A partir de la década de los noventa, y sobre todo a partir del tercer gobierno de la concertación política que preside actualmente en nuestro país, se han establecido una serie de procesos que buscan modernizar el sector público a partir de un eje ordenador que consiste en alcanzar un Estado de servicio a la ciudadanía, desafío que se enfrenta a transformaciones, tanto en la estructura como en la gestión del sector público.

Este proyecto modernizador busca rediseñar y reorganizar el Estado, como primera tarea, puesto que de éste modo no será mayor problema sobrellevar el rediseño y reorganización del aparato público de modo fluido.

En cuanto a la Institucionalidad central, en la coordinación central del gobierno, se procura redefinir las funciones que hoy ejercen y las relaciones existentes entre la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Planificación y Cooperación, la Dirección de Presupuesto y la Subsecretaría de Desarrollo Regional, además de atribuirle nuevas tareas. Asimismo, se reformulará la manera de ejercer control sobre la Administración, articulando adecuadamente el rol de la Contraloría General de la República, la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados, de los Tribunales de Justicia, los ciudadanos y otras.

Respecto de Competencia y Regulación, Fomento Productivo, Ciencia y Tecnología, Institucionalidad Agrícola y Empresas Públicas se busca fortalecer ésta área, por lo que se harán los cambios necesarios para alcanzar éste reto. Territorialmente, se atenderá Infraestructura, Gestión de la Ciudad, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Recursos Hídricos.

El tema social no queda ausente en ésta etapa de rediseño, donde habrá espacio de cambios positivos respecto de los grupos más vulnerables, mujeres , e infancia.

Ahora bien, el cumplimiento de estos objetivos reformadores ha demandado la implementación de un conjunto de funciones complementarias a aquellas directamente vinculadas a la provisión de bienes y servicios que constituyen la misión del sistema de administración pública. Entre estas funciones se ubican la realización de estudios relevantes para la toma de decisiones, la priorización y coordinación programática y jurídico-legislativa, la evaluación de desempeño y de impacto de la acción gubernamental, el control de la gestión de los servicios, la administración financiera y la tuición sobre la disponibilidad y pertinencia de los recursos humanos.

En este esquema de la administración pública la responsabilidad recae en los ministerios de Hacienda, de Interior, Secretaría General de la Presidencia y Mideplan. Cabe mencionar que las tareas de cada uno no están plenamente distribuidas en función de sus capacidades, y que, en algunos casos, no se cumplen todas las funciones establecidas por el proyecto de reforma. Dicho proyecto institucional responde a distintos objetivos, tales como:

1. Estado democrático y participativo
2. Estado transparente
3. Estado Unitario Descentralizado
4. Estado Solidario
5. Estado fuerte
6. Estado más eficiente y eficaz
7. Estado Normativo y Subsidiario

Se busca entonces, un Estado flexible que se ajuste a los requerimientos actuales y de los que en futuro se prevean, mejorando gestión para entregar un servicio público de calidad a la ciudadanía, adquiriendo nuevas tecnologías de la

información que acerquen los servicios a los ciudadanos y ciudadanas. Un Estado ya no productor de bienes y servicios simplemente, sino uno que regule, norme y fiscalice.

El objeto aquí es alcanzar una gestión eficiente de los servicios, con una participación ciudadana y una transparencia de la actividad estatal. Un elemento transversal a las acciones necesarias para modernizar la gestión pública son las tecnologías de la información y la comunicación, puesto que con ellas se crea una institucionalidad electrónica que moderniza en varios sentidos al Estado chileno.

La serie de cambios que se vienen produciendo en el sistema chileno no deja indiferente a los funcionarios del servicio público, quienes han tenido un espacio en las conversaciones que se desarrollen, además, claro está, de una revisión del perfil profesional y personal que de ellos se espera.

Dentro de la modernización de la gestión pública se atiende con especial dedicación el tema de los recursos humanos, en su doble dimensión de directivos públicos y funcionarios en general; junto a ello, se discute, la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía; por último, se busca perfeccionar los instrumentos y técnicas de gestión.

La gestión de los servicios públicos enfrenta numerosos problemas de gestión que surgen por procesos de selección inadecuados, que tiene directa relación con el peso político de los candidatos.

Otro asunto es la poca continuidad de los ejecutivos públicos en el servicio, la alta rotación. Junto a esto, la falta de incentivos para los profesionales que trabajan en el Estado también es fuente de frustración y bajo nivel de compromiso con los resultados de las instituciones públicas. Esta falta de incentivos, se verifica en la retribución que dichos ejecutivos reciben, que en términos generales, es muy inferior a los estándares de mercado.

Ahora, el hecho de que los trabajadores del sector público no sean evaluados sistemáticamente por sus logros, genera un bajo nivel de compromiso con los resultados de su gestión.

Por estos motivos es que se busca Institucionalizar la Dirección Pública mediante un Estatuto para la Alta Dirección Pública, "que genere las condiciones para aplicar técnicas de reclutamiento y selección para ejecutivos de confianza de jefes de servicio, aplicar contratos de desempeño y sus respectivas evaluaciones periódicas a todos los ejecutivos de la administración pública y generar un sistema de retribuciones que reduzca significativamente el costo de oportunidad que significa trabajar en el Estado".

La viabilidad de la Reforma está a cargo de un Comité de Ministros para la Reforma del Estado, presidido por el Ministro Secretario General de la Presidencia y formado, además, por los Ministros del Interior, de Hacienda y Secretario General de Gobierno. Además de ello, se tiene una serie de comités de consulta que construyen los consensos para la implementación del proyecto y la producción o sistematización de conocimientos sobre las temáticas del proyecto., Existe, además, una instancia permanente de monitoreo del proceso de reforma, compuesta por los coordinadores ministeriales de modernización.

Actualmente, existe en Chile un Sistema Nacional de Control que somete las actuaciones de la Administración del Estado a un conjunto de controles internos y externos, algunos de ellos ex ante y otros ex post. Todo ello con el objeto de fiscalizar, desde la propia Administración, la estricta sujeción de los órganos del Estado a las leyes, reglamentos e instructivos que rigen su actuar.

Hay, también, una serie de mecanismos de control externo a la Administración, radicados en la Contraloría General de la República, Tribunales de Justicia, facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, Tribunal Constitucional, por la vía de conocer requerimientos por inconstitucionalidad de decretos supremos del Ejecutivo, etc.

Esta serie de controles han emanado de un conjunto de normas legales y reglamentarias desarticuladas entre sí; lo que se traduce a una desorganización que le resta eficacia a los controles que vienen de diversos organismos no coordinados entre sí.

Entendida esta como la herramienta por excelencia de la ejecución de plan de gobierno, se tiene que el Ciclo Presupuestario, como proceso está compuesto por un conjunto de etapas en las que intervienen los que definen deciden, ejecutan y controlan el presupuesto de la nación. Es en él donde se asignan los recursos financieros de acuerdo a su disponibilidad, para dar cumplimiento a las metas y objetivos contenidas en la planificación.

Siendo el Presupuesto la expresión financiera del Plan Anual Operativo, entre ambos existe una congruencia, tanto en los objetivos y metas como en la determinación de programas y acciones de corto plazo.

Los principios que ordenan y orientan la acción establecida por el Presupuesto , los que se convierten en mínimos requisitos a cumplir por las entidades públicas, son: universalidad, unidad, periodicidad, previsión, flexibilidad, planificación, equilibrio, claridad, detalle, formalidad, exactitud, programación.

La presentación del presupuesto para el presente año contó con un discurso tranquilizador frente a una serie de incertidumbres que se acumulaban tras los malos resultados económicos en la escena mundial y el increíble suceso terrorista vivido por Estados Unidos.

En aquella ocasión se anunció un aumento en la inversión pública sobre un 11% , y se enfatizó, complementariamente, sobre la perseverancia que se tendría en hacer de nuestro país una nación más eficiente y productivo. Destinándose recursos en apoyo al desarrollo productivo y tecnológico de las empresas.

Dentro de este presupuesto nacional en que ha debido considerar una serie de factores internos y externos es que también se establece los gastos asignados hacia las regiones:

Adicional a la asignación de recursos y en concordancia con ella se establece la posibilidad, según condiciones del gobierno central y necesidades del gobierno local, de invertir en programas especiales de desarrollo:

A comienzos de cada año, las disputas por la entrega de los recursos provenientes del Fondo Común Municipal, provocan fuertes controversias entre los municipios y el Estado, en cuanto a los montos cedidos y las prioridades esgrimidas para su repartición.

El Fondo Común Municipal se determina sobre la base del Índice de Privación Promedio (IPP), y se correlaciona sólo medianamente con el gasto municipal absoluto. Se supone aquí una directa proporción entre la pobreza municipal y la pobreza comunal, cuestión que es extraída del ingreso promedio municipal, que por su naturaleza no da cuenta de las inequidades internas.

Se asume que los ingresos son la base unívoca que refleja la situación dentro de una comuna, desatendiendo otros indicadores que pueden complementar o manifestar otras necesidades insatisfechas de la comunidad. Por lo mismo, los indicadores utilizados con el fin de repartir el Fondo Común Municipal, no reflejan la realidad de la pobreza con relación a indicadores de uso en las áreas de educación y salud, siendo confrontados con los ingresos de los individuos de la comuna.

El fenómeno globalización pone de manifiesta la necesidad de adecuación y modernización del ordenamiento institucional, con nuevas normas y nuevos instrumentos, para enfrentar las nuevas condiciones en la realidad. La globalización es un complejo proceso impulsado por factores políticos, económicos y tecnológicos, que está transformando radicalmente la vida y creando nuevos sistemas y fuerzas que van más allá de os Estados – naciones.

Un mundo que se mueve velozmente y que acaba con las tradiciones y deslegitima las instituciones que históricamente decidieron por las personas. Crece fuertemente la necesidad de la participación ciudadana, nuevos gobiernos y nuevas instituciones.

La tarea de hoy consiste en la definición de los modos de protección de los ciudadanos frente a las contingencias que los afectan y de cuál es el rol del Estado en liderar dicho rediseño, especialmente respecto de aquellos ciudadanos que con mayor rigor sufren la incertidumbre del desempleo, de la lejanía de la justicia, de las dificultades de la atención de salud, y un largo etcétera. En otras palabras, cómo ha de hacerse cargo el Estado frente a las desigualdades. Hablamos, entonces, del mentado "Estado regulador".

No se trata tan solo de perseguir mejorías en el sector público, sino que se requieren transformaciones estructurales de la administración ( educación, justicia, finanzas, salud y administración), identificándose las cualidades básicas que le otorguen esta nueva fisonomía. Para abordar esta materia hay que desechar de plano las miradas ideologizadas que marcan el debate sobre la reforma estatal: el tema no puede reducirse, como se hace con frecuencia, a la mera cuestión del tamaño del sector público. Los pilares de definición de estas cualidades que señalamos tienen que ver con el papel del Estado frente a los problemas de la economía y de la sociedad, a la manera en que se relacionan Estado y sociedad civil, y a la capacidad de gestión efectiva del Gobierno para cumplir el rol que los ciudadanos estimen conveniente que cumpla. En el caso chileno es necesario enfrentar, además, el conjunto de temas de institucionalidad democrática que están pendientes, para dotar de calidad política y legitimidad al Estado chileno. De lo que se trata es de poder realizar las transformaciones indispensables para que Chile posea un Estado democrático de derecho, capaz de alcanzar, en conjunto con los ciudadanos y el sector privado, el desarrollo económico y social.

Para avanzar en estas definiciones sustantivas acerca del rol del Estado, hay distinciones que es conveniente tener presentes para precisar las conexiones entre el Estado y las dimensiones de la vida social, económica y política.

Es imprescindible contar, pues, con una adecuada normativa en materia de monopolios y competencia, de estándares de calidad, de protección a los consumidores, protección medioambiental y otras áreas de enorme importancia.

Es necesario contar con una institucionalidad -tanto administrativa como normativa- que permita esta cooperación de manera dinámica, sin que se constituya en obstáculo para el despliegue de la iniciativa privada, pero que ponga barrera a los excesos que todo mercado genera.

Un Estado facilitador para crear condiciones apropiadas para la empresa privada, contribuyendo a la apertura de nuevos mercados y al desarrollo de tecnologías innovadoras, eso es lo que se proyecta. Así, se debe resolver el diseño de políticas estratégicas en materias de fomento productivo y de la investigación en ciencia y tecnología.

El valor universal de la dignidad de las personas y de sus derechos, y la conciencia de que el sistema democrático es el medio irremplazable donde desplegar una convivencia centrada en el respeto a lo humano, plantea otro capítulo de desafíos de envergadura a la institucionalidad.

La obsolescencia y excesivo legalismo de los sistemas de control son dimensiones institucionales necesarias de abordar para prevenir prácticas corruptas. Puesto que aún cuando se ha tenido avances en materia de Probidad necesitamos profundizar los controles, readecuarlos y generar un sistema consistente, preventivo y ágil de control sobre la administración.

La línea entonces apunta a modernizar un Estado que tiende a obstaculizar el desarrollo económico. Un Estado de servicio a los ciudadanos exige un sector público que responda a una sociedad muy distinta a aquélla en que las formas institucionales nacieron.

Se tiene, entonces que la orientación jurídica y administrativa apuntan a la construcción de un Estado democrático y participativo, transparente, unitario, descentralizado, fuerte, que se haga cargo de las desigualdades, más eficiente y eficaz.

Entendido así, tenemos un Estado Moderno: Democracia, Descentralización y Desarrollo Regional y Local. En el fondo, la pretensión es que la descentralización sea vista como una alternativa para repotenciar la función administrativa y coordinadora de las decisiones políticas que el Estado no abandona a pesar de haber perdido su carácter de núcleo articulador del sistema social derivado de la funcional diferenciación que presentan los sistemas sociales.

Un e proceso que se refuerza desde el advenimiento del sistema democrático en 1990, el cual en los siguientes años ha sido expandido y profundizado mediante el desarrollo de cuerpos legales - Ley 19.173 de Gobierno y Administración regional - que han facilitado una nueva institucionalidad, principalmente la creación de los llamados GOBIERNOS REGIONALES y , también, una política cada vez más nítida de modernización global del sistema público nacional.

Este complejo proceso modernizador se propone descentralizar profundamente el Estado con especial atención a la gestión de los gobiernos regionales, a la descentralización institucional y a la desconcentración administrativa, la que se ha formalizado a partir de 2001, año en que se ha formulado una Política de Descentralización, que establece la autodefinición de las regiones sobre sus agendas de modernización.

La idea es lograr un Estado Unitario, que a la vez delegue y atribuya poder al todo el territorio y niveles jerárquicos inferiores. Es así como se han generado esfuerzos en torno a la articulación de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la División de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y el Proyecto de Reforma, para concertar el proceso de modernización y rediseñar la institucionalidad regional, con los procesos propios de fortalecimiento regional que impulsan las dos primeras entidades.

La política descentralizadora ha desarrollado instancias de reflexión y coordinación entre los órganos regionales y las instancias del gobierno central.

En cuanto a los municipios , se ha generado una instancia de trabajo común con la Asociación Chilena de Municipalidades para avanzar conjuntamente en las readecuaciones que en este ámbito deban hacerse.

Algunas experiencias relativamente recientes son prueba irrefutable del gran potencial interventor del municipio para promover el desarrollo económico. Se descubre que los límites del esfuerzo fiscal local está determinado por la capacidad de generación de excedentes de los agentes económicos locales

Es el de la ciudad de Iquique y su activo alcalde Jorge Soria quien, a partir de la Zona Franca allí instalada –la ZOFRI–,municipio que se ha instalado como un centro turístico y de negocios de primera importancia en el norte chileno. Ahora, se perfila como una ciudad de "corredor interoceánico" que tendría la misión de unir mediante largas rutas terrestres a las principales ciudades brasileñas, uruguayas y argentinas del Atlántico con sus pares del Pacífico. Lo que en otras palabras se traduce a nuevas y excelentes corrientes de comercio entre América Latina y Asia.

El modelo de gestión municipal es ahora un paradigma de desarrollo local que trae consigo una visión tenaz de emprendedores, la que privilegia una capacidad profesional y técnica, además, claro está de una participación activa de los distintos agentes sociales locales, incluidos los empresarios.

En cuanto a asociarse con el sector privado, tenemos la experiencia de la Municipalidad de Santiago, la que propició la conformación de la Corporación de Desarrollo de Santiago, que asocia a empresas privadas, cooperativas de vivienda e instituciones académicas, y que es presidida y administrada por la Municipalidad. Corporación que ha desarrollado un vasto programa de repoblamiento del sector céntrico y antiguo de la ciudad, que se enfrentaba a situaciones de deterioro y pérdida acelerada de población.

Luego, mediante un mecanismo de asociación de diversos agentes en el que concurren cooperativas de ahorro para la vivienda, empresas privadas constructoras, se obtienen subsidios del Estado central para el financiamiento de vivienda, y la acción municipal ordenadora, con lo que se logra impulsar un exitoso proceso de reconversión urbana. Después de varios años de acción, el paisaje urbano del centro de Santiago ha cambiado radicalmente, emergiendo por doquier nuevos edificios de departamentos, plazas y parques y –lo más importante– las familias jóvenes están volviendo al centro histórico, retornándole vitalidad y revirtiendo de modo definitivo la tendencia hacia el despoblamiento.

Los gobiernos regionales, por su parte, han debido enfrentar los problemas de coordinación entre distintos municipios. Problema que se presenta principalmente en las ciudades más populosas del país como Santiago, Valparaíso y Concepción.

El logro de una efectiva y eficaz articulación de los Gobiernos Regionales con los Gobiernos Municipales constituyen, sin duda, la posibilidad real de resolver - al menos - algunas de las contingencias que se generan en un mundo globalizado que si bien expande opciones también genera significativos riesgos y exclusiones para los habitantes de las regiones del país.

En éste proceso, se advierte una gran amenaza para el desarrollo nacional y local en el debilitamiento y deslegitimación de las estructuras de participación y de toma de decisiones. De hecho, la gran dificultad para las organizaciones regionales está en el hecho de que la descentralización todavía no es una realidad.

Sean ejemplos de este hecho la electividad de los Intendentes regionales, los que son personas de confianza del Presidente de la República. Así mismo, los consejeros regionales responden a intereses partidarios. No hay representatividad para la sociedad civil.

El desarrollo de una planificación contingente constituye el desafío real para los regiones que deben enfrentar desigualmente los efectos colaterales de una globalización creciente. La efectividad del proceso de descentralización depende de lo adecuado que sea el interlocución del Gobierno Regional , Gobiernos Municipales, sector privado y comunidad organizada .

A este respecto se profundizar las prácticas democráticas, donde el mismo hecho de alcanzar mejor consideración la ciudadanía de parte del Estado, al mismo tiempo que se mejora la calidad del servicio prestado. La presencia fortalecida de una Ciudadanía participativa es garante, además, la probidad y la prevención de la corrupción al interior del Estado.

La participación ha sido estimada como un valor profundo de la democracia, lo que ha hecho que el Gobierno consagre, jurídicamente e institucionalmente, el aporte de la sociedad civil a la gestión pública.

Se pretende incorporar a la sociedad civil en la gestión de la Administración del Estado como una forma de profundizar y practicar la democracia, colaborando en el aumento del capital social. De modo tal, que sean ellos un control eficaz frente a la gestión pública. En esta misma dimensión se puede hablar sobre los esfuerzos desplegados en la facilitación de mecanismos de interacción entre el Estado y los particulares, a través de la promoción y defensa de los intereses y derechos de las personas ante acciones u omisiones de los órganos de la administración del Estado.

Las anquilosadas instituciones públicas desconcentradas de la región y la asistencia técnica a los gobiernos municipales deben ser capaces de una estrategia capaz del desarrollo económico local. Para ello no basta establecer la descentralización, sino que debe internalizarse dentro de una lógica de gestión pública basada más en prioridades regionales que sectoriales. De esta manera se alcanza un esquema menos centralizado y más orientado a la participación ciudadana.

La descentralización del Estado, el énfasis en el Desarrollo Local y Regional, la superación de la pobreza, la importancia creciente del tercer sector, la demanda creciente por modelos organizacionales pertinentes a las nuevas formas en que se expresa el mercado del trabajo y las exigencias de una sociedad del conocimiento, requieren de dispositivos teóricos y metodológicos novedosos para observar tales fenómenos y, particularmente, proponer líneas estratégicas para orientar tales cambios organizacionales..

Lo regional es la posibilidad de consolidar una estrategia moderna de articulación Estado - comunidad organizada, en un contexto de complejidad societal caracterizada por la creciente diferenciación de los sistemas parciales del sistema social.

El día 11, de mayo, de 2001, se firmó el Decreto Presidencial que crea el Consejo de Defensa del Ciudadano cumpliéndose con ello el objetivo principal de este proyecto. Con éste se pone en funcionamiento una entidad que defiende a la ciudadanía, teniendo presente que el gobierno envió al Parlamento el que proyecto de reforma constitucional que crea la institución del Defensor del Ciudadano que una vez aprobado permitirá implementar una entidad con atribuciones plenas para cumplir el cometido de la defensa ciudadana.

En condiciones de extrema pobreza el ejercicio de la ciudadanía se limita por la necesidad inmediata del sustento diario y todo lo que eso involucra. En este sentido, la constitución de ciudadanos es imprescindible y prioritario a cualquier proceso de desarrollo de una comunidad. Fortalecer las habilidades laborales y económicas de sus miembros no es suficiente. La desinformación y el aislamiento, la falta de redes y canales adecuados para establecer redes distintas y más diversas son otro de los problemas que se deben abordar

La gestión territorial urbana tiene como fin producir las condiciones adecuadas para que el hábitat de las personas que lo habitan o utilizan sea propicio para el desarrollo integral de estas personas. El desarrollo del país depende de una adecuada habilitación de su territorio, como de una adecuada configuración de sus ciudades. El territorio se va habilitando a través de múltiples decisiones relacionadas con diversas materias y por ello el desarrollo dependerá en gran medida de la forma como se organice esa capacidad para decidir. Hoy el territorio y en particular las áreas urbanas presentan un conjunto de problemas que se traducen en insuficiente y desigual acceso a los servicios urbanos básicos, crecimiento desordenado, altos costos de operación, problemas de congestión y contaminación, entre otros. Las responsabilidades por las decisiones para resolver estos problemas se encuentran localizadas de manera dispersa y no siempre bien coordinadas y para algunos ámbitos, los instrumentos y sistemas vigentes son insuficientes.

Construir una ciudadanía activa es una tarea no exenta de dificultades relacionadas con las restricciones en la acción pública, no pasa de ser un grupo que propone y colabora respecto de programas, los que vienen predefinidos desde niveles centrales de toma de decisiones.

Se promueve una participación de la comunidad en la toma de decisiones sobre aspectos que la involucran, como son la obtención de nuevas viviendas, la realización de programas de fomento productivo y capacitación laboral, y la implementación de programas de asistencia social. La participación plena opera en un marco de restricciones.

Destaca el rol de los organismos no gubernamentales, particularmente quienes realizan programas de apoyo organizativo y labores de investigación acción gracias a recursos propios o de la cooperación internacional. Resultando ser componentes fundamentales en las tareas de mediación que permiten hacer significativas las experiencias y acompañar a las organizaciones en su proceso participativo, y por otra parte, son quienes a partir de la sistematización de la experiencia, generan propuestas que permiten actualizar la política pública; hacer visible las problemáticas presentes y sus causas profundas; y generar aprendizajes válidos para la intervención.

El objetivo es superar las rigideces de los mecanismos burocráticos tradicionales y construir propuestas colectivas, tanto entre distintos departamentos de una misma institución, como es en el caso municipal, como entre organismos distintos que comparten territorios y preocupaciones afines.

Lo anterior enfrenta dificultadas relacionadas con los distintos niveles de flexibilidad que tiene los programas que ejecutan las distintas instituciones, en términos de la duración de sus programas o sus criterios de focalización.

Los municipios que integran el Estado comienzan un proceso para consolidar su capacidad administrativa y los recursos descentralizados hacia estas instancias siguen incrementándose, así como los programas de capacitación y asesoría.

Los organismos estatales reflejan la voluntad de la persona que esté de turno en aquel sitio, lo que hace pensar que la voluntad es muy probable de sufrir cambios. Así mismo cada institución pública posee prioridades. Y esto es sólo algunas cosas que provoca el centralismo y la ausencia de legislación, de políticas, o de tradiciones que favorezcan la cooperación entre Estado y organizaciones locales.

Los gobiernos locales, por su parte, se erigen como organismos públicos que responden a las propuestas de los ciudadanos y otros actores de su entorno.

Incansablemente se ha dicho que la democracia es fuerte en la medida de la fortaleza que posee la sociedad civil, elemental tesis que sirve para comprender la importancia del Municipio en tanto unidad de participación ciudadana. Según documentos de la CEPAL, el municipio en Latinoamérica está cambiando, agregando nuevos objetivos que están presentes en el contexto social y que de cierta forma son puestos en las metas municipales.

Insertar la localidad en el desarrollo, crecer económicamente y atender a las necesidades de la población con mayores carencias, son temas importantes en el rol de un municipio moderno. Las nuevas tendencias de descentralización y desconcentración de las políticas de desarrollo revitalizan una concepción participativa de la planificación y una alta valoración por la autogestión local.

Se debilitan los diseños de gobierno que privilegiaron el subsidio como estilo de adjudicación de recursos. Las administraciones locales avanzan sobre el destino y quehacer económico de la localidad. Las acciones emprendidas en general, por el sector público, afecta a las capacidades productivas de las localidades y ello es un elemento de importancia para el municipio.

La pobreza y su superación se imponen como el componente central de la definición de las políticas públicas a diferentes niveles y las propuestas esenciales de superación apuntan a procesos y medidas vinculada al crecimiento económico, con programas de asistencia y desarrollo social. Aparece también hoy la preocupación por la sustentabilidad ambiental, entre muchas otras.

El nuevo rol del municipio como organismo estratégico de desarrollo regional hace urgente el desarrollo de sus capacidades. La funcionalidad restringida, el clientelismo, el oportunismo, la burocracia, la falta de profesionalismo, etc., son elementos que deben quedar en el pasado.

Lamentablemente, la percepción ciudadana a nivel latinoamericano le apunta como un organismo que no hace lo necesario,(...) está desorganizada,(...) es despreocupada" . En términos generales, se le cataloga como una instancia que no está exenta de la corrupción, discriminación y exclusión, careciendo de elementos que garanticen la transparencia. Y , aún cuando en Chile los esfuerzos descentralizadores no han sido menores, tenemos problemas en éste nivel:

"Pese a la amplitud de las responsabilidades de los municipios y a la magnitud de los recursos movilizados por éstos, la estructura de funciones, la competencia y recursos a este nivel de gobierno enfrenta importantes rigideces"

Hasta 1973 el Municipio en nuestro país tuvo limitaciones propias de una instancia centralizada y burocrática. Nuevas tendencias administrativas anunciaron la búsqueda de profesionales que acentuaran lo técnico, la planificación y gestión de proyectos en sus funciones. La Regionalización implementada por el régimen militar y la descentralización del Estado de algunos servicios básicos.

Dentro de estas reformas es posible ver aciertos en cuanto a la mayor capacidad financiera de las instancias locales, en tanto que han permitido aumentar notoriamente el presupuesto municipal en los años recientes. Este crecimiento permite minimizar las profundas desigualdades entre los municipios, la que siempre es más notoria en el caso de las localidades urbanas pobres, ciudades pequeñas y ciudades intermedias.

Los municipios sufren de una recarga de tareas y de disputas internas por el poder, donde no se observa el desarrollo de una labor decisiva en torno a constituir un plan de desarrollo comunal.

Los Planes de Desarrollo Comunal, durante los primeros años de su creación, se restringen a elaborar diagnósticos y a evaluar programas diseñados a nivel central, o bien, a diseñar y gestionar proyectos que en su mayoría se gestaron por consultorías externas. Es más, actualmente, son muy pocos los municipios que poseen una fortaleza y modernidad administrativa que les valga la autosuficiencia de Planificar el desarrollo comunal con éxitos concretos. A ello podemos agregar que, el acelerado proceso de urbanización y desarrollo concentrado en ciertas ciudades ha provocado una serie de medidas desarticuladas y atrasadas, incapaces de controlar dicho crecimiento, deteriorando al mismo tiempo, la calidad de vida de dichos habitantes.

Tenemos, así, una serie de problemas que se traducen a una desigual capacidad institucional de gestión, la que impide analizar sectorialmente para identificar, diagnosticar y diseñar las intervenciones pertinentes y oportunas. La débil capacidad de gestión de los municipios, en especial la de los más pobres, manifiesta la necesidad de fortalecer la institucionalidad municipal.

Escasez e Ineficiencia local componen el marco de descentralización política, administrativa y económica. Complejo proceso que, además de todo lo anteriormente planteado, cuenta con una participación ciudadana débil casi nula; que nos conduce finalmente, a concluir que los gobiernos locales no son tales en mucho de sus sentidos, sino, la mayor de las veces, una extensión del gobierno central, quien concentra las decisiones y recursos.

La dinámica de los gobiernos locales es compleja y cambiante, incluyendo desde las necesidades más diversas de su población, problemas de recaudación, manejo de fenómenos urbanos. Esta realidad exige claramente que las decisiones de los gobiernos locales debieran ser rápidas y efectivas.

La gran pregunta es porqué no se potencia la relación y la participación de inversiones privadas en el desarrollo de la infraestructura pública municipal- sobretodo en aquellos lugares en que existe un alto números de necesidades y un escasez de recursos disponibles-, siendo que es en este marco de alianza estratégica, entre lo público y lo privado, el espacio ideal para presentar y aplicar proyectos de desarrollo comunal, sean éstos:

• Vialidad y renovación urbana
• Infraestructura destinada a Educación o Salud
• Campos Deportivos, Recreativos
• Actividad Industrial (PYMES)
• Alcantarillados
• Riego
• Turismo
• Cultura
• Transportes
• Servicios públicos varios.

Para responder a este conjunto de necesidades se requiere una gran inversión económica que ni el gobierno central ni los municipios están en condiciones de solventar en lo inmediato. Debiéramos, entonces, considerar seriamente la posibilidad de incorporar al sector privado en el desarrollo y modernización de nuestras ciudades en ámbitos que, hasta hoy, son privativos del sector público.

El objeto de modernizar el Municipio dentro un contexto de democratización apunta a asignarle un rol motivador y estimulador del crecimiento de la comunidad. Esto implica abordar nuevas funciones, nuevas áreas y nuevas tareas, como asimismo mayores capacidades en la gestión de acciones, actividades y especialmente la movilización y atracción de nuevos recursos.

Dicho de un modo más simple, enfrentamos una época que tiende a lo gerencial, el que favorecerá los logros frente a las crecientes necesidades locales.

Lo anterior se observa ineludiblemente vinculado a la participación de la comunidad. Desde el momento que la región incorpora e introduce la democracia como parte de su evolución, ello requiere la estimulación de un compromiso del ciudadano en la definición y concreción de su propio desarrollo, como asimismo participación en la toma de decisión y en la ejecución de obras. Como también la necesidad de establecer mecanismos de control por parte de grupos y delegaciones comunitarias, como expresión concreta de la participación.

La nueva Municipalidad debe incorporar procesos de negociación como parte del desarrollo de sus actividades y asignar un rol importante a la capacidad que la comunidad tiene para estimular su propio desarrollo. Esta modificación del rol, desde el paradigma del Estado proveedor y controlador al Estado facilitador y estimulador de acciones

Así es como debemos comprender el gobierno local, estructurado en base a un sistema de participación de la población, asumiendo un rol de agencia impulsora de iniciativas a nivel local.

La ley orgánica de la nación establece las modalidades y formas para el desarrollo de la participación de la comunidad local en actividades de municipio. Unidad que se constituye con el alcalde como primera autoridad, la que estará complementada por las acciones del concejo.

Dentro de estos mismos artículos se determina la función y atribución de los municipios, del modo como se debe proceder frente a un plan que debe contar con dos tercios a lo menos del concejal. Así mismo, se establece por esta misma vía legal las opciones de participación de la comunidad por medio de plebiscitos y consultas.

Existe la posibilidad, según fines propios, de alianzas entre los municipios para crear corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro. Esta opción estipula claramente los objetivos de promoción y desarrollo artístico, cultural y deportivo. Dentro de este apartado se contempla el traspaso de competencias que se realiza desde el gobierno central, ministerios, gobiernos regionales hasta los municipios. Pudiendo ser esta transferencia provisoria o definitiva, según la ley lo establezca.

En este cuerpo legal se establecen las funciones privativas que le corresponden al municipio respecto de su territorio. Cabe dentro de estas la elaboración, aprobación y modificación de un plan comunal que debe estar en sintonía con la planificación regional y nacional; un plan regulador y un desarrollo comunitario, disposición en materia de transporte y tránsito público, también respecto de la construcción y urbanización; aseo y ornato, etc. Todo lo anterior son las tareas mínimas que por ley le competen al municipio.

Seguido de esto, se establece una serie de funciones directas o en colaboración con órganos centrales sobre la educación, cultura, salud, protección medioambiental, asistencia social y jurídica, empleo y productividad, turismo, deporte recreación, vialidad, viviendas, etc..

Se entiende, entonces, la unidad de gobierno local no sólo como una proyección del gobierno central sino como una instancia resolutiva en muchas materias y con grandes responsabilidades frente a una comunidad que van más allá de las necesidad básicas ( vivienda, educación, salud, trabajo, etc.) Y tienen relación con la tarea de promover la igualdad de oportunidades y de responder a las inquietudes de sus ciudadanos.

Respecto de las funciones esenciales se establece una serie de acciones del municipio tendientes a dar cumplimiento a su misión de ejecutar el plan comunal, determinar un presupuesto real, administrar bienes públicos, subvencionar iniciativas públicas y privadas que colaboren en la tarea comunal.

Se destaca la posibilidad de un municipio para la aplicación de tributos sobre actividades y o bienes que tengan clara identificación con la comuna, fondos que van en apoyo al desarrollo comunal.

El ordenamiento jurídico chileno establece que dichos bienes pertenecen a Estado , aún cuando su administración es competencia municipal. De tal modo que al municipio le cabe fiscalizar y proteger dichos patrimonios , o bien, según la ley, delegar tal función a actores locales que manifiesten interés por proteger el bien y hacer control social al respecto.

Lo anterior se traduce a permisos, concesiones o comodatos de parques y áreas verdes entregados a instituciones sin fines de lucro. Acto más comúnmente desarrollado en comunas de menor ingreso y de menor participación social que por lo mismo carecen de capacidad para fiscalizar.

Un ejemplo de esta situación es la problemática que arrastra la emisión de residuos sólidos domiciliarios, los que encarecen los costos en forma directa para el municipio, el que según sea su capacidad eludirá los cobros y por ende provocará un uso más intensivo de los bienes nacionales. Además de todo, el hecho de no existir legalmente la posibilidad de infraccionar tales faltas, se genera un circulo problemático que se resuelve sólo en función de los recursos y la capacidad de gestión que posea el municipio tal.

La gestión local no sólo no ha proporcionado servicios básicos a la mayoría de la población (empleo formal, vivienda, educación, transporte e incluso agua potable y saneamiento); sino que además los gobiernos municipales han sido con frecuencia incapaces de garantizar el orden jurídico elemental (regulación de ocupaciones ilegales, privatización informal de los servicios públicos, control y fiscalización de actividades económicas en su jurisdicción, garantía de seguridad urbana y protección ciudadana) adoleciendo también, en ciertas condiciones de la legitimidad y de la representatividad mínimas para actuar en nombre de la ciudadanía. Junto a lo anterior debe uno considerar la debilidad estructural del municipio, sus déficit económico-financiero, técnicos y de recursos humanos, y la escasa autonomía como eslabón inferior de la organización territorial del Estado.

Con todo, existe una encrucijada para los nuevos actores y sus potencialidades, en la medida en que la escena política nacional y el propio Estado central aparecen como espacios cada vez más distantes y ajenos, las necesidades sociales básicas encuentran en lo local un ámbito de expresión privilegiado y un espacio de apropiación posible por parte de los sectores populares.

En la actualidad , la Gestión Municipal se identifica a través de distintos procesos, tales como:

Desde lo conceptual, modernización del Estado implica modernización en la gestión, lo cual supone fundamentalmente una transición de una gestión impulsada por las reglamentaciones hacia sistemas de gestión en función de los resultados con participación y control ciudadanos. En términos de desarrollo la gestión está ordenada a definir objetivos, metas y tareas. En el plano de lo municipal presupone la confección y actualización de los catastros. Requiere racionalizar los ingresos y gastos con criterios de eficiencia y equidad, como también determinar las necesidades de Asistencia Técnica.

La realidad del los municipios está en una serie informes, reglamentaciones complejas, normas de desempeño poco claras y falta de información acerca de resultados y costos; todos los niveles de gestión debieran tener presente un enfoque de demanda en cuanto a los efectos de las políticas públicas (pacientes, niños, estudiantes, usuarios) lo que no existe en muchos municipios.

Hoy, no existe, en muchos casos, un sistema comunal que responda a la lógica del consumidor / ciudadano y la calidad de los servicios. Tampoco sistemas eficaces de monitoreo y evaluación.

Uno de los roles protagónicos del gobierno local está en el desarrollo económico, por lo que su política debiera tender hacia la concertación con el sector privado para que éste se comprometa con el desarrollo de la comuna, en especial en lo que se ha dado últimamente en denominar la conformación de alianzas estratégicas entre el Estado, empresas y sociedad civil.

Debiendo ser el municipio un dinamizador de las ventajas comparativas de una determinada localización geográfica para promover la municipalización de la inversión con recursos nacionales o regionales, se impone la obligación de competir para captar inversiones y también actuar cooperativamente en este sentido.

Con todo lo anterior, es claro que los municipios tienen mucho que recorrer, tanto por cuestiones de jerarquización, exceso de normativas vigentes y desarticulación de objetivos institucionales , como por intereses políticos partidarios.

Múltiples dificultades se encuentran presentes en tanto el desarrollo regional recién comienza, toda vez más cuanto nuestro país tiene una tradición centralista muy acentuada; no sólo desde lo administrativo y formal, sino también desde la misma esfera social. Las medidas fundamentales son resueltas por el gobierno central. La creación de Serplac (Secretarias Regionales de Planificación y Coordinación) creadas con el objeto de planificar el desarrollo de las regiones señalan que este servicio cumple la tarea de evaluar programas y proyectos elaborados en el centro, tarea que se ve sobrecargada por los perentorios plazos que exigen enviar regularmente información a la dependencia correspondiente, la cual será analizada igualmente de modo central.

En el terreno del presupuesto disponible, a objeto de desarrollo regional, grandes empresas cuya labor básica de explotación la realizan en la región misma, moviendo grandes capitales, como empresas madereras, pesqueras, mineras, etc., su tributación, la cual es de gran envergadura, es realizada en el centro administrativo del país, dineros que no vuelven a nivel regional.

Las estructuras de decisión a nivel regional como los consejos regionales están sujetas a las limitaciones propias de un organismo nuevo: bajo presupuesto, déficit de personal, exacerbación de conflictos por pugnas de poder, clientelismo; especialmente es adecuado enfatizar la falta de experiencia en planificación y evaluación de proyectos, actividades que muchas veces no cuentan con el diagnóstico necesario.

Hace muy poco, el principal ingreso propio no permanente de las municipalidades correspondía a sus aportes. Un fondo constituido por un aporte fiscal y recursos municipales, los que una vez reunidos se redistribuían.

Con la actualización de los coeficientes que se calculan cada 3 años, para el período 1999-2001, 139 comunas vieron disminuido el monto que les correspondía recibir, mientras que a 203 comunas les aumentó. Frente al déficit de aquellos municipios perjudicados el gobierno aportó excepcionalmente $2.000 millones en 94 de las 139 municipalidades perjudicadas, considerando para ello sus gastos de operación más las transferencias a educación y salud.

El año 2002 el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que reformaba la estructura de financiamiento de los municipios, incluyendo una reforma completa a la composición y distribución del Fondo Común Municipal:

Dicho proyecto buscó clasificar a los municipios en dos grades grupos, los que aportan y los que reciben del FCM. Para tal clasificación se aplicaría un índice que ordena a las comunas según los siguientes criterios:

• Capacidad de Generación de Ingresos Propios(coeficiente entre el promedio de ingresos propios durante los últimos 3 años y el promedio del total de ingresos propios percibidos por todos los municipios en el mismo período);
• Vulnerabilidad Comunal ( factores estructurales de las comunas que afectan su capacidad de generar ingresos). Se atenderá, entonces, la diferencia entre ambos indicadores, con lo que sólo aportarían al FCM los municipios con un índice de ordenamiento mayor o igual a 1.

La nueva propuesta contempla distribuir el 95% del FCM entre las comunas más desfavorecidas y menos autovalentes, en proporción a la precariedad de su condición. El 2% por partes iguales entre las comunas con menos de 5.000 habitantes. Y el 3% entre las comunas que presenten requerimientos de estabilización financiera de acuerdo a criterios y normas establecidos en el reglamento respectivo. Esta medida atiende a la necesidad de alcanzar niveles de equidad territorial e igualdad de oportunidades.

El hecho es, entonces que, frente al riesgo de que la distribución de los recursos con cargo a la parte correspondiente al 90% del FCM que arrojan los coeficientes que deben aplicarse, aún cuando habrá municipios con aumento de ingresos con cargo al FCM, , otros recibirán ingresos disminuidos por la misma razón. Para enfrentar este desequilibrio, junto con la nueva ley se propuso un mecanismo de compensación para los años 2003 y 2004.

Esto último se tradujo a una destinación de quince mil millones de pesos al FCM para compensar en un cien por cien la caída de ingresos que provoquen los nuevos coeficientes en relación a los ingresos percibidos durante el año 2002. De esta forma, sólo una vez efectuada la señalada deducción de recursos, el FCM se distribuiría conforme a los criterios y coeficientes establecidos en las disposiciones legales permanentes.

Mediante la nueva iniciativa legal se pretende efectuar un nuevo cálculo de coeficientes de distribución del FCM para los próximos tres años, de la forma que prescribe la ley. Compensar a aquellos municipios que vean disminuidos sus actuales ingresos como consecuencia del nuevo cálculo de coeficientes. Así mismo, los municipios que vean aumentados sus actuales ingresos como consecuencia del nuevo cálculo de coeficientes percibirán efectivamente a partir del año 2003, aunque no la totalidad, sí una parte importante de dicho aumento.

Mediante un decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior, con firma del Ministro de Hacienda, se determinará el monto de la compensación para los años 2003 y 2004, a percibir por cada municipio que en dichos años viere reducida su participación en el Fondo según lo previsto en el inciso precedente. Compensación que irá con cargo al mismo FCM y que son distribuidos a las municipalidades respectivas por el Servicio de Tesorerías, en cuatro cuotas iguales, en los meses de mayo, julio, octubre y diciembre de los años 2003 y 2004.

Existen, sin embargo, detractores a esta propuesta que sostienen que la reforma afectaría la competencia entre municipios y la eficiencia en la provisión de los servicios; en tanto que no habrá posibilidad de quedarse con parte de lo recaudado por ejemplo, a través del permiso de circulación. Con ésta se piensa que desaparece el incentivo a competir con otros municipios por otorgar ese servicio, y en consecuencia, se afectará la eficiencia en la provisión de éste.

El Fondo Común Municipal se determina, en su 90 %, sobre la base del Índice de Privación Promedio (IPP), el que nace a partir de la modificación de la Ley de Reforma Constitucional N°19.097,.definido como el promedio de variables (escolaridad materna, déficits de talla-edad de los niños entre 0 y 6 años, etc) que determinan el nivel de pobreza de las comunas. Un indicador difícil de calcular y que se correlaciona sólo medianamente con el gasto municipal absoluto. En lo que respecta a la relación salud-ingresos per cápita, utiliza indicadores insuficientes para corregir las deficiencias derivadas aquel ingreso, indicador involucrado en la construcción del IPP.

Un supuesto utilizado en el cálculo es que existe una directa proporción entre la pobreza municipal y la pobreza comunal, cuestión que es extraída del ingreso promedio municipal, que por su naturaleza no da cuenta de las inequidades internas y, además, desestima el uso de un concepto de "umbral", que definiría el porcentaje de pobres dentro de una comuna. Asimismo, se asume que los ingresos son la base unívoca que refleja la situación dentro de una comuna, desatendiendo otros indicadores que pueden complementar o manifestar otras necesidades insatisfechas de la comunidad. Por lo mismo, los indicadores utilizados con el fin de repartir el Fondo Común Municipal, no reflejan la realidad de la pobreza con relación a indicadores de uso en las áreas de educación y salud, siendo confrontados con los ingresos de los individuos de la comuna.

Las insuficiencias económicas, pobreza o nivel socioeconómico, menoscaban el nivel de salud de las personas, poseyendo éstas mayores necesidades de servicios de atención en salud. Por tanto, la asignación de recursos a esta área, intentando ser más equitativa, debe considerar aquellos factores e indicadores que muestren de manera más fidedigna las necesidades sociales insatisfechas de la población

La nueva propuesta que considera una distribución de un 3% del FCM entre aquellas comunas que presentan requerimientos de estabilización financiera, afectaría directamente la autonomía de las comunas, en tanto que tendrán financiamiento del gobierno central.

Uno de los problemas municipales es la rigidez de gasto de los municipios. Las prestaciones municipales cuestan lo mismo en todos lados y se reconoce en el gobierno la dificultad de gestión, que hace temer a muchos que los fondos vayan a una caja negra.

Se debe realizar una profunda revisión a la estructura municipal, favoreciendo a la profesionalización que genere confianza en la gestión de tal entidad local. El gobierno ha preparado un proyecto de ley donde se aumentan las capacidades gerenciales de las municipalidades y se espera alcanzar un acuerdo con los trabajadores, que gozan de estatutos similares a los de los funcionarios públicos.

Los municipios debieran desarrollar la política como el arte de servir a todos los ciudadanos mediante el uso óptimo del poder público. La política es un quehacer noble y ético por medio de la cual los pueblos deciden su destino y se gobiernan a sí mismos. Siendo un ejercicio político democrático ,donde junto a los ciudadanos debe uno decidir el futuro de la comuna o región, carácter que se imprime luego de una votación ciudadana.

Lo verdadero sería, apelando al sentido original de las funciones públicas municipales, favorecer a todos los ciudadanos, especialmente a los más débiles, pobres y marginados. Siendo una obligación actuar en un marco de absoluta transparencia, de manera que los ciudadanos estén siempre plenamente informados. La política municipal responde a la voluntad y legítimo interés de los ciudadanos por el bienestar y desarrollo.

Entendiendo que el fin último tiene relación con la equidad, democracia y respeto a los derechos humanos, la gestión local debe procurar el desarrollo. Sea éste el incremento sostenido de la producción de bienes y servicios en un territorio determinado, que genera el aumento equitativo del bienestar de sus habitantes, con una fuerte identidad y carácter cultural, que refuerza el proceso mismo.

El desarrollo debe ser sostenible y básicamente endógeno, es decir, se sostiene en las iniciativas, recursos, capacidad emprendedora y de apropiación del progreso técnico de los agentes del propio territorio o comunidad.

El logro concreto y real de todos los objetivos finales de la Gestión Pública, entonces, dependerán mucho de las herramientas que se utilicen para las acciones necesarias. De éste modo una de las herramientas fundamentales que debieran tenerse en vista es la participación, en tanto que los agentes de desarrollo responderían con mayor compromiso si fueran participes de un proyecto de desarrollo futuro. Participación que será puesta en marcha a través de las distintas formas de consulta, referéndum, plebiscitos y acercamientos al parecer de la gente. Además, obviamente de un proceso permanentes de información hacia ello.

Otra herramienta dice relación con la posibilidad de estimulación externa, una que sea capaz de atraer los agentes de desarrollo.

La acción política del Estado y la promoción del desarrollo requieren de una institucionalidad democrática y descentralizada que estimule al máximo las iniciativas y acciones locales. Esta institucionalidad debe descansar en el funcionamiento de gobiernos locales autónomos, fuertes y democráticos que posibiliten la participación permanente de los ciudadanos.

Las comunidades generan la cultura emprendedora necesaria para el crecimiento de las empresas y la producción local; las instituciones locales permiten la distribución equitativa de los frutos del desarrollo; y los gobiernos y poderes públicos subnacionales los que crean y sostienen climas de confianza, convivencia y estabilidad para posibilitar un desarrollo local humano y sustentable.

La descentralización es indispensable para reforzar las capacidades locales de desarrollo ayudando a la armónica integración de ciudades y localidades al mundo global sin perder sus patrimonios, culturas e identidades. Permite también reforzar la capacidad de los agentes locales para aprovechar mejor las oportunidades externas de desarrollo e integrar el conocimiento y progreso técnico asociados.

Es necesario pasar de una administración tradicional, en que al Estado se le exige la solución integral de los problemas, a formas de gestión participativa y asociativa, donde los ciudadanos son sujetos de derechos y deberes y todas las instituciones aportan para superar obstáculos e impulsar el progreso.

El Desarrollo Local debemos ubicarlo en el contexto del desarrollo regional. En función del objetivo nacional del desarrollo económico social, se entiende hoy día que éste no es posible si no se incorpora el Desarrollo Regional y el Desarrollo Local como procesos indispensables.

En tal sentido, la producción económica apunta a acrecentar las ventajas comparativas de las regiones de modo de aumentar la competitividad en el mercado nacional e internacional. Lo que no es posible desde una planificación central , ya que se pierde eficacia y eficiencia. Adquieren de esta manera importancia las decisiones a nivel regional por quienes conocen mucho más de cerca la realidad concreta donde se encuentran los recursos naturales, productivos y humanos. Del mismo modo, a nivel comunal son las poblaciones, las comunidades las que alojan en su crecimiento una historia y una identidad territorial la que les permite a ciencia cierta opinar respecto de cómo necesitan vivir en función de los recursos naturales y humanos locales.

La participación de la población regional y municipal en las decisiones, lo que nos lleva a la generación de estructuras de participación en el poder municipal y regional. Asimismo aparecen otros ámbitos como son la educación, la salud, la vivienda, los que deben ser entendidos como articulados en el marco del desarrollo.

La especificidad del Desarrollo Local no puede comprenderse, entonces, como una cuestión ubicada sólo a nivel micro, sino como un proceso relacionado con la realidad macro. El Desarrollo Local, por una parte, contribuye a señalar las necesidades reales sentidas por la población dentro de un marco de identidad histórica y cultural. Y por otra parte, está limitado a las posibilidades, potencialidades y problemas reales que tiene la región y las comunas donde se implementa. Lo cual exige al Desarrollo Local estimular procesos de crecimiento, de toma de conciencia, de organización. Lo anterior no será posible si antes no se refuerzan las ventajas comparativas y las cualidades fuertes que permita efectivamente el desarrollo social y productivo inserto en el desarrollo regional.

El Desarrollo Regional es una dinámica reciente en nuestro país . Desde el punto de vista presupuestario y político, el control real continuo directamente en manos del gobierno central.

La concesión, en tanto estructura jurídica, administrativa y comercial es un elemento clave de integración para el desarrollo social que busca el "bien común", el que concierne a todos los individuos o entidades pertenecientes a un Estado o Nación.

Según Registros, la utilización de la Concesión como un modo de ejecutar obras se encuentra en la "ley de caminos" de 1960; y en noviembre de 1964, contenida en la Ley 15.840, la que hablaba sobre las atribuciones del MOP. De cualquier manera no fue sino hasta 1982 que se tuvo contenido y regulación concreta a este respecto.

Más tarde, en la década de los noventa, con la necesidad de entronizar a Chile dentro de la economía internacional, a través de exportaciones, se analizan los diversos sectores de la economía y se concluye sobre la necesidad de utilizar la concesión como una herramienta que, por sobre los déficits en la infraestructura productiva, mantuviera al país en competencia.

Luego de esto ha recibido la Ley una serie de modificaciones que vienen a perfeccionar su aplicación por una década. Es esta una legislación es flexible, en tanto pueden establecerse distintas condiciones de ejecución de proyectos específicos.

La concesión pretende ubicar al Estado en una relación dual frente al particular concesionario, puesto que ejerce un rol de Rector al establecer la obra necesaria, aceptar un proyecto de se origina en el sector privado; o sea, como interventor, controlador y fiscalizador de los procesos en cuestión. Otro rol que le concierne al Estado es el de ser "socio" del privado, en tanto que percibe directos beneficios económicos, sea este por concepto de ahorros de inversión.

La concesión en su establecimiento legal se configura como una ley abierta a la competencia donde cualquier persona puede participar. En ella se garantizan los derechos contractuales al concesionario. Se aplican por medio de Licitación pública o a través de la clasificación de las empresas de registros especiales, según sean los requerimientos de las obras a realizar.

Ahora bien, la fijación de políticas y programas generales relativos a la ejecución, reparación, conservación o explotación de obras públicas fiscales están en manos de un Consejo de Concesiones, dependiendo del Ministerio competente.

El modelo de concesiones, en todas sus formas y dimensiones, desarrollado en Chile, es el resultado principal del cambio de rol del Estado, quien busca en la concesión un instrumento para potenciar un conjunto de inversiones que subsidien la escasez de recursos, comprometiendo en éstas acciones al sector privado. Los Cambios producidos en la estructura del Estado a partir de los años ochenta en el que se pasa de ser un estado "benefactor y protector" a uno "promotor y empresario", provoca la concentración de casi toda la inversión para Obras de infraestructura en la modalidad participativa y con inversiones de origen privado, con una tendencia a la apertura económica.

El papel de las concesiones consiste en la destinación de recursos privados a la construcción de infraestructura con mayor impacto productivo. Son ellas un espacio privilegiado en que se regulan los intereses públicos y privados en función de inversiones relevantes.

La complejidad de los problemas globales hace indispensable la generación de alianzas en el ámbito local que permitan practicar formas efectivas de participación ciudadana que conduzcan a mejorar la vida de los individuos y las comunidades. Ha sido en lo local, donde las relaciones se establecen a partir de la vivencia cotidiana, donde surgen formas innovadoras de participar, fortalecer ciudadanía e incidir positivamente en la gestión pública. Prácticas nuevas que buscan un protagonismo compartido entre sociedad civil, el Estado y diversas instituciones públicas; promoviendo el quehacer democrático y creando las bases para redefinir roles y entablar interacciones más equitativas, fructíferas y satisfactorias entre los diferentes actores sociales.

Actualmente, el modelo de concesiones se desarrolla a nivel del Ministerio de Obras Públicas (M. O. P), en forma directa o mediante otras instituciones públicas, en lo respectivo a vialidad urbana, cárceles, centrales hidroeléctricas, riego, servicios sanitarios, hospitales, puentes y otros. La modalidad adoptada es muy conservadora. En un primer momento la arquitectura e ingeniería era parte del Ministerio, ahora, producto de la complejidad y envergadura de los proyectos, la mayor parte de ellos son desarrollados por expertos privados, lo que ha significado cambios importantes en el tema de obras a ejecutar. Esto ha significado un cambio en el proceso de las concesiones.

Según cifras ministeriales, en la década 2000-2009, el MOP invertirá $4,9 billones de pesos, mientras que a través de la asociación público-privada del sistema de concesiones, las empresas de infraestructura invertirán una cifra superior a los $5,6 billones. Estas cifras significarán un aumento superior al 160% respecto de la década anterior.

Siguiendo el objetivo de realizar obras de infraestructura para la ciudadanía, el trabajo de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) se ha orientado a apoyar las tres áreas de acción Ministerial: Infraestructura social y de calidad de vida, infraestructura productiva y desarrollo de exportaciones, además de infraestructura para la integración internacional.

Junto a la transformación que ha implicado el aumento de inversión y la diversificación de las obras de infraestructura, la modernización que ha liderado la Dirección General de Obras Públicas ha apuntado a introducir los llamados factores críticos de éxito en los proyectos. Referido a la nueva consideración de los usuarios como clientes, los que merecen la mejor atención para solucionar sus requerimientos. Comprendiendo de este modo a las obras de infraestructura son intervenciones orientadas a que la vida de la gente sea más fácil y mejor.

Así, se ha planteado que es clave el concepto de innovación, es decir, generar desde los sectores público y privado nuevas alternativas de desarrollo y de disminución de costos para la infraestructura. Todo esto, gracias a un trabajo del Ministerio de Obras Públicas en conjunto con el sector privado y las universidades, generando proyectos de calidad y a gran escala, los que permitan generar un valor agregado a la economía nacional .

En relación al explosivo aumento de generación de infraestructura en la última década, se puede decir que los proyectos de innovación son uno de los componentes básicos que permiten disminuir costos, ya que permiten explorar nuevos