Ensayo acerca del enfoque de Derecho y
política
en la construcción del Estado
Social
Ensayo
crítico-conflictual
(Prólogo de Yolanda D`Elia)
- Generalidad
- Primera aproximación
teorética - Segunda aproximación
teorética - Tercera aproximación
teorética. -¿Cómo se puede entender hoy la
ciudadanía desde el enfoque de los Derechos con
equidad? - Cuarta aproximación
teorética. La Construcción de Políticas
Públicas desde una perspectiva de Derecho y Equidad,
según Yolanda D`Elia - Ideas Finales
- Referencias
Bibliográficas
…el individuo no
vive sino en la esfera de su
egoísmo y de sus intereses
materiales…
MAURICE JOLY
("Diálogo en
el infierno entre Maquiavelo y
Montesquieu".
Barcelona-España,
Editorial Seix-Barral, 1977, 73:2)
…el nuevo Estado ha de estar edificado sobre
el fecundo y creador PLURALISMO SOCIAL,
igualmente superador del individualismo
insolidario y desintegrador como del colectivismo
totalitario
y despersonalizador…
ALFONSO GÁNDARA FEIJOO
("Del Estado Liberal de Derecho al estado Social
de Derecho". Mérida-Venezuela,
Edita Librería Universitaria, 1983, 45:2)
… lo social se refiere a alguien que
está
haciendo su proyecto de
vida…
YOLANDA D´ELIA
(Exposición
magistral. Caracas-CENDES, 2004)
La mayor libertad del
hombre y los
mayores márgenes de igualdad, son
la premisa básica para internalizar un Estado Social
moderno; la combinación de estos dos elementos se da en
algunos autores en el sujeto y en la democracia, en
otros se da en el contrato social y
los acuerdos, en otros se da en los derechos. Los derechos
sociales se conectan al desarrollo del
principio democrático y al reconocimiento de una igualdad
de los ciudadanos, que se extiende de la esfera política a
los ámbitos social y económico. La política
social desde los derechos sociales, es un instrumento de
ejecución del Estado que permite potencializar la
capacidad de los individuos para hacer frente a sus necesidades
materiales y simbólicas, interactuando con el sistema
político y actuando a través de la
ejecución de esa política social. Las dos
interrogantes de este estudio son contestadas por Marshall a
través de su teoría
ciudadana: ¿es la política social la
materialización de un derecho o es el derecho del
colectivo lo que influye en el Estado para
la formulación de una Política Social? La
política Social es la clara manifestación de un
Derecho que le es inherente a las personas en la medida que ella
cumple los deberes que le ha consagrado la
organización política y jurídica de su
entorno social. Ello nos hace llegar al enfoque de los derechos
con equidad que ha
adquirido relevancia al prosperar el llamado a respetar los
derechos sociales, culturales y económicos, y a incluir
muchas aspiraciones bajo la égida de los derechos humanos.
La segunda incógnita: ¿La Política Social se
ha de entender como un Contrato Social o
como una medida de asistencia del Estado hacia con sus
conciudadanos? La política social al surgir bajo la figura
de un convenio entre las personas y la institucionalidad ha de
cumplir deberes para acceder a derechos, infiriendo que se ha de
entender como un contrato social que va actualizándose en
razón de las necesidades más sentidas de la
ciudadanía. En una palabra, desde la
política social universal/asistencialista hasta la
política social focalizada/compensatoria, ésta
surge de la reivindicación de los derechos civiles y
políticos en el siglo XX, tomando un nuevo cuerpo
institucional en el que el Estado/Gobierno promueve
el desarrollo de los derechos sociales entendidos como facultades
jurídicamente reconocidas a todos (as) para realizar y
exigir individual y colectivamente la satisfacción de las
necesidades fundamentales que permitan participar plenamente en
la vida social. Una política social de derechos y de
equidad es corresponsabilidad, pero no es ni incentivadora ni
selectiva, por ello se ha de profundizar
Acerca del presente documento que entregaras a Thaís
Maingón, tengo las siguientes cosas que decirte:
Los temas que has tomado son de una enorme complejidad,
nunca acabados y siempre discutibles porque entran en el campo de
los valores.
Sin embargo, creo que has hecho una exhaustiva revisión y
muy valiosa de ideas, conceptos y líneas de trabajo que
dan muchas luces. En esta misma línea ambiciosa, creo que
estamos en los tiempos donde los conceptos se entrelazan, se
combinan y se articulan para poder
comprender nuestras sociedades, de
por si complejas y cambiantes. Es por eso que lo que antes
parecía antagónico, ahora parece que puede juntarse
(aunque no fusionarse); No obstante, partimos de principios
básicos: la mayor libertad del hombre y los mayores
márgenes de igualdad. La combinación de estos dos
elementos se da en algunos autores en el sujeto y en la
democracia, en otros se da en el contrato social y los acuerdos,
en otros se da en los derechos. Cualquiera de estas vías
es válida y probablemente también son
complementarias.
En definitiva, lo que estoy diciéndote es que el
pensamiento
cambia y ahora estamos en un momento donde los pensamientos
parciales y autoritarios, ya no tienen cabida. Eso no significa
que la sociedad se
comporte según este nuevo pensamiento, sino que existen
nuevas utopías para atender los problemas
actuales. Las preguntas que te haces son verdad en ambas
direcciones. La Política social es producto del
Estado y el Estado es producto de los conflictos y
acuerdos de una sociedad. Creo que tus planteamientos son super
importantes en todo el trabajo.
Sólo te pido que revises en tu propuesta final el tema de
la selectividad. Porque justamente rompe con la idea de derechos
y de equidad. La idea es repensar estos conceptos, no
reemplazarlos por ideas que los desconocen. La selectividad
supone que cada quien en la sociedad resuelva sus problemas como
mejor pueda. Eso, evidentemente es parte de la libertad, pero no
lo es todo ni la garantiza. Acuérdate que nos necesitamos
unos a otros, por eso la identidad del
sujeto es social y por eso la autonomía que podamos lograr
es individual pero también es colectiva. Requerimos de
algo que dejaste aparentemente afuera, la solidaridad. No
es posible vivir bien sin cosas que hacemos con los otros.
Quisiéramos que la sociedad pudiera resolver sus
conflictos de tal manera que se fortaleciera la
cooperación y la solidaridad entre todos. Pero ello "no es
factible". Viendo las evidencias
puedes darte cuenta de que, con mas riqueza, con mayores
capacidades e incluso con mayores libertades (porque son pocos
los países que se plantean sistemas
totalitarios ahora), no hemos logrado reducir las desigualdades,
los niveles de precariedad y de abandono. Por eso es que el
Estado o más bien un nuevo tipo de Estado debe surgir,
tomando de las herencias del pasado lo mejor y empujando a que
cada vez más las personas estén en primer lugar.
Eso es lo que logran los derechos. Esto es lo que quiero que
revises en tu propuesta final. Una Política de derechos y
de equidad es corresponsabilidad, pero no es ni incentivadora ni
selectiva. Revísalo y creo que el trabajo en su conjunto
es estupendo.
Un abrazo, Yolanda D`Elia
Caracas, 26 de junio del 2004
1.- PRIMERA
APROXIMACIÓN TEORÉTICA
En la revisión bibliográfica de documentos
relacionados con la teoría social, se aprecia la urgencia
teórica de "redefinir" los conceptos que le dan
denominación operativa a la política social.
Autores como Norbert Bilbeny , Carlos Sojo, Thaís
Maingón y Lissett González A., coinciden en otorgar
una condición de "valor" a la
acción
que instrumentaliza la política social. El "manoseado"
concepto de
que la política social ha de entenderse como el conjunto
de medidas que contribuyen al mejoramiento de una
situación determinada, cuyos objetivos son
aminorar o/y regular los embates de la política
económica, otorgándole denominación
asistencialista, residual y de apoyo a la acción del
Estado por brindar un cuidado al colectivo que es afectado por
las condiciones fluctuantes e la economía, es un
concepto que se ha quedado en la superficialidad y ya no cuenta,
en el ámbito de los nuevos actores de la teoría
política social, con mayores defensores que no intenten
dar un sentido renovado y real de lo que significa para un Estado
proyectar líneas estratégicas en el ámbito
social.
La búsqueda nos lleva a la propuesta de Kenneth
Boulding (citado por Maingón), quien señala que la
política social toca todos los aspectos de la vida social,
por lo tanto su condición es de identidad con la comunidad, siendo
su objetivo la
construcción de una identidad asociada que promueva la
integración con el ámbito
institucional. A este respecto recalca Maingón:
"…la política social tiene que ver directamente con
el sistema de
integración social, y esto incluye todos los aspectos de
la vida social que están caracterizados no tanto por el
intercambio (…), sino más bien por la transferencia
unilaterales que son justificadas a través de elementos
que construyen identidad, legitimidad, comunidad, justicia y
equidad".
A todo esto, siguiendo el esquema teórico de
Maingón, se delinea lo que sería una primera
aproximación a ese nuevo concepto de política
social: "…uno podría concluir que la
política social es aquella política que gobierna la
naturaleza de
todas las relaciones intrasocietales, pasando por la calidad de
vida y ayudando a mantener los niveles de bienestar en una
sociedad dada. Así, la política económica
está incluida en el modelo de
política social propuesto como uno de los componentes
instrumentales." A este punto de vista teórico
Maingón y Lacabana han llamado "política
socialmente ajustada", en donde se le da importancia al problema
de los valores, en
especial el de la equidad. Sin embargo, y en ello coincido con
los autores, esta percepción
de la política social no puede materializarse hasta tanto
no tengamos una visión de sociedad distinta, en la que el
Proyecto Nacional sea coherente, tanto en el discurso
ideológico como en el metodológico.
Cerrando el círculo, y apoyándonos en algunas
ideas de Lissette González A., la política social
está encaminada, en esta realidad de Estado
Democrático y con clara influencia de una visión
neoliberal (que es el caso de Venezuela, como referencia
directa), a lograr cambios en la sociedad que conduzcan al logro
de metas, bajo dos condiciones esenciales: una, las valorativas,
en la cual la equidad juega un papel importante, destacando que
su razón de ser es el de establecer puentes coherentes
entre las necesidades y la respuesta del Estado; y otra, la
instrumentalización de la Planificación en todos los estadios del
proceso de
emisión de las políticas
sociales.
El eje conciliador, a nuestro entender, entre necesidades y
respuesta del Estado, es la Planificación como instrumento
codificador y decodificador, de la política social, a
efecto de hacerla factible en tiempo real. A
mi entender de nada vale una política social sino no es
proyectada en condiciones de factibilidad. Si
no se realiza, no es política social; y si se plantea en
razón de cuadernos de trabajo asistencialistas, sin ser
parte de una planificación social dirigida, no es
más que "políticas populacheras", más de la
mediocridad a que nos tienen acostumbrados por Gobiernos
latinoamericanos.
Ludwig Guendel, quien forma parte del equipo de la investigación del proyecto la
Política Social en la era industrial: un Estudio
Comparativo de América
Latina, y es actualmente funcionario del programa para
UNICEF y profesor en la
Universidad de
Costa Rica, ha
presentado algunas consideraciones valiosos para entender la
relación política social-derechos sociales.
Según Guendel, la base para entender esta
relación está en la perspectiva del concepto de
igualdad, el cual se abordaba en tres enfoques: (1) el enfoque
estructural, referido al acceso a la riqueza social; (2) el
enfoque de las oportunidades relacionado con la igualdad de
condiciones para el acceso al mercado; y (3) el
jurídico o formal, vinculado con la igualdad ante la
ley. El
enfoque de los derechos humanos, amplia Guendel, tiene una
visión jurídica, política y distributiva de
la igualdad, postulando el concepto de igualdad social o
cultural, que es el producto de la relación entre la
noción de igualdad y el valor de la libertad. En una
palabra, formular canales de participación social que
respeten la individualidad e influyan de manera directa en los
problemas
sociales que confronta un colectivo por la razón misma
de ser heterogéneo y dinámico, y no por mandato de
intereses o intenciones particulares.
Guendel, como aporte teorético significativo, expone en
su ensayo Políticas Públicas y Derechos
Humanos, que hay la necesidad de considerar algunos
requisitos para formular una política pública con
enfoque de derechos:
1. Una primera condición consiste en alcanzar un
respaldo jurídico en el cual se explicite el
reconocimiento de los derechos específicos del grupo de
personas que lo demandan, se establezcan mecanismos pertinentes
de exigibilidad y las regulaciones necesarias para garantizar la
obligatoriedad de la ley. El derecho expresa más que una
voluntad política, manifiesta una toma posición
ética
sobre la inclusión social de los grupos
demandantes.
2. Una segunda condición es que esta política
debe tener una cobertura universal, ya que los derechos humanos
son un reconocimiento universal de acceso a ciertos bienes y
servicios,
tratos y garantías de protección. Las
políticas selectivas establecidas deben de estar
orientadas a fortalecer la equidad, como un instrumento que
permita garantizar dicha universalidad, es decir, la
inclusión de todas las personas sin ningún tipo de
discriminación.
3. Una tercera condición es que se debe incorporar de
manera explícita y diáfana mecanismos que
garanticen la participación activa de las personas
individual u organizadamente. No es suficiente que participen,
deben crearse los mecanismos para asegurar que esta
participación sea calificada y no corporativa.
4. Una cuarta condición consiste en que debe propiciar
de manera manifiesta una serie de mecanismos de carácter técnico, político y
cultural dirigidos a la atención, promoción y protección de tales
derechos. Debe garantizarse una discusión
epistemológica permanente que someta cada uno de los
actos, mecanismos y estrategias de
intervención a la evaluación, con el objeto de que se
resguarde el principio de que la persona humana se
encuentra por encima de cualquier consideración
técnica o política.
La política pública con enfoque de derechos,
culmina Guendel, va más allá de lo estatal
así como amplía lo público fuera de los
límites
que establece el sistema político-administrativo formal;
tiene como imperativo organizar y orientar las acciones que
realizan los diversos sectores sociales involucrados en redes que articulen lo local
y lo nacional, lo privado y lo público en torno a la
efectiva observancia de los principios éticos y morales
que respaldan los derechos humanos.
El Estado, al concurrir en él el Poder y el Contrato
Formal ( llámese Derecho), se desenvuelve en la Sociedad a
través de "la política" ( "lo político"
corresponde al estudio de las ideas y los hechos
históricos que han marcado la acción de "la
política"), y acerca de ésta podríamos decir
que se "refiere a procesos,
tanto sociales, políticos como económicos, que
conducen a la toma y ejecución de decisiones a
través de las cuales se adoptan o se asignan valores , a
una parte de o a otra sociedad. Estas decisiones son realizadas
por quien o quienes tienen la autoridad
política para ello. Estas decisiones pueden o no estar
basadas en el consenso.
Esta visión no nos deja claro dos aspectos: ¿es
la política social la materialización de un derecho
o es el derecho del colectivo lo que influye en el Estado para la
formulación de una Política Social?; y si, desde el
punto de vista de los derechos sociales, la Política
Social se ha de entender como un Contrato Social o como una
medida de asistencia del Estado hacia con sus conciudadanos.
La revisión al trabajo de José Luis Coraggio,
así como a otros autores de tendencia neoliberal, nos ha
dado la razón de afirmar que si bien es cierto la
política social viene dada producto de una necesidad de
reivindicar los derechos fundamentales de los ciudadanos, no es
menos cierto que su espacio fue ganado en la medida que las
propuestas del Estado en el ámbito social se fueron
materializando en los diversos países del mundo.
Si nos remontamos a los orígenes de los derechos
sociales, hay que partir del siglo XIX, en especial a la
influencia de los partidos social-demócrátas y a
los movimientos sindicales, por un lado, y a la doctrina social
de la iglesia, por
otro. A lo largo del siglo XIX, los conflictos de clase se
tradujeron en una serie de exigencias de carácter
socio-económico, que pusieron de relieve la
insuficiencia de los derechos individuales de origen liberal.
Tales reivindicaciones determinarán un cambio en la
actividad del Estado, que progresivamente abandonará su
postura abstencionista y recabará, como propia, una
función
social. Es a partir de la Constitución de Weimar, de 11 de agosto de
1919, que la nueva función del Estado se plasma en el
reconocimiento de unos derechos de carácter social,
incluidos entre los derechos fundamentales. A diferencia de los
derechos humanos tradicionales, que especifican el principio de
libertad, los derechos económicos y sociales desarrollan
las exigencias de la igualdad.
Los derechos sociales tratan de garantizar una igualdad
esencial, como atributo de la persona y presupuesto de su
libertad, que facilite la autonomía y desarrollo integral
del ser humano en las esferas en que se desarrolla su vida real.
La formulación de los derechos sociales se conecta al
desarrollo del principio democrático y al reconocimiento
de una igualdad de los ciudadanos, que se extiende así de
la esfera política a los ámbitos social y
económico. En el orden liberal e individualista que
propugnaba el abstencionismo estatal, se apela a la
intervención del Estado para configurar un orden social
equilibrado. El Estado asume el deber de llevar a cabo una
"procura existencial". Los derechos sociales son el fruto del
tránsito del Estado de derecho
liberal al Estado social de derecho.
En el desarrollo de los derechos sociales, corresponde
un papel decisivo a la doctrina y la práctica normativa de
los países socialistas, destacando que los derechos
sociales ocupaban un lugar primordial en la concepción de
un Estado que ha de valorar lo social sobre lo económico.
Los principios básicos de la estructura
social y el ejercicio de todas las libertades, obligaban al
Gobierno y a los distintos órganos sociales, a que se
promuevan condiciones para hacer efectivo, para los ciudadanos,
los derechos de carácter económico, social y
cultural.
Desde otra perspectiva, la doctrina social de la iglesia
también ha contribuido a la evolución de los derechos sociales. La
encíclica Rerum novarum, de 15 de mayo de 1891,
marcó un hito en la intervención de la iglesia en
el orden temporal y convirtió a León XIII en el
gran Pontífice de la cuestión social.
La motivación
de la encíclica fue la situación angustiosa en que
vivía el proletariado, la lucha entre los que lo
tenían todo y los que no poseían nada. Desde
entonces, la doctrina social de la iglesia ha ido perfilando el
alcance de los derechos sociales. Así, la encíclica
Pacem in terris, de 1963, establece una conexión
esencial entre la dignidad de la
persona y los derechos fundamentales. El hombre
tiene, por sí mismo, derechos y deberes, que dimanan
inmediatamente y al mismo tiempo de su propia naturaleza; tales
derechos y deberes son universales e inviolables, y no pueden
renunciarse bajo ningún concepto. Para la doctrina social
de la iglesia, el bien común se puede cifrar, en nuestros
días, en la defensa y promoción de los derechos y
deberes de la naturaleza
humana. Los derechos humanos que brotan del trabajo entran en
el más amplio contexto de los derechos fundamentales de la
persona, y tienen como antecedente un deber de trabajar. La
encíclica Laborem exercens, de 1981, escrita por
Juan Pablo II con ocasión del noventa aniversario de la
Rerum novarum, contiene la formulación
más reciente de la doctrina social de la iglesia en el
ámbito laboral.
Estos antecedentes, histórico-políticos, nos
hacen apreciar que la relación "política
social-derechos sociales" no viene establecida desde la
aplicación de un derecho, sino que una vez que el Estado
ha propiciado una conducta social,
el ciudadano se hace portador de un Derecho Adquirido y por ende,
en términos jurídicos, se marca un
precedente que obliga al Estado a seguir cultivando esa
línea de acción. Ante esta realidad, no queda
más que apreciar, desde el ámbito de los derechos
sociales, la política social existente, porque intentar
visualizar un marco de política social instaurada o
motivada por la existencia de derechos sociales, sería
normatizar una situación social que se debe más a
la dinámica y a los cambios que a una conducta
dirigida por el orden jurídico de una sociedad.
Una muestra de esta
dinámica y cambio de "lo social" en el espectro de la
comunidad política organizada, lo plantea Carlos Sojo, al
referirse que la política social, una vez aplicada y
relacionada con los derechos sociales, ha ampliado su espectro.
Ya no es sólo necesidades de salud, nutrición o educación lo que
ocupa las prioridades, sino que la cuestión ambiental y la
sostenibilidad de los recursos
naturales, así como el problema de la
participación en la toma de
decisiones políticas, son hoy la vanguardia de
las demandas sociales del colectivo.
Ante esta dinámica Carlos Sojo propone tres niveles de
observación que a su entender
permitirían apreciar la relación de la
política social con los derechos sociales, en un tiempo
real que nos permita distinguir el carácter multiplicador
de las condiciones de bienestar más allá del efecto
inmediato de la aplicación de la política social.
Se refiere a: el
conocimiento, el cual permite la incorporación de mano
calificada al trabajo; la salud, por la vía de la
prevención y la atención primaria, que
evitaría gastos elevados
en este concepto en sociedades reprimidas económicamente;
y la participación política, que le
daría a los ciudadanos la posibilidad de tener presencia
en la toma de decisión política que evalúa
sus demandas sociales.
En una palabra, la política social desde los derechos
sociales, es un instrumento de ejecución del Estado que
permite potencializar la capacidad de los individuos para hacer
frente a sus necesidades materiales y simbólicas,
interactuando con el sistema político y actuando a
través de la ejecución de esa política
social.
Si bien es cierto, la política social se debe a
la
personalidad política de un Estado Benefactor, tal
cual lo expresa Norbert Bilbeny, no es menos cierto que a pesar
de que ese Estado (en condiciones democráticas y
neoliberales) haya evolucionado hacia la figura de un Estado
Gerente,
galante de las políticas que instrumentaliza y generador
de productividad
para el colectivo, aún mantiene, en su visión a
largo plazo, la necesidad de seguir siendo reconocido como Estado
Benefactor, puesto que el fin último y continuo de las
nuevas ofertas políticas en latinoamérica, se circunscribe en ofertar
"bienestar" por sobre todas las cosas.
El Estado de bienestar, según lo define Bilbeny, es un
proyecto, así como un modelo de sociedad, que constituye
el principal punto programático de gran número de
ideologías y partidos
políticos actuales. Surgió en la segunda mitad
del siglo XX, y su razón de ser es que el gobierno de un
Estado debe ejecutar determinadas políticas sociales que
garanticen y aseguren el bienestar de los ciudadanos en
determinados marcos como el de la sanidad, la educación y, en
general, todo el espectro posible de seguridad
social.
El Estado de bienestar no hace sino generar un proceso de
redistribución de la riqueza, desde donde las sociedades
desarrollen y ejerciten sus políticas tendentes a
conseguir un cierto Estado de bienestar. Pese a ello, sí
existen diferencias entre las políticas que en este
sentido aplican los partidos de tendencia liberal más,
cuyo punto de vista es conservador, entiendo el Estado de
bienestar como la garantía de que ningún individuo
subsista por debajo de un mínimo umbral de calidad de vida;
y las formaciones socialistas o socialdemócratas para las
cuales el Estado de bienestar significa la posibilidad de
construir una sociedad más justa y solidaria.
Ahora bien, lo que se aspira que prevalezca es un "Estado para
el Bienestar" y no la idea liberal del "Estado de Bienestar "que
se definió anteriormente. Esta visión del "Estado
para el Bienestar", va más allá de planteamientos
ideológicos, se concentra en la factibilidad de las
situaciones. Es decir, en la ejecución concreta y completa
de una Planificación Social.
Para efectos de los estadios que descriptivamente determinan
el avance de la Planificación como eje promovedor de la
política social, en razón de realidades sociales
determinadas, se construyen definiciones operativas de nuevos
valores que toma la Planificación según su
ingerencia directa en la guía hacia la
consolidación de la política social en un tiempo
histórico determinado. Hablamos de una
Planificación Social que de acuerdo a las necesidades
orienta una respuesta directa al colectivo; de allí, en la
medida que esas necesidades pasan a ser parte de una gestión
de Gobierno, del Estado Benefactor, se hace cada vez más
necesario que la atención se circunscriba en torno a
la pobreza
como indicador a llevar a sus mejores dígitos de
inexistencia. Una vez que ese Estado Benefactor logra motivar al
colectivo con su propuesta social, esta se transforma en Programas
Asistenciales que aspiran alcanzar la Igualdad de
Oportunidades.
La Política Social puesta al servicio del
colectivo se transforma en un derecho adquirido que a su vez
alimenta el espíritu de las organizaciones de
la Sociedad para exigir el cumplimiento de los acuerdos y
reconocimientos que el Estado en su deseo de Igualdad Social
ofreció a la colectividad. Se incrementa las demandas y
con ello se hace necesario recurrir a la Planificación
Situacional, cuyo ideólogo fue Carlos Matus, a efecto de
poder orientar y hacer factible todos esos requerimientos sin que
ello constituya un obstáculo para el desarrollo de otras
políticas del Estado.
En cuanto a los Derechos, es importante resaltar la figura de
la Planificación Ideológica (argumento de
José Luis Coraggio), la cual es el ordenamiento de las
actividades y orientaciones que se le ha de dar al factor
político en el marco de la visión de Estado que se
oferta como
Gobierno. Planificar la ideología es construir mecanismos de
factibilidad de la razón de ser inspirativa de los
Gobiernos. Es decir, darle un sentido coherente con las
necesidades y programas asistenciales, a la concepción de
mundo y de sociedad de los Partidos o Movimientos
Políticos. Porque muchas voces habrán decretado
la muerte de
la partidocracia, así como del neoliberalismo, pero nadie podrá esperar
nuevos esquemas de organización política, tal cual lo
expresa Bilbeny, sin que ello implique los valores
democráticos y de libertades de las sociedades. En este
siglo XXI, no hay lugar para las "oligarquías
socialistas".
2.-SEGUNDA
APROXIMACIÓN TEORÉTICA
La política social es una respuesta de un Estado a las
demandas del colectivo; por otro, los derechos son el producto de
un acto noble de la humanidad que no es más que delegar en
unos cuantos la responsabilidad de todos en hacer posible un mejor
medio social de convivencia. Es decir, a ese ciudadano
"burocratizado" que expone fielmente Rolf Schoroers, con sus
vicios y bondades, le hemos entregado la autoridad de tomar la
decisión de darnos lo que necesitamos para tener, por lo
menos, una "vida sustentable".
El Estado ha pasado a detentar un papel fundamental en la
regulación de las relaciones sociales y en el
funcionamiento del mercado, cuyo propósito es prevenir las
crisis
periódicas del capitalismo,
asegurar el pleno empleo,
proveer a través de políticas sociales universales
servicios básicos a los ciudadanos, luchar contra la
pobreza. En
este contexto de crecimiento
económico, de desarrollo y expansión industrial
y tecnológica, de expansión del empleo, se
consolida la sociedad salarial: el empleo asalariado se conforma
en el factor de inclusión social por excelencia. La
sociedad capitalista industrializada, en el marco de los derechos
sociales, reproduce una equiparación conceptual entre
trabajo y empleo. Consecuentemente, el ser trabajador se
constituyó en un aspecto central de la identidad social y
cultural de los sujetos, condición que operaba como fuente
de derechos y beneficios. Sobre esta idea se configuraron los
sistemas de políticas sociales. El acceso a muchos bienes
y servicios directamente relacionados con el bienestar
está determinado por el modo de inserción en el
mercado de trabajo.
El neoliberalismo ha tenido que enfrentarse con la virtual
imposibilidad de dar por tierra con el
complejo de instituciones
sociales producidas por el pacto social entre capital y
trabajo. El verdadero obstáculo ha sido el nudo de
relaciones institucionales y compromisos políticos y
sociales condensados en el Estado de Bienestar. Se han realizado
esfuerzos destinados a limitar la participación del Estado
en la labor del bienestar social, y a transferir dicha
responsabilidad a personas, organizaciones de voluntariado y al
mercado comercial privado. Es decir, el principio de la
responsabilidad que tienen los estados para asegurar el bienestar
de sus ciudadanos se ha erosionado considerablemente.
Si nos ubicamos en el ideario neoliberal-neoconservador es
evidente que las políticas sociales persiguen como
objetivo "contener y amortiguar" los "efectos no deseados del
modelo", e implícitamente, disminuir los riesgos de
conflicto y
contener la crisis socio-política, a través de
prestaciones
focalizadas, destinadas a los más excluidos del
sistema.
Conforme con la visión liberal, las políticas
sociales se reducen en ayudas directas a partir de la
asignación de un subsidio en dinero, sin
posibilidades siquiera de lograr una estructuración en el
consumo. De
tal modo, se pasa de una política de estado que aspira a
actuar sobre las estructuras
mismas de la distribución a otra que solo pretende
corregir los efectos de la distribución desigual de los
recursos en
capital económico y cultural, determinando una "caridad de
Estado", como en los tiempos de la filantropía religiosa,
a los pobres meritorios.
Es necesario construir una alternativa que implique un cambio
al predominio conceptual neoconservador (pensamiento
único, único camino, única posibilidad). Ese
"camino alternativo" debe sustentarse en un modelo de desarrollo
que asegure igualdad de oportunidades en el acceso a bienes
social y económicamente relevantes. Pensar en los sujetos
de las políticas sociales supone pensar en términos
de igualdad la cual a su vez supone equidad. La política
social debe retomar su contenido de justicia redistributiva
basada en los valores de la solidaridad colectiva, debe
posibilitar construir una igualdad sustantiva que deje de ser una
mera propuesta niveladora y se transforme en un proyecto
habilitador del desarrollo
humano, proyecto que debe permitir la vigencia plena de la
noción de ciudadano. Al respecto, podemos observa que
históricamente hubo una evolución en el concepto de
ciudadanía moderna: primero la ciudadanía
civil, referida a una serie de derechos asociados a la
libertad; luego la ciudadanía política
relacionada con el derecho a participar en el ejercicio del poder
político y finalmente la ciudadanía social,
consistente en el derecho a poseer un nivel adecuado de
educación, de salud, de habitación, de seguridad social,
entre otras.
La distinción entre ciudadanías civil,
política y social tiene sentido considerarla así
desde una perspectiva histórica. Pero, por el complejo de
derechos que cada una supone y la estrecha interrelación
que existe entre ellos, podemos afirmar que la ciudadanía
es un sistema, porque necesariamente el inadecuado ejercicio de
algún derecho repercute en los restantes. Es evidente que
el Estado debe recuperar el protagonismo como actor social
central de las sociedades modernas, a efectos de cumplir su
obligación de respetar, proteger, garantizar y promover
cada uno de estos derechos.
Ahora bien, haciendo cuentas a la
percepción teórica de Ashis Nandy, la visión
de una política social sin derechos sociales, o viceversa,
trae consigo una vieja discusión en el campo
teorético, puesto que más de un investigador ha
tratado de responder: ¿qué enlace existe entre
derechos sociales y la política social conocida de forma
práctica en las propuestas del Estado Benefactor? Ya he
intentado enfocar este aspecto en la primera parte de este
ensayo, aunque
mi posición se ve claramente influenciada por le
teoría del derecho, en cuanto a que la política
social surge como propuesta de Estado y luego pasa a ser parte
del marco normativo del Estado de Derechos. Ese factor ausente,
llamémoslo "el tercer incluido" que viene a relacionar los
"derechos sociales y la política social" en la ruta a una
respuesta coherente con las exigencias y demandas de una
sociedad, viene a ser el concepto de Ciudadanía. Este
concepto, desarrollado ampliamente por T.H. Marshall nos expresa
cuál es la condición social de un miembro nativo o
naturalizado de una ciudad o Estado.
La ciudadanía, si la enfocamos en el marco de la
teoría política, es la posición que ocupa
una persona como miembro de un Estado con derechos y deberes
definidos. Esta idea es asociada históricamente a la
Revolución
Francesa del siglo XVIII que logró derrocar a la
monarquía (en la que los ciudadanos eran
súbditos de la Corona, carecían de derechos y
debían acatar las leyes que ellos
no podían establecer). La guerra de la
Independencia
estadounidense logró derrocar de forma similar a la Corona
británica para promulgar a continuación una
Constitución de libertades ciudadanas. El concepto de
ciudadanía, base y fundamento de la legitimidad y la
representación política aparece en la primera
Constitución liberal española de 1812, pero
también se extendió por toda la América
española, sirviendo de fundamento a los movimientos de
emancipación, que desembocaron en la independencia y la
redacción de las constituciones liberales
en los nuevos países.
La teoría moderna de la ciudadanía, que surge
con las publicaciones de Thomas Paine, ha sido modelada por T.H.
Marshall como una lucha entre el sistema de clases
sociales y los derechos de los ciudadanos. El sistema de
clases utiliza el mercado para conferir poder y ventajas
sociales, y el resultado de la mercantilización del
estatus social es, típicamente, la desigualdad. La
ciudadanía se relaciona con el Estado para demandar
derechos para sus miembros y, a cambio, el Estado le impone
deberes como el servicio militar o el cumplimiento del derecho
vigente. El creciente poder de la ciudadanía se inicia con
la inauguración de los derechos fundamentales de
hábeas corpus en el siglo XVIII y a
continuación sigue con la lenta difusión del
sufragio
político en el siglo XIX y la posterior extensión
de los derechos sociales a las pensiones, la sanidad y la
educación; para algunos teóricos, entre quienes se
suman Alfonso Gándara, el sistema de clases y la
ciudadanía están en pie de guerra y el Estado de
bienestar es su campo de batalla actual.
Como se puede apreciar este aporte de Marshall responde a la
interrogante inicial que se planteó: ¿es la
política social la materialización de un derecho o
es el derecho del colectivo lo que influye en el Estado para la
formulación de una Política Social? La respuesta se
expande por sí sola: es la clara manifestación de
un Derecho que le es inherente a las personas en la medida que
ella cumple los deberes que le ha consagrado la
organización política y jurídica de su
entorno social. Por ello, visualizar que un Estado produce o
promueve la política social y luego esta se transforma en
derecho, por esa vía del derecho adquirido, es una idea
muy débil que no se sustenta teóricamente. Lo que
quizás sí se mantenga es el evidente descuido que
ha padecido la planificación como orientación de
las políticas sociales. La planificación ha de ser
rescatada siendo adecuado hablar de un nuevo enfoque de
planificación hacia los asuntos sociales. Me refiero a la
Planificación Ideológica, la cual vendría a
ser, en un segundo intento teórico de
conceptualización, la orientación de los
intereses políticos del Estado y la Sociedad, en
razón de las condiciones ideológicas que promueve
el orden social constituido. Es decir, una
planificación que partiendo de la base situacional
(planificación estratégica
situacional de Carlos Matus), nos permita reordenar el aparato
Estado en su misión de
responder a las necesidades de un colectivo, pero en esta
oportunidad, en función de valores y preceptos de
sensibilidad humana que fortalezcan el crecimiento y legitimidad
del Sistema Político. Acá nos encontramos con la
equidad y sus circunstancias.
Para Héctor Assael, Director, División de
Comercio
Internacional, Transporte y
Financiamiento
CEPAL, no es sencillo definir el concepto de equidad, pese a que
muchas veces se ha ensayado con distinta suerte. Sin embargo,
cuando uno busca definirla, se está pensando en la
igualdad de oportunidades, esencialmente económicas, y en
los caminos para avanzar hacia ella. Esa equidad se manifiesta y
mide en el espectro racionalista, a través de la
distribución del ingreso personal o
familiar de los países, con metodologías
generalmente aceptadas de cuantificación y
simplificación de lo que se considera una buena y justa
distribución de los recursos.
Para ver este capitulo completo
seleccione la opción "Descargar" del menú
superior
3.- TERCERA APROXIMACIÓN
TEORÉTICA
¿CÓMO SE PUEDE
ENTENDER HOY LA CIUDADANÍA DESDE EL ENFOQUE DE LOS
DERECHOS CON EQUIDAD?
El modo en que definimos
ciudadanía está estrechamente ligado al tipo de
sociedad y de comunidad política a la cual aspiramos.
Más allá que como ciudadanos, expresa
Gándara (1983), somos sujetos de derechos frente al
Estado, también como ciudadanos debemos ser capaces de
expresar nuestros ideales e intereses, organizándolos y
articulándolos a nivel social. La participación de
la ciudadanía contribuye a la redefinición de lo
público (parafraseando acá ideas de Nuria Cunill
Grau, 1997) quitándole el uso exclusivo de lo
público a lo estatal. El sentido último de la
ciudadanía es que la gente común y corriente pueda
ocuparse de los asuntos de la ciudad y el Estado.
Podemos entender la ciudadanía
hoy desde un enfoque de derechos y equidad, tenemos que reconocer
las condiciones que aún cuando nos identifica con
distintos tipos de derechos y su ejercicio, con distintos tipos
de necesidades y su satisfacción, induce al sometimiento
de reglas que determina el Estado o la comunidad política.
Así, la ciudadanía puede entenderse como un
principio de articulación que incluye todas las posiciones
de las personas, reconociéndose lealtades
específicas y respetando la libertad
individual.
Algunos elementos básicos para
el concepto de ciudadanía, esgrimidos por autores como
Cunill Grau y Norbert Lechner, son: 1. Coexistencia de derechos
individuales y colectivos; 2. Lo público no es sólo
lo estatal, lo público nos pertenece a todos, por lo tanto
las visiones tecnocráticas de la gestión
pública no sirven en la construcción de ciudadanos,
ya que nos quitan protagonismo y propiedad; y
3. La ciudadanía emerge como un asunto político,
como parte de un proceso por construir, estrechamente vinculado a
la negociación de intereses presentes en
ella.
En cuanto a los derechos civiles y
políticos, valga destacar que son un tipo de derechos
ciudadanos que reciben el calificativo de primera
generación y surgen de Bill of Rights de
1689, de la Declaración de Independencia de EE.UU., en
1776 y de la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano en Francia de
1789. De esta forma, todos nosotros somos objeto de una doble
consideración por parte de la Ley: como persona humana y
como miembro activo del Estado.
Como persona, citando ideas de
Félix Bombarolo (2003), nos corresponden los derechos
civiles, que son derechos inherentes a nuestra condición
humana. Son derechos civiles, la vida, la libertad, la propiedad,
expresar libremente el pensamiento, entre otros; todo tipo de
discriminación atenta contra los derechos
civiles. Y como miembro del Estado nos corresponden los derechos
políticos, que nos habilitan para tomar parte en la
vida cívica del país; el concepto de
participación ciudadana es una expresión del
ejercicio de nuestros derechos políticos. Nuestros
derechos ciudadanos, le suponen al Estado a lo menos:
restricciones a su acción, ya que el ejercicio de estos
derechos establecen una esfera de autonomía individual
para las personas y las colectividades; desarrollo legislativo,
de instituciones, procedimientos y
otras garantías para su ejercicio; y el deber y la
obligación de respetarlos y garantizarlos a todos los
individuos. En una palabra: los derechos ciudadanos son deberes
del Estado.
En cuanto al papel de la participación ciudadana en el aparato
Estado, hay que destacar la figura de la gestión
pública para reconocer qué canales tiene de
participación el ciudadano común que aspira hacer
valer su derecho político. Por gestión
pública se ha de entender la manera de organizar el uso de
los recursos para el cumplimiento de los objetivos y tareas del
Estado, la participación ciudadana en la
gestión pública se refiere al rol del ciudadano en
cuanto partícipe y en cuanto usuario de las decisiones y
gestiones asociadas a la implementación de acciones
públicas. Ahora bien: ¿Qué importancia tiene
el reconocimiento de la participación ciudadana como un
derecho? Esto nos lo respondió Gándara en 1989, en
una nota tomada en una de sus conferencias con respecto a la
idealización de la Sociedad Participativa que
conservamos: "En primer lugar la
participación ciudadana es un pilar del fortalecimiento de
la democracia y de la gobernabilidad democrática, permite
estar más cerca del ejercicio de la responsabilidad
pública, e incluso tener responsabilidad en ella. Aumenta
la comprensión del quehacer público y el conocimiento
de lo que hace realmente. Facilita la transparencia y el control social.
En segundo lugar, porque se considera que una sociedad civil
fuerte y organizada y un Estado moderno, en mutua
cooperación, son requisitos necesarios para lograr el
desarrollo esperado…"
A todo esto hay que destacar el Informe del PNUD
de Desarrollo Humano para América Latina, del 2002, el
cual concluye que América Latina arrastra un
déficit cultural que tiene una larga historia. La
transición a la democracia ha hecho un intenso trabajo por
devolver a los latinoamericanos el derecho de decidir por si
mismos hacia dónde quieren ir y por qué medios.
El informe dice que tenemos una diversidad, pero que
está disgregada, no integrada. La invitación es
entonces a articular nuestra diversidad en un "proyecto
país" que contenga la concentración de unos
derechos asumidos con equidad, no sólo para ejercitar
nuestros ya ganados derechos civiles y políticos, sino
para imponer una cultura de la
justicia hacia la construcción de una sociedad creativa,
solidaria, participativa.
4.- CUARTA APROXIMACIÓN TEORÉTICA
LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DESDE UNA PERSPECTIVA DE DERECHO Y EQUIDAD, SEGÚN YOLANDA
D’ELIA
El "gran dilema" se nos presenta al abordar la
exposición de Yolanda D`Elia, en cuanto a cómo
entender su punto de vista sin caer en el absoluto acuerdo. Tengo
la presión
intelectual de dirimir ciertos aspectos del tema, a efecto de
extraer de él otros elementos que hagan valedera una
propuesta teorética en donde mi aporte no sea más
que una síntesis
acabada, sino que por el contrario la síntesis sea la
antesala a nuevos criterios de interpretación de la política social
desde el enfoque de derecho y equidad.
Citando a Laurell (1995), Yolanda D`Elia dice: La construcción de una proposición
alternativa de política social necesariamente empieza por
revisar el lugar que ocupa la "cuestión social" en el
llamado proyecto modernizador y el contenido de
éste. Es decir, y se explica con mayor
claridad D`Elia, una clase de existencia, de
inserción, de posición, de
trato y de participación que se espera tener
tanto a nivel individual como colectivo, inmersos en la sociedad
en la que nos encontramos, es lo que da sentido a esa
creación de una propuesta social identificada con la
"cuestión social". No se trata sólo de vivir, sino
de vivir de una determinada manera, que puede expresarse en una
"buena vida" y de ocupar un lugar en la sociedad que
permita alcanzar esa clase de vida, como "sujeto" o
alguien que es dueño de ese bien-vivir y como
"actor" o alguien que es su creador principal.
Esto nos lleva a entretejer ideas en cuanto a
cómo el siglo XIX pensó la libertad desde el punto
de vista de ese "buen vivir", pero en la conducta política
de los llamados anarquistas. Un libertario, o anarquista español,
José López Montenegro, escribió en
1801: Mi libertad es el derecho a la
vida con todos los goces y magnificencias que facilita la
naturaleza, acrecentando por el genio de mis semejantes. Tengo
derecho a ser feliz y a poseer los medios que a ello me
conduzcan, y tengo el deber de producir contribuyendo a mi dicha
y a la ajena. No debo quitar a nadie lo suyo, ni permitir que
persona alguna se apodere de lo mío. Pero este mío
y suyo es el producto propio, lo que cada cual elabora, con lo
que mantiene; y si hay sobrante vaya para el impotente por edad o
por salud; vaya para el hermano débil, que hace lo que
puede y no produce lo suficiente para sí; vaya para la
humanidad. Esta es mi heredera, de igual modo que yo debo serlo
de la que fue. Los anárquicos queremos gobernarnos por
nosotros mismos, administrarnos y vivir en la patria, en la familia y
en el granero universal. Por su parte, otro
libertario, Gustavo La Iglesia, inspirado en la necesidad de dar
una respuesta a la sociedad burguesa expresó:
Es preciso (…) que termine
esta fábula de la humanidad dominada y encadenada por
principios eternos e inmutables, cuáles son: Patria,
Rebelión, Propiedad, Familia, Matrimonio, etc.
La historia demuestra que han variado constantemente,
según el tiempo y el lugar. ¿Qué era la
humanidad, cuando nuestros antepasados vivían en
lóbregas grutas? No existía la religión; no
había más que la ignorancia de los fenómenos
naturales, que debía hacer pasar al hombre por tantas
fases: fetichismo, sabeísmo, politeísmo,
monoteísmo, antes de dejarle entrever las realidades de la
filosofía experimental. La propiedad ha sido sucesivamente
familiar, feudal, monárquica e individual. La familia ha
sido patriarcal, matriarcal y despótica, según la
forma griega, romana o cristiana. El matrimonio ha sido amorfo
(promiscuación), poligámico, monogámico,
poliándrico, indisoluble y disoluble; las formalidades que
lo han acompañado han variado hasta lo infinito,
convirtiéndose después en una cuestión de
moda nada
más.(Citado por
Azócar, 1998)
Esto nos lleva a preguntarnos: ¿Será que
dependemos únicamente de lo que nuestra mente es capaz de
crear? ¿Cómo explicarnos que tenemos un derecho
inalienable a la libertad, cuando nuestra mente se identifica con
valores superfluos que la limitan? ¿Será acaso que
ese espíritu burgués, creado por el hombre, ha
desfasado por completo nuestros orígenes y nos ha
condenado a un existir artificial oprimiendo el "buen vivir"?
Esto nos lleva a indagar acerca del espíritu del
burgués, es decir, el hombre contemporáneo que ha
dado forma y valor a la sociedad occidental. Werner Sombart
(1883-1941), inscrito en el ámbito de la escuela
histórica alemana, produjo una obra de corte profundo
sobre la clase burguesa; con el título "Der
Bourgeois", donde plasmó una descripción de la burguesía desde su
nacimiento hasta su ascenso como el más típico
espíritu de nuestro tiempo, no sólo como especie
social, sino como variedad humano dotada de un conjunto de
facultades morales e intelectuales.
La obra de Sombart rescata (al igual que lo hizo Max Weber con
su libro "La
ética protestante y el espíritu del capitalismo),
esos valores desdeñados y criticados por la izquierda
marxista y anarquista. Críticas que iban fundadas en la
defensa de una clase explotada y dominada (aunque el anarquismo
se extendía a todas las clases), abogando por quienes en
ella eran sujeto de injusticias. Originalmente el espíritu
de empresa era
patrimonio
privado de los grandes señores, entre lo cuales
adquirió un tinte autoritario; con el paso del tiempo la
ambición de adquirir dinero por medio de empresas
económicas se extiende a clases más amplias de la
población, pero los métodos
son distintos: no se recurre a la violencia,
sino al camino pacífico de las negociaciones. Poco a poco
se va viendo que en esta empresa un espíritu de buen
administrador,
ahorrativo y calculador, puede rendir grandes servicios: esa ha
sido la imagen del "buen
vivir" que ha trascendido hasta nosotros.
Si bien este espíritu negociante de
carácter burgués, se abrió camino por
métodos pacíficos, acabó
adueñándose de todos los pueblos, hubo ciertos
grupos étnicos en los que el espíritu general se
desarrolló desde un principio con mayor rapidez y
decisión. Estos grupos son los etruscos, los frisones y
los judíos,
cuya influencia fue ganando importancia conforme la mentalidad
del empresario
capitalista, se iba aproximando a la del comerciante
burgués. El burgués fue identificado, en estas
líneas, como la estirpe de la civilización humana
que aprovechó los cambios en función de una atinada
visión mercantil. Pero se calla, indudablemente, a
qué costo
logró tal provecho.
Ese espíritu emprendedor y batallador del
burgués es analizando, con indudable propiedad, por los
teóricos anarquistas. Para ellos la denominada "atinada
visión mercantil", a la cual se comete a intereses
particulares, no es otra cosa que el provecho a costa de las
debilidades de una mayoría de la sociedad, a la cual se le
priva de libertad. Todo esto amparado en una legalidad
artificial que protege al señor burgués y hace de
sus actos necesidad en la conformación de una sociedad del
futuro. Es de notarse con qué facilidad el burgués
logra convencer a la mayoría de instaurar condiciones para
el futuro. Su discurso, para con la mayoría trabajadora,
es de "el esfuerzo ahora, para el disfrute después". Nada
falso si ciertamente ese "después" existiera, pero como el
mismo desarrollo de la sociedad ha demostrado, el trabajo
explotador genera beneficios al señor burgués en el
ahora y en el mañana, pero el trabajador nunca consigue
concretar ese beneficio, puesto que su fuerza de
trabajo vendida requerirá más sacrificios cada
día. Nunca alcanzará ese mañana de
disfrute.
Es de notar que en una sociedad como ésta,
conquistada por comerciantes y mercantiles burgueses, el hombre,
potencial-transformador, se convierte en instrumento generador de
riqueza ajena. Ese espíritu burgués no es otra cosa
que la aptitud para el manejo de los sentimientos y debilidades
del hombre, por naturaleza libre.
Ello nos lleva a considerar la actitud de la
burguesía hacia la mayoría dominada y explotada,
haciendo que dentro de la sociedad surjan fuerzas, tanto
teóricas como prácticas, que la enfrenten y
critiquen en razón de que no llena las expectativas de una
mayoría que ve en su transitar diario la injusticia y el
aprovechamiento de una riqueza puesta allí para todos. La
sociedad capitalista, a través de sus instrumentos de
dominación (las fuerzas coercitivas del Estado), impone un
orden que desconoce la libertad y los derechos del hombre, ello
convierte las expectativas generales en aspiraciones concretas.
Estas aspiraciones concretas, llevaron a Karl Marx y a F.
Engels a formular su proyecto socialista en el siglo XIX; del
mismo modo en que Proudhon y Bakunin emitieron sus ideas
sociales, políticas y económicas. Estas
fórmulas no intentaban más que materializar un
"clamor" general: la necesidad del "buen vivir". Lo que las
diferenciaba del coloquialismo del pueblo, en razón de una
aspiración de bienestar basada únicamente en
la respuesta nacida ante una explotación, era el
carácter científico con que habían surgido.
Partiendo de una evaluación del sistema existente,
proponían alternativas de organización social que
rechazaban los viejos esquemas y propulsaban nuevas figuras
direccionales que asumían como el bueno de la partida al
hombre, pero cuya inserción en una sociedad equivocada en
cuanto a valores hizo desvirtuar la verdadera razón de
vivir en sociedad.
Los marxistas se fueron por la ruta de la crítica
con un materialismo
histórico compulsivo y extremista; los anarquistas
asumieron un análisis más radical. Su lenguaje
fabricó otros elementos de juicio y derrumbó el
tabú del caos sin el Estado; afirmó que era posible
la vida en una sociedad sin poder, sin autoridad rectora. Todo
basándose en una idea de la satisfacción de las
necesidades que daría como producto la paz y seguridad del
hombre en un sistema donde se le respete como detentador de una
libertad natural. La sociedad que todos los pensadores
libertarios distinguen cuidadosamente del Estado, es para ellos
una realidad natural, tan natural por lo menos como el lenguaje.
No es el fruto de un pacto o de un contrato. No es por
consiguiente, algo contingente, accidental, fortuito. Esta
visión del burgués, desde la óptica
del pensamiento anarquista, es el obstáculo que se impuso
en un momento determinado en la humanidad para cuestionar esa
vida llevada por el vivir, un vivir que como expresa D`Elia
está determinado por cada uno de nosotros
expresándose en una "buena vida" y ocupando un
lugar en la sociedad que permita alcanzar el rol de
"sujeto", que no es más que un ser humano
dueño de ese bien-vivir, que como pudimos apreciar ya
estaba implícito en el análisis de los anarquistas
del siglo XIX.
Este elemento, que ciertamente no toca Yolanda D`Elia,
pero que está inmerso en la filosofía
política, le llevan a preguntarse: ¿En cuál
sociedad queremos vivir? ¿Queremos estar en un proyecto de
sociedad que nos garantice con derechos ese "buen vivir" o
queremos unas políticas públicas que nos toleren
una sociedad en conflicto pero bajo el común plural de un
proyecto de "buen vivir" factible?
Acá el nudo del problema es la
factibilidad. ¿Cómo entender la factibilidad
de un proyecto de "buen vivir"? Me respondo que la factibilidad
es un estadio de operaciones y
procesos que nos garantiza el alcance de los objetivos o metas
sociales, en nuestro caso, aquellas acciones que nos garantice el
"buen vivir". Pero ese "buen vivir" cómo lo queremos,
cómo nos vendría a responder a nuestras necesidades
de existencia bajo el criterio de equidad y justicia. Duro papel
de quien intente darse respuesta directa de este tema, pero que
sin embargo, y acá coincidimos con D’ Elia, valga el
enfoque de sociedad que nos sea más adherido a nuestros
intereses para orientar hacia él nuestros patrones de
"buen vivir", siempre y cuando la organización
política en la cual se desenvuelva ese enfoque (enfoques
que lejos de ir cubriendo etapas, se presenta de manera
aleatoria) permita el ejercicio del "buen vivir" bajo el control
de quien vive, es decir, el "sujeto".
¿Puede una persona tener "buen vivir" en un
sistema dictatorial? Basta con recordar las frases de nuestros
abuelos en el régimen de Marcos Pérez
Jiménez en Venezuela: "Quien no se meta en política
puede dormir con la puerta abierta y el Estado lo
protegerá". Es posible, si estamos identificados con los
límites de ese Estado y los asumimos como conducta de
vida. Hay libertad de acción por lo tanto control del
"buen vivir". Pero si entendemos la libertad como un asunto de
dominio de lo
que somos y podemos llegar a ser, simplemente estamos ante el
dilema de la "autoridad" como obstáculo, y acá no
hay "buen vivir", hay "sobre vivencia" que, a mi entender, es el
estadio actual de las personas en las sociedades capitalistas,
así sean excelsamente democráticas.
De los enfoques presentados por D`Elia, me adhiero al
enfoque de ciudadanía social y cultural, el cual responde
a las verdaderas necesidades del hombre contemporáneo. La
sociedad en este enfoque se presenta con pluralidad de sujetos
relacionados en redes. La ciudadanía toma cuerpo de
vínculo que relaciona Estado-ciudadanos-Sociedad, y los
sujetos unen sus identidades con las necesidades en proyectos que
forman acuerdos políticos. La idea, nos afirma D`Elia es
cambiar la estructura y
cultura de poder y el tejido social en una sociedad
democrática (plural) y cohesionada (solidaria), donde cada
persona es un sujeto auto reflexivo, activo y político
para conquistar y exigir una ubicación digna y acorde con
su proyecto de vida.
La acción de una política social de
Estado, se edifica en este enfoque en razón de los
derechos como poderes de los sujetos, exigibles para intervenir
en acuerdos y ejercitarlos en el sistema jurídico, social,
económico, y espacios de la vida (escuela, familia,
trabajo). Se descentraliza y se articula con el desarrollo
centrado en la cohesión social, equidad y
democratización del poder.
Según Will Kymlicka y Wayne Norman
(de la University of Ottawa), al entender cuáles
valores en la sociedad motorizan ese "buen vivir" de los
ciudadanos, la concepción de dominio personal parece
exigir, por lo tanto, un equilibrio
entre derechos y responsabilidades. Pero, ¿dónde
aprendemos esas virtudes? Esas virtudes las aprendemos de las
relaciones en sociedad, en específico de las corrientes
políticas que sirven de directriz a la organización
política de la sociedad, nos referimos a la base
ideológica que personaliza el rol del Estado. De este modo
tenemos: a) La izquierda y la democracia participativa.
Una de las respuestas de izquierda al problema de la pasividad
ciudadana consiste en otorgar a los ciudadanos más poder
por medio de la democratización del Estado de bienestar y,
más en general, por medio de la dispersión del
poder estatal en una serie de instituciones democráticas
locales, asambleas regionales y tribunales de apelación.
Sin embargo, el énfasis en la participación no
alcanza para explicar cómo podemos asegurar que los
ciudadanos participen responsablemente, es decir, con
espíritu de servicio a la cosa pública, sin
egoísmos ni prejuicios. Los ciudadanos que se benefician
de nuevas cuotas de poder pueden usarlo de forma irresponsable,
reclamando beneficios y prerrogativas que finalmente no pueden
solventar, o votando reducciones de impuestos y
recortes a los programas sociales, o "buscando chivos expiatorios
en la indolencia de los pobres, el exotismo de las
minorías étnicas o la insolencia e
irresponsabilidad de las mujeres modernas", como expresa
Fierlbeck (Katherine Fierlbeck, Redefining Responsibilities:
The Politics of Citizenship in the United Kingdom, Canadian
Journal of Political Science, n0 24, 1991,
págs. 575-583).
Siguiendo a Rousseau y a
Stuart Mill, muchos partidarios de la democracia participativa
suponen que la participación política
enseñará la responsabilidad y la tolerancia,
quienes piensan de este modo depositan su fe en la actividad
participativa "como el medio por el cual los individuos pueden
habituarse a cumplir con los deberes de la ciudadanía. La
participación política abre la mente de los
individuos, los familiariza con los intereses que están
más allá de las circunstancias particulares y el
entorno personal, los alienta a reconocer que los asuntos
públicos deben ser el objeto central de su
atención; b)Republicanismo cívico. La
tradición cívico-republicana moderna es una forma
extrema de democracia participativa principalmente inspirada en
Maquiavelo y Rousseau (quienes estaban a su vez fascinados por
los griegos y los romanos). No es sorprendente que el reciente
aumento de interés
por la noción de ciudadanía le haya dado una amplia
audiencia. El rasgo que distingue a los republicanos
cívicos de otros participativistas como los
teóricos de izquierda que acabamos de discutir, es su
énfasis en el valor intrínseco que tiene la
actividad política para los propios participantes. En esta
perspectiva, la vida política es superior a las
satisfacciones puramente privadas que puedan proporcionar la
familia, el vecindario o la profesión y debe por lo tanto
ocupar el centro de la vida de las personas.
Para explicar la indiferencia moderna hacia la
participación política, los republicanos
cívicos suelen argumentar que la vida política
actual se ha empobrecido en comparación con la
ciudadanía activa de, digamos, la antigua Grecia. El
debate
político ha perdido sentido y la gente carece de acceso a
una verdadera participación. Pero es más
verosímil ver nuestro apego a la vida privada como el
resultado no de un empobrecimiento de la vida pública,
sino del enriquecimiento de la vida privada. Si ya no buscamos
gratificaciones en la política es porque nuestra vida
social y personal es mucho más rica que la de los griegos.
Muchas son las razones de este cambio histórico: la
valoración del amor
romántico y de la familia nuclear (con su énfasis
en la intimidad y la privacidad), la creciente prosperidad (y el
consiguiente enriquecimiento de las formas de ocio y de consumo),
la afirmación cristiana de la dignidad del trabajo (que
los griegos despreciaban) y la creciente aprensión hacia
la guerra (que era positivamente valorada por los griegos), entre
otras; c) Teóricos de la sociedad civil. La
civilidad y el autocontrol como condiciones de una democracia
sana, pero niegan que el mercado o la participación
política sean suficientes para enseñar esas
virtudes. Es más bien en las organizaciones voluntarias de
la sociedad civil -iglesias, familias, sindicatos,
asociaciones étnicas, cooperativas,
grupos de protección del medio
ambiente, asociaciones de vecinos, grupos de apoyo a las
mujeres, organizaciones de beneficencia-donde aprendemos las
virtudes del compromiso mutuo. En consecuencia, una de las
primeras obligaciones
de la ciudadanía es participar en la sociedad civil; y
d) Teorías
de la virtud liberal. A los liberales a menudo se los critica
a causa del frecuente desequilibrio que establecen entre derechos
y responsabilidades. Los teóricos liberales de los
años setenta y ochenta se centraron casi exclusivamente en
la justificación de los derechos y de las instituciones
necesarias para asegurarlos, sin atender a las responsabilidades
de los ciudadanos. De acuerdo con William Galston (Liberal
Purposes: Goods, Virtues and Duties in the Liberal
State, Cambridge, Cambridge University Press,
1991), las virtudes requeridas para el ejercicio responsable de
la ciudadanía que garanticen el "buen vivir" se pueden
dividir en cuatro grupos: (a) virtudes generales: coraje,
respeto de la
ley, lealtad; (b) virtudes sociales: independencia, apertura
mental; (c) virtudes económicas: ética del trabajo,
capacidad de postergar las gratificaciones, adaptabilidad al
cambio económico y tecnológico; y (d) virtudes
políticas: capacidad de reconocer y respetar los derechos
de los demás, disposición a no exigir más de
lo que se puede pagar, capacidad de evaluar el desempeño de quienes ocupan los cargos
públicos, disposición a participar en el debate
público.
Esta reflexión acerca de las virtudes en
relación con la sociedad, personaliza el rol del Estado en
razón de las necesidades del colectivo, generándose
unos fines de la política social en el marco de la
estructura social del Estado. Estos fines nos lo presenta D`Elia
bajo el amparo de
modelos
estructurales que vienen a identificar los espacios de
participación abiertos a las personas. Estos modelos son:
el residual, cuyo control social está polarizado en las
desigualdades; el meritocrático, en el cual la
manutención de las fuerzas de reproducción son de carácter
doméstico-familiar; el institucional, en el cual el
bienestar de todos dentro de una sociedad es económica y
socialmente deseable; y el denominado modelo democratizador, cuya
cohesión está en razón de la equidad y la
democratización en una sociedad plural y justa. Sociedad
en que cada persona es reconocida como "sujeto" y tiene la
posibilidad, con resguardo de los derechos por parte del Estado,
de asumir el "buen vivir" en razón de sus necesidades y
conveniencias.Ahora bien, hay un elemento que Yolanda D`Elia
expuso en su conferencia del
21 de junio del 2004, en el CENDES-Caracas, el cual aprecio
fundamental para comprender la trascendencia social del Estado en
ese proceso de adjudicación de derechos a las personas, me
refiero al "sujeto" como receptor de todas las acciones del
Estado. Se aprecia el esfuerzo de D`Elia de sincronizar un
concepto que articule todo el esquema del Estado Social al
servicio de las personas, pero se queda en el tintero la idea que
hace de ese "sujeto" un principio de regla en la sociedad
contemporánea. Acerca de este punto ahonda
ampliamente , en un ensayo
titulado Entre políticas públicas y programas
sociales: ¿un olvido histórico: la
subjetividad negada?, que publicara el autor el sitio
web
identificado como www.iigov.org,
en el año 2002. Según Daniel
Fränkel
(Sociólogo, de la Dirección Provincial de Coordinación de Sistemas Regionales de
Salud, Ministerio de Salud, Provincia de Buenos Aires,
Argentina; y Asesor responsable del diseño
e implantación de Planes Estratégicos Regionales),
definimos al sujeto como ser histórico y social que
está conformado por el marco institucional que lo
estructura. Su constitución es vista como un aspecto del
proceso social. Este proceso no es lineal; es el resultado de
conflictos y luchas en torno a legitimar un lugar en la
constitución de lo social y por lo tanto de lo
político.
Ello nos lleva a percibir que la construcción de
significaciones pertenece a cada persona; cada sujeto,
está sujeto a algo. Como expresa Heller: "Sujeto puede
significar estar sujeto a o sujetar algo". En nuestro caso a las
reglas institucionales en que se desenvuelven los programas,
vinculados con imperativos hegemónicos primordialmente de
naturaleza objetal y normativa y excluyentes de componentes
desiderativos o vinculares. Estos últimos están
ligados con disponibilidad de libertad para la autonomía y
heteronomía. Libertad es hablar de deseo. Significa un
cuidado de sí mismo; incluye libertad de actuar con
intencionalidad y con capacidad de iniciativa.
Hablamos entonces de un Orden Institucional en el cual
los sujetos generan o reproducen espacios y lugares,
prácticas e intercambios colectivos. En estos espacios se
transmiten formal e informalmente reglas; se perpetúan y
reproducen relaciones y códigos fundantes de poder; al
mismo tiempo se deslizan presupuestos
desiderativos y de autonomía. Los sujetos se apropian, de
manera natural, de las reglas que sostienen fundamentos del poder
institucional; pero al mismo tiempo develan propias fisuras
institucionales por donde se cuelan posibilidades de
transformación. En un plano individual la
apropiación se refiere al adueñamiento personal que
habilita y fortalece las capacidades de gestión y
atención; en una perspectiva institucional significa
hacerse propio, tomar para sí, hacerse dueño de
interpretaciones, de significaciones en un plano conceptual,
instrumental ó ético- político. Cuando se
habla de apropiación colectiva nos referimos a los
productos que
las organizaciones toman para sí o para el conjunto una
vez concluida la implantación. En una palabra, el tomar
las riendas del "buen vivir" expuesto certeramente por
D´Elia.
En cuanto al punto de vista de las políticas
sociales, se puede hacer una aproximación teórica
tal cual lo expresara Yolanda D`Elia en función a estadios
históricos caracterizados ya sea por el nivel de
participación de la sociedad o del Estado. En resumen se
puede apreciar el siguiente gráfico:
Para ver el gráfico seleccione la
opción "Descargar" del menú superior
Como se puede captar estamos ante la presencia de
estilos y, en cierto modo, modismos de la política social
en el caso Venezolano. Pero ello no viene tomado a los cabellos
de ideas puras y creativas del contexto político
venezolano, sino que por el contrario aparece producto de una
situación de crisis que marcó el continente
latinoamericano desde la década de los sesenta. Para
Daniel Pelúas (2003), América Latina
confrontó varias mucha debilidad en concepción de
una política social con identidad propia. Un continente en
creciente pobreza, desencadenó en la década de los
sesenta un debate sobre estrategias político-sociales
universalistas o selectivas, es decir, dirigidas a
grupos-meta determinados.
Se presentó en la palestra académica los
que abogaban por una política social universalista, que
incluyera a todos los sectores de la población, utilizan
el argumento de la responsabilidad
social que tiene el Estado de garantizar el acceso a la
educación, la salud, la alimentación,
vivienda y asistencia en la vejez a todos
los ciudadanos. Una orientación de la política
social del Estado enfocada exclusivamente en grupos-meta
determinados que, como era de esperar, acarreó injusticias
sociales que excluyen a otros grupos contiguos; por ejemplo, en
el caso de una estrategia
orientada a los pobres se excluiría a la clase media
empobrecida.
Las arcas públicas vacías, los costos crecientes
de una universalización del sistema social existente,
así como la necesidad de intervenciones de mayor alcance
para luchar contra la pobreza, han convertido hoy las estrategias
orientadas a grupos-meta en la tendencia predominante de
política social estatal. Por una parte, se recurre al
argumento de políticas prácticas de que la escasez de
recursos financieros exige la concentración de los medios
disponibles en los sectores más necesitados de la
sociedad. Por otra parte, la concentración en agrupaciones
específicas respondería también a la
necesidad de una nueva orientación que se extiende a los
sectores más pobres de la sociedad, que hasta ahora no han
sido amparados por los sistemas tradicionales de seguridad
social.
Incluso las áreas tradicionales de la
política social, como son los sistemas de salud y
educación públicas, de inspiración
universalista, gratuitos para los menos privilegiados y, al menos
de acuerdo con la ley, accesibles para todos los ciudadanos,
perdieron su aspiración universalista, en especial a
comienzo de los años 80, debido a la decadencia
progresista. Las tareas de matriculación en las escuelas
primarias, como ejemplo, variaron en 1985 entre 58,2 % en
países como Guatemala,
Colombia,
Brasil; hasta
más del 95 % alcanzado en países como Argentina,
Chile, Costa Rica (datos del
PNUD).
Esto nos lleva, lejos de interpretar hasta dónde
nos puede llevar una política social de derechos, a
formular un nuevo enfoque de la política social más
centrado en los grupos empobrecidos de la población como
grupos-meta, permitiendo por lo menos considerar las
desigualdades sociales existentes y lograr efectos progresivos de
redistribución, que en definitiva sería incluir el
concepto de equidad en derechos.
Los problemas de asistencia social estatal dirigidos a
los pobres (construcción de viviendas de interés
social, programas alimentarios, etc.) no son ninguna novedad en
la región; en diversos países existen desde los
años 60 o 70 (Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica,
Venezuela, Guatemala, entre otros). Tampoco es una novedad los
programas de desarrollo orientados a los pobres y el fomento de
grupos de autoayuda a través de organizaciones de
asistencia social extranjeras no gubernamentales pueden ser
evaluados también como una forma de políticas
sociales selectiva y enfocada en la población pobre como
grupo-meta. Lo que sí es nuevo es la estrecha
vinculación de las estrategias orientadas a grupos-meta
con la política económica de ajuste estructurales y
su supeditación funcional a esa política.
En este sentido, por lo general, las estrategias
político-sociales selectivas para la lucha contra la
pobreza son evaluadas como compensaciones sociales a un ajuste
estructural considerado como necesario. Es más, el
Banco Mundial
y el Banco
Interamericano de Desarrollo facilitan recursos adicionales para
promover medidas sociales de amortiguación destinadas a
aliviar la pobreza. Esto nos lleva a proponer que la
política social del Estado debe concentrarse
principalmente en programas de asistencia social o
"amortiguación" dirigidos a los pobres, mientras que el
sistema estatal de seguridad social, así como el sistema
educativo y el de salud
pública, podrían ser privatizados en gran
medida. El Estado debe velar por los intereses del colectivo,
pero no debe acumular todos los medios para prestar
atención a esos intereses. Una conducta inteligente del
Estado es apoyarse en el sector privado y generar condiciones en
ese sector para que apoyen los intereses colectivos con eficiencia y un
costo razonablemente solidario.
En los años 80 y principios de los 90, se
implementaron una serie de programas de asistencia social y
fondos sociales en diversos países de América
Latina. Aquí se incluye diferentes programas financiados
con dineros del presupuesto estatal, tales como construcciones de
viviendas, planes de emergencia para combatir el desempleo,
programas alimentarios, programas de patrocinio de grupos de
autoayuda e iniciativas comunales en los barrios pobres o de las
microempresas
del sector informal, pero también el establecimiento de
los Fondos de Inversión Social financiado por el Banco
Mundial.
Los Fondos de Inversión Social (FIS)
constituyen la parte esencial de la estrategia
político-social a los pobres, recomendada por el Banco
Mundial como compensación de los "costos" sociales de la
política de ajuste estructural en Latinoamérica.
Los fondos sociales fueron implantados y probados por primera vez
en Bolivia, en
1985, por recomendación del Banco Mundial; también
han sido aplicados en Chile, Costa Rica, El Salvador, Honduras,
Guatemala, Panamá,
Nicaragua, México,
Perú, Uruguay y
Venezuela; y son una vía alternativa factible para reponer
ciertos equilibrios en la sociedad.
Sin embargo, se han presentado otras situaciones que
hacen de la participación del financiamiento internacional
en un claro obstáculo para alcanzar equidad en la
ejecución de los derechos sociales, me refiero a la
concentración de las inversiones en
infraestructuras y trabajos de mantenimientos que significan
recursos de los fondos canalizados en un área de los
gastos sociales del Estado que ha experimentado recortes
particularmente drásticos desde los años 80 en
América Latina. Esos recortes se sintieron en la
desigualdad y en la exclusión, en sectores como la mujer, los
niños,
minorías étnicas, marginados urbanos. Por otro
lado, están las manifestaciones más violentas de la
pobreza, el desempleo que se esta generalizando a nivel mundial.
Ello hace necesario la puesta en marcha de programas que apoyen
frecuentemente las organizaciones no gubernamentales (ONG`s) que
trabajan ya en el área social, en empresas privadas y en
las comunidades, creando vías alternativas para asegurar
la respuesta a necesidades sociales básicas de quienes
viven en la profunda crisis latinoamericana.
El Banco Interamericano de Desarrollo en los noventa
marcó un nuevo camino conocido como "La agenda social
del Banco", que tiene, a mi entender, una vigencia aún
muy importante, dado que las condiciones que la originaron
aún persisten y el objetivo a eliminar sigue siendo el
mismo: la pobreza. Por ello reproduzco los lineamientos
básicos de esta Agenda que, de alguna manera, han de estar
reflejados en los programas sociales que se intenten hacer de en
los próximos diez años: 1.- En Desarrollo urbano:
donde se apoyó el mejoramiento del suministro de servicios
urbanos básicos así como programas de reforma del
sector vivienda y las políticas de descentralización fiscal y
fortalecimiento municipal; 2.- En Educación: se
priorizó la calidad de la educación y el aumento de
la eficiencia con el financiamiento de proyectos de mejora de la
educación básica, tratando de esa manera adecuar la
oferta de servicios a la demanda de los
sectores productivos; En ciencia y
tecnología: el financiamiento se orientó a
apoyar a los países a enfrentar los desafíos que
trae consigo las medidas de liberalización de sus
economías; En salud: han buscado apoyar a programas que
mejoren tanto las condiciones de salud -especialmente de la
población de bajo ingreso- así como la eficiencia
operativa del sector. Se han reforzado las acciones de los
programas preventivos de salud pública y apoyando los
procesos de descentralización de servicios y desarrollo
gerencial; y En fondos sociales: orientados a grupos
específicos para financiar proyectos que alivien los
costos sociales derivados de los ajustes
económicos.
En cuanto a Venezuela, abría que agregar,
haciendo un análisis politológico del asunto, que
para finales de los años ochenta y principios de los
noventa, se ejecutaron una serie de reformas económicas y
sociales de orientación neoliberal conocidas como "El Gran
viraje". Estas reformas pregonaban lo inconveniente de un
desarrollo de la sociedad fomentada por un Estado paternalista,
intervencionista, ineficiente, burocratizado y en quiebra. Se
ponía en tela de juicio la capacidad de respuesta y de
acción del Estado tanto en lo económico como en lo
social, al no poder contener la creciente pauperización de
la sociedad venezolana y al permitir el continuo deterioro de
todos los servicios
públicos, en especial los sociales. Es, entonces, que
tanto por cuestiones ideológicas como pragmáticas,
las reformas parecieron necesarias y de urgente aplicación
en el país. Esto motivado a dos razones elementales:
primero, era "necesario" el desmantelamiento de las estructuras
sociales públicas por resultar ineficientes. La segunda
razón se basa en que debido a la reducción de los
recursos económicos para lo social (gasto e
inversión) se hizo imprescindible transformar a la
política y los programas sociales públicos
tradicionales en acciones eficientes, productivas, de gran
flexibilidad gerencial, de mucha transparencia operativa y que en
definitiva colocaran a los beneficiarios en primer lugar.
(González, 1996: 13)
Resultó necesaria la aplicación de
reformas en el área social pública, que
transformaran a la función social estatal de clientelista,
asistencialista y conciliadora a un paradigma de
eficiencia y eficacia
institucional y gerencial. La nueva gerencia
social sabía que la simple presentación
teórica de la recomendación de transformar el modo
tradicional de hacer política y programas sociales no
tenía en si el peso suficiente para enfrentar la resistencia al
cambio de la burocracia de la
gerencia tradicional. En tal sentido, las reformas y la nueva
gerencia denominada Particularismo necesitaba con urgencia
demostrar de alguna forma lo ineficiente del que hacer de los
programas sociales tradicionales. Así que, para lograr
mayor credibilidad, resultó imprescindible la
utilización de mecanismos de evaluación y medición del desempeño e impacto de
los programas "universales", para así exhibir, con cifras
y hechos ciertos, la ineficiencia, vulnerabilidad y ineficacia de
los mismos. De esta forma es que la vinculación entre
reformas del "Particularismo" y los sistemas de evaluación
dejó de ser casual. Los sistemas de evaluación
ayudarían a las reformas a realizar una
reevaluación de lo que hacían las instituciones
sociales públicas y a decidir si ellas deberían
continuar o no con el desempeño de sus actividades. Este
fue el mecanismo perfecto para que las reformas lograran reducir
la inherencia estatal en los servicios públicos y dar
así cabida a la participación ciudadana organizada
y a los sectores privados en el área social.
En definitiva, la evaluación fue apreciada como
un sistema que fomentaba la gestión de la gerencia social
moderna en Venezuela. Esto en razón de que la nueva
visión de las evaluaciones debía impulsar y
optimizar la eficiencia, clarificar las decisiones y hacer
más accesible y pública la información sobre el desempeño del
programa social ejecutado o a ejecutar. Deberían de igual
forma, las evaluaciones, mejorar la elaboración de
políticas legislativas, financieras, de optimizar las
decisiones sobre el gasto y la supervisión del impacto que tiene el
programa, es decir medir la calidad del beneficio entregado y
medir el grado de satisfacción del usuario.
El análisis de los resultados de las evaluaciones
ejecutadas a los programas sociales tradicionales, recomendaba
ampliamente la reducción de la cantidad de programas
sociales que están en acción y el "rediseño"
los que se encontraban en la etapa de formulación. (Musto,
1975: 42-43 / Maignón, 1992: 70)
En definitiva, las nuevas evaluaciones ejecutadas en
período de reforma en Venezuela, estaban destinadas a
medir el impacto, el resultado y la relación costo
beneficio (monetario) de los programas tradicionales. Esto nos
lleva a una tendencia técnica en la que los sistemas
evaluativos solo se dedicarían, en adelante, al
análisis de los logros del programa (incidencia) junto con
al estudio las dificultades técnicas
financieras que deberían superarse durante su
ejecución. Es decir las evaluaciones se convirtieron en un
simple análisis económico, de presupuesto y de
eficacia (nivel de ejecución alcanzado respecto a lo
programado en términos monetarios) de todo los programas
sociales. En tal sentido, la política social en Venezuela
se ha limitado a ser apreciada bajo el enfoque de evaluaciones
sociológicas que aprecian la realidad social desde la
fórmula de un análisis de: La interpelación
entre los diferentes actores sociales que revierten sus
propuestas en el diseño de los programas social; el
proceso de negociación entre los actores para articular un
programa; el análisis estratégico de las
debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas reales del
programa ante sus beneficiarios y ante el escenario donde se
ejecuta. Acá se aprecia la Planificación como
instrumento guía para comprender cómo hacer y
cómo identificar los procesos atinentes a la
formulación de políticas sociales.
Hemos explorado hasta este punto las vertientes de la
política social en su relación con los derechos,
manteniendo la guía de los aportes teoréticos de
Yolanda D`Elia, quedando sólo pendiente la equidad como
elemento condicionante del nivel de justicia y probidad con que
esos derechos y esa política social toman cuerpo en el
Estado moderno. Para ahondar al respecto hay que partir de
qué entendemos por equidad.
A comienzos de este ensayo hemos definido la equidad
desde diversas concepciones teóricas, todas coincidentes
con la figura de "solidaridad" e "igualdad"; pero la propuesta de
D`Elia va un poco más allá: distingue elementos
precisos de la equidad. La equidad implica un Asociado a lo
justo, pero superior, según criterios moralmente
relevantes, porque la igualdad sola puede ser injusta; Significa
reconocer que todos necesitamos cosas distintas en tiempos
diferentes y que unos necesitan más que otros. No todos
tienen las mismas necesidades, no todos tienen igual poder; y
envuelve distintas formas de injusticia: discriminación,
desigualdades o anulación. La equidad Pertenece al mundo
político, no existe, como algunos autores hacen ver, sino
hay condena ética sobre un asunto determinado. Hay
diversas maneras de acercarse a ella, ya sea por la vía
restringida que se basa en la asistencia/mínimos sociales
(igualdad para unos, equidad para otros); y/o la ampliada que se
basa en un cometido social y una responsabilidad de todos. En la
equidad lo justo se construye, no se hereda. Lo justo es cerrar
las brechas.
Así tenemos que:
Para ver el gráfico seleccione la
opción "Descargar" del menú superior
En donde la equidad se ha de entender como "igualdad" en
el sentido nominal-real en que se presenta en la sociedad y como
"universal" en el sentido de "llegar a ser" como producto de un
acto de interacción y diálogo entre quienes
son "sujetos" en una comunidad determinada. La equidad existe si
se práctica, si se "vive", lejos de esta condición
sólo es un denominativo que nada lógico tiene en el
contexto de lo social o lo político.
Como idea final, D`Elia nos promueve la necesidad un
cambio lógico del pensamiento social para integrarlo a
escenarios de participación ganados en base a la equidad y
los derechos.
Para ver el gráfico seleccione la
opción "Descargar" del menú superior
De parámetros administrativos basados en ofertas
y demandas, hay que pasar a parámetros éticos
basados en procesos de cambios activos. Lo que
ha de prevalecer es las necesidades sociales, su modo de ser
atendidas y los mecanismos para evaluarla sin que ello afecte el
desarrollo de los procesos. Ya no es un asunto de qué es
lo que necesitan más para responder, sino de qué es
lo que está pasando, cómo prevenirlo y cómo
delinear vías de respuesta continua y segura, desde donde
cada persona se sienta parte de una acción justa del
Estado, en el plano universal, así como tratado
igualitariamente, porque esa atención ha de materializarse
a través de la nominalizad de lo real y no de lo intuitivo
programático.
Si buscamos una palabra que resuma el aporte
teorético de Yolanda D`Elia, y por supuesto de muchas
ideas de Thaís Maingón, como especialistas y
preocupadas en el área, es lo pertinente de
construir políticas públicas que puedan llegar a
ser apreciadas como parte de un desarrollo humano necesario que
haga de esta sociedad una excusa viable de solidaridad e igualdad
en tiempos de soberbia, terrorismo y
deslealtades.
Para Alfonso Gándara, como buen estudioso que
fue de la realidad política, el sentido del humor del
venezolano se apreciaba en cómo él tomaba parte de
su desgracia y la hacia una fortaleza para aguantar los
daños colaterales de las crisis: la autoestima.
Cuando se supo la noticia que en Venezuela se había
reunido las firmas para solicitar el revocatorio de mandato
Presidencial, el ciudadano Presidente Hugo
Chávez, en cadena nacional, tomó partido de una
derrota y como buen venezolano, la revertió en una
fortaleza, precisamente por esa conducta, muy latina, de ver en
tiempos malos lo aprovechable y trascendente. De un 30% de
aceptación que tenía Chávez ante de la
decisión, pasó a 35%. Es decir, su discurso y su
llamado a la "Batalla de Santa Inés" (que no es más
que el ejercicio de un hecho histórico marcado por la
astucia y trampa de Ezequiel Zamora, quien no combatió de
tu a tu, sino que emboscó), le ampliaron el margen de ser
un candidato de cuidado para llegar a la derrota. Es un asunto de
dignidad y arrogancia lo que vive la política venezolana,
pero esa verdad repercute directamente en los programas sociales
del régimen: "si sale Chávez se acaban los
programas sociales misioneros". Nada más real y nada
más falso a la vez. Pero en fin de cuentas es lo que se
escucha y ello determinará los grupos a enfrentarse
electoralmente: si me están beneficiando las misiones, por
supuesto que No lo saco; si nada tengo que ver con esas misiones,
me da lo mismo sacarlo o No; y si mi percepción es que no
llegan esas misiones a ser más que pequeños
paños tibios del Estado para generar condiciones de
bienestar con fecha corta de vencimiento, entonces yo SI decido
sacarlo. Los dados están echados y pienso que no hay mucha
ganancia ni en una decisión ni en la otra, porque al fin
de cuentas lo que nos interesa es que el Estado actúe con
equidad en la concepción de una política social
real, dialógica, estimulante de bienestar y no de marginalidad
asistida. Por allí las voces del pueblo expresan: "Claro
que Chávez es el Presidente de los pobres, ¡no vez
que los está multiplicando diariamente!".
Entonces volvemos al principio: "la política
social desde el enfoque de los derechos sociales". De todo lo
andado se puede afirmar que desde el enfoque de los derechos la
política social es el producto de un "derecho adquirido
liberal" que le hace tener presencia institucional en las
propuestas del Estado; pero que a su vez es un "derecho
programático" que obedece a lo que el Estado está
en capacidad de aportar según sus recursos y según
su ideología de Estado. No está obligado a dar tal
o cual beneficio a las personas, pero puede escucharlos, dialogar
con ellos y priorizar qué se les podría aportar
para satisfacer necesidades. La equidad toma cuerpo en cuanto es
necesaria para concebir e interpretar una política social
justa hacia el colectivo, no sólo de la manera o forma en
que llegue, sino de la manera o forma en que se modele en ese
proceso de participación social que hace del Estado
moderno una institución fértil para el desarrollo
integral del ser humano.
Y concluyo como inicia la profesora Maingón
algunos de sus trabajos, definiendo política social, que
al fin de cuentas es el motivo y razón de ser de todo este
escrito en el espectro del Seminario que se
dictara entre abril y julio del 2004, en el
CENDES-UCV.
El principio inspirador de la Política Social
es el logro del Bienestar Social colectivo, sin embargo, la
Política Social, a partir de una naturaleza
dicotómica, contradictoria y dialéctica,
vendría a ser, a mi entender, el conjunto
explícito, ordenado y sistemático de formulaciones
estratégicas, definidas, articuladas y direccionadas por
el Estado y por actores sociales civiles y privados, para
propiciar salidas concertadas socialmente.
Estos lineamientos estratégicos, los cuales
asumo en razón de que mi formación como
Planificador me hace centrarme en aspectos racionales concretos y
factibles, buscan el logro de finalidades sociales, que se
delimitan a partir de posturas u orientaciones
teórico-conceptuales y político-ideológicas,
entre ellas podemos mencionar las siguientes: La Política
Social vista como el conjunto de mecanismos estatales de
acción y bienestar social, que buscan disminuir y eliminar
las diferencias socioeconómicas entre los grupos de una
sociedad determinada así como afrentar la desigualdad
social con medidas redistributivas y de acceso a servicios
sociales a través de la generación de empleo
productivo y convirtiendo al desempleado en trabajador asalariado
(salario directo);
y la posibilidad de acceso a servicios sociales: Salud,
Educación, Vivienda, Alimentación, Seguridad
Social, Cultura, Deporte y Recreación. (salario Indirecto); la
Política Social vista como el conjunto de mecanismos de
acción social necesarios para paliar y atenuar los efectos
sociales del desarrollo, para compensar mínimamente a los
excluidos y marginados; es decir, entendida como programas
asistenciales, promocionales, emergentes, cortoplacistas y
desarticulados, focalizados a sectores en situación de
necesidad extrema. La Política Social entendida como el
conjunto de estrategias e instrumentos estatales de acción
social, indispensables para incidir en la reproducción de
la fuerza de trabajo y en la legitimación y ampliación del
dominio y poder del Estado sobre los grupos que integran una
sociedad; y la Política Social entendida como el conjunto
de mecanismos sociales estatales indispensables para asegurar la
cohesión, el consenso y la estabilidad social, es suma, su
finalidad es la gobernabilidad de una sociedad.
Las orientaciones en torno a la Política
Social aparecen como "tipos ideales"; como configuraciones
abstractas necesarias para analizar un fenómeno social
determinado, pero, en la realidad concreta, la Política
Social implementada en una realidad engloba todas esas
orientaciones, ya que dentro de los marcos de una sociedad
determinada aquella tendrá una naturaleza
dialéctica, dicotómica y contradictoria que
hará que todas las orientaciones mencionadas coexistan e
interactúen, en sus razones naturales de conflicto, dentro
de ese contexto social sin descuidar la meta de un
confort y bienestar para materializar un "buen
vivir".
A manera de conclusión, nos suscribimos a
realizar una propuesta organizativa que vaya en procura del
fortalecimiento de los derechos sociales con equidad. Todo
esfuerzo intelectual amerita un cierre que proponga más
allá de las ideas de los teóricos y pensadores de
nuestro tiempo, salidas o escenarios para profundizar los matices
asumidos desde lo abstracto de la reflexión
teórica.
Para José Fernández Santillán
("Sociedad Civil y Derechos Humanos", México, Revista Letras
Libres, Febrero 2001, año III, Nº 26, pags. 12-14),
el mundo moderno se ha abierto a diversas esferas de la
acción humana en tres espacios fundamentales, es decir, el
económico, el social y el político, que antes se
encontraban mezcladas, podemos decir que cualquier intento de
confusión entre esas esferas va en contra del proyecto
civilizatorio de la modernidad. Hay,
agrega Fernández Santillán, ejemplos regresivos
como el llevado a cabo por los regímenes totalitarios al
querer "colonizar", con base en el desbordamiento del Estado, la
esfera social y la esfera económica, o como el practicado
por el monetarismo al
intentar "invadir", a partir de la ilimitada expansión del
mercado, los campos del Estado y de la sociedad civil. El error
ahora, cierra Fernández Santillán, sería
negar, desde la Sociedad Civil, los espacios correspondientes al
Estado y a la economía.
La Sociedad Civil y los derechos del hombre y del
ciudadano están ligados indisolublemente. La sociedad
constituye la base esencial desde la que se han defendido los
derechos civiles, políticos y sociales. La esencia de la
democracia radica en llevar adelante una "política de los
derechos" que consolide y expanda el panorama de
emancipación abierto por el iluminismo (entiéndase
ilustración).
Por esta razón, me circunscribo a lo expresado
por Antoni J. Colon y Joan – Carles Mélich (2001) al
referirse al neocontractualismo de Rawls. Para éste
pensador se hace necesario la construcción de una
teoría política y de justicia que sea
universalmente válida, es decir, no determinada por los
contextos socio-históricos particulares. En la sociedad
debe haber orden y ese orden augura la aplicación de un
derecho que todos tienen pero que la gran mayoría
desconocen la esencia y valor bajo los cuales se han de ir
presentando en la sociedad.
Rawls es claro al afirmar que en el ámbito de
la teoría de la justicia hay dos principios que se
adelantan al valor de supremacía del Estado: 1.- Que cada
persona ha de tener un derecho igual al esquema más
extenso de libertades básicas iguales que sea compatible
con un esquema semejante de libertades para los demás; y
2.- Que las desigualdades sociales y económicas
habrán de ser conformadas de modo tal que a la vez sean
ventajosas para todos y vinculen a todos al aparato productivo de
la sociedad.
Estos principios de Rawls no están en un plano
de igualdad, sino en una serie de prioridades que antepone el
principio de libertad al de organización política
del Estado, procurando salvaguardar las decisiones individuales
que son, en definitiva, la mejor garantía para existir
como sujeto de la democracia. Y ser sujeto implica relaciones
sociales, las cuales han de ser apreciadas en el contexto de la
complejidad en que se presentan.
En el estudio titulado Transdisciplinariedad y
Complejidad en el Análisis Social, de la
Gestión de las Transformaciones Sociales (MOST), de la
UNESCO (VERSIÓN PRELIMINAR), la Dra.Mayra Espina
Prieto, expone en su ensayo "Complejidad y pensamiento
social", que en un intento por hacer una apretadísima
síntesis, que permite desmantelar en el pensamiento social
las operaciones de fragmentación, binarización,
disyunción y objetivación, integra una serie de
supuestos o nociones generales que hacen posible desarrollar una
metodología concreta para reconocer y
analizar los conflictos y situaciones propias de la vida social.
Esos supuestos descriptivos se resumen en: Noción de
universo como totalidad inacabada, en formación, donde
se simultanean orden y desorden, determinación y azar, y
que se organiza a través de información, en un
proceso continuo de disipación y generación de
incertidumbre (tiene como principal exponente a Morin 1996);
Noción de la complejidad como atributo
irreductible, ordinario y cotidiano de la existencia natural y
social, que presenta un carácter sistémico
integrador. Preeminencia del holismo sobre el reduccionismo
(Delgado 2002); Noción de retroacción,
mecanismo mediante el cual el efecto actúa sobre la causa,
pudiendo incluso amplificarla, y que permite que un sistema
adquiera funcionamiento autónomo y que invierta y cambie
sus patrones o rutinas de comportamiento
(Morin 1996); Noción de autopoiesis; los sistemas
aotopoiéticos son organizacionalmente cerrados (se
construyen y producen a sí mismos en lugar de ser
programados desde fuera) e informacionalmente abiertos (captan y
producen continuamente información), destacan las ideas en
este tema de Luhman, 1982; Noción de adaptabilidad
de los sistemas complejos, donde los elementos constitutivos
están fuertemente asociados entre sí y tienen, a la
vez, capacidad potencial de actuar individualmente, como agentes
autónomos del cambio, e influir sobre los demás,
abandonando las rutinas (comportamientos tipificados en un
repertorio preestablecido) para adaptarse a nuevas circunstancias
(Luhman 1982); Noción de sistema abierto, que
combina orden por equilibrio –donde se observan patrones de
comportamiento que permiten visualizar un atractor– y orden
producido fuera del equilibrio- donde no existe un principio
organizador y un estado atractor únicos, inscriptos en la
naturaleza del sistema (López Pettit 1993); y
Noción de coevolución o de adaptación
y evolución conjunta: en el proceso de
auto-organización los sistemas complejos se transforman
conjuntamente con su entorno "ninguno de los dos puede
evolucionar en respuesta al cambio sin que produzca ajustes
correspondientes en el otro" (Rosenau 1998).
Cuando se percibe lo social desde el ámbito de la
complejidad se está apreciando el verdadero sentido de las
relaciones sociales. El Estado Social por consiguiente surge como
el depurador del Estado Liberar que no ha entendido, o
entendió, la complejidad de lo social; las soluciones que
propuso el Estado Liberal a la sociedad fueron deficientes,
individualistas e insolidarias. Se comportó como el Estado
más totalitario de todos, puesto que en "nombre de la
libertad" quebrantaba las posibilidades de bienestar del
colectivo. Se estima, en expresión de Gándara
(1983), que la libertad y la eficacia no son antagónicos,
menos aún contradictorios, ya que la libertad sólo
tiene sentido en cuanto significa ser libre para participar;
mientras que la eficacia, orientada al tener más,
sólo se justifica si está al servicio del hombre en
la medida que le brinda mayores beneficios materiales. Es en
razón de esto que en la medida que los requisitos sean
cubiertos y satisfechos plenamente por el modelo de Sociedad y de
Estado que se propugna, podrá éste lograr su
justificación y legitimación ética,
jurídica, social y política.
Al pretender construir un Estado Social desde enfoques de
Derecho y Política, política social evidentemente,
no estamos reinventando esquemas o agregando nuevos elementos a
la consideración teorética de la concepción,
sino redefiniendo los elementos presentes en el amparo de las
nuevas condiciones sociales y políticas a las que se ha de
enfrentar. Es un ir actualizando las relaciones sociales en
razón de las relaciones de poder.
El Estado Liberal, denominémoslo de Derecho, aporta un
esquema general que la visión de derechos sociales
sólo ha de tener la tarea de revisar y reinterpretar, sin
descuidar la esencia de justicia, solidaridad y
participación que han de motivar los valores de un Estado
Social. Este esquema parte de la valoración de la Ley como
imperio y majestad de obediencia de todos los seres humanos; el
principio de la separación de poderes como estructura
básica para evitar el autoritarismo y la perversión
institucional; el principio de la legalidad administrativa, que
le otorgaría a las personas un respaldo a la hora de
validar sus actuaciones en las relaciones en sociedad; y la
denominada garantía legal de los derechos y libertades del
hombre que dan un piso normativo para edificar una estructura
social con resguardo en los derechos de cada persona. Tal como
expresa Yolanda D’ Elia: "Por eso es que el Estado o
más bien un nuevo tipo de Estado debe surgir, tomando de
las herencias del pasado lo mejor y empujando a que cada vez
más las personas estén en primer lugar. Eso es lo
que logran los derechos".
Se ha de insistir en que el Estado debe estar edificado sobre
la idea, fecunda y dinámica de paz social y
colaboración activa de los ciudadanos; esta realidad
sólo sería posible si se desarraigan, con
posición política firme, las profundas
desigualdades e injusticias de ellas derivadas y que
mantiene aún vigente la lucha o conflicto de clases (me
remito al ejemplo de Venezuela desde el año 2001 hasta la
actualidad).
El ejercicio de los derechos y libertades tiene que estar
plenamente garantizado en el epicentro constitutivo del Estado
Social, prevaleciendo la pluralidad, así como la apertura
a los ciudadanos de opciones político-sociales que le
brinden múltiples, no excluyentes ni monopilizables,
vías de autorrealización en donde la meta del "buen
vivir" se compense con el principio de solidaridad que debe
animar la legítima contienda política en la siempre
renovada prosecución de un Estado y una Sociedad cada vez
más democráticos y representativos.
El nuevo Estado, ese creado con visión Social, ha de
estar edificado, como expresa Gándara, sobre el fecundo y
creador "pluralismo social", que conserve una clara conciencia de la
solidaridad social, en donde los diversos grupos
sociales tengan una clara conciencia de la común
necesidad, sobre todo las clases menos favorecidas.
El Estado Social construido desde la base de políticas
públicas justas, solidarias y plurales, tiene que tener
mecanismos de control de los procesos sociales, por ello se
sugiere la creación de "grupos sociales intermedios", los
cuales, con autonomía y funcionamiento garantizados, ha de
fomentar el Estado Social en razón de su condición
democrática y participativa, rechazando las estructuras
oligárquicas y autoritarias que bajo la excusa de un
aparente "desorden" e "ingobernabilidad" en algunos Estados,
aspira dirigir el desarrollo social
por la vía de la fórmula y el pretexto interventor.
Nada más contradictorio del espíritu de solidaridad
y cooperación del Estado Social, el cual se va haciendo en
la medida que todos se adjudican en su espacio un respeto a las
normas y
preceptos básicos de la convivencia común.
Ahora bien, al constituirse el Estado Social, éste ha
de ser auténtico y operativo, ha de promover y garantizar
una verdadera democracia política, económica y
social, que haga efectiva la participación de los
más necesitados en los bienes materiales y culturales del
Estado, sirviendo de freno a las ambiciones y apetencias
desmedidas e insolidarias de quienes teniendo más aspiran
minimizar a los sectores con grandes necesidades y carencias. El
Estado Social ha de propiciar una integración que conlleve
a un compromiso y de allí al desarrollo de solidaridades,
porque para que el hombre prevalezca en sociedad ha de estar
interactuando y planteándose objetivos comunes que le
permitan avanzar.
En este último aspecto interviene lo que llamó
Maurice Duverger la teoría de la
integración. Según Duverger la
integración política constituye el aparte
organizativo del Estado moderno. Si bien la política
había aparecido para disminuir el grado de violencia
física
entre los hombres de una sociedad, ésta no podía
permanecer sin conflictos, es por ello que al darse la
sustitución de la agresión como mecanismo de
imposición de ideas, toma lugar la discusión, el
diálogo, los procesos de ostracismo o elección por
mayoría. La integración, expresa Duverger, "supone
no solamente la supresión de los conflictos, sino
también el desarrollo de la solidaridad".
Pero si el Estado controla la violencia no está
generando un cuadro de desigualdad ante su propuesta de
integración. Es posible que algunos interlocutores, como
los marxistas, establezcan que el Estado es coercitivo y
autoritario por dejar para sí el uso de la violencia para
impedir una mayor violencia. Pero a este respecto,
remitiéndonos al pensamiento de Duverger, la
política no es supresión de las violencia, sino
centralización, monopolización y
organización de los medios de violencia, ello le da una
ventaja sobre la mayoría que es conglomerado de seres
humanos a los cuales hay que orientar por mecanismos
pacíficos de confrontación. Si el Estado tiene la
potestad de organizar la violencia, podrá asumir el
control de las situaciones sociales con mayor diligencia y por
ende se convierte en la única opción de
autoridad.
Una vez que la violencia ha sido dominada por el Estado,
aparece la figura del compromiso. La idea de un compromiso
(algunos autores hablan de Pacto Social, Contrato Social,
Convenio, etc.) no viene impuesta por una necesidad de encauzar
el desarrollo de la lucha política, sino poner fin a las
intenciones de hacer de la vida social una excusa única y
última de la política. En una palabra, y acá
coincide esta apreciación con Gándara (1983) y
Duverger (1968), la política en la sociedad moderna ha de
estar justificada como vía para manifestar los conflictos
por medios no violentos, pero si se hace necesario, por la
vía de una revisión del compromiso, se puede llegar
a eliminar cualquier rastro de antagonismo por la vía del
cambio del compromiso. Que ello transforme el Estado en una
pirámide autoritaria y despótica, a veces la
postura radical es necesaria para reorientar los canales de
confrontación. Lo que si no es posible, y con una mirada a
la historia mundial de estos últimos diez años nos
percatamos, es la consecución a tiempo indeterminado de
posturas radicales de Gobierno.
En los regímenes democráticos del nuevo tiempo
los compromisos cuando aparecen más justos son mucho
más fáciles de solventar. Persiste la noción
de justicia (un poco ahondada con Rawls anteriormente) como
elemento fundamental para propiciar la integración.
"La definición de la justicia depende de las
ideologías y de los sistemas de valores de la sociedad
considerada. Casi siempre se encuentra fundada en la
distribución de los bienes y las ventajas sociales dentro
de una situación de penuria, en donde estos bienes y
ventajas son más raros que las necesidades a satisfacer.
El paso de las sociedades aristocráticas a las sociedades
burguesas sustituyó el principio a cada uno
según su nacimiento por el principio a cada uno
según su capacidad a pesar de lo cual el nacimiento,
en forma de herencia,
continúa desempeñando un papel importante".
El compromiso no es el finan de los antagonismos, sino una
tregua que permite modificar las relaciones de fuerzas y, si es
necesario, sustituirlas por otras que se adapten mejor a la
búsqueda de coincidencias plurales.
La etapa final que permite cerrar el círculo en la
intención de construir un Estado Social con luchas y
conflictos controlables, plenamente integrados en donde cada
persona mantenga sus vínculos sociales por sobre todas las
diferencias, es la solidaridad. Duverger sentencia: "no existe
integración social sin desarrollo de las
solidaridades".
"La solidaridad es el resultado, en primer lugar, de la propia
estructura de la vida comunitaria, en la que cada uno tiene
necesidad de los otros, de acuerdo con un entrelazado de cambios
mutuos. Durkheim vio
en la división del trabajo la fuente de este primer tipo
de solidaridades, las cuales, si bien estaban poco desarrolladas
en las economías cerradas primitivas, han ido creciendo
según se iba produciendo la especialización de los
intercambios".
La solidaridad tiene su razón de ser en la semejanza o
la proximidad física de los miembros de la comunidad,
así como en las representaciones colectivas que se crean
de dicha semejanza y aproximidad; juega papel preponderante la
identidad que cada quien tiene acerca de su sociedad y de
sí mismos. Es la imagen que cada uno de nosotros tenemos
acerca de nuestro entorno social, proyectada a la colectividad en
un proyecto común de integración. Sin estas
premisas básicas el Estado Social es irrealizable,
violente y desconceptualizado de su razón de ser como
organización que auspicia y promueve el "buen vivir".
La base para que la teoría de la integración
alcance su valor en el contexto del Estado moderno ya se ha
puesto en práctica en realidades sociales como Inglaterra,
Francia y Estados Unidos de
Norteamérica; me refiero al establecimiento de reglas y
procedimientos claros, a la organización colectiva de la
sociedad sin caer en la selectividad, en la puesta en marcha de
un proceso de concientización y educación en
valores ciudadanos que fortalezcan la identidad de las personas,
así como la promoción de una coerción social
que enaltezca principios de justicia y equidad, reflejando que el
Estado es el galante de la preservación del proceso social
y no quien impone modos o estilos de convivencia. Los nuevos
tiempos, bien lo ha reflejado Edgar Luttwat en su obra
"Turbo-capitalismo" (2000), no es de los que monopoliza la toma
de decisiones, sino de quien la pluralice.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AHUMADA, Consuelo (1998) El Modelo Neoliberal y su
Impacto en la Sociedad Colombiana, Bogotá, El
Ancora Editores, 303 págs.
AGUDELO VILLA, Hernando (1966) La Revolución
del Desarrollo, México, Editorial Roble, 453
págs.
AZÓCAR A., Ramón E.
(1998) La revelación de Oanes, Ensayos acerca
del Federalismo
Libertario, Caracas, Edita Biblioteca de
Temas y Autores Portugueseños y Centauro Editores, 235
págs.
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (1985). Progreso
económico y social en América Latina.
Washington, D.C. 1985.
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO /PNUD (1993) Reforma
social y pobreza. Washington-Nueva York.
BERMAN, Marshall (1988) Todo lo sólido se
desvanece en el aire, La experiencia de la modernidad,
Editorial Siglo XXI, México, 11ava edición, 386 págs.
BILBENY, Norbert (1998) Política sin
Estado, Introducción a la Filosofía
Política, Editorial Ariel, Barcelona-España, 284
págs.
BODEMER, Klaus y otros (2003) Políticas
Públicas, inclusión social y
ciudadanía. Caracas, Editorial Nueva
Sociedad, 326 págs.
BUSTELO, Eduardo S. (1987) Políticas de
ajuste y grupos más vulnerables en América
Latina. Hacia un enfoque alternativo. Bogotá,
Fondo Económico de Cultura, 250 págs.
CASTORIADIS, Cornelius (1983). La Institución
Imaginaria de la Sociedad, (Vol.1)
Barcelona-España, Editorial Tusquets, 285 pág.
CAPPELLETTI, Ángel (1995). La ideología
anarquista, Caracas, Editorial Alfadil., 226
pág.
CEPAL (2001). Una Década de Luces y Sombras:
América Latina y el Caribe en los Años
Noventa, Bogotá, Edita Alfaomega S.A., 306
pág.
COLOM, Antoni y Joan-Carles Mèlich (2001).
Después de la modernidad, Nuevas
filosofías de la educación,
Barcelona-España, Editorial Paidós, 192
pág.
CUNILL GRAU, Nuria (1997). Repensando lo público
a través de la sociedad, Caracas, Centro
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo-CLAD,
Editorial Nueva Sociedad, 320 pág.
CHOMSKY, Noam y Edgar S. Herman (1981). Washington y el
fascismo en el
tercer mundo, México, Editorial Siglo XXI, 481
pág.
DI CASTRO, Elisabetta (1981). Razón y
Política, La obra de Norberto Bobbio.
México, Editorial Fontamara-UNAM, 179 pág.
D’ ELIA, Yolanda y Thaís Maingón (2004).
La equidad en el Desarrollo Humano: estudio conceptual
desde el enfoque de igualdad y diversidad, Documento para
la Discusión, Caracas, Editorial Torino bajo el auspicio
de PNUD y Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ) GMBH Cooperación técnica
Alemana, 67 pág.
D’ ELIA, Yolanda (2004). La Política Social
y sus enfoques, Documento de Exposición en
Power Point,
Caracas, 48 láminas.
ESTEVA, Gustavo (1996). Diccionario del
Desarrollo, Lima, Perú, Edita PROTE, 399
pág.
FERNÁNDEZ SANTILLÁN, José (2001).
"Sociedad Civil y Derechos Humanos", México,
Revista Letras libres, febrero 2001, año III,
número 26, págs. 12-14.
GÁNDARA, Alfonso (1983). Del Estado Liberal de
Derecho al Estado Social de Derecho,
Mérida-Venezuela, Edita Librería Universitaria, 98
pág.
HEILBRONER, Robert (1982). La formación de la
sociedad económica, México, Editorial Fondo
de Cultura Económica, quinta reimpresión, 422
pág.
JARAMILLO, Jaime E. (1995) Modernidad y posmodernidad
en América Latina. Colombia, Centro de Escritores
de Manizales, 121 págs.
JIMÉNEZ, Roberto. (1977) América Latina y
el Mundo Desarrollado. Caracas, Universidad
Católica Andrés
Bello, 307 págs.
KELSEN, Hans (1977). Esencia y valor de la
Democracia, Madrid,
Editorial Guadarrama, 192 págs.
LECHNER, Norbert (2000) "Nuevas Ciudadanías".
Revista Estudios Sociales, Fin de Siglo, Nro. 5,
págs: 25-31.
LUTTWAT, Edward (2000) Turbocapitalismo,
¿Quiénes ganan y quiénes pierden en la
globalización? Barcelona, España, Editorial
Crítica 359 págs.
MERCHÁN, Rafael. (2002) "Participación
Ciudadana" .Revista Perspectiva, Bogotá,
Nº 2, págs. 44-47.
MERQUIOR, José G. (1993) Liberalismo viejo y
nuevo. México, Fondo de Cultura Económica,
216 págs.
ORTEGA, Félix (1994) El mito de la
modernidad, Barcelona-España, Editorial Anthopos,
301 págs.
PENNACCHI, Laura, Compiladora (1999) Las razones
de la equidad, Buenos Aires, Editorial Losada, 239
págs.
PONCE, Fernando (2003) Globalización, migración
y derechos humanos. Quito,
Material memografiado, 16 págs.
SORIANO, Graciela (1968) El Pensamiento Social de
Charles Loyseau, Caracas, Instituto de Estudios
Políticos, Facultad de Derecho, 227 págs.
SUNKEL Osvaldo (1987) El Futuro del Desarrollo
Latinoamericano: algunos temas de reflexión en
Neoliberalismo y Políticas Económicas
Alternativas, Quito, Corporación de Estudios para
el Desarrollo, CORDES, págs: 21-58.
SUNKEL Osvaldo (1995) "Neoliberalismo y neoestructuralismo en
América Latina", Segunda parte, en Revista Academia
Colombiana de Ciencias
Económicas, Bogotá, Nro. 46, págs: 6
-13.
STIGLITZ, Joseph (2002) El malestar en la
globalización, Madrid, Editorial Taurus, 314
págs.
VALASCO, Luisa Fernanda (2002) "Lo etno del
desarrollo", www.unimag.edu.co.
Ramón E. Azócar A.
Politólogo, Magíster en Gerencia y
Planificación Institucional, (UNELLEZ-Guanare); Doctorante
de Estudios del Desarrollo, CENDES-UCV; Crítico Literario
y Escritor. Autor de varios libros de
ensayo: "La Revelación de Oanes" (1998) y "Hacia un Nuevo
Paradigma en Educación" (2000). Consecuente articulista en
la prensa regional y
nacional, destacándose sus ensayos de investigación
publicados en el Suplemento Cultural del Diario "Últimas
Noticias", de
Caracas. Tiene obra poética inédita y está
trabajando en un ensayo largo acerca de la Filosofía de
la Ebriedad.
Es catedrático Universitario, así como
Asesor en el área de Políticas Públicas y
Teoría de la Organización.
COINCIDENCIAS PLURALES
© Ramón Eduardo Azócar
Añez, 2004
Hecho el depósito de Ley:
DEPÓSITO LEGAL: