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La supervivencia y la eficacia de un gobierno




Enviado por Emilio Velazco Gamboa



    Seguridad nacional: una lectura
    metodológica

    1. Antecedentes sobre seguridad
      nacional
    2. Servicios de
      seguridad
    3. Generalidades sobre la
      seguridad nacional mexicana
    4. Elementos de la seguridad
      nacional
    5. Gobernabilidad
    6. Los servicios mexicanos de
      seguridad
    7. Bibliografía

    El Estado surge
    como un mal necesario

    a fin de garantizar paz y seguridad,
    así

    como para terminar con el estado
    natural

    de guerra
    perpetua entre los hombres.

    THOMAS HOBBES

    1.
    Preámbulo

    Una de las más grandes enseñanzas que he
    recibido en mi vida personal y
    profesional es el axioma que me dijera el doctor Javier
    Patiño Camarena durante el curso de Derecho Electoral de
    la Universidad
    Cuauhtémoc: "El planteamiento correcto de un problema
    equivale al cincuenta por ciento de su solución" (Velazco
    Gamboa, 1997 p. 20).

    Como ya he planteado en otras ocasiones y desde
    distintos espacios, el problema de la Seguridad
    Nacional radica en que es un aspecto toral de la vida política nacional
    que, como muchos otros temas, se ha convertido en un tabú
    con todas las implicaciones negativas que esto conlleva.
    Así, se ha llenado de mitos,
    mentiras y malos manejos, desvirtuando su verdadera razón
    de ser, su esencia y sus objetivos
    originales.

    Así, Seguridad Nacional se ha convertido en un
    concepto muy
    escabroso, pues no sólo se refiere al hecho de estudiar
    los fenómenos, personas o instituciones
    que sustentan a la soberanía o que atentan contra ella, sino
    de encararlos –de acuerdo con el citado axioma– y a
    partir de ahí, evaluar el problema, emitir un diagnóstico y dar alternativas de
    solución con base en dichos criterios. Por otra parte,
    este concepto es
    polivalente, pues está condicionado por muchísimas
    coyunturas, amén de sus factores determinantes
    permanentes.

    Pero además, seguridad nacional es un concepto
    vago e impreciso, pues muy pocos investigadores o personajes de
    la política
    se han atrevido a definirlo, y cuando así lo han hecho ha
    podido notarse titubeo o ambigüedad en sus palabras. Por
    tanto, es un concepto mal definido y peor entendido, obviamente
    mal aplicado y con resultados desastrosos, que urge
    aclarar.

    Un periodista muy conocido –Alejandro Ramos
    Esquivel- escribió: El de Seguridad Nacional es un
    concepto nebuloso para la mayor parte de la gente y de los
    propios políticos y casi siempre asociado con las acciones
    encubiertas de las policías y el ejército, lo cual
    explica, en buena medida, el por qué de tantos desatinos
    en la materia (Del
    Castillo Martínez, 1997 p. 61).

    El investigador estadounidense Gene Sharp dice que el
    concepto de seguridad nacional tradicionalmente se refería
    a las amenazas externas y a la estabilidad de un Estado y, por
    lo tanto, se definía en términos de
    disuación nuclear, superioridad en armamento, inteligencia
    militar, alianzas, contención de las naciones agresoras y
    estabilidad en la relación Estados
    Unidos-Unión Soviética. Sólo que, en una
    época posterior a la guerra
    fría –concretamente, la nuestra-, una
    definición estrictamente militar de la seguridad nacional
    parece bastante anacrónica (Thorup, 1990 p.
    98).

    Al respecto, el Doctor Paulino Ernesto Arellanes (1993),
    especialista en política exterior y relaciones
    internacionales y Coordinador de la Maestría en
    Ciencias
    Políticas de la Benemérita Universidad
    Autónoma de Puebla, nos confirma que tradicionalmente
    –no sólo en México
    sino en todos los países del orbe– el término
    seguridad nacional se ha enfocado al aspecto bélico. Sin
    embargo, también se refiere a otros ámbitos, entre
    ellos el económico.

    Por lo tanto, si el significado de seguridad incluye el
    desarrollo
    económico, la estabilidad política, formas
    democráticas de gobierno,
    derechos
    humanos, calidad del
    ambiente y las
    condiciones de vida de las personas, el concepto tradicional
    resulta inadecuado como una guía para la investigación sobre el tema (Rockwell y
    Moss, 1990 p. 57).

    Debido a las anteriores consideraciones, corresponde
    preguntarse: ¿Cuáles son las partes que integran a
    esa misteriosa y poco clara seguridad nacional?
    ¿Dónde se origina semejante concepto?
    ¿Cuál ha sido su evolución y posterior aplicación en
    México?

    Debido a que contestar estas –y muchas otras-
    preguntas podría motivar un estudio de dimensiones
    colosales y, además, por razones de espacio, se hace
    obligatorio abordar por partes el problema planteado. Y como es
    menester empezar por el principio, se deben revisar sus
    orígenes así como los elementos que la integran,
    estableciendo precisiones concretas al respecto.

    Ciertamente, no ha sido fácil establecer dichas
    precisiones, pues no hay muchos enfoques u opiniones escritas al
    respecto. No obstante, la misma operación de la seguridad
    nacional ha servido como parámetro para establecer tales
    elementos y relaciones.

    Debo mencionar que no soy nuevo en el tema: he realizado
    numerosos estudios en la materia antes
    de plasmarlos en este trabajo. No ha sido fácil establecer
    parámetros acerca de un tema tan delicado, escabroso, poco
    definido, mal entendido y –como ya dije antes– peor
    aplicado, y mucho menos, proponer alternativas para su análisis y para la elaboración de
    una agenda –al menos académica- en la
    materia.

    Sin embargo, con base en los trabajos de prestigiados
    investigadores, y ensayando algunas teorías
    propias, intentaré –en este número- ubicar
    los orígenes y evolución de la seguridad nacional, mismos
    que han sido ignorados, menospreciados o simplemente desconocidos
    por muchos autores.

    De esta manera, pongo a sus apreciables órdenes,
    amigo lector, este análisis que ha sido elaborado con base en
    el amor a la
    patria, el respeto a las
    instituciones
    nacionales y el legítimo deseo de que México se
    convierta en una potencia y en
    ejemplo para Latinoamérica y el mundo.

    Considero que la seguridad nacional, más que un
    tema misterioso, debe ser un valor claro.
    Tal vez cuando así lo hayan comprendido los actores que
    dirigen los destinos de este país, realmente
    empezará a haber una seguridad plena, misma que fue una
    razón para que naciera el Estado,
    cuyo verdadero origen –como dijo John
    Locke– está en la tolerancia y el
    consentimiento de los ciudadanos.

    2.
    Antecedentes sobre seguridad nacional

    Seguridad nacional es un concepto que encuentra sus
    raíces en la teoría
    de la Geopolítica del siglo XIX en Alemania e
    Inglaterra
    (Alarcón y Bermúdez, 1988 p. 92).

    En 1927, cuando se publicó la Zeitschrift
    für Geopolitik (Teoría
    de la Geopolítica), dicha idea dispuso que la
    conducta
    política y las capacidades militares pueden explicarse y
    preverse basándose en el ambiente
    físico, y que esta influencia puede llegar a determinar la
    tecnología, la cultura, la
    economía
    de los estados, su política interna y externa y las
    relaciones de poder entre
    ellos (Attina, 1991 p. 703).

    A partir de aquí se asumió que la
    seguridad nacional de los países dependía
    fundamentalmente de la integridad territorial y de la defensa
    militar de la soberanía y sufrió diversas
    influencias, principalmente del pensamiento
    militar francés y del español de
    la era franquista y, poco después, del pensamiento
    militar norteamericano, el cual se convirtió en padre de
    la doctrina moderna de la seguridad nacional.

    Dicha doctrina fue fundada en los tiempos de la Guerra
    Fría y está basada en el principio de la
    polaridad Este-Oeste. Es aquí donde, sin duda, se
    originó la noción de actividades de inteligencia
    para erradicar el espionaje soviético que pretendía
    llegar al centro neurálgico de la actividad
    política, económica, militar y tecnológica
    estadounidense. Como tal, se implementó en muchos
    países de América
    latina, entre ellos México.

    Esta doctrina ha tenido en los Estados Unidos
    esencialmente dos funciones:
    internamente ha contribuido a una ‘presidencia
    imperial’, y externamente se ha convertido en la armadura
    ideológica del imperio. Así pues, la mencionada
    doctrina ha pasado a convertirse en ideología y práctica política
    para muchos gobiernos autoritarios y militares que, so pretexto
    de prevenir la destrucción de las instituciones, eliminan
    y/o manipulan el orden jurídico existente para hacerlos
    afines con sus pretensiones de suprimir disidencias populares o
    cambios revolucionarios (Alarcón y Bermúdez, 1988
    p. 93).

    3.
    Servicios de
    seguridad

    Los servicios de
    seguridad comprenden aquellos órganos del Estado
    encargados de la recopilación de informaciones políticas,
    militares y económicas sobre otros Estados, especialmente
    sobre los Estados actual o potencialmente enemigos (actividad de
    espionaje).

    Dichos servicios tienen, además, la tarea de
    impedir la actividad de espionaje extranjera en el territorio
    nacional y donde sea posible (actividad de contraespionaje),
    así como la de llevar a cabo todas las acciones que
    puedan disminuir la fuerza
    política, militar y económica de los Estados
    enemigos –actividad de penetración
    ideológica, de derrotismo, de sabotaje, etcétera-
    (Bova, 1991 pp. 1442-1443).

    Así, dice Sergio Bova (1991 p. 1443), en el siglo
    XX y hasta la segunda guerra
    mundial, la mayoría de los Estados organizaron sus
    servicios secretos, entre otras, con las siguientes características:

    1. Espionaje;
    2. Sabotaje y agitación política,
      y
    3. Contraespionaje y seguridad.

    Del mismo modo, el espionaje se enfocó, entre
    otras, hacia las siguientes áreas:

    1. Espionaje estratégico;
    2. Espionaje bélico, y
    3. Espionaje operativo.

    Así, los servicios de seguridad son,
    esencialmente, garantes de la seguridad del Estado, toda vez que
    lo protegen y defienden tanto de sus enemigos naturales como de
    sus enemigos coyunturales. Asimismo, son espías respecto
    del enemigo exterior, y en el caso de los enemigos internos,
    dependiendo de la naturaleza de
    éstos, también pueden ser espías o una
    suerte de policía política.

    Así, los órganos de seguridad del Estado
    se dedican a espiar y analizar los movimientos de grupos
    guerrilleros o terroristas, partidos
    políticos, sindicatos,
    asociaciones y otros grupos que puedan
    quitarle el poder al
    grupo que lo
    detenta o que, de otra manera, puedan atentar contra la
    estabilidad del régimen, el orden público e incluso
    la paz social. De paso, se dedican a disminuir, contrarrestar,
    anular o erradicar su actividad y los efectos de
    ésta.

    Los servicios de seguridad adquirieron este rasgo cuando
    el fascismo los
    transformó en instrumentos políticos al servicio del
    régimen en el momento en que los diversos organismos
    constituidos durante la guerra se
    unificaron en diversos aparatos de espionaje y contraespionaje al
    servicio de
    las fuerzas armadas, pero sobre todo, porque un verdadero y
    propio servicio de seguridad política fue la Opera
    Volontaria per la Repressione dell’ Antifascismo (OVRA),
    que no era otra cosa que la policía secreta del
    régimen, encargada entre otras cosas, de la
    eliminación física de los
    opositores de éste (Bova, 1991 p. 1444).

    En México, los servicios de seguridad han tenido
    diferentes nombres, pero en el régimen posrevolucionario
    –concretamente, en la era del PRI- dependieron de la
    secretaría de Gobernación federal y se dedicaron,
    de modo específico, a disminuir, contrarrestar, anular y
    erradicar la actividad y los efectos de los partidos
    políticos opositores del grupo en el
    poder, especialmente, de los de izquierda.

    Al respecto, el doctor Sergio Aguayo Quezada dice que
    entre 1946 y finales de los setenta aún sin
    reflexión teórica, el gobierno
    utilizó el término –de seguridad
    nacional– como sinónimo de control de la
    disidencia por medio de la fuerza (Aguayo
    Quezada, 1990 p. 115) y consideraba que, al menos hasta 1990,
    así lo mantenía todavía.

    Complementando lo anterior, el doctor Roger Bartra
    menciona que, hacia finales de la década de los sesenta,
    el investigador estadounidense Philip Agee consideraba que los
    servicios de seguridad mexicanos eran tan efectivos en erradicar
    a la extrema izquierda, que los servicios norteamericanos de
    seguridad no tenían de que preocuparse (Bartra, 1990 p.
    146).

    De esa manera, la distinción entre servicios de
    seguridad militar y servicios de seguridad política
    introducidos en Italia desde
    1977, ya se estaba aplicando en otros países y, más
    específicamente, en México, como ya se ha
    ilustrado.

    Así, puede concluirse que, si bien, las misiones
    generales de los servicios de seguridad tienen que ver más
    con las actividades estratégicas y tácticas, sus
    problemas se
    plantean predominantemente en un plano político,
    más que en el técnico-operativo (Bova, 1990 p.
    1445). Y vuelta al canto, ésa es una realidad definitiva
    en el México contemporáneo.

    4.
    Generalidades sobre la seguridad nacional mexicana

    El Doctor Paulino Ernesto Arellanes Jiménez
    (1993) señala que, en otra época, la seguridad se
    refería a los aspectos bélico y territorial, debido
    a que el dominio de unas
    naciones sobre otras se daba, principalmente, por medio de
    movilizaciones militares. Sin embargo, conforme los estados
    consolidaron su autosuficiencia económica, los más
    fuertes empezaron a recurrir al dominio
    comercial.

    En 1980, el General Félix Galván
    López, entonces secretario de la Defensa, definió
    la seguridad nacional como el mantenimiento
    del equilibrio
    social, económico y político, garantizado por las
    Fuerzas Armadas. Esa es la definición aceptada por el
    ejército: allí no cabe la fuerza militar como
    solución a los problemas
    nacionales. El enfoque mexicano es la negociación. Eso cancela la necesidad de
    unas Fuerzas Armadas enormes (Maza, 1995 p. 25).

    Sin embargo, la constante presencia de grupos
    paramilitares, guerrillas y terroristas en territorio mexicano,
    ha orillado a los Altos Mandos Militares a incrementar el poder
    de fuego de sus unidades a efecto de tener capacidad para
    enfrentar un eventual ataque de parte de éstos
    grupos.

    La definición del General Galván es
    correcta, pues habla de mantenimiento
    del equilibrio
    social, económico y político, aunque no aclara a
    quién le corresponde mantener dicho equilibrio. En
    cambio, deja
    muy claro que éste se encuentra únicamente
    garantizado por las Fuerzas Armadas, aunque en lo personal, se
    opina que debe ser instrumentado y sostenido por el Estado,
    evidentemente en el terreno de la administración
    pública y las relaciones políticas (Velazco
    Gamboa, 1997 p. 21).

    El Maestro Adolfo del Castillo Martínez (1997 p.
    61), en su ensayo "La
    seguridad nacional de México y las relaciones con los
    Estados Unidos", acertadamente, aclara –como ya se hizo en
    el capítulo anterior- que la seguridad nacional mexicana
    no tiene que ver con corporaciones policiacas, con espionaje, con
    persecución de grupos extremistas de derecha, de izquierda
    o de cualquier índole, ni con la tropa del
    ejército, la policía política o con
    actividades de supuesta inteligencia.

    Al respecto, el Doctor Sergio Aguayo Quezada dice que
    entre 1946 y finales de los setenta, aún sin
    reflexión teórica, el gobierno utilizó el
    concepto de seguridad nacional como sinónimo del control de la
    disidencia por medio de la fuerza, una interpretación por
    demás errónea pero que, por fortuna, aparentemente
    ha sido erradicada (Aguayo Quezada, 1990 p. 115).

    Además, la seguridad nacional mexicana no es un
    concepto económico, administrativo, ingenieril o
    comercial, sino que, más bien, es un concepto
    eminentemente político. Para otros autores, en
    México aún no existe un concepto definido de
    seguridad nacional, pero la conformación de su agenda
    estaría orientada a reforzar el sentido de la democracia, la
    justicia
    social y la soberanía (Del Castillo, 1997 p.
    62).

    Sin embargo, hay bastantes definiciones o intentos de
    definiciones. De tal forma y, en lo personal, para este
    investigador la mejor es la del General Gerardo Vega, quien dice
    que seguridad nacional es la condición permanente de
    libertad, paz
    y justicia
    social que, dentro de un marco institucional y de derecho,
    procuran los poderes de la federación. En el ámbito
    interno, mediante acciones políticas, sociales,
    económicas y militares tendientes a equilibrar
    dinámicamente las aspiraciones y los intereses de los
    diversos sectores de la población y del propio país. En el
    ámbito internacional, salvaguardando la integridad
    territorial y ejerciendo la soberanía y la independencia
    (Aguayo Quezada, 1990 p. 128).

    Con tal inspiración, el Estado mexicano ha
    ejercido diversos programas y
    acciones de gobierno a efecto de preservar esa libertad, paz
    y justicia social y para mantener el equilibrio social,
    económico y político. Pero además, ha creado
    una serie de instituciones que, a través de actividades de
    inteligencia y análisis, le auxilian en la delicada labor
    de velar por la seguridad nacional.

    Uno de mis asesores académicos, Alejandro Reynoso
    Rosete, Licenciado en Relaciones
    Internacionales y Licenciado en Derecho por la Universidad de
    las Américas Puebla y actualmente alumno de la
    Maestría en Derecho, me preguntaba "¿Realmente el
    Estado mexicano ha ejercido esos programas y
    acciones de gobierno?", y yo le respondería que no, pero
    así lo han manejado sus titulares.

    Ciertamente, las condiciones actuales de la seguridad
    nacional mexicana reafirman esta aseveración, pues puede
    decirse que no hay mucho equilibrio económico y
    político ni mucha paz social en el país, y peor
    aún, pues nuestra paz social se encuentra en una especie
    de equilibrio al borde del desastre: guerrilla, terrorismo,
    delincuencia,
    desórdenes, conflictos pos
    electorales, violencia
    política y social, etc.

    Desconozco si alguien ya había acuñado el
    concepto equilibrio al borde del desastre, pero yo lo
    explicaría así: una persona –en
    este caso, la nación
    mexicana- camina sobre una barda de ladrillos, firme y
    sólida –dicha barda es el Estado democrático
    de derecho, cimentado en la Constitución Política de los Estados
    Unidos Mexicanos- pero sumamente delgada –de apenas unos 15
    o 20 centímetros de ancho-.

    Todo va bien mientras el viento no sople demasiado
    fuerte, porque en ese momento, el individuo puede caer hacia
    cualquiera de los dos lados. El problema radica en que en un
    extremo hay un desfiladero y, en el otro, cocodrilos. El
    comentario es meramente ilustrativo y no se ampliará, pues
    es motivo de otro estudio, aunque sale bastante a colación
    la inquietud del asesor.

    5.
    Elementos de la seguridad nacional

    Para efectos metodológicos este autor tuvo que
    determinar que la seguridad nacional se divide en dos partes, de
    acuerdo con las prioridades del Estado:

    1. Seguridad positiva, y
    2. Seguridad negativa.

    Asimismo, de acuerdo con su ámbito de
    acción territorial, se divide en:

    1. Seguridad interior.
    2. Seguridad exterior.

    De acuerdo con su esfera de aplicación social, la
    seguridad nacional se divide en:

    1. Seguridad del Estado.
    2. Seguridad de la ciudadanía.

    La primera clasificación fue enunciada por Javier
    Elguea, profesor-investigador de El Colegio de México, y
    las demás, por este investigador.

    Cathryn L. Thorup dice que la seguridad del Estado
    –o de un régimen en particular- no es
    sinónimo de seguridad nacional. Cuando los líderes
    políticos hablan de la seguridad nacional, es posible que
    se refieran a la seguridad de la élite política
    dirigente. Por lo tanto, es importante diferenciar entre la
    seguridad del Estado (la preservación del aparato de
    gobierno) y la seguridad de la sociedad de la
    sociedad civil
    (Thorup, 1990 p. 103).

    En complemento de tal afirmación, siempre he
    sostenido que la seguridad del Estado y la seguridad de la
    ciudadanía –llámese así o
    llámese "seguridad pública", "protección
    civil", "seguridad de la sociedad civil",
    etc.- hacen el objetivo de la
    seguridad nacional junto con la integridad del territorio y de la
    soberanía así como de la independencia
    política y económica respecto de otros estados.
    Para que se pueda hablar de seguridad nacional total, se debe
    hablar de todos estos elementos en su conjunto, pues ninguna es,
    por sí misma, la seguridad nacional como tal.

    La seguridad positiva tiene como expectativas el
    progreso económico y social de la Nación
    mexicana. Por su parte, la seguridad negativa tiene como
    propósito defender al territorio nacional de amenazas
    externas (Aguayo, Bagley y Stark, 1990 p. 33).

    Tanto la seguridad interior como exterior se enfocan a
    mantener, garantizar y preservar tanto la seguridad del Estado
    como la seguridad de la ciudadanía, lo cual nos ilustra
    cuán íntimamente ligadas se encuentran el
    ámbito de acción territorial y la esfera de
    aplicación social.

    Tanto en un caso como en otro –interior o
    exterior-, el Estado tiene enemigos naturales y coyunturales que
    pueden atentar contra su estabilidad, funcionamiento y seguridad
    –esto se ampliará más adelante-. Asimismo,
    hay grupos y factores que atentan contra la estabilidad,
    convivencia armónica, integridad, tranquilidad y seguridad
    de la ciudadanía.

    Así, tanto para el Estado como para la
    ciudadanía, los grupos de riesgo –sus
    enemigos, pues- pueden provenir del interior del país
    –como el EZLN, el EPR, el ERPI, etc.- o bien, del
    extranjero –tal sería el caso de una guerrilla o de
    una delincuencia
    organizada financiada desde otros países-. Ahora bien, hay
    otros factores de riesgo que pueden
    atentar contra la seguridad del Estado y de la ciudadanía,
    tal como sería un desastre natural –como un
    ciclón o una erupción volcánica- o provocado
    intencional o accidentalmente –como un incendio forestal u
    otro tipo de siniestros, etc.-, en los que lo importante es
    prevenir desgracias y salir bien librados del
    problema.

    La seguridad del Estado es la legitimidad de éste
    y la obediencia y respeto que le
    guarda la sociedad
    (Contreras, 1993). Más aún, la seguridad del Estado
    es la condición de estabilidad, legitimidad y legalidad
    con la que el gobierno y sus poderes y dependencias operan y
    ejercen la función
    gubernativa, de conformidad con sus misiones, fines y objetivos
    generales y particulares.

    Por su parte, la seguridad de la ciudadanía,
    también llamada seguridad ciudadana o seguridad
    pública y protección civil, es la condición
    de libertad, tranquilidad, armonía, orden y paz social en
    que vive la población del país.

    Ahora, con respecto a su temporalidad o actualidad
    cronológica, para Adolfo del Castillo Martínez
    (1997 p. 64), los asuntos relativos a la seguridad nacional
    pueden ser:

    1. Coyunturales o temporales, y
    2. Permanentes.

    Tanto unos como otros varían y sólo pueden
    ser definidos en el caso particular de cada país, pero en
    el caso de México, un asunto coyuntural fue el problema de
    la deuda externa en
    1982, cuando Jesús Silva Hérzog se encargaba de
    negociar su solución con la Reserva Federal de los Estados
    Unidos. Por su parte, la propiedad de
    la nación sobre los hidrocarburos,
    en este caso el
    petróleo, constituye un asunto permanente para el
    Maestro Adolfo del Castillo. Pero pese a lo variado de los
    ejemplos por cada caso, sí puede afirmarse que algunos
    asuntos coyunturales para la seguridad nacional son:

    1. Las contingencias y desastres tanto naturales como
      provocados.
    2. Los acuerdos comerciales o de otro
      tipo.
    3. Los acontecimientos sociales, culturales o
      deportivos.

    En cambio,
    algunos asuntos permanentes para la seguridad nacional
    son:

    1. La soberanía.
    2. La integridad territorial.
    3. La seguridad pública y la protección
      civil.
    4. El bienestar de la población.
    5. El equilibrio y mantenimiento del orden
      público y la paz social.

    En materia de seguridad nacional hay factores que
    tienden a fortalecerla y factores que tienden a lesionarla. Los
    factores que fortalecen a la seguridad nacional son los
    siguientes:

    1. La correcta interpretación y aplicación
      de la ley.
    2. La justa y equitativa distribución de la riqueza del
      país.
    3. El crecimiento y la estabilidad económica, el
      desarrollo y
      la justicia social, y el mejoramiento de la calidad de
      vida de la población.
    4. El respeto irrestricto a los derechos humanos,
      políticos, sociales, etc. de los cuales gozan los
      habitantes del país.
    5. La administración clara y transparente de
      los recursos
      nacionales por parte de los titulares de los poderes así
      como de sus funcionarios y personal de apoyo.
    6. El manejo transparente y claro de los procesos y
      recursos
      propios de la
      administración e impartición de
      justicia.
    7. La honestidad,
      decencia e incorruptibilidad de los titulares de los poderes
      así como de sus funcionarios y personal de
      apoyo.
    8. El respeto a los procesos y
      resultados electorales en los niveles municipal, estatal y
      federal.
    9. La disminución de la delincuencia menor y del
      crimen organizado.
    10. La correcta planeación de los sistemas de
      defensa nacional ante posibles agresiones externas.
    11. La correcta planeación de los sistemas de
      prevención y atención de desastres
      naturales.
    12. La formación de una conciencia
      nacional entre la población civil así como una
      serie de culturas, tales como la cultura
      educativa, la cultura política democrática, la
      cultura laboral, la
      cultura de prevención de desastres, etc.
    13. El desarrollo
      tecnológico y científico del
      país.
    14. El perfeccionamiento de los procesos legislativos y
      administrativos de la función
      gubernamental.

    Los factores lesionantes de la seguridad nacional son
    los siguientes:

    1. La existencia de impunidad e ineficiencia en la
      interpretación y aplicación de la ley así
      como la indiferencia y violación a las garantías
      y equilibrios propios del Estado democrático de
      derecho.
    2. La injusta e inequitativa distribución de las riquezas del
      país.
    3. La pobreza y el
      rezago económico.
    4. La violación flagrante y continua a los
      derechos
      humanos, políticos, sociales, etc. de los cuales
      gozan los mexicanos.
    5. La administración viciada, sospechosa y
      oscura de los recursos nacionales por parte de los titulares de
      los poderes así como de sus funcionarios y personal de
      apoyo.
    6. El manejo viciado, oscuro y tendencioso de los
      procesos y recursos propios de la
      administración e impartición de
      justicia.
    7. La deshonestidad, inmoralidad pública y
      corrupción de los titulares de los
      poderes así como de sus funcionarios y personal de
      apoyo.
    8. La manipulación e imposición en los
      procesos y resultados electorales en los niveles municipal,
      estatal y federal. Más aún, la existencia de
      fraudes electorales e imposiciones de tipo
      político.
    9. El aumento de la delincuencia menor y del crimen
      organizado con el consecuente incremento de la inseguridad
      pública y la alteración de la paz y del orden
      público.
    10. La represión política.
    11. Presencia de apatía, desconfianza,
      incertidumbre e inseguridad
      en la población civil.
    12. La deficiente o nula planeación de los
      sistemas de defensa nacional ante posibles agresiones
      externas.
    13. La deficiente o nula planeación de los
      sistemas de prevención y atención de desastres
      naturales.
    14. La ausencia de una conciencia
      nacional entre la población civil así como la
      ausencia de cultura en materia educativa, política
      democrática, laboral, de
      prevención de desastres, etc. Además, el
      apoliticismo y la falta de bases ideológicas, principios
      cívicos y valores
      humanos en la ciudadanía.
    15. El rezago y atraso tecnológico y
      científico.
    16. El analfabetismo y la ignorancia.
    17. El rezago y atraso en los procesos legislativos y
      administrativos de la función gubernamental.
    18. La anarquía.
    19. La migración.
    20. La presencia de grupos subversivos, ya sean de tipo
      político (anarquistas) o armados (guerrilleros,
      terroristas).

    La seguridad del Estado se considera como el primer
    elemento clave de la seguridad nacional, no porque la de la
    ciudadanía valga menos, sino porque el gobierno debe gozar
    de estabilidad. Sólo en situación de seguridad, el
    Estado será capaz de garantizar la seguridad y la
    tranquilidad del pueblo.

    Como ya se dijo, la seguridad y la tranquilidad de la
    ciudadanía están sustentadas en una convivencia
    armónica y pacífica, en el mantenimiento de la
    estabilidad política y social para su beneficio, en el
    mantenimiento de su integridad personal –física y moral– y de
    sus bienes, del
    equilibrio y desarrollo
    económico de la economía en general y
    de la economía de cada individuo en particular,
    etc..

    Como ya se vio, hay factores garantes y lesionantes que
    dependen del Estado –el desarrollo económico y
    social, el mantenimiento del Estado de
    derecho, la justicia social, la transparencia del ejercicio
    gubernamental, la seguridad pública y la protección
    civil- y hay otros que están ajenos a su voluntad, y a
    veces, a su capacidad de manejo y control, pero los que
    más escapan a dicha voluntad, son los desastres naturales
    y los enemigos del Estado.

    Ante los desastres naturales, el Estado no puede hacer
    nada para evitarlos, pero sí para prevenir contingencias
    que puedan perjudicar a la población, o bien, para aliviar
    o subsanar las desgracias que la colectividad sufra. En lo que
    respecta a sus enemigos, el Estado siempre va a tenerlos, aun
    cuando lleve una administración transparente y la
    nación cuente con desarrollo económico,
    político y social. La diferencia es que sí puede
    ejercer mayor control sobre éstos
    últimos.

    Ahora bien, otro elemento que afecta al Estado son sus
    enemigos. El Estado tiene dos tipos de enemigos:

    1. Enemigos naturales, y
    2. Enemigos coyunturales o temporales.

    Los enemigos naturales del Estado son:

    1. Internos, y
    2. Externos.

    Los enemigos naturales internos son los partidos
    políticos reconocidos por la autoridad,
    contrarios u opositores a ésta y al partido o grupo que
    detenta su titularidad. Asimismo, existen grupos políticos
    o armados al interior del país –y también
    provenientes del extranjero- que operan en la clandestinidad y
    que, regularmente, aprovechan cualquier desequilibrio social para
    lanzarse al ataque en contra del Estado.

    La delincuencia menor y la organizada, que amenazan la
    seguridad de la ciudadanía, también se convierten
    en enemigas del Estado cuando éste lucha contra ellas para
    disminuirlas, anularlas, contrarrestarlas y erradicarlas, con lo
    cual, la confrontación se vuelve directa entre
    ambos.

    La delincuencia menor, por lo general, es un problema
    circunscrito a la esfera o el ámbito local, no así
    la delincuencia organizada, que, en numerosas ocasiones,
    también opera desde el extranjero, recibe financiamiento
    externo o bien, su radio de
    acción va más allá de las fronteras
    nacionales y, consecuentemente, goza de mejores y mayores
    recursos para luchar contra las autoridades oficiales.

    La corrupción
    también es un enemigo natural del Estado, pues es un
    fenómeno en que los grupos de poder o los subordinados de
    éstos pueden caer, cegados por la enfermedad de poder, la
    ambición u otros vicios igualmente nocivos para la
    salud e imagen del
    gobierno. Y puede sostenerse que la corrupción es un
    enemigo del Estado, puesto que su presencia al interior de los
    órganos de gobierno termina dando por resultado la
    existencia de impunidad, ineficiencia, deshonestidad, inmoralidad
    pública, y otras actitudes
    igualmente dañinas y despreciables.

    Los enemigos coyunturales o temporales del Estado
    también son:

    1. Internos, y
    2. Externos.

    Los enemigos coyunturales o temporales internos se
    denominan así debido a que, regularmente, sus intereses no
    transgreden las fronteras del ámbito público y
    viceversa. Sin embargo, hay causas que convierten a los grupos,
    movimientos sociales o entidades en enemigos del Estado hasta que
    se llega a una solución.

    1. Cuando alguna decisión o acción
      gubernamental lesiona dichos intereses, o bien, cuando lo
      hacen la indecisión o la falta de acción
      públicas.
    2. Cuando los grupos, movimientos sociales o entidades
      se proponen adquirir algún beneficio o alcanzar una
      meta particular a través del Estado.

    Los enemigos coyunturales o temporales externos son
    potencias o grupos de poder –políticos y/o armados-
    provenientes del extranjero que pretenden lograr algún
    beneficio o alcanzar una meta particular a través de los
    siguientes recursos:

    1. La penetración
      ideológica.
    2. Las actividades subversivas, de agitación
      pública, choque o sabotaje.
    3. La hostilización.
    4. El boicot o el bloqueo económico o
      diplomático.
    5. La agresión bélica.

    Por fortuna, en la mayoría de los casos
    –tanto de enemigos internos como externos- puede lograrse
    una solución a través de la conciliación, la
    negociación y la concertación. Una
    vez llegado a un punto de acuerdo, los problemas se van
    subsanando gradualmente, hasta que dichos enemigos dejan de
    serlo.

    Hay, además, un elemento determinante y otro que
    es garante de la seguridad nacional, mismos que se fundan en los
    factores que fortalecen a ésta. Dichos elementos
    son:

    1. La gobernabilidad (elemento
      determinante).
    2. Los servicios de seguridad (elemento
      garante).

    6. Gobernabilidad

    El Doctor Antonio Camou (1995 p. 15) explica que una
    definición de diccionario
    diría que gobernabilidad literalmente significa calidad, estado o
    propiedad de
    ser gobernable; mientras que su opuesto, ingobernable,
    designaría aquello que es incapaz de ser
    gobernado.

    El politólogo mexicano y ex diputado federal
    José Rafael Castelazo y de los Ángeles (1996 p. 11)
    dice que la gobernabilidad, término en boga, es un medio
    del gobierno y de la sociedad y no un fin en sí
    misma.

    La gobernabilidad es, en una segunda aproximación
    dictada por Alberto Camou (1995 p. 13), una condición que
    designa un estado de equilibrio, una propiedad o una cualidad que
    nos indica el ‘grado de gobierno’ que se ejerce en
    una sociedad.

    José Castelazo (1996 p. 11) dice que el gobierno
    se vale de la gobernabilidad a manera de termómetro para medir los niveles de
    conflicto
    –potencial o real-, con el propósito de calcular
    posibilidades de implementar o llevar a la práctica
    políticas públicas contando los mayores
    márgenes posibles de actuación. La sociedad, por su
    parte, acude a la gobernabilidad en busca de seguridad
    jurídica, económica y social a objeto de garantizar
    el disfrute pleno de sus derechos. Por ende, en un
    sistema
    democrático, la gobernabilidad es una relación
    bilateral, como ya se ampliará en un instante.

    Hay muchas definiciones de gobernabilidad. Sin embargo,
    el propio Antonio Camou (1997 p. 17) da una de las mejores al
    citar a Xavier Arbós y a Salvador Giner, quienes
    señalan que la gobernabilidad es la cualidad propia de una
    comunidad
    política según la cual, las instituciones de
    gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio de un
    modo considerado legítimo por la ciudadanía,
    permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad
    política del poder
    ejecutivo mediante la obediencia cívica del
    pueblo.

    Esta definición constituye un puente hacia las
    ideas de José Castelazo (1996 p. 12), quien dice que la
    gobernabilidad puede o no ser democrática. Así, con
    un gobierno tiránico o dictatorial habría una
    gobernabilidad impuesta, y con un gobierno autoritario, una
    gobernabilidad manipulada. Por contraste, un gobierno
    democrático buscaría el consenso, producto de la
    discusión y de la cesión de las partes a favor del
    funcionamiento del todo. En este caso, habría una
    gobernabilidad democrática, misma que, desde la
    perspectiva de este autor, es la que debe existir en un sistema
    político como el mexicano.

    Además –dice Castelazo (1996 p. 13)-, la
    gobernabilidad es un asunto compartido entre sociedad y gobierno.
    Así se tiene que, para que exista gobernabilidad, debe
    haber una coherencia y correspondencia recíproca entre la
    actividad y la aceptación tanto del Estado como de la
    población civil, pero además, Antonio Camou
    considera que "eficacia",
    "legitimidad" y "estabilidad" en el ejercicio del poder
    político, aparecen como componentes básicos de la
    gobernabilidad.

    De esta manera, por gobernabilidad habrá de
    entenderse un estado de equilibrio dinámico entre demandas
    sociales y capacidad de respuesta gubernamental. Esta
    definición, aun en su brevedad, permite articular los
    principios de
    eficacia,
    legitimidad y estabilidad (Camou, 1995 p. 22).

    Finalmente, José Castelazo define a la
    gobernabilidad como un medio al servicio del gobierno y de una
    sociedad que deciden compartir la responsabilidad política como un problema
    común, con el propósito de minimizar el conflicto
    socioeconómico y político, favoreciendo el
    funcionamiento adecuado, idóneo y benéfico del
    Estado –atendiendo, en este caso, a un Estado que comprende
    población, territorio y gobierno- (Castelazo, 1996 pp.
    12-13).

    Así, se habrá de concluir que la democracia
    –como ya se dijo en las precisiones al inicio de este
    trabajo- es un sistema de vida y la gobernabilidad es un elemento
    sine qua non de los sistemas democráticos (Aguilar
    Solís, 1998 p. 26).

    * * *

    Con base en las consideraciones antes expuestas, si se
    compara la lista de los factores que fortalecen y los elementos
    que lesionan a la seguridad nacional mexicana, se podrá
    ver que tanto unos como otros son decisivos para el mantenimiento
    o pérdida de la gobernabilidad, pues como dice el
    filósofo y sociólogo argentino Antonio Camou (1995
    pp. 10-11), el manejo ineficaz de los asuntos económicos,
    la incapacidad o desatención para responder a elementales
    necesidades sociales, las tensiones institucionales al interior
    de los poderes de la democracia, la irrupción de la
    violencia (ya
    sea social y desorganizada, con base en estructurados movimientos
    rebeldes, o animada por los poderes invisibles del crimen
    organizado), y la erosión de
    la legitimidad democrática debida a episodios reiterados y
    manifiestos de corrupción política y
    enriquecimiento ilícito de funcionarios gubernamentales,
    han sido algunos factores típicos que provocaron
    situaciones de ‘ingobernabilidad’ en los
    países latinoamericanos durante los últimos
    años.

    Dicha opinión se ve complementada por el
    filósofo italiano Gianfranco Pasquino (1991 p. 704), quien
    considera que la ingobernabilidad no es solamente un problema de
    acumulación y distribución de recursos, bienes y
    servicios a los ciudadanos, sino más bien, un problema de
    naturaleza
    política: el de la autonomía, complejidad,
    cohesión y legitimidad de las instituciones, pero sobre
    todo, de legitimidad.

    La creación de un orden político
    suficientemente gobernable supone, en primer término,
    dedicar grandes esfuerzos a la tarea cotidiana e interminable de
    generar y mantener la legitimidad de las normas y estructuras
    del régimen. La legitimidad entendida como la creencia de
    que, a pesar de sus fallas, las instituciones políticas
    existentes son mejores que otras que pudieran haber sido
    establecidas y que por tanto, pueden exigir obediencia, implica
    un razonamiento dinámico que sólo se logra cuando
    descansa en la idea de que las instancias ciudadanas son las que
    permiten canalizar la voluntad popular (Díaz, 1998 p.
    20).

    Y precisamente, en la democracia mexicana, la voluntad
    popular tiene dos exigencias principales:

    1. La legitimidad de las instituciones con base en el
      respeto irrestricto al sistema democrático, al
      principio de la soberanía popular y al Estado de
      derecho.
    2. Un desarrollo económico firme,
      sólido, estable y permanente.

    Sin la primera, es difícil que la segunda sea
    permanente. No obstante, es más factible alienar la
    voluntad popular cuando ésta tiene recursos que les
    permitan una vida libre de sobresaltos y carencias aun cuando el
    gobierno no sea legítimo.

    En cambio, una situación económica
    desesperada puede hacer que cualquier régimen, por
    legítimo que sea, se torne inestable y pierda, incluso, la
    confianza y credibilidad popular con las consecuencias de rigor,
    que pueden ir a extremos peligrosos. La seguridad mexicana, aun
    cuando tiene diversos elementos que la componen, se fundamenta en
    la legitimidad de sus instituciones y en el bienestar
    económico de su población.

    Como dice Luis Alamillo Gutiérrez, (1996 p. 45)
    la verdadera seguridad dimana del progreso económico y
    social, que la estabilidad política del país
    está en función directa de su desarrollo y, por
    tanto, en una sociedad que se moderniza, Seguridad significa
    Desarrollo.

    Repasando, la gobernabilidad se ve sustentada en dos
    puntos igualmente importantes:

    1. El fortalecimiento democrático,
      y
    2. El desarrollo económico.

    Así, la Premio Nobel de la Paz Rigoberta
    Menchú Tum (1996 p. 14) afirma que la paz y la pobreza no
    pueden coexistir, pues, además, democracia y pobreza son
    incompatibles, idea que es respaldada por Luis Alamillo. Por lo
    tanto, si no hay estabilidad y desarrollo económicos para
    la población, si no hay justicia social, si no hay una
    justa distribución de la riqueza, evidentemente
    habrá ingobernabilidad.

    El caso del levantamiento en los altos del estado de
    Chiapas es sólo la consecuencia del problema (pobreza,
    marginación, deterioro de la calidad de
    vida de los indígenas chiapanecos y otros grupos
    vulnerables provocadas por los cacicazgos, el nepotismo, la
    corrupción política, la inmoralidad pública,
    etc.).

    Sin embargo, es necesario aclarar, volviendo a los
    conflictos
    latinoamericanos y los más recientemente acaecidos en
    México, que no todas las revoluciones son legítimas
    (tenemos, por caso, las dictaduras militares sudamericanas),
    dando como consecuencia gobiernos surgidos de ella no tan
    legítimos o definitivamente no legítimos (v. g.
    Rafael Videla, Augusto Pinochet, etc.), aunque ha habido
    gobiernos legítimos surgidos de conflictos así.
    También se han dado casos en que las revoluciones han sido
    legítimas (p. ej. la mexicana de 1910), de las que emanan
    gobiernos legítimos (el caso del General Venustiano
    Carranza). Asimismo, de ese tipo de revoluciones sociales
    también surgen gobiernos no legítimos.

    Al respecto, conviene recordar el caso Chiapas, donde un
    grupo paramilitar –el EZLN- pugna aún por la
    reivindicación de los derechos y oportunidades para los
    pueblos indígenas de la entidad, marginados por el
    despotismo de unos cuántos. Dicho grupo ha tenido en jaque
    a la seguridad nacional desde 1994, y sólo hasta que
    Vicente Fox arribó al poder fue como se empezó a
    aliviar un poco la tensión.

    Con ello se comprueba que no hay paz si existe pobreza,
    y además, la democracia no se puede dar plenamente en un
    escenario de choques y violencia. Recuérdense las matanzas
    de Chenaloh y Acteal, producidas por antagonismos
    políticos e intolerancia religiosa.

    Por otro lado, el fortalecimiento democrático es
    factor determinante de la condición de gobernabilidad,
    pues al haber procesos electorales transparentes se evitan
    conflictos y escenarios de violencia derivada de elecciones
    viciadas o con irregularidades. Sin embargo, dicho tema es motivo
    de otro estudio, por lo que, en esta ocasión, se
    dejará de lado.

    La idea que se quiere respaldar en este trabajo es que
    los aspectos que sustentan la gobernabilidad democrática,
    propia de un régimen como el mexicano, es compromiso y
    obligación del Estado. La injerencia de las Fuerzas
    Armadas en el tema de la Seguridad Nacional tiene otra naturaleza
    y otro carácter.

    7. Los servicios mexicanos de
    seguridad

    Los servicios de seguridad para el Estado mexicano son
    de los siguientes tipos:

    1. Militares.
    2. Policiales.
    3. Económicos.
    4. Jurídicos.
    5. Políticos.

    7.1 Servicios militares de
    seguridad

    Los servicios militares de seguridad son, en general,
    las Fuerzas Armadas Mexicanas, a saber el Ejército, la
    Armada, la Fuerza Aérea y los Estados Mayores de cada una
    de ellas así como el Estado Mayor del Presidente de la
    República.

    Éstos, son instrumentos con que cuenta el Estado
    para apoyar a la población civil en caso de contingencias
    o desastres naturales así como para prevenir o resolver
    eventuales problemas o conflictos del orden bélico, o
    aquellos disturbios que, sin llegar a la guerra abierta, no
    puedan ser contenidos por las corporaciones policiales o
    solucionados por las vías jurídica y
    política.

    Tienen como principal característica el uso de la fuerza por el
    conducto bélico y, por tanto, su naturaleza respecto de la
    seguridad nacional es garante. Además, pueden realizar
    actividades de investigación y otros servicios de
    inteligencia para cumplir con sus misiones generales y
    particulares.

    7.2 Servicios policiales de
    seguridad

    Los servicios policiales de seguridad son todas las
    corporaciones policiacas con las que cuenta el Estado en sus tres
    niveles (federal, estatal y municipal) para combatir a la
    delincuencia menor y a la organizada, para servir como contenedor
    de conflictos sociales que no lleguen a la confrontación
    por medio de las armas, así
    como para apoyar a la población civil en caso de
    contingencias o desastres naturales.

    Entre ellas puede contarse a la Policía Federal
    Preventiva (que engloba en su interior a las antiguas
    Policía Federal de Caminos y Puertos, Policía
    Federal de Migración
    y Policía Fiscal
    Federal), la Policía Judicial Federal (que,
    orgánicamente, depende de la Procuraduría General
    de la República) así como las policías
    preventivas, policías judiciales y policías
    auxiliares de los gobiernos de las entidades federativas del
    país así como de las que se encuentran bajo los
    mandos de los ayuntamientos municipales.

    Tienen como principal característica el uso de la
    fuerza por medio de recursos armados y de control menores y de
    mediana capacidad y, por su naturaleza, también es garante
    de la seguridad nacional. Además, pueden realizar
    actividades de investigación y otros servicios de
    inteligencia para cumplir con sus misiones generales y
    particulares.

    7.3 Servicios económicos de
    seguridad

    Los servicios económicos de seguridad son, para
    explicarlo mejor, los recursos con los que cuenta el Estado para
    prevenir o resolver contingencias derivadas de
    crisis o
    conflictos económicos internos o provenientes del
    extranjero (tales como una eventual caída del mercado
    bursátil internacional, una dramática caída
    de los precios del
    petróleo,
    etc.).

    Estos recursos son las reservas monetarias que
    constituyen el denominado blindaje financiero así como
    todas aquellas reservas de energéticos y alimentos.

    Más que servicios de seguridad, son mecanismos de
    prevención y solución, pero debido a que su
    naturaleza también le permite garantizar el mantenimiento
    de la seguridad nacional, se les incluye dentro de este
    rubro.

    7.4 Servicios jurídicos de
    seguridad

    Los servicios jurídicos de seguridad, igual que
    en el caso anterior, también son mecanismos para prevenir
    o resolver problemas o conflictos internos o externos.

    Dichos mecanismos, cuando surge algún problema
    hacia el interior de la federación o de alguna de sus
    partes, son ejecutados por las autoridades dependientes del
    Poder Judicial
    Federal, de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados
    así como por las partes que integran a éstos en los
    tres niveles de acción gubernativa para resolver los
    conflictos. Estos mecanismos también permiten garantizar
    el mantenimiento de la seguridad nacional.

    Su principal característica es el manejo, la
    interpretación y aplicación de la ley para impartir
    justicia, y cuando se trata de aplicar estos mecanismos hacia el
    exterior, se les maneja por la vía política, misma
    que se explicará a continuación.

    7.5 Servicios políticos de
    seguridad

    Los servicios políticos de seguridad son,
    quizá, la rama más amplia de este renglón,
    pues se compone de instrumentos y mecanismos para mantener la
    gobernabilidad, es decir, para determinar o mantener la seguridad
    nacional, así como para garantizarla.

    Los instrumentos son todas las dependencias y organismos
    con que cuentan los poderes públicos para prevenir,
    buscar, localizar, detectar, controlar y resolver posibles
    áreas de conflicto, o en el caso de que éstos ya se
    encuentren en pleno, para disminuir, contrarrestar, anular y
    erradicar su acción y los efectos de ésta. O bien,
    son utilizados para mantener y preservar el correcto
    funcionamiento de:

    1. Las relaciones entre las diferentes partes que
      componen al Estado mexicano.
    2. Las relaciones entre el gobierno y la
      población civil.
    3. Las relaciones entre el Estado mexicano y otros
      Estados.
    4. Las relaciones entre el Estado mexicano y grupos de
      presión, partidos políticos y
      movimientos sociales.

    A su vez, estos instrumentos y mecanismos sirven para
    regular:

    1. La actividad gubernativa.
    2. La conducta y
      las actividades de los titulares del poder
      público.

    Además, estos instrumentos y mecanismos sirven
    para sondear, prevenir y resolver, hasta donde les sea
    posible:

    1. Desastres y contingencias naturales locales,
      regionales e incluso internacionales, en la medida que su
      jurisdicción se los permita.
    2. Desastres y contingencias locales, regionales e
      incluso internacionales provocadas por el hombre,
      en la medida que su jurisdicción se los
      permita.

    Los servicios políticos de seguridad tienen,
    entre otras, las siguientes características:

    1. El uso de las técnicas y procedimientos de conciliación,
      negociación y concertación.
    2. La realización de actividades de
      investigación y otros servicios de inteligencia para
      cumplir con sus misiones generales y
      particulares.
    3. El manejo, la interpretación y
      aplicación de la ley para resolver conflictos con sus
      partes integrantes, o con otros Estados.
    4. El uso de la fuerza –cuando cuente con los
      instrumentos para hacerlo- para controlar y resolver
      conflictos, o en el caso de que éstos ya se encuentren
      en pleno, para disminuir, contrarrestar, anular y erradicar
      su acción y los efectos de ésta.
    5. En su defecto, la delegación abierta del uso
      de la fuerza a los sistemas militares y policiales cuando ya
      no sea posible seguir utilizando los mecanismos
      jurídicos y/o políticos permitidos o conque
      cuente.

    8.
    Conclusiones

    Este trabajo constituye una primera aproximación
    metodológica al problema de la seguridad nacional. De
    ninguna manera debe creerse que es concluyente, ya que aún
    falta realizar estudios más profundos en materia de
    Desarrollo económico y seguridad nacional, Democracia y
    seguridad nacional, Fuerzas Armadas y seguridad nacional,
    Relaciones políticas y seguridad nacional, etc.

    Sin embargo, ha servido para ubicar sus orígenes,
    evolución y aplicación tanto en México como
    en otros países así como los elementos que la
    conforman, la fortalecen y que, potencialmente, podrían
    lesionarla. Asimismo, se conocieron los factores determinantes
    (la gobernabilidad) y garantes de la seguridad nacional
    (servicios de seguridad del Estado).

    Sobre estos últimos, se habló de la
    naturaleza garante de los servicios militares, policiales,
    económicos, jurídicos y políticos. Por
    supuesto, los tres últimos también poseen una
    naturaleza determinante.

    Además, en el escabroso y poco claro rubro de los
    estudios sobre seguridad nacional, se ha podido establecer dos
    precisiones que permitirán mejorar la perspectiva en
    torno a
    múltiples mitos sobre el
    tema. La primera precisión es sobre los aspectos
    relacionados con el fortalecimiento democrático y el
    desarrollo económico.

    Como ya se explicó en el transcurso de la
    investigación, la seguridad mexicana, aun cuando tiene
    diversos elementos que la componen, se fundamenta en la
    legitimidad de sus instituciones y en el bienestar
    económico de su población. Por tanto, se puede
    concluir que los aspectos que sustentan la gobernabilidad
    democrática, propia de un régimen como el mexicano,
    son compromiso y obligación del Estado,
    entendiéndose a éste como los tres poderes de la
    Federación. La injerencia de las Fuerzas Armadas
    –que son una parte del Poder
    Ejecutivo- en el tema de la Seguridad Nacional tiene otra
    naturaleza y otro carácter,
    los cuáles pueden ser tratados en otro
    ensayo.

    Para terminar, es prudente explicar que, pese a que lo
    complejo del tema no le permitió al investigador
    profundizar sobre este y otros rubros tales como la
    protección civil, existe confianza de que, desde este
    mismo espacio editorial, habrá oportunidad de concluir o,
    al menos, continuar la tarea hoy iniciada.

    ¡Viva México!

    9.
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    A MI MADRE, DOÑA
    INÉS

    EMILIO VELAZCO GAMBOA

    Mexicano. Licenciado en Ciencias
    Políticas por la Universidad del Desarrollo del Estado de
    Puebla (UNIDES). Tiene los Diplomados en Derecho Electoral y en
    Derecho
    Constitucional, por la Universidad Cuauhtémoc.
    Actualmente es consultor académico e investigador
    independiente.


    http://www.gratisweb.com/emilio_velazco/Investigador-Escritor

    http://www.galeon.com/emilio-velazco/

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