Durante 71 años el PRI (Partido Revolucionario
Institucional), se mantuvo en el poder,
liderando a México,
con diversos gobiernos de sucesión del mismo partido. En
el año de 1994, se inició un movimiento en
Chiapas, El
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
dirigido por el subcomandante Marcos, movimiento que salió
a la luz justamente el
día en que entraba en vigencia el Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos y
Canadá, como un sonoro golpe a la imagen oficial de
un México en tren de prosperidad económica y
pluralismo político.
En la primera transición pacífica hacia un
gobierno de oposición en México, el Tribunal
Electoral declaró ganador de las elecciones del 2 de julio
del 2,000 a Vicente Fox.
Después de tantos años de gobierno de un
solo partido, de una sola ideología aparece la figura de Vicente Fox,
para dar un giro al destino de México.
Pues entonces ante su intensa labor de limpiar todos los
poderes del estado,
quienes estaban sus altos y pequeños cargos ocupados por
integrantes del PRI. Desmantelando aquel poderío. Aparece
la figura imponente de Vicente Fox.
Quien a su pueblo le promete con su presencia encontrar
una serie de alternativas a todos los sucesos negativos que hasta
ese momento se venían dando en el país de
México. Entre ellas el de elevar una economía al 7%, un
apoyo total a la pequeña empresa, una
mejora a la política industrial.
Así como también mejoras en la ciencia y
en la tecnología, promover el turismo, dar una verdadera
justicia
social. Igualmente emprende el gran reto de liberar a la mujer mexicana
del machismo ya propio de ellos, resaltarla y darle una
oportunidad dentro de la sociedad.
Defender el
petróleo para los mexicanos, poner el fin al narcotráfico, apoyar la ecología y buscar un
medio de pacificación.
Es así entonces que todos los Mexicanos, los
países de Latinoamérica y el mismo EE.UU., se
preguntaron: ¿Cuál será el destino
más cercano de México?
El rezago en materia de
política
social es evidente frente a los grandes avances
democráticos y económicos, al grado de poner en
entredicho el cumplimiento de sus ofrecimientos para mejorar las
condiciones de vida de los mexicanos. El agravamiento de las
cuestiones sociales constituye la debilidad interna del desarrollo
nacional y el resultado de las deficiencias de la actual política
económica, a pesar de la apertura política que
el sistema ha
demostrado. A menos que se vuelva a orientar la política
económica actual, de tal forma que aliente el desarrollo y
realmente produzca las ofertas de mejoramiento individual,
familiar y colectivo.
Ante las presiones de la clase
empresarial, los gobiernos han aprobado iniciativas cuyos efectos
sólo han beneficiado a los intereses de sus promotores
pero han sido perniciosos para la inmensa mayoría de los
ciudadanos. Con anterioridad, la clase empresarial se alió
a los "gobiernos revolucionarios" para obtener grandes beneficios
en materia de estímulos fiscales, medidas proteccionistas,
permisos para importar, subsidios, etc. La clase empresarial se
niega a pagar sus impuestos y su
impunidad es
protegida por el mismo Estado. Ahora que la clase empresarial
responde más a los intereses hegemónicos de un
capitalismo
globalizador promovido por una elite de corporaciones
transnacionales, el Estado es
el peor enemigo para la obtención de muchos de sus
beneficios.
El entorno del Estado-nación
delimitado por los procesos de
globalización, se fundamenta en una nueva
normatividad para la regulación del comportamiento
económico, político y social. Es en este sentido
que la administración
pública eficaz y eficiente se encuentra estrechamente
vinculado con la sociedad mediante los procesos políticos.
Esta regulación del comportamiento busca la
transformación de las instituciones
bajo una nueva cultura
ciudadana y una nueva cultura de gestión
empresarial que concreten en una agenda
político-social el proyecto de
gobernabilidad democrática. La imagen carismática
de Fox es insuficiente para mantener el equilibrio
institucional, por lo que se requiere del fortalecimiento de
instituciones con sistemas de
incentivos que
eliminen las viejas prácticas autoritarias y
corporativistas. Es necesario reforzar las instituciones
democráticas para tener la capacidad de enfrentar los
retos del crecimiento
económico y la estabilidad política.
De acuerdo a Prats (2000) los factores clave de la
gobernabilidad son los cambios en el sistema institucional, la
cultura cívica y las capacidades del gobierno. Así,
este autor sostiene que "el objeto fundamental del gobierno
moderno no consiste en producir bienes y
servicios para
los ciudadanos (cosa que pueden hacer en gran parte las organizaciones
privadas dentro del marco regulatorio y la supervisión estatal), sino en procurar
mejor "governance", es decir, un sistema institucional y una
cultura cívica que incentiven el comportamiento eficiente
y responsable del conjunto de los actores sociales".
Las instituciones tradicionales del Estado mexicano
están siendo rebasadas por los acelerados cambios basados
en un nuevo paradigma. El
paradigma de la
administración burocrática weberiana fue la
piedra angular del Estado Moderno (Crozier, 1996) y
constituyó el principal instrumento para racionalizar las
funciones
estatales. La administración pública
burocrática moderna y racional-legal, que separa lo
público y lo privado, la política y la administración pública,
sustituyó a la administración patrimonialista y
surge por los requerimientos del desarrollo capitalista en el
siglo XIX.
Este desarrollo capitalista exigió la
separación de las funciones del mercado y el
Estado. Para el caso de México, esta
racionalización estuvo determinada en función de
una estructura
corporativa y una cultura autoritaria, hegemónica por un
partido que concentró el poder por 71 años, a tal
grado que la hicieron disfuncional, al eliminar todos los
espacios democráticos que se consideraron herencia de la
Revolución
Mexicana que marca al Estado
mexicano en el siglo XX.
Mientras imperó el partido de Estado, fue casi
imposible para los partidos y asociaciones políticas
definirse como de oposición. El sistema
político mexicano funcionó en este contexto
hegemónico en donde se otorgó representación
a las minorías mediante mecanismos que posibilitaron el
diálogo y
la negociación y que mantienen activos a
pequeños partidos. La Revolución
Mexicana inicia y fortalece los valores
del nacionalismo
mexicano hasta alcanzar un desarrollo ideológico fuerte
que perdura hasta los años setenta. Los valores de
este nacionalismo revolucionario son preservados por la
existencia de una "familia
revolucionaria", integrada por la elite gobernante.
Los rasgos del Estado mexicano que surge de la
Revolución Mexicana están caracterizados por un
acentuado corporativismo y clientelismo centrado en la figura
presidencialista de corte autoritario, y en un partido que
monopoliza el poder político y sus relaciones con la
economía. El autoritarismo permitió mantener un
largo período de estabilidad política mediante la
existencia de una estructura de poder concentrado en el
Presidente quien decidía a su sucesor. Los gobiernos
priístas son hegemónicos en el sentido de que
emanan de un sistema político sin competencia,
subordinado a la autoridad del
Estado, a diferencia de la Unión Soviética donde el
Estado se subordinó a un partido único.
Todavía más, Fox es el primer presidente electo
democráticamente y que surge de la oposición desde
desde 1911, pero a pesar de que el PRI perdió las
elecciones, el presidencialismo se mantiene, aunque debilitado,
como parte de la cultura política mexicana
El corporativismo asimiló a las diversas fuerzas
y movimientos sociales que de otra forma hubieran protestado y
demandado al Estado por mejores servicios, para convertirlas en
instancias de negociación y consenso dentro de los
ámbitos institucionales del Estado. La decadencia de los
valores nacionalistas de la revolución Mexicana se inician
con el movimiento del 68 y finalmente se deterioran en la
década de los ochenta. El autoritarismo de Zedillo cierra
este periodo de gobierno de 71 años del partido de Estado
caracterizado por un incremento en los niveles de corrupción, impunidad, represión,
inseguridad,
pobreza,
desempleo,
etc. Por otra parte, algunos analistas aseguran que este
autoritarismo logró reprimir a los movimientos sociales
que consideraba desestabilizadores.
En los términos de Fragoso Lugo (2001), "si bien
la ideología nacionalista-revolucionaria mexicana nunca
pasó por alto la heterogeneidad social?los mecanismos
corporativistas y clientelares del gobierno surgido de la
Revolución resultaban cada vez más ineficaces en la
composición de un debate
político incluyente". Las prácticas electorales
posrevolucionarias generaron incertidumbre en los procedimientos y
una certeza en los resultados, al contrario de lo que proponen
los analistas. La era posrevolucionaria empieza a sufrir fuertes
mutaciones en la década de los setenta, lo que la lleva a
su liquidación en la década de los
ochenta.
Schmidt (2000a) afirma que "la obsolescencia del
paradigma revolucionario se ocultaba bajo la supuesta eficacia de un
paradigma de articulación política hacia el Estado
autoritario, sin prestar mayor eficacia a los grupos marginales
que cada vez crecían mas hasta convertirse en masas para
las que el sistema político solamente representaba
imposición, corrupción, represión, desigualdad e
injusticia". Hoy hay plena conciencia en que
los fundamentos revolucionarios en que se apoyó el sistema
político mexicano por más de 83 años, son
obsoletos y que, además, centralizó las decisiones
a tal grado, que se volvió inoperante.
Este modelo
burocrático buscó la eficiencia
mediante la aplicación de reglas universales, que dejaron
una ética del
servicio
público deformada y las cuales terminaron en deficientes
aplicaciones y comportamientos: corrupción, caciquismo,
etc. La corrupción se institucionalizó y, por
tanto, se volvió cínica, enquistándose en
las mimas estructuras
burocrático-administrativas. Actualmente, por ejemplo, las
prácticas de corrupción cuestan alrededor del 8.5%
del PIB en
México. La búsqueda de la eficiencia como el fin
principal de la racionalidad burocrática dominó en
el modelo burocrático, pero también en la elite
burocrática.
El papel del Estado ha cambiado de un Estado empresarial
e intervencionista con amplias funciones de provisión a un
nuevo diseño
de Estado menos obeso y pequeño con funciones más
de facilitador, mediador y de regulador o árbitro. El
modelo de "desarrollo estabilizador" extendió los
beneficios del Estado mexicano para proteger, impulsar y
compensar a los empresarios. Ahora, a estos mismos empresarios
les incomoda el modelo de Estado empresario. A
pesar de todos los males que le aquejaron, corrupción,
negocios
ilícitos, etc., los beneficios que brindó a la
sociedad mexicana son innegables. Este modelo de economía
mixta cambió por la presión
que resultó con la apertura política, cuando la
sociedad acepta su pluralidad y se inicia en la democracia.
El Estado empresario abandona su impulso e intenta
deshacerse de las empresas,
siguiendo las tendencias de los procesos de globalización económica. Con los
empresarios en el poder emerge el Estado empresarial bajo la
forma de una república empresarial que gerencia y
controla todos los beneficios de los factores de la producción a favor de los grandes intereses
económicos capitalistas. En otras palabras, el Estado
gerencial es antidemocrático porque es el vehículo
del control
económico, político y social en beneficio de los
intereses de los empresarios. El Estado de los empresarios o
Estado gerencial se orienta por comportamientos autoritarios e
indiferentes a la participación, consulta y consenso, en
forma similar a los que ejerció el régimen mexicano
bajo un único partido en el poder por más de
setenta años.
Lo que se requiere es el cambio a un Estado con una
racionalidad reguladora que pretende que los diferentes actores
direccionen su comportamiento hacia horizontes que no se alcanzan
a visualizar bajo el enfoque meramente gerencial del Estado. Los
nuevos procesos de toma de
decisiones bajo formas de
gobierno vertical se abandonan por formas de gobierno que
requieren estructuras más horizontales y flexibles que
propicien el trabajo
profesional y de alta calidad en
equipo, de tal forma que facilite una estrecha coordinación de actividades.
Sin embargo, en la mayoría de los países
en desarrollo, como en el caso de México, el diseño
del Estado burocrático Weberiano no se completó.
Pero está siendo substituido por un nuevo diseño,
el de Estado gerencial basado en una cultura empresarial que
orienta el gobierno de los asuntos públicos la iniciativa
individual como una expresión del ejercicio de la libertad, base
del desarrollo
social. Otros analistas, como Servan-Schreiber, argumentan
que la tiranía del crecimiento económico sustituye
eventual y gradualmente a los "modernos gobernantes a abdicar sus
funciones políticas para atender supuestas prioridades
económicas" (Camil, 2000) de tal forma que "si el poder
político se convierte en el servidor de las
grandes empresas, quién se ocupara de los hombres?" se
cuestiona.
El modelo gerencial de Estado en el que el sector
empresarial se convierte en el favorecido del sistema
político mexicano y sustituye al modelo de Estado
corporativo. Los empresarios están ahora en el poder
mismo, sin la preocupación que tenían anteriormente
por buscar y establecer buenas relaciones con el gobierno. En
este modelo de estado corporativo, funcionarios de gobierno y
empresarios comparten el poder político y se implican en
los procesos de tomas de decisiones buscando el beneficio por sus
propios intereses. El ejercicio de la libertad individual
encuentra su máxima expresión en la
vinculación que se hace a la libertad de iniciativa de las
empresas, entendidas como el principal motor de desarrollo
económico, político y social de la nación.
Las fronteras que delimitan los intereses de los sectores
público y privados se borran. El modelo de Estado
corporativo de Fox, por el que los empresarios han arribado al
poder, éstos comparten como objetivos
asignar el mayor peso político a los intereses
económicamente más poderosos.
Fox ha prometido el apoyo para que los ciudadanos
establezcan sus propios changarros con un financiamiento
de la banca social,
para estimular la producción del auto-empleo con un
enfoque de rentabilidad
económica. Fox vendió la idea a los mexicanos de
ser el hombre del
cambio que requería el Estado mexicano. Por eso, quienes
más votaron por Fox fueron los mexicanos jóvenes
con más escolaridad y mayor nivel de ingresos,
mientras que el PRD y el PRI se disputaron el voto de la población más pobre y de las zonas
rurales.
Por eso, no basta tener antecedentes de haber sido un
buen gobernante, sino que también se requiere de un
excelente perfil de candidato, la forma en que se le selecciona,
su campaña política y sus mensajes. Sin embargo,
como en todo cambio, se presentan resistencias
al cambio democrático, entre los que se mencionan
repetidamente las acciones del
crimen
organizado, las viejas estructuras de los viciados cuerpos de
seguridad y
policiacos.
Bajo el principio de subsidiariedad con el Estado, las
empresas deben ser privadas, aunque no queda claro como en el
caso de los oligopolios. Algunos de los rasgos
característicos de la mayor parte de los miembros de la
elite gobernante en México, son los que provienen del
sector privado, tienen poca experiencia en la
administración pública, tienen antecedentes
empresariales y comparten en común la cultura empresarial.
Esta cultura empresarial se fundamenta en la consecución
de eficiencia y eficacia, innovación y creatividad,
espíritu emprendedor y una cultura de calidad
proveedor-cliente
La empresa que antes era vista con desdén, por
considerársele un "agente de meros intereses
egoístas", se convierte en el protagonista del desarrollo
(Prats, 2000) por y para sus propios intereses. La promoción de una cultura centrada en el
egoísmo de los individuos como expresión
máxima de su elección racional (rational choice)
sólo busca obtener sus máximos beneficios, siempre
en detrimento de los demás con quienes está en
competencia. Resulta obvio que la clase empresarial en el
ejercicio de las tareas del gobierno mexicano defienda sus
propios intereses económicos, sociales y
políticos.
De hecho, de acuerdo con Chomsky, entrevistado por Cason
y Brooks, (2000), "sólo un sector muy reducido de la
población definió la elección: los intereses
empresariales que financian las campañas
políticas". Así, la elección mexicana
"transparente y justa", de acuerdo con este investigador, oculta
la existencia de una "dictadura
empresarial" que responde a los intereses principales de los
centros globales del poder económico y lo que desean los
poderosos son "formas de democracia controladas desde arriba,
donde las estructuras tradicionales del poder permanecen
intactas". La democracia mexicana sólo ha cambiado de
caras y expresiones, pero en esencia sigue permaneciendo bajo las
mismas estructuras.
Para el caso de México, concluye Chomsky: "Si eso
es vestido de legitimidad formal, puede ser dañino".
Quizás lo dice a sabiendas que en México el sistema
democrático siempre estuvo limitado y acotado por un
partido político en el poder, que aunque permitía
la competencia interna y la incorporación de otros
importantes actores políticos, la oposición
difícilmente lograba una mayor participación en el
sistema político. Sin embargo, a 100 días en el
poder, y sin un proyecto alternativo, la legitimidad otorgada al
foxista empieza a disminuir. Su afán por cambiar los
comportamientos y formas autoritarias del poder presidencial, ha
dado por resultado ciertos vacíos de poder que intenta
llenar con actuaciones espectaculares de las que no siempre sale
bien librado.
El modelo gerencial de funciones del Estado mexicano, se
inspira en las transformaciones ocurridas en las organizaciones
del sector privado (CLAD, 1998). El sector privado se involucra
en la producción de bienes y servicios para el mercado,
bajo el principio de subsidiariedad. Se propone que el Estado
mexicano tenga la función de facilitador de la actividad
económica desplegada por la empresa
privada. En ninguna ocasión anterior, la iniciativa
privada ha logrado una posición tan relevante en el Estado
mexicano (de la Madrid, 2000)
Así, el concepto de
eficiencia empresarial es aplicado a las actividades y funciones
del Estado.
Esta eficiencia se logra más por los empresarios
que por los políticos y los tecnócratas. De alguna
forma, Fox ha eliminado a los tecnócratas del poder,
aunque está profundizando la aplicación de las
políticas neoliberales. Sin embargo, hay que dejar bien
claro que el modelo gerencial del Estado no busca la eficiencia
necesariamente separada de la efectividad, en parte porque la
optimización de los recursos
públicos puede resultar incompatible con el ofrecimiento
de servicios
públicos de calidad. Además, los criterios
racionales, como el de eficiencia, quedan subordinados al
criterio democrático como expresión de la voluntad
popular (CLAD, 1998)
Los recientes cambios del ejecutivo federal en
México marca el principio de una era de
redefinición y construcción de un nuevo régimen
gubernamental. El Partido Acción
Nacional, considerado por Wallerstein como un "partido neoliberal
standard" (Cason y Brooks, 2000) permitió a Fox y al
grupo de
empresarios que lo apoyan, el acceso al poder de la presidencia y
de los más altos centros. Fox es el arquetipo del estilo
de hombre de
negocios, empresario que habla con franqueza para decir que
gobernará sin rencores y que, además, tiene la
legitimidad democrática. Pero, además, Fox no tiene
el soporte político en el Congreso de un partido
"omnipresente", como sucedió con los presidentes
priístas que siempre contaron con el apoyo incondicional
del PRI que satisfacía todos sus caprichos.
Una descripción de la
personalidad de Fox se acerca a la realizada por
Tuñón de Lara (citado por Roitman y Rosenmann,
2001) para el ascenso al poder de una elite empresarial similar:
" con una concepción calvinista del éxito
mundano como prenda de la predestinación divina, su
fuerza ya no
procedía de su conexión con la jerarquía de
la Iglesia, sino
de la oportunidad de su proyecto, de la cohesión como
grupo, de su presencia en el centro de las decisiones
políticas y económicas, y de su capacidad para
situar a sus leales en puestos de alta administración; en
definitiva, de actuar, no como grupo de presión?sino como
una especie de partido de notables capaz de controlar los centros
de poder del Estado".
El nuevo presidente ganó la elección
basado en una plataforma que sustenta la idea de un cambio
estructural y moral del
gobierno y del sistema político. Es en este sentido que la
necesidad de cambio hace patente en lo que el documento del CLAD
(1998) señala como: "La nueva etapa de reformas debe ser
aprobada por sistemas políticos surgidos hacia el fin del
ciclo autoritario, pero que, en su mayoría, no
consolidaron inmediatamente la democracia".
No obstante, el simple reemplazo de grupos en el poder,
el cual evita la perpetuación de un partido
político, no necesariamente garantiza la alternancia
democrática. Esto sólo representa una alternancia
sin alternativa y es en gran parte una consecuencia inmediata de
la concepción tecnócrata de la gestión
y administración de lo público, entendida como la
política alejada de toda participación ciudadana. La alternancia en
el poder puede representar la oportunidad para consolidar un
régimen democrático más transparente y
sometido a la legalidad de
instituciones legítimas. Para el caso de México,
por el contrario, la alternancia en el poder desató muchos
nudos de intereses y compromisos entre los diferentes grupos
políticos y sociales tradicionalmente atados a expresiones
corporativistas y clientelares, abriendo nuevos espacios de
libertad y ámbitos de ejercicio del poder.
Se requiere, además, un cambio de régimen
político, acompañados de cambios en el sistema
social, de tal forma que permitan un mayor acceso y
participación de los ciudadanos en las decisiones
públicas y un mayor ejercicio del poder a la sociedad civil y
al pueblo. Esto es imprescindible para el diseño e
implementación de una política social integral
más acorde a la justicia social y con una visión de
largo alcance, capaz de combatir la pobreza y de
reducir las brechas que genera la desigualdad. A pesar del
propósito homogeneizador que tiene el sistema
económico y político mexicano, la sociedad civil se
vuelve más plural, aunque al afirmar sus espacios de
libertad, mediante la coincidencia en la localización de
las causas de los problemas,
desorganiza los proyectos
estandarizadores de los poderes hegemónicos. Uno de los
retos actuales que enfrenta el sistema político
posrevolucionario mexicano es la apertura para la
aceptación de una sociedad más plural.
En México, los grandes fracasos para la
superación de la pobreza, educación, salud, alimentación,
vivienda, empleo y acceso a infraestructura básica, como
elementos de una política social que reflejan un
crecimiento inequitativo, necesitan de un replanteamiento. Un
nuevo proyecto de política social tiene que partir del
supuesto de una mayor flexibilización de las estructuras
del poder político – económico y con base en nuevos
esquemas de financiamiento y gasto que transparentes su
aplicación y limiten el ejercicio corrupto e impune. La
política social tiene que ser impulsada con la
participación de todas las fuerzas políticas y
sectores económicos, a fin de alcanzar logros por encima
de intereses meramente partidistas.
Afortunadamente, el gobierno mexicano es consciente de
que no será posible privatizar la política social
en todas sus dimensiones y de que el Estado seguirá
desempeñando la función principal para la
formulación e implementación de esta
política social dirigida a la atención de los grupos más
vulnerables y marginados del desarrollo nacional. Habrá
que ver si los empresarios tienen interés en
incluirse en los programas y
proyectos de desarrollo social y hasta donde es su interés
por sustituir al Estado en esta función, o bien bajo
nuevas formas de relación entre el Estado, empresas y la
sociedad civil, sobretodo cuando anteriormente siempre se
enfrentaban por la defensa de sus intereses.
Para que un programa de
política social de combate a la pobreza funcione mejorando
los niveles de vida de los implicados, se debe apoyar en el
sustento para mejorar los niveles de sus propias capacidades y
competencias
productivas. Así mismo, en elevar su autosuficiencia a
partir del desarrollo de esas competencias y capacidades
productivas, más que en la mera orientación
clientelista con fines partidarios. De hecho, el proyecto de Fox
está encontrando muchas resistencias de muy diversa
naturaleza,
tales como el liderazgo de
algunos capitalistas, medios de
comunicación, líderes sindicales, etc. que ven
agredidos sus intereses. Un gobierno de buenas intenciones pero
pobre en resultados, encuentra resistencias que aniquilan las
expectativas de la ciudadanía. Las expectativas de logros en
crecimiento económico alto se cancelan antes de los cien
primeros días de gobierno y se debilita la legitimidad del
gobierno.
De acuerdo con Fazio (2000a) Fox asume el gobierno del
Estado mexicano como parte de un grupo de banqueros y
empresarios, financiado por grupos conservadores
oligárquicos. De tal forma que, su llegada coincide con la
consolidación de un proceso de
concentración y oligopolización económica y
centralización política en la toma
de decisiones, y expresa que las formas anteriores de
representación clientelar y corporativa fueron desplazadas
por formas de representación directa que se habían
venido manifestando de manera larvada. Efectivamente, el
conservadurismo católico del siglo XIX y su poder
económico tuvo una influencia decisiva en el triunfo de
Fox. Los empresarios ahora son los que gobiernan, son miembros de
los consejos de empresas estatales, establecen el salario
mínimo, solicitan el diálogo con la sociedad civil
y delimitan las condiciones para el establecimiento de la paz con
los indígenas de Chiapas.
No hay duda que estos empresarios ascendieron a las
cimas de los centros del poder por su propio talento y
conexiones. Se acusa a Fox de querer gobernar México como
se administra una sociedad
anónima porque su gabinete fue conformado en su
mayoría por individuos a los que se les reconoce una
amplia trayectoria como empresarios. Se quebranta así un
mito de la
política mexicana que no consideraba a los empresarios
como candidatos idóneos para ocupar puestos en el
gabinete, porque consideraba que se presentaban conflictos de
intereses entre los objetivos privados y los públicos,
situación que se tendrá que demostrar. De hecho, es
el gabinete que tiene la orientación más
empresarial en la historia de México,
con una visión gerencial de las actividades, aunque sin
una clara identificación de la identidad y
rumbo de un proyecto nacional. Los resultados que se obtengan con
esta composición del gabinete, determinaran el
éxito o fracaso de la concepción gerencial de la
administración pública.
Como ejemplo de lo anteriormente dicho, hay que
mencionar la inédita participación de cuatro
empresarios en la operación de la paraestatal PEMEX bajo
la denominada Nueva Estrategia,
plantea un claro y serio conflicto de
intereses. Las empresas en las que tienen representación
los empresarios realizan negocios con la paraestatal. Esta Nueva
Estrategia se complementará con un nuevo régimen
fiscal que
separa la renta petrolera de las principales actividades
industriales de la empresa. Si los empresarios consejeros de
PEMEX renunciaran a todo tipo de negocios con PEMEX y procedieran
solo en el interés público, no sería
necesario que la Comisión Permanente de las Cámaras
de Diputados y Senadores, aprobara un punto de acuerdo que
recomienda la reconsideración de los nombramientos de
empresarios consejeros. Esto implica la revocación de los
nombramientos, y se recomienda hacer nuevos nombramientos con
apego a la Constitución.
Otro caso reciente, que encabezan los conflictos de
intereses en el nuevo gobierno de Fox, es el caso en que el Ex
presidente Zedillo entró al aceptar un nombramiento en la
empresa estadounidense Union Pacific Corporation, que durante su
gobierno resultó beneficiada con la compra de Ferrocarril
del Pacífico. El nombramiento de Zedillo como parte de
Procter and Gamble fue un reconocimiento como "un distinguido
líder
?que condujo un crecimiento sin precedentes", pero que sin
embargo, "no pudo revertir la desigual distribución del ingreso ni evitar que los
indicadores de
pobreza se deterioraran?" (Delgado, 2000). Esto demuestra
cómo supeditó al país a la nueva
división global del trabajo.
De esta manera, con la buena disposición de los
empresarios, el sector privado se involucra en la
reestructuración y en la administración de empresas
estratégicas para el desarrollo nacional, mediante su
incorporación en los consejos. Los artículos 25,
26, 27 y 28 constitucionales justifican el papel del Estado como
rector del desarrollo con el dominio directo
de la nación sobre los recursos
naturales, aguas y áreas estratégicas. Se
considera que en la recuperación de una política de
desarrollo que implica modernización, integración y expansión de las
actividades se aumenta el nivel de competitividad
internacional de la paraestatal.
Sin embargo, la decisión de Fox de incorporar
hombres de negocios violenta la legalidad, ya que los
empresarios, además de estar interesados en la apertura
del sector energético, poseen empresas que necesitan los
insumos de producción de PEMEX. En el ánimo de
muchos analistas es una avanzada para entrar por la puerta de
atrás a la desnacionalización del último
patrimonio de
la nación mexicana mediante la privatización. Ha surgido un debate en
donde el problema se reduce al tipo de condiciones, marco,
contexto, supervisión y controles son necesarios para que
los empresarios se hagan cargo de una función directiva en
empresas y organismos del Estado.
No obstante, se cuestiona que la nación tenga la
función rectora del desarrollo integral y el dominio
directo de las aguas y los recursos naturales y la exclusividad
en áreas estratégicas. Los empresarios piden
participar más en política económica y
apuestan a modificar el papel rector del Estado en la
economía nacional y en el control de áreas
estratégicas, a fin de intervenir más en las
decisiones. Uno de sus líderes ha expresado lo anterior de
la siguiente forma: "Somos nosotros, los empresarios, quienes
podemos guiar al gobierno, de manera firme y decidida, en la
ejecución de políticas públicas". En
sexenios pasados no hubo las condiciones adecuadas para que el
sector privado interviniera en la política
económica. Ahora, ha llegado el momento de aprovechar esta
oportunidad porque "tal vez no volvamos a tenerla en muchos
años. No escatimemos recursos para lograr nuestros
objetivos", dijo. (Zúñiga y Pérez,
2001).
Asistimos al comienzo de un proceso de regresión
neoligárquica, en el sentido de que los grupos
propietarios ejercerán directamente la dominación
-aunque lo haga por medio del Estado- reemplazando a una parte de
la burocracia
gubernamental y eliminando a la antigua mediación
conciliatoria representada por la 'clase política'
priista. Para Moreno y Gandarilla Salgado (2000), el Estado
mexicano es utilizado por las clases dirigentes y asumido como un
botín, financia subvenciones inauditas que tienen por
destino no las funciones sociales, sino el subsidio directo o
discrecional al capital y a la
oligarquía (como lo ilustra de modo vergonzante el
Fobaproa- IPAB).
Hasta ahora, la política social compensatoria ha
sido insuficiente. En el modelo neoliberal, la política
social es la gran ausente y se abandonaron los programas de
atención a los diferentes ámbitos sociales que
requerían atención a la pobreza, para concentrar
los recursos en programas de atención a la pobreza extrema
solamente. Los alcances y logros de la política
económica neoliberal en materia social son endebles y han
polarizado a la sociedad mexicana con una alta
concentración en la exclusión
social, y un fuerte deterioro económico en más
de 66 millones de mexicanos. Este es el primer reto en un futuro
próximo en México. Pero, además, la sociedad
civil tiene que ser construida a partir del concepto de
organizaciones que formen redes y que se integren
mediante alianzas sociales y políticas, es decir, que sean
eficientes en las relaciones entre la sociedad civil y la
política.
Efectivamente, como lo constata de la Madrid (2001), el
modelo gerencial del Estado mexicano queda perfectamente
identificado en un paradigma cuyos rasgos característicos
son la definición de los "intereses empresariales, la
visión religiosa de la sociedad, las causas y los
orígenes de la actual coalición gobernante". Fox
planteó un "gobierno incluyente, plural y de
transición" (Sierra, 2000), aunque lo prioritario es
lograr la eficiencia del gobierno con fundamento en un buen
diseño de instituciones que obtengan los consensos de las
mayorías y que sean el resultado de una ingeniería constitucional.
El principal reto del nuevo estado Mexicano es la
reforma estructural e institucional del Estado y la
construcción de uno nuevo. Hasta ahora, los diferentes
actores políticos no han sido capaces de definir en
términos operativos lo que entienden por reforma del
Estado, ni tampoco han sido capaces de establecer las bases que
sirvan de sustento político. A pesar de que se han
instrumentado algunos cambios favorables a la reforma, sin
embargo, los resultados no han sido los esperados, cada vez hay
más pobreza y las desigualdades se profundizan.
Cuando los actores políticos pacten una agenda y
los tiempos para su desahogo sería el primer paso para
llegar a un acuerdo sobre la reforma del Estado. La reforma del
Estado se refiere a los principios en los
cuales operan las reformas y la política se
desempeña. La reforma estructural se refiere al marco
legal de la acción pública (Iglesias, 2000: 496).
Las instituciones políticas han pasado por fuertes
transformaciones. La reforma del Estado mexicano también
implica consolidar la reforma política y las instituciones
electorales como uno de los principales retos de los
próximos años.
La reforma estructural del Estado cambia su
participación en los sectores económicos y sociales
para garantizar las condiciones macroeconómicas favorables
a la inversión privada y al aumento de la
competitividad. Pero como ya se ha dicho anteriormente, los
resultados han sido negativos hasta ahora. Esta
participación del Estado se concentra en actividades de
regulación en lugar de una intervención directa en
la producción. Además, en materia social, el Estado
debe fortalecer su función en la formulación e
implantación de las políticas públicas, ya
que en esta materia el Estado mexicano ha tenido un retroceso en
su responsabilidad para mejorar las condiciones de
vida y de desarrollo
humano de la población.
La Reforma Estructural del Estado en México
está muy lejos de proponer un proyecto que no polarice las
acciones entre el Estado, el mercado y la sociedad, sino que de
acuerdo con Mangabeira (La Jornada, 2000), este proyecto se
construya sobre las siguientes premisas: "crear un Estado
actuante y solidario con las clases deprotegidas, que consiga un
alto nivel de ingreso público sin traumatizar ni el empleo
ni la inversión, a través de un sistema
tributario rígido, y diseñar una
política social no paternalista ni simplemente caritativa,
sino capacitadora, que tenga como eje a la
educación".
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Rafael Peña Rosas