
más grave que la aplicable en el momento de la
comisión del delito. Si con posterioridad a la
comisión del delito la ley dispone la imposición de
una pena más leve, el delincuente se beneficiará de
ello.

Artículo 10. Derecho a
Indemnización

Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a
la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por
error judicial.

Artículo 11. Protección de la Honra
y de la Dignidad

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y
   al reconocimiento de su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o
   abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su
   domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su
   honra o reputación.
3. Toda persona tiene derecho a la protección de
   la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Artículo 12. Libertad de Conciencia y de
Religión

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de
   conciencia y de religión. Este derecho implica la
   libertad de conservar su religión o sus creencias, o de
   cambiar de religión o de creencias, así como la
   libertad de profesar y divulgar su religión o sus
   creencias, individual o colectivamente, tanto en público
   como en privado.
3. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que
   puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o
   sus creencias o de cambiar de religión o de
   creencias.
4. La libertad de manifestar la propia religión y
   las propias creencias está sujeta únicamente a
   las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias
   para proteger la seguridad,
   el orden, la salud o la moral
   públicos o los derechos o libertades de los
   demás.
5. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho
   a que sus hijos o pupilos reciban la
   educación religiosa y moral que
   esté de acuerdo con sus propias
   convicciones.

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y
de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento
   y de expresión. Este derecho comprende la libertad de
   buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda
   índole, sin consideración de fronteras, ya sea
   oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o
   por cualquier otro procedimiento
   de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso
   precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a
   responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente
   fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

2. el respeto a los derechos o a la reputación de
   los demás, o
3. la protección de la seguridad nacional, el
   orden público o la salud o la moral
   públicas.

2. No se puede restringir el derecho de expresión
   por vías o medios
   indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o
   particulares de papel para
   periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de
   enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros
   medios encaminados a impedir la
   comunicación y la circulación de ideas y
   opiniones.
3. Los espectáculos públicos pueden ser
   sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto
   de regular el acceso a ellos para la protección moral de
   la infancia y
   la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en
   el inciso 2.
4. Estará prohibida por la ley toda propaganda
   en favor de la guerra y
   toda apología del odio nacional, racial o religioso que
   constituyan incitaciones a la violencia o
   cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier
   persona o grupo de
   personas, por ningún motivo, inclusive los de raza,
   color,
   religión, idioma u origen nacional.

Artículo 14. Derecho de
Rectificación o Respuesta

2. Toda persona afectada por informaciones inexactas o
   agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios
   de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al
   público en general, tiene derecho a efectuar por el
   mismo órgano de difusión su rectificación
   o respuesta en las condiciones que establezca la
   ley.
3. En ningún caso la rectificación o la
   respuesta eximirán de las otras responsabilidades
   legales en que se hubiese incurrido.
4. Para la efectiva protección de la honra y la
   reputación, toda publicación o empresa
   periodística, cinematográfica, de radio o
   televisión tendrá una persona
   responsable que no esté protegida por inmunidades ni
   disponga de fuero especial.

Artículo 15. Derecho de
Reunión

Se reconoce el derecho de reunión pacífica
y sin armas. El
ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las
restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una
sociedad
democrática, en interés de
la seguridad nacional, de la seguridad o del orden
públicos, o para proteger la salud o la moral
públicas o los derechos o libertades de los
demás.

Artículo 16. Libertad de
Asociación

2. Todas las personas tienen derecho a asociarse
   libremente con fines ideológicos, religiosos,
   políticos, económicos, laborales, sociales,
   culturales, deportivos o de cualquiera otra
   índole.
3. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar
   sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean
   necesarias en una sociedad
   democrática, en interés
   de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden
   públicos, o para proteger la salud o la moral
   públicas o los derechos y libertades de los
   demás.
4. Lo dispuesto en este artículo no impide la
   imposición de restricciones legales, y aun la
   privación del ejercicio del derecho de
   asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de
   la policía.

Artículo 17. Protección a la
Familia

2. La familia es el
   elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser
   protegida por la sociedad y el
   Estado.
3. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a
   contraer matrimonio y a
   fundar una familia si tienen la edad y las condiciones
   requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en
   que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta
   Convención.
4. El matrimonio no
   puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los
   contrayentes.
5. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas
   para asegurar la igualdad de
   derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los
   cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio
   y en caso de disolución del mismo. En caso de
   disolución, se adoptarán disposiciones que
   aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la
   base única del interés y conveniencia de
   ellos.
6. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los
   hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del
   mismo.

Artículo 18. Derecho al Nombre

Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los
apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley
reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos,
mediante nombres supuestos, si fuere necesario.

Artículo 19. Derechos del
Niño

Todo niño tiene derecho a las medidas de
protección que su condición de menor requieren por
parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

Artículo 20. Derecho a la
Nacionalidad

1. Toda persona tiene derecho a una
   nacionalidad.
2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del
   Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a
   otra.
3. A nadie se privará arbitrariamente de su
   nacionalidad ni del derecho a cambiarla.

Artículo 21. Derecho a la Propiedad
Privada

2. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus
   bienes. La
   ley puede subordinar tal uso y goce al interés
   social.
3. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes,
   excepto mediante el pago de indemnización justa, por
   razones de utilidad
   pública o de interés social y en los casos y
   según las formas establecidas por la ley.
4. Tanto la usura como cualquier otra forma de
   explotación del hombre por el hombre,
   deben ser prohibidas por la ley.

Artículo 22. Derecho de Circulación
y de Residencia

2. Toda persona que se halle legalmente en el territorio
   de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir
   en él con sujeción a las disposiciones
   legales.
3. Toda persona tiene derecho a salir libremente de
   cualquier país, inclusive del propio.
4. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser
   restringido sino en virtud de una ley, en la medida
   indispensable en una sociedad democrática, para prevenir
   infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la
   seguridad o el orden públicos, la moral o la salud
   públicas o los derechos y libertades de los
   demás.
5. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso
   1 puede asimismo ser restringido por la ley, en zonas
   determinadas, por razones de interés
   público.
6. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado
   del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en
   el mismo.
7. El extranjero que se halle legalmente en el
   territorio de un Estado parte en la presente Convención,
   sólo podrá ser expulsado de él en
   cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la
   ley.
8. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir
   asilo en territorio extranjero en caso de persecución
   por delitos políticos o comunes conexos con los
   políticos y de acuerdo con la
   legislación de cada Estado y los convenios
   internacionales.
9. En ningún caso el extranjero puede ser
   expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen,
   donde su derecho a la vida o a la libertad personal está
   en riesgo de
   violación a causa de raza, nacionalidad,
   religión, condición social o de sus opiniones
   políticas.
10. Es prohibida la expulsión colectiva de
    extranjeros.

Artículo 23. Derechos
Políticos

2. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes
   derechos y oportunidades:

2. de participar en la dirección de los asuntos
   públicos, directamente o por medio de representantes
   libremente elegidos;
3. de votar y ser elegidos en elecciones
   periódicas auténticas, realizadas por sufragio
   universal e igual y por voto secreto que garantice la libre
   expresión de la voluntad de los electores,
   y
4. de tener acceso, en condiciones generales de
   igualdad, a las funciones
   públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos
   y oportunidades a que se refiere el inciso anterior,
   exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia,
   idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o
   condena, por juez competente, en proceso penal.

Artículo 24. Igualdad ante la
Ley

Todas las personas son iguales ante la ley. En
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual
protección de la ley.

Artículo 25. Protección
Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y
   rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los
   jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que
   violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente
   Convención, aun cuando tal violación sea cometida
   por personas que actúen en ejercicio de sus funciones
   oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen:

2. a garantizar que la autoridad competente prevista por
   el sistema legal
   del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona
   que interponga tal recurso;
3. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial,
   y
4. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades
   competentes, de toda decisión en que se haya estimado
   procedente el recurso.

CAPITULO III

DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES

Artículo 26. Desarrollo
Progresivo

Los Estados Partes se comprometen a adoptar
providencias, tanto a nivel interno como mediante la
cooperación internacional, especialmente económica
y técnica, para lograr progresivamente la plena
efectividad de los derechos que se derivan de las normas
económicas, sociales y sobre educación, ciencia y
cultura,
contenidas en la Carta de
la
Organización de los Estados Americanos, reformada por
el Protocolo de
Buenos Aires,
en la medida de los recursos
disponibles, por vía legislativa u otros medios
apropiados.

CAPITULO IV
SUSPENSION DE GARANTIAS,
INTERPRETACION Y APLICACIÓN

Artículo 27. Suspensión de
Garantías

2. En caso de guerra, de
   peligro público o de otra emergencia que amenace la
   independencia o seguridad del Estado parte,
   éste podrá adoptar disposiciones que, en la
   medida y por el tiempo
   estrictamente limitados a las exigencias de la
   situación, suspendan las obligaciones contraídas
   en virtud de esta Convención, siempre que tales
   disposiciones no sean incompatibles con las demás
   obligaciones que les impone el derecho
   internacional y no entrañen discriminación
   alguna fundada en motivos de raza, color, sexo,
   idioma, religión u origen social.
3. La disposición precedente no autoriza la
   suspensión de los derechos determinados en los
   siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de
   la
   Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5
   (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la
   Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de
   Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de
   Religión); 17 (Protección a la Familia);
   18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del
   Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23
   (Derechos Políticos), ni de las garantías
   judiciales indispensables para la protección de tales
   derechos.
4. Todo Estado parte que haga uso del derecho de
   suspensión deberá informar inmediatamente a los
   demás Estados Partes en la presente Convención,
   por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos,
   de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de
   los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la
   fecha en que haya dado por terminada tal
   suspensión.

Artículo 28. Cláusula
Federal

2. Cuando se trate de un Estado parte constituido como
   Estado Federal, el gobierno
   nacional de dicho Estado parte cumplirá todas las
   disposiciones de la presente Convención relacionadas con
   las materias sobre las que ejerce jurisdicción
   legislativa y judicial.
3. Con respecto a las disposiciones relativas a las
   materias que corresponden a la jurisdicción de las
   entidades componentes de la federación, el gobierno
   nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes,
   conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que
   las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar
   las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta
   Convención.
4. Cuando dos o más Estados Partes acuerden
   integrar entre sí una federación u otra clase de
   asociación, cuidarán de que el pacto comunitario
   correspondiente contenga las disposiciones necesarias para que
   continúen haciéndose efectivas en el nuevo Estado
   así organizado, las normas de la presente
   Convención.

Artículo 29. Normas de
Interpretación

Ninguna disposición de la presente
Convención puede ser interpretada en el sentido
de:

1. permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o
   persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y
   libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en
   mayor medida que la prevista en ella;
2. limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o
   libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de
   cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra
   convención en que sea parte uno de dichos
   Estados;
3. excluir otros derechos y garantías que son
   inherentes al ser humano o que se derivan de la forma
   democrática representativa de gobierno, y
4. excluir o limitar el efecto que puedan producir la
   Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y
   otros actos internacionales de la misma naturaleza.

Artículo 30. Alcance de las
Restricciones

Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta
Convención, al goce y ejercicio de los derechos y
libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino
conforme a leyes que se dictaren por razones de interés
general y con el propósito para el cual han sido
establecidas.

Artículo 31. Reconocimiento de Otros
Derechos

Podrán ser incluidos en el régimen de
protección de esta Convención otros derechos y
libertades que sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos
establecidos en los artículos 76 y 77.

CAPITULO V
DEBERES DE LAS
PERSONAS

Artículo 32. Correlación entre
Deberes y Derechos

2. Toda persona tiene deberes para con la familia, la
   comunidad y
   la humanidad.
3. Los derechos de cada persona están limitados
   por los derechos de los demás, por la seguridad de todos
   y por las justas exigencias del bien común, en una
   sociedad democrática.

PARTE
II – MEDIOS DE LA PROTECCION

CAPITULO VI – DE LOS ORGANOS
COMPETENTES

Artículo 33

Son competentes para conocer de los asuntos relacionados
con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los
Estados Partes en esta Convención:

2. la Comisión Interamericana de Derechos
   Humanos, llamada en adelante la Comisión, y
3. la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada
   en adelante la Corte.

CAPITULO VII

LA COMISION INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS

Sección 1.
Organización

Artículo 34

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se
compondrá de siete miembros, que deberán ser
personas de alta autoridad moral y reconocida versación en
materia de
derechos humanos.

Artículo 35

La Comisión representa a todos los miembros que
integran la Organización de los Estados
Americanos.

Artículo 36

1. Los Miembros de la Comisión serán
   elegidos a título personal por la Asamblea General de la
   Organización de una lista de candidatos propuestos por
   los gobiernos de los Estados miembros.
2. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta
   tres candidatos, nacionales del Estado que los proponga o de
   cualquier otro Estado miembro de la Organización de los
   Estados Americanos. Cuando se proponga una terna, por lo menos
   uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado
   distinto del proponente.

Artículo 37

2. Los miembros de la Comisión serán
   elegidos por cuatro años y sólo podrán ser
   reelegidos una vez, pero el mandato de tres de los miembros
   designados en la primera elección expirará al
   cabo de dos años. Inmediatamente después de dicha
   elección se determinarán por sorteo en la
   Asamblea General los nombres de estos tres
   miembros.
3. No puede formar parte de la Comisión
   más de un nacional de un mismo Estado.

Artículo 38

Las vacantes que ocurrieren en la Comisión, que
no se deban a expiración normal del mandato, se
llenarán por el Consejo Permanente de la
Organización de acuerdo con lo que disponga el Estatuto de
la Comisión.

Artículo 39

La Comisión preparará su Estatuto, lo
someterá a la aprobación de la Asamblea General, y
dictará su propio Reglamento.

Artículo 40

Los servicios de Secretaría de la Comisión
deben ser desempeñados por la unidad funcional
especializada que forma parte de la Secretaría General de
la Organización y debe disponer de los recursos necesarios
para cumplir las tareas que le sean encomendadas por la
Comisión.

Sección 2.
Funciones

Artículo 41

La Comisión tiene la función
principal de promover la observancia y la defensa de los derechos
humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes
funciones y atribuciones:

2. estimular la conciencia de los derechos humanos en
   los pueblos de América;
3. formular recomendaciones, cuando lo estime
   conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que
   adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos
   dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos
   constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para
   fomentar el debido respeto a esos derechos;
4. preparar los estudios e informes que
   considere convenientes para el desempeño de sus funciones;
5. solicitar de los gobiernos de los Estados miembros
   que le proporcionen informes
   sobre las medidas que adopten en materia de derechos
   humanos;
6. atender las consultas que, por medio de la
   Secretaría General de la Organización de los
   Estados Americanos, le formulen los Estados miembros en
   cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de
   sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que
   éstos le soliciten;
7. actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de
   conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51
   de esta Convención, y
8. rendir un informe
   anual a la Asamblea General de la Organización de los
   Estados Americanos.

Artículo 42

Los Estados Partes deben remitir a la Comisión
copia de los informes y estudios que en sus respectivos campos
someten anualmente a las Comisiones Ejecutivas del Consejo
Interamericano Económico y Social y del Consejo
Interamericano para la Educación,
la Ciencia y
la Cultura, a fin
de que aquella vele porque se promuevan los derechos derivados de
las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y
cultura, contenidas en la Carta de la
Organización de los Estados Americanos, reformada por el
Protocolo de
Buenos Aires.

Artículo 43

Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la
Comisión las informaciones que ésta les solicite
sobre la manera en que su derecho interno asegura la
aplicación efectiva de cualesquiera
disposiciones de esta Convención.

Sección 3.
Competencia

Artículo 44

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no
gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados
miembros de la Organización, puede presentar a la
Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de
violación de esta Convención por un Estado
parte.

Artículo 45

2. Todo Estado parte puede, en el momento del
   depósito de su instrumento de ratificación o
   adhesión de esta Convención, o en cualquier
   momento posterior, declarar que reconoce la competencia de
   la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que
   otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos
   humanos establecidos en esta Convención.
3. Las comunicaciones hechas en virtud del presente
   artículo sólo se pueden admitir y examinar si son
   presentadas por un Estado parte que haya hecho una
   declaración por la cual reconozca la referida
   competencia de la Comisión. La Comisión no
   admitirá ninguna comunicación contra un Estado parte que
   no haya hecho tal declaración.
4. Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia
   pueden hacerse para que ésta rija por tiempo indefinido,
   por un período determinado o para casos
   específicos.
5. Las declaraciones se depositarán en la
   Secretaría General de la Organización de los
   Estados Americanos, la que transmitirá copia de las
   mismas a los Estados miembros de dicha
   Organización.

Artículo 46

2. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los
   artículos 44 ó 45 sea admitida por la
   Comisión, se requerirá:

2. que se hayan interpuesto y agotado los recursos de
   jurisdicción interna, conforme a los principios
   del Derecho
   Internacional generalmente reconocidos;
3. que sea presentada dentro del plazo de seis meses,
   a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus
   derechos haya sido notificado de la decisión
   definitiva;
4. que la materia de la petición o
   comunicación no esté pendiente de otro
   procedimiento de arreglo internacional, y
5. que en el caso del artículo 44 la
   petición contenga el nombre, la nacionalidad, la
   profesión, el domicilio y la firma de la persona o
   personas o del representante legal de la entidad que somete
   la petición.

2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del
   presente artículo no se aplicarán
   cuando:

2. no exista en la legislación interna del
   Estado de que se trata el debido proceso legal para la
   protección del derecho o derechos que se alega han
   sido violados;
3. no se haya permitido al presunto lesionado en sus
   derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción
   interna, o haya sido impedido de agotarlos, y
4. haya retardo injustificado en la decisión
   sobre los mencionados recursos.

Artículo 47

La Comisión declarará inadmisible toda
petición o comunicación presentada de acuerdo con
los artículos 44 ó 45 cuando:

2. falte alguno de los requisitos indicados en el
   artículo 46;
3. no exponga hechos que caractericen una
   violación de los derechos garantizados por esta
   Convención;
4. resulte de la exposición del propio peticionario o
   del Estado manifiestamente infundada la petición o
   comunicación o sea evidente su total improcedencia,
   y
5. sea sustancialmente la reproducción de petición o
   comunicación anterior ya examinada por la
   Comisión u otro organismo internacional.

Sección 4.
Procedimiento

Artículo 48

2. La Comisión, al recibir una petición o
   comunicación en la que se alegue la violación de
   cualquiera de los derechos que consagra esta Convención,
   procederá en los siguientes términos:

2. si reconoce la admisibilidad de la petición
   o comunicación solicitará informaciones al
   Gobierno del Estado al cual pertenezca la autoridad
   señalada como responsable de la violación
   alegada, transcribiendo las partes pertinentes de la
   petición o comunicación. Dichas informaciones
   deben ser enviadas dentro de un plazo razonable, fijado por
   la Comisión al considerar las circunstancias de cada
   caso;
3. recibidas las informaciones o transcurrido el plazo
   fijado sin que sean recibidas, verificará si existen o
   subsisten los motivos de la petición o
   comunicación. De no existir o subsistir,
   mandará archivar el expediente;
4. podrá también declarar la
   inadmisibilidad o la improcedencia de la petición o
   comunicación, sobre la base de una información o prueba
   sobrevinientes;
5. si el expediente no se ha archivado y con el fin de
   comprobar los hechos, la Comisión realizará,
   con conocimiento de las partes, un examen del
   asunto planteado en la petición o comunicación.
   Si fuere necesario y conveniente, la Comisión
   realizará una investigación para cuyo eficaz
   cumplimiento solicitará, y los Estados interesados le
   proporcionarán, todas las facilidades
   necesarias;
6. podrá pedir a los Estados interesados
   cualquier información pertinente y recibirá, si
   así se le solicita, las exposiciones verbales o
   escritas que presenten los interesados;
7. se pondrá a disposición de las partes
   interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa
   del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos
   reconocidos en esta Convención.

2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede
   realizarse una investigación previo consentimiento del
   Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la
   violación, tan sólo con la presentación de
   una petición o comunicación que reúna
   todos los requisitos formales de admisibilidad.

Artículo 49

Si se ha llegado a una solución amistosa con
arreglo a las disposiciones del inciso 1.f. del artículo
48 la Comisión redactará un informe que
será transmitido al peticionario y a los Estados Partes en
esta Convención y comunicado después, para su
publicación, al Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos. Este informe
contendrá una breve exposición
de los hechos y de la solución lograda. Si cualquiera de
las partes en el caso lo solicitan, se les suministrará la
más amplia información posible.

Artículo 50

2. De no llegarse a una solución, y dentro del
   plazo que fije el Estatuto de la Comisión, ésta
   redactará un informe en el que expondrá los
   hechos y sus conclusiones. Si el informe no representa, en todo
   o en parte, la opinión unánime de los miembros de
   la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a
   dicho informe su opinión por separado. También se
   agregarán al informe las exposiciones verbales o
   escritas que hayan hecho los interesados en virtud del inciso
   1.e. del artículo 48.
3. El informe será transmitido a los Estados
   interesados, quienes no estarán facultados para
   publicarlo.
4. Al transmitir el informe, la Comisión puede
   formular las proposiciones y recomendaciones que juzgue
   adecuadas.

Artículo 51

2. Si en el plazo de tres meses, a partir de la
   remisión a los Estados interesados del informe de la
   Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a
   la decisión de la Corte por la Comisión o por el
   Estado interesado, aceptando su competencia, la Comisión
   podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de
   sus miembros, su opinión y conclusiones sobre la
   cuestión sometida a su consideración.
3. La Comisión hará las recomendaciones
   pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado
   debe tomar las medidas que le competan para remediar la
   situación examinada.
4. Transcurrido el período fijado, la
   Comisión decidirá, por la mayoría absoluta
   de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas
   adecuadas y si publica o no su informe.

CAPITULO VIII – LA CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS

Sección 1. Organización

Artículo 52

2. La Corte se compondrá de siete jueces,
   nacionales de los Estados miembros de la Organización,
   elegidos a título personal entre juristas de la
   más alta autoridad moral, de reconocida competencia en
   materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones
   requeridas para el ejercicio de las más elevadas
   funciones judiciales conforme a la ley del país del cual
   sean nacionales o del Estado que los proponga como
   candidatos.
3. No debe haber dos jueces de la misma
   nacionalidad.

Artículo 53

2. Los jueces de la Corte serán elegidos, en
   votación secreta y por mayoría absoluta de votos
   de los Estados Partes en la Convención, en la Asamblea
   General de la Organización, de una lista de candidatos
   propuestos por esos mismos Estados.
3. Cada uno de los Estados Partes puede proponer hasta
   tres candidatos, nacionales del Estado que los propone o de
   cualquier otro Estado miembro de la Organización de los
   Estados Americanos. Cuando se proponga una terna, por lo menos
   uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado
   distinto del proponente.

Artículo 54

2. Los jueces de la Corte serán elegidos para un
   período de seis años y sólo podrán
   ser reelegidos una vez. El mandato de tres de los jueces
   designados en la primera elección, expirará al
   cabo de tres años. Inmediatamente después de
   dicha elección, se determinarán por sorteo en la
   Asamblea General los nombres de estos tres jueces.
3. El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato
   no ha expirado, completará el período de
   éste.
4. Los jueces permanecerán en funciones hasta el
   término de su mandato. Sin embargo, seguirán
   conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y que se
   encuentren en estado de sentencia, a cuyos efectos no
   serán sustituidos por los nuevos jueces
   elegidos.

Artículo 55

2. El juez que sea nacional de alguno de los Estados
   Partes en el caso sometido a la Corte, conservará su
   derecho a conocer del mismo.
3. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso
   fuere de la nacionalidad de uno de los Estados Partes, otro
   Estado parte en el caso podrá designar a una persona de
   su elección para que integre la Corte en calidad de juez
   ad hoc.
4. Si entre los jueces llamados a conocer del caso
   ninguno fuere de la nacionalidad de los Estados Partes, cada
   uno de éstos podrá designar un juez ad
   hoc.
5. El juez ad hoc debe reunir las calidades
   señaladas en el artículo 52.
6. Si varios Estados Partes en la Convención
   tuvieren un mismo interés en el caso, se
   considerarán como una sola parte para los fines de las
   disposiciones precedentes. En caso de duda, la Corte
   decidirá.

Artículo 56

El quórum para las deliberaciones de la Corte es
de cinco jueces.

Artículo 57

La Comisión comparecerá en todos los casos
ante la Corte.

Artículo 58

2. La Corte tendrá su sede en el lugar que
   determinen, en la Asamblea General de la Organización,
   los Estados Partes en la Convención, pero podrá
   celebrar reuniones en el territorio de cualquier Estado miembro
   de la Organización de los Estados Americanos en que lo
   considere conveniente por mayoría de sus miembros y
   previa aquiescencia del Estado respectivo. Los Estados Partes
   en la Convención pueden, en la Asamblea General por dos
   tercios de sus votos, cambiar la sede de la Corte.
3. La Corte designará a su
   Secretario.
4. El Secretario residirá en la sede de la Corte
   y deberá asistir a las reuniones que ella celebre fuera
   de la misma.

Artículo 59

La Secretaría de la Corte será establecida
por ésta y funcionará bajo la dirección del Secretario de la Corte, de
acuerdo con las normas administrativas de la Secretaría
General de la Organización en todo lo que no sea
incompatible con la independencia
de la Corte. Sus funcionarios serán nombrados por el
Secretario General de la Organización, en consulta con el
Secretario de la Corte.

Artículo 60

La Corte preparará su Estatuto y lo
someterá a la aprobación de la Asamblea General, y
dictará su Reglamento.

Sección 2. Competencia y
Funciones

Artículo 61

1. Sólo los Estados Partes y la Comisión
   tienen derecho a someter un caso a la decisión de la
   Corte.
2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es
   necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los
   artículos 48 a 50.

Artículo 62

2. Todo Estado parte puede, en el momento del
   depósito de su instrumento de ratificación o
   adhesión de esta Convención, o en cualquier
   momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de
   pleno derecho y sin convención especial, la competencia
   de la Corte sobre todos los casos relativos a la
   interpretación o aplicación de esta
   Convención.
3. La declaración puede ser hecha
   incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad,
   por un plazo determinado o para casos específicos.
   Deberá ser presentada al Secretario General de la
   Organización, quien transmitirá copias de la
   misma a los otros Estados miembros de la Organización y
   al Secretario de la Corte.
4. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier
   caso relativo a la interpretación y aplicación de
   las disposiciones de esta Convención que le sea
   sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan
   reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por
   declaración especial, como se indica en los incisos
   anteriores, ora por convención especial.

Artículo 63

1. Cuando decida que hubo violación de un derecho
   o libertad protegidos en esta Convención, la Corte
   dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su
   derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si
   ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la
   medida o situación que ha configurado la
   vulneración de esos derechos y el pago de una justa
   indemnización a la parte lesionada.
2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se
   haga necesario evitar daños irreparables a las personas,
   la Corte, en los asuntos que esté conociendo,
   podrá tomar las medidas provisionales que considere
   pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no
   estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de
   la Comisión.

Artículo 64

2. Los Estados miembros de la Organización
   podrán consultar a la Corte acerca de la
   interpretación de esta Convención o de otros
   tratados
   concernientes a la protección de los derechos humanos en
   los Estados americanos. Asimismo, podrán consultarla, en
   lo que les compete, los órganos enumerados en el
   capítulo X de la Carta de la Organización de los
   Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos
   Aires.
3. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la
   Organización, podrá darle opiniones acerca de la
   compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los
   mencionados instrumentos internacionales.

Artículo 65

La Corte someterá a la consideración de la
Asamblea General de la Organización en cada período
ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el año
anterior. De manera especial y con las recomendaciones
pertinentes, señalará los casos en que un Estado no
haya dado cumplimiento a sus fallos.

Sección 3. Procedimiento

Artículo 66

2. El fallo de la Corte será
   motivado.
3. Si el fallo no expresare en todo o en parte la
   opinión unánime de los jueces, cualquiera de
   éstos tendrá derecho a que se agregue al fallo su
   opinión disidente o individual.

Artículo 67

El fallo de la Corte será definitivo e
inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del
fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera
de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de
los noventa días a partir de la fecha de la
notificación del fallo.

Artículo 68

2. Los Estados Partes en la Convención se
   comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo
   caso en que sean partes.
3. La parte del fallo que disponga indemnización
   compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo
   país por el procedimiento interno vigente para la
   ejecución de sentencias contra el Estado.

Artículo 69

El fallo de la Corte será notificado a las partes
en el caso y transmitido a los Estados partes en la
Convención.

CAPITULO IX – DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 70

2. Los jueces de la Corte y los miembros de la
   Comisión gozan, desde el momento de su elección y
   mientras dure su mandato, de las inmunidades reconocidas a los
   agentes diplomáticos por el derecho internacional.
   Durante el ejercicio de sus cargos gozan, además, de los
   privilegios diplomáticos necesarios para el desempeño de sus funciones.
3. No podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los
   jueces de la Corte ni a los miembros de la Comisión por
   votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus
   funciones.

Artículo 71

Son incompatibles los cargos de juez de la Corte o
miembros de la Comisión con otras actividades que pudieren
afectar su independencia o imparcialidad conforme a lo que se
determine en los respectivos Estatutos.

Artículo 72

Los jueces de la Corte y los miembros de la
Comisión percibirán emolumentos y gastos de viaje
en la forma y condiciones que determinen sus Estatutos, teniendo
en cuenta la importancia e independencia de sus funciones. Tales
emolumentos y gastos de viaje
será fijados en el programa–presupuesto de la
Organización de los Estados Americanos, el que debe
incluir, además, los gastos de la Corte y de su
Secretaría. A estos efectos, la Corte elaborará su
propio proyecto de
presupuesto y lo
someterá a la aprobación de la Asamblea General,
por conducto de la Secretaría General. Esta última
no podrá introducirle modificaciones.

Artículo 73

Solamente a solicitud de la Comisión o de la
Corte, según el caso, corresponde a la Asamblea General de
la Organización resolver sobre las sanciones aplicables a
los miembros de la Comisión o jueces de la Corte que
hubiesen incurrido en las causales previstas en los respectivos
Estatutos. Para dictar una resolución se requerirá
una mayoría de los dos tercios de los votos de los Estados
miembros de la Organización en el caso de los miembros de
la Comisión y, además, de los dos tercios de los
votos de los Estados Partes en la Convención, si se
tratare de jueces de la Corte.

PARTE III – DISPOSICIONES GENERALES Y
TRANSITORIAS

CAPITULO X – FIRMA, RATIFICACION,
RESERVA,
ENMIENDA, PROTOCOLO Y DENUNCIA

Artículo 74

2. Esta Convención queda abierta a la firma y a
   la ratificación o adhesión de todo Estado miembro
   de la Organización de los Estados
   Americanos.
3. La ratificación de esta Convención o la
   adhesión a la misma se efectuará mediante el
   depósito de un instrumento de ratificación o de
   adhesión en la Secretaría General de la
   Organización de los Estados Americanos. Tan pronto como
   once Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de
   ratificación o de adhesión, la Convención
   entrará en vigor. Respecto a todo otro Estado que la
   ratifique o adhiera a ella ulteriormente, la Convención
   entrará en vigor en la fecha del depósito de su
   instrumento de ratificación o de
   adhesión.
4. El Secretario General informará a todos los
   Estados miembros de la Organización de la entrada en
   vigor de la Convención.

Artículo 75

Esta Convención sólo puede ser objeto de
reservas conforme a las disposiciones de la Convención de
Viena sobre Derecho de los Tratados,
suscrita el 23 de mayo de 1969.

Artículo 76

2. Cualquier Estado parte directamente y la
   Comisión o la Corte por conducto del Secretario General,
   pueden someter a la Asamblea General, para lo que estime
   conveniente, una propuesta de enmienda a esta
   Convención.
3. Las enmiendas entrarán en vigor para los
   Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que se haya
   depositado el respectivo instrumento de ratificación que
   corresponda al número de los dos tercios de los Estados
   Partes en esta Convención. En cuanto al resto de los
   Estados Partes, entrarán

Artículo 77

2. De acuerdo con la facultad establecida en el
   artículo 31, cualquier Estado parte y la Comisión
   podrán someter a la consideración de los Estados
   Partes reunidos con ocasión de la Asamblea General,
   proyectos de
   protocolos
   adicionales a esta Convención, con la finalidad de
   incluir progresivamente en el régimen de
   protección de la misma otros derechos y
   libertades.
3. Cada protocolo debe fijar las modalidades de su
   entrada en vigor, y se aplicará sólo entre los
   Estados Partes en el mismo.

Artículo 78

2. Los Estados Partes podrán denunciar esta
   Convención después de la expiración de un
   plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en
   vigor de la misma y mediante un preaviso de un año,
   notificando al Secretario General de la Organización,
   quien debe informar a las otras partes.
3. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar
   al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en
   esta Convención en lo que concierne a todo hecho que,
   pudiendo constituir una violación de esas obligaciones,
   haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la
   cual la denuncia produce efecto.

CAPITULO XI – DISPOSICIONES
TRANSITORIAS

Sección 1. Comisión Interamericana de
Derechos Humanos

Artículo 79

Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario
General pedirá por escrito a cada Estado Miembro de la
Organización que presente, dentro de un plazo de noventa
días, sus candidatos para miembros de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. El Secretario General
preparará una lista por orden alfabético de los
candidatos presentados y la comunicará a los Estados
miembros de la Organización al menos treinta días
antes de la próxima Asamblea General.

Artículo 80

La elección de miembros de la Comisión se
hará de entre los candidatos que figuren en la lista a que
se refiere el artículo 79, por votación secreta de
la Asamblea General y se declararán elegidos los
candidatos que obtengan mayor número de votos y la
mayoría absoluta de los votos de los representantes de los
Estados miembros. Si para elegir a todos los miembros de la
Comisión resultare necesario efectuar varias votaciones,
se eliminará sucesivamente, en la forma que determine la
Asamblea General, a los candidatos que reciban menor
número de votos.

Sección 2. Corte Interamericana de Derechos
Humanos

Artículo 81

Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario
General pedirá por escrito a cada Estado parte que
presente, dentro de un plazo de noventa días, sus
candidatos para jueces de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. El Secretario General preparará una lista por
orden alfabético de los candidatos presentados y la
comunicará a los Estados Partes por lo menos treinta
días antes de la próxima Asamblea
General.

Artículo 82

La elección de jueces de la Corte se hará
de entre los candidatos que figuren en la lista a que se refiere
el artículo 81, por votación secreta de los Estados
Partes en la Asamblea General y se declararán elegidos los
candidatos que obtengan mayor número de votos y la
mayoría absoluta de los votos de los representantes de los
Estados Partes. Si para elegir a todos los jueces de la Corte
resultare necesario efectuar varias votaciones, se
eliminarán sucesivamente, en la forma que determinen los
Estados Partes, a los candidatos que reciban menor número
de votos.

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos,
cuyos plenos poderes fueron hallados de buena y debida forma,
firman esta Convención, que se llamará "PACTO DE
SAN JOSE DE COSTA RICA", en la ciudad de San José, Costa
Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta
y nueve.

pablo dolce