La relación Estado – Sociedad Civil en el debate sobre la nueva Ley de Educación
- El Marco Teórico y
Contextual - Educación:
responsabilidad del Estado y de la sociedad - Necesidad de la
participación social en
educación
El Marco
Teórico y Contextual
El análisis de las temáticas sociales
no puede ser realizado al margen de consideraciones del momento
histórico al que se refiere y de las determinantes que el
mismo plantea a las tendencias de gobierno
transitoriamente dominantes. Por ello, la problemática
propuesta, la relación entre Estado y Sociedad
Civil, debe interpretarse a partir de la consideración de
que estamos aún viviendo la imposición del modelo
neoliberal, como doctrina y práctica
económica-social globalizada casi en la totalidad del
planeta.
El neoliberalismo
con su idolatría del mercado, para
usar el calificativo dado por teólogos como Franz
Hinkelammert y otros, ha puesto todo en la balanza del mercado y
de ese destino no han escapado ni siquiera las personas y,
obviamente; las palabras. Los conceptos y las categorías
de las ciencias
sociales han sido de esta manera prostituidas, se venden a
cualquier significado. Y esto es lo que sucede precisamente con
definiciones como la de Estado y Sociedad Civil.
Es necesario entonces, procurar fijar que es la una y el
otro, dejando de lado apreciaciones equivocadas pero
intencionalmente regadas, que solo justifican las tesis del
neoliberalismo atroz, desprestigiado y fracasado al grado que la
gran mayoría de los portadores de sus tesis se niegan a
sí mismos la calidad de
neoliberales y se autocalificarán de neoracionalistas,
modernos, globalizados o simplemente integrados al mundo
posmoderno.
Un error frecuente y no siempre sin una oculta
intención de convocar a la despolitización de los
pobres y los pueblos, es colocar a la sociedad civil como lo
opuesto de una sociedad política, lo que
permite a algunos incluso inventar la existencia de "una clase
política", abstracción, como tantas otras, que
pretende hablar de una inexistente equidad
social. Las personas que pueden sentirse parte de la sociedad
civil no están al margen de la vida política
primero, porque al ser seres humanos no pueden dejar de ser
"animales
políticos"; luego, porque toda la valor de
incidencia de quienes asumen en uno u otro momento, justa o
alevemente, la representación de la sociedad civil o de
parte de ella, no está alejada del cabildeo y los
mecanismos de presión
políticos; y, porque sus planteos son en esencia
políticos, son portadores de posicionamientos ante la
realidad social o estatal.
Se dirá entonces que de lo que se trata es de que
no tenga una relación con la actividad político
partidista, error igualmente craso, pues esto significaría
discriminar a quienes hacen política y, especialmente,
política contestataria desde la militancia y la
búsqueda de transformaciones desde el poder. Lo
más grave es que se descalifica también la acción
de grandes movimientos sociales que, por tanto dejan
supuestamente de tener legitimidad.
Si tomamos como ejemplo el reciente levantamiento
popular y huelga general
en Bolivia para
derrocar a un Presidente que, curiosamente es responsable de la
Ley de Participación Popular elaborada desde el paradigma
neoliberal, a partir del pensamiento
mencionado no podríamos decir que la sociedad civil se
movilizó, pues las direcciones fundamentales estaban
centralizadas en el Movimiento al
Socialismo de
Evo Morales, el Partido Pachakutek del aymará Felipe
Quishpe y otras organizaciones
agrupadas en partidos de izquierda revolucionaria que encabezan
la COB, los sindicatos
campesinos, docentes y
vecinales. Pero a nadie se le ha ocurrido negar que esos
movimientos sociales, que son en sí mismos organizaciones
políticas, han dejado de ser parte de la
sociedad civil; sin embargo, cuando se mira casa adentro, resulta
que fácilmente se niega validez allí donde
están "personajes políticos", mientras asoman
"nuevos actores" individuales justamente a disputar protagonismo
político y dirección. Con esa lógica,
el movimiento indígena ecuatoriano al expresarse en
estructuras
políticas como Pachakutik o Amauta Jatari, o por existir
numerosísimos dirigentes indios que mantienen lazos con
diversos partidos
políticos, deja de ser parte de la sociedad civil. Con
esa lógica, la UNE, la FESE, muchas asociaciones de padres
de familia,
curiosamente dejan de ser parte de la sociedad civil mientras que
no se niega dentro de ella la presencia de las organizaciones de
propietarios de planteles escolares, CONFEDEPAL y CONFEDEC ni el
derecho a la acción política de los dirigentes de
las cámaras empresariales.
Un argumento de esa naturaleza,
para guardar coherencia, significa que se debe separar a la
sociedad civil no solo de la política sino también
del mundo de la economía. Así
lo señalan por ejemplo los estudiosos J. Cohen y A. Arato,
quienes sostienen que "la sociedad civil moderna se crea por
medio de formas de autoconstitución y
automovilización; se institucionaliza y generaliza
mediante las leyes, y
especialmente, por medio de los derechos objetivos que
estabilizan la diferenciación social … la sociedad civil
debe distinguirse, a la vez, tanto de la sociedad política
de partidos, de organizaciones políticas y de
públicos políticos (en particular de los
parlamentos) como de la sociedad económica, compuesta de
organizaciones de producción y distribución, por lo común empresas,
cooperativas,
sociedades y
otras similares, al tiempo que
comprende a la
familia."
Existe coherencia en su planteamiento pero es evidente
que no se responde a la verdad de los hechos sociales. Excluir de
la categoría sociedad civil de toda expresión
económica, por la relación de algunos sectores de
poder económico con el poder y el Estado, es
sin duda tan equivocado como el pretender excluir los
posicionamientos políticos. ¿Las cooperativas
comunitarias no son sociedad civil? ¿Cómo resolver
la dicotomía de una familia que por sí sería
considerada como sociedad civil, de aquella que actúa como
unidad productiva o como parte de una estructura
política y por tanto se excluye de la misma sociedad
civil?
La confusión teórica generada tiene un
correlato desde el punto de vista del derecho, en donde la
categoría "sociedad civil" aparece como un concepto
jurídico indeterminado, sin disposiciones legales claras
que reglamenten quiénes la conforman y cómo la
sociedad civil escogerá a quienes la representen. Del
análisis de J. Cohen y A. Arato, queda claro que debe ser
resultado de un proceso de
autoconstitución y no de mecanismos de cooptación
paraestatal, a partir de convocatorias
institucionales.
Según Norberto Bobbio, la sociedad civil
comprende la esfera de las relaciones sociales que no está
regulada por el Estado. La sociedad civil se configura como el
ámbito de las necesidades individuales, un ámbito
intermedio entre la familia y la sociedad política, en el
que surgen y se desarrollan los conflictos
económicos, sociales, ideológicos y religiosos que,
por otra parte, las instituciones
tienen la misión de
resolver, ya sea mediando en ellos, previniéndolos o
reprimiéndolos. Es decir un ámbito, un escenario de
disputa de la hegemonía, antes que personas individuales o
jurídicas.
Esta es, sin duda, una definición más
clara y que permite entender porque la abstracción de
sociedad civil como si se tratase de un todo único y
homogéneo impide ver las diferencias sociales y se puede
utilizar muy fácilmente para ocultar las distancias entre
pueblo y oligarquía, entre izquierda y derecha, entre
defensores del país y los que se someten a los designios
del imperialismo.
Y esto explica por qué, en ese todo falsamente
homogéneo, es cada vez más visible que hay ONGs que
disputan espacios y posiciones ideológicas, que mientras
unas sirven a los intereses de los de abajo, otras se acomodan a
los intereses de los de arriba.
Si en la sociedad civil se presentan los problemas de
la hegemonía económica e ideológica,
volviendo a la definición de Bobbio, es al Estado (las
instituciones dice él) a quién le corresponde
resolverlas. De allí que el Estado es el conjunto de los
aparatos que, en un sistema social
organizado, ejercen el poder coactivo. Y ahora que ha quedado
claro que no vivimos ni el fin de la historia, porque otro mundo
es posible, ni el fin de las ideologías porque esa fue la
tesis para someternos a una sola, podemos reiterar que esa
capacidad coercitiva se realiza a nombre de una clase social que
ostenta el poder en todas sus dimensiones.
¿Cómo se explica que sean el Banco Mundial,
el FMI y el BID
quienes en los últimos años han insistido en que se
fortalezca la participación de la sociedad civil?
Precisamente porque lo hicieron como mecanismo para debilitar a
los Estados nacionales. Esos organismos financieros fomentaron el
crecimiento del número de ONGs bajo el concepto de que el
sector privado estaba en condiciones de hacer mejor las cosas que
el Estado, de manera que los préstamos forzosamente
incluían la tercerización de las tareas del
Ministerio de Educación, en este
caso, por medio de instancias privadas. Y esto nos lo
decían abiertamente a quienes apoyábamos a las
relativamente pocas ONGs existente a fines de los años
80.
Con su discurso y sus
propuestas, el BM y el FMI hicieron que buena parte de los
mejores funcionarios ministeriales, formados por el Estado,
vendieran sus renuncias y crearan más ONGs, demostrando
que sí eran capaces de hacer las cosas. El Ministerio fue
debilitándose no solo por el desinterés del Estado
de las clases dominantes de brindar calidad de educación a
los pobres, sino también por este virtual desmantelamiento
de sus instancias.
Mientras tanto, en las ONGs muchos aceptaron al menos
parte del discurso neoliberal, aprendimos a demandar cuentas de las
instancias públicas pero a no brindarlas nosotros a la
sociedad sino al financista del proyecto. Con un
aire de
superioridad y sueldos sensiblemente mayores a los de los
funcionarios públicos, muchas veces no se tuvo capacidad
de asumir que el país real, el país profundo, no
estaba en los nuevos mitos de la
supuesta excelencia de lo privado y de la competitividad
educativa destructora de la solidaridad; de
la democracia
como voto o presencia puntual y no como garantía y
vivencia cotidiana; de la educación como
instrumento de producción y no como un derecho que debe
ser garantizado para todos y para todas por contribuir a la
realización humana integral.
Con lo dicho no queremos de ninguna manera desvalorizar
a las ONGs ni plantear que todas fueron parte de un plan
maquiavélico de los Bancos
multilaterales, sino que deseamos establecer que no se puede
utilizarlas para condenar al Estado, para en unos casos
reemplazarlos y convertirlas en aparatos paraestatales, ni en
otros ponerlos al servicio
ideológico del Estado, como para ejemplo denuncia Naomi
Klein en referencia a las ONGs que reciben recursos de la
AID para acciones en
Irak, las que
están obligadas a realizar labor de propaganda
para el gobierno de Bush, mientras se crea otra instancia, "NGO
Watch" (Observatorio de ONGs) para controlar y atacar a las
organizaciones que de acuerdo al gobierno norteamericano amenazan
las democracias liberales. Ello demuestra una vez más,
como todos sabemos, que hay ONGs y ONGs.
Por otra parte, es necesario asumir que las ONGs no son
todas las organizaciones que representan la sociedad civil y
plantear lo contrario es un reduccionismo que en ocasiones lleva
a que una ONG aislada se
autodefina como movimiento social o representante del conjunto de
la sociedad civil.
En los parámetros posmodernos, la
participación, la equidad, el desarrollo
"sostenido" cuando no sostenible, la democracia, se convirtieron
en las banderas de los organismos multilaterales para destruir lo
que esos conceptos significan y para, en infinidad de ocasiones,
crear una ficción de ciudadanía uniforme, pero, como lo
diría alguien, existen unos que son más ciudadanos
que otros, al fin de cuentas la ley es para el de
poncho.
El neoliberalismo en el fondo aborrece la diferencia.
Los neoliberales, incluyendo claro aquellos que no se identifican
como tales, se crispan cuando escuchan que el país
está dividido en los intereses de las diferentes clases y
pueblos del Ecuador.
Abundan de inmediato en argumentos sobre la necesidad de
consensos, sobre la unificación de criterios. Pero, si
entendemos que un consenso significa dar el mismo sentido a algo,
está claro que consensos solo puede haber entre iguales.
No hay consenso posible, por ejemplo en el tema salarial, entre
el industrial que por lógica del sistema busca ganar
más y eso significa extraer más plusvalía a
los trabajadores, y esos trabajadores que desean salarios
más altos, es decir entregar menos plusvalía al
empleador. No puede haber consensos entre quienes entregan la
Base de Manta u otras mancillando nuestra soberanía y los que defendemos esta
tierra y su
gente.
Entre opuestos no hay consensos, lo que puede lograrse
son acuerdos a corto o mediano plazo, y ver esto de manera
objetiva permite plantear resultados de duración
más larga que la lograda hasta ahora en tantos procesos de
búsqueda de "consensos". Permite que establezcamos metas
de país, metas duraderas, pero a partir de reconocer en
realidad los intereses opuestos. De hecho Paulo Freire,
uno de nuestros maestros más preciados, señalaba
que "al diferente se le respeta, pero al contrario se lo
enfrenta". Y esta lección bien vale tenerla en cuenta al
hablar de construir un nuevo país, una nueva
educación.
Un elemento adicional está en la manera como los
neoliberales, tras su Consenso de Washington sobre las reformas y
los ajustes hasta hoy impulsados, plantean los consensos a partir
de sus propios dogmas que han sido trasladados como una serie de
caminos sin alternativa, como inevitables. Es como si el consenso
estuviese definido antes de ponerse a conversar y, si uno se sale
de ese libreto, es calificado de dinosaurio. Agradable
calificativo sabiendo de quien proviene, porque seguramente los
dinosaurios
guardan más rasgos humanos que los neoliberales que
impulsan reformas por las que se estima que 17 mil personas
mueren en el mundo cada día. El arrepentimiento de
Stiglitz, como "el globalizador que salió de la caverna"
del Banco Mundial, es
muy importante para entender como técnicos capacitados
pueden cumplir su misión al margen de cualquier
consideración ética
sobre los resultados de sus acciones.
Por último, debemos entender que no existe una
separación absoluta entre Estado y Sociedad Civil, sino
que las interrelaciones mutuas hacen que uno y otra solo puedan
asumirse dentro de esa vinculación. Esto significa que
transformar al Estado supone también transformar a la
Sociedad Civil (que por esta razón en autores
clásicos como Hegel y el joven
Marx era casi
un sinónimo de sociedad burguesa), y viceversa.
Educación: responsabilidad del Estado y de la
sociedad
Nuestra Constitución Política señala
una serie de normas que, una
vez vigentes en los hechos sociales y no solo en el texto
constitucional, permitirán que hablemos de que el nuestro
es realmente un "Estado de
derecho", como se dice en el Art. 1.
Esto demanda que el
Estado cumpla su papel con la sociedad dentro de lo que por mucho
tiempo se considero "el contrato social".
El ciudadano debe cumplir con las leyes y el pago de impuestos, a
cambio de lo
que el Estado le garantice sus derechos y establezca los sistemas para
materializarlos. La sociedad en su conjunto, la
ciudadanía, por supuesto que no son sinónimos de
sociedad civil, sino que se trata de personas de carne y hueso,
con derechos y deberes ciertamente, pero teniendo claro que son
los primeros, es decir el reconocimiento y posesión de
derechos, lo que le hace ciudadano.
En los países capitalistas en los cuales se
desarrolló el llamado Estado de Bienestar, así como
en los países socialistas, esta ha sido una realidad. El
Estado garantizaba en los hechos un conjunto de derechos y la
sociedad los vivenciaba sin dejar de ser parte en la toma de
decisiones.
En los casos de los países dependientes, como el
Ecuador, la realidad ha sido muy distinta y la educación
ha sido tratada como un instrumento de producción antes
que como un derecho. Esta óptica
de análisis permite comprender las razones y formas de las
reformas
educativas en nuestro país, desde el control eclesial
de las escuelas, pasando por la transformación
revolucionaria del Alfaro en el marco del tránsito del
país hacia el capitalismo,
la ampliación de la cobertura como respuesta a la
influencia de la revolución
cubana y para que el desarrollismo económico pudiera
realizarse, hasta los planteos de dividir a los estudiantes en
futuros analistas simbólicos o trabajadores manuales,
establecer una educación para la sobrevivencia dirigida a
los más pobres o educar para la competitividad bajo la
orientación de la
empresa.
De hecho, el neoliberalismo primero degradó el
derecho a la educación a un simple servicio regido por las
reglas del mercado, sin valores
humanos y, segundo, estableció escalas de calidad
diferenciadas para los distintos estratos sociales. Así
como en economía se vieron forzados a añadir el
concepto de los "excluidos" para definir a aquellos que
más que marginales eran ya remanentes a los que no se les
podía incorporar a la producción para mantener el
nivel de lucro individual, en educación establecieron los
parámetros instruccionales para los más pobres que
no los preparan para incorporarse a la producción moderna,
sino que les brinda casi únicamente una formación
ideológica para que soporten la crisis del
sistema como algo natural e incuestionable. Franz Fannon
señalaba que solo cuando el esclavo cree que la esclavitud es
natural, un sistema tal puede ser mantenido. Precisamente por
ello se fortalece la función
ideológica de la educación, mientras se reduce su
función de formación de los nuevos
productores.
Calidad educativa para los ricos es preparar a sus hijos
para gobernar, y así lo dicen en sus planteles. Calidad
educativa dirigida a los hijos de los pobres, desde esa
óptica, es convencerles de que la inequidad es natural,
inevitable e irresoluble. Esto explica la desatención
real, financiera y global, al sistema
educativo; la existencia de proyectos
financiados con deuda externa que
más tarde se califican en los mismos organismos
multilaterales como "ejemplo de lo que no debe hacerse"; la
descentralización entendida como
desmantelamiento de un proyecto educativo de país, sin el
cual el proyecto del Ecuador que queremos se hará
imposible; la desvalorización social del magisterio como
arma para justificar intentos múltiples de
desmantelamiento de su organización sindical, a la que se acusa de
todos los males; evaluación
de calidad basada en el "producto", es
decir en los conocimientos de los alumnos, aunque ellos sean
logrados en el marco del maltrato cotidiano; autonomía
escolar como forma de recargar la responsabilidad estatal en las
familias. En fin, un recetario que Pablo Gentili
calificaría como "El Consenso de Washington en
Educación" y que coronó el proceso con el que las
instituciones financieras (BM, BID, etc.) se hicieron cargo de
orientar la educación en los países dependientes y
encadenados a la deuda externa.
"El Consenso de Washington en Educación", se
presenta como el conjunto de características comunes a las
reformas propuestas por los neoliberales a la educación de
Latinoamérica: la crisis de calidad se la
identifica como crisis de "eficiencia,
eficacia y
productividad", a ella se suma una "crisis
gerencial" y juntas serían la muestra de que
"el Estado es incapaz de brindar calidad educativa" porque la
"masificación para universalizar la educación trajo
también la caída de su calidad". La solución
está entonces en la "competencia" para
la que requieren de la descentralización y la privatización que lleve a la gente a
"invertir en la educación de sus hijos". Un discurso que
por repetido pega, pero que por aplicado se lo puede negar como
útil.
Señalemos por tanto que estamos obligados a tomar
posición: o se defienden las falsas promesas neoliberales
o se rompe esa matriz
ideológica para poder construir una educación de
carácter democrático, al servicio de
los pueblos que habitan nuestro Ecuador.
Necesidad de la participación social en
educación
Una educación democrática, basada en una
concepción de derechos y dirigida al cumplimiento de
objetivos nacionales, demanda la participación. Pero la
participación, para ser real, es tal solo en la toma de
decisiones fundamentales. Se trata de generar una democracia
escolar deliberativa.
Participación que debe ser asumida como un
mecanismo de mejor gestión
y no de imposición de mayores cargas a las familias
más pobres, a las que cada vez se les pide más y
más: mingas (y otras formas indirectas de aporte
económico) para las escuelas, hacerse cargo de la salud comunitaria,
encargarse del mantenimiento
vial, constituir parte de innumerables consejos y redes para suplir los
incumplimientos estatales, construir "microempresas"
para garantizar sus alimentos o
viviendas, trabajar los fines de semana en proyectos de cultivos
en la cooperativa,
en fin, tanto, que al final parece que definitivamente los pobres
están en la pobreza porque
ellos no hacen lo suficiente y, para hacerlo, se les niega el
derecho al descanso. Cuántas veces escuchamos a gente de
todos los estratos quejarse de que un estadio esté lleno,
expresando frases como aquella de que "después dicen que
no hay dinero". Pero
los pobres están en la pobreza
sencillamente porque deben existir pobres para que existan ricos
y esa es la lógica del sistema.
La participación tampoco puede continuar
utilizándose como mecanismo para imponer criterios y sobre
todo para imponer que los padres y madres de familia paguen y
gasten cada vez más en la educación de sus hijos.
Dirán algunos que no hay dinero en el Estado para cubrir
la inversión en la educación de
niños,
niñas y jóvenes ecuatorianos. Nada más falso
y demostrable cuando para el salvataje bancario se entregaron sin
mayor problema 6 mil millones de dólares. Falso
también que la educación gratuita es un subsidio
que como todos debe terminar, porque quedan en pié, aunque
con otros nombres, subsidios a los bancos y las empresas, a los
exportadores e inversionistas, y entonces se los defiende como
incentivos
productivos, como apoyo al empleo o
cualquier otra cosa que oculte quien se beneficia de esos
recursos. Recursos hay, pero las prioridades bajo las Cartas del
Intención firmadas con el FMI, son otras.
La participación también es,
efectivamente, un componente necesario para lograr la
gobernabilidad, pero esta no se encuentra en mano de los
gobernados. Etimológicamente, gobernabilidad procede del
latín guvernaculum que significa timonel que "da rumbo y
estabilidad a la nave"; hace referencia a las responsabilidades
del gobernante. Si no hay gobernabilidad, es sencillamente porque
quienes tienen el poder no saben direccionar la nave del Estado
ni dar un equilibrio
entre las partes componentes del conglomerado social para evitar
que la conflictividad crezca entre ellas.
En el país hemos tenido experiencias de
participación importantes que fácilmente se olvidan
incluso por quienes hablan de su necesidad. En los últimos
años hay que destacar el desarrollo de las dos Consultas
Educación Siglo XXI, procesos que en cada caso contaron
con participación en la consulta escrita de decenas de
miles de personas o pequeños grupos; con
múltiples talleres temáticos y por tipo de actores
que incluyó a más de 300 organismos; con eventos locales,
provinciales y una Conferencia
Nacional final. En cada Conferencia final, se contó con
organismos estatales, empresa privada,
ONGs educativas y defensoras de derechos humanos
(particularmente de la niñez y de las mujeres),
organizaciones indígenas, gremiales y juveniles,
universidades y partidos políticos, con el apoyo de
organismos de Naciones
Unidas.
De las dos consultas Siglo XXI surgieron dos acuerdos en
los que se planteaban las líneas de políticas en
diversos aspectos de la labor educativa. Pero ambas fueron
dejadas de lado, a pesar de que la UNE ha insistido en su
utilidad y la
amplitud de la participación.
Un enfoque similar tuvieron las Jornadas Parlamentarias
Educación y Desarrollo y no puedo dejar de lado la
construcción de la propuesta de Ley de
Educación Con Participación Social, proceso
liderado por la UNE, Facultades de Filosofía y Pedagogía, Asociación de Profesores
del Ministerio de Educación, Federación Nacional de
Institutos Pedagógicos, Asociación Nacional de
Supervisores del Ecuador, Asociación de Rectores de
Colegios e Institutos Superiores, Asociación Nacional de
Directores de Escuelas y Jardines, Comité Nacional de
padres de Familia y la Federación de Estudiantes
Secundarios del Ecuador. Para la construcción de esta
propuesta de ley se contó con múltiples eventos y
más de 24.000 participantes directos.
En la Exposición
de Motivos de esta propuesta se señala:
"La estructura actual del Sistema
educativo no ha permitido la participación social,
consideramos que con nuestra propuesta la participación
de la comunidad en
los cambios de la educación es una condición
básica, por eso se requiere institucionalizar el
Congreso Nacional de Educación como el escenario para el
diseño y elaboración de las
políticas educativas a largo y mediano plazo. Esta
participación de la comunidad también se
hará evidente en la creación en cada
establecimiento educativo del Consejo Comunal educativo par
democratizar la gestión educativa y contar con una
verdadera participación de los padres de familia,
estudiantes y maestros en el mejoramiento de la calidad de la
educación"
Efectivamente, la propuesta establece una nueva
estructuración del sistema educativo en tres niveles de
administración: de dirección, de
gestión y de ejecución.
En el nivel de dirección, para determinar las
políticas y estrategias
educativas de largo y mediano plazo, e impulsar la
Contraloría Social, se establecen Congresos de
Educación Nacional, Provincial y Cantonal. En ellos hay
representantes de las distintas instancias ministeriales,
maestros, estudiantes, padres de familia, campesinos e
indígenas, afroecuatorianos, sectores productivos y
gobiernos locales.
En el nivel de gestión, se ubican los Consejos de
Educación Nacional, Provincial y Cantonal, definir los
planes de educación en la jurisdicción
correspondiente, evaluarlos, proponer proyectos e instrumentar
las políticas educativas. Se trata de Consejos con
potestades y no solo como organismos de consulta ocasional de la
autoridad de
turno, en los cuales se incorpora la participación del
Ministerio y sus autoridades, UNE, CONFEDEC, CONFEDERAL, AFAFCE,
Institutos Pedagógicos, estudiantes, padres de familia,
pueblos indígenas y negros y los sectores
productivos.
Por último, en el nivel de ejecución se
encuentran el Ministerio de Educación y Culturas, la
Dirección Provincial de educación y los
Establecimientos Educativos, en los que se establecen los
Consejos comunales educativos integrados por el rector o
director, un representante del profesorado, un representante de
padres de familia, un representante de los estudiantes y uno de
la comunidad.
Este resumen apretado de partes de la propuesta es
importante porque marca una ruta
para la participación real, integral, en el marco de una
descentralización administrativa y pedagógica (no
financiera), que se orienta al logro de objetivos educativos y a
la sinergia a
favor de la educación y derechos de niñas,
niños y adolescentes.
Nada tiene que ver esto con el afán de contraponer como
contrarios a padres y maestros, lo que no tiene ningún
propósito educativo y que conflictúa la vivencia de
los niños.
Se determinan mecanismos válidos para lograr la
participación, reconociendo igualmente la calidad de
profesionales de educación de los maestros y maestras,
capacidades y ámbitos de participación para cada
quién. Hay distancia, por ejemplo, en contar con las
importantes y necesarias opiniones y demandas del sector
productivo, con entregar a ese sector la conducción de los
planteles escolares o de redes, mecanismo con el que el espacio
público llamado escuela pasa a
ser conducido por intereses privados. Aunque el plantel
continúe financiado por el Estado, es una forma disfrazada
de privatización que destruye uno de los aspectos en el
mundo más valorados de la educación pública
y es el de ser constructora de democracia.
Todo lo dicho, claro está, debe sumarse al hecho
de lograr un ejercicio pedagógico participativo para que
en el mismo los estudiantes no solo aprendan a aprender, sino que
tengan una vivencia diaria de la participación, del debate
y la independencia
de pensamiento. Y, si bien nos hemos centrado fundamentalmente en
la llamada educación formal, los mismos criterios son
válidos y deben ser ampliados a los restantes mecanismos
educativos que deben permitir al Ecuador cumplir con el Marco de
Acción de Dakar de Educación para Todos (abril
2000).
En resumen, lo que se presenta en esta temática
como en cualquier otra referida a lo social, es un escenario de
disputa ideológica, política y cultural. Por ello,
no hay respuestas fáciles ni únicas, pero construir
una propuesta de país y de educación pasa
necesariamente por asumir estas contradicciones, tratarlas y
buscar los puntos de contacto. El camino del debate sincero y
abierto es por ello indispensable para que la nueva Ley refleje
hacia donde debemos caminar, siempre en el marco de una
perspectiva de derechos, y que no se trate solo de paños
tibios para una educación que adolece de todos los males
imaginables, y frente a la que todos debemos actuar para darle
buena y duradera salud.
Edgar Isch