Cuando se observan ciertas respuestas con la ayuda de una tabla de doble entrada, donde se contrastas la gestión versus funcionamiento actual con respecto a años anteriores:

Se tiene que la tendencia general apunta hacia una lamentable desinformación de parte de los funcionarios y la gente en general de las funciones que desarrollan los municipios, lo que se suma a lo tratado en capítulos precedentes sobre el desconocimiento, la incomunicación y la desconexión que arrastran los municipios frente a su ciudadanía. Rasgo que se transforma en debilidad a la hora de requerir identificación con los proyectos comunales.

Otro dato de los obtenidos con la encuesta y que vale reiterar es lo referente a la falta de agilidad y pertinencia sobre la gestión y la distribución de los recursos locales. Permaneciendo en gran medida la idea de un gobierno burocrático e inflexible.

Se tiene que los gobiernos locales chilenos, en su mayoría adolecen de un ingrediente clave en la gestión moderna, la participación ciudadana y la comunicación fluida entre los diversos actores locales. Así mismo,

lejos de observarse como un aporte a una mejor gestión, en tanto bases programáticas y compromiso permanente, se le ve como un factor negativo que detiene las posibilidades de desarrollo local, sino subordina los intereses locales a los intereses partidarios.

En síntesis, si bien no existe una comprobación fáctica y total de nuestra hipótesis en cuanto a que en el contexto dinámico y complejo de los gobiernos locales, éstos no han respondido de modo rápido y efectivo. lo cierto es que el procesamiento de la información recogida principalmente por nuestra encuesta y complementada con la observación directa nos ha proporcionado una base de datos suficiente para analizar y someter a prueba la hipótesis central, donde hemos encontrado que - pese a las restricciones espaciales y temporales de nuestros instrumentos - , por lo menos en un nivel general, ha sido ésta comprobada.

Así es como, teniendo claro que la clasificación del presente estudio fue de tipo exploratorio y descriptivo, se establece que la hipótesis inicial de debilidad y falta de modernidad en la gestión municipal chilena ha sido corroborada parcial y satisfactoriamente, en el sentido que hemos observado, por un lado, la percepción por medio de la encuesta respecto de la insuficiente dotación de Servicios Municipales y la falta de participación ciudadana. Por otro lado, hemos visto a través de las experiencias nacionales de gobiernos municipales que existe una directa relación entre los ingresos de las personas de una comuna y la posesión del equipamiento urbano necesario, como también hemos observado el éxito en las experiencias de alianzas entre el sector privado y público.

Las concesiones, en tanto estructura jurídica, administrativa, comercial es un elemento clave de integración para el desarrollo social que busca el "bien común", el que concierne a todos los individuos o entidades pertenecientes a un Estado o Nación.

Respecto del gobierno local, como se planteó en capítulos anteriores, existen distintas interrogantes u objeciones respecto de la capacidad e idoneidad de éstos en la tarea de proveer servicios de calidad y liderar la promoción del desarrollo municipal.

A ello se suma cierta desconfianza frente al grado de autonomía y atribuciones entre las municipalidades y el gobierno central. De cualquier modo se aprecia ausencia de criterios aunados entre las decisiones políticas y las herramientas administrativas desarrolladas a este respecto.

Municipio-empresa, alcalde-gerente, gestión pública – participación privada son los términos de moda y se difunden como alternativos a la inoperancia de los servicios, al desgobierno o al temido y común riesgo de corrupción.

La idea de municipalidad-empresa, generalmente, viene acompañada de políticas de contratación de empresas de servicios, los cuales se sustentan en la baja productividad de los servidores de carrera y en la inoperancia de los sistemas administrativos y de prestación de los servicios.

El enfoque gerencial (reingeniería administrativa, planeamiento estratégico, servicios de calidad, etc.) es clave para dinamizar la gestión municipal. Este enfoque debe estar subordinado al rol de las municipalidades como agentes promotores del desarrollo integral, ya que no se puede confundir la gestión político administrativa de una municipalidad con la gestión económico comercial de una empresa.

Las Municipalidades, según la Ley Orgánica que las regula, son órganos del gobierno local, representan a los vecinos y tienen como misión la promoción del desarrollo local. Son más que prestadoras de servicios. Las municipalidades tienen capacidad de gobierno, por lo que pueden concertar con los diferentes sectores públicos y privados, en torno del desarrollo local.

Los servicios municipales están ligados a las condiciones y la calidad de vida de los ciudadanos y, por tanto, son un componente del desarrollo. La buena o mala prestación de un servicio afecta directamente la vida de los ciudadanos.

La prestación de los servicios no es solamente un problema técnico, es también un campo en el que puede y debe incorporarse la participación del ciudadano-usuario, tanto en la concientización del pago del servicio, como en la fiscalización e iniciativa en su prestación.

No existe discrepancia entre una Municipalidad que sea un verdadero gobierno local y a la vez que funcione como una empresa sin serlo. Hoy, se requieren gobiernos locales con capacidad de convocar a los vecinos, de hacerlos participar en la gestión, con visión y propuestas de desarrollo integral de la ciudad; pero, a la vez, se necesitan municipalidades que "gerencien" con eficiencia el desarrollo y la gestión de los servicios.

Hoy en Chile, podemos decir, sobretodo por acontecimientos recientes, que el Sistema de Concesiones se está consolidando y diversificando, tras una etapa que aportó beneficios en materia de infraestructura. Los buenos resultados responden a la modernización en la legislación, una organización funcional, profesionalizada y con fuerte orientación a los objetivos y el diseño y aplicación de modernos instrumentos financieros.

Lo cierto es que en los últimos años hubo modificaciones legales sustantivas que permitieron una industria de concesiones con estructuras administrativas adecuadas, las que, si bien no estuvieron exentas de dificultades, lo hicieron bastante bien si se considera que su gestión en menos de seis años se multiplicó de manera explosiva. Tanto así que la parte pública involucrada en las materias de concesiones llegó a un estado de personal insuficiente tal que debió recurrir a sistema de honorarios directos, contrataciones de instituciones y empresas de apoyo (outsourcing), y la creación de Agentes Públicos.

Más aún, tenemos que las recientes modificaciones legales en materia de inversión urbana permiten con bastante efectividad la participación de privados , los que resultan bastante atraídos por el alto incentivo que trae consigo los beneficios del sistema de propuestas públicas. De tal manera que en la ley 19.865 que rige al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que lleva relación con el Financiamiento Urbano compartido establece y regula que:

Con esto es que se contempla un llamado a licitación pública para todo posible oferente que cumpla un conjunto de requisitos también establecidos por ésta ley y contenido en cada uno de los procesos públicos. Aunque es correcto señalar que, en principio, podrá participar cualquier persona natural o jurídica. Quedando de este modo claramente establecida la posibilidad de alianzas estratégicas entre públicos y privados en un marco legal y operativo que cada día puede y debe ser perfeccionado.

Entonces, a partir de esto tanto el Ministerio de Vivienda y Urbanismo como las municipalidades pueden llamar públicamente a participar, evaluar y celebrar un contrato con los privados, el que se contrae de una manera tal que entre las partes se genera una serie de obligaciones y responsabilidades que dan seriedad al proceso.

Para responder a los desafíos de la globalización, desarrollar y operar eficientemente su infraestructura, varios de los países de la Región han iniciado, y algunos concluido con mayor o menor éxito , programas para la concesión de la infraestructura orientados a diversos requerimientos de servicios públicos. La concesión es una práctica relativamente nueva en la Región, por lo menos en algunas áreas.

Dichos procesos no han estado exentos de importantes problemas que amenazan la sustentabilidad y los beneficios de desarrollo que se espera de los mismos. Parte importante de las "fallas de contrato" pueden ser atribuidas al diseño de las concesiones mismas.

El crecimiento en los volúmenes de la demanda ciudadana hace cada vez más evidente y urgente la necesidad de resolver los problemas que se presentan constantemente en la implementación del sistema de concesiones como modo eficiente de responder a las necesidades de una región determinada.

El asunto pasa de manera importante a las debilidades institucionales y regulatorias, y que también son del ámbito de acción de los sectores públicos de los países en cuestión.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a los gobiernos de los principales países del mundo, está elaborando un acuerdo supranacional de garantías para las inversiones de las multinacionales en todo el globo. Lo que de concretarse sería una ley mundial de defensa del capital y la superación de todas las barreras jurídicas (nacionales) contra el capital financiero.

>El acuerdo mundial de inversiones (AMI) que propicia la OCDE plantea que los estados nacionales deben "respetar un cierto número de reglas destinadas a promover y proteger las inversiones internacionales". El acuerdo establece para ello que ningún rubro o área puede estar vedada a la inversión extranjera y que los capitales externos deben tener el mismo tratamiento que el capital nacional.

El secretario de la OCDE planteó que las legislaciones nacionales, deberán garantizar "la libertad de transferencia de los fondos de las empresas y la compensación en caso de expropiación"1, así como perjuicios derivados de tumultos, guerras civiles o huelgas. Incluso "la pérdida de una oportunidad de beneficios sobre la inversión será un tipo de perjuicio suficiente como para otorgar derecho de indemnización al inversor".

También se propicia que los gobiernos que firmen el AMI no pueden renunciar a él por 20 años. Para dirimir los conflictos que pudieran presentarse, las partes se someterán a un jurado de la Cámara de Comercio Internacional, vinculada a la OCDE. Este acuerdo de inversiones ya existe entre una serie de países. A través de la firma de tratados de garantías a las inversiones, los estados de la OCDE tienen privilegios para las inversiones de sus nacionales.

En la actualidad, los gobiernos capitalistas dan todo tipo de concesiones a las empresas multinacionales, a tal punto que el diario francés Le Monde considera que en la materia rige "la ley de la selva". Con el AMI, se pretende establecer la hegemonía del capital financiero internacional en el plano jurídico, o sea por encima de las soberanías nacionales.

Le Monde informa que "los europeos no están dispuestos a ceder sobre la cuestión de la 'preferencia europea', es decir, conservar la posibilidad de diferenciar las empresas europeas y las empresas del tercer mundo en materia de inversiones"2. Se temen las consecuencias de una competencia incontrolada del capital norteamericano.

Moviendo los tipos de cambio y las tasas de interés, los principales bancos centrales, pero por sobre todo el norteamericano, afecta todos los días las perspectivas de las inversiones internacionales y de la economía mundial. Encajado en esta realidad, el AMI es un instrumento de aplicación unilateral de tres grandes potencias, en especial Estados Unidos, para colonizar al resto del mundo.

La presencia del sector privado en la economía de México es ya una de las más altas del mundo, es más, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha recomendado al gobierno mexicano una profundización en las reformas sobre el sistema de concesiones y el marco regulatorio en los sectores energético, aeronáutico, de telecomunicaciones, transportes e incluso en materia de servicio de agua potable, puesto que hasta ahora provocan incertidumbre y los resultados decepcionan. La propuesta de la OCDE pasa por la necesidad de integrarlos a la competencia internacional por una parte y repercutir, en precios y calidad, los beneficios a los estratos más bajos de la sociedad por otra.

El diagnóstico que realiza el gobierno mexicano junto a la OCDE apunta a que, pese a los años de experiencia en materia de alianzas público - privadas, existe una serie de debilidades sobre la necesidad de fortalecer la participación y el apoyo a los cambios de una mayor proporción de la población, además de una instrumentación sostenida y un refinamiento de las modificaciones legales y de estrategias públicas para asegurarse que los ciudadanos y las empresas vean logros concretos.

En definitiva, lo que se pretende es dotar de mayor poder a la Comisión Federal de Competencia (Cofecom) para que maneje concesiones e incremente sus sanciones de 100 a 1000 por ciento en casos de prácticas monopólicas, entre otras tareas. Una dotación de poder suficiente que capacite al organismo de una regulación asimétrica de empresas dominantes. El peligro que se quiere evitar es que todas las maneras de concesiones quede en manos exclusivas de privados, en tanto este sistema no deje de ser poco transparente. Se debe regular equitativamente para todos los actores del mercado, evitando prácticas monopólicas y creación de redes.

Durante el período 1995-96, la CFC participó en los esfuerzos gubernamentales tendientes ha instrumentar la participación privada en la prestación de servicios públicos y en la explotación de bienes de dominio público. Destacan la revisión del marco regulatorio aplicable a la distribución de gas natural y aeropuertos, la política de concesionamiento del espectro radioeléctrico y el diseño de la estrategia para privatizar empresas públicas en diversos sectores.

La CFC contribuyó en la elaboración del anteproyecto de Reglamento de Gas Natural, incluyendo los siguientes puntos sobre competencia:

• Liberalización de las importaciones de gas natural a fin de promover el funcionamiento de las fuerzas del mercado en las ventas de primera mano.
• Desagregación vertical de esta industria en el transporte, almacenamiento distribución y comercialización.
• Prohibición de la integración vertical en el transporte y distribución dentro de una misma zona, salvo cuando se presenten ganancias en eficiencia.
• Promoción del establecimiento de una estructura amplia que sirva para el desarrollo. Al respecto se estableció un período de exclusividad para la primera concesión de distribución en una zona específica, ya que se tomó en cuenta el rezago de México en esta materia. Sin embargo, dicha exclusividad se limitará a la construcción de las redes de distribución y a la conducción de gas en la zona.
• Licitación de permisos de distribución con derecho a exclusividad, sobre la base de mejores condiciones de servicio y precio, promoviendo la competencia por el mercado.
• Adjudicación de permisos de distribución sujetos a licitación, condicionado ésta a la opinión favorable de la CFC, a fin de prevenir concentraciones anticompetitivas.
• Otorgamiento, sobre bases amplias, transparentes y no discriminatorias, de los permisos de transporte, almacenamiento y distribución no exclusiva. De manera que se favorezca la libre competencia reforzando el libre acceso a la comercialización.
• Aviso a la CFC sobre transferencia de permisos.
• Acceso abierto y no discriminatorio a los servicios de transporte, almacenamiento y distribución, con el propósito de fomentar el desarrollo eficiente de los sistemas y limitar el poder de mercado.
• Eliminación de subsidios cruzados.

La CFC mantiene contactos con la Comisión de la Unión Europea, con España, y con las agencias de competencia latinoamericanas, sobre la base de cooperación informal generalmente en relación a cuestiones de asistencia técnica.

Asimismo, se contempla la creación de un grupo de trabajo en materia de comercio y competencia.

En el marco del ALCA, se crearon siete grupos de trabajo sobre los principales capítulos del acuerdo. Entre los grupos de trabajo, se encuentra el de políticas de competencia.

En respuesta a las necesidades de transparencia y claridad en la aplicación de la LFC, la CFC ha establecido una política que facilita el planteamiento de consultas orales y escritas, así como el análisis de sus planteamientos con los interesados, a fin de atender las necesidades de orientación de los agentes económicos y del público en general5. Anualmente se publica un informe sobre el desempeño de sus funciones que también sirve como un medio de orientación para los agentes económicos.

Argentina adhirió al Comité de Inversiones y de Empresas Multinacionales de la OCDE y firmó con la mayoría de sus miembros Tratados de protección a la inversión extranjera. LA OCDE accedió al ingreso de Argentina en el Comité de Inversiones porque Argentina se enorgullece de su régimen liberal con respecto a los flujos de inversiones internacionales directas, coherente con el papel asignado a los operadores privados en la economía, la extensión de las reformas económicas adoptadas en los cinco últimos años y los principios proclamados en la Constitución de Argentina. Su política sigue generalmente las normas de la OCDE relativas a los flujos de inversiones extranjeras". Y agrega la OCDE: "En particular, no existen procesos generales de autorización para el establecimiento en Argentina de filiales de empresas extranjeras o para participar en el capital de empresas existentes, están limitadas las restricciones sectoriales a la entrada, establecimiento y operación de inversionistas extranjeros y a sus inversiones, existen muy pocas excepciones al Tratamiento Nacional y su aplicación es liberal en la práctica, Argentina no aplica restricciones a las adquisiciones inmobiliarias por parte de extranjeros, salvo en las zonas fronterizas, Argentina concede el tratamiento nacional a las empresas de los países de la OCDE de acuerdo con el Protocolo del Mercosur para la Promoción y Protección de las Inversiones e Inversionistas procedentes de países no pertenecientes al Mercosur.

Las relaciones en materia de Inversión extranjera directa entre Argentina y los países de la OCDE son amplias y dinámicas. Argentina ha adherido a las diversas partes de la Declaración de 1976 de la OCDE sobre Inversiones Internacionales y Empresas Multinacionales y las correspondientes Decisiones y Reconsideraciones, así como a las Recomendaciones de la OCDE sobre Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales. Las autoridades argentinas aceptan los compromisos de Tratamiento Nacional, las disposiciones de las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales, así como aquellas correspondientes a los instrumentos existentes sobre Incentivos y/o Disuasión y Requerimientos sobre litigios. El gobierno argentino está dispuesto a participar plenamente en el establecimiento de estos instrumentos, aceptando incluso que la organización examine periódicamente sus excepciones al tratamiento nacional.

País con un déficit de infraestructura cercano a los US $ 18,000 millones. Estas realidades, sumadas al déficit fiscal, llevan a la necesidad de recurrir a la inversión privada. Con la idea de resolver el déficit de infraestructura se ha adoptado el contrato de concesión como una herramienta básica dentro de esta estrategia. De esta manera se mantiene la propiedad de los bienes y servicios por parte del estado, no así la administración encargada a un agente privado -el concesionario. Éste asume los riesgos económicos de la explotación de la concesión, a cambio de un margen de utilidades razonable, a la luz de los estándares internacionales.

Una de las primeras acciones en este país fue la estandarización de los contratos de concesión, con el fin de aprovechar las experiencias acumuladas en procesos anteriores como es el caso de la Línea de Transmisión Eléctrica Mantaro-Socabaya, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el aprovechamiento de las aguas del Río Chillón, entre otros.

El nivel de inversión del Estado en la actualidad asciende a sólo US$ 1,000 millones anuales para todos los sistemas, siendo que los requerimientos de inversión son del orden de los US $ 17,000 millones7. Provisionar de infraestructura y servicios necesarios requiere potenciar la inversión privada.

Entre los procesos de privatización y concesión para el primer semestre del 2002 se encuentra la concesión de la Red Vial N° 5 (Tramo Ancón- Huacho- Pativilca) con una inversión aproximada de US $ 61.4 millones, la cual generaría 1,655 puestos de trabajo durante la etapa de su construcción.

También se encuentra en cartera la privatización de las empresas regionales generadoras de electricidad, así como la venta del 100% de las acciones de las empresas regionales de electricidad como Hidroandina, Electrocentro, Electronorte, y Enosa (ver cuadro).

Los procesos de privatización y concesiones no se manejan por lobbies, sino por decisiones que toma el Poder Ejecutivo mediante licitaciones públicas y transparentes. Según informes del gobierno peruano el nivel de cumplimiento de los proyectos concesionales en marcha es de un 98%.

El poblado de Somoto se encuentra ubicado a 216 kilómetros de Managua. Cuenta con una extensión territorial de 474 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 33,000 habitantes. La economía local está basada en el cultivo de granos básicos. En enero de 1997, el Gobierno Municipal inició un proceso participativo para la realización de un diagnóstico municipal con el objeto de formular el Plan de Desarrollo Municipal.

La elaboración y aprobación del Plan de Desarrollo Municipal significó una serie de reuniones promovidas por el Gobierno Municipal con las delegaciones de las instituciones del gobierno central, organizaciones de la sociedad civil y representantes de países amigos para identificar la forma de participación en el trabajo en pro del desarrollo del municipio y las líneas de contenido del Plan.

Posteriormente el Gobierno Municipal procedió a promover la planificación participativa de los proyectos de inversión. A través de planificación participativa se priorizan los proyectos de infraestructura, producción y medio ambiente y los mismos se ejecutan con la participación de los pobladores. A través de este proceso de planificación la municipalidad elabora un Plan Anual de Ejecución de Proyectos. Los ciudadanos no solo participan en la identificación de los problemas y en la planificación de los proyectos, también lo hacen trabajando como ejecutores de los mismos o aportando con recursos económicos para la ejecución de obras.

La alta participación de la población en la ejecución de obras municipales ha permitido que el municipio sobre cumpla las metas propuestas.

Tanto el proceso participativo promovido desde 1997 como las estructuras organizativas creadas, se legitiman y legalizan mediante Ordenanza Municipal Nº 4 del 2 de febrero del año dos mil. Se conformó la Comisión Especial de Fortalecimiento a la Participación Ciudadana y Descentralización Municipal, con el objeto de fortalecer las comisiones de desarrollo creadas en 48 comunidades y 20 barrios de la localidad y las comisiones permanentes creadas por mandato de la Ley de Municipios. A través de esta disposición normativa municipal se crea también la Oficina de Participación Ciudadana y Descentralización.

Actualmente en Chile el sistema de concesiones pasa por un proceso de consolidación y diversificación, gracias a diversas experiencias que han obtenido resultados bastante positivos. Destacándose en esa primera etapa de concesiones grandes proyectos de modernización de infraestructura vial y aeroportuaria del país, caracterizada por obras tan importantes como la ampliación y modernización del aeropuerto de Santiago y la construcción de gran parte de la Ruta 5 entre la Serena y Puerto Montt con características de autopista de alto estándar.

Las experiencias chilenas cuentan con un conjunto de características tales como la legislación moderna, una organización funcional, profesionalizada y con fuerte orientación a los objetivos y el diseño y aplicación de modernos instrumentos financieros. Existe una serie de empresas concesionarias participando en todas las licitaciones, que hoy operan en el país, la mayoría de origen europeo.

A partir del año 2000, se reconoce en Chile un estilo de concesiones marcado por la diversificación, con un programa de concesiones urbanas y la colaboración con otros ministerios para aplicar el modelo a otros sectores de la economía. La Coordinación General de Concesiones (CGC) del Ministerio de Obras Públicas ha producido para Chile un gran activo: la industria de las concesiones de obras públicas .

El diseño estratégico de este organismo descansó en tres pilares fundamentales que consolidaron la asociación público-privada como herramienta del desarrollo de la infraestructura que otorgaron mayor bienestar y mejor calidad de vida a los chilenos:

1. Concentrar los mayores esfuerzos en las etapas de construcción y explotación de las obras concesionadas.
2. Desarrollar las concesiones viales urbanas
3. Buscar otros "mercados" de obras por concesionar para articular iniciativas de interés público.

Los ministerios de Obras Públicas y de Hacienda desarrollaron un Mecanismo de Cobertura Cambiaria para facilitar la inversión extranjera en el sistema de concesiones. Así mismo, a fines del 2000, en el marco de la Ley de Evasión Tributaria se eliminó el impuesto del 22 % a las primas pagadas por las compañías de seguros extranjeras que avalan el pago del principal y el interés a los tenedores de bonos de infraestructura.

Dentro de las obras realizadas y puestas en marcha hasta el año 2000 , destacan las siguientes:

• Aeropuerto El Loa de Calama: puesto en servicio provisorio en Septiembre de 1999 y en servicio definitivo en Abril de 2000. Atenderá en promedio a 150.000 pasajeros anuales.
• Primer tramo de Ruta 5 Norte Los Vilos-La Serena: de 122 kilómetros entre el puente El Teniente y La Serena, fue puesto en servicio provisorio en Septiembre de 1999. El segundo tramo completó el total de la obra, que se puso en servicio provisorio en Octubre de 2000.
• Camino Santiago-Colina-Los Andes: de 80 kilómetros, puesto en servicio provisorio parcial en Agosto de 2000. A cargo de la concesionaria Autopista Los Libertadores S.A.
• Aeropuerto Carriel Sur de Concepción: puesto en servicio provisorio en Diciembre de 2000. Se construyeron 8.200 m2 para atender un flujo anual de 1.000.000 de pasajeros. La concesionaria Aerosur S.A. está a cargo de la obra.
• Sector norte de la Ruta 5 Sur Tramo Chillán-Collipulli: 85 kilómetros entre Rucapequén y el inicio del By Pass Los Angeles, puesto en servicio en Diciembre de 2000. A cargo de la empresa concesionaria Autopista del Bosque S.A.

De las licitaciones y adjudicaciones de Obras por Concesión tenemos :

1. Terminal de Pasajeros Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, obra pública fiscal adjudicada en Febrero de 2000 a la concesionaria Consorcio Austral S.A. Inversión estimada: US$ 10 millones.
2. Concesión Internacional Sistema Oriente-Poniente, Costanera Norte, adjudicada en Abril al consorcio formado por Impregilo, Fe Grande y Tecsa. Inversión estimada: US$ 360 millones.
3. Red Vial Litoral Central. Licitación efectuada con la participación de 10 empresas agrupadas en tres consorcios. Proyecto adjudicado en Agosto al consorcio, "Acciona-Sacyr Chile S.A.", formado por Acciona S.A., Necso Entrecanales Cubiertas S.A. y Sacyr Chile S.A. Inversión estimada: US$ 80 millones.
4. Sistema Norte-Sur. Licitación efectuada con la participación de 13 empresas agrupadas en tres consorcios. Proyecto adjudicado en Septiembre al consorcio "Autopista Norte Sur S.A.", formado por las empresas Grupo Dragados S.A., Skanska P&F AB, Constructora Belfi S.A. y Constructora Brotec S.A. Inversión estimada: US$ 440 millones.
5. Acceso Nor-Oriente a Santiago. A este proyecto no se presentó ninguna empresa y la licitación fue declarada desierta. Inversión estimada: US$ 170 millones.

Dentro de los nuevos programas de concesiones diversificadas presentadas a partir del 2000, destacan:

• Programa de Infraestructura Penitenciaria.

Se plantea construir 10 recintos con una capacidad total superior a los 15.000 internos con un monto de inversión tota de US$ 250 millones.

• Tren Suburbano Melipilla-Santiago-Batuco Inversión estimada: US$ 300 millones.

Otros proyectos fueron abordados por la Unidad de Desarrollo, cuyo objetivo fue determinar las iniciativas provenientes del sector público y del sector privado factibles de incorporarse al programa de licitaciones de concesiones. En 2000, aparte de iniciar los análisis de la cartera de proyectos públicos y privados, se concretaron las siguientes tareas:

1. Proyectos de Inversión en Infraestructura 2001-2004.
2. Plan de Transporte Urbano Santiago 2000-2006.
3. Programa de Infraestructura Penitenciaria.

Dentro de los diversos controles en materia de gestión ambiental se tiene una serie de acciones desarrolladas por los organismos competentes como el Desarrollo de Perfiles Ambientales, Estudios y Evaluación de Impacto Ambiental, Auditorías Ambientales Independientes, Asistencia en terreno a la Inspección Fiscal, Actualización del Manual sobre Manejo Ambiental para Obras Concesionadas, etc.

Respecto del tema de Inserción Territorial Y de la Relación con la Comunidad, se observan nuevos desafíos y una ampliación de la red de relaciones hacia nuevos interlocutores, por la diversificación de las áreas de los nuevos proyectos. En la Región Metropolitana se estableció una coordinación permanente entre la Seremi MINVU, el MOP, el Consejo Regional y la CGC, para abordar en conjunto los proyectos y analizar el territorio regional integralmente y en coherencia con los instrumentos de planificación. Del mismo modo se ha creado la Unidad de Resolución de Controversias (URC) para gestionar y administrar las negociaciones de modificación de los contratos, realizar las coordinaciones necesarias para el cumplimiento de los fines de la CGC con las concesionarias y el Ministerio de Hacienda, así como para formular propuestas financieras y económicas para compensar o indemnizar las modificaciones de contratos por nuevas inversiones u otros perjuicios que procedan.

A los municipios chilenos se les impide endeudarse o hacer obras por bonos municipales, lo que impide la realización de grandes proyectos que no serían más que una bonita idea de no contar con presupuesto u otras fuentes de financiamiento.

Las concesiones son posibilidades de desarrollo que requieren consultorías externas o buenos equipos técnicos que aseguren al municipio cálculos de rentabilidad para negociar adecuadamente con el sector privado.

Dentro de Chile existen comunidades regionales en su mayoría muy débiles respecto de su cohesión y organización, que responden una distribución de unidades regionales bajo un criterio administrativo y geográfico forzado más que al deseo colectivo y organizado de ser una comunidad desarrollada. Dentro de las excepciones a esta condición se tiene a la ciudad de Rancagua , ejemplo de fortaleza en el desarrollo regional que ha permitido un rápido crecimiento endógeno.

A partir del año 2000 y con una nueva administración local, se promueve fuertemente el desarrollo de un proyecto común y una fuerte participación ciudadana, siempre con un fuerte apoyo de diversos organismos, consultoras, fundaciones y ONGs. Los múltiples esfuerzos concluyen con la creación de un plan de desarrollo, una identificación y priorización de las necesidades, organismos instrumentales para operar sobre las problemáticas identificadas, además de una serie de documentos de apoyo a ello.

Luego de todo este viaje de auto reflexión, Rancagua se introduce en la experiencia de las concesiones. Un camino que no fue fácil en tanto que se debía cubrir los intereses del empresario a la vez que asegurar el bien común .

Los municipios administran bienes propios y bienes nacionales de uso público en los cuales hay grandes proyectos municipales que se otorgan una prioridad secundaria, ya que lo razonable es focalizar los recursos frescos municipales en las zonas pobres.

Se han licitado públicamente numerosos proyectos, algunos ya ejecutados y otros en realización. Ha significado un arduo trabajo para crear los proyectos, calcular su rentabilidad, conseguir inversionistas, negociar favorablemente a los intereses municipales, y superar resistencias de concejales y líderes de opinión frente a la alianza entre el municipio y el sector privado.

Dentro de las concesiones desarrolladas en Rancagua destacan:

a)Paseo peatonal: Publicidad y kioscos

En la calle Independencia, principal arteria comercial de la ciudad, se había realizado sólo una cuadra de paseo peatonal, faltando otras tres cuadras para terminarlo hasta la plaza. Se hizo el proyecto, el que se pensaba financiar con donaciones comerciales; pero éstas --que sumaban setenta millones-- fueron insuficientes. Entonces se idearon dos concesiones: se realizó toda la iluminación con mobiliario urbano a cambio de la explotación por cuatro años de las paletas publicitarias de los mismos postes (cuarenta millones), y lo más relevante, se concluyó todo el embaldosado de colores, jardineras, kioscos y otros detalles a cambio de explotar esos mismos kioscos con fines publicitarios por un plazo de doce años, lo que aportaría 150 millones de pesos.

b)Terminal de buses

Éste ha sido el principal de estos proyectos, ya que ha implicado el mejoramiento del sistema de transporte intercomunal, el servicio a la comunidad y un proceso de renovación urbana para el sector. El deterioro del área era total: comercio clandestino, instalaciones precarias, falta de higiene, lavado de vehículos en la calle, buses y taxis colectivos sobre las veredas, además de la existencia de una feria de chacareros sobre un tierral infernal. Se logró asociar a los chacareros, obligándoles a trasladarse a la periferia de la ciudad. Resultados: tres nuevos terminales hortifrutícolas, con una inversión privada de cuatro millones de dólares, y la creación sobre estos terrenos municipales de un moderno terminal de buses por otros tres millones de dólares, proyecto que la Municipalidad había licitado en dos ocasiones anteriores sin que ninguna empresa se presentara. Esta experiencia dejó una valiosa lección: se debió flexibilizar la licitación para que el privado pudiera abrir una bomba de bencina y un centro comercial más amplio en su interior, lo que le daba mayor rentabilidad al proyecto. Prosiguió una ardua negociación para rebajar la concesión de cuarenta a treinta años, entregar al municipio cuatro locales para su explotación, y construir la plaza aledaña y diversas mejoras para el público. Finalmente, en otro proyecto de 80 millones de pesos, se ha debido concesionar el borde del terminal para adoquinarlo e iluminarlo de manera colonial (a cambio de estacionamientos).

c)Vega y Paseo La Doñihuana

Aquí el problema era la existencia de una gallinero ubicado en la vía pública, junto al mercado. Se hizo un proyecto de convertirlo en doce puestos modernos inmersos en un paseo iluminado, con piletas y mobiliario urbano nuevo. Se invirtieron 140 millones de pesos a cambio de la explotación de los puestos por una década.

d)Renovación urbana y bolsones de estacionamiento en el Centro-Poniente

El último proyecto de envergadura de $ 600 millones ha sido la concesión por veinte años de toda una área de parquímetros en el sector centro-poniente a cambio de la remodelación completa del área: adoquines, iluminación colonial-peatonal, arborización, bolsones para los parquímetros para evitar congestión, escaños, mobiliario urbano, etc. Fueron nueve meses de negociaciones, hasta que finalmente se logró el equilibrio del sistema, el que incluye ingresos progresivos a la municipalidad en los años de concesión.

e) Medialuna monumental

El Concejo entregó a la Federación de Rodeo una cancha de fútbol municipal donde se construye la medialuna más grande del país con capacidad para diez mil personas, además de un Parque Criollo.

Existen en carpeta y en elaboración otras concesiones: estacionamientos subterráneos; creación y mejoramiento de los parques urbanos; peatonización de la plaza y todo el eje histórico; recuperación del borde del Río Cachapoal, entre otros.

El quehacer urbanístico ha estado orientado a una revisión del Plano Regulador Comunal aprobado en Diciembre del año 1999. Un estudio de 28 propuestas, las que hoy se encuentran en distintos grados de avance y en su mayoría comprenden unidades territoriales pequeñas.

Se destaca una redefinición de usos de suelos, para adaptarlos a la nueva clasificación general contenida en la Ordenanza General de Vivienda y Construcción. Considerando entre otras cosas el hecho que El Plan Regulador Metropolitano afecta directamente a Vitacura en tanto que le define como infraestructura vial troncal e indirectamente referente a la radicación de hogares de tipo medio, oficinas y comercio.

Por lo anterior esta comuna debe enfrentar un aumento de los flujos de viajes, internos y externos, especialmente en el período de punta y en el acceso nor-oriente; al mismo tiempo , debe mantener su condición de "ciudad jardín", entre otros aspectos. Así es como se desarrolla una serie de objetivos tendientes a sostener una identidad local fuerte y definida, capaz esta de soportar los embates de una región densamente poblada que enfrenta las presiones de una modernidad descontrolada.

Durante el año 2001 se otorgaron 26 permisos de urbanización y 129 permisos de edificación, en estos últimos se incluye a obras nuevas, ampliaciones y regularizaciones. La dimensión urbana en la comuna de Vitacura se traduce en tres elementos centrales, el Valle del Río Mapocho, el Espacio Público y Comunitario y la Vialidad.

El río Mapocho, considerado como un elemento articulador del espacio urbano, ha reunido distintos proyectos , dentro de los que destacan:

• Perfilado y mantención del cauce del RíoPerfilado
• Mantención del cauce del Río Mapocho en sector del Portezuelo y tramo Puente Centenario - Lo Curro.
• Limpieza de sumideros y colectores en puntos críticos, pasos a desnivel y rotondas, avenidas principales, calles secundarias y pasajes de la Comuna.
• El costo total de estos proyectos antes mencionados ascienden a 37,858 millones de pesos.

En cuanto al Espacio Público y Comunitario se observa una orientación hacia el ciudadano residente, especialmente en lo que respecta a esparcimiento y recreación. Durante el primer semestre del año 2001 se llevó a cabo la instalación de 110 nuevos refugios peatonales, de acuerdo a un diseño exclusivo para la comuna de Vitacura, por la Empresa Grupo Sarmiento S.A. concesionaria de los espacios publicitarios en la vía pública. Es decir, se incluye mobiliario urbano a través de la concesión de espacios publicitarios. Otro proyecto ha sido la

Mantención, Mejoramiento, Remodelación y Equipamiento Áreas Verdes; conjunto de acciones que tienden a mantener y preservar las áreas verdes ya existentes. Éste servicio se presta a la comunidad a través de empresas contratistas privadas. La superficie mantenida para el año 2001 fue de 625.735 m2 , con un costo anual de 764.879 millones de peso.

Respecto del mejoramiento y recuperación de las áreas verdes ya existentes se desarrollaron con una inversión de 101.098 millones de pesos. Dentro de éste proyecto se distinguen:

• Instalación de dos bebederos en la plaza Corte de Apelaciones
• Provisión de medidor de agua y construcción de área verde pasaje La Llavería
• Plantación de 89 árboles en Av. Vitacura
• Provisión de valla peatonal Rotonda Irene Frei
• Provisión juegos infantiles plaza Vista Hermosa
• Transplante de árboles Parque Cuatemoc
• Instalación adocesped Unidad Vecinal A- 8
• Instalación topes vehiculares Monseñor Escrivá de Balaguer
• Provisión de papeleros en calles, plazas y espacios públicos
• Instalación de alumbrado público en plazas de la Comuna;

Destaca, también la construcción del Parque las Américas, lo que significó trabajos de movimiento de tierras y compactación del terraplén para consolidar la base de la Av. Parque Las Américas y su conexión con la calle O´Brien, en conjunto con la instalación del ducto para la evacuación de las aguas lluvias. Este proyecto ascendió a un valor de 330. 302 millones de pesos.

Otra importante intervención ha sido el mejoramiento, remodelación y mantención de Colegios y Consultorio, con un costo de 104.538 millones de pesos.

El tratamiento del espacio público consideró la canalización subterránea del alumbrado público y todas las redes de servicios básicos; topes vehiculares; nueva iluminación peatonal; construcción de veredas e instalación de nuevo mobiliario en el tramo Alonso de Córdova y A. Vespucio, todo en función de un diseño urbano previamente definido. El monto invertido consideró el pago de las cuotas 1 y 2 de un total de 16 la canalización subterránea contratada con Chilectra S.A. Los costos sumaron 78.156 millones de pesos.

En materia de Mejoramiento y Rediseños Viales se destacan: Gestión Lo Curro con un costo de 302.044 millones de pesos.

Por otro lado, una dimensión que ha ganado terreno en la gestión municipal es el tema medioambiental. Las distintas acciones en éste campo se orientan apuntan a la protección del medioambiente local y la calidad de vida de los vecinos. Se destacan:

• Servicio de aseo, que permite el oportuno retiro de la basura domiciliaria y mantener el orden y la limpieza en las vías públicas de la Comuna, con un costo anual de 721.204 de millones.
• Programa de reciclaje de residuos vegetales, que consiste en la recolección y transporte al Parque Las Américas de los residuos de jardín generados por los vecinos, para producir el compost, el año 2001 se produjeron 400 toneladas aproximadamente9.
• Programas de control de calderas y humos visibles; control de contaminación acústica y control de las condiciones sanitarias de los establecimientos.

Lo primero es que debemos, definitivamente, comprender al Estado moderno no como un organismo que interfiera desfavorablemente en las reglas del mercado, sino como una administración protectora tanto de los asuntos cívicos y problemáticas sociales como de la competitividad económica, además de velar por una gestión transparente y responsable. Una serie de rasgos que envuelven una actitud altamente racional y descentralizada en pos de la eficacia.

El nuevo rol que asume el Estado en Latinoamérica, en especial en Chile, posee un rol más bien programático y político que como un protector social y colectivo. Esto se debe, sobretodo, a las restricciones presupuestarias que han debido enfrentar. De modo tal que no ha quedado más opción que confiar en los mecanismos reguladores del mercado y del crecimiento para reducir ciertas desigualdades sociales.

En este escenario es que se ha desarrollado el modelo chileno de concesiones como potenciador de inversiones privadas capaces de subsidiar la escasez de recursos estatales.

No cabe duda que el sistema de Concesiones de obras públicas ha permitido realizar, a los países de América Latina que lo han aplicado, importantes inversiones en infraestructura con poco riesgo fiscal y a un mínimo de recursos públicos. El elemento clave de la política diseñada para hacer frente al enorme déficit de infraestructura y a la carencia de recursos financieros que el Estado requería para su solución lo constituye la incorporación de capitales privados al desarrollo y explotación de las actividades de infraestructura y el pago de tarifas por los usuarios en relación con el uso de las obras de infraestructura de mayor importancia relativa. Además de las ventajas fiscales, el sistema introduce una mayor equidad en el uso de los recursos públicos y de la infraestructura al ser los usuarios los que pagan por su utilización, pudiendo el Estado destinar sus recursos a otros fines de mayor rentabilidad social.

La nueva tarea del Estado, formulador y financiador de las políticas públicas, es atraer a la comunidad, a las empresas o al Tercer Sector, para que la ejecución de los servicios públicos sea una tarea compartida.

Así, en el nuevo Estado se quiere "gerenciar" al modo como lo hace la Empresa Privada ; lo que implica en primer lugar, en nuestro país , un proceso de profesionalización del gobierno central que alcance un núcleo estratégico capaz de regular y controlar . En segundo lugar, y no menos importante, tenemos el deber de formar una sociedad civil fuerte y participativa.

Gran debilidad para el sistema democrático chileno, que si bien ha desplegado grandes esfuerzos en sus proyectos de reestructuración, no ha sido capaz de llegar a las zonas políticas en que puede uno presenciar efectivamente una participación ciudadana. En otras palabras, de qué servirá una década de modernización en diversos aspectos de administración, si no poseemos el ingrediente esencial que da fortaleza a un sistema democrático.

Lo cierto es que contamos con una participación social muy débil aún, incapaz de controlar el Poder Público. Es impostergable el compromiso de parte de la ciudadanía. Sin una participación ciudadana fuerte y efectiva peligra la institucionalidad democrática y la estabilidad. La descentralización aumenta, indefectiblemente, la fiscalización y el control social de los ciudadanos sobre las políticas públicas.

La descentralización del Estado, el Desarrollo Local , la pobreza, el tercer sector son todos temas que demandan con urgencia cambios organizacionales profundos. Uno de estos cambios tiene directa relación con el hecho de comprender las políticas regionales como un modo de combatir los desequilibrios que arrastraba un crecimiento económico concentrado. Es una construcción de ventajas competitivas territoriales con un aprovechamiento más eficientes de los recursos endógenos. Es la creación de espacios locales innovadores donde participan los actores públicos y privados del territorio.

La descentralización permite reforzar la capacidad de los agentes locales para aprovechar mejor las oportunidades externas de desarrollo e integrar el conocimiento y progreso técnico asociados.

El gobierno local debe, hoy, unirse con el sector privado y los agentes locales para explotar el potencial endógeno existente para alcanzar un desarrollo equilibrado de la región chilena.

Es un hecho que los municipios chilenos han experimentado cambios sobretodo respecto del nivel de responsabilidades y preocupaciones, existiendo claramente una orientación hacia temas como la participación social y la seguridad ciudadana y promoción del empleo. El municipio de hoy posee una visión más integral del desarrollo, generando así la posibilidad de ser facilitadores y promotores del desarrollo local.

Sin embargo, la alta complejidad que caracteriza la nueva tarea municipal exige una visión y gestión estratégica que muy pocos municipios chilenos han podido desarrollar. Se requiere la agilidad y flexibilidad que existe en el sector privado para potenciar la gestión pública tendiente al crecimiento y desarrollo. Hay que orientar la administración pública a través del control de los resultados. Hay que separar las funciones entre las estructuras responsables de la formulación de políticas y las unidades descentralizadas y autónomas.

Los municipios se componen de una serie de reglamentaciones complejas, normas de desempeño poco claras y falta de información acerca de resultados y costos. Todos los niveles de gestión del Estado, inclusive municipal, debieran tener presente un enfoque de demanda en cuanto a los efectos de las políticas públicas (pacientes, niños, estudiantes, usuarios), lo que no existe en muchos casos.

La capacidad decisional del gobierno a nivel regional como los consejos regionales están sujetas a las limitaciones propias de un organismo nuevo( escasez de presupuesto y de personal. Falta experiencia en planificación y evaluación de proyectos, actividades que muchas veces no cuentan con un diagnóstico necesario. Los municipios debieran estar en condiciones de generar ingresos propios –fuera del aporte que recibe del FCM y otros- tales como , niveles de equidad territorial e igualdad de oportunidades.

Uno de los problemas municipales es la rigidez de gasto de los municipios. Se debe realizar una profunda revisión a la estructura municipal, favoreciendo a la profesionalización que genere confianza en la gestión de tal entidad local. Desarrollar la política como el arte de servir a todos los ciudadanos mediante el uso óptimo del poder público. Una de las herramientas fundamentales que debieran tenerse en vista, además, es la participación, la que asegura la confianza en un proyecto de desarrollo futuro.

De lo anterior se desprende la necesidad de utilizar un instrumento (ejemplo: "contrato de gestión"), que permita estimar rigurosamente eficiencia, eficacia y efectividad, transparencia de la administración pública, etc. Instrumentos que establece de antemano los objetivos, resultados y las posibles remediales.

La corrupción podría ser prevenida de no ser por lo obsoleto y lo excesivo en el legalismo de los sistemas de control.

Actualmente, existe en Chile un Sistema Nacional de Control que somete las actuaciones de la Administración del Estado a un conjunto de controles internos y externos, algunos de ellos ex ante y otros ex post; los que han emanado de un conjunto de normas legales y reglamentarias desarticuladas entre sí que genera una desorganización que debilita los controles existentes.

Urgente es la necesidad de crear una normativa en materia de monopolios y competencia, de estándares de calidad, de protección a los consumidores, protección medioambiental y otras áreas de enorme importancia.

Alcanzando una institucionalidad que no atente contra la iniciativa privada pero que regule los excesos del mercado, se debe diseñar políticas estratégicas en materias de fomento productivo y de la investigación en ciencia y tecnología.

Si vemos a los gobiernos locales como organismos públicos que responden a las propuestas de los ciudadanos y otros actores de su entorno, organizados todos ellos sobre objetivos comunes para generar o captar nuevos recursos que permitan el desarrollo, podremos ver con la misma claridad que una de las herramientas en este proceso puede ser , y en mucho casos lo ha sido, la concesión.

Sin embargo, a nivel municipal, es un modelo de gestión muy poco explotado aún debido a la escasez en finanzas, regulación y administración. A nivel de gobierno central en cambio, puede observarse un gran desarrollo de las concesiones, al alero del Ministerio de Obras Públicas (M. O. P), aunque no deja de ser muy conservadora en su marco de acción.

Así es como , aún cuando en Chile se utiliza hace bastantes años y de modo ascendente , su uso ha sido discreto y bastante conservador, dejando una serie de posibilidades de concesión en distintos proyectos para suplir las necesidades de las personas. La posibilidad de concesionar va mucho más allá de la etapa de construcción de infraestructura, también es posible concesionar la administración del mismo. La práctica concesionaria se ha dado mayormente a nivel de gobierno central y de manera muy escasa a nivel local.

Los políticos y el Estado central aparecen cada vez más distantes y ajenos, al punto que la las necesidades básicas deben ser cubiertas por el municipio, el que busca un autodesarrollo sustentable;

La concesión es una eficaz herramienta para la inclusión de los privados en la tarea de desarrollo y potenciación de las actividades productivas. Un instrumento que facilita al gobierno asumir su rol de fiscalizador y controlador, al tiempo que le permite desarrollar una serie de proyectos que sin la inclusión de privados serían inviables económicamente. La concesión permite alcanzar el subsidio sobre la escasez de recurso.

Una moderna explotación de la concesión pasa por una serie de condiciones financieras, reguladoras, administrativas que generan un espacio favorable a la participación de los diversos actores y de los financistas.

Las municipalidades necesitan modernizarse, requieren con urgencia un alto grado de autonomía que les libere del exceso burocrático que significa la alta dependencia frente a los organismos del gobierno central. Se hace urgente la necesidad de desarrollar un marco legal y administrativo más flexible. Un marco operacional que no deje de considerar diversidad en la composición de un gobierno local y otro.

Se requiere un gobierno local que posee la capacidad de motivar la participación de los vecinos en la fiscalización y control de los servicios frente a las diversas modalidades de gestión de los servicios que idealmente se desarrollen , sea una administración directa o por concesiones.

La fluidez en relación del municipio con su comunidad es vital. Se requiere de personal capacitado para desarrollar las tareas municipales como trámite ágil e informado para el ciudadano. La incesante acción para lograr una efectiva descentralización de los recursos y competencias, parecen ser los elementos posibles de ayuda para encontrar caminos que conduzcan hacia un desarrollo sustentable.

Los problemas para la materialización y operación de las Concesiones Públicas son diversos pero casi todos apuntan hacia la inadecuación de los mecanismos de financiamientos de obras; la contradicción y descoordinación de los reglamentos jurídicos.

La cuestión en definitiva es que la concesión debiera ser una herramienta moderna de gran espectro que, una vez disuelta todas las dificultades administrativas y de vestigios burocráticos , pudiera ser utilizada ampliamente en vastas áreas ( Turística, Educación, Salud, Transportes, Recreación, Deportes,

Renovación Urbana, Monumentos Nacionales, Justicia, Infraestructura, Energía, Marítimas, Aéreas, Servicio de Outsourcing, etc.).

La legislación chilena no contempla explícitamente la forma de operar una concesión, tampoco existen activos reales para dar en garantía. Se evalúan solamente las condiciones financieras, quedando impreciso el flujo del proyecto y sus externalidades. Existe una serie de importantes detalles en el proceso de concesión que no se definen ( término anticipado del contrato, quiebra, incumplimiento del contrato, etc). Por lo mismo no existe claridad sobre las cuotas de responsabilidad frente a los diversos problemas.

 Todas las carencias antes mencionadas juegan en contra del incentivo a invertir, esto por el alto riesgo que deberá enfrentar el sector privado. La falta de motivación también está presente en la etapa final del proceso de concesión, cuando el privado pierde interés en su gestión frente al inminente término de contrato. Desmotivaciones que atentan contra la calidad del servicio.

Los contratos por concesiones en Chile se convierten  en contratos complejos, imperfectos, conflictivos e ineficientes. Siendo la concesión una herramienta de agilización de procesos y desarrollo en la infraestructura para el bien público, debieran considerarse ciertos intereses de la empresa privada que ha de invertir por un cierto periodo en aquellos proyectos. Es un escenario de encuentro entre el interés público y privado de beneficios mutuos.

Nuestro país, actualmente, requiere miles de millones de dólares para poder desarrollar toda la infraestructura necesaria para soportar el nivel de competitividad que exige el momento. Monto que no será posible obtener en su totalidad mientras los proyectos signifiquen demasiados riesgos para los privados.

El mecanismo de Concesiones adoptado por Chile supone que, contra flujos que son garantizados en un mínimo, que puede ir desde un 70% a un 90% de la inversión, los privados asumen el riesgo de construir y operar infraestructura que, tras un lapso promedio de veinte años, vuelve a ser administrada por el Estado.

Por otro lado, es muy necesario compartir la tarea de fiscalización que realiza el gobierno central con los ciudadanos, muy quietos aún, los que debieran fiscalizar como ejercicio de expresión democrática, apuntando a la transparencia, eficiencia , eficacia y, sobretodo a los intereses de la comunidad.

El aumento de la demanda ciudadana hace urgente la necesidad de resolver los problemas en la implementación del sistema de concesiones como modo eficiente de responder a las necesidades de una región determinada. Lo reiterativo en las diversas experiencias, nacionales e internacionales en materia de alianzas público – privadas radica en la debilidad de la participación y la inadecuación de el apoyo instrumentos legales.

Dentro de los municipios modernos debiera incluso considerarse la creación de áreas especializadas a modo de banco de proyectos de concesiones municipales, los que contarían idealmente con un grupo de especialistas y la representación de los diversos actores sociales directamente involucrados.

A través del desarrollo del presente estudio, hemos planteado algunas cosas que, según mi punto de vista , son importantes de considerar al momento de trabajar en un municipio, y teniendo como objetivo la participación integral de los ciudadanos. Solo éste nos permitirá efectuar un trabajo en forma más eficiente y eficaz.

Dentro de los Planes de Desarrollo Comunitario existentes establecen la importancia del análisis de las problemáticas sociales "sectoriales": salud, educación, etc. Y aún cuando esto sea irrefutable, lo cierto es que los grupos de la comuna son los que definen la problemática. El desarrollo local, como paradigma de gestión, debiera contar con un carácter participativo tal que incluya las redes sociales que se producen en una comuna. Lo local no es global.

En el pasado debiera quedar la imagen del funcionario municipal que "atiende público a través de una ventanilla de cristal muy grueso". Se trata de un cambio de mentalidad que nos permita ver la importancia de las responsabilidades compartidas en la construcción de una comuna "para todos".

Así podríamos, perfectamente incluir a la ciudadanía no sólo en la planificación, sino, como un aporte más de capital en diversos proyectos a través de las asociaciones o consejos comunales, los que se sumen al aporte propiamente municipal y a los capitales privados.

Una vez comprendida la importancia estratégica que reviste la participación ciudadana, en tanto motivación para posibles inversionistas del exterior (fondos extranjeros, ONGs), estaremos frente a un input o alternativa diferente de alcanzar altos niveles de desarrollo.

La tarea de futuro consiste en incorporar metodología de participación ciudadana a la planificación, cuando se gestan los programas, cuando se deben tomar las grandes decisiones, permitiendo evitar gastos y costos inútiles, incluso costos de imagen pública tan difíciles de atenuar.

En general, a partir de los noventa se habla en Chile de mejorar las condiciones de infraestructura, especialmente en materia vial, que permitiera satisfacer de modo adecuado las necesidades actuales. Y en esto se consideró la participación de capitales privados mediante contratos de concesión, los que serían aportados por empresas nacionales e internacionales, quienes recuperarían más tarde su aporte por medio de subsidios, explotación u otros mecanismos.

Como una forma de poder estudiar la viabilidad y sustentabilidad de una idea que en le largo plazo pueda convertirse en un exitosa concesión municipal, no sólo debe ser evaluada desde el punto de vista del inversionista en cuanto al retorno económico esperado, si no también desde el punto de vista social; se deben considerar una serie de elementos que requieren ser estudiados y analizados en detalle con variables financieras y sociales, además de los recursos humanos y económicos que cuenta un Municipio. Junto a ello no es un detalle sin importancia el que se deba considerar el momento actual en el que se encuentre la administración del estado y sus prioridades establecidas en la agenda central.

Una primera reflexión sobre una idea de concesión municipal es conocer quienes son las actores que están liderando esta, analizar su experiencia en estas materias, tiempo invertido en la presentación de esta, marco técnico, jurídico y con sus respectivos análisis, su grado de innovación e impacto en la comuna, plazo de implementación, otras actividades y tareas que se deban generar con antelación a esta.

En cuanto a las consideraciones generales que debieras hacerse previo a todo diseño de proyectos que puedan desarrollarse y ejecutarse bajo la modalidad de concesiones municipales:

1. Básicamente, debe uno apelar a las múltiples diferencias que se dan entre uno y otro municipios, respecto de su distribución, infraestructura, situación geográfica, habitantes, presupuesto de ingresos municipales, etc. Por ello es que se propone inicialmente realizar un diagnóstico que arroje las posibilidades y las dificultades en la materialización, las prioridades, las alternativas, y una serie de otros detalles previos al proceso en sí.
2. Una vez resuelto el primer paso, es importante analizar de modo profesional el plan de desarrollo comunal y proyectos en el largo plazo que sean contemplados.
3. De alta utilidad será también crear una red social, posterior a un análisis identificatorio de las distintas relaciones con los diversos actores locales, otros organismos e instituciones del estado y sus municipios vecinos. Un conjunto que genera nuevas posibilidades y limitaciones que deben dejar de ser contempladas.
4. Introducido ya en el proceso analítico, es de alta utilidad para los propósitos la aplicación de todos los conceptos que tengan relación con participación ciudadana, tanto a nivel de evaluación antes durante y después del proyecto.

5. Muy unido a la consideración anterior, y gracias a ella será posible recoger una serie de necesidades, anhelos y compromisos de la comunidad que darán una visión más completa a la formulación de un proyecto que irá cada vez disminuyendo su margen de riesgo por entrar en un marco desconocido. Saber sobre los intereses directos de la comunidad permitirá descartar , sino transformar el proyecto original es pos de una idea con mejores posibilidades de éxito.

Las alternativas de este cuarto sector en el área de la participación pública-privada tiene una importante dependencia y participación de la ciudadanía quienes son los consumidores finales de los servicios o de la i