Desempeños profesionales especiales en medidas de carácter cautelar

2. Medidas
   cautelares
3. Intervención
   judicial
4. Administrador
   judicial
6. Disoluciones, liquidaciones en
   sociedades civiles y comerciales
7. Liquidador
   judicial
8. Interventor
   judicial
9. Veedor
   judicial
10. Aportes del Consejo
    Profesional de Ciencias Económicas de Capital
    Federal
11. Principales
    analogías y diferencias del liquidador con el
    administrador, interventor y veedor
    judicial
12. Cuadro desempeño
    profesional en el ámbito judicial
13. Anexo: Ejemplo
    presentación del balance final por parte del liquidador
    judicial
14. Bibliografía

MEDIDAS
CAUTELARES

Están previstas en el Código
de Procedimiento
Civil y Comercial de la Nación,
Capítulo III, "MEDIDAS CAUTELARES", a partir del
Art. 195º y siguientes.

Son las que es dable recabar para evitar la salida de
algún bien del patrimonio del
deudor, en desmedro de la garantía colectiva de los
acreedores.

El ordenamiento jurídico brinda la facultad de
obtener ciertas medidas precautorias, o cautelares, que sirven
para resguardar la posibilidad de percibir un crédito. En principio, pueden ser
solicitadas antes o después de deducida la demanda; lo
cual implica que no es menester aguardar el reconocimiento del
derecho que se invoca por la otra parte, ni la sentencia que en
su caso así lo declare, y solo presupone la verosimilitud
del derecho invocado.

Las medidas
cautelares más importantes son las
siguientes:

1. el embargo, que recae siempre sobre bienes
   determinados, sean muebles o inmuebles. Los muebles pueden
   quedar depositados en poder del
   propio deudor o de un tercero; pero en cualquier caso, aquel
   queda impedido de disponer de ellos. El embargo sobre inmuebles
   se anota en el Registro de la
   Propiedad y
   hace imposible toda operación inmobiliaria respecto de
   ese bien.
2. la inhibición es una medida de
   carácter general que afecta a todos los bienes inmuebles
   del deudor, impidiéndole enajenarlos o gravarlos. Se
   anota también en el Registro de la
   Propiedad.
3. la anotación de litis, que no significa
   un impedimento absoluto para enajenar, como en los casos
   anteriores. Aunque se anota en el Registro de la Propiedad la
   existencia de un litigio sobre el bien, con lo cual el eventual
   comprador queda advertido de que un tercero pretende tener
   derechos sobre
   ese bien. Difícilmente se lo adquiere en esas
   condiciones, pues nadie tiene interés
   en comprar pleitos.
4. la prohibición de innovar. Es una
   medida que tiene bastante difusión en la práctica
   de los tribunales. Importa una orden judicial haciendo saber al
   acreedor que debe abstenerse de modificar el estado de
   cosas existente en ese momento; en particular, significa una
   prohibición de enajenar, gravar, introducir
   modificaciones o hacer construcciones en los inmuebles,
   etcétera.
5. la designación de administrador e
   interventor judicial, a fin de controlar los negocios del
   deudor, fiscalizar las entregas y embargarlas.

Estas medidas cautelares duran el tiempo que
persista el fundamento generativo de ella y deberá ser
establecido por el juez competente. A su vez, el Art. 202º
del CPCCN determina que las medidas cautelares subsistirán
mientras duren las circunstancias que las determinaron. En
cualquier momento en que éstas cesaren, se podrá
requerir su levantamiento.

INTERVENCION JUDICIAL

Cuando en una sociedad
existen problemas
internos, lo lógico es que los socios se reúnan y
traten en principio de poner fin amigablemente a dichas
diferencias, sea mediante la vía de las reuniones de
directorios, las asambleas, etc. De no ser ello posible,
habrá que recurrir a la vía judicial, exponiendo el
problema y solicitando las medidas necesarias en defensa de su
razón y derecho. Dentro de esas medidas, es posible
solicitar la intervención judicial de la
sociedad.

Como se trata de una medida cautelar, debe reunir los
requisitos propios de éstas: verosimilitud del derecho
invocado, el peligro en la demora y la prestación de
contracautela. Sus caracteres específicos son la
accesoriedad a la acción
de remoción del órgano de administración y el agotamiento de la
vía intra societaria (Art. 114º de la
LSC).

Para la procedencia de la medida el socio deberá
acreditar:

2. la calidad de
   socio (mediante el contrato
   social, las acciones u
   otros documentos)
3. que agotó la vía societaria (vía
   intra societaria)
4. que ha promovido la acción de remoción
   de los administradores (se puede pedir previamente o juntamente
   con la acción principal de remoción). Es decir
   que la intervención en sí misma no constituye el
   centro de la acción judicial, sino que es sólo un
   aspecto dentro del juicio de remoción de los
   administradores; y, fundamentalmente, deberá probar que
   existe un peligro grave para la sociedad y su
   continuación.

Los supuestos en que es viable solicitar esta medida son
variados:

• cuando el administrador ha abandonado sus funciones;
• cuando ha incurrido en abuso de autoridad
  arrogándose poderes que corresponden a la
  reunión de socios o asamblea;
• cuando la sociedad no lleva una contabilidad regular, no se realizan balances
  ni distribuyen utilidades;
• cuando no se cita a reunión de socios o a la
  asamblea, al menos una vez al año.

Si el pedido es aceptado por el juez, la
intervención podrá consistir en la:

• designación de un mero veedor,
• designación de uno o varios
  coadministradores;
• designación de uno o varios
  administradores.

El juez fijará la misión que
deberán cumplir y las atribuciones que les asigne de
acuerdo con sus funciones, sin poder ser mayores que las
otorgadas a los administradores por esta ley o el contrato social.
Precisará el término de la intervención, el
que sólo puede ser prorrogado mediante información sumaria de su
necesidad.

El proceso
cautelar es para tratar de impedir que el derecho cuyo
reconocimiento se pretende obtener a través de un proceso,
pierda su eficacia, esto es
por ejemplo que desaparezca el patrimonio del presunto deudor. El
juez tendrá que decidir si el que solicita la medida
presento los presupuestos
suficientes para acceder a la petición.

Si lo que se pidió es equivocado y perjudica a la
parte, tendrá que resarcirla por los daños
causados. Por ello la contracautela, asegura al que se
aplicó la medida, que se le pagara por los posibles
daños que le causaren.

Cabe aclarar que la intervención puede ser pedida
no solo por alguno de los socios, sino también por la
autoridad de contralor en los supuestos del artículo
303º, inciso 2º de la LSC; y los acreedores en los
casos de los artículos 223º y 224º del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Entonces, es una medida cautelar en cuya virtud una
persona
designada por el juez, en calidad de auxiliar externo de la
justicia,
interfiere en la actividad económica de una persona
física o
jurídica, para asegurar la ejecución forzosa o para
impedir que se produzca alteración en el estado de los
bienes.

De este concepto, se
deducen claramente las dos finalidades principales que le caben a
la intervención judicial, dándonos al mismo tiempo,
la procedencia en que su aplicación es posible por parte
del juez:

1. Su función se limitará
   exclusivamente a la recaudación de la parte embargada,
   sin injerencia alguna en la
   administración. El juez determinará el
   monto de la recaudación, que no podrá exceder
   el 50% de las entradas brutas; su importe deberá ser
   depositado a la orden del Juzgado dentro del plazo que este
   determine.

   Se trata de una medida cautelar, complementaria en
   este caso, en la disuelta con anterioridad (el embargo), que
   debe ser solicitada por el acreedor, debiendo recaer
   únicamente sobre los bienes productores de las rentas
   o frutos. Se destaca muy especialmente que tal
   intervención en forma alguna entraña injerencia
   en la "administración" del patrimonio o
   entidad deudora.

2. Aseguramiento de la ejecución forzosa:
   esta medida se dispone con la única finalidad de que
   el interventor designado por el juez (en calidad de auxiliar
   externo del mismo) lleve adelante un embargo ya decretado por
   este. Ejemplo: sucede con frecuencia que habiéndose
   dictado un embargo, por ejemplo, sobre ingresos del
   deudor que se perciben de manera diferida y periódica.
   Se agrega el supuesto de que el mencionado deudor no
   efectúa los depósitos que le han sido
   ordenados. En tal caso corresponde que el juez, a pedido de
   la otra parte, proceda a designar un interventor recaudador
   (Art. 223º CPCC de la Nación) cuyo tenor es el
   siguiente: "interventor recaudador: a pedido del acreedor y a
   falta de otra medida cautelar eficaz, o como complemento de
   la dispuesta, podrá designar un interventor
   recaudador, si aquella debiera recaer sobre bienes
   productores de frutos o rentas".
   1. Interventor informante: se limitará
      a fiscalizar o controlar la administración de una
      sociedad, civil, comercial u otro tipo de asociaciones,
      dentro de los límites que el juez le haya asignado,
      debiendo igualmente informar al mismo con la periodicidad
      que en las resoluciones de designación se le
      fijó, todo conforme al Art. 224º del CPCC de la
      Nación: "interventor informante: de oficio o a
      pedido de parte, el juez podrá designar un
      interventor informante para que de la noticia acerca del
      estado de los bienes objeto de juicio, de las operaciones
      o actividades, con la periodicidad que se establezca en la
      providencia que lo designa".
   2. Administrador judicial: por el contrario,
      si por resolución del juez debe reemplazar al
      órgano de administración de la identidad, asumiendo así todas las
      facultades y obligaciones de éste, nos encontramos
      en una intervención que deriva en
      "administración judicial".
3. En otro orden de ideas, para impedir "alteraciones en
   el estado de los bienes" nos encontramos ante 2 clases de
   intervenciones judiciales.

Administrador judicial es el designado a pedido
de los componentes de la sociedad para hacerse cargo de los
bienes y negocios sociales en situación provisional de la
administración existente, con las facultades de dirección y gobierno, en
representación de la sociedad y con independencia
de voluntad de los socios. Sus derechos y obligaciones se rigen
por los Art. 880º, 1870º, inc. 3, y 1945º
del Código
Civil. En cambio, el
interventor judicial es designado a instancia de sus
componentes para interferir en la administración de la
sociedad, asistiendo a las partes en negocios intervenidos, sin
facultad de dirección y gobierno, pero sin cuya presencia
y ascenso nada puede hacerse porque todo lo debe conocer,
teniendo concretamente tareas de fiscalización, control y
coordinación de los intereses en pugna, no
pudiendo sustituir con su voluntad la de los socios,
limitándose al cuidado y guarda de los derechos
controvertidos.

La intervención judicial consiste en la
actuación de una persona designada por el tribunal para
interferir un ente colectivo, patrimonio o empresa, sin
facultades de disposición o de dirección y
gobierno.

Disposiciones comunes a todas las clases de
intervención

El Art. 225º del CPCC de la Nación determina
las disposiciones de aplicación a cualquier clase de
intervención. Su texto dice:
"cualquiera sea la fuente legal de la intervención
judicial en cuanto fuera compatible con la respectiva
regulación:

2. tratándose de una medida cautelar,
   excepcional, resulta prudente la limitación del
   Código al criterio del juez, dándole
   carácter restrictivo; la sentencia que determine la
   intervención deberá contener, como
   mínimo, los elementos indicados en el Art. 161º
   del CPCC de la Nación en cuanto se refiere a las
   sentencias interlocutorias:

• Lugar y fecha de su dictado
• Los fundamentos,
• La decisión expresa, positiva y precisa de las
  cuestiones planteadas,
• El pronunciamiento sobre todas las cosas
• La firma del juez.

1. No hay en el Código exigencia de
   título universitario alguno para la designación
   del interventor y/o administrador, sino que deberá
   poseer los conocimientos suficientes para desempeñarlo
   "atento a la naturaleza
   de los bienes o actividades en que intervendrá".
   Deberá ser una persona ajena a la sociedad o
   asociación intervenida.
2. El juez en la misma resolución que lo
   designe, deberá establecer la "misión que debe
   cumplir". Como toda medida cautelar debe ser limitada
   temporalmente, por lo que el juez también
   fijará el plazo de duración en que el
   interventor debe cumplir su cometido. En principio, este
   plazo es improrrogable, pudiendo ampliarlo el juez mediante
   resolución fundada.
3. Contracautela: es el medio de asegurar al
   afectado (la entidad intervenida) por la medida cautelar, la
   efectividad del resarcimiento de todos los daños
   sufridos por la sociedad, si el derecho del peticionante no
   existiera o no llegara a acreditarse satisfactoriamente. Se
   funda en el principio de igualdad
   ante la ley, pues la medida cautelar debe ser doble, es
   decir, ampara a una y otra parte.

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 199º del
CPCC de la Nación, en su párrafo tercero, el juez graduará
la calidad y monto de la caución de acuerdo con la mayor
o menor verosimilitud del derecho y las circunstancias del
caso. Este apartado expresa que podrá ofrecerse la
garantía de instituciones bancarias o de personas de
acreditada responsabilidad económica. (La
contracautela puede consistir en:

• caución real: depósito de
  dinero o
  valores,
  hipoteca o prenda sobre bienes, embargo, etc.
• garantía personal: fianza o aval dado
  por personas jurídicas o físicas. En el caso de
  la fianza, el Art. 1998º del Código Civil exige que
  el fiador tenga domicilio en el lugar de cumplimiento de la
  obligación principal, o tener bienes raíces
  conocidos o gozar de un crédito de fortuna.
• Caución juratoria: promesa de responder
  por los posibles daños que se pudieren
  ocasionar.)

Si la parte que solicitó y obtuvo la medida
cautelar fuere la Nación, una provincia, una
repartición pública, una municipalidad o una
persona que justifique ser reconocidamente abonada o actuare
con beneficio de litigar sin gastos, no se
exigirá caución (Art. 200º del CPCC de la
Nación).

1. El interventor puede autorizar un solo tipo de
   gastos: los ordinarios, es decir, los vinculados con la
   operatoria normal y habitual del negocio intervenido, sin
   necesidad de requerir autorización judicial previa. En
   cuanto a los denominados "extraordinarios" ajenos a la
   habitualidad referida, el interventor deberá pedir
   autorización al juez y este antes de concederla
   correrá traslado a las partes. Para el supuesto de
   gastos extraordinarios de imperiosa urgencia, el interventor
   puede autorizarlos, pero deberá informar al juez
   dentro del plazo de tres (3) días de su
   ocurrencia.
2. El cumplimiento de las gestiones del interventor
   puede requerir la colaboración de algunos empleados o
   auxiliares, pero solamente podrán designarse con la
   conformidad del juzgado, y su retribución
   integrará la cuenta de gastos del
   interventor.

Sin perjuicio de las instrucciones y facultades que el
juez determine, el CPCC de la Nación en su Art. 226º,
lo determina con carácter general.

Hemos visto que el interventor es una auxiliar externo
del juez, por lo tanto su ejercicio es de carácter
personal e
indelegable. Pero acontece a menudo que la complejidad y
cuantía de su tarea haga necesario la contratación
de persona auxiliar, cuyo costo,
naturalmente, deberá ser soportado por la entidad
intervenida. En estos casos el interventor no podrá
nombrarlos sin previa y expresa autorización del
juez.

ADMINISTRADOR JUDICIAL

ADMINISTRADOR

En un sentido amplio, podemos decir que el
término Administración involucra a un
conjunto de actos tendientes a ejercer la dirección,
guarda, conservación, incremento de valor
intrínseco y a la explotación racional de bienes
ajenos, administrados conforme a su naturaleza y títulos
jurídicos, en orden a los cuales se realizan los actos
mencionados. Es el ordenamiento económico de un bien, de
un conjunto de bienes o de un patrimonio, propio o ajeno,
según sea el caso.

En un sentido no tan amplio, se la concibe como
un mandato conferido a una persona denominada "administrador"
para que ejerza el gobierno de bienes ajenos, ya sea de una
sucesión, de un menor, de un incapaz, de una entidad
social (en cualesquiera de sus tipos), etc.

Administración es, ante todo, organización, y en el sentido común
del vocablo, es ordenar económicamente los medios de que
se dispone y usar convenientemente de ellos para proveer a las
propias necesidades.

En general, la administración de los bienes de
terceros tiene las características del mandato o de la
gestión
de negocios y el administrador no es sino la persona que tiene el
empleo de
administrar esos bienes ajenos.

El administrador, dentro del ámbito del
derecho privado, es la persona encargada de la
administración de un bien o del conjunto del patrimonio de
otra, o de un bien que pertenece en forma indivisa al
administrador y a un tercero. En un sentido más amplio, y
como opuesto a legislador o a juez, se identifica con ese
calificativo a la persona que ejerce funciones
administrativas.

En el derecho público se denomina
así a los funcionarios que tienen a su cargo un
establecimiento o un servicio
vinculados con la administración
pública.

En el derecho civil y en el derecho
comercial, es la persona que administra un bien o un
patrimonio perteneciente a otro y se puede clasificar
en:

1. Judicial: si es designado con
   intervención judicial;
2. Legal: cuando el mandato le concierne en
   virtud de una disposición legal, que administra el
   patrimonio de un tercero por mandato de la ley. Ejemplo: la que
   cumplen los padres en relación con el patrimonio de sus
   hijos menores, o el tutor o curador con el de sus pupilos o
   incapaces, respectivamente.
3. Voluntario: si ejerce actos de
   administración en virtud de mandato privado, expreso o
   tácito.

El Contador Público como
Administrador

El Contador Público como tal, no tiene
incumbencia directa para ser designado administrador judicial.
Sin embargo, si a juicio del juez reúne los demás
requisitos de idoneidad exigidos por el CPCCN y no tiene
exigencia alguna de título universitario determinado,
podrá ser nombrado. Lo que si le atañe al Contador
Público en este orden de actividades, son los expresados
en el Art. 13º de la Ley 20.488: "Se requerirá
título de Contador Público…":

"3. Para los estados de cuentas en las
disoluciones, liquidaciones, y todas las cuestiones patrimoniales
de sociedades
civiles y comerciales y las rendiciones de cuenta de
administración de bienes…".

"5. Para los dictámenes e informes
contables en las administraciones e intervenciones
judiciales…".

Estas son incumbencias que se corresponden con el tema
específicamente, a las que sin duda el Contador
Público, dado sus conocimientos en todo el campo
administrativo-jurídico y contable, las tratará con
toda extensión y profundidad.

Al mismo tiempo, la referencia de la Ley 20.488 al que
determina las competencias de
los Licenciados en Administración (Art. 14º, b)), nos
manifiesta: "en las designaciones de oficio para las tareas de
administrador a nivel directivo o gerencial en las intervenciones
judiciales, se dará preferencia a los licenciados en
administración, sin perjuicio de que sean tomados en
consideración otros antecedentes en relación a
tales designaciones". Y hace referencia exclusivamente a que, en
materia
judicial, este profesional puede desempeñarse como
liquidador en sociedades
comerciales o civiles.

ADMINISTRADOR JUDICIAL

Concepto

Es la persona que el juez designa, de oficio o a pedido
de parte, para que administre un bien o determinado
patrimonio.

Tiene carácter provisional, con facultades de
dirección. Reemplaza la administración común
de personas jurídicas o de otra naturaleza (aún en
empresas
unipersonales).

Supuestos

Se designan en los siguientes casos:

• En un consorcio de propiedad horizontal (por conflictos
  entre los copropietarios o entre éstos y el
  administrador);
• En las sociedades civiles –con desplazamiento
  parcial o total de la administración
  regular-,
• En derecho civil, y dentro del mismo, en el
  derecho sucesorio, resulta frecuente la designación de
  administradores para que se hagan cargo del manejo de los
  bienes hereditarios durante el estado de indivisión y
  hasta el momento en que se cumpla con la partición. El
  administrador así designado se constituye en el
  representante legal de la sucesión y, en tal
  carácter, queda sometido a las reglas del
  mandato.
• En derecho comercial es también
  corriente la designación de administradores. Se designa
  para administrar empresas, sociedades, concursos, sucesiones,
  etc. Debe adecuarse a lo que establecen las leyes que
  autorizan su actuación y a las directivas del Juez de la
  causa. La Ley de Sociedades Comerciales aclara y exige que,
  cuando se designa un administrador judicial, se deberá
  practicar un inventario de
  las existencias sociales de las cuales se hará
  cargo.

Clases

Según los casos, el administrador judicial puede
ser:

• provisorio, o
• definitivo.

Como decíamos, el administrador judicial es
aquél designado con intervención del órgano
judicial. Esto se relaciona con el Art. 1684º del
Código Civil, que ordena que "Habiendo peligro en la
demora, el juez podrá decretar la remoción luego de
comenzado el pleito, nombrando un administrador provisorio o no
socio".

Esta norma aplicable a las sociedades y tomada para las
otras situaciones en que sea menester proteger bienes comunes,
hace surgir la figura del administrador provisorio, como
medida precautoria y complementaria de otras medidas tendientes a
la conservación de los bienes.

Entonces, el administrador provisorio es aquel
que, con fines precautorios o conservatorios, designan los jueces
cuando existe peligro inminente respecto de la seguridad de
bienes comunes.

Respecto de la actuación del administrador
judicial, en cuanto al término de duración de sus
tareas, las mismas deben tender a no prolongarse innecesariamente
y así, se destaca que es importante tener en cuenta esto,
y en cada ocasión que se presenten ante la justicia
aspectos originados en intervenciones sociales, la
vocación de la ley es buscar la mayor brevedad de tales
medidas. Esto surge del espíritu del Art. 115º in
fine de la Ley 19.550, pues, sea por reducción del
término de la medida, o por aceleración del proceso
principal, es deseable en todo caso que la administración
por la justicia tenga rápido desenlace.

Funciones del administrador

En general, la función que cumplen los
interventores administradores, es asumir la administración
de un ente, en reemplazo de los administradores naturales del
mismo, por su desplazamiento judicial.

La Ley de Sociedades Comerciales dice: "El juez
fijará la misión que deberán cumplir y las
atribuciones que les asigne de acuerdo con sus funciones, sin
poder ser mayores que las otorgadas a los administradores por
esta ley o el contrato social. Precisará el término
de la intervención, el que solo puede ser prorrogado
mediante información sumaria de su necesidad".

Casos en que procede la designación
judicial

En la administración judicial de sociedades, el
interventor se designa con el carácter de administrador
judicial cuando fuere indispensable sustituir la
administración de la sociedad o asociación
intervenida, por divergencias entre socios derivadas de una
administración irregular o de otras circunstancias que, a
criterio del juez, hicieren procedente la medida. En estos casos,
el administrador judicial es el representante de la sociedad
misma, y no así de los socios.

Si bien reemplaza a las autoridades de la sociedad o
asociación intervenida, el administrador judicial no es
mandatario o representante de ésta, sino un auxiliar
externo del juez, a quien efectivamente representa y a cuyas
instrucciones y vigilancia se halla sometido.

La administración judicial se trata del supuesto
en que es indispensable sustituir la administración de la
sociedad o asociación intervenida, y media demanda por
remoción del o de los socios administradores. Puede
designarse al interventor con calidad de administrador judicial,
con la finalidad de regularizar la marcha del ente y asumir su
representación, si correspondiera. En este supuesto, se
produce el desplazamiento del directorio o del órgano de
administración, según la sociedad de que se
trate.

Entonces, corresponde la designación de uno o
más administradores judiciales provisionales, removiendo
temporalmente el juez a los administradores societarios. Se trata
de una interdicción judicial a la marcha de la sociedad y
al funcionamiento de los órganos propios de su gobierno
que son provisionalmente suspendidos y reemplazados por un
representante del tribunal que actúa en interés de
la sociedad y en beneficio de los socios.

Esta es la medida más grave que puede adoptar un
tribunal en materia de intervención de sociedades, por lo
cual debe ser por demás cautelosa la designación y
se debe extremar el cuidado respecto del cumplimiento de los
requisitos establecidos por las normas; por
ejemplo, procedencia de la medida, requisitos y prueba para su
promoción y criterio restrictivo en su
aplicación.

Designación y puesta en el
cargo

La designación que será efectuada por el
juez competente, será comunicada por cédula,
recaerá en una persona que posea los conocimientos
necesarios para desempeñarse atendiendo a la naturaleza de
los bienes o actividades en que intervendrá, debe ser una
persona especializada en el ramo o con título
universitario de Ciencias
Económicas.

Existe la prohibición legal establecida en el
sentido que la designación recaiga en una persona que,
como empleado o administrador, forme parte de la sociedad o
asociación intervenida.

El administrador deberá presentar escrito
solicitando que se lo ponga formalmente en el cargo por medio de
quién corresponda.

Una vez que ese auxiliar está en el cargo, se
firmarán las constancias y el oficial de justicia la
hará llegar al juzgado para que se agregue al
expediente.

El acta de toma de posesión la deberá
firmar el oficial de justicia y el administrador designado. Si el
representante de la firma intervenida se negare a hacerlo, se
dejará constancia, aunque este hecho no invalida ese
acto.

Misión y atribuciones

Solamente el Tribunal es el que ordenará las
tareas a realizar y las atribuciones de las cuales podrá
disponer, con la limitación que dichas atribuciones no
serán superiores a las que concede a los administradores
la Ley de Sociedades Comerciales, ni superiores a las que vienen
previstas en el contrato social.

Podrá el administrador asumir la
representación del comercio o
empresa, con respecto a terceros, o de otras actuaciones por
designar; pero esto representa una franja mas amplia, nos
referimos a que el Administrador podrá o no intervenir en
la comercialización. Se lo autoriza o no a
disponer de los bienes, y, en general, le pueden otorgar amplio
poder de decisión o restringírselo.

Es importante resaltar los siguientes deberes y
obligaciones del interventor administrador:

1.- El objetivo
básico es proteger los derechos del socio y de la
sociedad.

2.- Las facultades y atribuciones son señaladas
por el juez que decreta la medida.

3.- El administrador debe rendir cuentas de su
gestión.

4.- Está obligado a producir informes
periódicos referentes a su cometido.

5.- Debe requerir autorización para todo aquello
que excede el curso normal de su misión.

6.- Está obligado a cumplir horario
íntegro en el horario que funcione la
empresa.

El término de duración de la
administración será precisamente determinado por el
juez y solamente será prorrogado argumentando la necesidad
de hacerlo, mediante una información sumaria.

Retribución de sus funciones

El administrador solo percibirá los honorarios a
que tuviere derecho, una vez aprobado judicialmente el informe final de
su gestión. Si su gestión debiera prolongarse
durante un plazo que a criterio del juez justificara el pago de
anticipos, previo traslado a las partes, se fijarán estos
en adecuada proporción al importe total de los honorarios.
Para la regulación del honorario definitivo se
atenderá la naturaleza y modalidades de la
intervención, el monto de las utilidades realizadas, a la
importancia y eficacia de su gestión, a la responsabilidad
en ella comprometida, al lapso de la actuación y a las
demás circunstancias del caso.

Carece de derecho a percibir honorarios el administrador
judicial removido del cargo por ejercicio abusivo; si la
remoción se debiere a negligencia, aquel derecho a
honorarios o la proporción que corresponda será
determinada por el juez.

El pacto de honorarios celebrado por el administrador
judicial, será nulo e importará ejercicio abusivo
del cargo.

COADMINISTRADOR

En la Ley 24.522 "Ley de Concursos y Quiebras", se
aborda el tratamiento de la figura de la
coadministración, tanto en el concurso preventivo
como en la quiebra con
continuación de la explotación; analizando la
delimitación de funciones entre el síndico
concursal y el coadministrador, la extensión temporal de
sus funciones, tareas fundamentales de su gestión y la
armonización de normas relacionadas con la
retribución y las funciones desarrolladas.

Como premisa básica, cabe observar que el
coadministrador no desplaza a la administración sino que
concurre con ésta.

Es una subespecie de la administración conjunta,
donde la administración de los negocios sociales y el
coadministrador judicial actúan conjuntamente. Este
último viene, por tanto, asistiendo a las partes en el
negocio intervenido, por lo cual, sin su presencia, nada puede
hacerse. Debe procurar la coordinación de los intereses en
pugna, aunque sin facultades absolutas de dirección o de
gobierno, y sin posibilidad de que sustituya la voluntad de los
administradores ni hacerse cargo de los bienes del patrimonio
social.

El Art. 17º de la Ley 24.522 en la parte "De los
concursos", aplica una limitación a las facultades que
posee el concursado en cuanto a su actuación como
administrador de su patrimonio, enunciando que, de acuerdo con
las circunstancias del caso, el juez puede designar un
coadministrador, un veedor o un interventor controlador, con las
facultades que él disponga. Aunque en este caso, el deudor
conserve en forma exclusiva la legitimación para obrar, en los actos del
juicio que correspondan al concursado.

A su vez, el Art. 259º de dicha ley, nos dice que
la designación del coadministrador debe recaer en personas
especializadas en el ramo respectivo o graduados universitarios
en administración de empresas.

Las tareas fundamentales de su gestión
apuntarán básicamente a:

1. Realizar aquellos actos que el contrato social
   autoriza a los gerentes u órgano de
   administración, juntamente con uno cualquiera de
   ellos;
2. Cuidar el cumplimiento estricto de las normas legales
   y cargas fiscales referidas a la explotación del
   establecimiento, siendo solidariamente responsable con los
   administradores naturales por cualquier
   omisión;
3. Preservar los fondos sociales ingresándolos
   íntegramente en cuentas bancarias:
4. Cuidar que la contabilidad de la empresa sea
   debidamente llevada;
5. Evitar disponer de bienes y fondos sociales excepto
   para erogaciones del giro ordinario, quedando el eventual
   remanente a disposición de las asambleas sociales que
   hubiere lugar.

DISOLUCIONES – LIQUIDACIONES EN SOCIEDADES
CIVILES Y COMERCIALES

La liquidación judicial no es un instituto
autónomo en sí mismo, y no es un instituto
autónomo en nuestro derecho, sino que deviene como
consecuencia de una medida cautelar previamente aplicada, ya sea
por una intervención judicial y/o por las mismas causales
que determinan la disolución de una sociedad conforme al
articulo 94º de la LSC; siendo que por alguna causa han
terminado en los estrados judiciales, aplicándose por
analogía lo legislado para el caso de liquidación
que se encuentra normado en los Art. 101º a 112º de la
LSC.

La liquidación es un estado al que se llega por
vía de la disolución o de la nulidad, que produce
los efectos jurídicos.

La disolución de sociedades ha experimentado un
gran cambio dentro de lo normado por el legislador, dado que la
misma viene reglada en la parte General de la Ley 19.550, siendo
aplicable a todo tipo de sociedades
comerciales.

Disolución de la sociedad:
Causas

La sociedad se disuelve:

1. Por decisión de los socios.
2. Por expiración del término por el cual
   se constituyó.
3. Por cumplimiento de la condición a la que se
   subordinó su existencia.
4. Por consecución del objeto para el cual se
   formó, o por la imposibilidad sobreviniente de
   lograrlo.
5. Por pérdida del capital
   social.
6. Por declaración de quiebra.
7. Por su fusión.
8. Por reducción a uno del número de
   socios, siempre que no se incorporen nuevos socios en el
   término de tres meses. (En este lapso el socio
   único será responsable ilimitada y solidariamente
   por las obligaciones sociales contraídas).
9. Por la sanción firme del retiro de la oferta
   pública o de la cotización de sus
   acciones.
10. Por resolución firme de retiro de la
    autorización para funcionar cuando leyes especiales la
    impusieren en razón del objeto.

Sobre estas causales de disolución ha de decirse
que la enumeración NO es taxativa, pues el Art. 89º
dice que los socios pueden prever en el contrato constitutivo
causales de resolución parcial y de disolución no
previstas en la ley. De esta manera quedan abiertas a voluntad de
los contratantes otras causales, siempre que las mismas no sean
contrarias a la Constitución Nacional, ni a las normas
legales que regulan el ejercicio societario.

Cabe aclarar que, dado que existe voluntarismo,
instituido por el legislador, a los efectos de la
constitución y puesta en funcionamiento de la sociedad,
también se sigue la misma línea de conducta para su
disolución. Es decir, el voluntarismo de los socios pueden
llevar a la disolución social.

Por supuesto, esta norma debe complementarse con otros
artículos, que determinen entre otras exigencias las
mayorías necesarias para lograr la
disolución.

La finalización del término para lo cual
se constituyó, es otra causal prevista en el mismo
contrato, pues el mismo debe contener el plazo de
duración.

Asimismo, el término de la ley establece como
otra causal "el cumplimiento de la condición a la que se
subordinó su existencia"; lo que nos lleva a relacionar la
causal descripta con las obligaciones condicionales (Art.
527º Código Civil). Cumplida la condición,
surge la causal prevista por los socios.

También establece la norma legal que la sociedad
queda disuelta "por la consecución del objeto para el cual
se formó, o por la imposibilidad sobreviniente de
lograrlo". Este inciso 4º del Art. 94º en realidad
contempla dos situaciones:

1. el haber dado cumplimiento al fin determinado de su
   constitución (ejemplo: en las sociedades para la
   construcción de un camino determinado,
   puente, represa, etc.) Al terminar la obra determinante de la
   constitución social, queda cumplido el objeto y
   naturalmente procede la disolución.
2. La otra situación que contempla este inciso es
   que no se puede dar cumplimiento al objeto para la cual fue
   creada (falta de fondos suficientes o en caso de obra
   pública, el desistimiento del Estado a llevarla a cabo,
   etc.).

Es causal de disolución la pérdida total
del patrimonio neto, contablemente llamado el Capital Social.
Dicho capital, para provocar disolución, debe haberse
agotado totalmente pues sabemos que los Art. 205º y
206º de la Ley 19.550 -en propósito de
conservación de la empresa- autoriza a que se llame a
Asamblea Extraordinaria para decidir la reducción del
capital en razón de pérdidas sufridas, y establece
un sistema de
reducción obligatoria cuando las pérdidas insumen
las reservas (generalmente utilidades no distribuidas, ordinarias
o eventuales) y además el 50% del capital.

También es causal la declaración judicial
de quiebra –situación en que se encuentra la empresa
que "exteriorice que se encuentra imposibilitada de cumplir
regularmente sus obligaciones, cualquiera sea el carácter
de ellas y las causas que lo generan" (Art. 85º Ley
19551).

En dicha situación, ya se ha llegado al estado de
cesación de pagos el que, unido al hecho de ser sujeto
comprendido en el Art. 2º de la Ley de Quiebras-, dan por
cumplidos los requisitos sustanciales para el decreto de
quiebra con todos sus efectos (desapoderamiento de bienes,
intervención del síndico, separación de
administración, etc.).

En estas condiciones, resulta superfluo señalar
que la sociedad se encuentra en disolución. La
disolución por esta causal quedará sin efecto si se
lograse un avenimiento o un concordato resolutorio.

El inciso 7º del Art. 94º de la Ley 19.550,
determina otra causal que es la fusión de la sociedad, es
decir cuando dos o más sociedades se disuelven sin
liquidarse para constituir una nueva; o cuando una ya existente
incorpora otra u otras que sin liquidarse, son
disueltas.

Es propio y natural de la sociedad mercantil la
pluralidad de socios. Por ello que la ley considera disuelta la
sociedad si se ha quedado con un solo socio; pero admite su
continuación si se incorporaren nuevos integrantes en el
término de tres meses.

Si la sociedad hace oferta pública de valores o
cotiza sus acciones en la Bolsa de Comercio, la sanción
que ha quedado firme de cancelación de oferta
pública o de la cotización de sus acciones,
también lleva a la disolución social.

Esta causal no es inconmovible, pues puede quedar sin
efecto por resolución de asamblea extraordinaria reunida
dentro de los sesenta días (contados desde la fecha de
notificación de la resolución de la Comisión
de Valores o de la Bolsa de Comercio, en su caso).

Finalmente, y conforme al decreto 841/84 del 30/03/84,
se ha agregado un inciso más al Art. 94º que
establece, como causa de disolución, cuando se produce la
resolución firme de retiro de autorización para
funcionar cuando leyes especiales la impusiesen en razón
del objeto. Deja librado a ese ser accidental y de
relación en que el Estado consiste, la decisión de
dejar de funcionar cuando el objeto sea contrario a la voluntad
de la ley o leyes futuras.

LIQUIDADOR
JUDICIAL

Las empresas, como cualquier criatura humana, sufren a
lo largo de su vida distintas contingencias. En efecto, tienen un
período de gestación, cuando los futuros socios
diseñan sus objetivos
mediatos y programan su probable accionar, luego nacen con el
contrato social, actos constitutivo, estatuto, etc. Crecen y se
desarrollan, sufren enfermedades mas o menos
graves (intervenciones judiciales, concursos preventivos, etc.).
También se casan (fusiones) y se
divorcian (escisiones) hasta que finalmente siguiendo en el ciclo
fatal mueren (disolución y liquidación).

Actualmente, no existe como instituto autónomo en
nuestro derecho positivo,
sino que es consecuencia de una medida cautelar previa aplicada a
la sociedad y en otros supuestos especiales. Deviene como
consecuencia de un proceso previo de intervención judicial
y/o por las mismas causales que determinan la disolución
de una sociedad conforme al Art. 94º de la LSC siendo que
por alguna causa han terminado en los estrados
judiciales.

La Ley 19.550 ha establecido (sección XII –
de la Liquidación (Art. 101º al 112º)) los
mecanismos, obligaciones, facultades, etc. a las que deben
someterse las liquidaciones de sociedades comerciales que
enfrenten tal circunstancia.

Recordemos, que la misma Ley es la que se aplica en caso
de sociedades civiles, por cuanto el Código Civil, al
tratar de la liquidación de este tipo de sociedades, se
remite a las disposiciones del Código de
Comercio sobre la materia (Art. 1777º /
1778º).

La liquidación de la sociedad constituye una
etapa cuyo presupuesto es el
de la disolución, y tiene por objeto fundamental la
efectiva realización del activo, cancelación del
pasivo y distribución del remanente a socios o
accionistas, todo ello, con la debida regulación de
procedimientos
jurídicos-contables relacionados con socios o accionistas
y terceros.

Aunque podemos afirmar que la sociedad ya disuelta no se
ha extinguido totalmente, pues alguna actividad social
seguirá funcionando a los efectos de su
liquidación.

En esta etapa, toda actividad debe encaminarse
exclusivamente a su liquidación, pues ya ha quedado
restringido el objeto social, ha caducado el órgano de
administración –que es reemplazado por el de
liquidación- y además el nombre de la sociedad
deberá llevar el aditamento de estar "en estado de
liquidación".

Así se ha dicho en la jurisprudencia
que la sociedad disuelta no se extingue, sino que propiamente se
disuelve o rescinde "ex-nunc" cesando solo de estar en actividad,
pues no pierde su personalidad y
sirve para la liquidación sin convertirse en mera comunidad. El
Art. 101º de la Ley 19.550 expresa que la sociedad en
liquidación conserva su personalidad a ese efecto, y se
rige por las normas correspondientes a su tipo en cuanto sean
compatibles. La sociedad subsiste como sujeto e derecho, pero
subordinada a los fines liquidatorios y de allí es que no
pueden emprenderse nuevos negocios.

La sociedad debe pasar de una actividad de producción de bienes o servicios a
una tendiente a extinguir el patrimonio social, esto es a la
realización de todas las operaciones que sean necesarias
para finiquitar las operaciones en curso, reducir a
metálico los bienes sociales y a dividir el remanente
entre los socios.

Casos en que procede la
designación

La medida en el ámbito judicial la pueden
solicitar los mismos socios o algún ente de contralor,
como es el caso de la Inspección General de
Justicia.

El Art. 102º de la Ley 19.550 establece que la
liquidación de la sociedad está siempre a cargo del
órgano de administración, salvo casos especiales o
estipulación en contrario. Esto significa que se inserta
el caso judicial, en tanto y en cuanto el órgano de
administración haya sido desplazado.

Si nos encontráramos en el contrato social con
cláusulas en contrario o con que la administración
ha quedado acéfala, el o los liquidadores deberán
serán nombrados por la mayoría de los votos de los
socios dentro de los treinta (30) días de haber entrado la
sociedad en estado de liquidación. No designados los
liquidadores o si estos no desempeñaren el cargo,
cualquier socio puede solicitar al juez el nombramiento omitido o
nueva elección.

También cabe la intervención del juez en
el supuesto de remoción de liquidador, según el
mismo Art. 102º de la Ley 19.550 que establece que los
liquidadores puedan ser removidos por la misma mayoría
exigida para nombrarlo. Cualquier socio o el síndico en su
caso, puede demandar la remoción judicial por justa
causa.

Normalmente, la asamblea que resuelve la
disolución anticipada de la sociedad es la que designa el
o los liquidadores.

Cuando la disolución se produce por causales no
voluntarias, corresponde convocar a la asamblea a efectos de
designar liquidador o comisión liquidadora. Esa
convocatoria deberá efectuarse dentro de los treinta
días de haber entrado la sociedad en liquidación,
para adecuarse a lo prescripto por el Art. 102º.

De la norma de este artículo surge que el
nombramiento debe inscribirse en el Registro Público de
Comercio.

Resumiendo, hay un solo supuesto en que el juez debe
proceder a la designación o decidir una nueva
elección de liquidadores conforme lo previsto en el Art.
102º de la Ley 19.550. En los demás, el juez
deberá decidir los conflictos específicos que se le
presenten y en cierto caso verse exigido a designar algún
tipo de intervención judicial.

También, el Instituto Nacional de Acción
Mutual (actualmente Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía
Social -INAES-) puede disponer la liquidación de
sociedades o asociaciones -mutuales- que son supervisadas por
dicha repartición, en el ejercicio de lo establecido en
las Leyes 19.331 y 21.321. La resolución que ordena la
liquidación dispone que la misma sea tramitada ante la
sede judicial correspondiente (en este caso, el fuero
civil).

Finalmente, Los Art. 48º y 49º de la Ley
21.526 "Ley de Entidades Financieras", prevén la
designación de un liquidador judicial, en el caso de
liquidación de entidades financieras, el cual
deberá ser designado por el juez competente, conforme a lo
dispuesto por la Ley de Concursos y Quiebras para los
síndicos. En el supuesto de que se declarare la quiebra de
la entidad, el liquidador designado continuará
desempeñándose como síndico. También,
asigna al liquidador la potestad de solicitar orden de
allanamiento y el auxilio de la fuerza
pública para asegurar el cumplimiento de la
decisión del juez. Por último, establece que los
honorarios del liquidador se fijarán también en
función de la efectiva tarea realizada, con absoluta
independencia de la cuantía de los activos, pasivos
y/o patrimonio de la entidad.

Remoción

La tercera parte del Art. 102º de la LSC nos habla
de la remoción y dice que: "Los liquidadores pueden ser
removidos por las mismas mayorías requeridas para
designarlos. Cualquier socio o el síndico en su caso,
puede demandar la remoción judicial por justa
causa".

Según esta tercera parte del artículo las
causas de la remoción pueden venir motivadas por justa
causa o sin expresión de causa.

En efecto:

1. Los liquidadores pueden ser removidos por las mismas
   mayorías requeridas para designarlos; no hay
   necesidad de expresar la causa.
2. Cualquier socio o el síndico en su caso, puede
   demandar la remoción judicial por justa
   causa. Para proceder judicialmente a la remoción
   invocando justa causa, se deberá estar al cumplimiento
   de lo dispuesto en la sección XIII. Por ejemplo, no
   confeccionar dentro de los treinta días de asumido el
   cargo, un inventario y balance del patrimonio social, entre
   otras obligaciones que tienen los administradores (Art.
   108º LSC). Además, por el incumplimiento de las
   instrucciones dadas por los socios, que pueden incurrir en
   responsabilidad por los daños y perjuicios causados por
   dicho incumplimiento.

La remoción lleva insita la pérdida del
derecho a toda remuneración y, además, a responder
por todo daño o
perjuicio causado a la sociedad.

Auto de liquidación

El auto del juez que ordena la liquidación
dispone:

1. la designación de liquidador (los
   títulos de contador público y licenciado en
   administración son los idóneos para las
   funciones – Art. 13º inc. b) punto 3 y Art.
   14º inc. b) punto 1, de la Ley 20.488);
2. la fijación de la fecha límite para
   que los acreedores presenten sus títulos de
   crédito al liquidador para la verificación
   pertinente;
3. la publicación de la resolución por
   cinco días en el Boletín Oficial y en un diario
   del lugar;
4. la intimación a las autoridades anteriores o
   al interventor, en su caso designado por el Instituto
   Nacional de Acción Mutual, para que entregue al
   liquidador judicial los libros,
   papeles y bienes que obraren en su poder;
5. las medidas cautelares pertinentes (embargos,
   inhibiciones, etc.);
6. la decisión de que los juicios que hubiere
   en contra de la asociación se remitan al juzgado de la
   liquidación para la continuación de los
   trámites, salvo las ejecuciones de garantía
   hipotecaria o prendaria y los procesos
   de expropiación, los que no son atraídos por la
   liquidación.

Facultades – Obligaciones –
Características de su desempeño

Las obligaciones y responsabilidades de los liquidadores
se rigen por las disposiciones establecidas para los
administradores, en todo lo que no esté dispuesto para el
liquidador (Art. 108º de la LSC).

El o los liquidadores cualquiera sea la forma de su
designación, goza de facultades y está sometido a
las obligaciones que la misma ley le atribuye, y que se resumen a
continuación:

1. Facultades: el Art. 105º de la Ley 19.550
   establece que los liquidadores ejercen la representación
   de la sociedad y están facultados para celebrar todos
   los actos necesarios para la realización del activo y
   cancelación del pasivo, debiendo actuar con el
   aditamento "en liquidación" al utilizar el nombre de la
   sociedad. Cumple con todas las tareas inherentes al objeto para
   el que fue designado: recibir los bienes, papeles y valores;
   verificar los créditos y agregar el informe individual
   sobre los mismos (Art. 35º Ley 19.551); presentar un
   informe según el Art. 40º de dicha Ley. Este
   informe contiene, entre otros, los siguientes
   puntos:

1. análisis de las causas del desequilibrio
   económico del deudor;
2. la composición del activo y del
   pasivo;
3. enumeración de los rubros de contabilidad con
   dictamen sobre regularidad y deficiencias;
4. referencias sobre inscripciones del deudor en los
   registros
   correspondientes;
5. época en que se produjo la cesación de
   pagos…;
6. calificación de la conducta del
   deudor;
7. en caso de sociedades, si los socios realizaron los
   aportes y si se les puede imputar responsabilidad;
8. enumeración concreta de los actos que se
   consideren susceptibles de ser renovados);

peticionar la subasta de bienes; proceder –con
autorización del juzgado– al pago de los
acreedores, previa presentación del proyecto de
distribución; proseguir el trámite inherente a la
subasta de bienes ya realizada, y las demás gestiones
hasta concluir su labor.

La normativa establece que se hallan sujetos a las
instrucciones de los socios, pero al igual que durante la
existencia plena de la sociedad, los socios no pueden actuar
frente a terceros, pues quienes deben actuar son los
órganos pertinentes (en un caso será el
administrador y representante, y en el otro el
liquidador).

El Art. 106º habla de las contribuciones debidas
y nos dice que cuando los fondos sociales fueran insuficientes
para satisfacer las deudas, los liquidadores están
obligados a exigir de los socios las contribuciones debidas, de
acuerdo con el tipo de la sociedad o del contrato
constitutivo.

2. Obligaciones:

1. Inventario y balance inicial: dentro de los
   treinta (30) días de asumido el cargo, el liquidador
   debe confeccionar inventario y balance del patrimonio social
   (Art. 103º de la LSC) el que deberá ser puesto a
   disposición de los socios, quienes podrán
   extender este plazo hasta los 120 días corridos. La
   responsabilidad cuando se practique por una comisión
   liquidadora será solidaria e ilimitada. El
   incumplimiento de la presente obligación abre la
   posibilidad de la remoción, haciéndole perder
   al liquidador el derecho a remuneración, así
   como lo hace pasible de la responsabilidad emergente por
   daños y perjuicios que se pudieren
   generar.
2. Información sobre el estado de
   liquidación: el Art. 104º de la LSC establece
   esta obligación como medio de informar a los socios y
   eventualmente al juez por lo menos trimestralmente sobre el
   estado de la liquidación, entendiéndose que en
   forma de balance, sin perjuicio del informe literal. En las
   sociedades de responsabilidad limitada cuyo capital alcance
   el importe fijado por el Art. 299º, inc. 2, y en las
   sociedades por acciones, el informe se suministrará a
   la sindicatura.
3. Balance anual: si el proceso de
   liquidación se prolongara en el tiempo (más de
   1 año), los liquidadores deberán presentar
   balances anuales.
4. Aditamento de la sigla en
   liquidación: a la razón social
   deberá añadírsele la expresión
   "en liquidación" para exteriorizar la situación
   en que se encuentra. La violación a esta norma
   hará a los liquidadores solidaria e ilimitadamente
   responsable por los daños y perjuicios que
   ocasionaren.
5. Obedecer las instrucciones de los socios:
   actuarán conforme a las instrucciones de los socios
   impartidas según el tipo de sociedad. Su
   incumplimiento los hará responsables por los
   daños y perjuicios.
6. Reclamo de contribuciones debidas: conforme
   al tipo de sociedad o del contenido del contrato social y
   cuando los fondos sociales resultaren insuficientes para el
   pago de las deudas, los liquidadores están obligados a
   exigir a los socios las contribuciones debidas.
7. Partición y distribución
   parcial: si la totalidad del pasivo social estuviere
   garantizado suficientemente, se podrá hacer la
   partición parcial. Esta exigencia es sustancial dado
   que estando debidamente asegurado el pago de las deudas, se
   podrá hacer distribuciones parciales.
   0. Reembolso de las partes de capital a los socios
      y/o accionistas.
   1. El activo remanente se distribuirá en
      proporción a la participación de cada socio
      en las ganancias.
8. Balance final y proyecto de
   distribución: en el supuesto de la
   realización total de los servicios y que estos
   permitieran cancelar la totalidad de las deudas del ente
   liquidado, los liquidadores tienen la carga procesal de
   confeccionar el balance final, al que habrán de
   acompañar el proyecto de distribución, debiendo
   ceñir su tarea a:

Hasta aquí se suponía que los balances
arrojan un remanente positivo, pero de no ser así, los
liquidadores deberán prepararlo igualmente. En ambos
casos, este balance deberá ser certificado por Contador
Público matriculado en la jurisdicción
correspondiente al domicilio social.

Asimismo, el Art. 110º establece que una vez
confeccionados el balance final y el proyecto de
distribución suscripto por los liquidadores,
podrán ser impugnados en el término de quince
(15) días. En este caso, la acción judicial
correspondiente se promoverá en el término de los
sesenta (60) días siguientes. Se acumularán todas
las impugnaciones en una causa única.

Aprobados que fueren el balance final y el proyecto de
distribución, deberán ser agregados al legajo de
la sociedad en el Registro Público de Comercio,
procediéndose a su ejecución. Los importes no
reclamados dentro de los noventa (90) días de la
presentación de la documentación señalada, en el
Registro Público de Comercio, deberán ser
depositados en un banco oficial a
disposición de sus titulares.

Asimismo, si transcurrieran tres (3) años sin
ser reclamados, se atribuirán a la autoridad escolar de
la jurisdicción respectiva (Art. 111º
LSC).

Una vez finalizada la liquidación de la
sociedad, se deberá cancelar la inscripción del
contrato social en el Registro Público de
Comercio.

Finalmente, la LSC dispone que, en defecto de acuerdo
de los socios, el juez de registro decidirá quien
conservará los libros y demás documentos
sociales. Entendemos que, para el caso de la liquidación
judicial, dichos elementos deberían ser mantenidos en
poder del funcionario judicial, sin perjuicio de que la
resolución final que dicta al respecto el magistrado
podrá disponer un destino diferente.

Honorarios

La ley 24.432 de Honorarios Profesionales, en su Art.
13º establece: "Los jueces deberán regular honorarios
a los profesionales, peritos, síndicos, liquidadores y
demás auxiliares de la justicia, por la labor desarrollada
en procesos judiciales o arbitrales, sin atender a los montos o a
los porcentuales mínimos establecidos en los
regímenes arancelarios nacionales o locales que rijan su
actividad, cuando la naturaleza, alcance, tiempo, calidad o
resultado de la tarea realizada o el valor de los bienes que se
consideren, indicaren razonablemente que la aplicación
estricta lisa y llana de esos aranceles
ocasionaría una evidente e injustificada
desproporción entre la importancia del trabajo
efectivamente cumplido y la retribución que en virtud de
aquellas normas arancelarias habría de
corresponder."

El juez fija los honorarios del liquidador -y, en su
caso, los de su letrado patrocinante- al aprobar el estado de
distribución (provisional y/o complementaria), al
finalizar la realización de los bienes o al concluir el
procedimiento. Se aplica, por analogía, lo que establece
la Ley de Concursos y Quiebras: "…los honorarios son
regulados sobre el monto del activo prudencialmente estimado por
el juez, en proporción no inferior al 1% ni superior al
4%, teniendo en cuenta los trabajos realizados y el tiempo de
desempeño".

Incumbencias de los profesionales en Ciencias
Económicas en materia de Liquidaciones
Judiciales

Estas competencias se encuentran determinadas por las
Ley 20.488, en lo referido a los licenciados en
administración y contadores públicos. El Art.
14º inc b) En materia judicial, en su inciso 1º) les
asigna incumbencias para "las funciones del liquidador de
sociedades comerciales y civiles…".

La misma ley, Art. 13º inc. B) en materia judicial,
para los contadores públicos, les asigna competencia de
intervenir en: "la producción y firma de dictámenes
relacionados con las siguientes cuestiones:…3) para los estados
de cuentas en las disoluciones y liquidaciones y todas las
cuestiones patrimoniales de sociedades civiles y comerciales y
las rendiciones de cuentas de administración de
bienes…". .5) para dictámenes e informes contables en
las administraciones e intervenciones judiciales."

INTERVENTOR JUDICIAL

En primer lugar, se habrá de tener en cuenta que
existen presupuestos básicos para la aplicación de
este instituto, los cuales deberán ser valorados por el
tribunal como paso previo a la admisibilidad de la
designación propiamente dicha.

La figura de la intervención judicial a cualquier
tipo de sociedad es primordialmente una medida cautelar que
resulta como accesorio, muchas veces planteado como incidente,
dentro del marco de una acción principal que persigue la
remoción del órgano de administración de la
sociedad, la que deberá sustanciarse dentro de un juicio
sumario.

El hecho de encuadrarse dentro en este tipo de
procedimiento no atenta contra la seguridad jurídica del
derecho ejercido, sino que apunta a la búsqueda de
algún tipo de solución al conflicto
planteado en el lapso más breve posible, tratando de
beneficiar al sujeto pasivo de esta acción, el cual es la
sociedad misma.

Los presupuestos básicos, para la procedencia de
la medida cautelar en análisis, son los siguientes:

1. Calidad de socio del solicitante.
2. Acción de remoción del
   administrador.
3. Agotamiento de los recursos
   estatutarios.
4. Acreditación del peligro y del riesgo en la
   demora, perjuicio inminente y que sea de naturaleza tal que
   afecte la integridad del patrimonio.
5. Prueba preferentemente documental; no sirve la
   meramente testimonial.

Asimismo, debe existir lo que se denomina
"contracautela", es decir, la que a modo de fianza pretende
asegurar el resarcimiento de eventuales daños irrogados al
sujeto pasivo para el caso de que se rechazase (por la sentencia
definitiva) la acción de remoción, resultando por
tanto infundada la pretensión; o sea, en principio,
debiera tener concordancia con eventuales gastos, honorarios del
interventor, letrados intervinientes y demás costas del
proceso.

Finalmente, y atento a que estamos ante una medida
cautelar, ésta durará el tiempo que persista el
fundamento generativo de la misma, y deberá ser
establecida por el juez competente.

La intervención judicial no sólo se
patentizó en sociedades civiles, sino también en
consorcios de propiedad horizontal, sucesiones,
etcétera.

Con la Ley de Sociedades Comerciales, los diversos
grados de intervención judicial tiene sustento en lo
establecido en los Art. 113º a 117º de dicha Ley. Por
su carácter excepcional, los jueces deben efectuar la
designación de interventor y/o administrador con la mayor
prudencia para evitar en lo posible, cualquier daño que
pueda ocasionarse.

El que solicita la intervención judicial
deberá cumplir con el requisito de probar su
condición de socio, la existencia del peligro y su
gravedad, que quedaron agotados todos los otros remedios
previstos en el contrato de la sociedad y, finalmente, que se
accionó con la pretensión de la remoción del
o los administradores (Art. 113º y 114º
LSC).

Toda intervención deberá ser considerada
por el juez con criterio restrictivo, pues, no debe
alterarse el desenvolvimiento societario con personas
extrañas, por cuestiones que puedan solucionarse en el
marco del contrato, y de la Ley de Sociedades.

Contracautela

La contracautela constituye un requisito generalmente
exigido por los códigos o leyes procesales para la
procedencia de medidas cautelares. Actúa como medio para
asegurar preventivamente el eventual crédito de
resarcimiento de aquellos daños que podrían
resultar de la ejecución de la medida provisional, si en
el proceso definitivo se revela como infundada. De allí
que se pueda hablar con propiedad de una condición
impuesta por el juez para conseguir la providencia
cautelar.

La contracautela está prevista en el CPCCN en su
Art. 199º, que dice: "La medida precautoria sólo
podrá decretarse bajo la responsabilidad de la parte que
la solicitare, quien deberá dar caución por todas
las costas y daños y perjuicios que pudiere
ocasionar…".

Continúa diciendo el Art. 200º: "No se
exigirá caución si quien obtuvo la
medida:

1. Fuere la Nación, una provincia, una de sus
   reparticiones, una municipalidad o persona que justifique ser
   reconocidamente abonada.
2. Actuare con beneficio de litigar sin
   gastos".

La garantía que implica la contracautela no es
condición para la procedencia en si de la medida cautelar,
sino que se impone para su ejecución y tiende a asegurar
los eventuales derechos del afectado.

El que peticiona la intervención deberá
prestar la contracautela que fije el juez y, la misma, no es sino
una caución por todos los daños y perjuicios que
pudiere ocasionar con motivo de la intervención, como
así también por todas las costas que se
impongan.

Apelación

La resolución judicial que imponga la medida de
intervenir a la sociedad solamente será apelable al solo
efecto devolutivo, es decir, se devuelve la jurisdicción a
la alzada pero no se suspende la intervención hasta que lo
resuelva la Cámara.

Naturaleza jurídica de la
intervención

En primer término, en cuanto a la naturaleza
jurídica de la intervención, reiteramos el concepto
esencial de medida cautelar que es en sí misma. Este
instituto será de aplicación en la medida en que se
configuren en la especie los presupuestos básicos que se
explicitaron en el comienzo.

De la naturaleza del instituto de la intervención
y de sus fines se desprenden varios aspectos que es importante
resaltar:

1. El objetivo básico es proteger los derechos
   del socio y de la sociedad.
2. Las facultades y atribuciones del interventor son las
   señaladas por el juez que decreta la medida.
3. El interventor debe rendir cuentas de su
   gestión.
4. Está obligado a producir informes
   periódicos referentes a su cometido.
5. Debe requerir autorización para todo aquello
   que excede el curso normal de su misión.

Se considera que la intervención judicial es
medida grave y procedente, si no se cuenta con otra medida
eficaz. Tal procedencia es apreciada con carácter
restrictivo (Art. 225º inc. 1); deben darse los presupuestos
de verosimilitud del derecho y peligro en la demora; el juzgado
puede exigir la prestación de una
contracautela.

La intervención se decreta sin
participación de la otra parte. El pedido de levantamiento
de la medida o cese del interventor tramitará por
incidente, y el juez resolverá en decisión
fundada.

Casos en que procede la designación
judicial

Al ser la intervención judicial una medida de
prudencia, circunspección o cautela, la misma se traduce
en una resolución judicial a través de la cual se
designa a otra persona denominada Interventor, con cargas
procesales de ejercer funciones de afianzamiento de una cautela
independiente, o integradora de cualquier otra.

Según el Art. 113º de la Ley de Sociedades
Comerciales, se designa un interventor cuando el o los
administradores de la sociedad realicen actos o incurran en
omisiones que la pongan en peligro grave, entonces
procederá la intervención judicial. El requisito es
que el peticionante acredite su condición de socio, la
existencia del peligro y su gravedad, según el Art. 114 de
la misma ley.

A falta de alguna otra medida precautoria eficiente, se
podrá ordenar la intervención judicial en los
siguientes casos que prescribe el CPCCN:

1. A pedido del acreedor, si hubiese de recaer sobre
   bienes productores de rentas o frutos.
2. A pedido de un socio, respecto de una sociedad o
   asociación, cuando los actos u omisiones de quienes la
   representen le pudieren ocasionar grave perjuicio o pusieren
   en peligro el normal desarrollo
   de las actividades de aquéllas.

A su vez, el Art. 85º de la Ley 24.522 "Ley de
Concursos y Quiebras", establece que: "en cualquier estado de los
trámites anteriores a la declaración de quiebra, a
pedido y bajo la responsabilidad del acreedor, el juez puede
decretar medidas precautorias de protección de la
integridad del patrimonio del deudor, cuando considere acreditado
prima facie lo invocado por el acreedor y se demuestre peligro en
la demora. Las medidas pueden consistir en la inhibición
general de bienes del deudor, intervención controlada
de sus negocios, u otra adecuada a los fines
perseguidos".

Por otra parte, la Ley 21.526 "Ley de Entidades
Financieras", en su Art. 35º bis, prevé la figura del
interventor judicial, cuando invoca que a solicitud de las
autoridades del Banco Central de la República Argentina,
pueden solicitar al juez de comercio la designación de un
interventor judicial –con o sin desplazamiento de las
autoridades estatutarias de administración- cuando
resultara necesario. El juez deberá designar como
interventor a la persona que proponga el Banco Central de la
República Argentina, y dispondrá la
intervención con las facultades que aquél le
solicite, que no podrán exceder las que corresponden a los
órganos de administración o gobierno, según
corresponda.

Condiciones para ser interventor

Con respecto a este punto cabe poner de manifiesto que
la ley no establece pautas específicas y que aquí
cabe recoger las diferentes posiciones doctrinarias.

En virtud de ello digamos que la doctrina, en general,
discrepa respecto de la persona en la cual puede recaer el
carácter de interventor. Se han recogido opiniones
encontradas respecto de si el interventor debe ser uno de los
socios o una persona extraña a la sociedad. La prudencia
en estos casos aconseja optar – y por esa alternativa se
inclina la mayoría – por un extraño no socio;
igual criterio adopta el Código de Procedimientos Civil y
Comercial de la Nación.

Con respecto a las aptitudes profesionales del sujeto
(aquí la ley tampoco dice nada) el nombramiento
podría recaer en un graduado universitario con
título de abogado, o para aquellos casos en los cuales el
control está relacionado con aspectos contables y
económicos resulta adecuado el nombramiento de un contador
público o un licenciado en
administración.

Y entrando en lo establecido en otros ordenamientos
legales podemos mencionar lo que establece la nueva ley de
concursos y quiebras en su Art. 259º, cuando habla de que
los coadministradores que habrán de actuar en la
continuación de la explotación de una empresa
fallida tienen que ser personas especializadas en el ramo
respectivo o graduados universitarios en administración de
empresas.

Finalmente y ante el silencio observado por la Ley de
Sociedades Comerciales, cabe recurrir a lo que establece el
Código de Procedimientos Civil y Comercial de la
Nación (modificado por la Ley 22.434). En su Art.
225º, inc. 2, brinda una pauta amplia respecto de las
aptitudes de la persona a designar cuando dice: "La
designación recaerá en persona que podrá los
conocimientos necesarios para desempeñarse atendiendo a la
naturaleza de los bienes o actividades en que intervendrá,
será, en su caso, persona ajena a la sociedad o
asociación intervenida."

La intervención en el Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación

Aquí se trata la figura del interventor judicial
desde un punto de vista más amplio, de acuerdo con el
tratamiento que el Código de Procedimientos Civil y
Comercial de la Nación le da al instituto.

Se puede decir que, desde el punto de vista general, se
denomina intervención judicial a la medida cautelar
en cuya virtud una persona designada por el juez, en calidad de
auxiliar externo de éste, interfiere en la actividad
económica de una persona física o jurídica,
sea para asegurar la ejecución forzada o para impedir que
se produzcan alteraciones perjudiciales en el estado de los
bienes.

Entonces, hay varios aspectos esenciales de la
intervención judicial:

1. El carácter innegable de medida
   cautelar.
2. El interventor judicial es un auxiliar del
   juez.
3. La injerencia que – en mayor o menor medida
   – tendrá en la vida de una persona física o
   jurídica.
4. Finalmente, que esta medida se dicta a fin de evitar
   daños mayores.

El tema se halla tratado en el Código de
Procedimientos Civil y Comercial de la Nación en los Art.
222º a 227º.

El primero de los artículos citados se refiere a
que más allá de las medidas cautelares de
intervención judicial contempladas por las leyes
sustanciales (entendiéndose por tales el Art. 1684º
del Código Civil y los Art. 113º a 117º de la
Ley de Sociedades Comerciales), se pueden dictar las medidas
previstas en los artículos subsiguientes.

Tomando en cuenta el orden progresivo de las facultades
y atribuciones con que desempeñarán sus tareas, las
figuras de intervención contenidas en el ordenamiento en
análisis corresponden al interventor recaudador
(Art. 223º), interventor informante (Art. 224º),
interventor ejecutor y veedor.

Interventor recaudador

La designación se halla contemplada por el Art.
223º, que dice: "a pedido del acreedor y a falta de otra
medida cautelar eficaz o como complemento de la dispuesta,
podrá designarse a un interventor recaudador, si aquella
debiere recaer sobre bienes productores de rentas o frutos. Su
función se limitará exclusivamente a la
recaudación de la parte embargada, sin injerencia alguna
en la administración. El juez determinará el monto
de la recaudación, que no podrá exceder del 50% de
las entradas brutas; su importe deberá ser depositado a la
orden del juzgado dentro del plazo que éste
determine."

La designación de un interventor recaudador es,
en general, una medida complementaria de un embargo, y que a su
vez debió haber recaído sobre ingresos que se
perciben en forma sucesiva (tales como honorarios profesionales,
alquileres, etc.). Asimismo, constituye requisito para su
procedencia que el destinatario del embargo no haya cumplido con
la intimación respecto del depósito de las sumas
embargadas.

El incumplimiento injustificado del depósito hace
incurrir al recaudador en responsabilidad penal (en este sentido,
el Art. 249º del Código Penal, señala que
será reprimido con multa e inhabilitación de un mes
a un año el funcionario público que ilegalmente
omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su
oficio).

Por su parte, y en lo que hace a la recaudación
en sí misma, debiendo ella cubrir el capital en reclamo
más intereses y costas, y como el mismo no será
recaudado en una sola vez sino en sucesivas retenciones, el juez
debe establecer el porcentaje que no deberá ser excedido
por el recaudador, a fin de preservar el normal desenvolvimiento
de la explotación.

En rigor, se trataría de un oficial de justicia
ad hoc, y la función se cumple en empresas cuyos ingresos
son diarios o periódicos; por ejemplo, en salas
cinematográficas o teatrales, confiterías, clubes
deportivos, estadios de fútbol, sanatorios particulares,
mercados, etc. La
recaudación se limita a rentas (ingresos de sumas de
dinero) o frutos (cosechas); requiere una resolución
previa que decrete el embargo.

En algunas circunstancias, la designación de
interventor-recaudador concurre con otras medidas cautelares y,
en especial, con la designación de administrador judicial
que, de regla, recae sobre la misma persona.

Interventor informante

Esta figura está reglada por el Art. 224º
del CPCCN, que dice así: "De oficio o a petición de
parte, el juez podrá designar un interventor informante
para que de noticia acerca del estado de los bienes objeto del
juicio o de las operaciones o actividades, con la periodicidad
que se establezca en la providencia que lo designe."

Este tipo de intervención apunta a que el
funcionario designado vigile e informe al tribunal respecto de la
gestión administrativa desarrollada por la persona
intervenida o respecto de aquellos bienes que son objeto de
litigio.

Como se establece en el artículo analizado, la
medida puede ser determinada de oficio o a petición de
parte. Según la interpretación que existe en varios
códigos provinciales, sería una figura similar a la
del "veedor" y estaría en un estadio intermedio
entre el interventor fiscalizador y el administrador
judicial.

Según el Art. 225º del Código
Procesal, quedó establecido que cualesquiera sea la fuente
legal de la intervención judicial, quedará sujeta a
las prescripciones sobre lo regulado en las disposiciones comunes
a toda clase de intervención. Y así, se
establece:

1º) El juez deberá (con criterio
restrictivo), resolver sobre la procedencia de la
intervención. La resolución judicial
deberá contener:

1. los fundamentos de la medida,
2. la decisión expresa, positiva y precisa de
   las cuestiones planteadas, y
3. el pronunciamiento sobre las costas.

2º) La designación deberá recaer en
alguna persona con idoneidad indispensable para
desempeñarse, conforme a la naturaleza de los bienes o
actividad que desarrolla la entidad sujeta a la
intervención; la persona del interventor siempre
deberá ser ajena a la sociedad o asociación
intervenida.

3º) En la misma resolución en que se
designe interventor se determinará el plazo de
duración y la misión a cumplir, el plazo de
duración sólo podrá prorrogarse por
resolución fundada.

4º) El monto de la contracautela se fijará
ponderando los perjuicios que pudiere irrogar, la clase de
intervención y las costas que pudieren
determinarse.

5º) Finalmente se dispone que los gastos
extraordinarios serán autorizados previamente por el
juez salvo cuando hubiere peligro en la demora. En este caso el
interventor deberá informar al Tribunal dentro del
tercer día de realizado el gasto. Si se necesitaran
auxiliares, el nombramiento de los mismos se hará
siempre, con la previa autorización del
juzgado.

Interventor-ejecutor

Desde el simple veedor hasta el
interventor-administrador, existe una gama de funciones no
siempre fácil de definir. La intervención puede
implicar una coadministración; una administración
sin facultades de disposición; una asistencia a la
administración regular con instrucciones de asentir la
realización de determinados actos; ejecución de
actos conservatorios, etcétera.

La Ley de Sociedades Comerciales admite la figura del
coadministrador en el supuesto de que los dos socios gerentes lo
soliciten, recíprocamente, su remoción, pudiendo en
este caso, según la doctrina, designarse un "interventor
ejecutor" con determinadas facultades.

Deberes del interventor

El interventor debe:

1. Desempeñar personalmente el cargo, con arreglo
   a las directivas que le imparta el juez.
2. Presentar informes periódicos que disponga el
   juzgado y uno final, al concluir su cometido.
3. Evitar la adopción
   de medidas que no sean estrictamente necesarias para el
   cumplimiento de su misión o que comprometan su
   imparcialidad respecto de las partes interesadas o puedan
   producirle dañoso menoscabos. El interventor que no
   cumpliere eficazmente su cometido podrá ser removido del
   oficio, si mediare pedido de parte se dará traslado a
   los demás y al interventor.

El interventor es representante del juez y, como tal, su
actuación es indelegable, sin perjuicio de que cuente con
auxiliares, los cuales se encuentran bajo su supervisión.

La presentación de informes periódicos
– por ejemplo, en forma semanal o mensual – y otro al
concluir la gestión implica poner en conocimiento
del juez los resultados de la intervención; de ese modo,
aquél ejerce una forma de control. Por último, el
interventor debe cumplir su cometido con total objetividad e
imparcialidad.

Atribuciones y funciones

Como paso previo al desempeño de la tarea para la
cual ha sido designado, corresponde que el interventor tome
posesión del cargo, cuya diligencia, normalmente, se
realiza a través de un oficial de justicia que
actúa por expreso mandato judicial emanado del tribunal
interviniente.

Cabe poner de manifiesto, en primer término que
la gestión de un interventor judicial es independiente de
las causas que motivaron su nombramiento, debiéndose
abocar al desarrollo de la tarea encomendada dentro del marco de
las atribuciones, facultades legales, disposiciones estatutarias
y de acuerdo con la clase de intervención con la que ha
sido nombrado.

Asimismo, y si bien la tarea del interventor es
indelegable, éste puede solicitar el nombramiento de
auxiliares (profesionales o no) y contratar empleados, pero
descansando sobre un principio básico cual es la
autorización previa del juzgado interviniente (CPCC de la
Nación, Art. 225º, in fine) a lo que se agrega:
siempre que, objetivamente, las circunstancias, calidad y
cantidad de la tarea así prudencialmente lo
aconsejaren.

Finalmente en lo que hace a la duración en el
cargo, deberá emanar de la resolución de
designación y sólo se podrá prorrogar por
auto fundado.

Remoción

La ineficacia en el cumplimiento de su cometido es
causal de remoción por parte del juez. Asimismo, puede, a
pedido de parte, pedirse la remoción. En estos casos se
dará traslado a la otra parte y al interventor.

La resolución del juez, en cualquier caso, es
apelable.

Honorarios

Existe un requisito previo inmediato a la
regulación de los honorarios al interventor judicial y es
la aprobación de la rendición de cuentas que
efectúe el mismo. Pero cuando su cometido se extienda en
el tiempo, el juez podrá fijar sumas provisionales a ser
percibidas como anticipos y que deberán guardar
proporción con el monto total final de los
emolumentos.

Por su parte, es importante destacar también que
le es prohibido al interventor pactar honorarios, apuntando a
ello a la imparcialidad y honestidad que el
profesional designado deberá observar en la
prosecución de su cometido.

El Art. 227º del CPCC de la Nación expresa:
"el interventor sólo percibirá los honorarios a que
tuviere derecho, una vez aprobado el informe final de su
gestión. Si su actuación debiera prolongarse
durante un plazo que a criterio del juez justificara el pago de
anticipos, previo traslado a las partes, se fijarán
éstos en adecuada proporción al eventual importe
total de sus honorarios.

Para la regulación del honorario definitivo se
atenderá a la naturaleza y modalidades de la
intervención, al monto de las utilidades realizadas, a la
importancia y eficacia de la gestión, a la responsabilidad
en ella comprometida, al lapso de la actuación y a las
demás circunstancias del caso.

Carece de derecho a cobrar honorarios el interventor
removido del cargo por ejercicio abusivo; si la remoción
se debiere a negligencia, aquel derecho a honorarios o la
proporción que corresponda serán determinados por
el juez.

El pacto de honorarios celebrado por el interventor
será nulo e importará ejercicio abusivo del
cargo."

La circunstancia de que contadores sean designados
interventores no implica que sus honorarios deban regularse como
si se tratara de un perito o de acuerdo con su
arancel.

La Ley 19.550, no prevé un régimen
retributivo específico a favor de los interventores
judiciales, por lo cual, en la especie, debemos remitirnos a la
ley de aranceles profesionales de abogados y procuradores
(21.839), a la jurisprudencia, doctrina y normas procesales y
profesionales existentes en la materia, que fijan los siguientes
parámetros:

1. No gratuidad: como principio general se presume
   que toda tarea deberá ser objeto de
   remuneración.

   El Art. 16º de la Ley 21.839 (Honorarios de
   abogados y procuradores) establece que el honorario del
   interventor se fijará en el 50% de lo que
   correspondería al administrador; y de veedor, en el
   30%. A su vez, el Art. 15º de la misma ley señala
   que: "Si el profesional actuare como administrador judicial
   en proceso voluntario, contencioso o universal, en principio,
   serán aplicadas las pautas del Art. 7º, primera
   parte, sobre el monto de las utilidades realizadas durante su
   desempeño. En circunstancias especiales, cuando los
   honorarios resultantes fueren un monto excesivamente elevado
   o reducido, podrá aplicarse el criterio de tener en
   cuenta total o parcialmente, además de las pautas del
   Art. 6º, el valor del caudal administrado o ingresos
   producidos y el lapso de actuación."

   En el supuesto de que la persona designada solicito
   anticipo de honorarios, es menester que la actuación
   sea susceptible de ser estimada en función de la
   índole, eficacia y tiempo de las tareas. Tales
   anticipos se descontarán de la regulación
   definitiva, pero manteniendo su valor a moneda constante
   actualizada.

   Si el interventor fuera removido por motivos
   inherentes a su desempeño, perderá el derecho a
   percibir honorarios, sin perjuicio, en su caso, de la
   reparación de los daños que hubiere ocasionado
   y las sanciones penales que pudieran corresponder.

   Cuando se trate de profesionales de derecho –
   abogados y procuradores – en el ámbito de la
   Capital Federal sería de aplicación la Ley
   21.839 de aranceles de abogados y procuradores (Art.
   15º, 16º y 51º).

2. Regulación: como principio básico,
   los honorarios deben responder a una regulación por
   parte del tribunal.

   Uno de ellos apuntaría a que no es necesario
   que concluya su función para percibir la
   retribución, pudiendo en ese caso fijársele una
   remuneración periódica (podría ser
   mensual).

   Otro de los supuestos sería percibirlos una
   vez aprobado el informe final de su gestión;
   esto se desprende de la normativa establecida por el Art.
   227º del CPCCN.

   Por último, y para el caso de que su
   función se prolongara en el tiempo, se puede
   contemplar el régimen de anticipos en
   proporción razonable de la perspectiva de honorarios a
   percibir finalmente.

3. Tiempo de percepción: en relación con
   el tiempo de percepción de los honorarios, podemos
   mencionar varios supuestos.
   1. en un caso extraño se establece que la
      sociedad está obligada al pago sin importar
      cuál fue el condenado en costas (socio
      peticionante), y aunque el mandato hubiese sido revocado,
      independientemente de la resolución sobre las
      costas;
   2. otra postura menciona que el interventor
      judicial tiene derecho a iniciar la acción (por
      la totalidad del crédito), primero en contra del
      condenado en costas, después contra la sociedad
      (realizados los bienes sociales) y en último
      término contra cualquiera de los
      litigantes;
   3. en otro caso, se estableció que carga con
      los honorarios del interventor el que
      solicitó la medida.
4. Obligados al pago: hay diferentes posturas
   jurisprudenciales al respecto:

VEEDOR JUDICIAL

En primer lugar, cabe mencionar que no desplaza a la
administración social natural. Esta figura no limita su
cometido a un reconocimiento de bienes o a la comprobación
de un estado de cosas, sino que abarca la realización de
controles permanentes en la administración social. Sus
facultades se circunscriben a la fiscalización y contralor
de las operaciones comerciales.

Su función concreta es "ser los ojos del juez" en
un reconocimiento judicial; en orden a ello le asiste el derecho
a participar en las reuniones del órgano de
administración, a pedir todas las informaciones que sean
necesarias para llevar a cabo su cometido, y la de inspeccionar
cualquier tarea de la empresa, realizando una labor no
sólo empresarial sino una verdadera auditoría.

Es el funcionario cuya tarea consiste en la vigilancia y
control de la gestión social, limitándose a
informar – al juez – sobre tales circunstancias,
siendo comprensiva la figura de la función del veedor y
del controlador.

El veedor puede practicar reconocimiento del estado de
bienes y vigilar operaciones o actividades.

O sea que cumple funciones informativas que interesan al
tribunal respecto de un proceso, y a diferencia del
interventor-fiscalizador, a quien lo une alguna proximidad desde
el punto de vista jurídico, el veedor ejerce una
función preponderantemente informativa respecto de
cuestiones que no hacen, estrictamente, a la
Administración de los bienes, sino a los aspectos externos
de esta.

En el campo de aplicación de la Ley de Sociedades
Comerciales, algunos autores opinan que, a veces, es preferible
la designación de un "veedor judicial" y no un
administrador, salvo que las irregularidades aconsejen la figura
del "interventor-supervisor".

Casos en que procede la designación
judicial

Jurisprudencialmente, se ha justificado la
designación de un veedor ante las siguientes
situaciones:

1. Para el caso de alteraciones en los libros de
   comercio de la sociedad y extravío de otros.
2. En resguardo del socio excluido.
3. Retraso en la inscripción de la
   sociedad.
4. Por demora en la presentación y
   confección de los estados contables cuando se convocara
   una asamblea previa.
5. Cuando se negociaron la totalidad de las acciones,
   afectado el propio objeto de la sociedad.
6. Cuando el gerente, a
   la fecha de ser practicado el balance, no declara el estado
   financiero de la sociedad ni manifiesta la imposibilidad de
   hacerlo, omitiendo la citación a la asamblea
   correspondiente.
7. La falta de respaldo contable para adquisiciones de
   mercaderías que se juzgan antecedentes necesarios para
   operaciones aisladas, o ausencia de rigor técnico en la
   confección de un inventario circunstancial, etc., a fin
   de asegurar la integridad del patrimonio societario y el acceso
   de los socios a su conocimiento, supervisando la legalidad en
   el manejo de los fondos.

Es decir, el veedor actúa solamente para el
cuidado y custodia de los bienes, intereses o derechos
controvertidos, y sus atribuciones se limitan a la vigilancia,
control y fiscalización.

Su designación como medida
cautelar

Su designación se da por el nombramiento del
juez, según lo expuesto en el Art. 114º de la
LSC.

Facultades y obligaciones

• Fiscalización y contralor de las operaciones
  comerciales.
• Derecho a participar en las reuniones del
  órgano de administración.
• Pedir todas las informaciones que sean necesarias
  para llevar a cabo su función.
• Inspeccionar cualquier tarea, realizando una tarea
  no solo empresarial, sino de auditoria.

Honorarios y Gastos

Según la ley 21.839 que habla sobre aranceles de
abogados y procuradores, si el profesional actúa como
veedor, le corresponde el treinta (30) por ciento. Los gastos
tendrán directa relación con la tarea
realizada.

APORTES DEL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS
ECONOMICAS DE LA CAPITAL FEDERAL

Todos los años, durante el mes de
octubre, se lleva a cabo la inscripción de Peritos y
demás Auxiliares de la Justicia para actuar durante el
año siguiente, en los Fueros: Comercial; Laboral; Civil;
Civil y Comercial Federal; Contencioso Administrativo Federal;
Criminal y Correccional; Penal Económico y Federal de la
Seguridad
Social.

Requisitos a cumplimentar:

• El trámite es personal o a través de un
  tercero con poder ante escribano y fotocopia del mismo. Exhibir
  carné profesional o documento oficial de
  identidad.
• Abonar el arancel dispuesto por la Acordada 29/95 de
  la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
• Estar habilitado para el ejercicio de la
  profesión en jurisdicción de la Ciudad
  Autónoma de Buenos Aires y
  hallarse al día con el pago del derecho de ejercicio
  profesional.
• Constituir domicilio especial en el radio de la
  Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para la Cámara Civil:

Acreditar una antigüedad en la matrícula no menor
de 5 (cinco) años a la fecha de
solicitar su inscripción, la que podrá
complementarse con la antigüedad no contemporánea
certificada por otro Consejo Profesional.

Para la Cámara Criminal y Correccional de
la Capital Federal:

Se requiere la presentación de un Certificado de
Antecedentes emitido por la Dirección Nacional de
Reincidencia y Estadística Criminal – El
Certificado de Antecedentes caduca a los tres años de
expedido.

Particularidades de la
inscripción:

En el Fuero Civil se puede optar entre
inscribirse sólo como PERITO o como
PERITO y AUXILIAR DE LA JUSTICIA (Interventor,
Interventor Recaudador y Veedor). En este
último caso, la inscripción es para cualquiera de
las tres funciones.

En el Fuero Contencioso – Administrativo
Federal la inscripción es sólo como
PERITO.

En el Fuero Penal Económico se
puede optar entre inscribirse en alguna/s o en todas las
funciones:

PERITO, VEEDOR, LIQUIDADOR JUDICIAL Y
ADMINISTRADOR JUDICIAL.

En el Fuero Criminal y Correccional se
puede optar entre inscribirse sólo como
PERITO o como PERITO e INTERVENTOR Y
VEEDOR. La inscripción puede efectuarse como
PERITO y/o PERITO DE
PARTE.

En el Fuero Laboral se puede optar
entre inscribirse sólo como PERITO o como
PERITO e INTERVENTOR RECAUDADOR. (Ante una
petición de este Consejo Profesional, por Acta N° 675
del Tribunal de Superintendencia de la Cámara de fecha
29-05-2003 se resolvió "proceder a la apertura de una
lista de Interventores Recaudadores").

COMISIONES ASESORAS PERMANENTES
PROFESIONALES

Actuación Profesional en el Ámbito
Judicial

REUNION

La Comisión se reúne todos los
primeros jueves de cada mes, a
partir de las 18:30 hs.

OBJETIVOS

• Estudiar y proponer las reformas que se estimen
  procedentes al conjunto de disposiciones normativas de
  carácter procesal y de orden profesional en lo que hace
  a la actuación de los profesionales en ciencias
  económicas como Auxiliares de la Justicia, con
  excepción de lo relativo a procesos
  concursales.
• Proponer gestiones ante los distintos estamentos de
  los poderes públicos a fin de facilitar y jerarquizar el
  desempeño de las profesiones en ciencias
  económicas en el ámbito judicial.

PRINCIPALES DIFERENCIAS Y ANALOGÍAS DEL
LIQUIDADOR JUDICIAL CON EL ADMINISTRADOR, INTERVENTOR Y
VEEDOR.

DIFERENCIAS

ANALOGÍAS

CUADRO DESEMPEÑO PROFESIONAL DEL CONTADOR EN
EL AMBITO JUDICIAL

MEDIDAS CAUTELARES

Art. 195º: Oportunidad y
presupuesto

Art. 196º: Medida decretada por juez
incompetente

Art. 197º: Trámites previos

Art. 198º: Cumplimiento y recursos

Art. 199º: Contracautela

Art. 200º: Exención de la
contracautela

CPCCN Art. 201º: Mejora de la
contracautela

Art. 202º: Carácter provisional

Art. 203º: Modificación

Art. 204º: Facultades del juez

Art. 205º: Peligro de pérdida o
desvalorización

Art. 206º: Establecimientos industriales o
comerciales

Art. 207º: Caducidad

Art. 208º: Responsabilidad

ADMINISTRADOR JUDICIAL

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INTERVENCION JUDICIAL

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LIQUIDADOR JUDICIAL

Art. 94º: Disolución de
sociedades

Art. 101º: Personalidad. Normas
aplicables

Art. 102: Designación

Art. 103º: Obligaciones, inventario y
balance

Art. 104º: Información
periódica

Art. 105º: Facultades. Actuación.

LEY 19550

Art. 106º: Contribuciones debidas

Art. 107º: Partición y distribución
parcial

Art. 108º, 109º: Obligaciones y
responsabilidades

Art. 110º: Comunicación del balance y plan de
partición

Art. 111º: Distribución:
ejecución.

Art. 112º: Cancelación de la
inscripción

CÓDIGO CIVILArt. 1777º: de la
Liquidación de la sociedad

LEY 21.526

(Ley de Entidades Financieras) Art. 48º y
49º: Liquidación judicial

LEY 24.432

(Ley de Honorarios Profesionales) Art. 13º:
Honorarios profesionales

VEEDOR JUDICIAL

LEY 19.550 Art. 115º:
Designación

LEY 24.522 Art. 17º: Contralor para
solicitar determinadas medidas

ANEXO

EJEMPLO DE PRESENTACIÓN DEL
BALANCE FINAL POR PARTE DEL LIQUIDADOR JUDICIAL

Señor Juez:

……………………………………………………..,
en mi carácter de liquidador judicial con el domicilio
constituido en la
calle……………………………………………………………,
en autos:
"……………………………………………………………………",
a V.S. digo:

I) Informe final

Que vengo a presentar a consideración del
tribunal el informe final correspondiente a la gestión
llevada a cabo por el suscripto en el presente proceso de
liquidación en mérito de haberse concluido con el
cometido encomendado.

A tal fin es que se pondrá de resalto cada uno de
los pasos seguidos en este proceso tendientes a la
liquidación del acervo social, a saber:

• Realización de bienes

Como consecuencia del proceso liquidatorio de las
presentes actuaciones, este funcionario procedió a
solicitar en autos todas las medidas tendientes a la
realización de los bienes muebles e inmuebles
pertenecientes a la sociedad en disolución.

Tal como surge del incidente respectivo, en primer
lugar, se realizaron las mercaderías que se encontraban
en la planta industrial de la sociedad, consistentes
fundamentalmente en remeras e indumentaria de verano
perteneciente a la temporada anterior, las que fueron
adquiridas por uno de los interesados que se hizo presente en
el establecimiento conforme al procedimiento aprobado en estas
por V.S., ya que se hacía imperiosa la
realización de tales bienes, lo que representó un
ingreso de fondos del orden de $
………………………..

Paralelamente se fueron cumplimentando los recaudos
necesarios a fin de realizar los inmuebles que en forma
conjunta conformaban el establecimiento fabril de la sociedad,
los que incluían maquinarias e instalaciones, sitos en
………………………………. de la Capital
Federal.

Tales inmuebles fueron subastados en bloque, en fecha
………………………., habiéndose obtenido por
los mismos la suma de
$……………………………

Cabe mencionar que el producido de tales realizaciones
se encuentra depositado en el banco
…………………………… e impuesto a
plazo fijo parte de él, tal como resulta del anexo I que
se acompaña con el presente.

Por su parte, y con el fin de clarificar el origen de
los fondos existentes, se ha elaborado la planilla que se
agrega como anexo II de la cual surgen los distintos activos
realizados, indicándose en el mismo los intereses
ganados por las imposiciones a las que se hizo referencia en el
párrafo anterior.

• Cobro de créditos

Como parte de la tarea de realización de
activos de la sociedad, se procuró el cobro de los
créditos que la misma reflejaba como pendiente de cobro.
A tal fin, en un primer momento, se circularizó a todos
los presuntos deudores, pudiéndose corroborar que la
parte de los mismos habían cancelado sus saldos y del
resto se pudo recibir en total un 80%, correspondiendo el 20%
restante a acreedores que no pudieron ejecutar por
circunstancias diversas.

• Contabilidad y estados contables

Una de las tareas que fue necesario encarar al
comienzo de la presente gestión fue la de poner al
día la contabilidad de la sociedad, ya que como se
hiciera saber en su momento al tribunal, la misma registraba un
retraso de más de 3 años en las transcripciones,
así como restaba la confección de los respectivos
estados contables.

En orden a ello este liquidador y el contador
………………………………………………… en su
calidad de colaborador se abocaron a la elaboración de
los proyectos de
estados contables de los ejercicios económicos
correspondientes a
………………………………………………..

Estos estados contables se proyectaron tomando como
base el inventario existente al momento de resolver la
liquidación de la sociedad y los hechos
económicos acaecidos desde entonces hasta la fecha de
los cierres de los respectivos ejercicios económicos.
Con respecto a la valuación se han aplicado los
criterios que en las notas anexas se indican.

Por su parte, cabe señalar que, atento a la
existencia de un régimen de presentación
espontánea con eximición de multas para
regularizar impuestos
atrasados con la Dirección General Impositiva, este
funcionario se abocó a determinar los importes de las
obligaciones fiscales pendientes que resultaban de los estados
contables referidos, presentando las declaraciones juradas
respectivas. Las cuestiones impositivas serán
consideradas en un capítulo por separado.

• Movimiento de fondos

En relación con este punto es que se ha
elaborado otra planilla anexa identificada como III, en la cual
se detallan por conceptos, en forma pormenorizada, los ingresos
y egresos de fondos habidos durante la presente
administración.

• Pasivos

En razón del ordenamiento contable llevado a
cabo, se han determinado los pasivos a pagar de la sociedad,
los que importan un total de $ ………………………….
y cuya composición detallada resulta de la planilla que
como anexo IV, se agrega con el presente.

Asimismo y en virtud de las diligencias habidas en
este proceso, las cuales incluyen las subastas,
contratación de seguros,
vigilancia, papelería, edictos, etc., se han detallado
en el anexo V las afectaciones de fondos para gastos detallados
por concepto.

• Cuestiones impositivas

1. Como ya se mencionara, este liquidador, en
   cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por
   las respectivas leyes, ha presentado las DDJJ, mensuales
   del impuesto del valor agregado (IVA) por
   los períodos vencidos a la fecha.

2. Impuesto al Valor Agregado
3. Impuesto a las ganancias e impuesto a los
   activos

Asimismo se han presentado las DDJJ de los impuestos a
las ganancias y a los activos por los ejercicios
……………………………………..

Las relativas al impuesto a las ganancias, de las que
surge quebranto impositivo, no han arrojado obligación
fiscal
ninguna.

En cuanto a los impuestos a los activos, por los
mismos períodos surge deuda impositiva por
$…………………………………….; en orden a ello y
teniendo en cuenta la vigencia del régimen de moratoria
impositivo establecido por el decreto …../95, se
efectuó la presentación correspondiente ante la
DGI y habiéndose cumplido en su totalidad con el plan de
pagos respectivo.

• Honorarios profesionales

Cabe mencionar que dentro de los pasivos a pagar se
encuentran incluidos los honorarios regulados por el tribunal,
a todos aquellos profesionales intervinientes en este
proceso.

II) Balance final y proyecto de
distribución

Tal como lo prevé la ley de sociedades este
funcionario ha confeccionado el balance final correspondiente a
la gestión encomendada.

En mérito de que el activo realizado no alcanza a
atender los pasivos insolutos, es que vengo a efectuar en autos
una propuesta de distribución de fondos a prorrata,
conforme surge del anexo VI, el que se agrega con el
presente.

Conforme al procedimiento establecido por la ley de
rito, es que vengo a solicitar a V.S. se sirva ordenar la puesta
a consideración de los socios y demás interesados,
para que en el término legal los mismos puedan formular
las impugnaciones que consideren procedentes.

Finalmente, y aprobado que fuere el proyecto, solicito
se ordene la agregación del balance final y el proyecto
que nos ocupa al Registro Público de Comercio para ser
agregado en el legajo respectivo, librando a tales fines oficio
de estilo.

III) Documentación respaldatoria y libros
contables

En cuanto a los libros contables de la sociedad y
demás documentación respaldatoria, el suscripto
conservará los mismos en su poder hasta tanto V.S.
resuelva quien debe conservarlos.

IV) Petitorio

En mérito de todo lo precedentemente manifestado
de V.S. solicito:

• Se tenga por presentado el presente
  informe.
• Se tenga presente lo informado y por cumplimentada la
  tarea encomendada oportunamente al suscripto.
• Se pongan en conocimiento de todos los interesados el
  balance final y el proyecto de distribución
  respectivo.
• Aprobado que fuere se ponga en conocimiento del
  Registro Público de Comercio a sus efectos,
  que

SERA JUSTICIA

BIBLIOGRAFÍA

• Ley 17.454 – Código Procesal Civil y Comercial
  de la Nación
• Ley 19.550 – Ley de Sociedades
  Comerciales
• Ley 24.522 – Ley de Concursos y
  Quiebras
• FRONTI DE GARCÍA, Luisa, VIEGAS, Juan Carlos,
  "Actuación profesional judicial".
• FRONTI DE GARCÍA, Luisa, VIEGAS, Juan Carlos,
  "Práctica
  profesional del Contador", Editorial Macchi, Buenos Aires,
  1997.
• SANCLEMENTE, Ricardo, "Temas sobre seminario de
  aplicación profesional jurídico contable", Tomo
  II, Editorial El Coloquio, 1985.
• SOLIMANO, Carlos, "Seminario de aplicación
  jurídico-contable".
• GALLO, Hugo Alfredo, "La actuación Judicial
  del Contador".
• CALETTI, Alberto M., "Digesto del Contador Publico",
  Editorial Macchi, 1988

Karina Barboza