Perú: Fuerzas Armadas. Cuestiones en debate

Partes: 1, 2

¿Para
qué necesitamos a las fuerzas armadas?

. El cuestionamiento de las fuerzas armadas ha escalado
posiciones relevantes en la opinión
pública nacional, al punto que importantes formadores
de opinión llegan a considerar que deben ser reducidas a
una mínima expresión, sobre la base de la percepción
de que nuestro país no está inmerso en una
situación de conflicto con
otro estado, y que
no enfrenta ni es previsible que enfrente amenazas a su seguridad
nacional.

1.1 Actualidad de los escenarios de conflictos en
América

Esta manera de ver las cosas no se condice con las
aproximaciones analíticas al tema. En los años 80
Michael Norris planteó una tipología de los
conflictos que permite una primera aproximación a la
necesidad de contar con unas fuerzas armadas adecuadas en
países como el Perú. Norris distingue cinco tipos
de conflicto: conflictos sistémicos, conflictos por
hegemonía/influencia, conflictos
territoriales/fronterizos, conflictos por recursos y
conflictos por migraciones/refugiados.

Según este enfoque, que sigue siendo
válido, los conflictos sistémicos implican
ideologías con relación a valores
políticos y sociales que conducen a una pugna para imponer
(o resistir la imposición de) estos valores. Incluyen las
controversias entre dictaduras y democracias, entre
regímenes civiles y militares y entre modelos
capitalistas y socialistas de desarrollo.
Los conflictos por hegemonía/influencia incluyen las
reclamaciones de las grandes potencias y de potencias regionales
que dan lugar a intentos para aumentar y proyectar su poder nacional
sobre los estados de la región en lo militar,
político, económico y social.

Los conflictos territoriales/fronterizos surgen de las
reclamaciones acerca de la posesión de extensiones de
tierra o
agua, y la
soberanía sobre las mismas, así como
las tensiones que surgen entre dos o más estados soberanos
en su frontera
mutua. Los conflictos por recursos comprenden disputas sobre
recursos comprobados o supuestos en una zona dada y tienen
más relación con el valor del
recurso en cuestión que con el territorio que lo contiene.
Los conflictos por migraciones/refugiados son consecuencia de
factores económicos y políticos regionales. Los
problemas de
refugiados son causados no sólo por razones políticas,
sino también económicas o una combinación de
ambas.

Dos decenios después el aislamiento
ideológico y político del régimen de
Fidel Castro
en Cuba, el
alineamiento más o menos riguroso de todos los gobiernos
latinoamericanos con la versión del capitalismo
que en su momento imponen los organismos financieros
internacionales y el comportamiento
coyunturalista de los regímenes políticos en la
región, que transita con cierta fluidez de una naturaleza
más o menos dictatorial y plebiscitaria a una más o
menos democrática y parlamentaria, en razón del
grado de legitimidad que logren, ha dejado atrás la
posibilidad de que en América
Latina se presenten conflictos sistémicos que amenacen
la seguridad nacional de los países.

Más bien subsisten diversos asuntos que mantienen
vigente la posibilidad de conflictos por
hegemonía/influencia, considerando que hay innegables
acciones de
países que se proyectan como potencias regionales para
aumentar su poder nacional sobre otros estados de la
región. Es el caso de la relación entre Estados Unidos de
América
y Colombia, por la
ejecución de la vasta estrategia de
guerra
contra-insurgente y contra el narcotráfico que se denomina precisamente
"Plan
Colombia", cuyos efectos ya han internacionalizado la guerra
civil larvada que vive este país, creando problemas
activos para la
seguridad de otros países del área: Ecuador,
Venezuela,
Brasil,
Panamá
y Perú.

Es asimismo el caso de la relación potencialmente
amenazadora entre México y
Guatemala, por
la aguda y violenta lucha política y social que
involucra a los grupos
indígenas de la selva Lacandona en ambos lados de la
frontera común; es también el caso de la
proyección geopolítica de Brasil sobre Guyana,
Paraguay y
Bolivia; es el
caso de la creciente proyección del poder económico
de Chile sobre sus países limítrofes.

En lo concerniente a los conflictos
territoriales/fronterizos subsisten situaciones que generan o
pueden generar tensiones contrarias a la seguridad nacional de
varios estados en la región. Son los casos del diferendo
fronterizo por la soberanía del suelo marino en
el Golfo de Venezuela, entre este país y Colombia; de la
reclamación nicaragüense de las islas del
archipiélago caribeño de San Andrés, bajo
soberanía colombiana; de las reclamaciones venezolanas de
una amplia extensión territorial adyacente en Guayana; del
diferendo fronterizo sobre la soberanía de las islas
emergentes en el río Amazonas, en la frontera de
Perú y Colombia; de la defectuosa definición de las
fronteras marítimas del Perú con Ecuador y con
Chile.

Merecen mención aparte los conflictos
territoriales/fronterizos que ya están formalmente
resueltos pero que todavía concitan significativos
movimientos de opinión que cuestionan su solución,
afectando la estabilidad de los acuerdos, como es el caso del
rechazo de sectores de población, en ambos países, a la
solución del diferendo fronterizo entre Perú y
Ecuador.

Tienen importancia asimismo, en América Latina,
las tensiones que surgen o pueden activarse entre los estados por
la disposición de los recursos energéticos y acerca
del control sobre 200
millas frente a la costa, incluida la jurisdicción sobre
recursos y su explotación dentro de una zona
económica exclusiva de 188 millas mar afuera, más
allá de las 12 millas de mar territorial.

Finalmente, si bien en los últimos decenios en la
región no se manifiestan conflictos entre estados por
migraciones/refugiados, probablemente desde la denominada "guerra
del fútbol" entre El Salvador y Honduras, en 1969, existen
en forma latente, por esta causa, situaciones conflictivas entre
México y Guatemala y entre Colombia, por un lado, y
Ecuador, Panamá y Perú, por otro. No puede
descartarse asimismo el surgimiento de escenarios conflictivos a
propósito de las corrientes xenofóbicas de
opinión que aparecen eventualmente en países de la
región que reciben migrantes ilegales o considerados
socialmente indeseables.

Es preciso destacar que esta rápida visión
de los conflictos activos y potenciales en América Latina
muestra que el
Perú se halla ante varios tipos de conflictos potenciales:
conflictos por hegemonía/influencia, a propósito de
los intereses norteamericanos en Colombia y su proyección
en el espacio amazónico, y a propósito de la
expansión de los intereses económicos de Chile en
la región; conflictos territoriales/fronterizos, en tanto
no se consolide culturalmente el acuerdo de 1998 con Ecuador, y
en tanto no se supere los defectos de la delimitación de
las fronteras marítimas con este país y con Chile;
conflictos por recursos, con Chile y Ecuador, por la
disposición de recursos marítimos, y con Ecuador,
por la disposición de recursos energéticos en la
selva.

Ignorar o minimizar esta situación no va a
contribuir a la solución de los potenciales conflictos,
pero es un hecho que la percepción más ampliamente
consentida acerca de la necesidad de las fuerzas armadas en un
país como el Perú no comparte esta visión de
"conflictos". Estableciendo una diferencia semántica, plantea más bien la
existencia fáctica o potencial de "amenazas" a la
seguridad nacional, que justifican la existencia y
actuación de las instituciones
castrenses para sofocarlas. Este enfoque distingue entre amenazas
tradicionales y nuevas. Más allá de las sutilezas
del lenguaje,
preciso es coincidir en parte con este planteamiento, lo que
permite definir diferencias con su otro extremo.

En efecto, no es posible desconocer amenazas,
cuando menos latentes, a la seguridad nacional del
Perú. Lo discutible es clasificarlas, como es usual
en los círculos académicos castrenses y
civiles asociados, en amenazas tradicionales y nuevas
amenazas, porque la diferenciación entre ambas es
tan elusiva y arbitraria que la discusión al
respecto corre el riesgo de
asemejarse a la inútil controversia
sociológica sobre la diferencia entre "lo antiguo" y
"lo moderno".
En un mundo densamente interrelacionado e
interdependiente es también arbitraria e
inútil la diferenciación de las amenazas
entre externas e internas, más todavía si se
considera que los compromisos de la comunidad
de estados avanzan en el sentido de limitar la
soberanía nacional y los fenómenos
problemáticos de manifestación global (como
el tráfico ilícito de drogas o
de armas,
el terrorismo, la depredación de los
recursos naturales, la oposición militante a
la
globalización o el nativismo igualmente
militante) tienen correlatos singulares en muchos
ámbitos estatales.
Más allá de estas clasificaciones
inconducentes es preciso mencionar con especificidad lo que
considero la adecuada diferenciación de las amenazas
a la seguridad nacional del Perú: amenazas activas,
que ya obran, pueden actuar o causar efectos en el futuro
próximo, y amenazas latentes, es decir, inactivas
pero en gestación o ya estructuradas, aunque no son
todavía manifiestas.
Crítica
de las clasificaciones de amenazas a la seguridad
nacional
Las amenazas que al presente causan efectos
adversos a la seguridad nacional, y que exigen actualmente
la intervención de las fuerzas armadas en misión de defensa, son tres, en mi
opinión: la subversión terrorista, el
narcotráfico y el desborde de la violencia en Colombia.
1.3.1 La subversión
terrorista.
La derrota política y estratégica de
los grupos insurgentes Partido Comunista del Perú
("Sendero Luminoso" – PCP-SL) y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru
(MRTA) no significa su liquidación ni su
desaparición en el escenario social ni en las
previsiones de las fuerzas de seguridad; tampoco implica
dejar de considerar a la subversión terrorista como
un problema grave para el orden interno, más
aún si se toma en cuenta el rebrote de incursiones
armadas de columnas guerrilleras en zonas donde se
descuidó en los últimos años la
ejecución de la fase de consolidación de la
pacificación efectuada por las FFAA, el
resurgimiento de atentados terroristas y sobre todo de
actos de "terrorismo blanco" (incruento) que los
especialistas consideran propios de un proceso
de rearticulación y capitalización
("cristalización") de la derrotada experiencia
insurgente anterior.
Ante el rebrote subversivo documentos oficiales contienen información sobre la preocupante
situación de la capacidad operativa de las fuerzas
armadas para enfrentarlo. El Comando Conjunto de las FFAA
registra que actualmente se mantienen en operaciones
135 bases contra terroristas del ejército, y que de
noviembre del 2000 a julio del presente año se ha
realizado 100 operaciones contraterroristas y 7.421
patrullajes a cargo de efectivos militares, pero que esta
gran cantidad de acciones –indicativa de la magnitud
del peligroso rebrote subversivo- adolece de graves
limitaciones debido a la suspensión de las zonas
declaradas en emergencia, por razones políticas
desde marzo del 2000; la falta de un presupuesto de emergencia para la
ejecución de operaciones militares contra los grupos
subversivos; la falta de una base legal adecuada que ampare
las operaciones contrasubversivas de las fuerzas armadas en
el marco del estado de
derecho; y el incumplimiento del Ministerio del
Interior en reinstalar más de 120 comisarías
de policía en las zonas afectadas por la
reactivación subversiva (se presume que debido
también a carencia de presupuesto).
Los datos de
la realidad confirman pues que la subversión es
actualmente una considerable amenaza al orden interno del
país. Es importante destacar que no obstante el
abrumador descrédito de las organizaciones subversivas y de sus métodos criminales, no obstante la
desmitificación de sus líderes, existen
todavía sectores de la sociedad
peruana que consideran válida su propuesta como
instrumento radical para la reivindicación de
demandas sociales; sectores para los que esta alternativa
se presenta más atractiva sobre todo por la
reformulación autocrítica que los subversivos
han efectuado de su relación con los grupos
sociales.
Nadie cuestiona que la subversión es un
fenómeno inherente al orden social. Existe siempre,
aunque sólo se desarrolla amenazadoramente en
ciertas circunstancias. Cualquier análisis de las condiciones sociales
que se consideren propicias para un crecimiento de la
subversión en el Perú coincidirá en
que desde 1980 hasta el momento presente se mantienen
la
pobreza, la desigualdad
social, la marginalización, la
frustración de expectativas de bienestar, la
debilidad del sistema
institucional que le impide canalizar la solución de
los conflictos sociales, o siquiera mediar y tamizar las
demandas sociales por necesidades prolongadamente
insatisfechas, la depauperación moral de
la escena política, etc. Son condiciones que si bien
han cambiado en sus manifestaciones y en el peso
específico relativo de cada factor, siguen siendo
gravitantes en conjunto como soporte estructural de la
posibilidad de insurgencia.
Dos procesos
contribuyen a mantener o reforzar la vigencia de la
subversión como amenaza activa a la seguridad
nacional del Perú. El primero es el propio curso de
fragmentación de las organizaciones subversivas
luego de la captura de sus líderes y la evidente
derrota de su proyecto
estratégico. Algunos analistas mencionaban en
1992-93 que el PCP-SL probablemente se fragmentaría
en una facción guerrillera maoísta
tradicional en espacios rurales, otra facción
persistente en la línea establecida por Abimael
Guzmán (realizar la guerra popular en el campo y en
la ciudad) y una tercera que buscaría su
incorporación al sistema de los partidos
políticos actuantes en el campo legal
(parlamento y municipalidades).
Los acontecimientos no han confirmado esta
proyección pero mantiene su vigencia porque es un
hecho que hay grupos del PCP-SL y, por su parte,
también del MRTA, que actúan en función de cada una de estas
alternativas. En cualquiera de los casos estos grupos
buscan mantener o reforzar su vinculación con
sectores sociales a los que consideran sus "bases", lo que
en algún momento puede llevar a la confluencia de
"mandos" experimentados en la subversión, y sus
disminuidos pero expectantes aparatos partidarios locales,
con organizaciones sociales necesitadas de un liderazgo radical y efectivo en el planeamiento y conducción de estrategias de confrontación
reivindicativa con el
estado.
El segundo proceso es el de radicalización
aparentemente espontánea de las luchas
reivindicativas de sectores sociales tales como campesinos
y pobladores de asentamientos urbano-marginales, que en los
últimos meses han alcanzado niveles inusitados de
centralización y de fuerza,
al punto de producir paralizaciones agrarias de
dimensión nacional, enfrentamientos de cultivadores
cocaleros con las fuerzas del orden, bloqueos de carreteras
y ataques contra instalaciones mineras. No solamente existe
inteligencia policial y militar que detecta
la presencia activista de personas vinculadas a las
organizaciones subversivas en la organización o la
radicalización de medidas de fuerza con apoyo
popular, en los últimos meses, sino que documentos
del PCP-SL postulan la necesidad y conveniencia de insertar
su acción proselitista en las
movilizaciones sociales, construyendo desde su interior una
nueva estructura para retomar la "guerra
popular".
Por otro lado, con el previo reconocimiento de que
todo símil histórico es
metodológicamente cuestionable como herramienta de
análisis, no puede desconocerse la provocadora
analogía existente entre la agitación en el
medio campesino, la utilización violentista
de organizaciones como los frentes de defensa y los ataques
a instalaciones de empresas
mineras, tanto en el período 1974-1982 como en el
lapso1999-2001, si se toma en cuenta que el producto
de estas actividades en el período 1974-1982 fue la
agresión subversiva a la seguridad nacional del
Perú.
El carácter activo de la amenaza
subversiva determina que los institutos armados (como por
su parte y en su ámbito de competencia, la Policía Nacional)
mantengan y actualicen una fuerza y un dispositivo
contra-subversivo que necesariamente implica la permanente
instalación de bases a lo largo y ancho del
territorio nacional para cumplir funciones
de control territorial, completar la fase de
consolidación de la pacificación y reforzar
la relación con las organizaciones de la
población, medios
probadamente eficaces para conjurar el rebrote de la
amenaza subversiva a nivel local.
1.3.2 El narcotráfico
El tráfico ilícito de drogas en
escala
internacional es otra amenaza activa a la seguridad
nacional del Perú, por varias razones. En primer
lugar porque las actividades del narcotráfico
erosionan las estructuras del estado al vulnerar
permanentemente la autoridad y el control estatales sobre el
territorio físico, el espacio aeronáutico,
los dominios marítimo y fluvial, las actividades
económico-productivas y la identificación de
la población con las normas
sociales y el orden jurídico establecido; en la
medida que adicionan el financiamiento internacional de sus
actividades ilícitas, la producción extendida e intensiva de
materia
prima, el tráfico internacional de predecesores
químicos para la producción de drogas y la
distribución de droga
hacia mercados
externos.
Desde este punto de vista la consideración
del tráfico ilícito de drogas como amenaza
para la seguridad nacional no es una cuestión moral,
como algunos planteamientos pueden sugerirlo; se sustenta
en razones materiales muy concretas, puesto que el
financiamiento internacional del narcotráfico, el
tráfico de predecesores químicos y la
distribución de drogas en mercados externos
distorsionan severamente el control estatal de los flujos
de capital
y bienes
hacia y desde la economía nacional; la
producción extendida e intensiva de hoja de coca o
de amapola perjudica el manejo y la ulterior productividad del suelo en amplias
extensiones, genera economías mercantiles sin
articulación consistente y de bonanza efímera
y distorsiona toda previsión racional de
ordenamiento del territorio; y la cultura
del narcotráfico genera un efecto de reproducción ampliada de la corrupción que afecta creciente y
profundamente la legitimidad del orden social y
jurídico establecido.
El tráfico ilícito de drogas es
inclusive un problema para la seguridad hemisférica.
En Venezuela se ha propuesto el establecimiento de un
Consejo Interamericano de Cooperación y Seguridad
Regional, porque en medios oficiales se considera que
combatir al narcotráfico exige la rápida
adopción de medidas antes que su
dramático crecimiento ponga en peligro "la paz entre
las naciones, la seguridad y la estabilidad de la democracia en el hemisferio".
Esta amenaza alcanza su más grave
expresión a partir de la asociación entre
organizaciones del narcotráfico y grupos subversivos
u organizaciones contrasubversivas ilegales
("paramilitares"), pues potencia
exponencialmente la capacidad de acción de estos
proyectos, como ocurre en el caso de
Colombia, donde, por ejemplo, el Frente 14 de las FARC,
asentado en el departamento de Guainía (colindante
con Venezuela y Brasil) mantenía en el 2000 una gran
base de acopio y exportación de cocaína en la localidad de Barranco
Minas, desde donde por el aeropuerto local exportaba
toneladas de droga en un activo intercambio por armas y
pertrechos, cuyo volumen
de demanda
era atractivo inclusive para importantes traficantes de
armas del mundo.
De manera que el tráfico ilícito de
drogas, independientemente de la problemática que
supone el consumo
adictivo de drogas por parte de grupos cuantitativamente
relevantes de la población, llega a amenazar la
viabilidad del estado, y cuando menos erosiona gravemente
potenciales económicos, sociales y
psicológicos del país, debilitando sus
energías colectivas y su cohesión para
afrontar otras amenazas, alienando además una parte
de su capacidad productiva, dedicada al
narcotráfico.
Mucho se ha discutido y se discute todavía
sobre cómo enfrentar al narcotráfico, habida
cuenta que el sentido común académico,
militar y periodístico, inducido por la
percepción norteamericana del fenómeno,
acepta que constituye una de las "nuevas amenazas" a la
seguridad nacional. En el Perú se ha experimentado
involucrar episódicamente a las fuerzas armadas en
la lucha contra el narcotráfico, desde 1992, pero
los resultados están oscurecidos porque en el
Ejército, por ejemplo, desde algunos altos mandos
hasta suboficiales y personal
de tropa incurrieron en actividades de protección de
las organizaciones de narcotraficantes o bien participaron
directamente en la actividad delictiva. La
descomposición moral resultante ha contribuido
decisivamente a la crisis
militar presente, por lo que el temperamento dominante en
la actualidad rechaza la participación de los
militares en la lucha contra el tráfico
ilícito de drogas, argumentando que causó
muchísimos más perjuicios que
beneficios.
Pero las razones del rechazo no son consistentes.
Es trivial sostener que los militares no deben intervenir
en la lucha contra el narcotráfico porque son
vulnerables a la tentación corruptora implicada en
la cantidad de dinero
que mueve esta actividad delictiva frente a la precaria
situación económica del personal castrense y
a sus comparativamente altas prerrogativas en la sociedad,
lo que ha determinado que la corrupción se extienda en las fuerzas
armadas ante la insuficiencia de controles sobre su
actividad.
De hecho, ninguna entidad del Estado podría
escapar a la tentación corruptora de los dineros del
narcotráfico, incluyendo por cierto a la judicatura,
a la policía y a las autoridades políticas si
la presunta vulnerabilidad de sus integrantes se mide en
relación a sus ingresos
por actividad profesional. La verdad es que la intolerancia
a la corrupción en los funcionarios públicos
es una cuestión principalmente
extra-económica y tiene que ver centralmente con la
existencia de controles administrativos, políticos y
sociales eficaces más que con la moralidad personal de los funcionarios. En
este sentido es cierto que la corrupción que
afectó a militares involucrados en los
períodos cuando se les encomendó la
misión de luchar contra el narcotráfico tiene
su causa en las prerrogativas que tenían en el marco
del "estado de excepción" establecido como parte de
la estrategia contra-subversiva, que les permitía
sustituirse a la autoridad política y judicial y los
sustraía de cualquier control
extra-institucional.
De manera que en esencia la participación
de los militares contra la amenaza del narcotráfico
a la seguridad nacional del Perú no es perniciosa ni
inaceptable por propia naturaleza si el Estado y la
sociedad son capaces de establecer los controles
administrativos y jurisdiccionales adecuados en un sistema
de fiscalización independiente y superior a la
institucionalidad castrense.
Así, pues, no existe inconveniente
sustantivo para que las fuerzas armadas actúen
contra la amenaza del narcotráfico a la seguridad
nacional del Perú, lo que, en consecuencia, plantea
la cuestión de la necesidad de esa actuación.
Ciertamente, la investigación y la persecución
de los delincuentes y sus organizaciones para ponerlos a
disposición de las autoridades judiciales es una
tarea exclusivamente policial. Pero en los centenares de
miles de kilómetros cuadrados de territorio de las
zonas de frontera donde la presencia policial es exigua y
tienen mayores recursos
humanos y materiales los institutos armados que forman
parte de los sistemas
de vigilancia de fronteras, de control del espacio
aéreo y de defensa interior del territorio, es
perfectamente factible y deseable promover que se les
encargue realizar tareas de control y seguridad para la
interdicción del narcotráfico.
Son perfectamente solucionables las dificultades
de orden jurisdiccional que pueda presentar esta actividad
a cargo de efectivos militares si se coordina que las
operaciones incluyan la presencia activa de representantes
del Ministerio Público y de la Policía
Nacional. De esta manera se garantizaría que la
participación militar contra la amenaza del
narcotráfico se encuentre sujeta a los controles
pertinentes y alcanzaría niveles de optimidad la
misión de organizaciones militares como la de la
Fuerza de Tarea 100 de la Marina de Guerra (control en las
vías fluviales y ámbito territorial de la
frontera con Brasil) y la de las unidades del
Ejército encargadas de la vigilancia y seguridad en
las zonas 3, 4 y 5 del sistema de vigilancia de fronteras
(desde la frontera con Ecuador en el límite de
Cajamarca con Amazonas, por el nor-oriente, pasando por las
fronteras con Brasil y Bolivia, por el oriente, hasta la
frontera con Chile en el litoral del océano
Pacífico, por el sur).
Esta actividad se sumaría a la que ha sido
problemática pero exitosa participación de la
Fuerza Aérea contra la amenaza del
narcotráfico, pues es un hecho que la
interdicción del espacio aéreo
amazónico por sus aeronaves de combate, con la
colaboración de agencias oficiales de Estados Unidos
de América, ha logrado una disminución
radical del tráfico de drogas por vía
aérea, lo que sin embargo ha renovado el interés de los narcotraficantes por
utilizar los ríos y trochas del espacio
amazónico como vías para la
exportación de drogas, poniendo en evidencia la
acuciante necesidad de encomendar a las fuerzas armadas en
su conjunto una enérgica actuación contra el
narcotráfico.
Pero es más, esta intervención
militar es necesaria para prevenir y contrarrestar, si es
el caso, que se reactive la coalición de intereses
que desde la segunda mitad del decenio de 1980 y con
elevada peligrosidad hasta 1997 aproximadamente se
estableció entre los narcotraficantes y los
subversivos, en el amplio espacio de los valles del
Apurímac, el Ene, el Huallaga, el Ucayali y el Mayo,
teniendo como pivote a los campesinos cultivadores de coca;
coalición que aportó grandes ingresos
económicos a los subversivos y que se
constituyó en una amenaza cumplida contra la
seguridad nacional, ocasionando un vacío de poder
que prácticamente excluyó por años la
región del dominio
estatal.
1.3.3 El trasvase de la violencia en
Colombia
Esta es una amenaza compleja porque combina la
probable penetración de grupos insurgentes
colombianos con el trasvase del narcotráfico ante
las operaciones desarrolladas en ejecución del "Plan
Colombia", no descartando que además pueda surgir un
conflicto entre ambos países por causa de la
presencia de agentes violentistas o de fuerzas militares
colombianas en las islas fronterizas del río
Amazonas cuyo estatuto nacional se encuentra en proceso de
definición.
Como ya ha ocurrido y ocurre en territorios
fronterizos de Ecuador, Panamá y Brasil, es elevada
la posibilidad de que insurgentes y narcotraficantes, en la
misma entidad o por separado, rebasen las fronteras en
busca de refugio o de seguridad para proseguir sus
actividades
Desde 1989 grupos de individuos armados, en
algunos casos probadamente integrantes de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y en algunos
otros casos presuntos integrantes de esta
organización, o bien de grupos paramilitares,
desarrollan actividades en la zona fronteriza
peruano-colombiana y aún en territorio peruano,
afectando nuestra seguridad nacional. Estas actividades se
producen en distintos lugares ubicados a lo largo de toda
la línea de frontera, con mayor incidencia en las
áreas fronterizas de los puestos de vigilancia de
fronteras o de los asentamientos peruanos de Campuya,
Puerto Arturo, Subteniente García-Río
Gueppí, El Estrecho, Teniente Berggerie, El Remanso
y Yahuas.
La presencia de irregulares armados procedentes de
Colombia, en la zona fronteriza y aún en territorio
peruano, se produce configurando un patrón de tres
fases. De 1989 a 1996: hostigamiento y ataque a puestos de
vigilancia fronteriza de Perú; de 1996 a 1998:
presencia de actividades FARC o paramilitares en el
territorio colombiano contiguo a la línea de
frontera con Perú; de 1999 a la actualidad,
presencia de grupos armados de las FARC en actividades de
inteligencia, reconocimiento y aprovisionamiento, en
territorio peruano, e incremento de presencia así
como mayor actividad armada contra Fuerzas Militares y
Policía Nacional de Colombia en puestos de
vigilancia de fronteras y localidades de línea de
frontera.
El comportamiento de los grupos armados
insurgentes colombianos en territorio peruano muestra que,
tendencialmente, tratan desde 1999, de explorar
posibilidades de refugio, aprovisionamiento o espacio para
actividades de narcotráfico.
Puesto que la ejecución del "Plan Colombia"
privilegia acciones en el departamento colombiano de
Putumayo, contiguo a la zona peruana de Gueppí, y
considerando que en ese departamento existen muy
significativas actividades del narcotráfico y una
importante fuerza de las FARC vinculada al delito,
que son fuertemente afectadas por las acciones militares y
policiales anexas a la erradicación de cultivos
ilícitos, es probable que grupos armados de las FARC
se vean en la necesidad de ingresar a territorio peruano,
directamente o a través del curso del río
Napo por Ecuador, replegándose ante la ofensiva
estatal colombiana, no descartándose que asimismo
aprovechen nuestro territorio en función de sus
necesidades o intereses de establecer zonas de descanso, de
refugio y/o de aprovisionamiento para sus combatientes en
poblados ribereños de los ríos Putumayo y
Napo.
Podrían pretender también establecer
la vía fluvial para el traslado de materiales y
equipos para elaboración de drogas hacia Brasil si,
como es previsible, se complica para sus intereses la
situación en el departamento colombiano de Putumayo;
e inclusive aprovechar el status binacional del río
Putumayo para la realización de movimientos
fluviales de grupos armados sin ser afectados por la
vigilancia.
Aún podrían intentar el
establecimiento de zonas de procesamiento de drogas en
territorio peruano utilizando el sistema vial compuesto por
los ríos Angusilla, Campuya, Napo, Algodón, Yaguas, entre otros que son
afluentes meridionales del río Putumayo, y por las
trochas de penetración a territorio peruano que son:
Puerto Arturo (río Putumayo) – Copal Urco
(río Napo), Flor de Agosto (Río Putumayo)
– Vidal (Río Napo), Teniente Berggerie
(río Putumayo) – Pijuayal (río
Amazonas).
Finalmente podrían intentar el
aprovechamiento del diferendo demarcatorio
peruano-colombiano en las denominadas "islas emergentes"
del segmento fronterizo del río Amazonas, tratando
de instituir allí una "tierra de nadie" cuyo
vacío político-jurídico sea explotable
a favor de sus intereses, lo que podría generar un
conflicto diplomático entre ambos
países.
La complejidad del problema de seguridad nacional
generado por el "Plan Colombia", que en buena cuenta ha
internacionalizado el conflicto interno colombiano, ha
exigido que los países limítrofes refuercen
previsora y significativamente sus dispositivos militares
de frontera.
En Ecuador se ha establecido un "plan de
contención" afrontando la contingencia de un
desborde del narcotráfico y de insurgentes,
así como de población desplazada que puede
encubrir a unos y otros, procedentes de Colombia. Es
así como su gobierno
ha dispuesto un gran reforzamiento del dispositivo militar
fronterizo, adelantando una división de
Ejército hacia Sucumbios y una brigada hacia Loja,
enviando a la zona fronteriza unidades de fuerzas
especiales y creando un nuevo agrupamiento de Fuerza
Terrestre en Esmeraldas.
En Brasil el gobierno ha reforzado la presencia
militar en la frontera con Colombia para evitar que el
conflicto interno de esa nación pueda trasladarse a la
región amazónica contigua; y ha instalado un
"Comando de Administración de Crisis" en la
ciudad amazónica de Tabatinga (vecina de la
localidad colombiana de Leticia y de la localidad peruana
de Ramón Castilla), con representantes
de los ministerios de Defensa y de Relaciones
Exteriores, así como del Ejército, la Fuerza
Aérea, la Policía Federal y los servicios de información militar.
Asimismo, para reforzar la vigilancia fronteriza, el
ejército brasileño ha anticipado la compra de
equipo contra-insurgente y la policía federal ha
elaborado el plan "Operación Cobra", que contempla
la instalación de puestos de control en siete
municipios de la frontera con Colombia.
Por su parte, Venezuela y Panamá han
incrementado el efectivo y equipamiento de sus fuerzas
armadas y guardias de frontera, respectivamente, emplazadas
en la frontera con Colombia.
No por espíritu de emulación sino
por atender a la clara amenaza contra nuestra seguridad
nacional, derivada de la ejecución del "Plan
Colombia", el Perú debiera superar las limitaciones
presupuestales del sector Defensa que al presente,
según expresiones del anterior ministro, general
Walter Ledesma, obstaculizan alcanzar el nivel adecuado de
fuerza y despliegue militar en relación a la
magnitud de las amenazas que provienen de la crisis interna
colombiana en el área de frontera con el
Putumayo.
Amenazas activas a la seguridad nacional del
Perú
Amenazas latentes a la seguridad nacional del
Perú

En su ensayo sobre
fuerzas armadas y democracia Fernando Rospigliosi ilustra bien la
corriente de pensamiento
militar y civil asociado en el Perú que en el primer
quinquenio de la década de 1990 negaba la posibilidad de
un conflicto militar entre estados en el subcontinente
sudamericano y, por ende, entre el Perú y alguno de sus
vecinos. Pero creo que exagera al afirmar que la cúpula
militar peruana de entonces adhería a esta
posición, ya que es suficientemente conocido que tanto la
División de Inteligencia del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas (2ª DIEMFFAA), en el campo militar, como el
Servicio de
Inteligencia Nacional, en los campos no militares,
producían inteligencia estratégica a partir de
hipótesis de guerra con Ecuador y, en forma
disimulada, con Chile. Esta percepción, insumo
determinante del planeamiento
estratégico operativo de las fuerzas armadas, se ha
mantenido por lo menos hasta 1998 en el SIN y es posible que
persista en el CCFFAA. El hecho es que el conflicto bélico
del alto Cenepa en 1995 sepultó el optimismo pacifista de
algunos y reforzó las prevenciones de otros, justificando
en alguna medida el comportamiento del SIN y de la 2ª
DIEMFFAA.

Le asiste razón a Rospigliosi cuando sostiene que
la superación de los antiguos problemas fronterizos del
Perú con Ecuador (1998) y con Chile (1999) no invalida la
posibilidad de guerras con
estos países limítrofes, ya que los procesos de
interdependencia e inclusive de integración
económica y cultural que se han abierto con cada uno
de dichos vecinos pueden aprovecharse o no.

En efecto, no impiden el surgimiento ulterior de nuevos
problemas a partir de las brechas o de defectos en las soluciones
encontradas a los antiguos diferendos. Por supuesto, debemos
aspirar a que la interdependencia, la cooperación y la
buena vecindad eviten la confrontación al punto de la
guerra. Pero es bueno recordar que la interdependencia y la
cooperación no son panaceas de la paz permanente, ya que
el surgimiento de nuevos intereses nacionales podría
también conducir a nuevos horizontes de
conflicto.

A la luz de los
avances en el derecho interno y en el derecho internacional
sería liviano e inexacto decir, como antaño algunos
ideólogos del Estado, curiosamente ubicados en las
antípodas del anarquismo y del fascismo, que la
guerra es uno de los principales intereses estatales. Pero salvo
excepciones explicables en contextos sociales y jurídicos
muy singulares, como Costa Rica y
Suiza, los estados no pueden prescindir de preocuparse por la
eventualidad de una guerra que los involucre, aún cuando
las motivaciones de la misma sean puramente expectaticias. Esta
sola previsión justifica la existencia de las fuerzas
armadas y de su misión de la defensa externa.

Pero, ¿existe alguna amenaza latente a la
seguridad nacional del Perú, procedente de otro estado? Si
reiteramos que una amenaza latente es aquella inactiva pero en
gestación o ya estructurada, aunque no es todavía
manifiesta, no puede descartarse.

Una corriente del pensamiento militar y civil asociado
en el Perú, contrapuesta a la que anteriormente se ha
aludido, sostiene en forma reservada que dista mucho
todavía de consolidarse el acuerdo de paz con Ecuador, que
subsiste una tradición cultural hostil al Perú en
ese país y que ciertos aspectos del acuerdo de paz, los
concernientes a los centros de comercio y
navegación cedidos a Ecuador o el kilómetro
cuadrado de Tiwinza, son fuentes
potenciales de nuevas confrontaciones. En una variante extrema
plantea que el desarrollo ecuatoriano de su espacio austral,
colindante con el Perú, generará presiones
geopolíticas sobre la red fluvial y territorio
peruano amazónico, amenazando nuestra integridad
territorial.

Considero que estas apreciaciones le deben mucho a la
tradicional –y en mi opinión, irreal y caduca- idea
del Ecuador como "enemigo metafísico", presentando rasgos
de paranoia similares a los implicados en las apreciaciones sobre
la supuesta amenazante presencia dominante del Brasil en el
espacio amazónico con proyección hacia el
océano Pacífico. Pero no puede concluirse, sobre la
base de la crítica
razonada de los prejuicios que animan estas apreciaciones,
negando con anticipación y ausencia de fundamento firme
toda posibilidad de amenaza en estos casos.

Creo que las suspicacias al respecto no contribuyen a
configurar amenazas latentes en el sentido de estar ya
estructuradas pero mantenerse ocultas, aunque no afirmaría
categóricamente que las amenazas no puedan gestarse en el
futuro. Después de todo, la cooperación y el
conflicto son situaciones que coexisten en la relación
entre los estados. Coyunturalmente una se superpone al otro o
viceversa, derivando, según sea el caso, hacia la integración o hacia la confrontación
en procesos que son, por acción o inacción humana,
reversibles.

Sólo se necesita un módico análisis
para descubrir en el caso de la relación del Perú
con los países vecinos que la confrontación
bélica es posible en el caso de una escasa o casi
inexistente interacción. ¿Es posible en el caso
de una interacción intensa? El análisis
también descubre que la confrontación bélica
es posible en el caso de un diferendo acerca de la identidad
territorial nacional, pero, ¿lo es en el caso de conflicto
por intereses no territoriales?

1.4.1 La relación con Ecuador

Hasta el segundo decenio del siglo XVIII los dominios
políticos que en breve serían Perú y Ecuador
tuvieron una tenue interacción estructurada apenas por los
procesos de la
administración colonial. El conflicto de identidad
territorial que siguió al colapso de la Gran Colombia
causó la guerra de 1829 y una situación de
recurrente hostilidad que demandó, hasta 1998, nueve
procesos diplomáticos para resolverla. La tirantez de las
relaciones bilaterales determinó la formación de
culturas nacionales del encono recíproco y tuvo efecto
material en un casi nulo intercambio comercial hasta 1998
inclusive.

Fue un largo período histórico
caracterizado por la permanente amenaza de guerra y la
sucesión de tres enfrentamientos militares (1941, 1980 y
1995) además de periódicas escaramuzas. Se
diría que el recelo producto de la mala memoria y de la
recíproca ignorancia de las enormes semejanzas y problemas
comunes de ambas naciones era causante del ánimo
conflictivo. La confrontación era resultante de una
sorprendente deficiencia de ámbitos de interés en
los que ambos países pudieran ejercer el juego
negociador que se realiza siempre entre la cooperación y
la contienda. Lo único que realmente vinculaba al
Perú y Ecuador era la enemistad debida a la discrepancia
fronteriza innegociable. La guerra era perfectamente posible. Se
produjo.

El proceso de integración auspiciado por la firma
del acuerdo de paz en 1998 debería superar en el mediano
plazo los rasgos inamistosos de las culturas nacionales e
incrementar provechosamente los intercambios. Se
establecería uno o varios ámbitos de interés
común para Perú y Ecuador. Pero es allí, en
ese futuro precisamente deseable, donde se aloja latente el
germen de amenazas a la seguridad nacional que sin embargo no son
fatalidades y pudieran o no manifestarse.

La argumentación de esta tesis sostiene
que la comunidad de intereses de los estados no es igual a la
identidad de intereses de ellos. Ecuador y Perú pueden
tener intereses en común en la integración andina,
en el control de los recursos del espacio amazónico,
respecto del manejo de los recursos ictiológicos y
minerales del
dominio marítimo, en el mercado del
petróleo, el transporte
multimodal transcontinental entre las costas atlántica y
pacífica de Sudamérica, la lucha contra el
narcotráfico y muchos otros campos. Pero esos intereses en
común necesariamente definen también campos de
conflicto por la preeminencia de la participación nacional
o para obtener ventajas. Es natural que así sea. Se trata
de luchas que pueden resolverse en negociaciones donde todas las
partes ganan o bien en escenarios del tipo suma cero, que pueden
trasladar el conflicto al ámbito de la
confrontación en el campo militar y, por tanto, a la
guerra.

Por consiguiente, el incremento de los intereses en
común de Perú y Ecuador ofrece con toda probabilidad el
surgimiento de escenarios de lucha económica,
política, diplomática, entre ambos estados. Esta es
una perspectiva normal en el contexto internacional. Pero esta
perspectiva contiene una disyuntiva concerniente a la
solución de esas luchas, puesto que podrían
resolverse en nuevas síntesis
de intereses en común o podrían derivar en
conflictos irresolubles ante los que los estados consideren
inevitable el empleo de la
fuerza militar para la defensa de sus posiciones o asegurar la
vigencia de sus propios intereses, básicamente en
función de cuánta insatisfacción y
frustración deje como secuela una negociación bien o mal llevada, en el
segundo caso sugiriendo a la parte que se considera perjudicada
que se activa una amenaza contra su seguridad nacional. La guerra
pasa así a considerarse una opción, eventualidad
indeseable para la que es mejor estar adecuadamente
preparado.

La historia constata que la
confrontación bélica entre el Perú y un
país vecino como Ecuador ha sido posible en el caso de una
escasa o casi inexistente interacción; el análisis
anticipa que es también posible en el caso de la
interacción intensa en un marco del desarrollo de
intereses en común y por defecto de capacidad negociadora
para arribar a soluciones integracionistas de las luchas que
surgen en el camino.

1.4.2 La relación con Chile

La interacción con Chile muestra la otra
tendencia de posibilidad de amenaza a la seguridad nacional del
Perú al extremo del conflicto bélico, pues con este
país hubo dos confrontaciones militares aún cuando
el Perú no tenía con él ningún
problema objetivo de
identidad territorial y ni siquiera una frontera común. La
primera confrontación fue en el decenio de 1830 y en
realidad no fue estrictamente una guerra entre ambos
países sino la agresión militar chilena al sector
político y militar peruano que promovía la
confederación peruano-boliviana, agresión que
contó con la colaboración de los opositores
peruanos de la confederación e incluyó una
expedición militar chilena en nuestro territorio nacional.
La segunda fue la fatídica "guerra del Pacífico"
(1879-1883).

Pero, a diferencia del caso de la relación con
Ecuador, que desde 1829 en adelante forja una cultura del encono
que alcanza estatuto oficial al punto que en 1865-66 el gobierno
ecuatoriano de entonces se negó a contribuir materialmente
a la alianza de los otros países sudamericanos
ribereños del Pacífico contra las pretensiones
neo-coloniales de España, la
relación con Chile consintió una eficaz alianza,
junto a Bolivia, que rechazó en ese tiempo la
agresión española.

Que trece años después los países
aliados se empeñaran en una cruenta guerra cuya victoria
permitió a Chile aumentar su territorio en una cuarta
parte a costa de Bolivia y Perú es un suceso que puede ser
interpretado como la materialización de una vieja y oculta
ambición territorial chilena o como el resultado de un
conflicto de intereses nacionales cuya naturaleza primordial no
era territorial pero que devino ese carácter por la
naturaleza del bien en disputa.

En realidad es muy difícil coincidir con quienes
se esfuerzan en explicar esta "guerra del salitre" como
consecuencia inexorable de una remota, aleve y cada vez menos
oculta ambición territorial chilena -otra versión
de la doctrina del "enemigo metafísico"- aunque es preciso
reconocer que ciertas interpretaciones de la conducta de Chile
ante la confederación peruano-boliviana abonan a favor de
este enfoque. Más realista es la apreciación causal
de esta guerra, sobre la que se ha cargado tanta subjetividad,
como resultado de un conflicto mal negociado a propósito
del surgimiento de intereses nacionales en común
desarrollados en el relativamente breve período de doce o
quince años, sobre el aprovechamiento comercial de los
nitratos de Atacama y Tarapacá.

Como se sabe, esta actividad produjo progresivas
fricciones entre los estados, que se agravan hasta el punto de
detonar el estado de guerra en circunstancias de extrema ventaja
militar para Chile. Un caso típico de
materialización de amenaza a la seguridad nacional por
superposición de la opción de conflicto a la
opción de cooperación en el marco de un escenario
que podría haber cursado alternativamente por vías
de integración.

La guerra de 1879-83 deja importantes enseñanzas
de utilidad para
detectar si el futuro de la relación peruano-chilena
incuba amenazas a la seguridad nacional de nuestro país.
La primera es que el Perú puede tener que afrontar una
guerra con un país con el que no tiene ni ha tenido
problemas fronterizos y ni siquiera frontera común. La
segunda, que la guerra surge no obstante la intensa
interacción de los países en un ámbito de
intereses en común. La tercera, que el problema que incuba
la amenaza a la seguridad nacional y genera la guerra puede
surgir, desarrollarse y alcanzar niveles de conflictividad
irreversibles en un ambiente de
paz, en un lapso relativamente breve de tiempo.

La cuarta, que el problema origen de la guerra no tiene
necesariamente el antecedente propicio de una frustración
y/o resentimiento nacional que sustente la aparición del
fenómeno psicológico de la "deuda de sangre". La
quinta, que la iniciativa y decisión de ir a la guerra
para dirimir la primacía de intereses nacionales
están fuertemente influenciadas por una antecedente
posición de ventaja militar (marcada superioridad del
poder combativo relativo).

En la actualidad Perú y Chile experimentan una
creciente interacción y el desarrollo de intereses en
común. Ambos países tienen el común
interés de auspiciar y promover la inversión de capitales procedentes de Chile
en mercados peruanos. Chile se interesa porque de esta manera
aumenta su formación bruta de capital en un mercado
ampliado (fuera de su territorio) en tanto paralelamente puede
aprovechar la inversión extranjera al interior del
país. Perú se interesa porque las inversiones
externas ayudan a suplir el déficit histórico de
capital que nos afecta.

Pero es preciso reconocer que gran parte de las
inversiones de capital procedentes de Chile se han colocado en
sectores económicos social y políticamente
sensibles: distribución y venta de
energía eléctrica y crédito
de consumo, por ejemplo, lo que podría generar problemas
entre las empresas y los consumidores o usuarios de su oferta, o
entre las empresas y entidades reguladoras del estado. En un
escenario de sensibilidad (populista o no) del gobierno a
demandas sociales adversas a los intereses de las empresas con
capital procedente de Chile, o por incurrir éstas en abuso
de su posición de dominio en el mercado, podrían
surgir situaciones de conflicto que involucren la relación
peruano-chilena. Otro es el caso suscitado por los conflictos que
podrían surgir a partir de irregularidades subyacentes al
asentamiento en el Perú de alguna empresa con
capital chileno.

Una tercera posible fuente de conflicto en el
ámbito de intereses en común puede surgir por
prácticas proteccionistas excepcionales inherentes al
mercado chileno ante inversionistas peruanos. No obstante que
tecnócratas vinculados al flujo de capitales entre
Perú y Chile prefieren creer que es un axioma el postulado
lanzado hace algunos años por uno de los gurús del
management, según el cual en el mercado internacional
"compiten las empresas, no los países", un número
creciente de empresarios peruanos constata con frecuencia que en
Chile emerge un espíritu nacional, indistintamente
corporizado en empresarios y funcionarios estatales, que escuda
los intereses de las empresas con el poder del estado y por
consiguiente convierte los intereses particulares de los
empresarios en intereses nacionales. Cuando de su mercado se
trata, Chile compite con el país, no con las
empresas.

Esta situación, que naturalmente convoca la
germinación de conflictos entre los intereses nacionales,
suele materializarse con suma rapidez hasta extremos de
animadversión y encono en sus actores. Que hasta ahora no
hayan trascendido el nivel del negocio frustrado,
básicamente porque las esferas oficiales peruanas no se
han involucrado en los casos puntuales, no es garantía de
que la misma situación se mantendrá en el futuro,
porque la continuidad o el cambio de la
actitud
oficial peruana depende de la orientación de la
subjetividad de decisores y de variables
políticas coyunturales, sobre las que no se puede afirmar
que no cambiarán al punto de convertir un conflicto de
intereses entre una o más empresas peruanas y el
establishment chileno en un conflicto entre los correspondientes
intereses nacionales. Algo parecido sucedió hace 122
años.

Estos casos, sugerentes como objeto de análisis
respecto de Chile, impiden descartar la existencia de una amenaza
latente a la seguridad nacional del Perú con origen en
conflictos de intereses primero particulares y luego nacionales,
para desarrollarse y alcanzar niveles de conflictividad
irreversibles en un ambiente de paz, en un lapso relativamente
breve de tiempo. Ilustran también que una amenaza latente
no tiene necesariamente el antecedente propicio de una
frustración y/o resentimiento nacional que sustente la
aparición del fenómeno psicológico de la
"deuda de sangre", sino que puede originarse y ganar fuerza a
partir de situaciones inéditas o novedosas.

Un sector de analistas ocupado en esta temática
sostiene que la o las amenazas a la seguridad nacional del
Perú, percibidas como procedentes de Chile, se
mantendrán en la actual condición de latencia en la
medida que el poder relativo combativo de ambos países no
muestre una asimetría desestabilizadora. Sin embargo, hay
analistas a quienes les preocupa la evolución en el futuro de una marcada
brecha en el poder combativo relativo de Perú y Chile,
respecto de lo que se especula podría variar la
condición de latencia de las amenazas
percibidas.

No es un secreto que los intereses nacionales de Chile
se han incrementado en función de su crecimiento
económico y que entre sus objetivos
nacionales se prioriza defender estos intereses, más
todavía si pueden contraer riesgos
allende las fronteras nacionales. Se justifica en consecuencia
que sea política de Chile fortalecer al máximo la
protección de tales intereses desarrollando y manteniendo
un poder militar que si bien se concibe con intenciones
eminentemente disuasivas, debe estar en condiciones de reaccionar
violentamente en defensa de esos intereses.

Los militares chilenos consideran que su país no
puede considerarse a salvo de amenazas a su seguridad nacional y
en la perspectiva de contar con un poder militar eficiente han
comprometido al estado en grandes esfuerzos para alcanzar este
objetivo. El Ejército avanza en la ejecución del
"Plan Alcázar", que le permitirá en el mediano
plazo contar con una fuerza moderna y adecuadamente equipada,
incluyendo lanzacohetes tácticos Rayo de manufactura
nacional y no menos de 400 tanques Leopard con sofisticados
sistemas de combate. La Fuerza Aérea completaría
hacia el año 2005 una dotación de aviones F-16 con
gran capacidad operativa, la provisión de nuevas aeronaves
para recarga de combustible en el aire y un nuevo
sistema de defensa aérea, a la vez que ha modernizado sus
aviones Mirage 50, Mirage 5 y F-5, proyectando su operatividad
hasta el año 2015.

Paralelamente las fuerzas armadas de Chile
alcanzarán una amplia ventaja regional en su
dotación de equipos de guerra electrónica y detección temprana,
mientras que su Marina de Guerra construirá desde este
año ocho fragatas y dos submarinos del tipo Scorpene.
Todas estas adquisiciones confluyen en edificar las condiciones
de una neta superioridad de poder combativo chileno hacia
2005-2007, generando elementos de juicio que hacen prever en ese
plazo un marcado desequilibrio del poder militar en esta parte
del subcontinente sudamericano, subrayando además el
fracaso de los entendimientos de las décadas de 1970 y
1980 en pro del desarme regional.

Si bien en mi opinión este incremento del poder
militar chileno no configura por sí mismo una amenaza a la
seguridad nacional del Perú, la hipótesis de su
utilización como instrumento de presión en
la eventualidad de un conflicto entre intereses nacionales es una
circunstancia de amenaza latente que debe merecer la permanente
atención de nuestras fuerzas
armadas.

1.4.3 La soberanía nacional sobre el espacio
amazónico

Desde el decenio de 1960 algunos entonces afamados
"futurólogos" norteamericanos vinculados a círculos
de pensamiento estratégico de su país, advirtieron
la importancia ulterior que tendría la Amazonia por ser un
territorio de reserva para los intereses de desarrollo y defensa
"occidentales" en el largo plazo. Sus planteamientos sugirieron
tempranamente la conveniencia de estudiar la mejor administración de sus recursos y,
considerando la inacción de los estados nacionales con
territorios sobre ese ámbito, pues permitían o
inclusive promovían la depredación de esos
recursos, adelantaron la propuesta de internacionalizar la
Amazonia.

La idea no produjo entonces efecto alguno, pero es un
tema recurrente en las versiones periódicamente renovadas
del pensamiento estratégico norteamericano. Su carencia de
fortuna era correlativa a la hegemonía cultural del
nacionalismo
en las sociedades y
estados sudamericanos, que se expresaba en planteamientos de una
irrestricta defensa de los "asuntos internos" y de la
soberanía de cada país, inesperadamente alentada
por la doctrina de "defensa continental" propuesta por Estados
Unidos ante la amenaza comunista en el escenario de la "guerra
fría". Los regímenes militares que dominaron el
escenario sudamericano en los años 70, independientemente
de su orientación ideológica reforzaron el
nacionalismo imperante. El caso brasileño fue el
más destacado.

Pero en la década de 1990 nuevas condiciones
mundiales debilitan sensiblemente las ideologías
nacionalistas sudamericanas: la globalización y la
transnacionalización de amenazas planteadas por el
narcotráfico (sobre todo si está asociado a la
subversión) y el deterioro del medio ambiente
favorecen una revisión de las posiciones estatales y
sociales antecedentes, y la cooperación internacional en
estos aspectos se convierte en un factor del sentido
común.

La creciente actividad del narcotráfico y la
depredación de los recursos
naturales de la Amazonia fuerzan el reconocimiento de que,
siendo transnacionales, superan la capacidad represiva de los
estados nacionales y requieren una acción internacional
concertada. Pero los Estados Unidos aprovechan la oportunidad
para intentar erigirse en líderes de esa
concertación, en razón de su disponibilidad de
recursos económicos y tecnológicos, impulsando la
visión de que la región amazónica alberga en
forma creciente todo tipo de acciones ilícitas ante las
que los estados carecen de capacidad de control y no pueden
impedir que se perjudique potenciales ecológicos
necesarios para toda la humanidad.

En perspectiva, este punto de vista alberga la
intención de edificar las condiciones adecuadas para
establecer una jurisdicción internacional sobre la
Amazonia, a partir de intervenciones extra nacionales enarbolando
objetivos de preservación de recursos que podrían
encubrir las reales intenciones de hegemonizar decisiones sobre
el uso del espacio amazónico, su sistema fluvial y
recursos hídricos así como energéticos, y
lograr el control del germoplasma amazónico que en el
futuro puede resultar uno de los más apreciados bienes
económicos de la humanidad. En las condiciones de
asimetría que rigen la relación entre los estados
del sistema internacional, significaría una
limitación más o menos importante de la
soberanía nacional sobre partes del territorio de los
estados amazónicos, lo que ciertamente implica una amenaza
latente para nuestra seguridad nacional y sugiere que las fuerzas
armadas de los estados amazónicos concierten posiciones
para la defensa común de los intereses nacionales al
respecto.

* * * * *

Parece incuestionable que los peruanos necesitamos a las
fuerzas armadas para que nos defiendan contra la actividad y
efectos de cualquier amenaza a nuestra seguridad nacional.
¿Pero solamente las necesitamos para eso? Creo que en la
actualidad las fuerzas armadas justifican su existencia no
sólo en razón de su misión de defensa sino
también, y lo vienen probando desde hace aproximadamente
40 años, en razón de contribuir como agentes muy
dinámicos a la integración nacional y territorial y
al desarrollo
económico y social del país.

Partes: 1, 2

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