Monografias.com > Política
Descargar Imprimir Comentar Ver trabajos relacionados

Coincidencias Plurales




Enviado por azonaim



    Ensayo acerca del enfoque de Derecho y
    política
    en la construcción del Estado
    Social

    Ensayo
    crítico-conflictual

    (Prólogo de Yolanda D`Elia)

    1. Generalidad
    2. Primera aproximación
      teorética
    3. Segunda aproximación
      teorética
    4. Tercera aproximación
      teorética. -¿Cómo se puede entender hoy la
      ciudadanía desde el enfoque de los Derechos con
      equidad?
    5. Cuarta aproximación
      teorética. La Construcción de Políticas
      Públicas desde una perspectiva de Derecho y Equidad,
      según Yolanda D`Elia
    6. Ideas Finales
    7. Referencias
      Bibliográficas

    …el individuo no
    vive sino en la esfera de su

    egoísmo y de sus intereses
    materiales…

    MAURICE JOLY

    ("Diálogo en
    el infierno entre Maquiavelo y
    Montesquieu".

    Barcelona-España,
    Editorial Seix-Barral, 1977, 73:2)

     …el nuevo Estado ha de estar edificado sobre
    el fecundo y creador PLURALISMO SOCIAL,

    igualmente superador del individualismo
    insolidario y desintegrador como del colectivismo
    totalitario

    y despersonalizador…

    ALFONSO GÁNDARA FEIJOO

    ("Del Estado Liberal de Derecho al estado Social
    de Derecho". Mérida-Venezuela,
    Edita Librería Universitaria, 1983, 45:2)

    … lo social se refiere a alguien que
    está

    haciendo su proyecto de
    vida…

    YOLANDA D´ELIA

    (Exposición
    magistral. Caracas-CENDES, 2004)

    GENERALIDAD

    La mayor libertad del
    hombre y los
    mayores márgenes de igualdad, son
    la premisa básica para internalizar un Estado Social
    moderno; la combinación de estos dos elementos se da en
    algunos autores en el sujeto y en la democracia, en
    otros se da en el contrato social y
    los acuerdos, en otros se da en los derechos. Los derechos
    sociales se conectan al desarrollo del
    principio democrático y al reconocimiento de una igualdad
    de los ciudadanos, que se extiende de la esfera política a
    los ámbitos social y económico. La política
    social desde los derechos sociales, es un instrumento de
    ejecución del Estado que permite potencializar la
    capacidad de los individuos para hacer frente a sus necesidades
    materiales y simbólicas, interactuando con el sistema
    político y actuando a través de la
    ejecución de esa política social. Las dos
    interrogantes de este estudio son contestadas por Marshall a
    través de su teoría
    ciudadana: ¿es la política social la
    materialización de un derecho o es el derecho del
    colectivo lo que influye en el Estado para
    la formulación de una Política Social? La
    política Social es la clara manifestación de un
    Derecho que le es inherente a las personas en la medida que ella
    cumple los deberes que le ha consagrado la
    organización política y jurídica de su
    entorno social. Ello nos hace llegar al enfoque de los derechos
    con equidad que ha
    adquirido relevancia al prosperar el llamado a respetar los
    derechos sociales, culturales y económicos, y a incluir
    muchas aspiraciones bajo la égida de los derechos humanos.
    La segunda incógnita: ¿La Política Social se
    ha de entender como un Contrato Social o
    como una medida de asistencia del Estado hacia con sus
    conciudadanos? La política social al surgir bajo la figura
    de un convenio entre las personas y la institucionalidad ha de
    cumplir deberes para acceder a derechos, infiriendo que se ha de
    entender como un contrato social que va actualizándose en
    razón de las necesidades más sentidas de la
    ciudadanía. En una palabra, desde la
    política social universal/asistencialista hasta la
    política social focalizada/compensatoria, ésta
    surge de la reivindicación de los derechos civiles y
    políticos en el siglo XX, tomando un nuevo cuerpo
    institucional en el que el Estado/Gobierno promueve
    el desarrollo de los derechos sociales entendidos como facultades
    jurídicamente reconocidas a todos (as) para realizar y
    exigir individual y colectivamente la satisfacción de las
    necesidades fundamentales que permitan participar plenamente en
    la vida social. Una política social de derechos y de
    equidad es corresponsabilidad, pero no es ni incentivadora ni
    selectiva, por ello se ha de profundizar

    PRÓLOGO

    Acerca del presente documento que entregaras a Thaís
    Maingón, tengo las siguientes cosas que decirte:

    Los temas que has tomado son de una enorme complejidad,
    nunca acabados y siempre discutibles porque entran en el campo de
    los valores.
    Sin embargo, creo que has hecho una exhaustiva revisión y
    muy valiosa de ideas, conceptos y líneas de trabajo que
    dan muchas luces. En esta misma línea ambiciosa, creo que
    estamos en los tiempos donde los conceptos se entrelazan, se
    combinan y se articulan para poder
    comprender nuestras sociedades, de
    por si complejas y cambiantes. Es por eso que lo que antes
    parecía antagónico, ahora parece que puede juntarse
    (aunque no fusionarse); No obstante, partimos de principios
    básicos: la mayor libertad del hombre y los mayores
    márgenes de igualdad. La combinación de estos dos
    elementos se da en algunos autores en el sujeto y en la
    democracia, en otros se da en el contrato social y los acuerdos,
    en otros se da en los derechos. Cualquiera de estas vías
    es válida y probablemente también son
    complementarias.

    En definitiva, lo que estoy diciéndote es que el
    pensamiento
    cambia y ahora estamos en un momento donde los pensamientos
    parciales y autoritarios, ya no tienen cabida. Eso no significa
    que la sociedad se
    comporte según este nuevo pensamiento, sino que existen
    nuevas utopías para atender los problemas
    actuales. Las preguntas que te haces son verdad en ambas
    direcciones. La Política social es producto del
    Estado y el Estado es producto de los conflictos y
    acuerdos de una sociedad. Creo que tus planteamientos son super
    importantes en todo el trabajo.
    Sólo te pido que revises en tu propuesta final el tema de
    la selectividad. Porque justamente rompe con la idea de derechos
    y de equidad. La idea es repensar estos conceptos, no
    reemplazarlos por ideas que los desconocen. La selectividad
    supone que cada quien en la sociedad resuelva sus problemas como
    mejor pueda. Eso, evidentemente es parte de la libertad, pero no
    lo es todo ni la garantiza. Acuérdate que nos necesitamos
    unos a otros, por eso la identidad del
    sujeto es social y por eso la autonomía que podamos lograr
    es individual pero también es colectiva. Requerimos de
    algo que dejaste aparentemente afuera, la solidaridad. No
    es posible vivir bien sin cosas que hacemos con los otros.
    Quisiéramos que la sociedad pudiera resolver sus
    conflictos de tal manera que se fortaleciera la
    cooperación y la solidaridad entre todos. Pero ello "no es
    factible". Viendo las evidencias
    puedes darte cuenta de que, con mas riqueza, con mayores
    capacidades e incluso con mayores libertades (porque son pocos
    los países que se plantean sistemas
    totalitarios ahora), no hemos logrado reducir las desigualdades,
    los niveles de precariedad y de abandono. Por eso es que el
    Estado o más bien un nuevo tipo de Estado debe surgir,
    tomando de las herencias del pasado lo mejor y empujando a que
    cada vez más las personas estén en primer lugar.
    Eso es lo que logran los derechos. Esto es lo que quiero que
    revises en tu propuesta final. Una Política de derechos y
    de equidad es corresponsabilidad, pero no es ni incentivadora ni
    selectiva. Revísalo y creo que el trabajo en su conjunto
    es estupendo.

    Un abrazo, Yolanda D`Elia

    Caracas, 26 de junio del 2004

    1.- PRIMERA
    APROXIMACIÓN TEORÉTICA

    En la revisión bibliográfica de documentos
    relacionados con la teoría social, se aprecia la urgencia
    teórica de "redefinir" los conceptos que le dan
    denominación operativa a la política social.
    Autores como Norbert Bilbeny , Carlos Sojo, Thaís
    Maingón y Lissett González A., coinciden en otorgar
    una condición de "valor" a la
    acción
    que instrumentaliza la política social. El "manoseado"
    concepto de
    que la política social ha de entenderse como el conjunto
    de medidas que contribuyen al mejoramiento de una
    situación determinada, cuyos objetivos son
    aminorar o/y regular los embates de la política
    económica, otorgándole denominación
    asistencialista, residual y de apoyo a la acción del
    Estado por brindar un cuidado al colectivo que es afectado por
    las condiciones fluctuantes e la economía, es un
    concepto que se ha quedado en la superficialidad y ya no cuenta,
    en el ámbito de los nuevos actores de la teoría
    política social, con mayores defensores que no intenten
    dar un sentido renovado y real de lo que significa para un Estado
    proyectar líneas estratégicas en el ámbito
    social.

    La búsqueda nos lleva a la propuesta de Kenneth
    Boulding (citado por Maingón), quien señala que la
    política social toca todos los aspectos de la vida social,
    por lo tanto su condición es de identidad con la comunidad, siendo
    su objetivo la
    construcción de una identidad asociada que promueva la
    integración con el ámbito
    institucional. A este respecto recalca Maingón:
    "…la política social tiene que ver directamente con
    el sistema de
    integración social, y esto incluye todos los aspectos de
    la vida social que están caracterizados no tanto por el
    intercambio (…), sino más bien por la transferencia
    unilaterales que son justificadas a través de elementos
    que construyen identidad, legitimidad, comunidad, justicia y
    equidad".

    A todo esto, siguiendo el esquema teórico de
    Maingón, se delinea lo que sería una primera
    aproximación a ese nuevo concepto de política
    social: "…uno podría concluir que la
    política social es aquella política que gobierna la
    naturaleza de
    todas las relaciones intrasocietales, pasando por la calidad de
    vida y ayudando a mantener los niveles de bienestar en una
    sociedad dada. Así, la política económica
    está incluida en el modelo de
    política social propuesto como uno de los componentes
    instrumentales." A este punto de vista teórico
    Maingón y Lacabana han llamado "política
    socialmente ajustada", en donde se le da importancia al problema
    de los valores, en
    especial el de la equidad. Sin embargo, y en ello coincido con
    los autores, esta percepción
    de la política social no puede materializarse hasta tanto
    no tengamos una visión de sociedad distinta, en la que el
    Proyecto Nacional sea coherente, tanto en el discurso
    ideológico como en el metodológico.

    Cerrando el círculo, y apoyándonos en algunas
    ideas de Lissette González A., la política social
    está encaminada, en esta realidad de Estado
    Democrático y con clara influencia de una visión
    neoliberal (que es el caso de Venezuela, como referencia
    directa), a lograr cambios en la sociedad que conduzcan al logro
    de metas, bajo dos condiciones esenciales: una, las valorativas,
    en la cual la equidad juega un papel importante, destacando que
    su razón de ser es el de establecer puentes coherentes
    entre las necesidades y la respuesta del Estado; y otra, la
    instrumentalización de la Planificación en todos los estadios del
    proceso de
    emisión de las políticas
    sociales.

    El eje conciliador, a nuestro entender, entre necesidades y
    respuesta del Estado, es la Planificación como instrumento
    codificador y decodificador, de la política social, a
    efecto de hacerla factible en tiempo real. A
    mi entender de nada vale una política social sino no es
    proyectada en condiciones de factibilidad. Si
    no se realiza, no es política social; y si se plantea en
    razón de cuadernos de trabajo asistencialistas, sin ser
    parte de una planificación social dirigida, no es
    más que "políticas populacheras", más de la
    mediocridad a que nos tienen acostumbrados por Gobiernos
    latinoamericanos.

    Ludwig Guendel, quien forma parte del equipo de la investigación del proyecto la
    Política Social en la era industrial: un Estudio
    Comparativo de América
    Latina, y es actualmente funcionario del programa para
    UNICEF y profesor en la
    Universidad de
    Costa Rica, ha
    presentado algunas consideraciones valiosos para entender la
    relación política social-derechos sociales.

    Según Guendel, la base para entender esta
    relación está en la perspectiva del concepto de
    igualdad, el cual se abordaba en tres enfoques: (1) el enfoque
    estructural, referido al acceso a la riqueza social; (2) el
    enfoque de las oportunidades relacionado con la igualdad de
    condiciones para el acceso al mercado; y (3) el
    jurídico o formal, vinculado con la igualdad ante la
    ley. El
    enfoque de los derechos humanos, amplia Guendel, tiene una
    visión jurídica, política y distributiva de
    la igualdad, postulando el concepto de igualdad social o
    cultural, que es el producto de la relación entre la
    noción de igualdad y el valor de la libertad. En una
    palabra, formular canales de participación social que
    respeten la individualidad e influyan de manera directa en los
    problemas
    sociales que confronta un colectivo por la razón misma
    de ser heterogéneo y dinámico, y no por mandato de
    intereses o intenciones particulares.

    Guendel, como aporte teorético significativo, expone en
    su ensayo Políticas Públicas y Derechos
    Humanos
    , que hay la necesidad de considerar algunos
    requisitos para formular una política pública con
    enfoque de derechos: 

    1. Una primera condición consiste en alcanzar un
    respaldo jurídico en el cual se explicite el
    reconocimiento de los derechos específicos del grupo de
    personas que lo demandan, se establezcan mecanismos pertinentes
    de exigibilidad y las regulaciones necesarias para garantizar la
    obligatoriedad de la ley. El derecho expresa más que una
    voluntad política, manifiesta una toma posición
    ética
    sobre la inclusión social de los grupos
    demandantes.

    2. Una segunda condición es que esta política
    debe tener una cobertura universal, ya que los derechos humanos
    son un reconocimiento universal de acceso a ciertos bienes y
    servicios,
    tratos y garantías de protección. Las
    políticas selectivas establecidas deben de estar
    orientadas a fortalecer la equidad, como un instrumento que
    permita garantizar dicha universalidad, es decir, la
    inclusión de todas las personas sin ningún tipo de
    discriminación. 
    3. Una tercera condición es que se debe incorporar de
    manera explícita y diáfana mecanismos que
    garanticen la participación activa de las personas
    individual u organizadamente. No es suficiente que participen,
    deben crearse los mecanismos para asegurar que esta
    participación sea calificada y no corporativa. 

    4. Una cuarta condición consiste en que debe propiciar
    de manera manifiesta una serie de mecanismos de carácter técnico, político y
    cultural dirigidos a la atención, promoción y protección de tales
    derechos. Debe garantizarse una discusión
    epistemológica permanente que someta cada uno de los
    actos, mecanismos y estrategias de
    intervención a la evaluación, con el objeto de que se
    resguarde el principio de que la persona humana se
    encuentra por encima de cualquier consideración
    técnica o política. 

    La política pública con enfoque de derechos,
    culmina Guendel, va más allá de lo estatal
    así como amplía lo público fuera de los
    límites
    que establece el sistema político-administrativo formal;
    tiene como imperativo organizar y orientar las acciones que
    realizan los diversos sectores sociales involucrados en redes que articulen lo local
    y lo nacional, lo privado y lo público en torno a la
    efectiva observancia de los principios éticos y morales
    que respaldan los derechos humanos.

    El Estado, al concurrir en él el Poder y el Contrato
    Formal ( llámese Derecho), se desenvuelve en la Sociedad a
    través de "la política" ( "lo político"
    corresponde al estudio de las ideas y los hechos
    históricos que han marcado la acción de "la
    política"), y acerca de ésta podríamos decir
    que se "refiere a procesos,
    tanto sociales, políticos como económicos, que
    conducen a la toma y ejecución de decisiones a
    través de las cuales se adoptan o se asignan valores , a
    una parte de o a otra sociedad. Estas decisiones son realizadas
    por quien o quienes tienen la autoridad
    política para ello. Estas decisiones pueden o no estar
    basadas en el consenso.

    Esta visión no nos deja claro dos aspectos: ¿es
    la política social la materialización de un derecho
    o es el derecho del colectivo lo que influye en el Estado para la
    formulación de una Política Social?; y si, desde el
    punto de vista de los derechos sociales, la Política
    Social se ha de entender como un Contrato Social o como una
    medida de asistencia del Estado hacia con sus conciudadanos.

    La revisión al trabajo de José Luis Coraggio,
    así como a otros autores de tendencia neoliberal, nos ha
    dado la razón de afirmar que si bien es cierto la
    política social viene dada producto de una necesidad de
    reivindicar los derechos fundamentales de los ciudadanos, no es
    menos cierto que su espacio fue ganado en la medida que las
    propuestas del Estado en el ámbito social se fueron
    materializando en los diversos países del mundo.

    Si nos remontamos a los orígenes de los derechos
    sociales, hay que partir del siglo XIX, en especial a la
    influencia de los partidos social-demócrátas y a
    los movimientos sindicales, por un lado, y a la doctrina social
    de la iglesia, por
    otro. A lo largo del siglo XIX, los conflictos de clase se
    tradujeron en una serie de exigencias de carácter
    socio-económico, que pusieron de relieve la
    insuficiencia de los derechos individuales de origen liberal.
    Tales reivindicaciones determinarán un cambio en la
    actividad del Estado, que progresivamente abandonará su
    postura abstencionista y recabará, como propia, una
    función
    social. Es a partir de la Constitución de Weimar, de 11 de agosto de
    1919, que la nueva función del Estado se plasma en el
    reconocimiento de unos derechos de carácter social,
    incluidos entre los derechos fundamentales. A diferencia de los
    derechos humanos tradicionales, que especifican el principio de
    libertad, los derechos económicos y sociales desarrollan
    las exigencias de la igualdad.

    Los derechos sociales tratan de garantizar una igualdad
    esencial, como atributo de la persona y presupuesto de su
    libertad, que facilite la autonomía y desarrollo integral
    del ser humano en las esferas en que se desarrolla su vida real.
    La formulación de los derechos sociales se conecta al
    desarrollo del principio democrático y al reconocimiento
    de una igualdad de los ciudadanos, que se extiende así de
    la esfera política a los ámbitos social y
    económico. En el orden liberal e individualista que
    propugnaba el abstencionismo estatal, se apela a la
    intervención del Estado para configurar un orden social
    equilibrado. El Estado asume el deber de llevar a cabo una
    "procura existencial". Los derechos sociales son el fruto del
    tránsito del Estado de derecho
    liberal al Estado social de derecho.

     En el desarrollo de los derechos sociales, corresponde
    un papel decisivo a la doctrina y la práctica normativa de
    los países socialistas, destacando que los derechos
    sociales ocupaban un lugar primordial en la concepción de
    un Estado que ha de valorar lo social sobre lo económico.
    Los principios básicos de la estructura
    social y el ejercicio de todas las libertades, obligaban al
    Gobierno y a los distintos órganos sociales, a que se
    promuevan condiciones para hacer efectivo, para los ciudadanos,
    los derechos de carácter económico, social y
    cultural.

     Desde otra perspectiva, la doctrina social de la iglesia
    también ha contribuido a la evolución de los derechos sociales. La
    encíclica Rerum novarum, de 15 de mayo de 1891,
    marcó un hito en la intervención de la iglesia en
    el orden temporal y convirtió a León XIII en el
    gran Pontífice de la cuestión social.

    La motivación
    de la encíclica fue la situación angustiosa en que
    vivía el proletariado, la lucha entre los que lo
    tenían todo y los que no poseían nada. Desde
    entonces, la doctrina social de la iglesia ha ido perfilando el
    alcance de los derechos sociales. Así, la encíclica
    Pacem in terris, de 1963, establece una conexión
    esencial entre la dignidad de la
    persona y los derechos fundamentales. El hombre
    tiene, por sí mismo, derechos y deberes, que dimanan
    inmediatamente y al mismo tiempo de su propia naturaleza; tales
    derechos y deberes son universales e inviolables, y no pueden
    renunciarse bajo ningún concepto. Para la doctrina social
    de la iglesia, el bien común se puede cifrar, en nuestros
    días, en la defensa y promoción de los derechos y
    deberes de la naturaleza
    humana. Los derechos humanos que brotan del trabajo entran en
    el más amplio contexto de los derechos fundamentales de la
    persona, y tienen como antecedente un deber de trabajar. La
    encíclica Laborem exercens, de 1981, escrita por
    Juan Pablo II con ocasión del noventa aniversario de la
    Rerum novarum, contiene la formulación
    más reciente de la doctrina social de la iglesia en el
    ámbito laboral.

    Estos antecedentes, histórico-políticos, nos
    hacen apreciar que la relación "política
    social-derechos sociales" no viene establecida desde la
    aplicación de un derecho, sino que una vez que el Estado
    ha propiciado una conducta social,
    el ciudadano se hace portador de un Derecho Adquirido y por ende,
    en términos jurídicos, se marca un
    precedente que obliga al Estado a seguir cultivando esa
    línea de acción. Ante esta realidad, no queda
    más que apreciar, desde el ámbito de los derechos
    sociales, la política social existente, porque intentar
    visualizar un marco de política social instaurada o
    motivada por la existencia de derechos sociales, sería
    normatizar una situación social que se debe más a
    la dinámica y a los cambios que a una conducta
    dirigida por el orden jurídico de una sociedad.

    Una muestra de esta
    dinámica y cambio de "lo social" en el espectro de la
    comunidad política organizada, lo plantea Carlos Sojo, al
    referirse que la política social, una vez aplicada y
    relacionada con los derechos sociales, ha ampliado su espectro.
    Ya no es sólo necesidades de salud, nutrición o educación lo que
    ocupa las prioridades, sino que la cuestión ambiental y la
    sostenibilidad de los recursos
    naturales, así como el problema de la
    participación en la toma de
    decisiones políticas, son hoy la vanguardia de
    las demandas sociales del colectivo.

    Ante esta dinámica Carlos Sojo propone tres niveles de
    observación que a su entender
    permitirían apreciar la relación de la
    política social con los derechos sociales, en un tiempo
    real que nos permita distinguir el carácter multiplicador
    de las condiciones de bienestar más allá del efecto
    inmediato de la aplicación de la política social.
    Se refiere a: el
    conocimiento, el cual permite la incorporación de mano
    calificada al trabajo; la salud, por la vía de la
    prevención y la atención primaria, que
    evitaría gastos elevados
    en este concepto en sociedades reprimidas económicamente;
    y la participación política, que le
    daría a los ciudadanos la posibilidad de tener presencia
    en la toma de decisión política que evalúa
    sus demandas sociales.

    En una palabra, la política social desde los derechos
    sociales, es un instrumento de ejecución del Estado que
    permite potencializar la capacidad de los individuos para hacer
    frente a sus necesidades materiales y simbólicas,
    interactuando con el sistema político y actuando a
    través de la ejecución de esa política
    social.

    Si bien es cierto, la política social se debe a
    la
    personalidad política de un Estado Benefactor, tal
    cual lo expresa Norbert Bilbeny, no es menos cierto que a pesar
    de que ese Estado (en condiciones democráticas y
    neoliberales) haya evolucionado hacia la figura de un Estado
    Gerente,
    galante de las políticas que instrumentaliza y generador
    de productividad
    para el colectivo, aún mantiene, en su visión a
    largo plazo, la necesidad de seguir siendo reconocido como Estado
    Benefactor, puesto que el fin último y continuo de las
    nuevas ofertas políticas en latinoamérica, se circunscribe en ofertar
    "bienestar" por sobre todas las cosas.

    El Estado de bienestar, según lo define Bilbeny, es un
    proyecto, así como un modelo de sociedad, que constituye
    el principal punto programático de gran número de
    ideologías y partidos
    políticos actuales. Surgió en la segunda mitad
    del siglo XX, y su razón de ser es que el gobierno de un
    Estado debe ejecutar determinadas políticas sociales que
    garanticen y aseguren el bienestar de los ciudadanos en
    determinados marcos como el de la sanidad, la educación y, en
    general, todo el espectro posible de seguridad
    social.

    El Estado de bienestar no hace sino generar un proceso de
    redistribución de la riqueza, desde donde las sociedades
    desarrollen y ejerciten sus políticas tendentes a
    conseguir un cierto Estado de bienestar. Pese a ello, sí
    existen diferencias entre las políticas que en este
    sentido aplican los partidos de tendencia liberal más,
    cuyo punto de vista es conservador, entiendo el Estado de
    bienestar como la garantía de que ningún individuo
    subsista por debajo de un mínimo umbral de calidad de vida;
    y las formaciones socialistas o socialdemócratas para las
    cuales el Estado de bienestar significa la posibilidad de
    construir una sociedad más justa y solidaria.

    Ahora bien, lo que se aspira que prevalezca es un "Estado para
    el Bienestar" y no la idea liberal del "Estado de Bienestar "que
    se definió anteriormente. Esta visión del "Estado
    para el Bienestar", va más allá de planteamientos
    ideológicos, se concentra en la factibilidad de las
    situaciones. Es decir, en la ejecución concreta y completa
    de una Planificación Social.

    Para efectos de los estadios que descriptivamente determinan
    el avance de la Planificación como eje promovedor de la
    política social, en razón de realidades sociales
    determinadas, se construyen definiciones operativas de nuevos
    valores que toma la Planificación según su
    ingerencia directa en la guía hacia la
    consolidación de la política social en un tiempo
    histórico determinado. Hablamos de una
    Planificación Social que de acuerdo a las necesidades
    orienta una respuesta directa al colectivo; de allí, en la
    medida que esas necesidades pasan a ser parte de una gestión
    de Gobierno, del Estado Benefactor, se hace cada vez más
    necesario que la atención se circunscriba en torno a
    la pobreza
    como indicador a llevar a sus mejores dígitos de
    inexistencia. Una vez que ese Estado Benefactor logra motivar al
    colectivo con su propuesta social, esta se transforma en Programas
    Asistenciales que aspiran alcanzar la Igualdad de
    Oportunidades.

    La Política Social puesta al servicio del
    colectivo se transforma en un derecho adquirido que a su vez
    alimenta el espíritu de las organizaciones de
    la Sociedad para exigir el cumplimiento de los acuerdos y
    reconocimientos que el Estado en su deseo de Igualdad Social
    ofreció a la colectividad. Se incrementa las demandas y
    con ello se hace necesario recurrir a la Planificación
    Situacional, cuyo ideólogo fue Carlos Matus, a efecto de
    poder orientar y hacer factible todos esos requerimientos sin que
    ello constituya un obstáculo para el desarrollo de otras
    políticas del Estado.

    En cuanto a los Derechos, es importante resaltar la figura de
    la Planificación Ideológica (argumento de
    José Luis Coraggio), la cual es el ordenamiento de las
    actividades y orientaciones que se le ha de dar al factor
    político en el marco de la visión de Estado que se
    oferta como
    Gobierno. Planificar la ideología es construir mecanismos de
    factibilidad de la razón de ser inspirativa de los
    Gobiernos. Es decir, darle un sentido coherente con las
    necesidades y programas asistenciales, a la concepción de
    mundo y de sociedad de los Partidos o Movimientos
    Políticos. Porque muchas voces habrán decretado
    la muerte de
    la partidocracia, así como del neoliberalismo, pero nadie podrá esperar
    nuevos esquemas de organización política, tal cual lo
    expresa Bilbeny, sin que ello implique los valores
    democráticos y de libertades de las sociedades. En este
    siglo XXI, no hay lugar para las "oligarquías
    socialistas".

    2.-SEGUNDA
    APROXIMACIÓN TEORÉTICA

    La política social es una respuesta de un Estado a las
    demandas del colectivo; por otro, los derechos son el producto de
    un acto noble de la humanidad que no es más que delegar en
    unos cuantos la responsabilidad de todos en hacer posible un mejor
    medio social de convivencia. Es decir, a ese ciudadano
    "burocratizado" que expone fielmente Rolf Schoroers, con sus
    vicios y bondades, le hemos entregado la autoridad de tomar la
    decisión de darnos lo que necesitamos para tener, por lo
    menos, una "vida sustentable".

    El Estado ha pasado a detentar un papel fundamental en la
    regulación de las relaciones sociales y en el
    funcionamiento del mercado, cuyo propósito es prevenir las
    crisis
    periódicas del capitalismo,
    asegurar el pleno empleo,
    proveer a través de políticas sociales universales
    servicios básicos a los ciudadanos, luchar contra la
    pobreza. En
    este contexto de crecimiento
    económico, de desarrollo y expansión industrial
    y tecnológica, de expansión del empleo, se
    consolida la sociedad salarial: el empleo asalariado se conforma
    en el factor de inclusión social por excelencia. La
    sociedad capitalista industrializada, en el marco de los derechos
    sociales, reproduce una equiparación conceptual entre
    trabajo y empleo. Consecuentemente, el ser trabajador se
    constituyó en un aspecto central de la identidad social y
    cultural de los sujetos, condición que operaba como fuente
    de derechos y beneficios. Sobre esta idea se configuraron los
    sistemas de políticas sociales. El acceso a muchos bienes
    y servicios directamente relacionados con el bienestar
    está determinado por el modo de inserción en el
    mercado de trabajo.

    El neoliberalismo ha tenido que enfrentarse con la virtual
    imposibilidad de dar por tierra con el
    complejo de instituciones
    sociales producidas por el pacto social entre capital y
    trabajo. El verdadero obstáculo ha sido el nudo de
    relaciones institucionales y compromisos políticos y
    sociales condensados en el Estado de Bienestar. Se han realizado
    esfuerzos destinados a limitar la participación del Estado
    en la labor del bienestar social, y a transferir dicha
    responsabilidad a personas, organizaciones de voluntariado y al
    mercado comercial privado. Es decir, el principio de la
    responsabilidad que tienen los estados para asegurar el bienestar
    de sus ciudadanos se ha erosionado considerablemente.

    Si nos ubicamos en el ideario neoliberal-neoconservador es
    evidente que las políticas sociales persiguen como
    objetivo "contener y amortiguar" los "efectos no deseados del
    modelo", e implícitamente, disminuir los riesgos de
    conflicto y
    contener la crisis socio-política, a través de
    prestaciones
    focalizadas, destinadas a los más excluidos del
    sistema.

    Conforme con la visión liberal, las políticas
    sociales se reducen en ayudas directas a partir de la
    asignación de un subsidio en dinero, sin
    posibilidades siquiera de lograr una estructuración en el
    consumo. De
    tal modo, se pasa de una política de estado que aspira a
    actuar sobre las estructuras
    mismas de la distribución a otra que solo pretende
    corregir los efectos de la distribución desigual de los
    recursos en
    capital económico y cultural, determinando una "caridad de
    Estado", como en los tiempos de la filantropía religiosa,
    a los pobres meritorios.

    Es necesario construir una alternativa que implique un cambio
    al predominio conceptual neoconservador (pensamiento
    único, único camino, única posibilidad). Ese
    "camino alternativo" debe sustentarse en un modelo de desarrollo
    que asegure igualdad de oportunidades en el acceso a bienes
    social y económicamente relevantes. Pensar en los sujetos
    de las políticas sociales supone pensar en términos
    de igualdad la cual a su vez supone equidad. La política
    social debe retomar su contenido de justicia redistributiva
    basada en los valores de la solidaridad colectiva, debe
    posibilitar construir una igualdad sustantiva que deje de ser una
    mera propuesta niveladora y se transforme en un proyecto
    habilitador del desarrollo
    humano, proyecto que debe permitir la vigencia plena de la
    noción de ciudadano. Al respecto, podemos observa que
    históricamente hubo una evolución en el concepto de
    ciudadanía moderna: primero la ciudadanía
    civil
    , referida a una serie de derechos asociados a la
    libertad; luego la ciudadanía política
    relacionada con el derecho a participar en el ejercicio del poder
    político y finalmente la ciudadanía social,
    consistente en el derecho a poseer un nivel adecuado de
    educación, de salud, de habitación, de seguridad social,
    entre otras.

    La distinción entre ciudadanías civil,
    política y social tiene sentido considerarla así
    desde una perspectiva histórica. Pero, por el complejo de
    derechos que cada una supone y la estrecha interrelación
    que existe entre ellos, podemos afirmar que la ciudadanía
    es un sistema, porque necesariamente el inadecuado ejercicio de
    algún derecho repercute en los restantes. Es evidente que
    el Estado debe recuperar el protagonismo como actor social
    central de las sociedades modernas, a efectos de cumplir su
    obligación de respetar, proteger, garantizar y promover
    cada uno de estos derechos.

    Ahora bien, haciendo cuentas a la
    percepción teórica de Ashis Nandy, la visión
    de una política social sin derechos sociales, o viceversa,
    trae consigo una vieja discusión en el campo
    teorético, puesto que más de un investigador ha
    tratado de responder: ¿qué enlace existe entre
    derechos sociales y la política social conocida de forma
    práctica en las propuestas del Estado Benefactor? Ya he
    intentado enfocar este aspecto en la primera parte de este
    ensayo, aunque
    mi posición se ve claramente influenciada por le
    teoría del derecho, en cuanto a que la política
    social surge como propuesta de Estado y luego pasa a ser parte
    del marco normativo del Estado de Derechos. Ese factor ausente,
    llamémoslo "el tercer incluido" que viene a relacionar los
    "derechos sociales y la política social" en la ruta a una
    respuesta coherente con las exigencias y demandas de una
    sociedad, viene a ser el concepto de Ciudadanía. Este
    concepto, desarrollado ampliamente por T.H. Marshall nos expresa
    cuál es la condición social de un miembro nativo o
    naturalizado de una ciudad o Estado.

    La ciudadanía, si la enfocamos en el marco de la
    teoría política, es la posición que ocupa
    una persona como miembro de un Estado con derechos y deberes
    definidos. Esta idea es asociada históricamente a la
    Revolución
    Francesa del siglo XVIII que logró derrocar a la
    monarquía (en la que los ciudadanos eran
    súbditos de la Corona, carecían de derechos y
    debían acatar las leyes que ellos
    no podían establecer). La guerra de la
    Independencia
    estadounidense logró derrocar de forma similar a la Corona
    británica para promulgar a continuación una
    Constitución de libertades ciudadanas. El concepto de
    ciudadanía, base y fundamento de la legitimidad y la
    representación política aparece en la primera
    Constitución liberal española de 1812, pero
    también se extendió por toda la América
    española, sirviendo de fundamento a los movimientos de
    emancipación, que desembocaron en la independencia y la
    redacción de las constituciones liberales
    en los nuevos países.

    La teoría moderna de la ciudadanía, que surge
    con las publicaciones de Thomas Paine, ha sido modelada por T.H.
    Marshall como una lucha entre el sistema de clases
    sociales y los derechos de los ciudadanos. El sistema de
    clases utiliza el mercado para conferir poder y ventajas
    sociales, y el resultado de la mercantilización del
    estatus social es, típicamente, la desigualdad. La
    ciudadanía se relaciona con el Estado para demandar
    derechos para sus miembros y, a cambio, el Estado le impone
    deberes como el servicio militar o el cumplimiento del derecho
    vigente. El creciente poder de la ciudadanía se inicia con
    la inauguración de los derechos fundamentales de
    hábeas corpus en el siglo XVIII y a
    continuación sigue con la lenta difusión del
    sufragio
    político en el siglo XIX y la posterior extensión
    de los derechos sociales a las pensiones, la sanidad y la
    educación; para algunos teóricos, entre quienes se
    suman Alfonso Gándara, el sistema de clases y la
    ciudadanía están en pie de guerra y el Estado de
    bienestar es su campo de batalla actual.

    Como se puede apreciar este aporte de Marshall responde a la
    interrogante inicial que se planteó: ¿es la
    política social la materialización de un derecho o
    es el derecho del colectivo lo que influye en el Estado para la
    formulación de una Política Social? La respuesta se
    expande por sí sola: es la clara manifestación de
    un Derecho que le es inherente a las personas en la medida que
    ella cumple los deberes que le ha consagrado la
    organización política y jurídica de su
    entorno social. Por ello, visualizar que un Estado produce o
    promueve la política social y luego esta se transforma en
    derecho, por esa vía del derecho adquirido, es una idea
    muy débil que no se sustenta teóricamente. Lo que
    quizás sí se mantenga es el evidente descuido que
    ha padecido la planificación como orientación de
    las políticas sociales. La planificación ha de ser
    rescatada siendo adecuado hablar de un nuevo enfoque de
    planificación hacia los asuntos sociales. Me refiero a la
    Planificación Ideológica, la cual vendría a
    ser, en un segundo intento teórico de
    conceptualización, la orientación de los
    intereses políticos del Estado y la Sociedad
    , en
    razón de las condiciones ideológicas que promueve
    el orden social constituido.
    Es decir, una
    planificación que partiendo de la base situacional
    (planificación estratégica
    situacional de Carlos Matus), nos permita reordenar el aparato
    Estado en su misión de
    responder a las necesidades de un colectivo, pero en esta
    oportunidad, en función de valores y preceptos de
    sensibilidad humana que fortalezcan el crecimiento y legitimidad
    del Sistema Político. Acá nos encontramos con la
    equidad y sus circunstancias.

    Para Héctor Assael, Director, División de
    Comercio
    Internacional, Transporte y
    Financiamiento
    CEPAL, no es sencillo definir el concepto de equidad, pese a que
    muchas veces se ha ensayado con distinta suerte. Sin embargo,
    cuando uno busca definirla, se está pensando en la
    igualdad de oportunidades, esencialmente económicas, y en
    los caminos para avanzar hacia ella. Esa equidad se manifiesta y
    mide en el espectro racionalista, a través de la
    distribución del ingreso personal o
    familiar de los países, con metodologías
    generalmente aceptadas de cuantificación y
    simplificación de lo que se considera una buena y justa
    distribución de los recursos.

    Para ver este capitulo completo
    seleccione la opción "Descargar" del menú
    superior

    3.- TERCERA APROXIMACIÓN
    TEORÉTICA

    ¿CÓMO SE PUEDE
    ENTENDER HOY LA CIUDADANÍA DESDE EL ENFOQUE DE LOS
    DERECHOS CON EQUIDAD?

    El modo en que definimos
    ciudadanía está estrechamente ligado al tipo de
    sociedad y de comunidad política a la cual aspiramos.
    Más allá que como ciudadanos, expresa
    Gándara (1983), somos sujetos de derechos frente al
    Estado, también como ciudadanos debemos ser capaces de
    expresar nuestros ideales e intereses, organizándolos y
    articulándolos a nivel social. La participación de
    la ciudadanía contribuye a la redefinición de lo
    público (parafraseando acá ideas de Nuria Cunill
    Grau, 1997) quitándole el uso exclusivo de lo
    público a lo estatal. El sentido último de la
    ciudadanía es que la gente común y corriente pueda
    ocuparse de los asuntos de la ciudad y el Estado.

    Podemos entender la ciudadanía
    hoy desde un enfoque de derechos y equidad, tenemos que reconocer
    las condiciones que aún cuando nos identifica con
    distintos tipos de derechos y su ejercicio, con distintos tipos
    de necesidades y su satisfacción, induce al sometimiento
    de reglas que determina el Estado o la comunidad política.
    Así, la ciudadanía puede entenderse como un
    principio de articulación que incluye todas las posiciones
    de las personas, reconociéndose lealtades
    específicas y respetando la libertad
    individual.

    Algunos elementos básicos para
    el concepto de ciudadanía, esgrimidos por autores como
    Cunill Grau y Norbert Lechner, son: 1. Coexistencia de derechos
    individuales y colectivos; 2. Lo público no es sólo
    lo estatal, lo público nos pertenece a todos, por lo tanto
    las visiones tecnocráticas de la gestión
    pública no sirven en la construcción de ciudadanos,
    ya que nos quitan protagonismo y propiedad; y
    3. La ciudadanía emerge como un asunto político,
    como parte de un proceso por construir, estrechamente vinculado a
    la negociación de intereses presentes en
    ella.

    En cuanto a los derechos civiles y
    políticos, valga destacar que son un tipo de derechos
    ciudadanos que reciben el calificativo de primera
    generación y surgen de Bill of Rights de
    1689, de la Declaración de Independencia de EE.UU., en
    1776 y de la Declaración de los Derechos del Hombre y del
    Ciudadano en Francia de
    1789. De esta forma, todos nosotros somos objeto de una doble
    consideración por parte de la Ley: como persona humana y
    como miembro activo del Estado.

    Como persona, citando ideas de
    Félix Bombarolo (2003), nos corresponden los derechos
    civiles, que son derechos inherentes a nuestra condición
    humana. Son derechos civiles, la vida, la libertad, la propiedad,
    expresar libremente el pensamiento, entre otros; todo tipo de
    discriminación atenta contra los derechos
    civiles. Y como miembro del Estado nos corresponden los derechos
    políticos, que nos habilitan para tomar parte en la
    vida cívica del país; el concepto de
    participación ciudadana es una expresión del
    ejercicio de nuestros derechos políticos. Nuestros
    derechos ciudadanos, le suponen al Estado a lo menos:
    restricciones a su acción, ya que el ejercicio de estos
    derechos establecen una esfera de autonomía individual
    para las personas y las colectividades; desarrollo legislativo,
    de instituciones, procedimientos y
    otras garantías para su ejercicio; y el deber y la
    obligación de respetarlos y garantizarlos a todos los
    individuos. En una palabra: los derechos ciudadanos son deberes
    del Estado.

    En cuanto al papel de la participación ciudadana en el aparato
    Estado, hay que destacar la figura de la gestión
    pública para reconocer qué canales tiene de
    participación el ciudadano común que aspira hacer
    valer su derecho político. Por gestión
    pública se ha de entender la manera de organizar el uso de
    los recursos para el cumplimiento de los objetivos y tareas del
    Estado, la participación ciudadana en la
    gestión pública se refiere al rol del ciudadano en
    cuanto partícipe y en cuanto usuario de las decisiones y
    gestiones asociadas a la implementación de acciones
    públicas. Ahora bien: ¿Qué importancia tiene
    el reconocimiento de la participación ciudadana como un
    derecho? Esto nos lo respondió Gándara en 1989, en
    una nota tomada en una de sus conferencias con respecto a la
    idealización de la Sociedad Participativa que
    conservamos: "En primer lugar la
    participación ciudadana es un pilar del fortalecimiento de
    la democracia y de la gobernabilidad democrática, permite
    estar más cerca del ejercicio de la responsabilidad
    pública, e incluso tener responsabilidad en ella. Aumenta
    la comprensión del quehacer público y el conocimiento
    de lo que hace realmente. Facilita la transparencia y el control social.
    En segundo lugar, porque se considera que una sociedad civil
    fuerte y organizada y un Estado moderno, en mutua
    cooperación, son requisitos necesarios para lograr el
    desarrollo esperado…"

    A todo esto hay que destacar el Informe del PNUD
    de Desarrollo Humano para América Latina, del 2002, el
    cual concluye que América Latina arrastra un
    déficit cultural que tiene una larga historia. La
    transición a la democracia ha hecho un intenso trabajo por
    devolver a los latinoamericanos el derecho de decidir por si
    mismos hacia dónde quieren ir y por qué medios.

    El informe dice que tenemos una diversidad, pero que
    está disgregada, no integrada. La invitación es
    entonces a articular nuestra diversidad en un "proyecto
    país" que contenga la concentración de unos
    derechos asumidos con equidad, no sólo para ejercitar
    nuestros ya ganados derechos civiles y políticos, sino
    para imponer una cultura de la
    justicia hacia la construcción de una sociedad creativa,
    solidaria, participativa.

    4.- CUARTA APROXIMACIÓN TEORÉTICA

    LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
    DESDE UNA PERSPECTIVA DE DERECHO Y EQUIDAD, SEGÚN YOLANDA
    D’ELIA

    El "gran dilema" se nos presenta al abordar la
    exposición de Yolanda D`Elia, en cuanto a cómo
    entender su punto de vista sin caer en el absoluto acuerdo. Tengo
    la presión
    intelectual de dirimir ciertos aspectos del tema, a efecto de
    extraer de él otros elementos que hagan valedera una
    propuesta teorética en donde mi aporte no sea más
    que una síntesis
    acabada, sino que por el contrario la síntesis sea la
    antesala a nuevos criterios de interpretación de la política social
    desde el enfoque de derecho y equidad.

    Citando a Laurell (1995), Yolanda D`Elia dice: La construcción de una proposición
    alternativa de política social necesariamente empieza por
    revisar el lugar que ocupa la "cuestión social" en el
    llamado proyecto modernizador y el contenido de
    éste. Es decir, y se explica con mayor
    claridad D`Elia, una clase de existencia, de
    inserción, de posición, de
    trato y de participación que se espera tener
    tanto a nivel individual como colectivo, inmersos en la sociedad
    en la que nos encontramos, es lo que da sentido a esa
    creación de una propuesta social identificada con la
    "cuestión social". No se trata sólo de vivir, sino
    de vivir de una determinada manera, que puede expresarse en una
    "buena vida" y de ocupar un lugar en la sociedad que
    permita alcanzar esa clase de vida, como "sujeto" o
    alguien que es dueño de ese bien-vivir y como
    "actor" o alguien que es su creador principal.

    Esto nos lleva a entretejer ideas en cuanto a
    cómo el siglo XIX pensó la libertad desde el punto
    de vista de ese "buen vivir", pero en la conducta política
    de los llamados anarquistas. Un libertario, o anarquista español,
    José López Montenegro, escribió en
    1801: Mi libertad es el derecho a la
    vida con todos los goces y magnificencias que facilita la
    naturaleza, acrecentando por el genio de mis semejantes. Tengo
    derecho a ser feliz y a poseer los medios que a ello me
    conduzcan, y tengo el deber de producir contribuyendo a mi dicha
    y a la ajena. No debo quitar a nadie lo suyo, ni permitir que
    persona alguna se apodere de lo mío. Pero este mío
    y suyo es el producto propio, lo que cada cual elabora, con lo
    que mantiene; y si hay sobrante vaya para el impotente por edad o
    por salud; vaya para el hermano débil, que hace lo que
    puede y no produce lo suficiente para sí; vaya para la
    humanidad. Esta es mi heredera, de igual modo que yo debo serlo
    de la que fue. Los anárquicos queremos gobernarnos por
    nosotros mismos, administrarnos y vivir en la patria, en la familia y
    en el granero universal. Por su parte, otro
    libertario, Gustavo La Iglesia, inspirado en la necesidad de dar
    una respuesta a la sociedad burguesa expresó:
    Es preciso (…) que termine
    esta fábula de la humanidad dominada y encadenada por
    principios eternos e inmutables, cuáles son: Patria,
    Rebelión, Propiedad, Familia, Matrimonio, etc.
    La historia demuestra que han variado constantemente,
    según el tiempo y el lugar. ¿Qué era la
    humanidad, cuando nuestros antepasados vivían en
    lóbregas grutas? No existía la religión; no
    había más que la ignorancia de los fenómenos
    naturales, que debía hacer pasar al hombre por tantas
    fases: fetichismo, sabeísmo, politeísmo,
    monoteísmo, antes de dejarle entrever las realidades de la
    filosofía experimental. La propiedad ha sido sucesivamente
    familiar, feudal, monárquica e individual. La familia ha
    sido patriarcal, matriarcal y despótica, según la
    forma griega, romana o cristiana. El matrimonio ha sido amorfo
    (promiscuación), poligámico, monogámico,
    poliándrico, indisoluble y disoluble; las formalidades que
    lo han acompañado han variado hasta lo infinito,
    convirtiéndose después en una cuestión de
    moda nada
    más.(Citado por
    Azócar, 1998)

    Esto nos lleva a preguntarnos: ¿Será que
    dependemos únicamente de lo que nuestra mente es capaz de
    crear? ¿Cómo explicarnos que tenemos un derecho
    inalienable a la libertad, cuando nuestra mente se identifica con
    valores superfluos que la limitan? ¿Será acaso que
    ese espíritu burgués, creado por el hombre, ha
    desfasado por completo nuestros orígenes y nos ha
    condenado a un existir artificial oprimiendo el "buen vivir"?
    Esto nos lleva a indagar acerca del espíritu del
    burgués, es decir, el hombre contemporáneo que ha
    dado forma y valor a la sociedad occidental. Werner Sombart
    (1883-1941), inscrito en el ámbito de la escuela
    histórica alemana, produjo una obra de corte profundo
    sobre la clase burguesa; con el título "Der
    Bourgeois
    ", donde plasmó una descripción de la burguesía desde su
    nacimiento hasta su ascenso como el más típico
    espíritu de nuestro tiempo, no sólo como especie
    social, sino como variedad humano dotada de un conjunto de
    facultades morales e intelectuales.
    La obra de Sombart rescata (al igual que lo hizo Max Weber con
    su libro "La
    ética protestante y el espíritu del capitalismo),
    esos valores desdeñados y criticados por la izquierda
    marxista y anarquista. Críticas que iban fundadas en la
    defensa de una clase explotada y dominada (aunque el anarquismo
    se extendía a todas las clases), abogando por quienes en
    ella eran sujeto de injusticias. Originalmente el espíritu
    de empresa era
    patrimonio
    privado de los grandes señores, entre lo cuales
    adquirió un tinte autoritario; con el paso del tiempo la
    ambición de adquirir dinero por medio de empresas
    económicas se extiende a clases más amplias de la
    población, pero los métodos
    son distintos: no se recurre a la violencia,
    sino al camino pacífico de las negociaciones. Poco a poco
    se va viendo que en esta empresa un espíritu de buen
    administrador,
    ahorrativo y calculador, puede rendir grandes servicios: esa ha
    sido la imagen del "buen
    vivir" que ha trascendido hasta nosotros.

    Si bien este espíritu negociante de
    carácter burgués, se abrió camino por
    métodos pacíficos, acabó
    adueñándose de todos los pueblos, hubo ciertos
    grupos étnicos en los que el espíritu general se
    desarrolló desde un principio con mayor rapidez y
    decisión. Estos grupos son los etruscos, los frisones y
    los judíos,
    cuya influencia fue ganando importancia conforme la mentalidad
    del empresario
    capitalista, se iba aproximando a la del comerciante
    burgués. El burgués fue identificado, en estas
    líneas, como la estirpe de la civilización humana
    que aprovechó los cambios en función de una atinada
    visión mercantil. Pero se calla, indudablemente, a
    qué costo
    logró tal provecho.

    Ese espíritu emprendedor y batallador del
    burgués es analizando, con indudable propiedad, por los
    teóricos anarquistas. Para ellos la denominada "atinada
    visión mercantil", a la cual se comete a intereses
    particulares, no es otra cosa que el provecho a costa de las
    debilidades de una mayoría de la sociedad, a la cual se le
    priva de libertad. Todo esto amparado en una legalidad
    artificial que protege al señor burgués y hace de
    sus actos necesidad en la conformación de una sociedad del
    futuro. Es de notarse con qué facilidad el burgués
    logra convencer a la mayoría de instaurar condiciones para
    el futuro. Su discurso, para con la mayoría trabajadora,
    es de "el esfuerzo ahora, para el disfrute después". Nada
    falso si ciertamente ese "después" existiera, pero como el
    mismo desarrollo de la sociedad ha demostrado, el trabajo
    explotador genera beneficios al señor burgués en el
    ahora y en el mañana, pero el trabajador nunca consigue
    concretar ese beneficio, puesto que su fuerza de
    trabajo vendida requerirá más sacrificios cada
    día. Nunca alcanzará ese mañana de
    disfrute.

    Es de notar que en una sociedad como ésta,
    conquistada por comerciantes y mercantiles burgueses, el hombre,
    potencial-transformador, se convierte en instrumento generador de
    riqueza ajena. Ese espíritu burgués no es otra cosa
    que la aptitud para el manejo de los sentimientos y debilidades
    del hombre, por naturaleza libre.

    Ello nos lleva a considerar la actitud de la
    burguesía hacia la mayoría dominada y explotada,
    haciendo que dentro de la sociedad surjan fuerzas, tanto
    teóricas como prácticas, que la enfrenten y
    critiquen en razón de que no llena las expectativas de una
    mayoría que ve en su transitar diario la injusticia y el
    aprovechamiento de una riqueza puesta allí para todos. La
    sociedad capitalista, a través de sus instrumentos de
    dominación (las fuerzas coercitivas del Estado), impone un
    orden que desconoce la libertad y los derechos del hombre, ello
    convierte las expectativas generales en aspiraciones concretas.
    Estas aspiraciones concretas, llevaron a Karl Marx y a F.
    Engels a formular su proyecto socialista en el siglo XIX; del
    mismo modo en que Proudhon y Bakunin emitieron sus ideas
    sociales, políticas y económicas. Estas
    fórmulas no intentaban más que materializar un
    "clamor" general: la necesidad del "buen vivir". Lo que las
    diferenciaba del coloquialismo del pueblo, en razón de una
    aspiración de bienestar basada únicamente en
    la respuesta nacida ante una explotación, era el
    carácter científico con que habían surgido.
    Partiendo de una evaluación del sistema existente,
    proponían alternativas de organización social que
    rechazaban los viejos esquemas y propulsaban nuevas figuras
    direccionales que asumían como el bueno de la partida al
    hombre, pero cuya inserción en una sociedad equivocada en
    cuanto a valores hizo desvirtuar la verdadera razón de
    vivir en sociedad.

    Los marxistas se fueron por la ruta de la crítica
    con un materialismo
    histórico compulsivo y extremista; los anarquistas
    asumieron un análisis más radical. Su lenguaje
    fabricó otros elementos de juicio y derrumbó el
    tabú del caos sin el Estado; afirmó que era posible
    la vida en una sociedad sin poder, sin autoridad rectora. Todo
    basándose en una idea de la satisfacción de las
    necesidades que daría como producto la paz y seguridad del
    hombre en un sistema donde se le respete como detentador de una
    libertad natural. La sociedad que todos los pensadores
    libertarios distinguen cuidadosamente del Estado, es para ellos
    una realidad natural, tan natural por lo menos como el lenguaje.
    No es el fruto de un pacto o de un contrato. No es por
    consiguiente, algo contingente, accidental, fortuito. Esta
    visión del burgués, desde la óptica
    del pensamiento anarquista, es el obstáculo que se impuso
    en un momento determinado en la humanidad para cuestionar esa
    vida llevada por el vivir, un vivir que como expresa D`Elia
    está determinado por cada uno de nosotros
    expresándose en una "buena vida" y ocupando un
    lugar en la sociedad que permita alcanzar el rol de
    "sujeto", que no es más que un ser humano
    dueño de ese bien-vivir, que como pudimos apreciar ya
    estaba implícito en el análisis de los anarquistas
    del siglo XIX.

    Este elemento, que ciertamente no toca Yolanda D`Elia,
    pero que está inmerso en la filosofía
    política, le llevan a preguntarse: ¿En cuál
    sociedad queremos vivir? ¿Queremos estar en un proyecto de
    sociedad que nos garantice con derechos ese "buen vivir" o
    queremos unas políticas públicas que nos toleren
    una sociedad en conflicto pero bajo el común plural de un
    proyecto de "buen vivir" factible?

    Acá el nudo del problema es la
    factibilidad. ¿Cómo entender la factibilidad
    de un proyecto de "buen vivir"? Me respondo que la factibilidad
    es un estadio de operaciones y
    procesos que nos garantiza el alcance de los objetivos o metas
    sociales, en nuestro caso, aquellas acciones que nos garantice el
    "buen vivir". Pero ese "buen vivir" cómo lo queremos,
    cómo nos vendría a responder a nuestras necesidades
    de existencia bajo el criterio de equidad y justicia. Duro papel
    de quien intente darse respuesta directa de este tema, pero que
    sin embargo, y acá coincidimos con D’ Elia, valga el
    enfoque de sociedad que nos sea más adherido a nuestros
    intereses para orientar hacia él nuestros patrones de
    "buen vivir", siempre y cuando la organización
    política en la cual se desenvuelva ese enfoque (enfoques
    que lejos de ir cubriendo etapas, se presenta de manera
    aleatoria) permita el ejercicio del "buen vivir" bajo el control
    de quien vive, es decir, el "sujeto".

    ¿Puede una persona tener "buen vivir" en un
    sistema dictatorial? Basta con recordar las frases de nuestros
    abuelos en el régimen de Marcos Pérez
    Jiménez en Venezuela: "Quien no se meta en política
    puede dormir con la puerta abierta y el Estado lo
    protegerá". Es posible, si estamos identificados con los
    límites de ese Estado y los asumimos como conducta de
    vida. Hay libertad de acción por lo tanto control del
    "buen vivir". Pero si entendemos la libertad como un asunto de
    dominio de lo
    que somos y podemos llegar a ser, simplemente estamos ante el
    dilema de la "autoridad" como obstáculo, y acá no
    hay "buen vivir", hay "sobre vivencia" que, a mi entender, es el
    estadio actual de las personas en las sociedades capitalistas,
    así sean excelsamente democráticas.

    De los enfoques presentados por D`Elia, me adhiero al
    enfoque de ciudadanía social y cultural, el cual responde
    a las verdaderas necesidades del hombre contemporáneo. La
    sociedad en este enfoque se presenta con pluralidad de sujetos
    relacionados en redes. La ciudadanía toma cuerpo de
    vínculo que relaciona Estado-ciudadanos-Sociedad, y los
    sujetos unen sus identidades con las necesidades en proyectos que
    forman acuerdos políticos. La idea, nos afirma D`Elia es
    cambiar la estructura y
    cultura de poder y el tejido social en una sociedad
    democrática (plural) y cohesionada (solidaria), donde cada
    persona es un sujeto auto reflexivo, activo y político
    para conquistar y exigir una ubicación digna y acorde con
    su proyecto de vida.

    La acción de una política social de
    Estado, se edifica en este enfoque en razón de los
    derechos como poderes de los sujetos, exigibles para intervenir
    en acuerdos y ejercitarlos en el sistema jurídico, social,
    económico, y espacios de la vida (escuela, familia,
    trabajo). Se descentraliza y se articula con el desarrollo
    centrado en la cohesión social, equidad y
    democratización del poder.

    Según Will Kymlicka y Wayne Norman
    (de la University of Ottawa), al entender cuáles
    valores en la sociedad motorizan ese "buen vivir" de los
    ciudadanos, la concepción de dominio personal parece
    exigir, por lo tanto, un equilibrio
    entre derechos y responsabilidades. Pero, ¿dónde
    aprendemos esas virtudes? Esas virtudes las aprendemos de las
    relaciones en sociedad, en específico de las corrientes
    políticas que sirven de directriz a la organización
    política de la sociedad, nos referimos a la base
    ideológica que personaliza el rol del Estado. De este modo
    tenemos: a) La izquierda y la democracia participativa.
    Una de las respuestas de izquierda al problema de la pasividad
    ciudadana consiste en otorgar a los ciudadanos más poder
    por medio de la democratización del Estado de bienestar y,
    más en general, por medio de la dispersión del
    poder estatal en una serie de instituciones democráticas
    locales, asambleas regionales y tribunales de apelación.
    Sin embargo, el énfasis en la participación no
    alcanza para explicar cómo podemos asegurar que los
    ciudadanos participen responsablemente, es decir, con
    espíritu de servicio a la cosa pública, sin
    egoísmos ni prejuicios. Los ciudadanos que se benefician
    de nuevas cuotas de poder pueden usarlo de forma irresponsable,
    reclamando beneficios y prerrogativas que finalmente no pueden
    solventar, o votando reducciones de impuestos y
    recortes a los programas sociales, o "buscando chivos expiatorios
    en la indolencia de los pobres, el exotismo de las
    minorías étnicas o la insolencia e
    irresponsabilidad de las mujeres modernas", como expresa
    Fierlbeck (Katherine Fierlbeck, Redefining Responsibilities:
    The Politics of Citizenship in the United Kingdom, Canadian
    Journal of Political Science, n0 24, 1991,
    págs. 575-583).

    Siguiendo a Rousseau y a
    Stuart Mill, muchos partidarios de la democracia participativa
    suponen que la participación política
    enseñará la responsabilidad y la tolerancia,
    quienes piensan de este modo depositan su fe en la actividad
    participativa "como el medio por el cual los individuos pueden
    habituarse a cumplir con los deberes de la ciudadanía. La
    participación política abre la mente de los
    individuos, los familiariza con los intereses que están
    más allá de las circunstancias particulares y el
    entorno personal, los alienta a reconocer que los asuntos
    públicos deben ser el objeto central de su
    atención; b)Republicanismo cívico. La
    tradición cívico-republicana moderna es una forma
    extrema de democracia participativa principalmente inspirada en
    Maquiavelo y Rousseau (quienes estaban a su vez fascinados por
    los griegos y los romanos). No es sorprendente que el reciente
    aumento de interés
    por la noción de ciudadanía le haya dado una amplia
    audiencia. El rasgo que distingue a los republicanos
    cívicos de otros participativistas como los
    teóricos de izquierda que acabamos de discutir, es su
    énfasis en el valor intrínseco que tiene la
    actividad política para los propios participantes. En esta
    perspectiva, la vida política es superior a las
    satisfacciones puramente privadas que puedan proporcionar la
    familia, el vecindario o la profesión y debe por lo tanto
    ocupar el centro de la vida de las personas.

    Para explicar la indiferencia moderna hacia la
    participación política, los republicanos
    cívicos suelen argumentar que la vida política
    actual se ha empobrecido en comparación con la
    ciudadanía activa de, digamos, la antigua Grecia. El
    debate
    político ha perdido sentido y la gente carece de acceso a
    una verdadera participación. Pero es más
    verosímil ver nuestro apego a la vida privada como el
    resultado no de un empobrecimiento de la vida pública,
    sino del enriquecimiento de la vida privada. Si ya no buscamos
    gratificaciones en la política es porque nuestra vida
    social y personal es mucho más rica que la de los griegos.
    Muchas son las razones de este cambio histórico: la
    valoración del amor
    romántico y de la familia nuclear (con su énfasis
    en la intimidad y la privacidad), la creciente prosperidad (y el
    consiguiente enriquecimiento de las formas de ocio y de consumo),
    la afirmación cristiana de la dignidad del trabajo (que
    los griegos despreciaban) y la creciente aprensión hacia
    la guerra (que era positivamente valorada por los griegos), entre
    otras; c) Teóricos de la sociedad civil. La
    civilidad y el autocontrol como condiciones de una democracia
    sana, pero niegan que el mercado o la participación
    política sean suficientes para enseñar esas
    virtudes. Es más bien en las organizaciones voluntarias de
    la sociedad civil -iglesias, familias, sindicatos,
    asociaciones étnicas, cooperativas,
    grupos de protección del medio
    ambiente, asociaciones de vecinos, grupos de apoyo a las
    mujeres, organizaciones de beneficencia-donde aprendemos las
    virtudes del compromiso mutuo. En consecuencia, una de las
    primeras obligaciones
    de la ciudadanía es participar en la sociedad civil; y
    d) Teorías
    de la virtud liberal.
    A los liberales a menudo se los critica
    a causa del frecuente desequilibrio que establecen entre derechos
    y responsabilidades. Los teóricos liberales de los
    años setenta y ochenta se centraron casi exclusivamente en
    la justificación de los derechos y de las instituciones
    necesarias para asegurarlos, sin atender a las responsabilidades
    de los ciudadanos. De acuerdo con William Galston (Liberal
    Purposes: Goods, Virtues and Duties in the
    Liberal
    State
    , Cambridge, Cambridge University Press,
    1991), las virtudes requeridas para el ejercicio responsable de
    la ciudadanía que garanticen el "buen vivir" se pueden
    dividir en cuatro grupos: (a) virtudes generales: coraje,
    respeto de la
    ley, lealtad; (b) virtudes sociales: independencia, apertura
    mental; (c) virtudes económicas: ética del trabajo,
    capacidad de postergar las gratificaciones, adaptabilidad al
    cambio económico y tecnológico; y (d) virtudes
    políticas: capacidad de reconocer y respetar los derechos
    de los demás, disposición a no exigir más de
    lo que se puede pagar, capacidad de evaluar el desempeño de quienes ocupan los cargos
    públicos, disposición a participar en el debate
    público.

    Esta reflexión acerca de las virtudes en
    relación con la sociedad, personaliza el rol del Estado en
    razón de las necesidades del colectivo, generándose
    unos fines de la política social en el marco de la
    estructura social del Estado. Estos fines nos lo presenta D`Elia
    bajo el amparo de
    modelos
    estructurales que vienen a identificar los espacios de
    participación abiertos a las personas. Estos modelos son:
    el residual, cuyo control social está polarizado en las
    desigualdades; el meritocrático, en el cual la
    manutención de las fuerzas de reproducción son de carácter
    doméstico-familiar; el institucional, en el cual el
    bienestar de todos dentro de una sociedad es económica y
    socialmente deseable; y el denominado modelo democratizador, cuya
    cohesión está en razón de la equidad y la
    democratización en una sociedad plural y justa. Sociedad
    en que cada persona es reconocida como "sujeto" y tiene la
    posibilidad, con resguardo de los derechos por parte del Estado,
    de asumir el "buen vivir" en razón de sus necesidades y
    conveniencias.Ahora bien, hay un elemento que Yolanda D`Elia
    expuso en su conferencia del
    21 de junio del 2004, en el CENDES-Caracas, el cual aprecio
    fundamental para comprender la trascendencia social del Estado en
    ese proceso de adjudicación de derechos a las personas, me
    refiero al "sujeto" como receptor de todas las acciones del
    Estado. Se aprecia el esfuerzo de D`Elia de sincronizar un
    concepto que articule todo el esquema del Estado Social al
    servicio de las personas, pero se queda en el tintero la idea que
    hace de ese "sujeto" un principio de regla en la sociedad
    contemporánea. Acerca de este punto ahonda
    ampliamente , en un ensayo
    titulado Entre políticas públicas y programas
    sociales: ¿un olvido histórico: la
    subjetividad negada?,
    que publicara el autor el sitio
    web
    identificado como www.iigov.org,
    en el año 2002. Según Daniel
    Fränkel

    (Sociólogo, de la Dirección Provincial de Coordinación de Sistemas Regionales de
    Salud, Ministerio de Salud, Provincia de Buenos Aires,
    Argentina; y Asesor responsable del diseño
    e implantación de Planes Estratégicos Regionales),
    definimos al sujeto como ser histórico y social que
    está conformado por el marco institucional que lo
    estructura. Su constitución es vista como un aspecto del
    proceso social. Este proceso no es lineal; es el resultado de
    conflictos y luchas en torno a legitimar un lugar en la
    constitución de lo social y por lo tanto de lo
    político.

    Ello nos lleva a percibir que la construcción de
    significaciones pertenece a cada persona; cada sujeto,
    está sujeto a algo. Como expresa Heller: "Sujeto puede
    significar estar sujeto a o sujetar algo". En nuestro caso a las
    reglas institucionales en que se desenvuelven los programas,
    vinculados con imperativos hegemónicos primordialmente de
    naturaleza objetal y normativa y excluyentes de componentes
    desiderativos o vinculares. Estos últimos están
    ligados con disponibilidad de libertad para la autonomía y
    heteronomía. Libertad es hablar de deseo. Significa un
    cuidado de sí mismo; incluye libertad de actuar con
    intencionalidad y con capacidad de iniciativa.

    Hablamos entonces de un Orden Institucional en el cual
    los sujetos generan o reproducen espacios y lugares,
    prácticas e intercambios colectivos. En estos espacios se
    transmiten formal e informalmente reglas; se perpetúan y
    reproducen relaciones y códigos fundantes de poder; al
    mismo tiempo se deslizan presupuestos
    desiderativos y de autonomía. Los sujetos se apropian, de
    manera natural, de las reglas que sostienen fundamentos del poder
    institucional; pero al mismo tiempo develan propias fisuras
    institucionales por donde se cuelan posibilidades de
    transformación. En un plano individual la
    apropiación se refiere al adueñamiento personal que
    habilita y fortalece las capacidades de gestión y
    atención; en una perspectiva institucional significa
    hacerse propio, tomar para sí, hacerse dueño de
    interpretaciones, de significaciones en un plano conceptual,
    instrumental ó ético- político. Cuando se
    habla de apropiación colectiva nos referimos a los
    productos que
    las organizaciones toman para sí o para el conjunto una
    vez concluida la implantación. En una palabra, el tomar
    las riendas del "buen vivir" expuesto certeramente por
    D´Elia.

    En cuanto al punto de vista de las políticas
    sociales, se puede hacer una aproximación teórica
    tal cual lo expresara Yolanda D`Elia en función a estadios
    históricos caracterizados ya sea por el nivel de
    participación de la sociedad o del Estado. En resumen se
    puede apreciar el siguiente gráfico:

    Para ver el gráfico seleccione la
    opción "Descargar" del menú superior

    Como se puede captar estamos ante la presencia de
    estilos y, en cierto modo, modismos de la política social
    en el caso Venezolano. Pero ello no viene tomado a los cabellos
    de ideas puras y creativas del contexto político
    venezolano, sino que por el contrario aparece producto de una
    situación de crisis que marcó el continente
    latinoamericano desde la década de los sesenta. Para
    Daniel Pelúas (2003), América Latina
    confrontó varias mucha debilidad en concepción de
    una política social con identidad propia. Un continente en
    creciente pobreza, desencadenó en la década de los
    sesenta un debate sobre estrategias político-sociales
    universalistas o selectivas, es decir, dirigidas a
    grupos-meta determinados.

    Se presentó en la palestra académica los
    que abogaban por una política social universalista, que
    incluyera a todos los sectores de la población, utilizan
    el argumento de la responsabilidad
    social que tiene el Estado de garantizar el acceso a la
    educación, la salud, la alimentación,
    vivienda y asistencia en la vejez a todos
    los ciudadanos. Una orientación de la política
    social del Estado enfocada exclusivamente en grupos-meta
    determinados que, como era de esperar, acarreó injusticias
    sociales que excluyen a otros grupos contiguos; por ejemplo, en
    el caso de una estrategia
    orientada a los pobres se excluiría a la clase media
    empobrecida.

    Las arcas públicas vacías, los costos crecientes
    de una universalización del sistema social existente,
    así como la necesidad de intervenciones de mayor alcance
    para luchar contra la pobreza, han convertido hoy las estrategias
    orientadas a grupos-meta en la tendencia predominante de
    política social estatal. Por una parte, se recurre al
    argumento de políticas prácticas de que la escasez de
    recursos financieros exige la concentración de los medios
    disponibles en los sectores más necesitados de la
    sociedad. Por otra parte, la concentración en agrupaciones
    específicas respondería también a la
    necesidad de una nueva orientación que se extiende a los
    sectores más pobres de la sociedad, que hasta ahora no han
    sido amparados por los sistemas tradicionales de seguridad
    social.

    Incluso las áreas tradicionales de la
    política social, como son los sistemas de salud y
    educación públicas, de inspiración
    universalista, gratuitos para los menos privilegiados y, al menos
    de acuerdo con la ley, accesibles para todos los ciudadanos,
    perdieron su aspiración universalista, en especial a
    comienzo de los años 80, debido a la decadencia
    progresista. Las tareas de matriculación en las escuelas
    primarias, como ejemplo, variaron en 1985 entre 58,2 % en
    países como Guatemala,
    Colombia,
    Brasil; hasta
    más del 95 % alcanzado en países como Argentina,
    Chile, Costa Rica (datos del
    PNUD).

    Esto nos lleva, lejos de interpretar hasta dónde
    nos puede llevar una política social de derechos, a
    formular un nuevo enfoque de la política social más
    centrado en los grupos empobrecidos de la población como
    grupos-meta, permitiendo por lo menos considerar las
    desigualdades sociales existentes y lograr efectos progresivos de
    redistribución, que en definitiva sería incluir el
    concepto de equidad en derechos.

    Los problemas de asistencia social estatal dirigidos a
    los pobres (construcción de viviendas de interés
    social, programas alimentarios, etc.) no son ninguna novedad en
    la región; en diversos países existen desde los
    años 60 o 70 (Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica,
    Venezuela, Guatemala, entre otros). Tampoco es una novedad los
    programas de desarrollo orientados a los pobres y el fomento de
    grupos de autoayuda a través de organizaciones de
    asistencia social extranjeras no gubernamentales pueden ser
    evaluados también como una forma de políticas
    sociales selectiva y enfocada en la población pobre como
    grupo-meta. Lo que sí es nuevo es la estrecha
    vinculación de las estrategias orientadas a grupos-meta
    con la política económica de ajuste estructurales y
    su supeditación funcional a esa política.

    En este sentido, por lo general, las estrategias
    político-sociales selectivas para la lucha contra la
    pobreza son evaluadas como compensaciones sociales a un ajuste
    estructural considerado como necesario. Es más, el
    Banco Mundial
    y el Banco
    Interamericano de Desarrollo facilitan recursos adicionales para
    promover medidas sociales de amortiguación destinadas a
    aliviar la pobreza. Esto nos lleva a proponer que la
    política social del Estado debe concentrarse
    principalmente en programas de asistencia social o
    "amortiguación" dirigidos a los pobres, mientras que el
    sistema estatal de seguridad social, así como el sistema
    educativo y el de salud
    pública, podrían ser privatizados en gran
    medida. El Estado debe velar por los intereses del colectivo,
    pero no debe acumular todos los medios para prestar
    atención a esos intereses. Una conducta inteligente del
    Estado es apoyarse en el sector privado y generar condiciones en
    ese sector para que apoyen los intereses colectivos con eficiencia y un
    costo razonablemente solidario.

    En los años 80 y principios de los 90, se
    implementaron una serie de programas de asistencia social y
    fondos sociales en diversos países de América
    Latina. Aquí se incluye diferentes programas financiados
    con dineros del presupuesto estatal, tales como construcciones de
    viviendas, planes de emergencia para combatir el desempleo,
    programas alimentarios, programas de patrocinio de grupos de
    autoayuda e iniciativas comunales en los barrios pobres o de las
    microempresas
    del sector informal, pero también el establecimiento de
    los Fondos de Inversión Social financiado por el Banco
    Mundial.

    Los Fondos de Inversión Social (FIS)
    constituyen la parte esencial de la estrategia
    político-social a los pobres, recomendada por el Banco
    Mundial como compensación de los "costos" sociales de la
    política de ajuste estructural en Latinoamérica.
    Los fondos sociales fueron implantados y probados por primera vez
    en Bolivia, en
    1985, por recomendación del Banco Mundial; también
    han sido aplicados en Chile, Costa Rica, El Salvador, Honduras,
    Guatemala, Panamá,
    Nicaragua, México,
    Perú, Uruguay y
    Venezuela; y son una vía alternativa factible para reponer
    ciertos equilibrios en la sociedad.

    Sin embargo, se han presentado otras situaciones que
    hacen de la participación del financiamiento internacional
    en un claro obstáculo para alcanzar equidad en la
    ejecución de los derechos sociales, me refiero a la
    concentración de las inversiones en
    infraestructuras y trabajos de mantenimientos que significan
    recursos de los fondos canalizados en un área de los
    gastos sociales del Estado que ha experimentado recortes
    particularmente drásticos desde los años 80 en
    América Latina. Esos recortes se sintieron en la
    desigualdad y en la exclusión, en sectores como la mujer, los
    niños,
    minorías étnicas, marginados urbanos. Por otro
    lado, están las manifestaciones más violentas de la
    pobreza, el desempleo que se esta generalizando a nivel mundial.
    Ello hace necesario la puesta en marcha de programas que apoyen
    frecuentemente las organizaciones no gubernamentales (ONG`s) que
    trabajan ya en el área social, en empresas privadas y en
    las comunidades, creando vías alternativas para asegurar
    la respuesta a necesidades sociales básicas de quienes
    viven en la profunda crisis latinoamericana.

    El Banco Interamericano de Desarrollo en los noventa
    marcó un nuevo camino conocido como "La agenda social
    del Banco"
    , que tiene, a mi entender, una vigencia aún
    muy importante, dado que las condiciones que la originaron
    aún persisten y el objetivo a eliminar sigue siendo el
    mismo: la pobreza. Por ello reproduzco los lineamientos
    básicos de esta Agenda que, de alguna manera, han de estar
    reflejados en los programas sociales que se intenten hacer de en
    los próximos diez años: 1.- En Desarrollo urbano:
    donde se apoyó el mejoramiento del suministro de servicios
    urbanos básicos así como programas de reforma del
    sector vivienda y las políticas de descentralización fiscal y
    fortalecimiento municipal; 2.- En Educación: se
    priorizó la calidad de la educación y el aumento de
    la eficiencia con el financiamiento de proyectos de mejora de la
    educación básica, tratando de esa manera adecuar la
    oferta de servicios a la demanda de los
    sectores productivos; En ciencia y
    tecnología: el financiamiento se orientó a
    apoyar a los países a enfrentar los desafíos que
    trae consigo las medidas de liberalización de sus
    economías; En salud: han buscado apoyar a programas que
    mejoren tanto las condiciones de salud -especialmente de la
    población de bajo ingreso- así como la eficiencia
    operativa del sector. Se han reforzado las acciones de los
    programas preventivos de salud pública y apoyando los
    procesos de descentralización de servicios y desarrollo
    gerencial; y En fondos sociales: orientados a grupos
    específicos para financiar proyectos que alivien los
    costos sociales derivados de los ajustes
    económicos.

    En cuanto a Venezuela, abría que agregar,
    haciendo un análisis politológico del asunto, que
    para finales de los años ochenta y principios de los
    noventa, se ejecutaron una serie de reformas económicas y
    sociales de orientación neoliberal conocidas como "El Gran
    viraje". Estas reformas pregonaban lo inconveniente de un
    desarrollo de la sociedad fomentada por un Estado paternalista,
    intervencionista, ineficiente, burocratizado y en quiebra. Se
    ponía en tela de juicio la capacidad de respuesta y de
    acción del Estado tanto en lo económico como en lo
    social, al no poder contener la creciente pauperización de
    la sociedad venezolana y al permitir el continuo deterioro de
    todos los servicios
    públicos, en especial los sociales. Es, entonces, que
    tanto por cuestiones ideológicas como pragmáticas,
    las reformas parecieron necesarias y de urgente aplicación
    en el país. Esto motivado a dos razones elementales:
    primero, era "necesario" el desmantelamiento de las estructuras
    sociales públicas por resultar ineficientes. La segunda
    razón se basa en que debido a la reducción de los
    recursos económicos para lo social (gasto e
    inversión) se hizo imprescindible transformar a la
    política y los programas sociales públicos
    tradicionales en acciones eficientes, productivas, de gran
    flexibilidad gerencial, de mucha transparencia operativa y que en
    definitiva colocaran a los beneficiarios en primer lugar.
    (González, 1996: 13)

    Resultó necesaria la aplicación de
    reformas en el área social pública, que
    transformaran a la función social estatal de clientelista,
    asistencialista y conciliadora a un paradigma de
    eficiencia y eficacia
    institucional y gerencial. La nueva gerencia
    social sabía que la simple presentación
    teórica de la recomendación de transformar el modo
    tradicional de hacer política y programas sociales no
    tenía en si el peso suficiente para enfrentar la resistencia al
    cambio de la burocracia de la
    gerencia tradicional. En tal sentido, las reformas y la nueva
    gerencia denominada Particularismo necesitaba con urgencia
    demostrar de alguna forma lo ineficiente del que hacer de los
    programas sociales tradicionales. Así que, para lograr
    mayor credibilidad, resultó imprescindible la
    utilización de mecanismos de evaluación y medición del desempeño e impacto de
    los programas "universales", para así exhibir, con cifras
    y hechos ciertos, la ineficiencia, vulnerabilidad y ineficacia de
    los mismos. De esta forma es que la vinculación entre
    reformas del "Particularismo" y los sistemas de evaluación
    dejó de ser casual. Los sistemas de evaluación
    ayudarían a las reformas a realizar una
    reevaluación de lo que hacían las instituciones
    sociales públicas y a decidir si ellas deberían
    continuar o no con el desempeño de sus actividades. Este
    fue el mecanismo perfecto para que las reformas lograran reducir
    la inherencia estatal en los servicios públicos y dar
    así cabida a la participación ciudadana organizada
    y a los sectores privados en el área social.

    En definitiva, la evaluación fue apreciada como
    un sistema que fomentaba la gestión de la gerencia social
    moderna en Venezuela. Esto en razón de que la nueva
    visión de las evaluaciones debía impulsar y
    optimizar la eficiencia, clarificar las decisiones y hacer
    más accesible y pública la información sobre el desempeño del
    programa social ejecutado o a ejecutar. Deberían de igual
    forma, las evaluaciones, mejorar la elaboración de
    políticas legislativas, financieras, de optimizar las
    decisiones sobre el gasto y la supervisión del impacto que tiene el
    programa, es decir medir la calidad del beneficio entregado y
    medir el grado de satisfacción del usuario.

    El análisis de los resultados de las evaluaciones
    ejecutadas a los programas sociales tradicionales, recomendaba
    ampliamente la reducción de la cantidad de programas
    sociales que están en acción y el "rediseño"
    los que se encontraban en la etapa de formulación. (Musto,
    1975: 42-43 / Maignón, 1992: 70)

    En definitiva, las nuevas evaluaciones ejecutadas en
    período de reforma en Venezuela, estaban destinadas a
    medir el impacto, el resultado y la relación costo
    beneficio (monetario) de los programas tradicionales. Esto nos
    lleva a una tendencia técnica en la que los sistemas
    evaluativos solo se dedicarían, en adelante, al
    análisis de los logros del programa (incidencia) junto con
    al estudio las dificultades técnicas
    financieras que deberían superarse durante su
    ejecución. Es decir las evaluaciones se convirtieron en un
    simple análisis económico, de presupuesto y de
    eficacia (nivel de ejecución alcanzado respecto a lo
    programado en términos monetarios) de todo los programas
    sociales. En tal sentido, la política social en Venezuela
    se ha limitado a ser apreciada bajo el enfoque de evaluaciones
    sociológicas que aprecian la realidad social desde la
    fórmula de un análisis de: La interpelación
    entre los diferentes actores sociales que revierten sus
    propuestas en el diseño de los programas social; el
    proceso de negociación entre los actores para articular un
    programa; el análisis estratégico de las
    debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas reales del
    programa ante sus beneficiarios y ante el escenario donde se
    ejecuta. Acá se aprecia la Planificación como
    instrumento guía para comprender cómo hacer y
    cómo identificar los procesos atinentes a la
    formulación de políticas sociales.

    Hemos explorado hasta este punto las vertientes de la
    política social en su relación con los derechos,
    manteniendo la guía de los aportes teoréticos de
    Yolanda D`Elia, quedando sólo pendiente la equidad como
    elemento condicionante del nivel de justicia y probidad con que
    esos derechos y esa política social toman cuerpo en el
    Estado moderno. Para ahondar al respecto hay que partir de
    qué entendemos por equidad.

    A comienzos de este ensayo hemos definido la equidad
    desde diversas concepciones teóricas, todas coincidentes
    con la figura de "solidaridad" e "igualdad"; pero la propuesta de
    D`Elia va un poco más allá: distingue elementos
    precisos de la equidad. La equidad implica un Asociado a lo
    justo, pero superior, según criterios moralmente
    relevantes, porque la igualdad sola puede ser injusta; Significa
    reconocer que todos necesitamos cosas distintas en tiempos
    diferentes y que unos necesitan más que otros. No todos
    tienen las mismas necesidades, no todos tienen igual poder; y
    envuelve distintas formas de injusticia: discriminación,
    desigualdades o anulación. La equidad Pertenece al mundo
    político, no existe, como algunos autores hacen ver, sino
    hay condena ética sobre un asunto determinado. Hay
    diversas maneras de acercarse a ella, ya sea por la vía
    restringida que se basa en la asistencia/mínimos sociales
    (igualdad para unos, equidad para otros); y/o la ampliada que se
    basa en un cometido social y una responsabilidad de todos. En la
    equidad lo justo se construye, no se hereda. Lo justo es cerrar
    las brechas.

    Así tenemos que:

    Para ver el gráfico seleccione la
    opción "Descargar" del menú superior

    En donde la equidad se ha de entender como "igualdad" en
    el sentido nominal-real en que se presenta en la sociedad y como
    "universal" en el sentido de "llegar a ser" como producto de un
    acto de interacción y diálogo entre quienes
    son "sujetos" en una comunidad determinada. La equidad existe si
    se práctica, si se "vive", lejos de esta condición
    sólo es un denominativo que nada lógico tiene en el
    contexto de lo social o lo político.

    Como idea final, D`Elia nos promueve la necesidad un
    cambio lógico del pensamiento social para integrarlo a
    escenarios de participación ganados en base a la equidad y
    los derechos.

    Para ver el gráfico seleccione la
    opción "Descargar" del menú superior

    De parámetros administrativos basados en ofertas
    y demandas, hay que pasar a parámetros éticos
    basados en procesos de cambios activos. Lo que
    ha de prevalecer es las necesidades sociales, su modo de ser
    atendidas y los mecanismos para evaluarla sin que ello afecte el
    desarrollo de los procesos. Ya no es un asunto de qué es
    lo que necesitan más para responder, sino de qué es
    lo que está pasando, cómo prevenirlo y cómo
    delinear vías de respuesta continua y segura, desde donde
    cada persona se sienta parte de una acción justa del
    Estado, en el plano universal, así como tratado
    igualitariamente, porque esa atención ha de materializarse
    a través de la nominalizad de lo real y no de lo intuitivo
    programático.

    Si buscamos una palabra que resuma el aporte
    teorético de Yolanda D`Elia, y por supuesto de muchas
    ideas de Thaís Maingón, como especialistas y
    preocupadas en el área, es lo pertinente de
    construir políticas públicas que puedan llegar a
    ser apreciadas como parte de un desarrollo humano necesario que
    haga de esta sociedad una excusa viable de solidaridad e igualdad
    en tiempos de soberbia, terrorismo y
    deslealtades.

    5.- IDEAS
    FINALES

    Para Alfonso Gándara, como buen estudioso que
    fue de la realidad política, el sentido del humor del
    venezolano se apreciaba en cómo él tomaba parte de
    su desgracia y la hacia una fortaleza para aguantar los
    daños colaterales de las crisis: la autoestima.
    Cuando se supo la noticia que en Venezuela se había
    reunido las firmas para solicitar el revocatorio de mandato
    Presidencial, el ciudadano Presidente Hugo
    Chávez, en cadena nacional, tomó partido de una
    derrota y como buen venezolano, la revertió en una
    fortaleza, precisamente por esa conducta, muy latina, de ver en
    tiempos malos lo aprovechable y trascendente. De un 30% de
    aceptación que tenía Chávez ante de la
    decisión, pasó a 35%. Es decir, su discurso y su
    llamado a la "Batalla de Santa Inés" (que no es más
    que el ejercicio de un hecho histórico marcado por la
    astucia y trampa de Ezequiel Zamora, quien no combatió de
    tu a tu, sino que emboscó), le ampliaron el margen de ser
    un candidato de cuidado para llegar a la derrota. Es un asunto de
    dignidad y arrogancia lo que vive la política venezolana,
    pero esa verdad repercute directamente en los programas sociales
    del régimen: "si sale Chávez se acaban los
    programas sociales misioneros". Nada más real y nada
    más falso a la vez. Pero en fin de cuentas es lo que se
    escucha y ello determinará los grupos a enfrentarse
    electoralmente: si me están beneficiando las misiones, por
    supuesto que No lo saco; si nada tengo que ver con esas misiones,
    me da lo mismo sacarlo o No; y si mi percepción es que no
    llegan esas misiones a ser más que pequeños
    paños tibios del Estado para generar condiciones de
    bienestar con fecha corta de vencimiento, entonces yo SI decido
    sacarlo. Los dados están echados y pienso que no hay mucha
    ganancia ni en una decisión ni en la otra, porque al fin
    de cuentas lo que nos interesa es que el Estado actúe con
    equidad en la concepción de una política social
    real, dialógica, estimulante de bienestar y no de marginalidad
    asistida. Por allí las voces del pueblo expresan: "Claro
    que Chávez es el Presidente de los pobres, ¡no vez
    que los está multiplicando diariamente!".

    Entonces volvemos al principio: "la política
    social desde el enfoque de los derechos sociales". De todo lo
    andado se puede afirmar que desde el enfoque de los derechos la
    política social es el producto de un "derecho adquirido
    liberal" que le hace tener presencia institucional en las
    propuestas del Estado; pero que a su vez es un "derecho
    programático" que obedece a lo que el Estado está
    en capacidad de aportar según sus recursos y según
    su ideología de Estado. No está obligado a dar tal
    o cual beneficio a las personas, pero puede escucharlos, dialogar
    con ellos y priorizar qué se les podría aportar
    para satisfacer necesidades. La equidad toma cuerpo en cuanto es
    necesaria para concebir e interpretar una política social
    justa hacia el colectivo, no sólo de la manera o forma en
    que llegue, sino de la manera o forma en que se modele en ese
    proceso de participación social que hace del Estado
    moderno una institución fértil para el desarrollo
    integral del ser humano.

    Y concluyo como inicia la profesora Maingón
    algunos de sus trabajos, definiendo política social, que
    al fin de cuentas es el motivo y razón de ser de todo este
    escrito en el espectro del Seminario que se
    dictara entre abril y julio del 2004, en el
    CENDES-UCV.

    El principio inspirador de la Política Social
    es el logro del Bienestar Social colectivo, sin embargo, la
    Política Social, a partir de una naturaleza
    dicotómica, contradictoria y dialéctica,
    vendría a ser, a mi entender, el conjunto
    explícito, ordenado y sistemático de formulaciones
    estratégicas, definidas, articuladas y direccionadas por
    el Estado y por actores sociales civiles y privados, para
    propiciar salidas concertadas socialmente.

    Estos lineamientos estratégicos, los cuales
    asumo en razón de que mi formación como
    Planificador me hace centrarme en aspectos racionales concretos y
    factibles, buscan el logro de finalidades sociales, que se
    delimitan a partir de posturas u orientaciones
    teórico-conceptuales y político-ideológicas,
    entre ellas podemos mencionar las siguientes: La Política
    Social vista como el conjunto de mecanismos estatales de
    acción y bienestar social, que buscan disminuir y eliminar
    las diferencias socioeconómicas entre los grupos de una
    sociedad determinada así como afrentar la desigualdad
    social con medidas redistributivas y de acceso a servicios
    sociales a través de la generación de empleo
    productivo y convirtiendo al desempleado en trabajador asalariado
    (salario directo);
    y la posibilidad de acceso a servicios sociales: Salud,
    Educación, Vivienda, Alimentación, Seguridad
    Social, Cultura, Deporte y Recreación. (salario Indirecto); la
    Política Social vista como el conjunto de mecanismos de
    acción social necesarios para paliar y atenuar los efectos
    sociales del desarrollo, para compensar mínimamente a los
    excluidos y marginados; es decir, entendida como programas
    asistenciales, promocionales, emergentes, cortoplacistas y
    desarticulados, focalizados a sectores en situación de
    necesidad extrema. La Política Social entendida como el
    conjunto de estrategias e instrumentos estatales de acción
    social, indispensables para incidir en la reproducción de
    la fuerza de trabajo y en la legitimación y ampliación del
    dominio y poder del Estado sobre los grupos que integran una
    sociedad; y la Política Social entendida como el conjunto
    de mecanismos sociales estatales indispensables para asegurar la
    cohesión, el consenso y la estabilidad social, es suma, su
    finalidad es la gobernabilidad de una sociedad.

    Las orientaciones en torno a la Política
    Social aparecen como "tipos ideales"; como configuraciones
    abstractas necesarias para analizar un fenómeno social
    determinado, pero, en la realidad concreta, la Política
    Social implementada en una realidad engloba todas esas
    orientaciones, ya que dentro de los marcos de una sociedad
    determinada aquella tendrá una naturaleza
    dialéctica, dicotómica y contradictoria que
    hará que todas las orientaciones mencionadas coexistan e
    interactúen, en sus razones naturales de conflicto, dentro
    de ese contexto social sin descuidar la meta de un
    confort y bienestar para materializar un "buen
    vivir".

    A manera de conclusión, nos suscribimos a
    realizar una propuesta organizativa que vaya en procura del
    fortalecimiento de los derechos sociales con equidad. Todo
    esfuerzo intelectual amerita un cierre que proponga más
    allá de las ideas de los teóricos y pensadores de
    nuestro tiempo, salidas o escenarios para profundizar los matices
    asumidos desde lo abstracto de la reflexión
    teórica.

    Para José Fernández Santillán
    ("Sociedad Civil y Derechos Humanos", México, Revista Letras
    Libres, Febrero 2001, año III, Nº 26, pags. 12-14),
    el mundo moderno se ha abierto a diversas esferas de la
    acción humana en tres espacios fundamentales, es decir, el
    económico, el social y el político, que antes se
    encontraban mezcladas, podemos decir que cualquier intento de
    confusión entre esas esferas va en contra del proyecto
    civilizatorio de la modernidad. Hay,
    agrega Fernández Santillán, ejemplos regresivos
    como el llevado a cabo por los regímenes totalitarios al
    querer "colonizar", con base en el desbordamiento del Estado, la
    esfera social y la esfera económica, o como el practicado
    por el monetarismo al
    intentar "invadir", a partir de la ilimitada expansión del
    mercado, los campos del Estado y de la sociedad civil. El error
    ahora, cierra Fernández Santillán, sería
    negar, desde la Sociedad Civil, los espacios correspondientes al
    Estado y a la economía.

    La Sociedad Civil y los derechos del hombre y del
    ciudadano están ligados indisolublemente. La sociedad
    constituye la base esencial desde la que se han defendido los
    derechos civiles, políticos y sociales. La esencia de la
    democracia radica en llevar adelante una "política de los
    derechos" que consolide y expanda el panorama de
    emancipación abierto por el iluminismo (entiéndase
    ilustración).

    Por esta razón, me circunscribo a lo expresado
    por Antoni J. Colon y Joan – Carles Mélich (2001) al
    referirse al neocontractualismo de Rawls. Para éste
    pensador se hace necesario la construcción de una
    teoría política y de justicia que sea
    universalmente válida, es decir, no determinada por los
    contextos socio-históricos particulares. En la sociedad
    debe haber orden y ese orden augura la aplicación de un
    derecho que todos tienen pero que la gran mayoría
    desconocen la esencia y valor bajo los cuales se han de ir
    presentando en la sociedad.

    Rawls es claro al afirmar que en el ámbito de
    la teoría de la justicia hay dos principios que se
    adelantan al valor de supremacía del Estado: 1.- Que cada
    persona ha de tener un derecho igual al esquema más
    extenso de libertades básicas iguales que sea compatible
    con un esquema semejante de libertades para los demás; y
    2.- Que las desigualdades sociales y económicas
    habrán de ser conformadas de modo tal que a la vez sean
    ventajosas para todos y vinculen a todos al aparato productivo de
    la sociedad.

    Estos principios de Rawls no están en un plano
    de igualdad, sino en una serie de prioridades que antepone el
    principio de libertad al de organización política
    del Estado, procurando salvaguardar las decisiones individuales
    que son, en definitiva, la mejor garantía para existir
    como sujeto de la democracia. Y ser sujeto implica relaciones
    sociales, las cuales han de ser apreciadas en el contexto de la
    complejidad en que se presentan.

    En el estudio titulado Transdisciplinariedad y
    Complejidad en el Análisis Social,
    de la
    Gestión de las Transformaciones Sociales (MOST), de la
    UNESCO (VERSIÓN PRELIMINAR),
    la Dra.Mayra Espina
    Prieto, expone en su ensayo "Complejidad y pensamiento
    social",
    que en un intento por hacer una apretadísima
    síntesis, que permite desmantelar en el pensamiento social
    las operaciones de fragmentación, binarización,
    disyunción y objetivación, integra una serie de
    supuestos o nociones generales que hacen posible desarrollar una
    metodología concreta para reconocer y
    analizar los conflictos y situaciones propias de la vida social.
    Esos supuestos descriptivos se resumen en: Noción de
    universo
    como totalidad inacabada, en formación, donde
    se simultanean orden y desorden, determinación y azar, y
    que se organiza a través de información, en un
    proceso continuo de disipación y generación de
    incertidumbre (tiene como principal exponente a Morin 1996);
    Noción de la complejidad como atributo
    irreductible, ordinario y cotidiano de la existencia natural y
    social, que presenta un carácter sistémico
    integrador. Preeminencia del holismo sobre el reduccionismo
    (Delgado 2002); Noción de retroacción,
    mecanismo mediante el cual el efecto actúa sobre la causa,
    pudiendo incluso amplificarla, y que permite que un sistema
    adquiera funcionamiento autónomo y que invierta y cambie
    sus patrones o rutinas de comportamiento
    (Morin 1996); Noción de autopoiesis; los sistemas
    aotopoiéticos son organizacionalmente cerrados (se
    construyen y producen a sí mismos en lugar de ser
    programados desde fuera) e informacionalmente abiertos (captan y
    producen continuamente información), destacan las ideas en
    este tema de Luhman, 1982; Noción de adaptabilidad
    de los sistemas complejos, donde los elementos constitutivos
    están fuertemente asociados entre sí y tienen, a la
    vez, capacidad potencial de actuar individualmente, como agentes
    autónomos del cambio, e influir sobre los demás,
    abandonando las rutinas (comportamientos tipificados en un
    repertorio preestablecido) para adaptarse a nuevas circunstancias
    (Luhman 1982); Noción de sistema abierto, que
    combina orden por equilibrio –donde se observan patrones de
    comportamiento que permiten visualizar un atractor– y orden
    producido fuera del equilibrio- donde no existe un principio
    organizador y un estado atractor únicos, inscriptos en la
    naturaleza del sistema (López Pettit 1993); y
    Noción de coevolución o de adaptación
    y evolución conjunta: en el proceso de
    auto-organización los sistemas complejos se transforman
    conjuntamente con su entorno "ninguno de los dos puede
    evolucionar en respuesta al cambio sin que produzca ajustes
    correspondientes en el otro" (Rosenau 1998).

    Cuando se percibe lo social desde el ámbito de la
    complejidad se está apreciando el verdadero sentido de las
    relaciones sociales. El Estado Social por consiguiente surge como
    el depurador del Estado Liberar que no ha entendido, o
    entendió, la complejidad de lo social; las soluciones que
    propuso el Estado Liberal a la sociedad fueron deficientes,
    individualistas e insolidarias. Se comportó como el Estado
    más totalitario de todos, puesto que en "nombre de la
    libertad" quebrantaba las posibilidades de bienestar del
    colectivo. Se estima, en expresión de Gándara
    (1983), que la libertad y la eficacia no son antagónicos,
    menos aún contradictorios, ya que la libertad sólo
    tiene sentido en cuanto significa ser libre para participar;
    mientras que la eficacia, orientada al tener más,
    sólo se justifica si está al servicio del hombre en
    la medida que le brinda mayores beneficios materiales. Es en
    razón de esto que en la medida que los requisitos sean
    cubiertos y satisfechos plenamente por el modelo de Sociedad y de
    Estado que se propugna, podrá éste lograr su
    justificación y legitimación ética,
    jurídica, social y política.

    Al pretender construir un Estado Social desde enfoques de
    Derecho y Política, política social evidentemente,
    no estamos reinventando esquemas o agregando nuevos elementos a
    la consideración teorética de la concepción,
    sino redefiniendo los elementos presentes en el amparo de las
    nuevas condiciones sociales y políticas a las que se ha de
    enfrentar. Es un ir actualizando las relaciones sociales en
    razón de las relaciones de poder.

    El Estado Liberal, denominémoslo de Derecho, aporta un
    esquema general que la visión de derechos sociales
    sólo ha de tener la tarea de revisar y reinterpretar, sin
    descuidar la esencia de justicia, solidaridad y
    participación que han de motivar los valores de un Estado
    Social. Este esquema parte de la valoración de la Ley como
    imperio y majestad de obediencia de todos los seres humanos; el
    principio de la separación de poderes como estructura
    básica para evitar el autoritarismo y la perversión
    institucional; el principio de la legalidad administrativa, que
    le otorgaría a las personas un respaldo a la hora de
    validar sus actuaciones en las relaciones en sociedad; y la
    denominada garantía legal de los derechos y libertades del
    hombre que dan un piso normativo para edificar una estructura
    social con resguardo en los derechos de cada persona. Tal como
    expresa Yolanda D’ Elia: "Por eso es que el Estado o
    más bien un nuevo tipo de Estado debe surgir, tomando de
    las herencias del pasado lo mejor y empujando a que cada vez
    más las personas estén en primer lugar. Eso es lo
    que logran los derechos".

    Se ha de insistir en que el Estado debe estar edificado sobre
    la idea, fecunda y dinámica de paz social y
    colaboración activa de los ciudadanos; esta realidad
    sólo sería posible si se desarraigan, con
    posición política firme, las profundas
    desigualdades e injusticias de ellas derivadas y que
    mantiene aún vigente la lucha o conflicto de clases (me
    remito al ejemplo de Venezuela desde el año 2001 hasta la
    actualidad).

    El ejercicio de los derechos y libertades tiene que estar
    plenamente garantizado en el epicentro constitutivo del Estado
    Social, prevaleciendo la pluralidad, así como la apertura
    a los ciudadanos de opciones político-sociales que le
    brinden múltiples, no excluyentes ni monopilizables,
    vías de autorrealización en donde la meta del "buen
    vivir" se compense con el principio de solidaridad que debe
    animar la legítima contienda política en la siempre
    renovada prosecución de un Estado y una Sociedad cada vez
    más democráticos y representativos.

    El nuevo Estado, ese creado con visión Social, ha de
    estar edificado, como expresa Gándara, sobre el fecundo y
    creador "pluralismo social", que conserve una clara conciencia de la
    solidaridad social, en donde los diversos grupos
    sociales tengan una clara conciencia de la común
    necesidad, sobre todo las clases menos favorecidas.

    El Estado Social construido desde la base de políticas
    públicas justas, solidarias y plurales, tiene que tener
    mecanismos de control de los procesos sociales, por ello se
    sugiere la creación de "grupos sociales intermedios", los
    cuales, con autonomía y funcionamiento garantizados, ha de
    fomentar el Estado Social en razón de su condición
    democrática y participativa, rechazando las estructuras
    oligárquicas y autoritarias que bajo la excusa de un
    aparente "desorden" e "ingobernabilidad" en algunos Estados,
    aspira dirigir el desarrollo social
    por la vía de la fórmula y el pretexto interventor.
    Nada más contradictorio del espíritu de solidaridad
    y cooperación del Estado Social, el cual se va haciendo en
    la medida que todos se adjudican en su espacio un respeto a las
    normas y
    preceptos básicos de la convivencia común.

    Ahora bien, al constituirse el Estado Social, éste ha
    de ser auténtico y operativo, ha de promover y garantizar
    una verdadera democracia política, económica y
    social, que haga efectiva la participación de los
    más necesitados en los bienes materiales y culturales del
    Estado, sirviendo de freno a las ambiciones y apetencias
    desmedidas e insolidarias de quienes teniendo más aspiran
    minimizar a los sectores con grandes necesidades y carencias. El
    Estado Social ha de propiciar una integración que conlleve
    a un compromiso y de allí al desarrollo de solidaridades,
    porque para que el hombre prevalezca en sociedad ha de estar
    interactuando y planteándose objetivos comunes que le
    permitan avanzar.

    En este último aspecto interviene lo que llamó
    Maurice Duverger la teoría de la
    integración
    . Según Duverger la
    integración política constituye el aparte
    organizativo del Estado moderno. Si bien la política
    había aparecido para disminuir el grado de violencia
    física
    entre los hombres de una sociedad, ésta no podía
    permanecer sin conflictos, es por ello que al darse la
    sustitución de la agresión como mecanismo de
    imposición de ideas, toma lugar la discusión, el
    diálogo, los procesos de ostracismo o elección por
    mayoría. La integración, expresa Duverger, "supone
    no solamente la supresión de los conflictos, sino
    también el desarrollo de la solidaridad".

    Pero si el Estado controla la violencia no está
    generando un cuadro de desigualdad ante su propuesta de
    integración. Es posible que algunos interlocutores, como
    los marxistas, establezcan que el Estado es coercitivo y
    autoritario por dejar para sí el uso de la violencia para
    impedir una mayor violencia. Pero a este respecto,
    remitiéndonos al pensamiento de Duverger, la
    política no es supresión de las violencia, sino
    centralización, monopolización y
    organización de los medios de violencia, ello le da una
    ventaja sobre la mayoría que es conglomerado de seres
    humanos a los cuales hay que orientar por mecanismos
    pacíficos de confrontación. Si el Estado tiene la
    potestad de organizar la violencia, podrá asumir el
    control de las situaciones sociales con mayor diligencia y por
    ende se convierte en la única opción de
    autoridad.

    Una vez que la violencia ha sido dominada por el Estado,
    aparece la figura del compromiso. La idea de un compromiso
    (algunos autores hablan de Pacto Social, Contrato Social,
    Convenio, etc.) no viene impuesta por una necesidad de encauzar
    el desarrollo de la lucha política, sino poner fin a las
    intenciones de hacer de la vida social una excusa única y
    última de la política. En una palabra, y acá
    coincide esta apreciación con Gándara (1983) y
    Duverger (1968), la política en la sociedad moderna ha de
    estar justificada como vía para manifestar los conflictos
    por medios no violentos, pero si se hace necesario, por la
    vía de una revisión del compromiso, se puede llegar
    a eliminar cualquier rastro de antagonismo por la vía del
    cambio del compromiso. Que ello transforme el Estado en una
    pirámide autoritaria y despótica, a veces la
    postura radical es necesaria para reorientar los canales de
    confrontación. Lo que si no es posible, y con una mirada a
    la historia mundial de estos últimos diez años nos
    percatamos, es la consecución a tiempo indeterminado de
    posturas radicales de Gobierno.

    En los regímenes democráticos del nuevo tiempo
    los compromisos cuando aparecen más justos son mucho
    más fáciles de solventar. Persiste la noción
    de justicia (un poco ahondada con Rawls anteriormente) como
    elemento fundamental para propiciar la integración.

    "La definición de la justicia depende de las
    ideologías y de los sistemas de valores de la sociedad
    considerada. Casi siempre se encuentra fundada en la
    distribución de los bienes y las ventajas sociales dentro
    de una situación de penuria, en donde estos bienes y
    ventajas son más raros que las necesidades a satisfacer.
    El paso de las sociedades aristocráticas a las sociedades
    burguesas sustituyó el principio a cada uno
    según su nacimiento
    por el principio a cada uno
    según su capacidad
    a pesar de lo cual el nacimiento,
    en forma de herencia,
    continúa desempeñando un papel importante".

    El compromiso no es el finan de los antagonismos, sino una
    tregua que permite modificar las relaciones de fuerzas y, si es
    necesario, sustituirlas por otras que se adapten mejor a la
    búsqueda de coincidencias plurales.

    La etapa final que permite cerrar el círculo en la
    intención de construir un Estado Social con luchas y
    conflictos controlables, plenamente integrados en donde cada
    persona mantenga sus vínculos sociales por sobre todas las
    diferencias, es la solidaridad. Duverger sentencia: "no existe
    integración social sin desarrollo de las
    solidaridades".

    "La solidaridad es el resultado, en primer lugar, de la propia
    estructura de la vida comunitaria, en la que cada uno tiene
    necesidad de los otros, de acuerdo con un entrelazado de cambios
    mutuos. Durkheim vio
    en la división del trabajo la fuente de este primer tipo
    de solidaridades, las cuales, si bien estaban poco desarrolladas
    en las economías cerradas primitivas, han ido creciendo
    según se iba produciendo la especialización de los
    intercambios".

    La solidaridad tiene su razón de ser en la semejanza o
    la proximidad física de los miembros de la comunidad,
    así como en las representaciones colectivas que se crean
    de dicha semejanza y aproximidad; juega papel preponderante la
    identidad que cada quien tiene acerca de su sociedad y de
    sí mismos. Es la imagen que cada uno de nosotros tenemos
    acerca de nuestro entorno social, proyectada a la colectividad en
    un proyecto común de integración. Sin estas
    premisas básicas el Estado Social es irrealizable,
    violente y desconceptualizado de su razón de ser como
    organización que auspicia y promueve el "buen vivir".

    La base para que la teoría de la integración
    alcance su valor en el contexto del Estado moderno ya se ha
    puesto en práctica en realidades sociales como Inglaterra,
    Francia y Estados Unidos de
    Norteamérica; me refiero al establecimiento de reglas y
    procedimientos claros, a la organización colectiva de la
    sociedad sin caer en la selectividad, en la puesta en marcha de
    un proceso de concientización y educación en
    valores ciudadanos que fortalezcan la identidad de las personas,
    así como la promoción de una coerción social
    que enaltezca principios de justicia y equidad, reflejando que el
    Estado es el galante de la preservación del proceso social
    y no quien impone modos o estilos de convivencia. Los nuevos
    tiempos, bien lo ha reflejado Edgar Luttwat en su obra
    "Turbo-capitalismo" (2000), no es de los que monopoliza la toma
    de decisiones, sino de quien la pluralice.

    REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

    AHUMADA, Consuelo (1998) El Modelo Neoliberal y su
    Impacto en la Sociedad Colombiana
    , Bogotá, El
    Ancora Editores, 303 págs.

    AGUDELO VILLA, Hernando (1966) La Revolución
    del Desarrollo
    , México, Editorial Roble, 453
    págs.

    AZÓCAR A., Ramón E.
    (1998) La revelación de Oanes, Ensayos acerca
    del Federalismo
    Libertario, Caracas, Edita Biblioteca de
    Temas y Autores Portugueseños y Centauro Editores, 235
    págs.

    BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (1985). Progreso
    económico y social en América Latina
    .
    Washington, D.C. 1985.

    BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO /PNUD (1993) Reforma
    social y pobreza.
    Washington-Nueva York.

    BERMAN, Marshall (1988) Todo lo sólido se
    desvanece en el aire
    , La experiencia de la modernidad,
    Editorial Siglo XXI, México, 11ava edición, 386 págs.

    BILBENY, Norbert (1998) Política sin
    Estado
    , Introducción a la Filosofía
    Política, Editorial Ariel, Barcelona-España, 284
    págs.

    BODEMER, Klaus y otros (2003) Políticas
    Públicas, inclusión social y
    ciudadanía
    . Caracas, Editorial Nueva
    Sociedad, 326 págs.

    BUSTELO, Eduardo S. (1987) Políticas de
    ajuste y grupos más vulnerables en América
    Latina
    . Hacia un enfoque alternativo. Bogotá,
    Fondo Económico de Cultura, 250 págs.

    CASTORIADIS, Cornelius (1983). La Institución
    Imaginaria de la Sociedad
    , (Vol.1)
    Barcelona-España, Editorial Tusquets, 285 pág.

    CAPPELLETTI, Ángel (1995). La ideología
    anarquista
    , Caracas, Editorial Alfadil., 226
    pág.

    CEPAL (2001). Una Década de Luces y Sombras:
    América Latina y el Caribe en los Años
    Noventa
    , Bogotá, Edita Alfaomega S.A., 306
    pág.

    COLOM, Antoni y Joan-Carles Mèlich (2001).
    Después de la modernidad, Nuevas
    filosofías de la educación,
    Barcelona-España, Editorial Paidós, 192
    pág.

    CUNILL GRAU, Nuria (1997). Repensando lo público
    a través de la sociedad
    , Caracas, Centro
    Latinoamericano de Administración para el Desarrollo-CLAD,
    Editorial Nueva Sociedad, 320 pág.

    CHOMSKY, Noam y Edgar S. Herman (1981). Washington y el
    fascismo en el
    tercer mundo
    , México, Editorial Siglo XXI, 481
    pág.

    DI CASTRO, Elisabetta (1981). Razón y
    Política
    , La obra de Norberto Bobbio.
    México, Editorial Fontamara-UNAM, 179 pág.

    D’ ELIA, Yolanda y Thaís Maingón (2004).
    La equidad en el Desarrollo Humano: estudio conceptual
    desde el enfoque de igualdad y diversidad
    , Documento para
    la Discusión, Caracas, Editorial Torino bajo el auspicio
    de PNUD y Deutsche Gesellschaft für Technische
    Zusammenarbeit (GTZ) GMBH Cooperación técnica
    Alemana, 67 pág.

    D’ ELIA, Yolanda (2004). La Política Social
    y sus enfoques
    , Documento de Exposición en
    Power Point,
    Caracas, 48 láminas.

    ESTEVA, Gustavo (1996). Diccionario del
    Desarrollo
    , Lima, Perú, Edita PROTE, 399
    pág.

    FERNÁNDEZ SANTILLÁN, José (2001).
    "Sociedad Civil y Derechos Humanos", México,
    Revista Letras libres, febrero 2001, año III,
    número 26, págs. 12-14.

    GÁNDARA, Alfonso (1983). Del Estado Liberal de
    Derecho al Estado Social de Derecho
    ,
    Mérida-Venezuela, Edita Librería Universitaria, 98
    pág.

    HEILBRONER, Robert (1982). La formación de la
    sociedad económica
    , México, Editorial Fondo
    de Cultura Económica, quinta reimpresión, 422
    pág.

    JARAMILLO, Jaime E. (1995) Modernidad y posmodernidad
    en América Latina
    . Colombia, Centro de Escritores
    de Manizales, 121 págs.

    JIMÉNEZ, Roberto. (1977) América Latina y
    el Mundo Desarrollado
    . Caracas, Universidad
    Católica Andrés
    Bello, 307 págs.

    KELSEN, Hans (1977). Esencia y valor de la
    Democracia
    , Madrid,
    Editorial Guadarrama, 192 págs.

    LECHNER, Norbert (2000) "Nuevas Ciudadanías".
    Revista Estudios Sociales, Fin de Siglo, Nro. 5,
    págs: 25-31.

    LUTTWAT, Edward (2000) Turbocapitalismo,
    ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en la
    globalización? Barcelona, España, Editorial
    Crítica 359 págs.

    MERCHÁN, Rafael. (2002) "Participación
    Ciudadana" .Revista Perspectiva, Bogotá,
    Nº 2, págs. 44-47.

    MERQUIOR, José G. (1993) Liberalismo viejo y
    nuevo
    . México, Fondo de Cultura Económica,
    216 págs.

    ORTEGA, Félix (1994) El mito de la
    modernidad,
    Barcelona-España, Editorial Anthopos,
    301 págs.

    PENNACCHI, Laura, Compiladora (1999) Las razones
    de la equidad,
    Buenos Aires, Editorial Losada, 239
    págs.

    PONCE, Fernando (2003) Globalización, migración
    y derechos humanos
    . Quito,
    Material memografiado, 16 págs.

    SORIANO, Graciela (1968) El Pensamiento Social de
    Charles Loyseau
    , Caracas, Instituto de Estudios
    Políticos, Facultad de Derecho, 227 págs.

    SUNKEL Osvaldo (1987) El Futuro del Desarrollo
    Latinoamericano: algunos temas de reflexión en
    Neoliberalismo y Políticas Económicas
    Alternativas
    , Quito, Corporación de Estudios para
    el Desarrollo, CORDES, págs: 21-58.

    SUNKEL Osvaldo (1995) "Neoliberalismo y neoestructuralismo en
    América Latina", Segunda parte, en Revista Academia
    Colombiana de Ciencias
    Económicas
    , Bogotá, Nro. 46, págs: 6
    -13.

    STIGLITZ, Joseph (2002) El malestar en la
    globalización
    , Madrid, Editorial Taurus, 314
    págs.

    VALASCO, Luisa Fernanda (2002) "Lo etno del
    desarrollo"
    , www.unimag.edu.co.

     

    Ramón E. Azócar A.

    Politólogo, Magíster en Gerencia y
    Planificación Institucional, (UNELLEZ-Guanare); Doctorante
    de Estudios del Desarrollo, CENDES-UCV; Crítico Literario
    y Escritor. Autor de varios libros de
    ensayo: "La Revelación de Oanes" (1998) y "Hacia un Nuevo
    Paradigma en Educación" (2000). Consecuente articulista en
    la prensa regional y
    nacional, destacándose sus ensayos de investigación
    publicados en el Suplemento Cultural del Diario "Últimas
    Noticias", de
    Caracas. Tiene obra poética inédita y está
    trabajando en un ensayo largo acerca de la Filosofía de
    la Ebriedad.

    Es catedrático Universitario, así como
    Asesor en el área de Políticas Públicas y
    Teoría de la Organización.

    COINCIDENCIAS PLURALES

    © Ramón Eduardo Azócar
    Añez, 2004

    Hecho el depósito de Ley:

    DEPÓSITO LEGAL:

    Nota al lector: es posible que esta página no contenga todos los componentes del trabajo original (pies de página, avanzadas formulas matemáticas, esquemas o tablas complejas, etc.). Recuerde que para ver el trabajo en su versión original completa, puede descargarlo desde el menú superior.

    Todos los documentos disponibles en este sitio expresan los puntos de vista de sus respectivos autores y no de Monografias.com. El objetivo de Monografias.com es poner el conocimiento a disposición de toda su comunidad. Queda bajo la responsabilidad de cada lector el eventual uso que se le de a esta información. Asimismo, es obligatoria la cita del autor del contenido y de Monografias.com como fuentes de información.

    Categorias
    Newsletter