¿La desigualdad profundiza la pobreza?

Vivimos una realidad caracterizada por una desigualdad social estructural que profundiza la pobreza y que es producto del cambio del rol del Estado y de sus políticas económicas.

Para analizar este planteo, lo primero que deberíamos preguntarnos es: ¿por qué el paso del estado keynesiano al neoliberal provoca ese fenómeno? En estos últimos treinta años hemos observado un crecimiento acelerado de la desigualdad y la pobreza, como consecuencia de las nuevas políticas implementadas a partir de la Dictadura militar y continuadas por los subsiguientes gobiernos "democráticos".

En nuestro país la doctrina keynesiana se evidenció principalmente durante los primeros gobiernos peronistas, que signaron el ascenso de la clase trabajadora a través de un Estado redistributivo e industrialista, que desarrollaba sus funciones de repartición de los ingresos bajo criterios relativos de equidad social. Se sustentaba esta modalidad de acción, con una legislación laboral en la cual se garantizó legalmente los derechos sociales de los trabajadores.

Es conveniente alegar que el período se caracterizó por una fuerte intervención del estado, que aseguró un sindicalismo fuerte y participativo que funcionaba como intermediador entre el empresariado y la clase trabajadora, que de alguna manera atenuó los impactos propios de la naturaleza del capitalismo clásico, aunque nunca llegó a estructurarse un modelo igual al Estado de Bienestar.

Dicho modelo comienza a sufrir una crisis de naturaleza mundial. Los resultados se tornan progresivamente negativos. Los Estados dejan de cumplir sus antiguas funciones, y emerge un proceso de diferenciación social importante incluso en los propios países centrales.

En rigor, en los gobiernos posteriores a los primeros de Perón, comienza a advertirse el agotamiento del estado redistribucionista. Pero es recién durante la dictadura militar que se impone una nueva modalidad de acumulación capitalista basada en la liberalización del mercado, en la apertura al comercio mundial, en la quiebra de la industria nacional y el incremento de la desocupación. Esta reestructuración del estado y la sociedad impactó no solo en lo económico social sino también en el plano político y cultural.

Desde el punto de vista económico-social afirmamos que este modelo ha facilitado una concentración económica inusitada, y para hacerlo agredió la vieja estructura constituida a lo largo de varias décadas en el marco de las distintas etapas de la industrialización sustitutiva, a través de una crisis que estableció finalmente rasgos del nuevo patrón de acumulación que terminaron siendo irreversibles. La distribución del ingreso fue significativamente negativa, y frustró, las posibilidades de pequeños y medianos empresarios, de encarar una reestructuración, posibilitando la acumulación de aquellos grupos económicos que estaban integrados y previamente diversificados. Dicho modelo representó la plena instauración del neoliberalismo como predominante, que sostiene la apertura económica que derivó en la pérdida del liderazgo que la industrialización sustitutiva había tenido hasta 1976 en relación con el desarrollo económico global, sin ser reemplazada por ningún otro factor dinamizador del crecimiento.

Atendiendo a las modalidades políticas es justo establecer que el gobierno de facto interrumpe las garantías constitucionales y extingue el estado de derecho, es decir, aplica el terror como modalidad de acción.

Con la dictadura se suspendieron las actividades gremiales de los trabajadores a través de la intervención de la CGT y de la prohibición de actuar de las demás asociaciones.

El trasfondo ideológico de esta modalidad política era la llamada <<Doctrina de la Seguridad Nacional>> que proponía una lucha antisubversiva y alegaba que en la guerra moderna el enemigo era el comunismo.

La Dictadura Militar utilizó la intervención cultural, para alcanzar su ambicionado cambio en el comportamiento social. Promoviendo una nueva "formación del ciudadano", criticó y censuró las formaciones existentes. Intervino persiguiendo todo aquello que pudiera poner en riesgo la cultura del orden, pretendiendo, a su vez, difundir la propia paranoia al resto de la población y prohibiendo todo lo que apelara a la revisión o reflexión. Este régimen autoritario ¿ no representó un retroceso en el plano de las ideas, las artes, la ciencia, la música, las relaciones sociales, la arquitectura, los valores, la cultura letrada, provocando una etapa de oscurantismo teñido por el miedo?. Para lograr esto utilizó la desaparición, la tortura, la emisión de listas negras con personas que habían producido parte de ese todo conformado por obras literarias, cinematográficas, teatrales, políticas, científicas, cuyos autores debieron abandonar el país o pasaron a formar parte de la gran masa de desaparecidos.

Los resultados del plan económico ensayado por la dictadura dejaron problemas de distinta índole. Aquellos que persistían con carácter cíclico como el desempleo y la ausencia de inversiones productivas y otros nuevos que resultaron ser los de mayor gravedad, tal es el caso del extraordinario crecimiento de la deuda externa estatal y la combinación de la inflación con el estancamiento de la producción de todos los sectores de la economía: estanflación. El comportamiento de los gobiernos democráticos que sucedieron a la dictadura militar fue de continuidad y coherencia, ya que Alfonsín continúa la política heredada por Martínez de Hoz y Menem la profundiza. Esto nos obliga a hacer una revisión histórica de los últimos gobiernos argentinos del período denominado democrático.

Desde el punto de vista político, el gobierno de Alfonsin fue un período que estuvo caracterizado por la existencia de un sistema bipartidista, en el cual el peronismo, fuerza opositora al gobierno radical, obtuvo un fuerte caudal electoral que le permitió condicionar –y otras veces presionar- al oficialismo trabándole los intentos de reformas más controvertidos. Esta actitud defensiva por parte del Peronismo respondió fundamentalmente a la crisis de identidad que había estado sufriendo.

Alfonsín también tuvo que enfrentar otro desafío importante: la subordinación del poder militar, lo que le permitiría consolidar el estado de derecho y el imperio de la ley. Pero esto no fue tarea sencilla, nuevamente la presidencia estuvo fuertemente presionada y se enfrentó con la paradoja más absurda: "¿cómo pueden civiles desarmados administrar justicia sobre aquellos que poseen las armas?" La justicia, entonces no pudo actuar independientemente, por el contrario el contexto estuvo marcado por acciones violentas por parte del poder militar y cada vez que se pretendió aplicar penas a aquellos militares, que no sólo rompieron y quebrantaron las normas legales sino también los más elementales principios humanos, utilizaron la sublevación como método defensivo.

Creemos que si bien no hubo una pertinente gestión de justicia por parte de los gobiernos democráticos hacia lo ocurrido en la represión ilegitima, la sociedad terminó calificando a los militares como violadores absolutos de los Derechos Humanos, e hizo menester la activación de la memoria como herramienta para replantearnos la función actual de las "fuerzas de seguridad" como institución democrática. Por eso hoy nos preguntamos ¿qué sucede con aquella violencia cotidiana y sistemática, que ejerce la policía y que emerge de cada manifestación, o de aquella que se oculta en los casos de torturas y gatillo fácil?

Económicamente hablando el gobierno de Alfonsín se planteó, en primera instancia, un proyecto alternativo, sin embargo fracasó debido a la poderosa presencia de la deuda que, ante la eminente presión de los acreedores externos, acabó interfiriendo en las políticas económicas experimentadas.

Desde aquí en adelante se mantiene la conducta adoptada por la dictadura, que estaba condicionada por tres factores: por un lado, por las políticas de ajuste exigidas por el Fondo Monetario Internacional; por otro, la globalización económica que iba imponiendo nuevas demandas constantemente; y, por último, por los requerimientos que hacían los sectores capitalistas -con mayor poder económico- para hacer efectivo su apoyo al gobierno a través de inversiones productivas. Presiones a las que el gobierno cedió en detrimento del conjunto de la sociedad.

En la política económica aplicada por el gobierno de Alfonsín, luego de la gestión Grinspun, predominó una tendencia de ajuste de la economía Argentina, respaldada por el conjunto de empresarios más poderosos, que veía una coincidencia entre la política propuesta y sus principales intereses.

Finalmente se generó una situación hiperinflacionaria que permitió una acelerada y cuantiosa transferencia de ingresos entre sectores de la sociedad argentina. Aunque éste era un proceso que se venía gestando desde 1975, la violencia y profundidad con la que se dio, esta vez, no tenían precedentes y repercutió en la estructura social ampliando aún más las diferencias preexistentes.

La finalización del mandato de Alfonsín es producto de la tensión económico-social consecuente de la hiperinflación, que socavó el sistema político. Queda en discusión si el presidente no quiso o no pudo ahondar las reformas neoliberales.

Frente a este panorama, su sucesor Carlos Menem profundizó el Estado neoliberal y reafirmó permanentemente su indeclinable posición ortodoxa, insistiendo en la aceleración de las privatizaciones, la apertura y la desregulación de la economía, el ajuste y la reforma del Estado y el visceral alineamiento con los Estados Unidos en materia de política exterior.

Sin demasiadas variables ni virajes políticos importantes, se sucedieron diferentes cúpulas que lideraron la economía argentina, pero quien más fielmente patrocinó los postulados neoliberales – establecidos por el Consenso de Washington- fue Domingo Cavallo, quien configuró una reforma estructural de la economía y la sociedad argentina

. En lo que a privatizaciones se refiere, se esgrimieron argumentos tan absurdos como el que sostenía que el Estado se desprendía de algunas empresas por considerarlas deficitarias, pero ¿tan ingenuos eran aquellos capitales externos que invertían en empresas argentinas que originaban pérdidas? y, para nuestro país ¿acaso no fueron las privatizaciones las que generalizaron la desocupación?, ¿no es por ellas que el Estado perdió su protagonismo frente a las empresas transnacionales?.

Paralelamente se generó la concentración del capital en pocas manos, aumentando la desigualdad social, a medida que se desmembraba el sindicalismo y se precarizaban las condiciones laborales de los trabajadores, flexibilizándose la legislación laboral. También aumentaban los niveles de corrupción, esa corrupción que se infiltró en las cúpulas del poder y que fue utilizada para limar resistencias y cooptar adversarios.

Igualmente es clara la posición excesivamente autoritaria que se manifestó en la concentración del poder en el ejecutivo. Los decretos de necesidad y urgencia y la inusual frecuencia con la que Menem recurrió a ellos, atendieron a una amplia gama de materias que excedían las privativas del presidente, estos hechos expresaron, por un lado, su verticalismo omnipotente y por otro, un atentado al régimen republicano que establece la división de poderes.

Al mismo tiempo era visible una actitud amenazadora hacia otras fuerzas políticas presionándolas por dos vías: el veto y los decretos propiamente dichos. En armonía con toda una forma de accionar, llegó a plantearse lo que ninguna persona, que cree en un sistema democrático y republicano, podría tolerar: considerar la posibilidad de clausurar el Congreso.

Como si lo desplegado no hubiese sido suficiente para afirmar lo ominoso que fue este gobierno, se suma un elemento igualmente aberrante: la concreción del pacto de Olivos, un acuerdo que habla de lo fatídico que fueron los dos partidos políticos que imperaron en la democracia de fines del siglo XX. Quizás haya sido uno de los acontecimientos políticos más grosero que respondió a los intereses y ambiciones de dos personajes decididamente siniestros, que nos condujeron a esta realidad tan ascendentemente delicada.

Concluido el gobierno menemista, asume la presidencia otro protagonista poco dinámico y con escasa voluntad de cambio: De La Rua, que fue el receptor de las consecuencias de las políticas ensayadas por Carlos Menem, a las cuales da continuidad. Su principal falencia fue el intento fallido de atender los aspectos más relevantes de la espectacular crisis, que progresivamente fue agudizándose y ultimó su propia caída. Sus medidas económicas estuvieron totalmente condicionadas por las tensiones económicas y más aún por la crítica situación social, marcada por la desigualdad social que se evidencian mediante la aparición de una nueva violencia social, la crisis de las clases medias y el crecimiento de la pobreza estructural o histórica.

Haciendo un análisis de las clases medias notamos que este grupo, que se encuentra en un estado intermedio en relación a su estándar de vida, está sometido a un proceso de polarización social importante que lleva a un estrechamiento de esta clase, en donde: un pequeño segmento asciende rápidamente, otro permanece en equilibrio inestable – lo que refleja la vulnerabilidad de este estrato social- y un último –la gran mayoría de ellos- desciende conformando un nuevo sector denominado "pauperizados", "empobrecidos" o "nuevos pobres", estos son aquellos que poseen ingresos inferiores a la línea de pobreza pero que sus necesidades básicas son relativamente satisfechas. Dicha tipificación ejemplifica la dinámica destructiva de la clase media.

Estas variables van modificando la relación de estos sub-grupos con el trabajo. Cuando esta relación caduca, el trabajador no solo se ve afectado económicamente, sino que también se ve alterada su estabilidad psicosocial.

Ulteriormente surge una escisión acentuada entre las expectativas potenciales de consumo y las posibilidades reales de hacerlo, generándose una privación relativa.

Por otro lado, la fracción que proviene de la decadencia de la clase media, está precisamente incurriendo en la línea de pobreza, y posteriormente formará parte de la pobreza estructural o histórica, la cual posee las necesidades básicas insatisfechas. Las desigualdades van progresivamente deteriorando el tejido social, totalmente susceptible al incremento de la pobreza, a tal punto que genera un estado crítico expresado fundamentalmente por la indigencia y la exclusión que se presentan como constantes en un modelo de vida tan salvajemente excluyente y selectivo.

Los criterios establecidos parten de un cierto reduccionismo que choca con la afirmación de la complejidad. Aclaramos que los supuestos mencionados son totalmente relativos y que, con cierta rigurosidad, la polarización social deriva de la generación de infinitos sub-sectores, que progresivamente van siendo atraídos a la esfera de la vulnerabilidad en sus distintos niveles.

En este contexto la violencia social cotidiana está íntimamente relacionada con la marginación y posterior exclusión que deviene de la práctica profunda de la lógica capitalista.

Estos sectores relegados pasan a formar parte de una suerte de economía informal que se correlaciona con el aumento de la inseguridad. Desahuciados y sin horizontes previsibles una parte de la sociedad cada vez más joven se vuelca al ejercicio de actitudes delictivas, el Estado responde con medidas tendientes a asegurar el orden, pero nunca aplicando políticas sociales que ataquen las verdaderas causas de la criminalidad, estructurando un sistema de seguridad dirigido fundamentalmente para sectores incluidos, olvidando por completo la permanente opresión a la que se ven sometidos los grupos desplazados del circuito económico. Nosotros nos preguntamos si esta violencia no es producto de la desigualdad social generada por el sistema más que por la pobreza en sí, y por lo tanto, si las soluciones no deben buscarse en cambios más profundos que, hasta ahora, nunca encontraron eco en la clase dirigente.

Como consecuencia, en diciembre del 2001, la ineficiencia presidencial para resolver la crisis estructural, sumada a los procesos de pauperización, antes enunciados, hicieron que la sociedad argentina mostrara signos de agotamiento y que el pueblo todo se levantara en un acto de absoluta conmoción provocando la caída de De La Rua.

En medio de este entorno, el pueblo sale a la calle en busca de espacios de participación y protagonismo, dimensionando una democracia que se exhibe en una pantalla de asambleas populares y puebladas que sugieren una forma directa de manifestación del pueblo, ¿los movimientos populares del 20 y 21 de diciembre fueron iconos de la rebelión popular? ¿pretendían combatir un sistema que subordina las instituciones republicanas a un poder económico-político concentrado en un extremo, o solamente intentaban modificar el modelo?.

Estas dudas son las que nos llevan hoy, en el 2004, a preguntarnos ¿qué ha pasado con ese auge de las luchas populares que no han logrado mantener continuidad en su reclamo, ni organicidad ante el actual gobierno?, ¿acaso las condiciones no se prestan para ello? ¿podemos nosotros aportar algo desde nuestra condición de estudiantes? Insistimos en una respuesta positiva en la medida en que la educación sirva como una lente que nos permita interpretar la realidad desde un ángulo crítico, para incidir en un cambio acorde a las necesidades de nuestro pueblo, que creemos que sólo pueden resolverse en un sistema más justo e igualitario.

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Juan Cruz Goñi

Constanza Thomassey

5to. Año CPEM Nº 14