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¿Acciones de estado civil?

Enviado por hpen21



  1. ¿Acciones de estado civil?
  2. Caracteres de las pretensiones de estado civil
  3. Cosa Juzgada
  1. ¿Acciones de estado civil?
  1. Concepto del Derecho de Acción.

"La acción constituye un derecho subjetivo procesal de parte, con el que se pone en marcha al Órgano Jurisdiccional, para lograr no un proveimiento cualquiera, sino una sentencia de fondo, que ha de ser adversa o favorable, pero necesariamente para que exista esa efectiva tutela judicial, es necesario que esa sentencia adversa o favorable sea fundada y razonada en derecho, para poder establecer la observancia de la ley y mantener la paz y la justicia, base de una sociedad civilizada, lográndose este fin a través de la autoridad o capacidad que tenga el juez de hacer ejecutoria la sentencia para evitar que el derecho se hago ilusorio".

La acción entonces consiste en sí en un poder jurídico que poseen todas las personas de acudir a la jurisdicción, a través de sus órganos. Siempre estará presente exista o no un derecho material, una pretensión, porque el derecho de acción se tiene implícito aún antes de que nazca la pretensión concreta, es decir que existe aunque no se ejerza efectivamente.

Este es el sentido moderno que se le ha otorgado al concepto del derecho de acción. Sin embargo, en la Tesis Doctoral desarrollada por mi persona, donde se analiza el derecho de acción y la extensión del mismo, se explica que este sentido en el que se ha desarrollado este concepto personal del derecho de acción, debe extenderse aún más luego de la ejecutoriedad de la sentencia, en la siguiente forma:

" No obstante, esta doctrina de la acción se circunscribe a cada Estado nacional; pero cede ante las nuevas corrientes globales y abiertas de interrelación de los pueblos, por las cuales se han creado Tribunales Supra Nacionales; por manera que el recorrido de la acción, por ser un derecho universal del hombre, puede continuar aún, después de concluido un juicio en el respectivo Estado nacional, por violación de los Derechos Humanos, por ante el Tribunal de los Derechos Humanos en San José de Costa Rica; o, si ese fuera el caso, por ante el Tribunal del Acuerdo de Cartagena en Quito, Ecuador".

1.2. Pretensión.

" ...la pretensión es una declaración de voluntad por el cual el actor afirma la existencia de un hecho constitutivo, declarativo, de condena, impeditivo o extintivo de un derecho dirigida al Estado para tratar de subordinar el interés del demandado al suyo, mediante una sentencia favorable".

En este sentido, se puede deducir que la pretensión tiene un sujeto activo (demandante) y un sujeto pasivo (demandado), por lo menos, por cuanto pueden existir pluralidad de sujetos en la relación material controvertida.

La acción se introduce a través de la demanda. Con la demanda se introduce la acción y se postula la pretensión; con la acción se busca una sentencia definitiva fundada estimatoria o adversa; pero la pretensión busca una sentencia favorable al actor. La acción se dirige al Estado; y la pretensión obra contra el demandado.

La diferencia está, como señala Carnelutti, en que en el derecho subjetivo procesal de acción el interés prevalente es la justa composición de la litis, mientras que la pretensión tiene como contenido la prevalencia del interés en la litis para una sentencia favorable al actor.

1.3. Conclusión.

Según el autor José Luis Aguilar Gorrondona:

"Se llaman acciones de estado a las acciones que tienen por objeto obtener un pronunciamiento sobre el estado civil de una persona que puede ser el propio actor o un tercero. La amplitud de este concepto depende de la amplitud con que se entienda el concepto de estado civil; pero normalmente cuando se habla de acciones de estado se toma la expresión "estado civil" en su sentido restringido, o sea, como el conjunto de condiciones o cualidades jurídicamente relevantes de una persona relativas a su posición frente a una familia determinada. En otras palabras, normalmente cuando se habla de acciones de estado, sólo se tienen presentes los estados familiares".

Este punto de las mal llamadas acciones de estado, aparece como título de este tema en interrogante.

Por qué algunos autores en estos días continúan hablando de acciones, cuando se sabe que entre los conceptos del derecho procesal se ha llegado a la conclusión por interesantísimos estudios, que la acción constituye un derecho único y no divisible, es decir que la acción o el derecho de acción es uno sólo, no se debe hablar de acción civil, penal o acciones del estado civil.

Por tales motivos, el término adecuado para este punto en desarrollo sería las pretensiones del estado civil. Porque con la acción y la pretensión, "se forman en el proceso dos relaciones jurídicas diferentes. Por un lado, al introducir el actor la demanda, crea una relación de acción entre el actor como sujeto activo y el Estado como sujeto pasivo y nace para el demandado el derecho de contradicción, que según UGO ROCCO, es la acción del demandado, cuyo sujeto activo es el demandado y el sujeto pasivo el Estado".

La relación jurídica procesal originada por la acción es pública y subordina a las partes al Estado, para que éste a través de la jurisdicción dicte sentencia fundada adversa o favorable. Frente a esta relación jurídica procesal, existe otra relación que es la relación jurídica material del actor contra el demandado, la cual se perfecciona con el acto de la contestación de la demanda, y que traba el contradictorio.

Es así como en este caso las pretensiones del estado civil tienen como objeto el pronunciamiento acerca de algún asunto del estado civil de la persona. El actor afirma la existencia de un hecho constitutivo, declarativo, de condena, impeditivo o extintivo del estado civil, que va entonces dirigido al Estado, para subordinar el interés del demandado al suyo, mediante una sentencia favorable.

  1. Partiendo de una clasificación en sentido amplio se podría dividir en pretensiones constitutivas y declarativas de estado civil.

    De esta manera, las pretensiones constitutivas del estado civil buscan un pronunciamiento que haga nacer o desaparecer un estado civil desde la fecha de la sentencia. Estas pretensiones constitutivas de estado civil crean, suprimen o destruyen un estado que nace creando una nueva situación jurídica. Por ejemplo, el divorcio, interdicción, nulidad de matrimonio, con lo cual se crea un nuevo estado y se extingue el anterior. Es así el caso del juicio de divorcio, que a través de su sentencia constitutiva se crea un nuevo estado de divorciado y se extingue el anterior de casado. Ahora bien, en el caso de la nulidad de matrimonio, se le dice que es una pretensión constitutiva pero supresiva o destructiva del estado civil, porque el pronunciamiento extingue ese estado civil, y la persona adquiere el estado que tenia antes de casarse.

    Las sentencias declarativas requieren un estado de incertidumbre sobre el derecho (reclamación e impugnación de estado), declarando o negando la existencia de una situación jurídica, no susceptible de ejecución, porque la declaración judicial jurisdiccional basta para satisfacer el interés del actor, produciendo efectos erga omnes. Por ejemplo, la declaración de la filiación o la impugnación de paternidad, cuya sentencia declara que una persona es hija de otra, no necesita ser ejecutada, y tampoco el demando está obligado a hacer nada para satisfacer la sentencia. Tiene efectos hacia el pasado (ex tunc). Siempre ha existido la condición de hijo, sólo se ha aclarado la incertidumbre que existía antes de la sentencia

    En este sentido se ha pronunciado el autor Hugo Alsina:

    "La sentencia declarativa tiene de común con la sentencia de condena que ambas reflejan la situación tal como es, vale decir que sus efectos se remontan al pasado; pero hay otras sentencias que, por el contrario, producen un nuevo estado jurídico, es decir que sus efectos se extienden hacia el futuro." Por eso se dice que son constitutivas y la pretensión tendiente a obtenerla se llama constitutiva.

    Por eso, las sentencias constitutivas producen efectos ex nunc, es decir hacia el futuro, y las declarativas producen efectos ex tunc, hacia el pasado.

  2. Clasificación.
  3. Caracteres de las pretensiones de estado.

En temas anteriores se había dicho que el estado civil interesa al orden público, y como consecuencia de esto, las pretensiones del estado civil también interesan al orden público. Por consiguiente, estas pretensiones son indisponibles, porque la voluntad privada no puede crear, modificar, reglamentar, transmitir ni extinguir las pretensiones de estado, sino en los casos y en la medida en que la ley lo permita.

En este orden de ideas, entre otras cosas se puede afirmar:

  • El juez no podrá admitir ninguna demanda en la que haya una pretensión de estado no establecida en la ley.
  • La voluntad privada no basta para modificar en su contenido o forma las pretensiones de estado.
  • Estas pretensiones no pueden ser enajenadas, vendidas ni donadas, porque son indisponibles.

La ley permite en ciertas situaciones la intervención del Ministerio Público, para la mejor garantía de los intereses colectivos.

A diferencia de las características del estado civil, cuando se hace referencia a las características de las pretensiones del estado civil, se puede afirmar que estas pretensiones son imprescriptibles, porque el actor siempre podrá afirmar la existencia de un hecho constitutivo o declarativo de estado, buscando una sentencia que le favorezca. Ahora bien, este derecho podría quedar iluso cuando la acción para ese caso determinado ha caducado, porque dichas pretensiones muchas veces son sometidas a un plazo de caducidad, de modo que transcurrido un tiempo, caduca el derecho subjetivo procesal de acción por parte de actividad procesal tempestiva. Porque si se introduce la acción con la demanda vencido el lapso para su ejercicio, el juez declara de oficio la caducidad por ser de orden público.

A los efectos de dejar claro la diferencia entre caducidad y prescripción, a continuación se cita una sentencia emanada del Juzgado Superior en lo Civil, Contencioso Administrativo y Tributario de la Región Occidental, dictada por el Juez Dr. Héctor Enrique Peñaranda Valbuena en fecha 30 de octubre de 1992:

"EL EQUÍVOCO DEL CONCEPTO. RAZONES FILOSÓFICO-DOCTRINALES.

El equívoco del concepto lo recogemos nosotros, haciéndolo pacífica doctrina nacional, en el procedimiento extraordinario romano, que eliminó las fórmulas y los ritos solemnes, fundiendo en una sola instancia todo el procedimiento del Solemne Orden Judicial de la in iure (que tenía lugar ante el magistrado para escoger la fórmula y que terminaba con la litis contestatio) y la in iudicio (que se termina ante el juez o ante un árbitro con la sentencia).

De allí que, para Humberto Cuenca, la autonomía de la acción que era representada por la fórmula, se perdiera, y reapareciera, agrega este Órgano Jurisdiccional Subjetivo, como un elemento del derecho material, recogido por la Escuela Clásica y expuesto por Savigni en el Sistema de Derecho Romano actual.

Por eso entonces, para Savigni, es necesario la existencia del derecho, porque no se concibe la acción sin un derecho que le sirva de fundamento. No hay acción sin derecho, desde que aquella no es sino un elemento de éste.

Se agrega, además, tener interés, cualidad o calidad y capacidad como condiciones o elementos necesarios de la acción.

El desarrollo de esa teoría llevó más tarde en la doctrina alemana a la acción como un derecho concreto, buscando la autonomía de la acción, pero en todo caso una sentencia favorable, lo que creó sin lugar a dudas, confusión entre la acción y la pretensión, e implícitamente entre los conceptos de prescripción y caducidad".

Agrega el mencionado Juez:

"CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN.

Esos nuevos conceptos aclaran la situación; porque la acción como derecho subjetivo procesal dirigido al Estado para un sentencia fundada, adversa o favorable, da lugar a la caducidad del derecho subjetivo abstracto y público, que nada tiene que ver con el derecho material discutido entre la pretensión del actor y la oposición del demandado.

En ese caso, se produce la pérdida del derecho a la obtención de la jurisdicción por no haberse ejercitado tempestivamente. Y como es de la función pública del Estado. la jurisdicción la declara de oficio.

En cambio, cuando lo que busco es un bien de la vida mediante la reparación de un daño y reclamo la respectiva indemnización, se trata, pura y simplemente, en la relación jurídica autor-demandado, de prescripción del derecho. Ya no se persigue una sentencia fundada, adversa o favorable, sino una sentencia favorable que repare el daño que hago valer en las razones de hecho y de derecho de la pretensión.

En este caso concretamente considerado, la relación material está expuesta a la prescripción, pero no declarable de oficio, sino a instancia de parte, de conformidad con el artículo 1.956 del Código Civil y bien puede el demandado renunciar como un derecho privado u oponerla como defensa de fondo, excepción material en sentido propio, en el acto de la contestación al fondo de la demanda.

Es evidente que en el caso del artículo 1.637 del Código Civil, el legislador venezolano influido por la Teoría Monista de la acción desarrollada fundamentalmente por Savigni que ha dominado en esta época contemporánea, confundió acción con pretensión, y en lugar de pretensión de indemnización, señaló "la acción de indemnización debe intentarse..." omissis, como si la acción se dirigiera al derecho material para crear derechos, cuando sabido es, entonces, que siendo un concepto abstracto, su contenido prevalente es la sentencia fundada adversa o favorable; mientras que en la pretensión el contenido prevalente está en el litigio mismo, en la indemnización con la condena".

  1. Cosa Juzgada

4.1. Concepto.

Constituye una institución jurídica de autoridad y fuerza que la ley le atribuye a las sentencias resueltas en juicios contradictorios, dándoles la característica de irrevocable, por cuanto frente a ese fallo definitivamente firme, no cabe ya a las partes probar lo contrario, no existiendo frente a ella medios de impugnación que permitan modificarla. De manera que estas sentencias con autoridad de cosa juzgada se convierten en títulos fundatorios de los derechos y por lo tanto pueden hacerse valer erga omnes, es decir no sólo ante las autoridades judiciales y ante el tribunal que pronunció la sentencia ejecutoriada, sino también ante las autoridades administrativas e incluso legislativas, con el fin de demostrar la existencia del hecho o del derecho declarados por la cosa juzgada.

La doctrina ha determinado que hay dos clases de cosa juzgada:

  • Cosa Juzgada formal: la cual se agota dentro de su mismo proceso impidiendo nuevos planteamientos por la triple identidad de persona, objeto y causa, sin embargo, admite cambios en su dispositivo. Por ejemplo, las sentencias provisionales que pueden ser revocadas en otros procesos, es el caso de las medidas preventivas (embargo, prohibición de enajenar y gravar y el secuestro), interdictos, alimentos en materia de menores, juicios de interdicción e inhabilitación, etc. Lo juzgado en ellas puede ser modificado en una decisión posterior.
  • Cosa Juzgada Material: la cosa juzgada material o sustancial se mantiene inmutable, sin poder ser modificada ni rectificada a través de otro proceso ni sentencia. Sólo podría ser anulada mediante el recurso de invalidación (arts 327 y siguientes del C.P.C).

Es importante destacar que parte de la doctrina considera que la cosa juzgada es una sola, es decir, que no existe cosa juzgada formal ni material, porque cuando la llamada cosa juzgada formal que puede ser modificada por nuevos hechos, lo que se está juzgando son otros hechos que nacieron posteriormente. La sentencia anterior conformó hechos pasados de acuerdo al momento en que fue decidido el juicio.

4.2. Efectos de la Cosa Juzgada en los juicios de estado civil.

Los efectos de la cosa juzgada en materia de estado civil y capacidad de las personas y los decretos de adopción una vez insertados en los registros respectivos, encuentran su fundamento en el artículo 507 del Código Civil en los siguientes términos:

" 1º . Las sentencias constitutivas de un nuevo estado y las de supresión de estado o capacidad, como disolución o nulidad del matrimonio, separación de cuerpos, interdicción, inhabilitación, extinción de la patria potestad, los decretos de adopción, etc., producen inmediatamente efectos absolutos para las partes y para los terceros o extraños al procedimiento."

En estos casos, la cosa juzgada produce sus efectos inmediatamente.

Continua el mencionado artículo estableciendo:

" 2º . Las sentencias declarativas, en que se reconozca o se niegue la filiación o sobre reclamación o negación de estado y cualquiera otra que no sea de las mencionadas en el número anterior, producirán inmediatamente los mismos efectos absolutos que aquéllas; pero dentro del año siguiente a su publicación podrán los interesados que no intervinieron en el juicio, demandar a todos los que fueron parte de él, sin excepción alguna, para que se declare la falsedad del estado o la filiación reconocidos en fallo impugnado. No tendrán este recurso los herederos ni los causahabientes de las partes en el primer juicio ni los que no intervinieron en él a pesar de haber tenido conocimiento oportuno de la instauración del procedimiento.

La sentencia que se dicte en el segundo juicio será obligatoria para todos, así para las partes como para los terceros. Contra ella no se admitirá recurso alguno.

A los efectos del cómputo del año fijado para la caducidad del recurso concedido en este artículo, un extracto de toda sentencia que declare o niegue el estado o la filiación, se publicará en un periódico de la localidad sede del tribunal que la dictó. Si no hubiere periódico en la localidad sede del tribunal, la publicación se hará por un medio idóneo. Así mismo, siempre que se promueva una acción sobre la cual haya de recaer un fallo comprendido en este artículo, el tribunal hará publicar un edicto en el cual, en forma resumida, se haga saber que determinada persona ha propuesto una acción relativa a filiación o al estado civil; y llamando a hacerse parte en el juicio a todo el que tenga interés directo y manifiesto en el asunto".

Es decir, que el legislador venezolano, establece en las sentencias declarativas de estado, que estas llegan a producir todos sus efectos absolutos mediante la autoridad de la cosa juzgada, sin sacrificar los intereses de terceros, puesto que a éstos se les da la oportunidad suficiente de un año mediante la impugnación del fallo del primer juicio. En estas sentencias la cosa juzgada surte todos sus efectos en el mismo sentido que los establecidos en el punto 1º del artículo 507 eiusdem citado anteriormente. Sin embargo, además de ser estos procesos de orden público, se trata de resguardar los intereses de terceros, de manera que en un año ellos deben impugnar el fallo. Si no prospera, entonces la cosa juzgada continua surtiendo sus efectos, ahora bien, si prosperare la pretensión de los terceros, entonces lo que ha habido en la sentencia del primer juicio no ha sido propiamente cosa juzgada, sino como cosa juzgada aparente, por cuanto, la cosa juzgada no admitiría cambios de ningún tipo.

ADVERTENCIA: ESTE TRABAJO ESTÁ PROTEGIDO POR LAS LEYES DE DERECHO DE AUTOR. LA REPRODUCCIÓN DE ESTE TRABAJO DEBE HACERSE TOTALMENTE TOMANDO EN CUENTA INCLUSIVE ESTA NOTA DE ADVERTENCIA.

 

 

Autor:

PROFESOR: Dr. Héctor Ramón Peñaranda Quintero

República Bolivariana de Venezuela

Universidad del Zulia

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

Escuela de Derecho

Cátedra Derecho Civil I: Personas y Familia

Maracaibo, 28 de Septiembre de 2000


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