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Democracia y corrupción

Enviado por Victor Hortel



  1. Concepto general de corrupción política
  2. Concepto restringido
  3. Moralización
  4. El sistema
  5. Percepción internacional y costos de la corrupción
  6. La crisis ética
  7. Conclusión

INTRODUCCIÓN

Durante los últimos quince años las prácticas de corrupción atravesaron en todo el mundo una transformación de tal envergadura, que actualmente se presentan como una de las principales amenazas a la democracia y las sociedades modernas.

Existen gravísimas formas de corrupción. Durante los años ochenta y noventa se ha apreciado en distintos paises una suerte de corrupción generalizada que arrasaba con toda la sociedad.

Tal el caso de Italia que presentaba un sistema donde todo el mundo, en mayor o menor medida, lucraba de esta atmósfera de corrupción generalizada. Existía una aceptación tácita de todo tipo de corrupción, porque todos - tanto los que estaban cerca como lejos del poder – parecían beneficiarse de alguna manera.

De igual manera, distintos hechos de la realidad contemporánea nacional imponen la necesidad de encarar con decisión un plan de lucha contra al corrupción generalizada, que oscurece la imagen del país en el exterior. Estos hechos son, fundamentalmente, la reiterada mala calificación que obtiene en los últimos años la República Argentina en los organismos internacionales que evalúan la situación de corrupción en todos los paises, a la luz de las opiniones vertidas por empresarios que deben operar en ellos, y por los resultados de las encuestas que recogen el reclamo unánime y mayoritario de erradicar este mal social.

Actualmente la forma más grave de corrupción es aquella que se gráfica como el matrimonio entre la corrupción política y las distintas formas de mafia internacional. Nos encontramos con la globalización de la corrupción, lo que exige respuestas globales para su erradicación.

CONCEPTO GENERAL DE CORRUPCIÓN POLÍTICA

Existe coincidencia en que el concepto de corrupción fue originalmente utilizado para definir el proceso de deterioro de productos biológicos, como resultado de la insuficiencia o fin de las funciones vitales. Y se lo generalizó metafóricamente hacia las cuestiones que hacen a la moral; es decir para definir el deterioro de valores reconocidos por la sociedad, con o sin sanción jurídica.

Puede entenderse por Corrupción Política, toda transgresión de normas dentro de un determinado orden social, en este caso, de una sociedad política como totalidad organizada, poseedora de una cierta racionalidad. Transgresión que cuestiona en alguna medida la supervivencia razonable de esa totalidad.

Desde el punto de vista normativo podrá

afirmarse que la corrupción política es un atentado o transgresión de unas determinadas normas, principios y valores que se consideran importantes para la existencia y mantenimiento de un orden social justo y razonable, y en consecuencia, digno de ser vivido.

El primer gran problema para combatir la corrupción política consiste en determinar que clase de normas han de ser violadas para que se pueda hablar de corrupción y no de otro tipo de fenómenos.

La corrupción política puede ser entendida como violación de normas jurídicas y también morales. Se podría afirmar que la corrupción política es como un conjunto de faltas y delitos que no siempre se pueden probar y que amenazan con extenderse por todo un tejido social, económico y político-estatal.

La corrupción, por lo tanto, puede ser tanto una desmesura (¿inmoralidad? ¿imprudencia?) en el uso de fondos públicos, como la compra (ilegal=delito) de decisiones políticas (generalmente de contenido económico).

La corrupción política tiene que ver, indudablemente, con problemas normativos.

La corrupción política se refiere a la vida política y se especifica por los sujetos protagonistas de su producción. "Vida política" es "Vida pública", esto es lugares, sedes e instituciones en los que están comprometidos intereses públicos o generales; pudiéndose restringir su alcance a la "vida institucional" de los distintos aparatos del Estado y a la conducta de los sujetos que intervienen en la vida política institucional dentro de los aparatos del Estado.

No obstante y en función de la indignación social, la corrupción política también podría abarcar otros aspectos u otros ámbitos, como por ejemplo la corrupción de empresarios o ejecutivos pertenecientes al sector privado.

Corrupción significa un cierto desorden social que tiene el riesgo de extenderse. Cuanto mayor sea la expansión más negativa resulta su valoración, Se habla de corrupción política cuando se advierte la existencia de desviaciones morales y jurídicas generalizadas, de una importante gravedad institucional.

La corrupción se caracteriza por constituir transgresiones que tienen una alta dosis de clandestinidad, de ocultismo y de falta de pruebas, lo que lleva pensar que existen más actos de corrupción política que los que realmente se pueden probar, todo lo cual crea un grave desasosiego en indignación social.

En principio la corrupción está definida en os códigos penales de todos los paises. Sin perjuicio de ello, de manera casi sistemática, se puede afirmar que tales definiciones – en su gran mayoría- no representan las formas actuales de corrupción.

La corrupción está en el centro de una nebulosa de crímenes y delitos que están ligados, pero el sólo delito de corrupción no da cuenta de la complejidad del fenómeno, ni de la multiplicidad de delitos conexos.

No obstante que en algunos países resulte alto en número de casos denunciados de corrupción, son muy pocas las sentencias condenatorias por tal delito. Ocurre que los magistrados no pueden probar los extremos exigidos por las normas penales.

La prueba es casi imposible de obtener y los magistrados deben recurrir a otros artificios y otros artículos del Código Penal para condenar estos hechos.

Hoy, la naturaleza de la corrupción ha devenido sumamente sofisticada, al punto que la torna prácticamente invisible, Se ha transformado en algo tan discreto y pasa por mecanismos tan engorrosos que los códigos penales no llegan a encuadrarla de manera correcta.

La profesora Bárbara Barris White, de la Universidad de Oxford, dice: " la corrupción no se reduce al soborno, sino que se extiende a la evasión fiscal, a la explotación laboral, y distorsiona la ética que debe regir una sociedad. Cuando lo difícil es ser un funcionario no corrupto, la sociedad se encuentra al borde del colapso, porque se puede entrar en un proceso de deterioro vertiginoso… (y) puede dar lugar a la creación de verdaderas mafias, que usan sus propios métodos para mantener sus situaciones de privilegio, las cuales, una vez enquistadas en la sociedad, son muy difíciles de extirpar….No se ve el prometido reino de la competencia económica y la transparencia política, sino a elites nacionales cada vez más inclinadas a utilizar métodos mafiosos…" (liberalizatión and the new corruption", IDS Bulletin, abril de 1996)

Se puede afirmar que la situación descrita por la profesora B.B. White se corresponde con la de la República Argentina, en la percepción de los medios de difusión masiva, en la de instituciones y organismos internacionales y en la de nuestra propia sociedad.

Lo que caracteriza a nuestro tiempo es tanto la existencia de una mayor conciencia y conocimiento de este mal social – dado que estamos en sociedades democráticas avanzadas donde todo lo político se conoce mejor-, como la exigencia de un mayor nivel de salud social a la conducción política, que en sociedades autoritarias y subdesarrolladas.

La mayor sensibilidad, conciencia y conocimiento de lo que debe ser y es un orden social hacen más exigentes a las sociedades avanzadas e incluso generan una especial preocupación y recelo de que este tipo de mal social se extienda hasta límites intolerables que podrían cuestionar gravemente el sistema como sistema democrático. La "sensibilidad democrática" es, una de las motivaciones más fuertes que han servido para alertar sobre la corrupción política.

La más importante evolución respecto de la percepción de éste flagelo es de los organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial y la Cooperación Andina de Fomento. Hace quince años no se hablaba del problema y los economistas de estos organismos no incluían a la corrupción como criterio de análisis para la calificación como buena o mala de la administración de los paises con problemas. Hoy la situación ha cambiado radicalmente y consideran que el éxito de un programa de ayuda financiera está, cada vez más, ligado a la cuestión de la corrupción.

No obstante ello, la corrupción ha aumentado, así lo demuestra, por ejemplo, la masa de dinero emitida por todo tipo de tráfico que además de resultar creciente, se encuentra íntimamente ligada a la corrupción de administradores y de hombres políticos y se invierte en aquellos sectores donde resulta posible reciclar capitales negros.

Principalmente el aumento de la corrupción se explica por la verificación de cambios culturales. En todo el mundo se transformó la opinión pública sobre el rol del Estado y del mercado. Dicha transformación presenta aspectos positivos y negativos; positivos porque en muchos países el Estado se mostraba incompetente e incapaz en su gestión económica, gastando mucho dinero de sus contribuyentes de manera incorrecta. Negativo por que en diversos países hubo un exceso desvalorizando al Estado en su función de representante del bien común y de la cosa pública, y ciertos funcionarios y políticos se sintieron capaces de franquear la ética pública, considerando al Estado como una suerte de caja común en la cual podían hundir sus manos.

Por otra parte, se advirtieron transformaciones ideológicas que privilegiaron, por ejemplo, la eficacia inmediata en detrimento del respeto a los procedimientos. Ha existido en estos países una confusión entre mercado y ausencia de reglas, esto que erróneamente se denomina capitalismo actual y que en realidad obedece a la caracterización del capitalismo salvaje de los años veinte del siglo pasado en los Estados Unidos.

CONCEPTO RESTRINGIDO

En un sentido más restringido, es posible entender también la corrupción política, como el aprovechamiento de un cargo o función pública en beneficio de intereses privados o particulares compartidos.

Tal concepto forma parte de la inmoralidad política, que es un tipo de desviación de las conductas de los políticos respecto a determinadas normas morales. Toda corrupción política es una inmoralidad política, pero no toda inmoralidad política puede entenderse estrictamente como una corrupción.

En opinión de diversos autores, la corrupción política dice fundamentalmente más de la inmoralidad de los políticos que del uso ilegal del poder, dado que el problema de la corrupción política preocupa a la ciudadanía como un fenómeno de inmoralidad política.

Sin perjuicio de ello resulta necesario hacer muchísimas precisiones al respecto, toda vez que no cualquier inmoralidad de los políticos interesa a una sociedad democrática y pluralista. No toda transgresión moral es percibida por la sociedad común caso de corrupción política.

En los Estados democráticos de derecho toda política está sometida necesariamente a una moral mínima socialmente aceptada que no es otra cosa que el derecho, según esta tesis siempre hay "algo de moral" en la política.

En toda política, al menos en una sociedad avanzada, hoy se respetan reglas establecidas que expresan, entre otros, valores morales fundamentales para amplios sectores sociales. La moralidad básica de la política es lo que en definitiva se denomina "el principio de legalidad", que vale para todos y también para los políticos. La existencia del derecho es una forma de asegurar que determinados contenidos morales van a ser respetados o se va a intentar que se respeten a través de un aparato de fuerza organizado como es el derecho.

La corrupción política también puede ser delincuencia. La delincuencia política es una forma, la más radical, de corrupción política (delitos cometidos por políticos en el ámbito de sus actuaciones como sujetos públicos). Y los políticos – como cualquier otro ciudadano – serán corruptos en ese sentido radical del concepto si no respetan la legalidad vigente. Salvo casos excepcionales de desintegración social, los políticos no suelen ser en este sentido corruptos, después, no son delincuentes. Los políticos suelen cumplir con esa "moralidad primera", esa moralidad asumida y expresada como voluntad general que es la ley.

No obstante no todo lo que "debe hacerse" (por los políticos o por cualquier ciudadano) está recogido por el derecho. Hay muchas "normatividades" concéntricas y tangentes que determinan la conducta humana. Lo que está claro hoy es que el derecho no regula tantos ámbitos de la práctica humana como controlaba en otras épocas, cuando llegaba hasta controlar las conciencias. Es una evidente y común convicción de nuestro tiempo que el derecho no está para ser "buenos" a los hombres en un sentido estrictamente moral.

La necesidad de formular un concepto restringido deriva de una amplia opinión pública que entiende que la corrupción política es algo más que simple delincuencia. En este sentido, el problema más específico que se plantea es si los políticos han de cumplir y respetar otras reglas, además de las jurídicas, esto es, unas llamadas reglas morales, normas que prohiben o mandan cosas que no están prohibidas o mandadas por el derecho. En otras palabras, la cuestión más debatida es si los políticos tienen "deberes morales" que "no tendrían jurídicamente que cumplir". El problema es, en otras palabras, si la moralidad de los políticos (no su simple legalidad) es una exigencia no sólo privada, sino pública, una exigencia que puede ser planteada por los ciudadanos (por el público)

La gravedad de la corrupción política nace de la importancia de "ejemplificaciones" que tienen los comportamientos políticos. Sus corrupciones tienen más repercusiones a las que pueden tener los actos de otros ciudadanos que también puedan ser corruptos.

Hoy la sociedad exige que los políticos sean no solamente "legales" sino también "morales", es decir, que respeten normas que no son sólo jurídicas, sino también normas morales. Tal exigencia de la sociedad es un fenómeno perfectamente constatable. Sin discutir si esta exigencia es justificada o no y para que fines, están claras dos cuestiones: primero; que la opinión pública y la ciudadanía plantean frecuentemente tal exigencia; segundo; no se sabe exactamente cuáles son esas reglas morales que deben complementar las reglas jurídicas y conformar la conducta de los políticos.

Debemos preguntarnos entonces si existe una ética política, una moral específica para los políticos, y en última instancia, si se puede justificar morales especiales según los status o las funciones de determinados individuos.

En principio, parece razonable hablar de morales especiales o morales profesionales frente a una moral común. La moral ordinaria sería aquella que responde a las características básicas de todo ser humano, mientras que la moral profesional se deriva de las especificidad de determinados papeles y status sociales, moral que permite la realización de actos que desde el punto de vista de la moral ordinaria estarían prohibidos ( o mandados). Así se habla de la moral del médico, del abogado, del magistrado, del militar, o del sacerdote.

También parece correcto afirmar que no es posible una plena coincidencia entre una moral de lo privado ( de los ciudadanos como sujetos privados) y una posible moral de lo público ( de los políticos como sujetos públicos). Quizá haya una razón importante que explica que existan morales diversas, "situacionales" y es que no hay principios morales incondicionados, Lo político condiciona y transforma principios morales más generales o comunes. Así, los deberes de la vida pública se pueden enfrentar a los deberes de la vida privada, como chocan la lealtad a los amigos y el deber de imparcialidad propio de la vida pública.

Max Weber distinguía entre una ética de la convicción y una ética de la responsabilidad; la primera basada en una ética de principios, incondicional, que obra bien y deja el resultado en las manos de Dios o a la responsabilidad de los demás. La segunda, la ética de la responsabilidad insta a tener en cuenta las consecuencias previsibles de la propia acción.

Weber se inclinaba más por la ética de la responsabilidad y admiraba a aquellos hombres maduros que sienten la responsabilidad por las consecuencias, por lo que afirmaba que "la política se hace con la cabeza, pero no sólo con la cabeza" y caracterizaba a los "profetas quiliásticos" como "odres llenos de viento que no sienten realmente lo que están haciendo".

Ahora bien, sean de una moral especial y/o común, la pregunta se torna inevitable; ¿ Cuáles son esas normas morales que pueden llevar, en caso de ser incumplidas, a la llamada "corrupción política", y no a una simple "inmoralidad"?.

MORALIZACIÓN

Sin perjuicio de reconocer que no existe un procedimiento legitimado para determinar de modo concreto una moralidad pública que vaya más allá del derecho, se advierten experiencias políticas y morales de las que pueden obtenerse criterios para entender que clase de "inmoralidad" constituye la corrupción política.

A modo de ejemplo, la sociología política podría señalar criterios. El estudio de la opinión pública indica que los ciudadanos – cada vez con mayor énfasis – sentencia que los "políticos debieran cumplir las promesas electorales"; "que no debieran asignarse salarios o dietas desproporcionados"; "que no debieran utilizar los fondos públicos para gastos lujosos o suntuarios";"que no debieran favorecer a compañeros del partido, a amigos y parientes para cubrir cargos de libre designación"; "que no debieran mentir"; "que no debieran anteponer sus intereses privados o prtidistas a los intereses generales". En síntesis, esta moralización apunta a valores como la austeridad, la solidaridad, la veracidad, el buen ejemplo, etc., los que según la ciudadanía conducirían a una política más razonable.

La importancia de la moralización de la política como superación de la corrupción política (no de la simple delincuencia de los políticos) reside en que puede constituir una excelente vía, tanto para alcanzar una mayor vinculación entre representantes y representados, sino también para alcanzar una vida social más razonable y no simplemente más justa.

La exigencia hacía los políticos, es que éstos

deben sintonizar de mejor manera los valores e ideales sociales mayoritarios que no hansido recogidos por las normas jurídicas, pero que evidentemente sirven a una mayor eficacia del ordenamiento jurídico y a una mejor convivencia política.

En este sentido "ser moral" significa "ser más democrático", esto es, identificarse con las exigencias morales (no jurídicas) que derivan de los modelos de praxis social (sectoriales/globales) mayoritariamente compartidos y que no pueden contenerse lógica y razonablemente dentro de un ordenamiento jurídico.

Debe exigirse a los políticos una mayor "sensibilidad democrática", que les permita saber como actuar más allá de lo que las leyes exigen y de acuerdo con lo que quiere su pueblo, para lo cual deberán estar dispuestos a escuchar las críticas y los deseos que una

sociedad democrática manifiesta bien directamente (elecciones, consultas), o bien indirectamente ( por medio de instituciones públicas, movimientos sociales, asociaciones privadas, medios de comunicación social, etc.)

El problema de la corrupción no es una cuestión sólo política o económica, sino que es una cuestión social. La sociedad debe trabajar en construir una "cultura de la legalidad".

EL SISTEMA

Sin perjuicio de considera que la democracia lleva sobre sus espaldas un cargado saco de paradojas y de promesas incumplidas, resulta claro que la causa de la corrupción política y de su expansión no es la democracia. La corrupción política no es un motivo para cuestionar éticamente la democracia.

De la corrupción política provienen muchas de las críticas al Estado Democrático. Los ciudadanos se quejan de los políticos, pero terminan quejándose del Estado a quienes esos políticos dicen representar. Tal cuadro de situación está llevando a imponer de nuevo la ley del más fuerte, propia de un estado pre-social que legitima a los titulares del poder económico, quienes promueven sólo la eficiencia y la productividad y no hablan de justicia ni de solidaridad.

La corrupción política nace fundamentalmente de las carencias e insuficiencias de la moral cívica y pública que necesita toda sociedad política para sobrevivir. Las sociedades no se perpetúan sólo por la existencia de un tejido jurídico-normativo; necesitan además un tejido social moral y normativo. La corrupción no podrá reducirse a límites tolerables mientras no haya un tejido social hilvanado por unamoral cívica y pública en el ámbito político, y más allá del ámbito político y entre todos los ciudadanos, desde los políticos hasta los estudiantes primarios.

Todos nos indignamos frente a los altos niveles

de corrupción política, pero también existen los profesores universitarios que no dan clases, los alumnos que se copian, aquellos que siempre tratan de obtener ventajas ilegales, los sistemáticos evasores o defraudadores al fisco, los empresarios que corrompen a políticos corruptos, los ciudadanos que viven entre lujos suntuosos cuando existen miles de desocupados y personas que carecen de las necesidades mínimas indispensables. Los políticos no son los únicos corruptos. Como enseña Meinecke hay que superar la idea que la política es mala por definición o que es una relación que necesariamente va a llevar a lo inmoral.

Dentro de un sistema social hay instancias y estructuras de especial virtualidad respecto de la conformación moral de la vida política. En esta inteligencia se puede afirmar que la corrupción política se preconstituye en el mundo de lo privado, en esa sociedad civil que preexiste a la vida política organizada. Los políticos no nacen de la nada, ni vienen de lugares especiales, sino que son personas que han sido formadas y determinadas por las exigencias de socialización de un mundo privado de enorme fuerza constitutiva para otras estructuras colectivas y públicas. De este modo, el sistema económico, muchas veces, determina más las "formas políticas". La competitividad feroz, el insaciable afán de éxito y de lucro, la desmedida afición al dinero, etc., son sin duda, además de fuentes de energía para el mundo económico y

empresarial (privado), los valores en los que se educa a los jóvenes.

Enseña Ignacio Ramonet en su artículo "Los nuevos dueños del mundo" que "…entre las personas que más influyen en el mundo ya no se encuentra ningún Jefe de Estado o Gobierno. Hoy manda una nueva especie: los señores del dinero…"

El desprestigio de la política y del Estado está haciendo que los centros de las grandes decisiones que afectan intereses generales (transporte, salud, educación, comunicaciones, etc.) se ubiquen en el ámbito de lo privado, donde la racionalidad de las decisiones que afectan a esos intereses no se toman bajo las exigencias de la igualdad y de la publicidad que son características propias de un Estado Democrático de Derecho.

"Los sinvergüenzas públicos no son sino los sinvergüenzas privados a los que se les ha dado por comerciar con el bien común para su personal provecho".

En una sociedad políticamente desarrollada con una alta racionalidad democrática, el trabajo político suele ser un noble servicio a los demás, al interés general, y está impregnado de un altruismo que está muy lejos de lo que se ha dado en llamar la "seducción del poder".

PERCEPCIÓN INTERNACIONAL Y COSTOS DE LA CORRUPCIÓN

La Argentina siempre aparece en el grupo de los paises más corrupto incluidos en el "Indice de percepción de la corrupción" elaborado por "Transparencia Internacional", ubicación que se encuentra en estrecha vecindad con la de Rusia y Colombia. Sobre un total de diez puntos (los mejores ubicados – Holanda, Canadá, Nueva Zelanda, Suecia, Finlandia y Dinamarca- tienen más de nueve puntos), la Argentina obtuvo para 1997, 2,81 puntos, cifra que a su vez fue un 50% inferior a la obtenida en 1995. Este descenso indica un acelerado y constante incremento de los niveles de corrupción en nuestro país.

Desde otro punto de vista, los expertos señalan que el impacto de la corrupción en la economía puede ser equiparado a un incremento impositivo. Según Peter Eigen, chairman de "Transparencia Internacional", la caída del puntaje de la Argentina desde el 5,24 obtenido en 1995 al 2,81 de 1997, equivale a un aumento mayor al 8% en la tasa impositiva.

Por su parte, el "informe sobre el desarrollo" del Banco Mundial señala la importancia del costo de la corrupción en términos de menor inversión y menor crecimiento. Al respecto, el Foro Económico Mundial, señala que en su ranking de competitividad –sobre 49 paises y en el período 1995/96- la Argentina cayó del puesto 29 al puesto 37. Este empeoramiento de la competitividad de la Argentina también es registrado por la Universidad de Lausanne (Suiza) la cual, a su vez, correlaciona la caída de la competitividad con el aumento de la corrupción: los sondeos de la Universidad de Laussane ubican a la Argentina entre los cinco países más corruptos, en la inmediata vecindad de Rusia y diez puestos por encima de Chile y Brasil (Clarín 2/9/97).

También el FMI opina respecto del costo económico de la corrupción. Preocupado porque los países generen fondos para pagar la deuda, en un documento de su directorio señala: "las deficiencias de gestión del gobierno socavan la confianza del mercado privado….y reducen el flujo de capital y de inversiones" ("Pautas para gestión de Gobierno", Directorio del FMI –documento interno 1997).

En relación con los costos económicos de la corrupción y refiriéndose específicamente al caso Argentino, Paul Volker (ex -titular de la Reserva Federal de EEUU) señaló: "…se puede acelerar el crecimiento en la medida que se respete la transparencia en los negocios y se penalicen las conductas inapropiadas. De lo contrario, las inversiones pueden retirarse ocasionando una crisis…"

Por su parte la Iglesia tampoco es ajena al fenómeno de la corrupción, ya en el 2° Plenario de Obispos de 1997, Monseñor Estanislao Karlic relacionó la corrupción con el incremento de la brecha entre ricos y pobres: "…la cuestión Argentina es fundamentalmente moral", dijo. Y agregó: "en nuestro país son muchos los que tienen una actitud contraria a la ley moral, que se ha instalado como una anticultura que disuelve la sociedad en una multitud de individualidades egoístas. Esto constituye una profunda herida a la nación, porque no se es sociedad sino en la medida en que se vive la amistad social…"

LA CRISIS ETICA

Una encuesta de Gallup efectuada en setiembre de 1996 permitió verificar un hecho preocupante: el 58% de los argentinos pensaba que ser una persona honesta no servía, en el país, para alcanzar el éxito.

A principios de 1989, sólo 3 de cada 100 personas mencionaban la corrupción cuando se les preguntaba cuál era el principal problema que tenía el país. En 1992 3 de cada 10 personas incluyeron la corrupción entre los grandes males de la vida nacional.

En 1989 una nota formal del embajador norteamericano a nuestro canciller destapó el "Swiftgate", escándalo que puso a la corrupción en la agenda pública de los argentinos.

El "Swiftgate" demostró que el Poder Judicial opera sólo sobre una pequeña porción del fenómeno de la corrupción: la mayoría de los casos no se denuncia, de los pocos que se denuncian la mayoría resulta imposible de probar y de los pocos que llegan a probarse, la mayoría no llega a sentencia.

En 1990 y los años siguientes las denuncias se incrementaron considerablemente, la respuesta política consistió en desplazar a los jueces y fiscales que investigaban y designar en sus lugares abogados cuya mayor virtud fuera la lealtad. El Dr. Moreno Ocampo señala que al antiguo problema de la corrupción se le sumó la desligitimación del Poder Judicial.

La gran aliada de la corrupción, como tantas veces se ha dicho, es la impunidad. En la Argentina de los años noventa, lamentablemente, la Justicia no cumplió efectivamente ese papel. Por su subordinación al poder político o por su directa connivencia con intereses económicos algunos jueces se convirtieron en una pieza más del tablero de la corrupción institucional.

La Argentina no supo o no pudo –al menos de momento- mejorar la calidad de las estructuras del Estado, lo que resulta indispensable para cualquier intento de lograr que la corrupción deje de ser un componente sistemático de la vida nacional y se convierta en una variable controlable.

Si bien nadie puede afirmar seriamente que la sociedad de nuestro tiempo es más corrupta que las anteriores, si puede señalarse que la percepción del fenómeno de la corrupción se ha generalizado.

CONCLUSIÓN

La lucha contra la corrupción es fundamental para salvar justamente a la democracia y no debe hacerse sin importar los medios, o sin importar el espíritu. El objetivo esencial consiste en restaurar el buen funcionamiento del sistema político de la democracia. Hay que ser prudentes para que esta lucha contra la corrupción no sea manipulada y posteriormente convertida en una lucha contra la democracia. Estos puntos van juntos: la lucha contra la corrupción y la defensa de la democracia.

La corrupción es un mal moral, pero también político y económico, paulatinamente deteriora la democracia y constituye el más peligroso enemigo de cualquier sistema socioeconómico basado sobre la competencia y la igualdad de posibilidades.

Que un régimen dictatorial se desmorone porque es corrupto, no provocará el lamento de nadie ya que quizás muera de su propio vicio. Pero no hay alternativas a la muerte de la democracia a causa de la corrupción.

¿Cómo se elimina la corrupción? El problema tiene facetas culturales, que resultan imposibles modificar por medio de una ley. El Estado deberá trabajar intensamente en las aristas institucionales y legales, en el corto y mediano plazo, valiéndose de una clara y decidida acción coordinada de los órganos de control del Estado y fundamentalmente del Poder Judicial.

 

VICTOR HORTEL


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