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La relación Estado - Sociedad Civil en el debate sobre la nueva Ley de Educación

Enviado por edgarisch



  1. El Marco Teórico y Contextual
  2. Educación: responsabilidad del Estado y de la sociedad
  3. Necesidad de la participación social en educación

 

El Marco Teórico y Contextual

El análisis de las temáticas sociales no puede ser realizado al margen de consideraciones del momento histórico al que se refiere y de las determinantes que el mismo plantea a las tendencias de gobierno transitoriamente dominantes. Por ello, la problemática propuesta, la relación entre Estado y Sociedad Civil, debe interpretarse a partir de la consideración de que estamos aún viviendo la imposición del modelo neoliberal, como doctrina y práctica económica-social globalizada casi en la totalidad del planeta.

El neoliberalismo con su idolatría del mercado, para usar el calificativo dado por teólogos como Franz Hinkelammert y otros, ha puesto todo en la balanza del mercado y de ese destino no han escapado ni siquiera las personas y, obviamente; las palabras. Los conceptos y las categorías de las ciencias sociales han sido de esta manera prostituidas, se venden a cualquier significado. Y esto es lo que sucede precisamente con definiciones como la de Estado y Sociedad Civil.

Es necesario entonces, procurar fijar que es la una y el otro, dejando de lado apreciaciones equivocadas pero intencionalmente regadas, que solo justifican las tesis del neoliberalismo atroz, desprestigiado y fracasado al grado que la gran mayoría de los portadores de sus tesis se niegan a sí mismos la calidad de neoliberales y se autocalificarán de neoracionalistas, modernos, globalizados o simplemente integrados al mundo posmoderno.

Un error frecuente y no siempre sin una oculta intención de convocar a la despolitización de los pobres y los pueblos, es colocar a la sociedad civil como lo opuesto de una sociedad política, lo que permite a algunos incluso inventar la existencia de "una clase política", abstracción, como tantas otras, que pretende hablar de una inexistente equidad social. Las personas que pueden sentirse parte de la sociedad civil no están al margen de la vida política primero, porque al ser seres humanos no pueden dejar de ser "animales políticos"; luego, porque toda la valor de incidencia de quienes asumen en uno u otro momento, justa o alevemente, la representación de la sociedad civil o de parte de ella, no está alejada del cabildeo y los mecanismos de presión políticos; y, porque sus planteos son en esencia políticos, son portadores de posicionamientos ante la realidad social o estatal.

Se dirá entonces que de lo que se trata es de que no tenga una relación con la actividad político partidista, error igualmente craso, pues esto significaría discriminar a quienes hacen política y, especialmente, política contestataria desde la militancia y la búsqueda de transformaciones desde el poder. Lo más grave es que se descalifica también la acción de grandes movimientos sociales que, por tanto dejan supuestamente de tener legitimidad.

Si tomamos como ejemplo el reciente levantamiento popular y huelga general en Bolivia para derrocar a un Presidente que, curiosamente es responsable de la Ley de Participación Popular elaborada desde el paradigma neoliberal, a partir del pensamiento mencionado no podríamos decir que la sociedad civil se movilizó, pues las direcciones fundamentales estaban centralizadas en el Movimiento al Socialismo de Evo Morales, el Partido Pachakutek del aymará Felipe Quishpe y otras organizaciones agrupadas en partidos de izquierda revolucionaria que encabezan la COB, los sindicatos campesinos, docentes y vecinales. Pero a nadie se le ha ocurrido negar que esos movimientos sociales, que son en sí mismos organizaciones políticas, han dejado de ser parte de la sociedad civil; sin embargo, cuando se mira casa adentro, resulta que fácilmente se niega validez allí donde están "personajes políticos", mientras asoman "nuevos actores" individuales justamente a disputar protagonismo político y dirección. Con esa lógica, el movimiento indígena ecuatoriano al expresarse en estructuras políticas como Pachakutik o Amauta Jatari, o por existir numerosísimos dirigentes indios que mantienen lazos con diversos partidos políticos, deja de ser parte de la sociedad civil. Con esa lógica, la UNE, la FESE, muchas asociaciones de padres de familia, curiosamente dejan de ser parte de la sociedad civil mientras que no se niega dentro de ella la presencia de las organizaciones de propietarios de planteles escolares, CONFEDEPAL y CONFEDEC ni el derecho a la acción política de los dirigentes de las cámaras empresariales.

Un argumento de esa naturaleza, para guardar coherencia, significa que se debe separar a la sociedad civil no solo de la política sino también del mundo de la economía. Así lo señalan por ejemplo los estudiosos J. Cohen y A. Arato, quienes sostienen que "la sociedad civil moderna se crea por medio de formas de autoconstitución y automovilización; se institucionaliza y generaliza mediante las leyes, y especialmente, por medio de los derechos objetivos que estabilizan la diferenciación social ... la sociedad civil debe distinguirse, a la vez, tanto de la sociedad política de partidos, de organizaciones políticas y de públicos políticos (en particular de los parlamentos) como de la sociedad económica, compuesta de organizaciones de producción y distribución, por lo común empresas, cooperativas, sociedades y otras similares, al tiempo que comprende a la familia."

Existe coherencia en su planteamiento pero es evidente que no se responde a la verdad de los hechos sociales. Excluir de la categoría sociedad civil de toda expresión económica, por la relación de algunos sectores de poder económico con el poder y el Estado, es sin duda tan equivocado como el pretender excluir los posicionamientos políticos. ¿Las cooperativas comunitarias no son sociedad civil? ¿Cómo resolver la dicotomía de una familia que por sí sería considerada como sociedad civil, de aquella que actúa como unidad productiva o como parte de una estructura política y por tanto se excluye de la misma sociedad civil?

La confusión teórica generada tiene un correlato desde el punto de vista del derecho, en donde la categoría "sociedad civil" aparece como un concepto jurídico indeterminado, sin disposiciones legales claras que reglamenten quiénes la conforman y cómo la sociedad civil escogerá a quienes la representen. Del análisis de J. Cohen y A. Arato, queda claro que debe ser resultado de un proceso de autoconstitución y no de mecanismos de cooptación paraestatal, a partir de convocatorias institucionales.

Según Norberto Bobbio, la sociedad civil comprende la esfera de las relaciones sociales que no está regulada por el Estado. La sociedad civil se configura como el ámbito de las necesidades individuales, un ámbito intermedio entre la familia y la sociedad política, en el que surgen y se desarrollan los conflictos económicos, sociales, ideológicos y religiosos que, por otra parte, las instituciones tienen la misión de resolver, ya sea mediando en ellos, previniéndolos o reprimiéndolos. Es decir un ámbito, un escenario de disputa de la hegemonía, antes que personas individuales o jurídicas.

Esta es, sin duda, una definición más clara y que permite entender porque la abstracción de sociedad civil como si se tratase de un todo único y homogéneo impide ver las diferencias sociales y se puede utilizar muy fácilmente para ocultar las distancias entre pueblo y oligarquía, entre izquierda y derecha, entre defensores del país y los que se someten a los designios del imperialismo. Y esto explica por qué, en ese todo falsamente homogéneo, es cada vez más visible que hay ONGs que disputan espacios y posiciones ideológicas, que mientras unas sirven a los intereses de los de abajo, otras se acomodan a los intereses de los de arriba.

Si en la sociedad civil se presentan los problemas de la hegemonía económica e ideológica, volviendo a la definición de Bobbio, es al Estado (las instituciones dice él) a quién le corresponde resolverlas. De allí que el Estado es el conjunto de los aparatos que, en un sistema social organizado, ejercen el poder coactivo. Y ahora que ha quedado claro que no vivimos ni el fin de la historia, porque otro mundo es posible, ni el fin de las ideologías porque esa fue la tesis para someternos a una sola, podemos reiterar que esa capacidad coercitiva se realiza a nombre de una clase social que ostenta el poder en todas sus dimensiones.

¿Cómo se explica que sean el Banco Mundial, el FMI y el BID quienes en los últimos años han insistido en que se fortalezca la participación de la sociedad civil? Precisamente porque lo hicieron como mecanismo para debilitar a los Estados nacionales. Esos organismos financieros fomentaron el crecimiento del número de ONGs bajo el concepto de que el sector privado estaba en condiciones de hacer mejor las cosas que el Estado, de manera que los préstamos forzosamente incluían la tercerización de las tareas del Ministerio de Educación, en este caso, por medio de instancias privadas. Y esto nos lo decían abiertamente a quienes apoyábamos a las relativamente pocas ONGs existente a fines de los años 80.

Con su discurso y sus propuestas, el BM y el FMI hicieron que buena parte de los mejores funcionarios ministeriales, formados por el Estado, vendieran sus renuncias y crearan más ONGs, demostrando que sí eran capaces de hacer las cosas. El Ministerio fue debilitándose no solo por el desinterés del Estado de las clases dominantes de brindar calidad de educación a los pobres, sino también por este virtual desmantelamiento de sus instancias.

Mientras tanto, en las ONGs muchos aceptaron al menos parte del discurso neoliberal, aprendimos a demandar cuentas de las instancias públicas pero a no brindarlas nosotros a la sociedad sino al financista del proyecto. Con un aire de superioridad y sueldos sensiblemente mayores a los de los funcionarios públicos, muchas veces no se tuvo capacidad de asumir que el país real, el país profundo, no estaba en los nuevos mitos de la supuesta excelencia de lo privado y de la competitividad educativa destructora de la solidaridad; de la democracia como voto o presencia puntual y no como garantía y vivencia cotidiana; de la educación como instrumento de producción y no como un derecho que debe ser garantizado para todos y para todas por contribuir a la realización humana integral.

Con lo dicho no queremos de ninguna manera desvalorizar a las ONGs ni plantear que todas fueron parte de un plan maquiavélico de los Bancos multilaterales, sino que deseamos establecer que no se puede utilizarlas para condenar al Estado, para en unos casos reemplazarlos y convertirlas en aparatos paraestatales, ni en otros ponerlos al servicio ideológico del Estado, como para ejemplo denuncia Naomi Klein en referencia a las ONGs que reciben recursos de la AID para acciones en Irak, las que están obligadas a realizar labor de propaganda para el gobierno de Bush, mientras se crea otra instancia, "NGO Watch" (Observatorio de ONGs) para controlar y atacar a las organizaciones que de acuerdo al gobierno norteamericano amenazan las democracias liberales. Ello demuestra una vez más, como todos sabemos, que hay ONGs y ONGs.

Por otra parte, es necesario asumir que las ONGs no son todas las organizaciones que representan la sociedad civil y plantear lo contrario es un reduccionismo que en ocasiones lleva a que una ONG aislada se autodefina como movimiento social o representante del conjunto de la sociedad civil.

En los parámetros posmodernos, la participación, la equidad, el desarrollo "sostenido" cuando no sostenible, la democracia, se convirtieron en las banderas de los organismos multilaterales para destruir lo que esos conceptos significan y para, en infinidad de ocasiones, crear una ficción de ciudadanía uniforme, pero, como lo diría alguien, existen unos que son más ciudadanos que otros, al fin de cuentas la ley es para el de poncho.

El neoliberalismo en el fondo aborrece la diferencia. Los neoliberales, incluyendo claro aquellos que no se identifican como tales, se crispan cuando escuchan que el país está dividido en los intereses de las diferentes clases y pueblos del Ecuador. Abundan de inmediato en argumentos sobre la necesidad de consensos, sobre la unificación de criterios. Pero, si entendemos que un consenso significa dar el mismo sentido a algo, está claro que consensos solo puede haber entre iguales. No hay consenso posible, por ejemplo en el tema salarial, entre el industrial que por lógica del sistema busca ganar más y eso significa extraer más plusvalía a los trabajadores, y esos trabajadores que desean salarios más altos, es decir entregar menos plusvalía al empleador. No puede haber consensos entre quienes entregan la Base de Manta u otras mancillando nuestra soberanía y los que defendemos esta tierra y su gente.

Entre opuestos no hay consensos, lo que puede lograrse son acuerdos a corto o mediano plazo, y ver esto de manera objetiva permite plantear resultados de duración más larga que la lograda hasta ahora en tantos procesos de búsqueda de "consensos". Permite que establezcamos metas de país, metas duraderas, pero a partir de reconocer en realidad los intereses opuestos. De hecho Paulo Freire, uno de nuestros maestros más preciados, señalaba que "al diferente se le respeta, pero al contrario se lo enfrenta". Y esta lección bien vale tenerla en cuenta al hablar de construir un nuevo país, una nueva educación.

Un elemento adicional está en la manera como los neoliberales, tras su Consenso de Washington sobre las reformas y los ajustes hasta hoy impulsados, plantean los consensos a partir de sus propios dogmas que han sido trasladados como una serie de caminos sin alternativa, como inevitables. Es como si el consenso estuviese definido antes de ponerse a conversar y, si uno se sale de ese libreto, es calificado de dinosaurio. Agradable calificativo sabiendo de quien proviene, porque seguramente los dinosaurios guardan más rasgos humanos que los neoliberales que impulsan reformas por las que se estima que 17 mil personas mueren en el mundo cada día. El arrepentimiento de Stiglitz, como "el globalizador que salió de la caverna" del Banco Mundial, es muy importante para entender como técnicos capacitados pueden cumplir su misión al margen de cualquier consideración ética sobre los resultados de sus acciones.

Por último, debemos entender que no existe una separación absoluta entre Estado y Sociedad Civil, sino que las interrelaciones mutuas hacen que uno y otra solo puedan asumirse dentro de esa vinculación. Esto significa que transformar al Estado supone también transformar a la Sociedad Civil (que por esta razón en autores clásicos como Hegel y el joven Marx era casi un sinónimo de sociedad burguesa), y viceversa.

Educación: responsabilidad del Estado y de la sociedad

Nuestra Constitución Política señala una serie de normas que, una vez vigentes en los hechos sociales y no solo en el texto constitucional, permitirán que hablemos de que el nuestro es realmente un "Estado de derecho", como se dice en el Art. 1.

Esto demanda que el Estado cumpla su papel con la sociedad dentro de lo que por mucho tiempo se considero "el contrato social". El ciudadano debe cumplir con las leyes y el pago de impuestos, a cambio de lo que el Estado le garantice sus derechos y establezca los sistemas para materializarlos. La sociedad en su conjunto, la ciudadanía, por supuesto que no son sinónimos de sociedad civil, sino que se trata de personas de carne y hueso, con derechos y deberes ciertamente, pero teniendo claro que son los primeros, es decir el reconocimiento y posesión de derechos, lo que le hace ciudadano.

En los países capitalistas en los cuales se desarrolló el llamado Estado de Bienestar, así como en los países socialistas, esta ha sido una realidad. El Estado garantizaba en los hechos un conjunto de derechos y la sociedad los vivenciaba sin dejar de ser parte en la toma de decisiones.

En los casos de los países dependientes, como el Ecuador, la realidad ha sido muy distinta y la educación ha sido tratada como un instrumento de producción antes que como un derecho. Esta óptica de análisis permite comprender las razones y formas de las reformas educativas en nuestro país, desde el control eclesial de las escuelas, pasando por la transformación revolucionaria del Alfaro en el marco del tránsito del país hacia el capitalismo, la ampliación de la cobertura como respuesta a la influencia de la revolución cubana y para que el desarrollismo económico pudiera realizarse, hasta los planteos de dividir a los estudiantes en futuros analistas simbólicos o trabajadores manuales, establecer una educación para la sobrevivencia dirigida a los más pobres o educar para la competitividad bajo la orientación de la empresa.

De hecho, el neoliberalismo primero degradó el derecho a la educación a un simple servicio regido por las reglas del mercado, sin valores humanos y, segundo, estableció escalas de calidad diferenciadas para los distintos estratos sociales. Así como en economía se vieron forzados a añadir el concepto de los "excluidos" para definir a aquellos que más que marginales eran ya remanentes a los que no se les podía incorporar a la producción para mantener el nivel de lucro individual, en educación establecieron los parámetros instruccionales para los más pobres que no los preparan para incorporarse a la producción moderna, sino que les brinda casi únicamente una formación ideológica para que soporten la crisis del sistema como algo natural e incuestionable. Franz Fannon señalaba que solo cuando el esclavo cree que la esclavitud es natural, un sistema tal puede ser mantenido. Precisamente por ello se fortalece la función ideológica de la educación, mientras se reduce su función de formación de los nuevos productores.

Calidad educativa para los ricos es preparar a sus hijos para gobernar, y así lo dicen en sus planteles. Calidad educativa dirigida a los hijos de los pobres, desde esa óptica, es convencerles de que la inequidad es natural, inevitable e irresoluble. Esto explica la desatención real, financiera y global, al sistema educativo; la existencia de proyectos financiados con deuda externa que más tarde se califican en los mismos organismos multilaterales como "ejemplo de lo que no debe hacerse"; la descentralización entendida como desmantelamiento de un proyecto educativo de país, sin el cual el proyecto del Ecuador que queremos se hará imposible; la desvalorización social del magisterio como arma para justificar intentos múltiples de desmantelamiento de su organización sindical, a la que se acusa de todos los males; evaluación de calidad basada en el "producto", es decir en los conocimientos de los alumnos, aunque ellos sean logrados en el marco del maltrato cotidiano; autonomía escolar como forma de recargar la responsabilidad estatal en las familias. En fin, un recetario que Pablo Gentili calificaría como "El Consenso de Washington en Educación" y que coronó el proceso con el que las instituciones financieras (BM, BID, etc.) se hicieron cargo de orientar la educación en los países dependientes y encadenados a la deuda externa.

"El Consenso de Washington en Educación", se presenta como el conjunto de características comunes a las reformas propuestas por los neoliberales a la educación de Latinoamérica: la crisis de calidad se la identifica como crisis de "eficiencia, eficacia y productividad", a ella se suma una "crisis gerencial" y juntas serían la muestra de que "el Estado es incapaz de brindar calidad educativa" porque la "masificación para universalizar la educación trajo también la caída de su calidad". La solución está entonces en la "competencia" para la que requieren de la descentralización y la privatización que lleve a la gente a "invertir en la educación de sus hijos". Un discurso que por repetido pega, pero que por aplicado se lo puede negar como útil.

Señalemos por tanto que estamos obligados a tomar posición: o se defienden las falsas promesas neoliberales o se rompe esa matriz ideológica para poder construir una educación de carácter democrático, al servicio de los pueblos que habitan nuestro Ecuador.

Necesidad de la participación social en educación

Una educación democrática, basada en una concepción de derechos y dirigida al cumplimiento de objetivos nacionales, demanda la participación. Pero la participación, para ser real, es tal solo en la toma de decisiones fundamentales. Se trata de generar una democracia escolar deliberativa.

Participación que debe ser asumida como un mecanismo de mejor gestión y no de imposición de mayores cargas a las familias más pobres, a las que cada vez se les pide más y más: mingas (y otras formas indirectas de aporte económico) para las escuelas, hacerse cargo de la salud comunitaria, encargarse del mantenimiento vial, constituir parte de innumerables consejos y redes para suplir los incumplimientos estatales, construir "microempresas" para garantizar sus alimentos o viviendas, trabajar los fines de semana en proyectos de cultivos en la cooperativa, en fin, tanto, que al final parece que definitivamente los pobres están en la pobreza porque ellos no hacen lo suficiente y, para hacerlo, se les niega el derecho al descanso. Cuántas veces escuchamos a gente de todos los estratos quejarse de que un estadio esté lleno, expresando frases como aquella de que "después dicen que no hay dinero". Pero los pobres están en la pobreza sencillamente porque deben existir pobres para que existan ricos y esa es la lógica del sistema.

La participación tampoco puede continuar utilizándose como mecanismo para imponer criterios y sobre todo para imponer que los padres y madres de familia paguen y gasten cada vez más en la educación de sus hijos. Dirán algunos que no hay dinero en el Estado para cubrir la inversión en la educación de niños, niñas y jóvenes ecuatorianos. Nada más falso y demostrable cuando para el salvataje bancario se entregaron sin mayor problema 6 mil millones de dólares. Falso también que la educación gratuita es un subsidio que como todos debe terminar, porque quedan en pié, aunque con otros nombres, subsidios a los bancos y las empresas, a los exportadores e inversionistas, y entonces se los defiende como incentivos productivos, como apoyo al empleo o cualquier otra cosa que oculte quien se beneficia de esos recursos. Recursos hay, pero las prioridades bajo las Cartas del Intención firmadas con el FMI, son otras.

La participación también es, efectivamente, un componente necesario para lograr la gobernabilidad, pero esta no se encuentra en mano de los gobernados. Etimológicamente, gobernabilidad procede del latín guvernaculum que significa timonel que "da rumbo y estabilidad a la nave"; hace referencia a las responsabilidades del gobernante. Si no hay gobernabilidad, es sencillamente porque quienes tienen el poder no saben direccionar la nave del Estado ni dar un equilibrio entre las partes componentes del conglomerado social para evitar que la conflictividad crezca entre ellas.

En el país hemos tenido experiencias de participación importantes que fácilmente se olvidan incluso por quienes hablan de su necesidad. En los últimos años hay que destacar el desarrollo de las dos Consultas Educación Siglo XXI, procesos que en cada caso contaron con participación en la consulta escrita de decenas de miles de personas o pequeños grupos; con múltiples talleres temáticos y por tipo de actores que incluyó a más de 300 organismos; con eventos locales, provinciales y una Conferencia Nacional final. En cada Conferencia final, se contó con organismos estatales, empresa privada, ONGs educativas y defensoras de derechos humanos (particularmente de la niñez y de las mujeres), organizaciones indígenas, gremiales y juveniles, universidades y partidos políticos, con el apoyo de organismos de Naciones Unidas.

De las dos consultas Siglo XXI surgieron dos acuerdos en los que se planteaban las líneas de políticas en diversos aspectos de la labor educativa. Pero ambas fueron dejadas de lado, a pesar de que la UNE ha insistido en su utilidad y la amplitud de la participación.

Un enfoque similar tuvieron las Jornadas Parlamentarias Educación y Desarrollo y no puedo dejar de lado la construcción de la propuesta de Ley de Educación Con Participación Social, proceso liderado por la UNE, Facultades de Filosofía y Pedagogía, Asociación de Profesores del Ministerio de Educación, Federación Nacional de Institutos Pedagógicos, Asociación Nacional de Supervisores del Ecuador, Asociación de Rectores de Colegios e Institutos Superiores, Asociación Nacional de Directores de Escuelas y Jardines, Comité Nacional de padres de Familia y la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. Para la construcción de esta propuesta de ley se contó con múltiples eventos y más de 24.000 participantes directos.

En la Exposición de Motivos de esta propuesta se señala:

"La estructura actual del Sistema educativo no ha permitido la participación social, consideramos que con nuestra propuesta la participación de la comunidad en los cambios de la educación es una condición básica, por eso se requiere institucionalizar el Congreso Nacional de Educación como el escenario para el diseño y elaboración de las políticas educativas a largo y mediano plazo. Esta participación de la comunidad también se hará evidente en la creación en cada establecimiento educativo del Consejo Comunal educativo par democratizar la gestión educativa y contar con una verdadera participación de los padres de familia, estudiantes y maestros en el mejoramiento de la calidad de la educación"

Efectivamente, la propuesta establece una nueva estructuración del sistema educativo en tres niveles de administración: de dirección, de gestión y de ejecución.

En el nivel de dirección, para determinar las políticas y estrategias educativas de largo y mediano plazo, e impulsar la Contraloría Social, se establecen Congresos de Educación Nacional, Provincial y Cantonal. En ellos hay representantes de las distintas instancias ministeriales, maestros, estudiantes, padres de familia, campesinos e indígenas, afroecuatorianos, sectores productivos y gobiernos locales.

En el nivel de gestión, se ubican los Consejos de Educación Nacional, Provincial y Cantonal, definir los planes de educación en la jurisdicción correspondiente, evaluarlos, proponer proyectos e instrumentar las políticas educativas. Se trata de Consejos con potestades y no solo como organismos de consulta ocasional de la autoridad de turno, en los cuales se incorpora la participación del Ministerio y sus autoridades, UNE, CONFEDEC, CONFEDERAL, AFAFCE, Institutos Pedagógicos, estudiantes, padres de familia, pueblos indígenas y negros y los sectores productivos.

Por último, en el nivel de ejecución se encuentran el Ministerio de Educación y Culturas, la Dirección Provincial de educación y los Establecimientos Educativos, en los que se establecen los Consejos comunales educativos integrados por el rector o director, un representante del profesorado, un representante de padres de familia, un representante de los estudiantes y uno de la comunidad.

Este resumen apretado de partes de la propuesta es importante porque marca una ruta para la participación real, integral, en el marco de una descentralización administrativa y pedagógica (no financiera), que se orienta al logro de objetivos educativos y a la sinergia a favor de la educación y derechos de niñas, niños y adolescentes. Nada tiene que ver esto con el afán de contraponer como contrarios a padres y maestros, lo que no tiene ningún propósito educativo y que conflictúa la vivencia de los niños.

Se determinan mecanismos válidos para lograr la participación, reconociendo igualmente la calidad de profesionales de educación de los maestros y maestras, capacidades y ámbitos de participación para cada quién. Hay distancia, por ejemplo, en contar con las importantes y necesarias opiniones y demandas del sector productivo, con entregar a ese sector la conducción de los planteles escolares o de redes, mecanismo con el que el espacio público llamado escuela pasa a ser conducido por intereses privados. Aunque el plantel continúe financiado por el Estado, es una forma disfrazada de privatización que destruye uno de los aspectos en el mundo más valorados de la educación pública y es el de ser constructora de democracia.

Todo lo dicho, claro está, debe sumarse al hecho de lograr un ejercicio pedagógico participativo para que en el mismo los estudiantes no solo aprendan a aprender, sino que tengan una vivencia diaria de la participación, del debate y la independencia de pensamiento. Y, si bien nos hemos centrado fundamentalmente en la llamada educación formal, los mismos criterios son válidos y deben ser ampliados a los restantes mecanismos educativos que deben permitir al Ecuador cumplir con el Marco de Acción de Dakar de Educación para Todos (abril 2000).

En resumen, lo que se presenta en esta temática como en cualquier otra referida a lo social, es un escenario de disputa ideológica, política y cultural. Por ello, no hay respuestas fáciles ni únicas, pero construir una propuesta de país y de educación pasa necesariamente por asumir estas contradicciones, tratarlas y buscar los puntos de contacto. El camino del debate sincero y abierto es por ello indispensable para que la nueva Ley refleje hacia donde debemos caminar, siempre en el marco de una perspectiva de derechos, y que no se trate solo de paños tibios para una educación que adolece de todos los males imaginables, y frente a la que todos debemos actuar para darle buena y duradera salud.

 

Edgar Isch


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