- Hablando de
Economía… - Hablando de lo
Social… - Opiniones políticas
emitidas a partir de la sentencia 1.013 - La sociedad venezolana frente
a esta polémica - Hablando de
Política…. - Conclusión
El problema que nos congrega sobre estas líneas
se refiere a la situación por la que actualmente transita
la Democracia en
Venezuela, ya
que luego de 40 años de estabilidad, forjada con instituciones
de representación extendidas y consolidadas, está
hoy atravesando por una situación de incertidumbre, temor
y desconcierto. Nuestro análisis comprenderá la coyuntura
que ha dado paso a la fundación de la V República,
coyuntura con raíces en un giro en la situación
económica, en una ola de revueltas y en un golpe
frustrado, hecho éste último que ha desencadenado
con celeridad la total revolución
del Estado. A
partir del discurso dado
por Hugo Chávez para comunicar a sus compañeros de
armas el
fracaso del golpe, la ola de descontento y crítica se
generalizó, la idea de reunir a la Asamblea Nacional
Constituyente empezó lentamente a dar esperanzas de un
cambio en la
conducción de los agudos problemas
económicos y sociales.
Los hechos que analizaremos están en pleno
desarrollo,
puesto que estamos en vísperas de la primera etapa del
proceso
eleccionario que permitirá poner en práctica la
nueva constitución que la Nación
venezolana se ha dado. Esto implica elegir al total de las
"autoridades" que conformarán los poderes del Estado. El
domingo 30 de Julio se efectuará la elección
presidencial y parlamentarias, dejando para el 1 de Octubre las
municipales. Asistimos a los primeros pasos que la sociedad
venezolana da en el camino hacia la institucionalización
de la nueva Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en
la que se busca la transparencia de las Instituciones
Públicas, las que habían caído en
descrédito producto de la
gran Corrupción
advertida en el sistema.
Durante toda la década de los noventa se
observaron esfuerzos por cambiar el sistema de Punto
Fijo, se agudizó la necesidad de reducir las desigualdades
y estas tensiones fueron haciendo insoportable la brecha entre
las dos Venezuela. Una, desesperanzada e indignada por la
frustración que conlleva el caos; preocupada por el
futuro, trabajo, esfuerzo; con angustia existencial, por el robo,
por la ineficiencia, por la impunidad, por la falta de justicia, de
moral y de
ética.
Otra, negativa y perniciosa, que ha causado tanto daño al
país; una gran capa de venezolanos indolentes,
irresponsables, flojos, que corrían tras la riqueza
fácil, o que simplemente esperan que el Estado se
lo dé todo, como antaño; que buscaban y conspiraban
dentro de las entidades públicas y los partidos
políticos, para obtener el negocio fácil, el
contrato para
su empresa; que
ejercen un liderazgo
negativo; que hoy destruyen la moral con
su descarada defensa del puntofijismo; que no aportan nada, y que
sólo dilapidaban el futuro de la Nación.
A partir de la definición que Samuel Huntington
da respecto de Revolución, y a la luz del proceso
coyuntural que ha convulsionado a Venezuela en los últimos
3 años, se ha decidido plantear una hipótesis de investigación que problematiza con dicha
pauta de análisis, pues al aplicarla en el estudio
del caso surgió la necesidad de replantearse el concepto. Este
autor sostiene que una Revolución es un proceso de
cambio
rápido, fundamental y violento, que afecta a los valores y
mitos
dominantes en una sociedad, sus
instituciones políticas,
su estructura
social, sus liderazgos y la actividad y normas de su
gobierno.
En su definición, Huntington reconoce las fases y
condiciones que han de estar presentes en las coyunturas
revolucionarias que para él resultan paradigmáticas
y que se diferencian de otras coyunturas que no
representarían una Revolución propiamente tal, como
insurrecciones, rebeliones, alzamientos y golpes. Una
Revolución comenzaría a manifestarse con la
emergencia de nuevas fuerzas sociales, cuyas demandas van a ser
canalizadas por las nuevas élites políticas
recientemente constituídas, las que liderarán la
lucha por revertir la ausencia de instituciones que sirvan de
canales de expresión para los nuevos actores
políticos. Estas van a evidenciar el desgaste en que se
encuentran las estructuras
del régimen, promoviendo la movilización en aras de
las nuevas demandas de participación. Estas demandas
llegarán a un punto de saturación, después
del cual tenderán a producir una "explosión" de
violencia con
el objetivo de
eliminar todo vestigio de las desgastadas instituciones. Mas,
como dice el autor, "la medida del éxito
de una revolución es la autoridad y
estabilidad de las instituciones a que da nacimiento".
A partir de lo expuesto por Huntington, se podría
establecer que hay Revolución donde no hay Democracia.
Esto nos indica que en la práctica estas realidades se
oponen, porque en la Democracia las demandas de
participación son canalizadas por las vías de
participación y representación que la permiten,
como elecciones, partidos
políticos y libertad de
expresión, evitando la explosión de violencia. En
una Revolución, la coyuntura se ha desatado por la
necesidad de Democracia, la urgencia de una participación
mayor, a través de la violencia.
La realidad del caso de Venezuela nos revela la
necesidad de precisar el concepto, por
cuanto el proceso coyuntural que observamos nos plantea la
posibilidad de una Revolución para Democratizar. No
hablemos de Reforma, porque eso significa mantener las
instituciones y normas del
régimen cuestionado, hablemos de Revolución
Pacifica o Revolución Democrática, porque se cumple
la teorización dada por el autor acerca de
Revolución, pero sin violencia, es decir, Democratizar
desde la Democracia, a partir de la conciencia
política
generalizada de los actores, respecto de la caducidad de la
realidad. No hay un verdadero cambio sin nueva
institucionalización.
Hablando de Economía…
Luego del levantamiento parcial del paro, Venezuela
enfrentará en los próximos meses los efectos de una
economía
de guerra sin
precedentes en la región, con previsiones de
inflación cercana al 100%, y una caída del PIB de hasta
25% este año, señalaron los expertos.
Anticipando las consecuencias de la crisis, el
propio secretario general de la OEA, Cesar
Gaviria, dijo que "no hemos podido encontrar una
contracción (económica) de este tamaño en
ningún lugar, ni en una guerra
civil".
Un grupo de
analistas económicos ya había advertida el
sábado pasado en un documento, que "Venezuela está
a punto de caer en una crisis
económica y social sin precedentes en la historia del país", y
señalaron el peligro de un estallido social este
año.
Según diversos especialistas consultados, los
indicadores de
la economía venezolana registrarán niveles record
en 2003, en algunos casos sin parangón en la historia de América
Latina.
De acuerdo con diversas estimaciones, al cierre del
año la inflación se ubicó por encima del
50%, el desempleo se
aproxima al 30%, la economía informal alcanzará
niveles de 70%, y la caída del producto interno
bruto (PIB)
experimentará la más brusca caída de
país latinoamericano alguno, al contraerse hasta en 25%,
principalmente como efecto del paro en PDVSA, el desplome de la
inversión
extranjera y la casi paralización de la
economía no petrolera.
El Gobierno
tendrá pocas opciones para manejar la enorme deuda
interna, que creció de 1,56 mil millones de dólares
en 1998, a 8,13 mil millones de dólares al cierre de 2002,
de acuerdo al economista Pedro Palma.
Para el experto Domingo Fontiveros, la inflación
podría alcanzar un techo de 93% a fin de año.
Otros, como el analista Carlos Dorado, estiman que la
economía venezolana podría enfrentar un escenario
de hiperinflación, con un dólar a 4.000 Bs. En el
mercado
negro.
Según las estadísticas de la Universidad
Católica Andrés
Bello (UCAB), de Caracas, el ingreso per cápita del
venezolano se reducirá a la mitad con respecto a 2002, por
debajo de los 2.500 dólares. En comparación, en
1990 el ingreso se ubicó en 10.000 dólares por
habitante.
Asimismo, el PIB caerá de 126.200 millones de
dólares en 2001, a solo 65.000 millones de dólares
a finales de 2003, un decrecimiento de 50% en dos
años.
"Esta no es una economía de guerra, sino una
economía de guerra civil. Venezuela está poniendo
sus recursos no para
pelear contra un enemigo sino contra si misma.", dijo Jorge
Salazar, director del Centro de Estudios Económicos de la
Universidad
Internacional de Florida (FIU), al caracterizar la actual
coyuntura venezolana.
El más reciente informe del
español
Grupo
Santander, propietario del Banco de
Venezuela, una de los mayores del país suramericano,
calculó que el PIB experimentará una
contracción de 40% solo en el primer trimestre del
año, mientras que la firma calificadora JP Morgan
estimó en el mejor de los casos, una caída de 17%
de este indicador al cierre de 2003.
"La caída del PIB va a ser la más alta de
la historia latinoamericana. No conozco nada parecido. Esta va a
ser una caída record", aseguró Salazar.
En la historia reciente de América
Latina, la crisis venezolana superará incluso el peor caso
de contracción económica en el continente, que fue
de 22% del PIB experimentado por el gobierno de Salvador Allende,
en 1973.
"Ni siquiera Nicaragua sufrió una caída
tan vertiginosa durante la guerra en los 80", precisó el
académico de la FIU.
Con un aldabonazo de la descomunal crisis que se cierne
sobre el país, el presidente de Fedeindustria, Miguel
Pérez Abad, dijo que por lo menos 25 mil pequeñas
empresas
permanecerán cerradas durante el primer semestre de 2003.
Tanto Fedeindustria como Fedecámaras calculan que el
número de desempleados aumentará en un
millón para los próximos meses.
Para Carlos Fernández, presidente del gremio
empresarial, "estamos ya prácticamente viviendo una
economía de guerra. Tenemos 12 mil establecimientos
comerciales cerrados y unas 5 mil empresas
quebradas. Y ahora el gobierno va a comenzar a utilizar una
herramienta tan poderosa como el control de
cambio, para atacar al sector productivo
nacional".
Las consecuencias presentes tendrán además
una dimensión continental, subrayó Salazar. "El
caso venezolano va a tener influencias significativas en el
decrecimiento del PIB, el crecimiento de la inflación y el
crecimiento del desempleo en toda
América
Latina. Y cuando se esperaba un crecimiento de 3% en la
región, ahora vamos a tener un decrecimiento de
1%."
El 27 de agosto de 2000, el mandatario presidencial,
Hugo Chávez Frías, en su programa radial,
"Aló Presidente", desafía abiertamente a
Elías Santana, a raíz de un conjunto de
declaraciones emitidas por este. Posteriormente, el 29 de agosto
de 2000, el coordinador de Queremos Elegir, solicita al
presidente que le permita asistir a su programa radial,
el 3 de septiembre, con el fin de ejercer su derecho a replica,
en respuesta a los comentarios del primer mandatario.
El día fijado, 3 de septiembre de 2000,
Elías Santana no recibe el derecho a réplica
consagrado en la ley. De acuerdo a
la interpretación que el jefe de estado hace de la
prerrogativa, el presunto agraviado debe acudir al medio de
comunicación y no a su programa
radial.
El 9 de octubre de 2000, Elías Santana acude al
Tribunal Supremo de Justicia con
el objeto de interponer un recurso de amparo, alegando
la supuesta violación de sus derechos. Según
Santana, "el Presidente emitió información inexacta y agraviante, al
calificar como amenaza sus apreciaciones en torno a la
elección de los poderes públicos". El abogado de
Santana, Alonso Domínguez, explica que el recurso de
amparo presentado
ante la Sala Constitucional busca ejercer el derecho a replica y
la información imparcial, previsto en el
articulo 58 de la constitución.
El 14 de junio de 2001, El Tribunal Supremo de Justicia
emite un fallo en el que se establece que Elías Santana no
tiene derecho a réplica o rectificación alguna, por
ser un periodista con una columna fija y con un programa radial.
A juicio de TSJ, Santana podrá utilizar su columna o su
espacio radial para divulgar todo lo que crea conveniente para
contestar.
El 18 de junio de 2001, ante los numerosos
cuestionamientos, el Tribunal Supremo de Justicia hace uso de su
derecho a replica y defiende la decisión tomada por la
Sala Constitucional. El TSJ alega que la sentencia esta fundada
en las siguientes leyes: la
Constitución Nacional, el Código
Penal, el Código
Civil, la Ley Aprobatoria
de los Derechos
Civiles y Políticos, la Ley Aprobatoria de la
Convención Americana sobre los Derechos Humanos
(Pacto de San José), Ley de Ejercicio del Periodismo,
varios fallos del Tribunal Constitucional Español
(sobre veracidad), fallos del Tribunal Constitucional
Alemán (sobre informaciones inexactas y caso Richard
Schmid vs. Der Spiegel) y fallo del Tribunal Supremo de EEUU
(sobre real malicia, caso New York Times vs.
Sullivan).
El 3 de julio de 2001, el TSJ ratifica su
decisión. Durante un encuentro solicitado por los
periodistas, 15 de los 20 magistrados de la Sala Plena deciden
apoyar el criterio de la sentencia 1.013 argumentando que la
decisión "ya está tomada y aún es pronto
para asegurar que se está violando o se violará
alguno de los dos derechos mencionados.
Opiniones
políticas emitidas a partir de la sentencia
1.013
Muchos son los comentarios que se originaron a partir de
la promulgación de la sentencia 1.013. Por ello,
aquí se tomarán y analizarán algunas de las
opiniones más representativas y controversiales que se
emitieron.
La Oficina de
Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional,
emitió un informe en donde
se exponen las opiniones, que a raíz de la sentencia, se
originaron en esta. En el texto,
suscrito por Roberto Hernández Wohnsiedler, se
señala que algunas aseveraciones de la sentencia
admitirían matizaciones que podrían acoplarlas con
mayor facilidad al espíritu de los derechos de
expresión e información que la Constitución
reconoce.
Con este preámbulo, la Consultoría Jurídica de la Asamblea
Nacional apunta que "no debe confundirse la información
veraz, constitucionalmente exigible, con la identificación
o no de la línea de opinión de un medio, ni con el
número de columnistas adscritos a una sola tendencia
ideológica, extremo de difícil constatación
(entre otras cosas porque el derecho a la libertad
ideológica o de pensamiento
tiene una faceta negativa, que consiste en el derecho a no
declarar expresamente sobre la propia ideología)" .
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo, en la
voz de German Mundaraín, explicó que la disparidad
de criterio se fundamenta ´en que en el artículo 58
de la Constitución Bolivariana dice que la
comunicación es libre y plural, y establece que toda
persona tiene
derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin
censura, (…) así como el derecho a
réplica´.
Desde su punto de vista, "hacer distingos entre quienes
son periodistas, dueños de medios o
columnistas, y otras personas que no tienen acceso a los medios de
comunicación, no pareciera estar en sintonía
con el referido artículo 58 ni con el 14 del Pacto de San
José, último que establece que el derecho a
rectificación corresponde a toda persona afectada
por informaciones inexactas".
También se emitieron impresiones internacionales
como las de El Foro Noruego
para la Libertad de
Expresión (NFFE – siglas en Inglés), quien llamó a la
anulación de la sentencia 1013, que libró la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo y que fue cuestionada por
reglamentar los derechos a la libertad de
expresión, información y réplica.
Además, instaron a dejar sin efecto la decisión que
niega el derecho a réplica a los periodistas, columnistas
y dueños de los medios de
difusión. Entre otros aspectos cuestionaron que la
jurisprudencia
obliga a investigar las tendencias ideológicas de los
columnistas y considera que no constituyen formas de censura las
tasas impuestas a los medios, o la concesión de
frecuencias radioeléctricas.
Mediante un comunicado conjunto, la Escuela de
Comunicación Social, el Centro de Investigaciones
de la
Comunicación, el Programa de Postgrado en Comunicación
Social y la Dirección de Prensa de la
Universidad Católica Andrés
Bello, acordaron por su parte rechazar categóricamente
"cualquier intento de establecer limitaciones al derecho a la
libertad de expresión, con responsabilidad del emisor, en relación con
los derechos de las demás personas y a ciertos bienes
colectivos como principios
reguladores de la convivencia democrática". Así
fijaron posición sobre la sentencia del TSJ. Repudiaron el
planteamiento del equilibrio
ideológico dentro de cada medio y la posibilidad de que
algún organismo pretenda interferir en la estructura y
constitución de la nómina
de los medios de
comunicación con la supuesta intención de
garantizar el pluralismo. Adicionalmente, declararon el apoyo a
las acciones
internacionales necesarias parta corregir los errores cometidos
en la sentencia.
Allan Brewer Carías, integrante de la Asamblea
Nacional, instó a todos los ciudadanos a desobedecer lo
resuelto por el máximo juzgado del país en materia de
libertad de expresión y derecho a la información.
"El Tribunal Supremo de Justicia usurpó la función
legislativa y, por ello, esa sentencia en sí misma se
puede considerar nula y sin ningún efecto. Todos los
venezolanos, incluyendo los periodistas, estamos en la
obligación de desconocer esta decisión",
señaló Brewer Carías. Esto también
tiene que ver con la desobediencia civil, establecida en el
artículo 350 de la Carta Magna en
los siguientes términos: "El pueblo de Venezuela, fiel a
su tradición republicana, a su lucha por la independencia,
la paz y la libertad, desconocerá cualquier
régimen, legislación o autoridad que
contraríe los valores,
principios y
garantías democráticas o menoscabe los derechos
humanos".
Héctor Faúndez, miembro de la
Comisión Andina de Juristas, señala que desde su
punto de vista "es una sentencia política que
demuestra un alto grado de ineptitud profesional y de
desconocimiento de lo que es el derecho por parte de los
magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, pues
el único punto en el cual no se equivocaron fue en negar
la rectificación o respuesta al señor Santana, por
una razón muy sencilla: lo que estaba en debate eran
opiniones y no informaciones".
El periodista Eleazar Díaz Rangel, por su parte,
afirmó que la sentencia 1013 dictada por el Tribunal
Supremo de Justicia contiene elementos restrictivos "de la
libertad de opinar y de los medios de fijar política
editorial, y también es discriminatoria con los
periodistas cuando se les niega el derecho a
réplica".
La sociedad
venezolana frente a esta polémica
Las organizaciones
civiles, personalidades y representantes institucionales
suscribieron una declaración, en donde se presentan las
observaciones y preocupaciones de la Sociedad Civil
sobre el contenido de la decisión 1.013 del Tribunal
Supremo de Justicia.
Fundamentándose en los Derechos Humanos, estas
organizaciones
manifiestan que la decisión de la Sala Constitucional
perjudica la libertad de expresión y el derecho a la
información, ambos consagrados en la Constitución
Nacional y en los instrumentos internacionales de
protección de los derechos humanos suscritos y ratificados
por Venezuela.
Afirman que la decisión es discriminatoria en la
titularidad del derecho a replica y a la rectificación,
impidiendo de esta forma el derecho fundamental de los
periodistas, columnistas o cualquier otra persona que tenga
acceso a los medios de
comunicación.
También alegan que la decisión establece
regulaciones que no son aceptables en cuanto a la libertad de
expresión, al afirmarse que "es un atentado contra la
información veraz e imparcial tener un número
mayoritario de columnistas de una sola tendencia
ideológica".
Por ultimo observan que la decisión crea el marco
propicio para la aplicación de medidas que conduzcan a la
censura, al considerar como contrario a la libertad de
información emitir conceptos negativos o críticos
sobre ideas, pensamientos, juicios o sentencias.
Ante todos estos graves aspectos se señala que la
libertad de expresión y el derecho a replica y
rectificación son derechos universales que se encuentran
consagrados en la Constitución de la República
(Art. 57 y 58), en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Art. 13 y 14) y en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (Art. 19)
El articulo 1.1 de la Convención Americana
establece que los estados "se comprometen a respetar los derechos
y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza,
sexo, olor,
idioma, opiniones políticas o de cualquier otra
índole, origen nacional o social".
El Sistema Interamericano de los Derechos Humanos a
través de sus órganos ha establecido abundante
jurisprudencia
y doctrina sobre esta materia. En
este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
indicado que:
"El derecho de rectificación o respuesta
sólo se comprende y se explica en función de
la libertad de pensamiento,
expresión e información. Estos derechos forman un
complejo unitario e independiente".
Como ha señalado la Corte
Interamericana:
"La ubicación del derecho de rectificación
o respuesta (Art. 14) inmediatamente después de la
libertad de pensamiento y expresión (Art. 13) confirman
esta interpretación. La necesaria relación entre el
contenido de estos artículos se desprende de la naturaleza de los
derechos que reconoce, ya que al reglar la aplicación del
derecho de rectificación o respuesta los estados partes
deben respetar el derecho de libertad de expresión que
garantiza el artículo 13".
Como también lo ha establecido la jurisprudencia
de la Corte Interamericana:
"La libertad de pensamiento y expresión (Art. 13)
constituye uno de los elementos esenciales de una sociedad
democrática y una de las condiciones primordiales de su
progreso y del pleno desenvolvimiento de la
personalidad de cada uno de sus miembros. Hay que reconocerla
incluso cuando su ejercicio provoque, choque o
inquiete".
Y como bien lo ha afirmado la Corte Europea de los
Derechos Humanos "… es ello una exigencia del pluralismo, la
tolerancia y
el espíritu abierto sin los cuales no es posible la
existencia de una sociedad democrática".
Con esta declaración la sociedad civil
persigue expresar su más contundente rechazo al contenido
de la decisión 1.013, y a su vez, sumarse a las
iniciativas que se presenten en el sistema interamericano de
derechos humanos, con el objeto de unificar esfuerzos, colaborar
para lograr la idoneidad de las mismas y procurar una
rápida y eficaz decisión de estos órganos
internacionales a fin de que se restablezcan los derechos
conculcados por esta decisión del TSJ.
Además, se desea promover la intensa,
cívica y contundente movilización de la sociedad
venezolana en torno a este
tema, sin distingos partidistas, personalistas, gremiales o
corporativos, con el propósito de instar al Estado
Venezolano a una sana rectificación y también para
evidenciar ante la comunidad
internacional la honda inquietud consensual de la sociedad
venezolana sobre esta materia.
Para poder
comprender la real dimensión de las transformaciones
ocurridas en la coyuntura por la que Venezuela atraviesa,
será necesario establecer el contexto en el cual se
desenvolvió la Democracia venezolana, remitiéndonos
en este capítulo a revisar su Origen y analizar su
Evolución. Dejaremos para el próximo
capítulo el análisis que nos permitirá
determinar las causas inmediatas de su Crisis.
Para desarrollar este propósito, relacionaremos
el diagnóstico con el aparato conceptual
entregado por Mainwaring y Scully respecto de los sistemas de
partidos. Para los autores, el caso de Venezuela representaba el
paradigma de
su teorización. Estos autores señalan que para la
consolidación de una democracia es fundamental contar con
un Sistema de Partidos Institucionalizado (SPI), lo que implica
que los partidos políticos son, dentro de ese esquema, los
instrumentos básicos de movilización y
acción políticas; serán los agentes
principales para la
organización y canalización de los conflictos
políticos. En la política moderna, llegarán
a ser centrales el consentimiento y los votos movilizados. Y para
que exista un SPI fuerte, se requerirá que los partidos
tengan cierto grado de institucionalización y coherencia
con el estado de
la Sociedad Civil, que den cabida a sectores amplios de la
población y que los grupos
económicamente dominantes se consideren representados en
el sistema de partidos, ya sea mediante un partido conservador o
dentro de los demás partidos, más
heterogéneos. Será necesaria la celebración
de elecciones competitivas, regulares, libres, limpias y
abiertas.
Los partidos políticos han estado presentes en la
Democracia venezolana moderna desde el comienzo. Durante el siglo
XIX los "partidos políticos" no pasaban de ser bandas
armadas al mando de un caudillo, prestando un vital servicio a los
intereses de las elites económicas de la región
andina, donde se encontraban los estados más ricos y
poderosos de Venezuela. Pero avanzado el siglo XX, surgen y
obtienen su fuerza de los
cambios sociales masivos acarreados por el
petróleo. Podemos afirmar que ellos mediaron y
portaron toda forma de acción política desde el
principio, siendo fundamental su rol en la creación de la
Democracia en 1945 y en su renacimiento en
1958.
No deja de ser sugerente la semejanza entre el proceso
mediante el cual Venezuela se desembarazó de la dictadura de
los vástagos del general Gómez, y la actual
coyuntura por la que pasa nuestro país hermano.
Juan Vicente Gómez habría sido uno
más de los tantos caudillos venezolanos, pero tuvo la
fortuna de estar en el poder cuando
la industria del
petróleo
llegó a Venezuela. Utilizó hábilmente esos
inmensos recursos para
estabilizar el país y destruir a sus enemigos. Durante su
dictadura se
produjo el desarrollo de
la industria
petrolera (desde 1920 en adelante), lo que conllevó
discontinuidades radicales con el pasado; se produjo el fin de la
economía agraria, se crearon ejércitos y
burocracias nacionales permanentes; se construyeron caminos y se
produjo una intensa migración
interna. Junto con estos procesos,
surgen nuevos grupos y fuerzas
sociales, portando la necesidad de una expresión
organizativa legítima: se trata de los movimientos
universitarios y sindicales. Estas demandas no fueron
consideradas sino hasta después de la muerte del
dictador.
La vida moderna venezolana comenzó con la
muerte de
Gómez, la que se produjo el 17 de diciembre de 1935. Al
día siguiente asume el general Eleazar López
Contreras, en calidad de
encargado de terminar el período del mandatario fallecido.
Para el siguiente período (1936-1943), el Congreso
eligió al mismo López, pero reduciendo el
período a 5 años. A pesar de su pasado como
Ministro de Guerra del dictador, su gobierno se realizó
con el mayor respeto a las
normas cívicas. El nuevo régimen inició la
difícil tarea de realizar la transición de la
dictadura a la democracia. Este proceso fue favorecido por el
compromiso asumido por su sucesor, Isaías Medina Angarita,
de respetar la estricta alternabilidad en el ejercicio de las
funciones
públicas. A poco de comenzar su gestión
el general Medina Angarita se ganó la voluntad popular,
impulsándola a una idea de libertad que el pueblo siempre
ambicionó. Comenzó por entonces una gradual
liberalización del régimen, facilitando la organización sindical y
política.
En este contexto surge el primer partido político
reconocido legalmente: Acción Democrática (AD) en
1941. Sus líderes y activistas se propusieron construir un
tipo de estructura política desconocido hasta entonces en
Venezuela: un partido que fuera permanente, con presencia en
todos los niveles de la vida nacional y local, capaz de integrar
muchos intereses y grupos en su vida organizada. Ellos
presenciaron la creación de la sociedad civil, incluyendo
sindicatos,
grupos campesinos, organizaciones de profesores, sociedades de
estudiantes y profesionales, etc., e integraron a esos grupos
desde un comienzo, produciendo una sólida alianza con las
masas. Se observa como desde un principio los partidos
políticos en Venezuela han sido socialmente
heterogéneos.
El poder continuaba firme en las manos de las elites
militares y estatales andinas, de un tradicionalismo a ultranza.
Había organización masiva, pero no poder real;
las elecciones seguían siendo indirectas y con un sufragio
limitado. El 18 de octubre de 1945 marcará el inicio de la
política de masas en Venezuela. Seis meses antes de
terminar el período constitucional, y en plena
discusión política para candidatos a las elecciones
de presidente para el nuevo período, un golpe militar, con
el apoyo del partido AD, derribó el régimen. Al
día siguiente, una junta revolucionaria de gobierno
tomó el poder; fue integrada por dos oficiales del
ejército, cuatro dirigentes de AD (Rómulo
Betancourt como presidente) y un independiente. En un discurso a la
Nación comunicaron que su misión
inmediata sería la de "convocar al país a
elecciones generales, para que mediante el sistema de sufragio
directo, universal y secreto, puedan los venezolanos elegir a sus
representantes, darse la Constitución que anhelan y
escoger el futuro presidente de la república". El 17 de
diciembre de 1946 se reunió la Asamblea Nacional
Constituyente, la que aprobó una nueva Constitución
en 1947 y un nuevo estatuto Electoral, realizándose las
elecciones para presidente en medio de grandes disturbios. Se
inscribieron 1.621. 607 sufragantes mayores de 18 años.
Los resultados fueron favorables para Rómulo Gallegos
(AD), quien recibió el poder de manos de la junta de
gobierno el 4 de febrero de 1948. El régimen de partidos
nació muerto, por cuanto la excesiva
polítización de los ciudadanos impulsó a
elementos reaccionarios de las Fuerzas Armadas a derrocarlo,
produciéndose un golpe militar el 24 de noviembre de 1948.
En realidad, los temores habían sido despertados entre la
antigua élite, pues AD controlaba las organizaciones
populares como garantía de su poder; en cambio, las
élites económicas y sociales, confiaban en el
ejército y el control de
la
administración para perpetuar sus
privilegios.
Durante este período, conocido como el trienio,
se formaron nuevos partidos: el Comité de
Organización Política Electoral Independiente
(COPEI), inspirados en la doctrina social de la iglesia
católica; y la Unión Radical Democrática
(URD), representando a la izquierda no comunista. También
se extendieron los sevicios a la población, recibiendo Educación (el
analfabetismo
superaba el 50%), Salud, Agua y acceso
a los medios de comunicaciones.
Luego del derrocamiento del primer gobierno propiamente
democrático de Venezuela, vinieron 10 años de
dictadura
militar, a cargo del coronel Marcos Pérez
Jiménez, quien se hizo notar por la crueldad en la
persecución de los enemigos políticos y por el
enriquecimiento ilícito por el cual el dictador y todo un
sector de la burguesía se enriquecieron visible e
ilegalmente. Bajo su mandato, todos los partidos políticos
desaparecieron, aunque de todos modos subsistió una red clandestina de
resistencia, la
que fue aumentando notoriamente desde 1957. Ese mismo año,
Pérez Jiménez se burlaría del pueblo
venezolano, causando su propio derrocamiento. Confiado,
llamó a elecciones en diciembre. De pronto, y sin mediar
consulta alguna, canceló la elección y la
sustituyó por un plebiscito: habría un solo
candidato por cada cargo. El pueblo tomó estos hechos como
una afrenta, lo que unió y estimuló a la
oposición. Se encendió la lucha callejera y una ola
de manifestaciones, por parte de fuerzas políticas
clandestinas, las que se unirían a un movimiento
militar. Esta situación alcanzó su punto culminante
el 23 de enero de 1958.
Una junta militar se hizo cargo del gobierno, para luego
ceder el poder a una junta de gobierno integrada por los
líderes políticos que regresaron del exilio. Ambas
dirigieron el país durante una breve transición a
la democracia representativa. Ésta se inició cuando
el fundador de AD, Rómulo Betancourt, asumió la
presidencia después de su triunfo en las elecciones. El
carácter específico de la
transición a la democracia en 1958 reside en que se
trató de una empresa
construída sobre coaliciones, que integraron a los
partidos políticos, a grupos de empresarios y
profesionales, a organizaciones populares y a sectores claves
entre los militares.
Antes de las elecciones de 1958, los principales
partidos no comunistas (AD, COPEI, URD) firmaron 2 acuerdos: el
Pacto de Punto Fijo, que obligaba a los firmantes a respetar los
resultados de las elecciones, a mantener la tregua
política, despersonalizando el debate y
asegurando mecanismos de consulta entre los partidos para la
toma de
decisiones de trascendencia; y el Programa Mínimo de
Gobierno, que corresponde a un modelo de
desarrollo basado en capital
privado, extranjero y nacional, subsidios al sector privado y un
enfoque cauteloso respecto a las reformas económicas y
sociales. Se procuró desincentivar la oposición
potencial: a los militares se les destinaron jugosos presupuestos,
la Iglesia obtuvo
un status mejor y fue permanentemente consultada en materia de
educación
y en lo social, se llevó a cabo la baja de la oficialidad
opositora en el Ejército y se derrotó a la
Izquierda guerrillera. Así Venezuela, de ser el
país menos democrático de América
Latina antes de 1958, pasó a ser una de las democracias
más estables después.
Punto Fijo estableció la necesaria solidaridad
política sobre la estabilidad del poder civil,
poniéndole límites al
canibalismo político y salvaguardando el régimen
democrático que se estaba fundando. La democracia no
habría sido posible en Venezuela sin un pacto para moderar
las controversias y las pugnas por el poder. Es por esto que se
considera que la viabilidad de la consolidación de la
democracia comenzó sobre la base de este pacto, firmado el
31 de octubre de 1958. El día antes de los comicios, los
tres candidatos firmaron, en la sede del Consejo Supremo
Electoral, una Declaración de principios y el Programa
Mínimo. En las elecciones del 7 de diciembre de ese
año fue electo presidente Rómulo Betancourt.
Quedando demostrado así como la
organización de los partidos decidió las
elecciones y, en los años posteriores, decidirán
las siguientes elecciones y la vida de la Nación en su
conjunto.
En 1961 se puso en vigencia una nueva
Constitución, y en 1963 se dio el primer traspaso de mando
legítimo, cuando triunfa en las urnas Raúl Leoni
(AD) el 1 de diciembre. Durante la década de los 60, el
juego
político irá cambiando, aunque se mantendrá
el espíritu de cautela y compromiso, de dedicación
a la competencia y a
la democracia, que seguirá marcando el proceso de
consolidación. En esa década se superó la
fragmentación y surgió un sistema de partidos
dominado por la competencia
bipartidista. Esto, debido a la declinación constante de
AD y al crecimiento sostenido de COPEI, que gana las elecciones
de 1968, que marca la cota
más alta de dispersión electoral en la historia
política de Venezuela, marcando un hito, pues
posteriormente se producirá una alta concentración
de los votos por parte de AD-COPEI. El nuevo presidente fue el
doctor Rafael Caldera (COPEI), quien ganó por un escaso
margen de 30 mil votos. Durante su presidencia, en el marco del
proceso de "pacificación" que emprendió, el Partido
Comunista de Venezuela (PCV) se reintegró al debate
político pacífico y legal (había apoyado al
movimiento
guerrillero procastrista que pretendió tomarse el poder
unos años antes).
Desde los 70, la competencia entre los dos partidos
"grandes" ha dominado el escenario político. En las
elecciones de 1973 se consolidó el sistema bipartidista,
resultando electo para presidente Carlos Andrés
Pérez (AD). El nuevo residente del palacio de Miraflores,
apoyado en su gran popularidad y en la abrumadora mayoría
parlamentaria, promovió la nacionalización de la
industria petrolera en 1975. Esto coincidió con un aumento
notable de los precios del
petróleo,
lo que llevó al país a una especie de euforia y
distensión por la riqueza fácil. Asimismo, el
Estado se fue haciendo cargo de una serie de compromisos que
después le pasarían la cuenta, solicitando créditos para la construcción de monumentales obras
públicas y subvencionando los artículos de primera
necesidad hasta en un 50%.
En las elecciones de 1978 volvió al poder el
partido democratacristiano COPEI, eligiendo a Luis Herrera
Campins. Con esos resultados, los venezolanos dieron un notable
ejemplo de la viabilidad de la alternancia pacífica en el
poder, robusteciendo sus instituciones democráticas. Al
comenzar el nuevo período presidencial, la bonanza
económica se estimuló por una nueva alza en los
precios
internacionales del petróleo, hasta caer estrepitosamente
hacia el final del mandato. Esto provocó la devaluación del bolívar y una
inédita inflación, la que se agregó a la
generalización de la corrupción
administrativa, a manejos inescrupulosos en las entidades
bancarias y a la intensificación del escándalo
político; elementos de descomposición social y
política de esos años.
Al promediar la década de los 80, encontraremos
los orígenes de la Crisis del sistema de partidos, tema
que abordaremos en el próximo apartado.
La Crisis de los tres
febreros.
En este capítulo deseamos abordar la urgencia de
reforma fundamental que se comenzó a sentir en el
régimen de partidos en Venezuela durante la década
de los 80 y comienzos de los 90. Esta tomó sentido de
Crisis luego de tres hechos ocurridos en febrero y que
afectarán a los pilares sobre los cuales se
sostenía la democracia de Punto Fijo.
El 18 de febrero de 1983 se produjo el llamado "Viernes
Negro", que debilitó la fuerte economía, iniciando
un inusitado período de inflación. Tras todos los
problemas
económicos y sociales que esto suscitó, el sistema
político fue siendo objeto de una creciente
crítica, ante lo que se veía como la incapacidad
del sistema para garantizar un mejor estándar de vida a
una población mal acostumbrada a la opulencia de los
años de oro del "oro negro"; incapacidad para canalizar
las nuevas demandas por mayor participación
política y socioeconómica. El debate se
centró en la necesidad de efectuar reformas electorales,
pues se cayó en cuenta que el sistema electoral vigente
hasta entonces favorecía la oligopolización del
juego
político, lo que se conoce por "partidocracia". Esto se
debe a que se votaba por lista cerrada, adquiriendo una
desmesurada relevancia la competencia interna de los partidos por
la selección
de los candidatos, donde los líderes decidían
más, entre sus cuatro paredes, que el pueblo con sus
votos.
En este contexto, AD vuelve al poder por las elecciones
del 4 de diciembre de 1983, resultando presidente Jaime Lusinchi,
para el período 1984-1989. El nuevo presidente, escuchando
a la opinión
pública, creó la Comisión Presidencial
para la Reforma del Estado (COPRE), el 17 de diciembre de 1984,
debido a la insuficiente complejidad de las instituciones
políticas en comparación con la complejidad
alcanzada por la sociedad venezolana. Las propuestas de reformas
tuvieron tres objetivos:
procurar la democratización interna de los partidos,
establecer condiciones de "juego justo" en la competencia entre
partidos, y la mencionada reforma institucional para el fomento
de una mayor calidad en el
proceso electoral. Como resultado se pudo apreciar por primera
vez el nombre de los candidatos en el voto, dejando atrás
el método de
lista cerrada.
Se introdujo la separación de las elecciones
municipales, es decir, un voto para alcalde y otro para concejal,
lo que dio mayor relevancia política e identidad al
gobierno local, permitiendo a los partidos y grupos
pequeños competir en política y obtener una
representación para sus minorías. También se
instauró la elección directa de los gobernadores
estatales, creando un nuevo espacio de participación y de
paso reforzando la tendencia a la descentralización del poder. En general, la
puesta en práctica de dichas reformas generó nuevas
dinámicas en el sistema de partidos venezolano, pero, como
lo prueban los hechos posteriores, fueron reformas más de
forma que de fondo.
Durante el gobierno de Lusinchi, las complicaciones
económicas y sociales fueron agravándose, afectando
la credibilidad y legitimidad de la que gozaban los partidos
políticos y deteriorando seriamente la calidad de
vida de la población. Al mismo tiempo, se
ponía en entredicho la capacidad de la democracia y de los
partidos para hacer frente a esas complicaciones y resolverlas.
La crisis económica hizo dudar sobre la capacidad del
sistema de operar en circunstancias tan adversas y tan distintas
a los inicios de la democracia. Al finalizar su período,
Venezuela está inmersa en una crisis global.
Situación que será aprovechada por el ex presidente
Carlos Andrés Pérez (quien solo podía
presentarse a la reelección tras dos períodos, es
decir 10 años), para presentarse a las elecciones del 4 de
diciembre de 1988, en las que obtuvo un rotundo
triunfo.
Su gobierno comenzó con grandes expectativas,
pero casi de inmediato debió afrontar una inesperada
oleada de varios días de protestas populares
acompañadas de saqueos y violencia, lo que
constituirá el segundo febrero.
Las sangrientas manifestaciones urbanas (saqueos) que
estallaron el 27 de febrero de 1989, se produjeron en respuesta
al ajuste estructural del gobierno, cuando el pueblo se
negó a pagar los precios que exigían los
transportistas. Esta manifestación espontánea
minó la capacidad de los partidos de canalizar y controlar
la participación. En respuesta a la furia popular, que en
corto tiempo
desbordó a la policía, el presidente Pérez
envió al ejército a controlar la situación
en Caracas y decretó la suspensión de las
garantías constitucionales y la vigencia del toque de
queda. Estas fueron las repercusiones sociales a los ajustes del
tipo venezolano, esos en los que "ustedes se aprietan el
cinturón pero nosotros seguimos haciéndonos de
mansiones, cuentas bancarias
y lujosos viajes".
El 27 de febrero de 1989 representa el inicio de la
noción de Crisis del régimen democrático
venezolano, y al inicio de las demandas por "democratizar la
democracia", solicitando nuevos canales de participación
ciudadana, ante la emergencia de nuevos grupos y/o movimientos,
más allá de las redes controladas por los
partidos. Esa jornada, triste por las tres centenas de muertos,
por los saqueos y los casi 200 incendios
provocados por la turba, fue señalada como "el 23 de enero
social", por los historiadores venezolanos, significando con esto
el arranque de una lucha por una nueva sociedad. En marzo de ese
año, fue restituída la libertad de
expresión, las garantías constitucionales y el
presidente anunció vastos programas
sociales.
En lo sucesivo la abstención irá creciendo
a ritmo sostenido, hasta llegar a niveles impensables en 1958.
Diversos actores afloran en la escena política y hacen
suya la demanda por
una reforma completa del sistema institucional del gobierno,
incluso de los partidos políticos y del Poder Judicial,
acusados de ser cómplices y culpables de la
dilapidación de la rica Venezuela.
Durante el mandato de Pérez, un grupo de
militares jóvenes encabezó un levantamiento armado,
que pretendía aniquilar al presidente, y que
fracasó. Eso si, el intento de golpe militar del 4 de
febrero de 1992, derribó la superioridad obtenida por los
partidos en el equilibrio de
fuerzas con los militares. Después de la intentona
liderada por Hugo Chávez Frías, nuevas
organizaciones comenzaron a consolidarse como organizaciones
políticas alternativas y los líderes de los
partidos vieron con horror el eco favorable que las intentonas
golpistas tenían en la opinión
pública.
Luego de la deposición de las armas vino el
encarcelamiento de los rebeldes, castigo que duró hasta
que, tras la destitución por corrupción de Carlos
Andrés Pérez en 1993, el nuevo presidente Rafael
Caldera los liberara en 1994. En todo caso esos meses sirvieron
para generar la convicción de que el mejor camino para
acabar con los corruptos era la vía de los votos, no la de
la violencia. El descontento económico y social
comenzó a hacerse oír, dejando la sensación
de que los partidos eran dirigidos por camarillas corruptas que
se habían distanciado irreversiblemente de las masas y que
habían creado un sistema de gobierno de los partidos,
más que del pueblo. La crítica se hizo despiadada y
arreciaron las acusaciones de corrupción, amiguismo y
apoyo mutuo e interesado entre los dos partidos principales.
Así surgió el concepto de "puntofijismo", que
sirvió a los nuevos portadores de demandas de
participación, para designar al sistema de partidos
originado en el Pacto de Punto Fijo de 1958, y que tiene una
connotación negativa.
Entre los nuevos actores políticos destacan el
Movimiento al Socialismo (MAS)
y el Movimiento V República (MVR), que apoyaron la
candidatura de Hugo Chávez y su programa de profunda y
radical reforma del Estado, materia que será analizada en
el próximo capítulo.
El "puntofijismo" se ha convertido en un calificativo
denigrante de tono claramente peyorativo dentro del lenguaje
empleado en la realidad que se está viviendo en Venezuela.
Para algunos esto resulta vergonzoso puesto que sin un Pacto de
Punto Fijo para moderar las controversias y las pugnas por el
poder la democracia no habría sido posible en Venezuela.
Un venezolano, quien participó en la política en
aquellos días, solía decir que "si los venezolanos
fuéramos tan pacientes con la democracia como lo
éramos con las dictaduras, otra sería la
situación". Durante los primeros años de la
democracia abundaron los intentos de golpe militar, como el
encabezado por el general Castro León. Las raíces
de la dictadura mostraban resistencia al
cambio. Si la alianza de los partidos para defender el
régimen democrático de estos coletazos
dictatoriales, este no hubiese sobrevivido, pese al respaldo
masivo con que contaba la democracia. Quienes concertaron el
cambio, los jefes de AD, COPEI y URD, interpretaron
inteligentemente lo que era una prioridad de carácter
histórico. Cometieron un error: discriminaron al Partido
Comunista, quizás por el temor que éste suscitaba
entre los militares, lo que generó malestar en el
tiempo.
Punto fijo tuvo vigencia, así, para preservar,
ante todo, el poder civil. Hubo coaliciones de partidos para
ejercer el poder, en unas ocasiones de los tres partidos, en
otras de dos partidos y finalmente, el pacto se redujo al
Parlamento. Punto Fijo se fue ocultando en el pasado, mientras en
los partidos se pensaba que la democracia estaba garantizada de
una vez y para siempre. Craso error, porque la democracia es una
batalla cotidiana.
De esa concepción de Punto Fijo a la
utilización de la palabra "puntofijismo" para condenar
todo lo que es condenable del pasado, y confundirlo con lo que no
es condenable, no le rinde ningún tributo a una
interpretación equilibrada de la política. Se tuvo
éxito
por que los partidos se comprometieron también a no
monopolizar el poder, como había ocurrido en el
período 1945-1948.
Ahora están frente al renacimiento de
los dos males políticos que se trató de evitar
entonces: el canibalismo y el monopolio del
poder. El debate ha degenerado en pugnas personales. Se
dividieron los generales del 4 de febrero, y se pusieron de
manifiesto discrepancias y enconos que pocos imaginaban. Civiles
y militares del MVR no parecen estar conformes unos con otro, y
se ha abierto entre ellos un duelo impredecible. En una palabra,
que el poder concentrado a sido inmanejable, y que quienes lo
controlan parecen haber perdido la perspectiva del enorme
compromiso adquirido con el país. De modo que todo aquello
que se condena indiscriminadamente con la palabra puntofijismo no
desaparece de la escena.
El país se encuentra envuelto en una alarma
generalizada. Ha pasado de la incertidumbre al desconcierto y al
temor. Venezuela deberá enfrentar el complejo proceso de
relegitimación de los poderes, en un clima de
inusitada "violencia verbal". Se necesitan medios que garanticen
la transparencia en los asuntos del Estado, y como en las peores
prácticas de la tradición venezolana, antes de
Punto Fijo, y con Punto Fijo, los factores políticos se
obstinan en mantener como secretos de Estado todo lo que
legítimamente concierne a los dominios de la
opinión pública.
Dentro de los argumentos que esgrime Hugo Chávez
para ganar las elecciones podría sintetizarse de la
siguiente manera: en las elecciones de 1998 su eslogan electoral
fue "hay que acabar con esto", y a la inmensa mayoría de
los venezolanos, hastiados de ese régimen corrupto,
compartió esa necesidad. A partir de 1999 cambia el
discurso electoral, ahora es "la culpa de tu pobreza la tiene
los ricos, y yo voy a quitarles a ellos para darte a ti". Ya no
son los corruptos de la Cuarta República, son los ricos.
Una apelación directa al sentimiento más ruin de
los que tiene enraizado la mente humana desde tiempo inmemorial:
la envidia generadora del odio social. Según la estrategia
chavista al envidioso en realidad no le importa si por su voto
él permanece igual o si incluso empeora. Lo que le importa
es que le quiten algo al envidiado. La segunda parte de la
oferta, que
después se lo den a él, le importa menos. En otras
palabras ya no es el puntofijismo y su corrupción que
desaparecieron, el enemigo responsable de la pobreza, ni
siquiera los nuevos corruptos de la quinta república, sino
que los responsables desde tiempos de la Independencia,
son los oligarcas.
Las Fuerzas Armadas
Nacionales.
La Constitución de 1961 establece que las FAN son
una institución profesional, impersonal y apolítico
al servicio
exclusivo de la Nación, y tiene por objeto fundamental su
defensa, el mantenimiento
de la estabilidad interna y el cumplimiento de la
Constitución y de las leyes; sus
miembros no pueden ejercer el derecho de sufragio, pertenecer a
agrupaciones políticas ni tomar parte en las actividades
de éstas, mientras permanezcan en servicio
activo.
Durante la época de Betancourt se hicieron
esfuerzos en el sector militar por definir de manera clara las
funciones de
las Fuerzas Armadas en un país democrático. Al
efecto, las FAN fueron definidas como instrumento
político, se adoptó la separación del poder
civil y el poder militar, y se estableció su
carácter de institución profesional, impersonal y
apolítica.
A finales del gobierno de Leoni se alcanzó un
modelo de
articulación civil-militar caracterizable en su
definición de resguardadora de la integridad del sistema,
un papel
político dado formalmente por unas normas legales
complementadas sustitutivamente por unas reglas no escritas y un
proceso de socialización política, y por
garantizar su desarrollo profesional y su estabilidad
socioeconómica.
El presidente Chávez por su parte ha conducido a
las FAN a jugar un papel
político convirtiéndolas en centro de su Gobierno,
el Plan
Bolívar 2000y las utiliza en toda la sociedad venezolana
para enfrentar la crisis social, buscando una simbiosis
cívico-militar, a esto hay que agregar que el Partido de
gobierno es constituido de una manera importante en su junta
directiva por los oficiales que estuvieron involucrados en el 4
de febrero y el 27 de noviembre; esto, a la vista de
especialistas puede resultar muy peligroso y delicado,
comprometiendo al régimen político existente en el
país. Agregan que por lo menos lo venezolanos han
interpretado que por lo menos las FAN están jugando un
papel por encima de lo que establece la
Constitución.
En general los militares han considerado que no deben
votar, porque consideran que el voto puede dividir las FAN, que
el país no está suficientemente maduro y que hay
demasiada pasión por la política.
Asamblea Nacional Constituyente.
Es la forma como el pueblo ejerce el poder
constituyente. El poder constituyente es la voluntad primaria y
soberana del pueblo que se manifiesta en la creación de
una Constitución, mediante la cual se organiza como
República o Estado y regula su convivencia en comunidad. Es,
por tanto, la soberanía misma, que se ejerce para
estructurar el sistema político. Consiste, por ende, en la
suprema capacidad y dominio del
pueblo sobre sí mismo, al darse por su propia voluntad una
organización política y un ordenamiento
jurídico. Es el inicio de la coyuntura concreta que
abordamos en este trabajo.
El vocablo "constituyente" fue creado por al Abate
Sieyes como adjetivo calificativo de aquel poder
específico que constituye la expresión de la
soberanía. A partir de ese momento
quedó el término e incorporado al derecho
público moderno, desde la publicación de su
famoso libro
"¿Qué es el Tercer Estado?" (1788).
La importancia del poder constituyente se percibe en los
momentos de cambio de la Constitución, "pacíficos o
revolucionarios", cuando surge de un "clima
constituyente" que sensibiliza a la opinión
pública. Aunque la mayoría de los ciudadanos ignora
los argumentos y términos jurídicos, este clima
constituyente les atrae y obliga a seguir los debates en torno al
nuevo texto
constitucional.
Es soberano o supremo, porque el poder constituyente
está por encima de todos los demás poderes y
órganos. No se encuentra subordinado a ningún poder
externo o interno. Las bases fundamentales de la
organización y funcionamiento de la comunidad han de
proceder de la voluntad soberana del pueblo, ya que afectan su
existencia y continuidad.
Es primario u originario, porque el poder constituyente
no deriva de la Constitución sino del pueblo integrado en
Nación. El poder constituyente es distinto a los poderes
fundados en la Constitución (ejecutivo, legislativo y
judicial). El poder lo ejerce el pueblo a través de
representantes suyos extraordinarios.
Mediante el ejercicio de su poder soberano, el pueblo
puede romper "revolucionariamente" con el régimen
jurídico, político o socioeconómico que no
se adecue a sus aspiraciones o que sea obstáculo para su
progreso. De allí que el poder constituyente tenga, en
primer lugar, un fin destructivo, en cuanto rompe con el sistema
anterior. Y, en segundo lugar, un fin constructivo, porque
persigue construir un nuevo sistema
jurídico-político en el cual se plasmen los
designios del pueblo, se apunten las soluciones a
los grandes problemas que lo afectan y se indique las medidas
para satisfacer las necesidades y carencias
colectivas.
El sujeto originario sobre el que descansa el poder
constituyente es el Pueblo, en cuanto colectividad
orgánica y unitaria. Encuentra su justificación en
las exigencias imperiosas del bien común.
Si la soberanía reside en el Pueblo, el Poder
Constituyente sólo a él pertenece. Es, por tanto,
la actividad que el pueblo despliega para realizar una
determinada finalidad que el mismo se propone, consistente en
darse una constitución positiva en la que se conviertan en
normas jurídicas los elementos que constituyen la
"constitución real"; es decir, el ser, el modo de ser y el
querer ser populares. El ser de un pueblo es su existencia misma;
el modo de ser, sus atributos; y el querer ser entraña sus
designios, aspiraciones e ideales.
El pueblo no puede ejercer por sí mismos el poder
constituyente. Es imposible que todo el pueblo participe en la
elaboración de la Constitución. Esta tarea es obra
de la inteligencia y
de la voluntad y su producción requiere la acción del
entendimiento manifestada en varias operaciones
sucesivas tales como la redacción de un proyecto, su
estudio y discusión, y finalmente su aprobación.
Estas operaciones no
son susceptibles de realizarse por el mismo pueblo directamente.
Por esta razón el ejercicio del poder constituyente se
delega en un cuerpo integrado por representantes del pueblo que
se denomina Asamblea Constituyente.
Este es el órgano al cual se le confía o
entrega el ejercicio del poder constituyente. Por este motivo los
títulos de legitimidad de dicha asamblea y de su obra
derivan de la relación directa que exista entre ella y el
pueblo, o sea, de la auténtica representación
popular que ostente. Sin esa relación directa o faltando
la representación, la obra constitucional, por más
perfecta que se suponga, tendrá un vicio de origen: su
carácter espúreo o ilegítimo.
En el plano político, la propuesta fundamental
del programa del ahora nuevamente candidato presidencial Hugo
Chávez es hacer una Revolución Democrática,
en forma pacífica y por medios democráticos. Con
ello se pretende transformar el marco institucional, dentro del
cual los actores económicos, políticos y sociales
hacen sus planes y toman sus decisiones; marco institucional que
estaba caracterizado por el dominio de las
cúpulas de los partidos políticos tradicionales
que, a su vez, controlaban los diferentes poderes del Estado en
casi todos los ámbitos territoriales, tanto nacional como
regional y local. Una pequeña elite de los partidos
tradicionales, decidía quienes ocuparían los cargos
para ser miembros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General
de la República, el Contralor General de la
República y los directivos del Consejo Supremo Electoral,
ahora Consejo Nacional Electoral. Esos mismos cogollos
decidían sobre el comportamiento
de las fracciones políticas en el Congreso e
influían decisivamente en las decisiones de la Corte
Suprema de Justicia. Con lo que, en la práctica, quedaba
cercenada la división de poderes. Esto impidió una
sana y dinámica relación entre los diversos
actores de la vida nacional. Las decisiones de carácter e
interés
nacional eran sometidas al tutelaje de las direcciones
partidistas, sin que sobre éstos existiera algún
control efectivo
por parte de la sociedad venezolana. El alto grado de
concentración de poder, combinado con un Estado que ha
manejado y maneja grandes recursos provenientes del negocio
petrolero, trajo consigo la generación de corruptelas,
compadrazgos y clientelismo, erosionándose el desarrollo
democrático de la vida nacional.
La forma en que se pretende alcanzar esta
Revolución Pacífica es, corroborando lo propuesto
por Huntington, procurar la Institucionalización de la V
República. Una vez concluidas las megaelecciones, se
dejará atrás el proceso de transición
institucional, en el que era necesario definir al adversario, las
elites corruptas e ineficientes del puntofijismo, aislarlas,
segregarlas y desplazarlas. Lo que se logró
pacíficamente, con métodos
democráticos y con un mínimo de tensiones sociales
y de perturbaciones en la vida institucional.
Ahora entramos en el período de
institucionalización de la V República.
Serán elegidos los miembros del Tribunal Supremo de
Justicia; del Poder Ciudadano, Fiscal
General, Contralor General y Defensor del Pueblo; del Poder
Electoral, conforme a la normativa de la Constitución
Bolivariana. Lo que implica, contrariamente al proceso anterior,
mecanismos de negociación entre los sectores
representados en los diferentes organismos de los Poderes del
Estado, legitimados mediante el proceso eleccionario y actuando
dentro de las reglas del juego establecidas en la
Constitución.
A continuación ofreceremos una síntesis
de las principales diferencias entre la Constitución de la
IV República, cuya data es de 1961, con la nueva
Constitución Bolivariana. Aquella Carta fundamental
rigió el juego democrático durante los 40
años de existencia de la democracia de Punto Fijo y el
Pueblo venezolano buscó producir los cambios que ese
sistema requería, mediante el proceso coyuntural resumido
en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Los cambios, y sus
repercusiones, son:
Un nuevo nombre para la
República.
En el artículo primero de la nueva Carta Magna se
lee: "Venezuela se declara República Bolivariana,
irrevocablemente libre e independiente, y fundamenta su
patrimonio
moral
así como los valores
de libertad, justicia y paz internacional en la doctrina de
Simón Bolívar, el Libertador". Analistas
consideran que con esta decisión la ANC introdujo un
componente ideológico de tinte nacionalista en la Carta Magna.
Gerardo Fernández, abogado constitucionalista, estima
que se trata de un "antojito revolucionario" para complacer al
presidente Chávez.
El Voto militar.
La nueva Constitución señala que "los
integrantes de la Fuerza
Armada Nacional en situación de actividad, tienen
derecho al sufragio de conformidad con la ley". La posibilidad
de extender el derecho al sufragio a los militares sin
ningún tipo de discriminación por rangos, no debe
confundirse con el carácter apolítico y no
deliberante de la institución. La existencia de uno no
impide la aplicación del otro. El derecho al voto por
parte de los miembros de la Fuerza Armada Nacional,
implicaría la igualdad de
condiciones frente a los civiles en cuanto al sufragio como
derecho universal. Además, el ejercicio del voto por
parte de los militares debe asumirse como una decisión
privada y no pública o institucional. El nuevo texto
constitucional consagra como pilares fundamentales la disciplina,
la obediencia, la subordinación y la acción
conjunta y se puntualiza que no les está permitido optar
a cargo de elección popular, participar en actos de
propaganda,
militancia o proselitismo político
partidista.
La reelección presidencial
inmediata.
La nueva Constitución establece que "el
período presidencial será de seis (6)
años. El Presidente de la República puede ser
reelegido, de inmediato y por una sola vez, para un
período adicional". El historiador Manuel Caballero
advertía desde los comienzos del proceso constituyente,
que la principal preocupación del presidente Hugo
Chávez era lograr la reelección a través
de la Asamblea. Caballero denominaba a la ANC, "la
reelectuyente". Hoy el camino queda abierto para que el primer
mandatario permanezca en Miraflores hasta el 2011, si el primer
año de gobierno (1999) no es contado en la
relegitimación del Poder
Ejecutivo. Algunos detractores de la decisión
advierten acerca del peligro que encierra la permanencia en el
poder por muchos años (sobre todo en países de
fuerte tradición caudillista y militar), y el desgaste
de la legitimidad presidencial.
El Vicepresidente.
Cada una de las ramas del poder público
tendrá determinadas novedades: el Ejecutivo suma a la
figura del primer mandatario la del vicepresidente, su
más directo colaborador. El deberá coordinar las
relaciones con el Legislativo y los demás entes de la
administración pública.
Estará para suplir al presidente con todas las
atribuciones que éste le delegue. Este miembro del
Ejecutivo tiende a cambiar las características de la política
nacional. La figura es suceptible del voto de censura de la
Asamblea Nacional (Legislativo), al igual que cualquier
ministro. Pero si en un período la Asamblea sanciona a
tres vicepresidentes, el presidente adquiere la potestad de
disolver al parlamento para que sea renovado en
elecciones.
La unicameralidad.
El nuevo parlamento será un cuerpo con un menor
número de miembros y también con menos
atribuciones, sobre todo en el ámbito militar.
Quizás por ser sujeto de críticas populares, la
Constituyente puso especial énfasis en este nuevo poder.
Sus miembros, de mandato revocable, perderán potestades
como la amplia inmunidad que anteriormente disfrutaban. La
primera razón a favor de una sola cámara, fue la
reducción de la burocracia, lo
que daría celeridad a la actividad legislativa. Se ha
dicho incluso, que anteriormente todo el trabajo
lo hacía la Cámara de Diputados, por lo que la
Cámara de Senadores estaría de más en una
estructura donde se busque mayor efectividad. Este argumento es
desmentido por quienes aseguran que la unicameralidad es
utilizada en países donde se concentra el poder en un
sólo partido político y sin tradición
democrática.
El Tribunal Supremo de Justicia.
"Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la
dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial,
la inspección y vigilancia de los tribunales de la
República y de las Defensorías Públicas.".
Este organismo viene a sustituir a la Corte Suprema de Justicia
como ente rector del sistema judicial venezolano. La forma de
elección de los nuevos magistrados será
más compleja y participativa. Hasta ahora eran electos
por mayoría simple del Congreso. En adelante
serán electos en el Legislativo, pero se
requerirá de un proceso que se inicia con postulaciones
personales y se obliga a escuchar a la comunidad. Esto busca
que sean magistrados más autónomos y que
actúen sin la presión
de haber sido elegidos por sectores
políticos.
El Poder electoral.
Se establece que el Poder Electoral se ejerce por el
Consejo Nacional Electoral como ente rector y, como organismos
subordinados a éste, la Junta Electoral Nacional, la
Comisión de Registro Civil
y Electoral y la Comisión de Participación
Política y Financiamiento. Este nuevo poder público
viene a cumplir una reiterada petición del sector para
que se diera rango constitucional al órgano que realiza
las elecciones. Desaparece el Consejo Nacional Electoral, ente
que curiosamente no llegó a cumplir dos años de
vida. Los miembros serán sólo cinco. Las otras
nuevas instituciones constitucionales del ámbito
electoral que la Constituyente consideró pertinente
crear, tratan de unificar el registro Civil
y el Electoral, y la coordinación de la participación
ciudadana, que ha sido emblema político de los
últimos años.
EL Poder Ciudadano.
La nueva Carta Magna reza: "El Poder Ciudadano se
ejerce por el Consejo Moral Republicano integrado por el
Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General
de la República". Toda una novedad en la vida
republicana de Venezuela. Incorpora una nueva figura, el
Defensor del Pueblo, cuyas funciones son prevenir, investigar y
sancionar los hechos que atenten contra la ética
pública y la moral
administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del
patrimonio
público; el cumplimiento y la aplicación del
principio de legalidad en toda la actividad administrativa del
Estado y promover, igualmente, la
educación como proceso creador de la
ciudadanía, así como la libertad, la solidaridad, la
democracia, la responsabilidad
social y el trabajo.
Inspirado en la frase de El Libertador: "Moral y Luces son
nuestras primeras necesidades", este poder público fue
rechazado por quienes argumentaban que no se justifica en una
democracia que ya contempla a las figuras del Contralor y del
Fiscal como entes autónomos. En adelante, al formar
parte de un mismo poder, no habrá vigilancia
recíproca entre éstos.
Rendición de cuentas del
Banco
Central.
En la nueva Carta Magna el Banco Central de Venezuela
(BCV) "se regirá por el principio de responsabilidad pública, a cuyo efecto
rendirá cuenta de las actuaciones, metas y resultados de
sus políticas ante la Asamblea Nacional, de acuerdo a la
ley". A los economistas les preocupa esta decisión.
Estiman que si esa rendición de cuentas se hace sobre la
gestión monetaria y cambiaria, el ente emisor
perdería la potestad de controlar la inflación, y
tal es su objetivo
La evasión fiscal como delito
penal.
"La evasión fiscal, sin perjuicio de otras
sanciones establecidas por la ley, podrá ser castigada
penalmente". En Venezuela una de las grandes debilidades de la
recaudación fiscal está en la evasión y
corrupción administrativa.
Petróleos de Venezuela (PDVSA) propiedad
absoluta del Estado.
En la nueva Constitución el Estado
conservará la totalidad de las acciones de
PDVSA o del ente creado para el manejo de la industria
petrolera por razones de soberanía económica,
política y de estrategia
nacional, exceptuando las de las filiales, asociaciones
estratégicas y cualquier otra que se constituyan como
parte del desarrollo de la empresa. La
disposición constitucional deja abierta la posibilidad
de que las filiales puedan tener capital
mixto, y contempla la posibilidad de que se realicen
asociaciones estratégicas.
Los derechos indígenas.
"El Estado reconoce la existencia de los pueblos y
comunidades indígenas, su organización social,
política y económica, sus culturas, usos y
costumbres, idiomas y religiones, así
como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras
que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias
para desarrollar y garantizar sus formas de vida". Expertos de
la frontera venezolana consideran que si se aceptan los
"derechos originarios" de los indígenas, éstos,
basándose en el principio inalienable de
autodeterminación de los pueblos, estarán en
capacidad de exigir y obtener derechos para la
explotación de sus propias tierras, con sus recursos
naturales y minerales; la
desmilitarización de las mismas; recibir
préstamos internacionales o la restitución de los
territorios que hayan sido confiscados o dañados. El
contralmirante (r) Ramiro Pérez Luciani, presidente del
Instituto de Estudios Fronterizos, advierte que
estaríamos frente al desmembramiento de una
porción de Venezuela.
Las percepciones sobre los acontecimientos que
están sucediendo en Venezuela, las llamadas
"megaelecciones", han suscitado múltiples opiniones, a
menudo muy diversas entre sí, y que a continuación
recogemos con el fin de ilustrar que opina la sociedad, una
sociedad que ve su futuro desde una perspectiva positiva, y otros
como algo incierto y de rasgos pesimistas. Las fuentes
utilizadas para tal cometido, son artículos de prensa
venezolana, extraídas de Internet.
Al referirnos a una visión positiva de la
realidad en Venezuela, queremos decir que existe un optimismo
sobre los resultados que se obtendrán en las
próximas elecciones del 30 de julio, y que
significarían la consolidación del proceso de
democratización de la democracia.
En el artículo de Ricardo Combellas, que lleva
por título "Caudillismo
versus Democracia Participativa", se aprecia una incertidumbre
sobre qué camino tomará luego de las elecciones, la
política venezolana. El autor cita a Aristóteles, "la esperanza es el
sueño de un hombre
despierto", y opina que al extrapolar su significado, a la
Democracia Participativa podemos concebirla como un
desiderátum, una esperanza del sistema político
venezolano. La verdad para el autor es que ésta nunca ha
existido, ni siquiera en las formalidades constitucionales. Sin
embargo se muestra
optimista, pues la aprobación de la Constitución
Bolivariana significa a su entender una buena señal para
el avance de la Democracia en Venezuela y la apertura a un mapa
ambicioso para su desarrollo. Admite que realizar este
sueño no será una tarea fácil,
principalmente por la tradición, la de un caudillismo
autoritario, que vence pero no convence. A raíz de esto el
autor cita a Unamuno, "Venceréis pero no
convenceréis. Venceréis porque tenéis
sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis porque
convencer significa persuadir y para persuadir necesitáis
algo que os falta razón y derecho en la lucha". Los
valores
universales democráticos de la libertad y la igualdad son
ajenos, extraños a la vida de los venezolanos. Esta
situación es explicada por la pobreza
creciente que ha convertido a la mayoría en
incrédulos en relación a la igualdad, es decir,
frente a las promesas de mejor nivel de vida y de justa distribución del ingreso.
El autor Baldomero Vásquez Soto, en su
artículo "El final de la Democracia como Idelogía",
agrega a los factores antes señalados la
degradación institucional de los poderes ejecutivo,
legislativo, judicial, electoral y militar, a causa de la
apropiación indebida que la élite dominante hizo de
ellos, y que ha traído como consecuencia el hecho de que
el pueblo considere moralmente ilegítimas las
instituciones políticas de la democracia venezolana y
rechace abiertamente a aquellos que la ejercen: los partidos
políticos. Esta desligitimación institucional que
padece el régimen democrático es el detonante del
fenómeno chavista. La travesía que ahora emprende
Venezuela es "hacia la mayoría de edad para hacer realidad
una sociedad productiva, democrática y moderna. Un
capitalismo
verdadero, para utilizar las palabras del presidente
Chavéz".
El artículo de Salomón Baum, titulado "Las
dos Venezuela", da testimonio de dos realidades, dos capas que
conviven, se enfrentan a veces. Las que están conformadas
por una Venezuela de trabajo; la otra Venezuela corrupta. La
primera capa, según el autor, debe ser estimulada y
relanzada para que termine por dominar, por infiltrarse en todas
partes, para que así silencie y opaque a la capa
infructuosa. No hay duda para él, en la necesidad de
grandes y profundas reformas, destaca la iniciativa de Hugo
Chavéz, candidato a la presidencia en la convocatoria a
una Constituyente. Para el autor estas reformas no tienen por
qué ser violentas, ni implicar amenazas, como tampoco
conllevar la imposición de sistemas de
gobierno autoritarios y demagógicos, que coarten la
libertad. La revolución debe ser pacífica, y debe
implicar el cambio radical de actitud del
venezolano, mediante el ejemplo y la práctica de todo el
tren gubernamental. La postura presentada muestra un
optimismo, que se refleja en la confianza hacia un nuevo
gobierno, el cual debe sustentarse sin duda alguna en el ejemplo,
para que de ese modo se logre una culturización
democrática en la sociedad venezolana.
A continuación se tratarán aquellos
artículos que no ven futuro próspero para los
resultados que se obtendrán en las megaelecciones, pues
asumen de antemano el fracaso del proyecto
político de Hugo Chavéz, que significará un
estancamiento en la ya destrozada Venezuela.
Es un hecho reconocido el pensar que en Venezuela la
Democracia ha existido durante cuarenta años. Sin embargo
el artículo de Alicia Alamo Bartolome, titulado "Eso es
verdad…", nos muestra una realidad que se aleja de todo
parámetro mínimo de Democracia, en donde ha
existido un Congreso de parásitos privilegiados,
ausentismos, curules vitalicios, viáticos a granel para
viajes,
teléfono gratis, jugosas jubilaciones,
prestaciones
sociales incalificables por la naturaleza del
servicio que debían prestar, impunidad – más
que inmunidad – parlamentaria, más toda clase de
ventajismos. También critica la despreocupación del
gobierno demostrada ante la pasada catástrofe ambiental,
ya que éste se encontraba concentrado en el triunfo del
"SI" a la nueva constitución. Para la autora
después de un año constitucional poco ha variado la
situación de Venezuela, los personeros del régimen
hacen los mismos negocios, se
arrogan los mismos privilegios, se saltan "sus" nuevas leyes
eligiendo a dedo, practican el "quítate tú para
ponerme yo".
En el artículo de Nicomedes Zuloaga titulado "El
veneno de la Democracia", vemos de manera tajante como se
expresa, citando para ejemplificar su postura a Norberto Bobbio,
sobre uno de los atributos más importante de la
Democracia, Elección por la Mayoría . Zuloaga
considera que las Elecciones son en realidad un verdadero mal
necesario del sistema que puede destruirlo, todo a raíz de
la mayoría que apoya a Chavéz, lo que considera
como el producto de lo
que él llama "deseo de retroceder y profundizar aún
más la crisis".
En la opinión de Mercedes Medina, "Democracia y
Cultura",
complementando la anterior opinión, precisa que al pueblo
venezolano le falta preparación y tradición
cultural, y asegura que Democracia y Cultura son
temas indisolubles, forman un juego dialéctico en el que
la primera es la base de la segunda y la segunda influye en la
primera.
Otra percepción
pesimista la encontramos en el historiador y ex Presidente de la
República Ramón J.
Velásquez ( entrevista).
Para él lo que está proponiendo Chavéz es
"Caudillismo y Personalismo". Lo único realmente nuevo
para él es la democracia. La palabra " Política"
estuvo prohibida hasta bien entrado el S. XX. y cuando el partido
político es armado, como en el liberalismo
amarillo, no hay debate ni contraste de ideas, no hay libertad ni
dignidad.
Ultimamente se han hecho oír las voces de
protesta de algunos militares venezolanos, llegándose a
hablar de un "Ruido de
Sables" que estaría perturbando al gobierno de
Chávez. "De seguir así, hay posibilidades de un
Golpe de
Estado. No quisiéramos que eso sucediera, pero si el
Presidente no rectifica los errores cometidos, podríamos
ir a una situación de ese tipo", advierte el almirante
Huizi Clavier. Este último agrega también que "hay
un descontento interno de las Fuerzas Armadas, con una alta
explosividad por los problemas
sociales del país, que no sabemos hasta donde
Venezuela puede aguantarla".
Podemos afirmar que la hipótesis
propuesta para interpretar los hechos que se han desarrollado
durante la coyuntura que sirve como objeto de estudio en este
trabajo se cumple. Esta aseveración tiene su fundamento en
el respeto por las
vías democráticas que se ha podido comprobar, para
llevar a cabo un proceso de cambio rápido y fundamental,
aunque no violento.
El Cambio ha sido rápido, porque si bien la
noción de Crisis y la necesidad de reformas de fondo en el
sistema se presentan desde mediados de los 80, la coyuntura que
ha desenvuelto el proceso revolucionario corresponde al
período comprendido entre la elección de
Chávez en 1998, y el proceso eleccionario actual, que
pretende formar las nuevas instituciones democráticas
según la nueva Constitución.
Durante estos 3 años se produjo un cambio
fundamental, que se inició con la acogida de las demandas
de llamar a la formación de la Asamblea Nacional
Constituyente, que venían escuchándose durante el
gobierno de Caldera, de parte de todos los sectores (incluyendo a
Fedecámaras, agrupación de los industriales) ese
mismo año. Así, un día cualquiera Venezuela
amaneció con el notición del cierre del Congreso
Nacional, lo que significó la muerte para
la Democracia de Punto Fijo, de tan célebre estabilidad
durante 40 años. Esto se tradujo en que los partidos
políticos que animaron dicho juego democrático
desde la fundación de la política de masas en 1958,
Acción Democrática (adscrita a la Internacional
Socialista) y COPEI (partido democratacristiano), fueron
desplazados del poder, quitándoles el Pueblo la
legítima representación de sus intereses. Lo
fundamental del cambio radica en la profunda
transformación que supone para la estructura de un Estado,
la refundación del mismo, dando paso a la llamada V
República. Su fundamentación se encuentra en las
páginas de la nueva Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, aprobada por
plebiscito en 1999.
Hoy estamos ad portas del fin de la incertidumbre sobre
el futuro de este proceso, pues lo que el mega proceso
eleccionario que está desarrollándose en estos
días busca, es iniciar la institucionalización de
la V República, mediante la elección de la
totalidad de las nuevas "autoridades" que ejercen el accionar de
los poderes del Estado. Aún está por verse si esto
podrá llegar a buen puerto, pues una vez finalizado el
período de inestabilidad de la coyuntura, y de
excepcionalidad en la conducción del proceso (queremos
decir que mientras no se elijan a los nuevos representantes y no
se ponga en marcha plenamente la V República se vive una
situación un tanto caótica, por cuanto no se tiene
total claridad para realizar su aplicación); mientras esas
dudas no se disipen, no se podrá saber si es o no es
viable la Revolución Pacífica. Cabe señalar
que el presidente Chávez ha construído su base de
apoyo en torno al populismo y
apelando a la desesperación de las alicaídas masas
venezolanas; esto es lo que lo tiene "con la soga al cuello", y
es lo que tendrá que enfrentar una vez aquietadas las
aguas. Afirmar la economía, en el actual sistema
económico internacional, implicará la toma de
medidas impopulares, pero necesarias, lo que podría
llevarnos a sospechar de la debilidad de la nueva
República, por cuanto descansaría sobre una base
débil, tras un discurso fuerte.
Orángel Hernández
Maracaibo