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El legislador mexicano, la cultura de la representación y el mito de la profesionalización legislativa




Enviado por Emilio Velazco Gamboa



    1. Generalidades sobre cultura
      política
    2. El nuevo papel del Legislativo
      mexicano en el marco de la alternancia y la pluralidad
      gubernativa
    3. La profesionalización del
      legislador mexicano
    4. La formación de una
      cultura política para el legislador
      mexicano

    La Cámara de Diputados del Congreso
    de la Unión

    se compone por representantes de la
    Nación,

    según lo determina el
    artículo 51 de la Constitución Federal,

    por lo que los Diputados,

    más que ser representantes de sus
    respectivos partidos
    políticos,

    deben asumir la actitud de
    representar a la población que los eligió.

    MANUEL GONZÁLEZ
    OROPEZA

    Presidente del Consejo
    Académico

    del Instituto de Estudios Legislativos
    de la

    LIII Legislatura del Congreso del
    Estado de
    México

    1.
    Generalidades sobre cultura
    política

    "Suele definirse a la cultura política como el
    conjunto de actitudes,
    normas y
    creencias compartidas más o menos ampliamente por los
    miembros de una determinada unidad social y que tienen como
    objeto fenómenos políticos". Podría decirse
    que esta es la principal definición en cuanto a que habla
    de lo que es la cultura política de una
    manera pura, en esencia.

    Por su parte, Mariano Palacios Alcocer señala que
    "el término cultura política se utiliza,
    generalmente, para designar un conjunto de actitudes, de
    normas y de
    creencias más o menos compartidas por los miembros de una
    sociedad,
    siempre en relación con los fenómenos
    políticos".

    Asimismo, la Doctora Jacqueline Peschard afirma que
    "los valores,
    concepciones y actitudes que se orientan hacia el ámbito
    específicamente político, es decir, el conjunto de
    elementos que configuran la percepción
    subjetiva que tiene una población respecto del poder, se
    denomina cultura política".

    En el plano teórico o doctrinario, las culturas
    políticas conforman un polémico
    campo compuesto por el liberalismo,
    el marxismo, el
    nacionalismo,
    el populismo, el
    fascismo, etc.
    De tal forma, el carácter
    político de cierto fenómeno o material cultural
    (discursos,
    creencias, etc.) estará dado porque se refiere a
    fenómenos políticos o porque enuncia factores de la
    política: partidos, dirigentes, el
    Estado.

    Mariano Palacios Alcocer, por su parte, es más
    específico al decir que "forman parte de la cultura
    política de una sociedad, los
    conocimientos o, mejor dicho, la distribución de los conocimientos entre los
    individuos que componen la sociedad. Pero estos conocimientos
    deben ser relativos a las instituciones
    públicas, a la práctica política y a los
    actores políticos que operan en un contexto
    determinado".

    Asimismo, indica que hay varios tipos de cultura
    política, mismos que a continuación se
    describen:

    1. Dicho de otra forma, en este tipo de cultura
      política "los individuos están vagamente
      concientes de la existencia del gobierno
      central y no se conciben como capacitados para incidir en el
      desarrollo
      de la vida política. Esta cultura política se
      identifica con sociedades
      tradicionales donde todavía no se ha dado una cabal
      integración nacional".

      De hecho hasta hace menos de diez años esa
      era la tipología de cultura política dominante
      en México, hasta que el salinismo
      empezó a hacer estragos y obligó a la
      población a madurar como ciudadanía.

    2. Cultura política parroquial.- Se presenta
      principalmente en sociedades
      simples, no diferenciadas, en las que las funciones o
      las instituciones específicamente políticas no existen o, de existir,
      coinciden con otras funciones o
      estructuras económicas o
      religiosas.

      Jacqueline Peschard afirma que en ella, "los
      ciudadanos están concientes del sistema
      político nacional, pero se consideran a sí
      mismos subordinados del gobierno
      más que participantes del proceso
      político y, por tanto, solamente se involucran con los
      productos
      del sistema (las medidas y políticas del gobierno) y
      no con la formulación y estructuración de las
      decisiones y las políticas
      públicas".

    3. Cultura política de la subordinación.-
      Se presenta cuando los conocimientos, los sentimientos y los
      juicios de los miembros de una sociedad se refieren
      esencialmente al sistema
      político en su conjunto, pero se dirigen principalmente
      a los aspectos de salida del sistema. Esto
      se refiere, en la práctica, al aparato administrativo
      como responsable de la ejecución de las políticas
      públicas. Esta cultura de la subordinación
      corresponde principalmente a los regímenes
      políticos altamente autoritarios.
    4. Cultura política de la participación.-
      "Son orientaciones específicas que se refieren no
      sólo a ambos aspectos del sistema, sino que
      también prevén una posición activa del
      individuo frente al poder. En
      este tipo de relaciones se utilizan los conceptos de
      adhesión, de apatía o de alineación para
      caracterizar las relaciones de congruencia o incongruencia
      entre cultura política y estructuras
      públicas. Se da adhesión cuando los conocimientos
      van acompañados de orientaciones efectivas y juicios
      positivos: alineación y apatía, cuando la
      actitud
      predominante de los miembros de una sociedad, respecto al
      sistema, es de hostilidad o de indiferencia,
      respectivamente.

    Por lo tanto, cuando las orientaciones predominantes
    no se adaptan a las estructuras y a la práctica
    existente, una cultura política de participación
    realiza actos enérgicos de condena, de carácter
    contestatario, y se opone diametralmente a la cultura de la
    subordinación" .

    Nuevamente citando a Jacqueline Peschard, dicha autora
    indica que en este tipo de cultura política, "los
    ciudadanos tienen conciencia
    del sistema político nacional y están interesados
    en la forma como opera. En ella, consideran que pueden
    contribuir con el sistema y que tienen capacidad para influir
    en la formulación de las políticas
    públicas".

    Sin embargo, como explica Mariano Palacios Alcocer,
    estas clasificaciones no implican que en realidad existan formas
    puras de cultura política, sino que la cultura
    política de una cierta sociedad casi siempre se comprende
    de un conjunto de subculturas políticas, o sea, que la
    cultura política de una sociedad se comprenden de
    actividades, normas y valores de lo
    más diverso, que muchas veces se oponen entre sí y
    generan una constante de convivencia social.
    Además:

    1. Desde el punto de vista político, las
      diferenciaciones más obvias de la cultura
      política son las que están ligadas a la
      existencia de corrientes de pensamiento,
      de símbolos y de mecanismos organizativos para encabezar
      las fuentes
      políticas.
    2. La cultura política siempre proporciona a los
      individuos de una sociedad directrices para su comportamiento político. Es decir, los
      conocimientos, los valores
      y los juicios son parte que orienta su conducta.
    3. La cultura política, por otro lado, es
      producto de
      la historia de
      una determinada sociedad y siempre está vinculada con un
      sistema político determinado. Por lo tanto, resulta
      improcedente procurar trasplantar los conocimientos, las
      experiencias, los valores de
      una cultura política a un sistema diferente.
    4. Cultura política no es sinónimo de
      ideología política: la cultura
      política supone una serie de conocimientos, pero no
      tiene las pretensiones de darle una interpretación
      coherente, ordenada y sistemática a todos los
      fenómenos de la realidad, como si se lo propone una
      ideología, que trata de ser una
      visión global, una visión ordenada, una
      visión coherente de los fenómenos.
    5. Cultura política no es sinónimo de
      erudición política, no es sinónimo de
      dominio de
      la ciencia
      política sino, simplemente, de la admisión de
      determinados principios
      teóricos como parte de los valores que se comparten en
      la referida sociedad.
    6. Cultura política no es sinónimo de
      ética
      política: comprende valoraciones políticas, pero
      no compite ni se agota en la ética
      política.
    7. Y la cultura política que requiere actuar
      políticamente tampoco es sinónimo de
      acción y de praxis política.
    8. Por lo tanto, la cultura política requiere de
      la ideología, de la erudición, de la
      ética, de la praxis, de todo ello, pero no se agota
      solamente ahí.

    En los dos últimos lustros, en la inmensa
    mayoría de los regímenes democráticos, el
    término cultura política tiene una
    connotación que debe ser calificada como cultura
    política democrática. Es decir, cultura
    política de la participación. Por tanto, el
    desarrollo de
    una cultura política en México
    implica un mayor énfasis en la participación
    democrática y un mejor conocimiento
    de la estructura
    constitucional del Estado
    mexicano.

    Conviene señalar que si dicha cultura implica una
    participación popular o social, independientemente de en
    qué medida se dé o si es directa o indirecta dicha
    participación, por fuerza
    tendrá que validar o no las actuaciones y decisiones de
    los gobernantes y funcionarios públicos, así como
    de todos aquellos inmersos en el fenómeno político
    y en la actividad gubernativa. Ello determinará la
    gobernabilidad de un Estado o de un régimen y la
    estabilidad política del mismo.

    Así, "la importancia de la cultura
    política y su conexión con la estabilidad
    política y el desempeño gubernamental se hace más
    que evidente si se considera que la supervivencia y la eficacia de un
    gobierno dependen en buena medida de la legitimidad que posea a
    los ojos de los ciudadanos, es decir, de la coincidencia que haya
    entre lo que concibe y espera la población de las
    autoridades y estructuras públicas, y el desempeño de éstas".

    Pero pese a todo, como dice Mariano Palacios Alcocer, se
    debe admitir que en México, la sociedad ha venido a
    impulsar una serie de elementos teóricos y de valores que
    en la práctica deberán asumir los actores
    políticos para fortalecer la cultura de la
    participación y que dicho personaje centra en cinco
    puntos, que a continuación se detallan:

    • Primero, la cultura política de la pluralidad.
      Por lo tanto, es indispensable la admisión de los
      opuestos, el respeto de
      los contrarios, el derecho a disentir y la búsqueda
      legítima de los consensos.
    • En segundo lugar, la cultura del respeto, de
      la calificación de los opuestos, no de la cultura de la
      exclusión, no la cultura de la eliminación, no la
      cultura de la descalificación.
    • En tercer lugar, la cultura de la tolerancia. Es
      indispensable que advirtamos como elemento consubstancial de la
      nueva sociedad mexicana una tolerancia que
      trascienda el planteamiento teórico. Cuántos se
      declaran tolerantes y cuántos de los sedicentes
      tolerantes actúan con profunda
      cerrazón.
    • En cuarto lugar, implantar la búsqueda de los
      consensos sin que constituyan un elemento de vergüenza
      política. Si hemos eliminado la cultura del
      autoritarismo, si buscamos la inclusión, el respeto y la
      tolerancia, será indispensable la búsqueda de los
      consensos, y en el ámbito partidista, la búsqueda
      de los consensos meta partidarios.
    • Y finalmente, la cultura de la legalidad. De nada
      sirve que se entablen serias discusiones teóricas si se
      transgreden las normas fundamentales sobre las cuales se
      estructura y
      vértebra el funcionamiento de la sociedad.

    Hacia el final de este capítulo se hablará
    sobre la cultura de la representación, que es una
    subcultura de la cultura política misma, sólo que
    enfocada a la visión y percepción
    que tiene el actor político activo, inmerso dentro del
    gobierno de un Estado democrático, o que, en cuanto al
    legislador hace, sería idóneo que
    tuviera.

    2. El
    nuevo papel del
    Legislativo mexicano en el marco

    de la alternancia y la pluralidad
    gubernativa

    El autor se precia de no estar casado con ninguna
    religión o
    partido político, ni con ninguna ideología, dogma o
    doctrina, pues el verdadero libre pensador es aquel que no tiene
    más principios que
    una conducta personal y
    profesional de legalidad, honestidad e
    incorruptibilidad, desempeñada sobre las bases de la
    época, el Estado y la
    situación que le tocó vivir, sea que esté de
    acuerdo o no con ello.

    Por eso, cualquier cita o referencia hecha sobre
    el trabajo de
    cualquier personaje destacado del ámbito académico
    o de la vida política intenta ser imparcial y objetivo, y
    sólo para respaldar o servir como punto de partida para
    las ideas de este autor. Desafortunadamente, se debe expresar que
    este escritor no cree ni en el discurso ni en
    los métodos
    del PRI ni del presidencialismo mexicano.

    Sobre tal tema, se ha analizado la figura del legislador
    mexicano como actor del sistema político nacional, en la
    primera parte de este trabajo, y la del presidente, como su
    coprotagónico, en esta segunda sección del estudio,
    habiéndose observado no sus funciones orgánicas
    sino las meta y supraconstitucionales, aquellas que han hecho a
    los especialistas hablar de un presidencialismo y no de un
    régimen presidencial de gobierno en
    México.

    Ahora se hablará de la relación entre
    ambos actores del sistema político desde una perspectiva
    institucional –entre poderes– pero haciendo
    énfasis en el legislador mexicano, quien será, al
    final de cuentas, el actor
    principal del nuevo equilibrio
    entre poderes. En este sentido, se hace real la afirmación
    de que los hombres son los que hacen a las
    instituciones.

    2.1 El nuevo sistema de contrapesos
    con el Ejecutivo

    El legislador guanajuatense Juan Miguel Alcántara
    Soria, en un ensayo
    publicado en la Revista del
    Senado de la República decía que "un pueblo sin
    parlamento es un pueblo esclavizado". Y en un pueblo como el
    mexicano, donde existe ese parlamento en la figura del Congreso
    de la Unión, esta afirmación no debería
    serle correspondiente.

    Sin embargo, un Poder
    Legislativo integrado durante décadas por hombres y
    mujeres del mismo partido derivó en la
    subordinación fáctica de dicho poder a la voluntad
    y directrices del Ejecutivo, de modo que los legisladores
    contravinieron durante años el precepto contenido en el
    artículo 51 constitucional, que habla de que el Congreso
    se compone de representantes de la Nación,
    es decir, del pueblo, si se entiende como es debido el principio
    de la soberanía popular, y no por representantes
    de los partidos
    políticos.

    Así, en esencia era como si no existiera un
    parlamento en México. O, al menos, no uno que representara
    al pueblo. Es válido preguntarse cómo podría
    haber estado tantos años el PRI del lado del pueblo,
    cuando precisamente ese Congreso mayoritariamente priísta
    fue responsable de la situación de marginación y
    crisis que
    durante tantos años vivió México.
    ¿Cómo estar del lado del pueblo si fue coautor de
    esa suerte de "Estado de desgracia"?

    Eso es lo que ha llevado a pensar que, sea de un partido
    o de otro, el Presidente de la República, debido a los
    extraordinarios poderes que posee, en cualquier momento de la
    historia se
    podrá sentir tocado por la tentación de volver a
    ejercer el mando con la misma fuerza e
    impunidad que otros lo hicieron en el pasado. A menos, claro, que
    se le quitaran esos poderes, cosa por demás
    improbable.

    Por ende, el mejor contrapeso al presidente mexicano no
    es, quizá como ocurre en los Estados Unidos,
    un Congreso integrado por una mayoría del partido
    contrario al del Jefe del Ejecutivo, sino más bien, un
    Poder
    Legislativo conformado de manera plural, por hombres y
    mujeres provenientes de todas las fuerzas políticas
    significativas.

    El politólogo italiano Giovanni Sartori dice que
    "un Parlamento está constituido por Asambleas
    relativamente numerosas cuya composición es al menos
    heterogénea, al tiempo que
    está segmentada por profundas rivalidades de partido y de
    incomprensiones ideológicas que logran, a pesar de todo,
    convivir porque aceptan ciertas reglas del juego que son
    inherentes a la naturaleza de la
    institución". Ahora bien, entiéndanse estas
    Asambleas a que se refiere Sartori como las fracciones o grupos
    parlamentarios.

    Ahora, desde el mandato de Ernesto Zedillo, en
    México se ha venido dando el caso de un Presidente sin
    mayoría en el Legislativo. "En este caso la negociación para constituir una
    mayoría en el Parlamento es estructural y toma la forma de
    la constitución de coaliciones
    parlamentarias".

    En este caso, dice el político italiano Rocco
    Buttiglione, el Jefe del Ejecutivo no negocia más que con
    la oposición apelándose a su sentimiento de
    responsabilidad nacional, e intenta crear una
    alianza entre fuerzas diferentes para constituir una
    mayoría de coalición en el Parlamento.

    La coalición da al Poder
    Ejecutivo una base estable para la cooperación con el
    Legislativo. Por otro lado, la coalición libera a los
    partidos no gubernamentales de la incómoda
    posición de no poder ni hacer una oposición
    encarnizada para derrotar al país ni participar del
    gobierno.

    Pero en México, con Vicente Fox, se ha empezado a
    dar el fenómeno de que el Presidente tiene que negociar
    también con su partido, y si de hecho no se dio con
    Zedillo es por la entonces todavía inquebrantable disciplina
    partidista.

    A buen seguro de que, de
    haber existido un poco menos de disciplina, se
    hubiera dado esa negociación. Y ello no es necesariamente
    negativo para el Presidente –no es un dios o un jefe
    máximo que deba imponerse a su partido, después de
    todo–, sino que es bueno para la imagen del
    partido de origen de dicho Presidente, sea cual sea, pues no
    demuestra ruptura o confrontación. sino independencia
    institucional, lo cual es sano para el país.

    2.2 La nueva relación
    Ejecutivo-Legislativo

    Como ya se ha visto, históricamente el Poder
    Ejecutivo ha aumentado su capacidad real de poder,
    esencialmente a costa del Legislativo. No obstante, con el
    esfuerzo conjunto de partidos políticos, comunidad
    académica y sociedad civil.
    se logró remover la conciencia
    nacional en pro de una disminución de dicho
    poder.

    Gonzalo Armienta Calderón señala que "la
    penetración de un solo partido en las arenas
    constitucionales legislativa y ejecutiva fue construyendo
    paulatinamente un edificio constitucional en el que se
    dotó al Presidente de la República de extensas
    facultades".

    Pero Ernesto Zedillo, Presidente Constitucional de los
    Estados Unidos
    Mexicanos en el período 1994-2000 fue el primer mandatario
    mexicano que empezó a actuar más aproximado a la
    noción de un presidencialismo constitucional efectivo
    –y por ende moderado– y dejar de practicar el
    presidencialismo autoritario tan propio de la tradición
    priísta.

    La actual relación entre Ejecutivo y Legislativo,
    sin embargo, no es todo lo sana que debería. Ello obedece,
    esencialmente, a dos razones:

    1. Ello pudiera deberse a que reproduce
      –deliberadamente o no– la actitud de la
      oposición al PRI en tiempos de dominio
      aplastante de este partido. Pudiera ser, quizá, como
      decía Marco Aurelio Almazán, "una
      manifestación más del espíritu
      contradictorio de los mexicanos", es decir, simplemente
      llevar la contra al Presidente Fox, de manera caprichosa pero
      –definitivamente– irresponsable.

    2. El PRI, caído del poder, mantiene un rumbo
      bastante errático en su relación con el
      Ejecutivo. A veces adopta una postura de bloqueo absoluta
      –como en las cuestiones fiscales– pero a veces es
      absolutamente colaborador –como en asuntos relativos a la
      salud, grupos
      vulnerables, etc.–.
    3. Los protagonismos partidistas, igualmente caprichosos
      e irresponsables para con el pueblo de México, tal vez
      no se han superado, en parte, por falta de voluntad de los
      líderes de dichos institutos políticos, pero
      también porque no se ha encontrado la tecnología social más
      idónea para lograrlo.

    En cualquiera de los dos casos, se puede creer que ha
    habido intentos de superar todo capricho o todo protagonismo,
    pues los visos de colaboración son
    –afortunadamente– cada vez mayores. Ese pudiera ser
    el mejor cimiento de la nueva relación entre ambos
    poderes.

    2.3 Los problemas de
    la transición

    El problema futuro de la transición, en cuanto a
    los poderes legislativos o parlamentos contemporáneos se
    refiere, es la relación entre representación y
    decisión. Enseguida se hablará sobre este
    polémico pero interesante fenómeno de las
    democracias modernas, y es el caso de la mexicana.

    Sobre ello, Rocco Buttiglione señala que "un
    problema fundamental de la política de hoy es que los
    tiempos de la decisión política son demasiado
    largos en relación con los tiempos de la decisión
    empresarial y, en general, con los tiempos de la decisión
    de los otros sujetos sociales".

    Ello implica que los procesos
    políticos, cuanto más complejos, se corre el
    riesgo de que
    queden rezagados respecto de los demás sectores de la
    sociedad local y más respecto de otros sectores
    internacionales, con la consecuente posibilidad de sufrir
    impactos financieros como efecto secundario.

    Un caso de elevada complejidad en los procesos
    políticos es el Congreso mexicano, donde los partidos
    políticos anteponen sus intereses o sus impulsos al
    proyecto
    común de nación –si es que se les puede
    llamar intereses o impulsos a muchas de sus posturas obstructoras
    sin sentido–. Ello se podría solucionar creando
    leyes
    electorales que fomenten la desaparición de los
    múltiples partidos políticos pequeños
    existentes.

    Sin embargo, esta complejidad es necesaria para evitar
    que unos u otros partidos se conviertan en controladores y
    potenciales manipuladores de los procesos decisionales, ya sea en
    complicidad con el Presidente de la República, o en contra
    de éste.

    En cualquier caso, en un momento tan difícil como
    el actual, en que se están abandonando prácticas
    viciadas y obsoletas como el corporativismo y el presidencialismo
    autoritario, y en las que por ningún motivo se debe volver
    a caer, esta complejidad es, definitivamente, un mal
    necesario.

    Ahora bien, ¿cómo se puede acabar con
    dicha complejidad pero garantizando que no se va a caer en una
    situación límite como la antes mencionada?
    ¿Qué mecanismo o estrategia
    podría garantizar esto? La respuesta, como todo en este
    país, es simple, sólo que –como todo–
    nadie se ha atrevido a decirla llana y honestamente.

    La solución es darle al legislador una conciencia
    de la representación nacional, que no de la
    representación partidista. Es decir, que encuentre el
    justo equilibrio
    entre los deberes que implica la noción de
    representación popular –que es una obligación
    constitucional– y los que impone la correspondiente y
    legítima noción de representación
    partidista.

    3. La
    profesionalización del legislador mexicano

    En el debate
    contemporáneo por la profesionalización del
    legislador mexicano en pro del fortalecimiento del Poder
    Legislativo mexicano, la voz cantante la ha llevado,
    indiscutiblemente, el tema de la reelección parlamentaria
    consecutiva.

    Como ya se sabe, los legisladores mexicanos –desde
    el Congreso Federal hasta los regidores de los ayuntamientos, que
    son quienes reproducen la función
    legislativa en ese órgano de gobierno, si bien no se
    conoce en él la división de poderes– no se
    pueden reelegir de manera inmediata en el cargo, sino que tienen
    que dejar pasar un período gubernamental entre una y otra
    elección.

    Los legisladores, esencialmente, y algunos otros actores
    políticos, presentan diversos argumentos en favor de la
    reelección parlamentaria consecutiva. Sin embargo, para
    los periodistas y los académicos, esta no es la
    única ni la mejor alternativa. Enseguida se hablará
    de ello.

    3.1 El mito de la
    reelección

    El Doctor Francisco de Andrea, investigador de la UNAM,
    en un artículo publicado en 1999, señalaba algunas
    de las principales ventajas generales de la reelección
    legislativa consecutiva. Conforme se vayan citando las opiniones
    de dicho investigador, se harán algunos
    señalamientos a modo de observaciones al artículo
    del Doctor Francisco de Andrea.

    1. De hecho, muchos de los actuales representantes
      políticos con madera de
      legisladores podrían encontrar resignación
      cómoda en
      considerar una carrera legislativa como el eslabón
      último y digno de una carrera política sin
      tener que angustiarse ante el fin de su ejercicio buscando
      acomodo temporal o salvador en otras instancias que,
      más que ‘cobijo vocacional’ implica
      ‘premio de consolación’ o retiro de la
      actividad natural.

      Así, la reelección legislativa
      consecutiva resolvería un problema muy particular del
      sistema político mexicano: descongestionaría la
      ruta a la presidencia y a gubernaturas de políticos
      con vocación real de legisladores, pero que por las
      limitaciones constitucionales actuales engrosan las filas de
      los aspirantes a ‘las grandes’, con lo cual se
      ocasionan problemas
      de frustración, de competencias
      inútiles, y de falta de coordinación de esfuerzos de las elites
      políticas de los partidos".

      La observación del Doctor es interesante.
      En el sentido que él indica, más bien se
      estaría hablando de una profesionalización
      legislativa en el sentido económico-laboral del
      concepto. Es
      decir, se resolvería, por un lado, que legisladores
      efectivos, con habilidad y/o dominio para tal labor, pudieran
      desarrollar con óptimos resultados su
      especialidad.

      Sin embargo, ¿de qué modo se
      podría comprobar cuantitativa y cualitativamente
      quiénes son verdaderos legisladores y quiénes
      son políticos que "se agarraron de la chamba", dicho
      así en términos coloquiales pero
      reales?

      Porque es viable pensar que muchos personajes no se
      desprenderían del puesto por las altas dietas,
      prestigio, poder e influencia que por sí mismo les
      genera, y no tanto por vocación o por
      capacidad.

    2. "La verdadera profesionalización de la carrera
      legislativa. La posibilidad de que un representante
      político del Poder Legislativo pudiera ser reelegido
      para el periodo inmediato (una, dos o más veces: esto
      también es crucial determinarlo inteligentemente),
      modificaría la actitud de los políticos que
      aspiran a convertirse en Diputados, Senadores,
      etcétera, puesto que la perspectiva de una
      reelección consecutiva durante uno o varios periodos
      obligaría a los prospectos a informarse y educarse en
      las diversas materias y asuntos que ‘hacen’ a un
      representante político eficaz, propositivo,
      participativo y disciplinado.

      La presencia de legisladores experimentados
      –políticos de oficio– que saben que la
      prudencia, la negociación y la discreción son
      herramientas básicas del quehacer
      político y legislativo, haría más
      estable la relación Ejecutivo-Legislativo, aun a pesar
      y por encima de que las cámaras estén
      compuestas por un mosaico plural de individuos de diversos
      partidos (por encima de ideologías, estaría la
      carrera de largo plazo: saber que con quién se pelea
      hoy, probablemente será aliado o negociador
      mañana o pasado, y no como ahora, donde un pleito
      político dura sólo lo que el periodo
      legislativo).

      Por último, la estabilidad en las relaciones
      Ejecutivo-Legislativo se trasladaría al sistema
      político en general y, por supuesto, sería
      también característica primordial y bienvenida
      de la dinámica dentro del propio Poder
      Legislativo".

      Más que observación, es un cuestionamiento:
      ¿Se requiere, realmente, de la reelección
      inmediata para lograr la fluidez en la relación entre
      poderes? Entonces se estaría disimulando la falta de
      conciencia cívica con un mecanismo artificial, pero la
      duda es cuánto duraría ese mecanismo. No es
      posible creer que durase mucho, pues la conciencia y los
      valores ético políticos no se pueden sustituir
      de ese modo. Sería tanto como ceder ante una especie
      de chantaje político.

    3. "La estabilidad política y legislativa. El
      acomodo y la tranquilidad hacia el futuro que
      encontrarían los legisladores de carrera con la
      reelección tendría como un efecto colateral muy
      saludable y deseable para el país, el hecho de que las
      relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, por ejemplo,
      serían más fluidas; lo cual actualmente no
      acontece, no sólo por su nueva composición,
      sino también debido a una falta de preparación
      profesional legislativa, no sólo de los
      ‘rasos’, sino de los mandos intermedios del
      bloque opositor y hasta de algunos veteranos del PRI.

      1. Regresar y atender de manera consistente a los
        electores de su distrito en sus peticiones de proyectos legislativos, y
      2. En sus peticiones de lobby, o
        ‘cabildeo’ para resolver problemas
        sociales y políticos que rebasan lo puramente
        legislativo, etcétera, so pena de enfrentar el
        castigo máximo que sería el repudio de su
        electorado y la pérdida de la reelección, y
        con ello un escollo difícil de superar en su carrera
        legislativa profesional".

      Vuelta al canto: ¿Es que no pueden cumplir
      con estas dos obligaciones por simple moral
      patria? Entonces, ¿se debe aceptar el chantaje
      condicionante de "si me reeliges regreso" o "si me reeliges
      cumplo"? Entonces, ¿para qué sirven los
      legisladores?

    4. "La responsabilidad de los legisladores. Una
      ventaja más de la reelección legislativa
      consecutiva en México, sería el hecho de que se
      auspiciaría la consolidación de una
      ‘responsabilidad’, ahora inexistente, en la
      actitud profesional de los representantes políticos
      que ante el prospecto de la reelección,
      tendrían que:

      Sobran los comentarios. Sencillamente, se recalca la
      pregunta hecha al final del punto anterior.

    5. El mejor contacto y nexos entre representante
      político y elector. La fluidez y la frecuencia de
      contactos entre Diputados y Senadores y sus respectivos
      electores locales, surgido de la necesidad de asegurar la
      reelección, tendría como efecto altamente
      deseable, una reducción de los reclamos y de la
      frustración ciudadana puesto que los problemas y las
      quejas serían recibidas, evaluadas y procesadas por el
      aparato legislativo y, por ende, por el sistema
      político más fluidamente, lo que
      acabaría con el rezago legislativo y de demandas
      sociales que, cuando no concluye con respuestas
      políticas, resulta en tomas de recintos legislativos
      escandalosos que crispan el ambiente
      político nacional.

      La reelección consecutiva fomenta que, con
      una visión de largo plazo, un conjunto de legisladores
      de carrera pueda iniciar, terminar y ver aplicarse textos
      legislativos exitosos, en cuanto logren el equilibrio entre
      justicia y
      eficacia,
      meta muy difícil de lograr en estos tiempos con
      problemas y fenómenos complejos, en que tres
      años sin reelección consecutiva hacen inviable
      la coherencia, la eficacia y la justicia
      resultantes de una buena ley".

      Acaso esta sea, hasta ahorita, la única
      ventaja real de la reelección legislativa
      consecutiva.

    6. "El fomento de los proyectos
      legislativos coherentes de largo plazo. Existen temas
      políticos, sociales y económicos nacionales y
      locales sobre los cuales no se puede legislar al vapor, o
      sobre los cuales no se puede "truncar" un proceso de
      gestación de largo plazo de proyectos legislativos, so
      pena de producirse leyes
      inadecuadas, ineficaces, injustas, obsoletas o inaplicables
      al cuerpo social nacional.

      La anterior armonía se fomenta tanto dentro
      los partidos en lo individual, como entre las elites de los
      diversos partidos que se acostumbran a tratar con sus pares
      en un ambiente
      de estabilidad y cierta confianza ante conductas que surgen
      de la familiaridad de trato".

      No hay comentario. Realmente, a los ojos de este
      sustentante, es una ventaja mínima. Se cree que puede
      haber otra clase de mecanismos, principios, valores o
      tecnologías sociales que sirvan para lo mismo sin que
      se tenga que modificar el principio e no reelección
      inmediata.

    7. "La armonía interpartidaria e intrapartidaria.
      Las relaciones armónicas entre cúpulas, bases y
      elites partidarias –esenciales para el bienestar
      político y legislativo– se ven auspiciadas cuando
      existe estabilidad de largo plazo en la composición de
      las cámaras legislativas, pues la frecuencia de trato,
      la experiencia, la preparación y el profesionalismo de
      cuerpos legislativos con menor tránsito
      ‘eventual’ de individuos, permite la
      consolidación armónica de las relaciones de
      trabajo entre equipos indispensables para la labor legislativa
      y política.
    8. La eficacia parlamentaria Por último, aunque
      no de manera exhaustiva –pues no hay listas definitivas
      de ventajas o desventajas cuando se trata de instituciones y
      figuras electorales– la reelección legislativa
      consecutiva en México brindaría un producto
      vital que empieza ya a ser impacientemente demandado y exigido
      por la sociedad civil:
      La eficacia parlamentaria que presente soluciones
      legislativas y políticas a las grandes cuestiones
      nacionales; de otra forma, un cuerpo político gigantesco
      –como lo es el Poder Legislativo federal–
      será visto como un oneroso y vistoso, pero finalmente
      inservible edificio, lleno de polemistas sin
      justificación existencial alguna".

    No obstante lo anteriormente considerado, éste
    no es el único y ni siquiera el mejor método
    para lograr la eficacia parlamentaria en
    cuestión.

    En el tercer capítulo de este trabajo se citaba
    a Emma Campos, investigadora del ITAM, quien mencionaba una
    idea que subyace en la creencia popular: Que entre menos
    años transcurren para regresar a la Cámara, se
    capitaliza más rápido la experiencia,
    perdiéndose menos información, familiaridad y conocimiento
    de los problemas y la evolución de la agenda legislativa, y
    así, por ende, se piensa que estar en el Poder
    Legislativo más tiempo implica
    "aprender" o "dominar" el proceso legislativo, la
    técnica legislativa, etc.

    Se cita, además, al Doctor Alonso Lujambio,
    también investigador del ITAM, de quien se extrajo una
    idea en el tercer capítulo: En los parlamentos no brotan
    expertos de la nada, los legisladores se vuelven expertos
    trabajando.

    En refutación de esta idea, se menciona que de
    los trabajos encontrados sobre reelección parlamentaria,
    ninguno demostró que los legisladores que se reeligieron
    una o más veces hayan adquirido una verdadera
    experiencia legislativa. No, al menos, en lo que se refiere a
    dominio de los procesos, técnicas
    y métodos
    propios de la actividad parlamentaria.

    De hecho, intentarlo sería muy subjetivo, pues
    al menos los hombres con las carreras legislativas más
    largas en México ya no están vivos como para
    intentarlo.

    No obstante la algarabía actual que reina en el
    campo de quienes favorecen la consagración constitucional
    de la reelección legislativa consecutiva, conviene
    señalar –para poder alcanzar un equilibrio en la
    materia
    que dicha figura tiene también desventajas claras que,
    dependiendo del contexto nacional del sistema político que
    adopte la reelección, se verán acentuados o
    profundizados.

    Así, el listado de "contras", de desventajas que
    a continuación se referirán, surgen no sólo
    de las clásicas consideraciones de sentido común
    sobre el tema, sino de experiencias prácticas muy reales
    extraídas de ejemplos de derecho parlamentario comparado,
    en que a veces quedan ilustrados dramáticamente algunos
    efectos nocivos de la reelección legislativa consecutiva y
    que estamos a tiempo de sortear en México.

    Ahora, la otra cara de la moneda. El Doctor Francisco de
    Andrea menciona las desventajas generales de la reelección
    legislativa consecutiva

    1. Lo que inicialmente se consideró que era
      precisamente una muestra de la
      democracia
      llevada a su más pura expresión, el que un
      electorado pueda, si así lo desea, continuar
      reeligiéndose casi ilimitadamente -el límite
      sería la edad de los representantes que cumplidos los
      ochenta años, en ocasiones no son aptos física ni
      mentalmente para la encomienda, si bien se ha dado el caso de
      legisladores con noventa años más eficaces y
      competentes que sus colegas jóvenes– ahora
      resulta más bien una fórmula para alcanzar un
      autoritarismo legislativo.

      En otras palabras, se consideró en alguna
      época pasada que un sistema político dado, para
      ser plenamente democrático, debe contemplar la
      posibilidad de la reelección consecutiva. En caso
      contrario, un sistema que -por la razón que sea- no la
      contemple, de entrada está limitando las opciones del
      elector; el argumento de la llamada "amplitud del abanico
      democrático", se basa en que bajo un sistema que
      contempla la reelección, el ciudadano puede
      según su criterio no reelegir a un determinado
      individuo a un puesto representativo, siendo el efecto
      práctico de esto, el mismo que si la reelección
      estuviese prohibida.

      Esto es, el candidato no repite, sólo que
      bajo este caso, la opción queda en manos del elector,
      y no del Poder Legislativo que aprueba la ley que
      prohíbe una reelección, y bajo cuya vigencia
      ciertamente la amplitud del "abanico democrático" se
      ve reducida.

      Ahora bien, no obstante lo impecable del anterior
      razonamiento, la experiencia ha demostrado que en muchos
      casos reales, la consagración constitucional o
      legislativa de la reelección ha llevado a resultados
      contraproducentes para el espíritu que subyace al
      concepto de
      democracia.

      Tal fue el caso, aún fresco en la memoria
      política de los EE. UU., de Dan Rostenkowski, poderoso
      político demócrata que por décadas
      presidió casi dictatorialmente la crucial
      Comisión de Medios y
      Arbitrios (Ways and Means Committee), hasta que se
      descubrieron abusos de poder, desvíos de fondos,
      etcétera, que precipitaron su caída ignominiosa
      desde la cúspide del poder legislativo de la mayor
      potencia
      del mundo.

      Así, se tiene el caso de que la
      reelección legislativa consecutiva permitió en
      el país de la democracia electoral
      paradigmática, que un solo hombre se
      enquistara en el poder abusando del mismo para su provecho y
      el de los grupos de interés afines a él.

      Este ejemplo implica ciertamente una llamada de
      alerta para cualquier país que desee considerar la
      adopción de la reelección
      legislativa consecutiva en su sistema político, y
      lleva a ponderar que dadas las experiencias negativas
      –si bien ocasionales, no generalizadas– en otras
      latitudes habría que, cuando menos, contemplar
      candados, es decir, límites al número de
      reelecciones, modificaciones a las disposiciones electorales
      en materia de
      medios y
      financiamiento, que nivelen las oportunidades
      de los challengers (candidatos políticos que buscan el
      puesto de un representante que busca "repetir" en el cargo)
      frente a los aventajados incumbents (representante en activo
      que se propone repetir).

      Resulta curioso que la tradición longeva de
      la reelección consecutiva en los Estados Unidos
      –incluyendo al Poder Ejecutivo– lleva a la
      configuración en el
      lenguaje político de la citada palabra incumbent
      que tiene implícita una carga conceptual que destaca
      la existencia de un representante político que
      hallándose en el ejercicio de su cargo, decide buscar
      la reelección con todas las ventajas que implica
      disponer de las estructuras administrativas,
      logísticas, de medios de
      comunicación masivos, de contactos e incluso de
      fondos, ante un aspirante que busca el cargo representativo
      pero desde fuera del sistema y sin sus ventajas.

    2. El enquistamiento nocivo de elites en el poder. En
      algunos países, como Estados Unidos de América, donde se permite la
      reelección legislativa consecutiva, se ha podido
      apreciar -en especial a partir de los noventa- un creciente
      clamor para limitar el número de periodos de
      reelección consecutiva posibles, como solución
      a una serie de problemas que se han hecho patentes en dicho
      país.

      En el anterior sentido, se tiene un ejemplo de
      "sospechas" de actos de campaña ilegales por parte del
      ex presidente Clinton y del ex vicepresidente Gore, quienes
      como parte de su esfuerzo de reelección presidencial
      en 1996, fueron aconsejados para efectuar una inversión masiva de recursos
      que ahogara los esfuerzos –de por sí
      magros– de sus contrincantes en dichos
      comicios.

      Con tal motivo, usando la propia Casa Blanca como
      anzuelo, el equipo de Clinton –con su presencia
      personal
      en muchos casos– invitó a toda un gama de
      donantes y contribuyentes, quienes por varios miles de
      dólares cada uno, "adquirían" el privilegio de
      dormir en la habitación Lincoln de la Casa Blanca y a
      ser fotografiados incluso con la "primera dama".

      En el desfile de generosos donantes, se
      encontró después que había desde
      narcotraficantes hasta billonarios coreanos y malasios que
      buscaban, éstos últimos, "aceitar" las ruedas
      de la maquinaria gubernamental norteamericana para fines de
      inversiones privadas y tratos comerciales,
      todo lo anterior a cambio de
      los recursos
      que entraron a las arcas de la campaña de
      reelección de Clinton.

      Ahora bien, después de meses de investigaciones por parte de comisiones
      legislativas especiales, alentadas por los republicanos
      –como es lógico–, la procuradora Janet
      Reno decidió finalmente no nombrar un fiscal
      especial para investigar las supuestas violaciones de la ley
      en materia de financiamiento de campaña, con lo cual
      después de dar carpetazo al asunto, la procuradora
      puso fin a meses de angustia personal ante la disyuntiva de
      abrir la cloaca o ser fiel –por encima de su debida
      imparcialidad– al presidente que la
      apoyó.

      Cabe recordar que las violaciones directas
      reclamadas a Clinton son: la supuesta solicitud desde las
      instalaciones de la propia Casa Blanca de los citados fondos
      –usando infraestructura del gobierno– y la
      aceptación de cheques en
      la propia Casa Blanca por parte de los mandos de la
      campaña.

      Por otro lado, las violaciones de espíritu,
      también claras, consisten en que tanto el propio
      presidente, como un futuro candidato a la Presidencia, Gore,
      se aprovecharon de su condición de incumbents ante el
      resto de los candidatos comunes y corrientes que no pueden
      invitar a nadie a dormir en la histórica Casa
      Blanca.

      El ejemplo anterior es elocuente: La
      corrupción abierta o velada es fomentada por la
      reelección, porque lo que está en juego es
      el poder mismo, y para conservarlo los hombres están
      dispuestos a todo.

    3. La corrupción. La existencia de la
      reelección legislativa consecutiva lleva a tentaciones
      de abusos de poder político y económico que
      frecuentemente resultan irresistibles para muchos
      políticos. Se trata pues, no sólo de la
      corrupción abierta y descarnada que se
      presenta en muchos países del mundo en desarrollo,
      sino de una corrupción de fina factura
      que estira los límites de la legalidad y de la equidad
      al máximo, a veces violando el espíritu de las
      normas en materia de financiamiento de campañas, de
      licitaciones, de concursos públicos,
      etcétera.

      La reelección consecutiva impide per se la
      renovación de elites, o en el mejor de los casos, la
      pone en manos de muy pocos, lo que tampoco es
      deseable.

    4. Se impide la renovación de elites. Ya desde
      principios de este siglo, un célebre politólogo
      italiano, Gaetano Mosca, desarrolló una ya
      clásica teoría de las elites, en que, entre otras
      ideas, expuso que los sistemas
      políticos logran mantener un módico equilibrio y
      estabilidad generacionales permitiendo una indispensable
      "renovación de elites políticas", que no
      sólo refresca a los mandos políticos y de
      gobierno, brindando nuevas ideas y nuevas ópticas, sino
      que libera tensiones acumuladas por grupos de poder que
      generacionalmente buscan tener su oportunidad en el ejercicio
      del poder.
    5. Debilita inherentemente a la clase política. Una
      clase política que no se renueva –en el caso de
      este análisis, los representantes
      políticos ante una Asamblea– inevitablemente
      pierde vigor: vigor en el debate,
      vigor en las ideas y vigor político, ya que los retos
      de ciertos grupos
      sociales existentes no se trasladarán a la arena
      legislativa, puesto que la reelección configura un
      "club" cerrado de "caras conocidas".

      Para evitar esta modalidad negativa de la
      profesionalización, sólo cabe protegerse con
      medidas y requisitos filtradores que aseguren que los
      candidatos a puestos de representación política
      sean individuos aceptablemente honorables, rectos y
      confiables en el manejo de los asuntos legislativos
      nacionales.

    6. El mito de la profesionalización. El argumento
      de que la reelección promueve la
      profesionalización de una carrera legislativa, tiene
      como contraargumento el hecho de que en algunos contextos
      nacionales, lo único que se ha visto profesionalizado es
      el abuso del poder y la formación de cotos personales de
      influencia, "profesionalización" que en nada ayuda a la
      democracia real.
    7. Se favorece la formación de alianzas y
      vínculos "clientelares" entre representantes
      políticos y grupos de interés.
      Al existir ‘continuismo’ de personajes en un Poder
      Legislativo con reelección consecutiva, se
      facilitaría el que los poderosos e influyentes grupos de
      interés y de poder en México, intentaran y
      eventualmente lograran cooptar para usar un eufemismo, a
      verdaderos regimientos de legisladores favorables
      –sistemáticamente– a favorecer, representar
      y proteger los intereses de dichos segmentos de la sociedad en
      demérito de los intereses del bien común de toda
      la población que frecuentemente son contrarios a los de
      dichos grupos de interés y de presión.

    3.2 Otras alternativas para la
    profesionalización

    Definitivamente, sólo existe una alternativa
    viable para profesionalizar a los legisladores mexicanos: la
    capacitación y formación profesional
    intensiva. Dicho en términos llanos, "mandarlos a la
    escuela" para
    aprender a legislar cuando no demuestren tener formación
    en la materia.

    En ese sentido, resulta obvio que profesionistas en las
    áreas del Derecho, la Ciencia
    Política y quizá la Economía, la Sociología o la
    Administración, tengan la preparación necesaria
    para participar en dichos procesos, por lo que tomar esa
    formación –bien fuera a través de uno o
    varios cursos o
    diplomados– les sería opcional.

    Sin embargo, la cuestión radica en qué
    clase de pruebas o
    mecanismos de medición se diseñarían y
    utilizarían para comprobar cuantitativa y cualitativamente
    la preparación del actor político en tal sentido.
    No obstante, y aunque dicha propuesta parezca excesiva, en
    asuntos relacionados con la acertada dirección del país no se pueden
    aceptar fallas o titubeos de ninguna especie.

    Igualmente, y en recuerdo de las palabras de Lucas
    Alamán, debería reducirse el número de
    legisladores en cada Cámara, pues es verdad que no
    contribuye a su grandeza el numero sino la calidad de los
    individuos. Por tanto, debería empezar por anularse los
    escaños plurinominales. Algo es cierto: Si a los
    legisladores que recorren su distrito no les importa, en la
    mayoría de las veces, no regresar a éste, a los
    plurinominales, menos.

    Es más, si se recuerda, la razón de que se
    abriera en México la representación proporcional
    –primero, a través de los Diputados de partido y,
    posteriormente, a los Diputados y Senadores plurinominales–
    fue porque el autoritarismo priísta y las elecciones "de
    carro completo" impedían que otros partidos llegaran al
    Legislativo, sobre todo, gracias al fraude
    electoral.

    Así, la representación plurinominal
    sirvió, en un principio, para acallar los reclamos de la
    oposición, y después, para premiar o favorecer a
    otro tipo de actores políticos, tal y como se ha
    mencionado ya en la primera parte de este trabajo.

    Sin embargo, hoy la opción plurinominal
    más bien sirve para sobrerrepresentar a la
    población, máxime si se toma en cuenta que ni los
    legisladores plurinominales ni los uninominales representan al
    pueblo, sino a sus partidos y a sus intereses
    personales.

    Posteriormente, y si se llegase a justificar esta idea,
    se debería reducir el número de distritos
    electorales del país. No sirven 500 Diputados y 128
    Senadores que no representan realmente a nadie. Luego entonces,
    no hacen falta. Lo mismo que hacen ellos lo puede hacer el
    cincuenta por ciento de su totalidad, y además,
    ahorrándole un gasto excesivo e injusto a la
    nación.

    3.3 Candados para la
    profesionalización con base

    en la reelección
    consecutiva

    Como para el tesista no existen los pretextos, si aun
    con todo el estudio desarrollado se quisiera insistir en la
    reelección consecutiva y en la no eliminación total
    de la vía plurinominal para los legisladores mexicanos, o
    bien, en la no reducción drástica del total de
    legisladores, se pondrían los siguientes candados para
    garantizar tanto su profesionalización, como el
    cumplimiento de sus obligaciones
    para con los representados en sus distritos.

    1. Así, de una u otra forma, el legislador
      tendría que recorrer un Estado o un distrito
      forzosamente, adquiriendo un compromiso moral y
      real con el público.

      Además, se le obligaría a ganarse de
      ese modo el cargo, y a quedar bien con el público y no
      con el partido para merecerse la
      nominación.

    2. Si se hablara de los Diputados llegados por la
      vía plurinominal, se acepta que el primer período
      sea logrado por esta ruta, pero si se quiere reelegir, el
      mecanismo deberá ser la elección por vía
      uninominal.
    3. El Diputado uninominal podría acceder de nuevo
      por la misma ruta o por la vía de la
      representación proporcional, pero en una tercera
      reelección consecutiva, tendría que llegar de
      nuevo por la elección en un distrito o Estado.
      Igualmente, si se llegó por la vía plurinominal y
      después por la uninominal, el único camino de
      acceso deberá ser esta última.
    4. Lo idóneo es que en ningún caso se
      pueda ser Diputado o Regidor por más de tres
      períodos de tres años (9
      años).
    5. Para los Senadores de desaparecer la elección
      plurinominal y los de primera minoría, y sólo se
      verificará su acceso al cargo por el camino de la
      elección por mayoría relativa.

    Aquí, al comprenderse el período
    legislativo por 6 años, no se podrá elegir por
    más de dos períodos consecutivos, a menos que el
    período se reduzca a tres años y se pueda
    reelegir tres veces.

    4. La
    formación de una cultura política

    para el legislador
    mexicano

    Finalmente, se va a discutir la manera en que se
    deberá crear una cultura de la representación para
    el legislador mexicano. Al principio de este capítulo se
    dijo qué es, en qué consiste, cómo se forma
    y quiénes comparten una cultura política, y los
    tipos de ésta que existen.

    No obstante, es necesario precisar que los legisladores
    no deben tener una cultura unívoca de la
    representación, pues antes que todo, son ciudadanos, pero
    tienen principios que le dan esa facultad de erigirse en
    representante de un partido así como en representante del
    pueblo, pero siempre asumiendo ello con objetividad de acuerdo a
    la circunstancia y el momento.

    4.1 El sentido de la
    representación partidista

    Antes que todo, un partido político es una
    institución formada por ciudadanos con intereses, ideas y
    valores comunes o similares, con el fin de defenderlos y/o de
    pugnar por ellos en un órgano del poder público, o
    de establecer un régimen de gobierno inspirado en dichas
    ideas o valores para beneficio de la colectividad o
    nación.

    Luego entonces, tiene derecho a ser representante de su
    partido, pero lo importante es que el futuro legislador tome
    conciencia de que no debe ser, simplemente por mandato
    constitucional –si es que ello le inspira respeto y
    deber–, representante únicamente de su instituto
    político.

    Por otra parte, el legislador, como hombre de
    Estado, también debe pensar y actuar para tomar y ejecutar
    decisiones que sean positivas para la conducción de su
    localidad o del país, aun cuando muchos de sus
    representados o compañeros de partido no lo entiendan con
    claridad.

    Sin embargo, y para evitar rupturas, juicios y otra
    clase de molestias, siempre deberá mediar una
    explicación clara, objetiva y sincera acerca de sus
    razones y decisiones. Apelando a la cultura popular mexicana,
    "cuentas claras,
    amistades largas".

    4.2 El sentido de la
    representación popular

    En el marco del diseño
    constitucional mexicano, su función
    más importante serpa la de representar al pueblo, o sea,
    ser un representante de la nación, por encima incluso de
    los intereses partidarios. Por supuesto, pedirle a alguien que
    anteponga todo a sus intereses personales sería tanto como
    pedirle que despojara de su ropa en plena calle.

    Pero permitirle a un hombre que se despoje de su
    conciencia en aras de defender sus intereses y dejarlo que
    anteponga sus intereses o los de su partido a los de la
    nación, sería tanto como permitirle ver a alguien
    de su familia pender de
    una cuerda floja y no ayudarlo por no ensuciarse la ropa, o por
    no romperla o maltratarla.

    Por tanto, es esencial crear una cultura que fomente el
    valor de la
    representación popular en el legislador. No se pueden
    olvidar episodios vergonzosos en el pasado que permitieron
    legitimar proyectos que fueron nefastos para la vida de la
    nación sólo porque era la línea del
    presidente o del líder
    partidista, o por razones tales como la disciplina de su
    instituto político.

     

    EMILIO VELAZCO GAMBOA

    Mexicano. Licenciado en Ciencias
    Políticas con Especialidad en Administración
    Pública, Gobierno y Política Mexicana por la
    Universidad del
    Desarrollo del Estado de Puebla (UNIDES).

    Tiene los Diplomados en Derecho Electoral y en Derecho
    Constitucional, por la Universidad
    Cuauhtémoc. Actualmente es consultor académico e
    investigador independiente.

    http://
    emilio-velazco.galeon.com

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