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Participación Ciudadana y Políticas Públicas




Enviado por alejandro_escobarl



    Una problematización acerca de
    la relación Estado y
    Sociedad Civil
    en América
    Latina en la última década

    1. El modelo de desarrollo de
      crecimiento hacia fuera y el impacto en las Reformas al
      Estado
    2. Las políticas
      públicas en los procesos de reforma del Estado.
      Principales Componentes
    3. La democratización de
      la relación entre el Estado y la Sociedad La
      redefinición de la ciudadanía
    4. La participación
      ciudadana en la formulación y gestión de las
      políticas públicas
    5. A modo de
      Conclusión
    6. Bibliografía
      revisada

    Presentación.

    El presente artículo pretende abordar desde un
    punto de vista crítico los alcances de los procesos de
    modernización del Estado en América
    Latina en los últimos diez años, en su
    relación con la sociedad
    civil, relevando el tema de la participación ciudadana en
    las políticas públicas como uno de los indicadores o
    aspectos más relevantes de dicha
    relación.

    Para ello revisaremos el contexto general en el que se
    enmarcan las políticas públicas, revisando los
    principales ejes de modernización del Estado, el modelo en que
    sustenta y cómo éstos determinan los diseños
    de políticas públicas , deteniéndonos en
    algunas características principales de las mismas.

    Continuaremos problematizando la relación del
    Estado y la Sociedad Civil, dentro del contexto de la
    relación público – privado ,
    centrándonos en los cambios que a sufrido el concepto y
    ejercicio de ciudadanía en los últimos
    años, intentando de manera somera dar cuenta de las
    principales tendencias en relación al tema.

    Luego abordaremos el tema de la ciudadanía desde
    la perspectiva de la participación social (ciudadana) y de
    su relación con las políticas públicas,
    diferenciando dos campos de interés,
    el primero relativo a la participación en la
    formulación de las políticas y el segundo a la
    participación de la ciudadanía en los programas y
    servicios
    estatales.

    A modo de ejemplo abordaremos el caso de la
    participación ciudadana en Chile, como expresión de
    la tendencia en América Latina, graficando los niveles y
    formas en las que se expresa el ejercicio ciudadano en el
    ámbito público.

    Finalmente en las conclusiones reflexionaremos desde una
    perspectiva crítica
    respecto de hipótesis tentativas que pudiesen dar
    cuenta de los déficit de la participación ciudadana, así como de
    aquellas que puedan dar luces de posibles salidas de
    superación frente a la realidad diagnosticada.

    1. El modelo de
      desarrollo
      de crecimiento hacia fuera y el impacto en las Reformas al
      Estado.

    La crisis del
    modelo desarrollista y la transformación del Estado como
    tendencia histórica en América Latina y Chile , en
    los últimos treinta años, así como los
    crecientes procesos de globalización y neoliberalismo
    en las economías latinoamericanas (post-ajuste), explican
    el paso de un Estado transformador a la transformación del
    mismo (modernización), determinando en gran medida la
    vigencia o hegemonía tanto de los modelos ,
    enfoques y diseños de las políticas públicas
    en debate.

    En este contexto, los procesos de Modernización
    del Estado se han expresado en la mayoría de los casos por
    medio de reformas al aparato administrativo, así como por
    medio de la descentralización político
    administrativa , asociado a un proceso
    fundamentalmente político de construcción y/o consolidación de la
    democracia.

    No obstante lo anterior asistimos a una tendencia
    generalizada de aplicación de reformas estructurales
    determinadas en gran medida por el consenso de Washington, que a
    su vez redundan en recomendaciones o políticas regionales
    del BID o del Banco Mundial,
    cuyo eje de construcción se basa fundamentalmente en
    criterios de eficacia y
    eficiencia en
    el gasto
    público, en el contexto de modelos neoliberales
    consolidados o en proceso.

    Se trata de la implementación de un modelo de
    desarrollo de carácter neoliberal basado en el crecimiento
    económico exportador hacia fuera que determina en gran
    medida el cambio del eje
    de las políticas sociales, caracterizado por :

    – La reducción del tamaño del Estado,
    descentralización de las funciones de
    producción y provisión de bienes
    sociales.

    – Rol Subsidiario del Estado

    – Pluralidad de actores: Descentralización y
    desconcentración de instituciones
    públicas.

    – La reducción de la inversión y del gasto social.

    Mercado y
    Cofinanciamiento por parte de beneficiarios

    – Focalización, equidad
    territorial, descentralización
    desconcentración.

    Estas transformaciones estructurales no sólo
    implican cambios en el aparato del Estado sino que generan
    cualitativamente cambios en la concepción de lo
    público y privado, desplazándose el eje
    Público – Estado a formas privadas de concepción y
    ejercicio de lo público, donde lo que se redefine es la
    relación del Estado con la Sociedad Civil, que
    implicará por un lado cambios en la forma en la que
    el Estado
    incorpora a los ciudadanos en el proceso de formulación y
    gestión
    de las políticas públicas (promoción de la participación
    ciudadana) y por otro implicará cambios en el ejercicio
    mismo de la ciudadanía en los actuales procesos de
    democratización en la mayoría de los países
    de la región.

    En Chile la agenda de modernización del Estado,
    contempla aspectos relacionados con el mejoramiento de la
    gestión pública, de recursos
    humanos, gestión financiera y
    descentralización; no obstante lo anterior el tema de
    participación ciudadana no está considerado de
    manera explícita como lo es en el caso de Colombia ,
    Bolivia o
    Perú.

    2. Las
    políticas públicas en los procesos de reforma del
    Estado. Principales Componentes.

    Entender las políticas públicas en el
    marco de los procesos de modernización del Estado no
    sólo implica comprender los cambios en la gestión
    gubernamental en la relación Estado y Sociedad Civil, sino
    también cambios en los principios o ejes
    rectores de las mismas.

    En tal sentido las políticas públicas en
    la última década se han caracterizado por
    incorporar tanto en su diseño
    como en su ejecución distintos aspectos o ejes
    constitutivos de las mismas que hemos resumido en tres grandes
    campos y que a continuación detallamos, a saber: la
    descentralización, la focalización y la equidad
    territorial y que constituirían las condiciones
    básicas que posibilitarían la constitución de mecanismos y niveles de
    participación más adecuados y
    democráticos.

    2.1 La Descentralización –
    Desconcentración

    Una de las maneras más comunes de entender los
    procesos de modernización del Estado, está dado por
    los procesos de descentralización y
    desconcentración a nivel de las políticas
    públicas y de los servicios
    públicos. No obstante ello, la idea de
    descentralización del Estado, si bien se impulsa desde
    diversos enfoques teóricos o paradigmas
    políticos, no es constitutiva de una tradición
    política
    de nuestro país y constituye un proceso reciente no
    acabado.

    Desde los enfoques políticos, están
    quienes consideran a la descentralización como un medio
    para el desarrollo endógeno, sustentado por los
    regionalistas o localistas quienes ven en la
    descentralización una alternativa de
    democratización, transparencia en la gestión
    regional y local, así como de participación social
    (Sergio Boisier).

    Están aquellos que conciben la
    descentralización como un medio para una
    democratización popular, una suerte de impulso de
    democratización social impulsada desde las comunidades
    locales (J.L. Coraggio). Otros en tanto, la observan como un
    medio para la reestructuración capitalista, es decir, como
    condición necesaria para una reforma estatal compatible
    con el neoliberalismo y los procesos de globalización en
    curso.

    Desde una perspectiva más conceptual se pude
    definir descentralización como la transferencia de
    poder a
    niveles inferiores dentro de una jerarquía o
    transferencias de competencias a
    gobiernos subnacionales (descentralización territorial o
    política). Ejemplo de ello lo constituirían los
    Gobiernos Regionales, Intendencias, Gobernaciones Provinciales y
    Municipios.

    Aunque también, se puede definir como la
    transferencia de competencias a instituciones para-estatales o
    incluso no gubernamentales (descentralización funcional).
    Considerada así, la descentralización se constituye
    eminentemente en un proceso político asociado – la
    mayoría de las veces – a procesos de
    democratización.

    La desconcentración por su parte,
    corresponde a un acto mediante el cual se traspasan capacidades
    para tomar decisiones en forma exclusiva y permanente, desde un
    nivel determinado de la estructura
    administrativa a otro rango de nivel inferior, dentro de la
    propia organización. En otras palabras constituye
    una descentralización administrativa solamente, este es el
    ejemplo de SUBDERE, SERPLAC, SEREMIS, etc.

    Ambos elementos – descentralización y
    desconcentración – inciden directamente en la
    concepción que se tenga de desarrollo y gobierno regional
    y local, temas que lejos de estar resueltos constituyen
    recién un tema de debate en la agenda
    pública.

    En el proceso de descentralización territorial y
    el traspaso de recursos
    decisionales a la sociedad civil, la región y
    particularmente el municipio va adquiriendo un rol preponderante
    en tanto unidad territorial básica operativa para la
    aplicación e implementación de políticas,
    programas y proyectos
    sociales.

    2.2. Equidad Territorial.

    Este principio está muy ligado a los procesos de
    descentralización y desconcentración territorial.
    La Equidad territorial promueve un mayor equilibrio en
    la distribución de la población, instrumentando subsidios o
    franquicias a
    zonas extremas, corrigiendo las economías de escalas o
    aglomeración de muchos servicios sociales en desmedro de
    las zonas rurales.

    Una política de equidad espacial, sin embargo
    puede llevar a contradicciones desde el punto de vista de la
    focalización de los recursos, donde se puede beneficiar a
    zonas rurales, siendo que éstas presentan menores
    índices de pobreza que las
    urbanas.

    Por otro lado, una política de equidad
    territorial debe definir claramente la unidad territorial en la
    que se basará, ya sea una región o una comuna. La
    selección de la unidad determinará
    en gran medida la complejidad de los mecanismos y
    volúmenes de traspaso de recursos.

    Las ventajas o fortalezas que presenta aplicar el
    principio de equidad territorial radica en que se favorece la
    integración homogénea de un
    territorio nacional, al apostar a los equilibrios regionales
    internos, lo que a su vez permite desconcentrar servicios,
    así como, una racional asignación de los recursos
    financieros.

    Como desventaja se plantea la debilidad de constituir un
    mecanismo de ajuste y no una expresión federativa de
    realidades locales, lo que implica paradójicamente la
    reproducción de nichos de crecimiento
    diferenciados, donde se concentra el desarrollo y crecimiento en
    unas zonas y "chorrea" hacia el resto, lo que genera
    indirectamente la dependencia de los polos de mayor desarrollo
    desinhibiendo el desarrollo autónomo regional y
    local.

    2.3. La focalización.

    Las políticas de focalización están
    asociadas a mecanismos de asignación de recursos
    económicos para combatir la pobreza,
    partiendo de la base que en un mundo con recursos escasos,
    focalizar surge como la alternativa más atractiva de
    concentrar los beneficios en los segmentos de la población
    que más lo necesita. En cierto modo constituiría un
    principio de eficiencia en la distribución de los
    recursos.

    La idea central de la focalización es que la
    concentración de los recursos aumenta la eficiencia de las
    transferencias de recursos destinados a enfrentar la pobreza; de
    ahí la construcción de mecanismos e instrumentos de
    focalización que ayuden a mejorar la especificidad en la
    asignación de recursos a la población
    "beneficiaria".

    Este criterio tiene como fortalezas construir mecanismos
    selectivos de asignación de recursos, mejorando la
    eficiencia y equidad en el acceso a ellos.

    3.
    La democratización de la relación entre el Estado y
    la Sociedad La redefinición de la
    ciudadanía.

    Como veíamos en los apartados anteriores la
    descentralización es uno de los principales ejes o
    referentes de medición de los procesos de
    modernización del estado muy ligado o asociado a los
    procesos de democratización de las actuales democracias
    latinoamericanas.

    En los procesos de democratización de
    regímenes políticos de democracia post dictatorial,
    nos encontramos con procesos predominantemente neoconservadores
    que aumentan la brecha entre lo social y lo político,
    expresado en el fomento de la sociedad civil (lo privado), como
    negación del Estado y por lo tanto como negación de
    la política o como expresión de los déficit
    de la política , que a su vez se manifiesta en la
    reducción del papel de las instituciones públicas,
    en la
    administración de la participación política, la
    funcionalización – tecnificación de la
    participación social y la concepción de la
    democracia como método o
    procedimiento
    para la gobernabilidad, el control social ,
    por medio de la desactivación de las demandas populares,
    la despolitización social.

    En la actualidad, si bien estos procesos de
    democratización, vienen en retirada coexisten o se
    mantienen en la mayoría de los casos como una tendencia
    omnipresente en los regímenes políticos,
    oponiéndosele a esta concepción neoconservadora
    tendencias sociales y políticas que demandan
    ampliación de la democracia política y social como
    norte de la rearticulación de las relaciones Estado-
    sociedad Civil, concibiendo el ejercicio de ciudadanía
    como un derecho
    público y no privado.

    Los procesos de democratización se enfrentan ante
    el desafío de la inestabilidad que produce la
    indeterminación de los límites de
    la política y, por consiguiente, el conflicto en
    torno a ellos en
    un marco caracterizado por la fragmentación de la acción
    colectiva y por tanto de una redefinición del concepto de
    ciudadanía, una aguda desintegración social, y una
    creciente concentración de las decisiones
    políticas, ya no sólo desde las elites
    burocráticas internas sino cada vez más
    transnacionales. Además la democratización se
    enfrenta a una pérdida de legitimidad de los mecanismos
    tradicionales de hacer política, sobretodo en sus ejes de
    parlamento y partidos, tanto como en la parición de nuevos
    actores que reclaman una visión renovada de la propia
    democracia.

    En este contexto la democratización pasa a formar
    parte del proceso de redefinición de la relación
    Estado – Sociedad, donde el fortalecimiento de la sociedad civil
    es un eslabón fundamental para la construcción de
    democracia y de ciudadanía, redundando en la propia
    democratización del Estado.

    La participación ciudadana, en su sentido laxo de
    expresión de intereses colectivos y difusos en las esferas
    públicas estatales, inserta en una estrategia de
    democratización del estado, aparece como un tema emergente
    y relevante en tanto instancia pública de interfase o
    intermediación entre el estado, la sociedad y la economía, capaces de
    movilizar espacios de representación , negociación o interlocución en torno
    a ellas.

    Lo anterior evidenciaría que la democracia
    liberal representativa no garantizaría por si misma el
    ejercicio real de ciudadanía, lo que se explicaría
    por los déficit de la política así como por
    la evolución de los derechos
    ciudadanos.

    Para Jordi Borja los procesos de desarrollo de la
    ciudadanía son procesos conflictivos, de
    confrontación y de diálogo
    social que idealmente al final llevan a una nueva
    formalización política y jurídica. Estos
    procesos se pueden expresar en dimensiones diferentes:

    1. Entre movimientos sociales e instituciones, o con
      otros actores sociales, como por ejemplo la lucha por el
      sufragio
      universal sin limitaciones, el derecho a huelga,
      etc.
    2. Entre instituciones o sectores de los aparatos del
      estado, como entre parlamento y gobierno, o de estos con el
      sistema
      judicial
    3. Entre instituciones o sectores del Estado y
      colectivos sociales o culturales vinculados a territorios
      determinados.

    En tal sentido la ciudadanía o más bien el
    ejercicio de ésta se ha transformado en coherencia a las
    transformaciones estructurales de nuestra sociedad. Los cambios
    operados en el aparato estatal y el régimen
    político han incidido enormemente en las concepciones
    ideológicas y demandas de los diversos actores colectivos
    y sujetos sociales, configurando un nuevo escenario de
    participación totalmente distinto al de dos décadas
    atrás.

    Este ejercicio de ciudadanía ha implicado cambios
    en el ejercicio de deberes y derechos, que no implican
    necesariamente una sustitución de nuevos por antiguos ,
    sino más bien un complemento o superación, que
    hacen que el ejercicio de ciudadanía sea mucho más
    complejo e irreductible al mero ejercicio electoral por medio del
    sufragio.

    En esta línea Jordi plantea 10 campos de
    transformación o evolución de derechos que a
    nuestro juicio pudiesen ser ilustrativos de estos cambios a los
    que hacemos referencia, a saber:

    a. Del derecho a la vivienda al derecho a la
    ciudad

    b. Del derecho a la educación a la
    formación continuada

    c. Del derecho a la asistencia sanitaria al de salud y seguridad

    d. Del derecho al trabajo al
    derecho al salario
    ciudadano

    e. Del derecho al medio ambiente
    al derecho a la calidad de
    vida

    f. Del derecho a un status jurídico igualitario
    al de inserción social, cultural y
    política.

    1. De los derechos electorales al derecho a una
      participación política múltiple,
      deliberativa, diferenciada territorialmente, con diversidad de
      procedimientos
      y mediante actores e instrumentos diversos.
    2. Del derecho a la información política al derecho
      a la
      comunicación y acceso a las tecnologías de
      información y comunicación .

      con acceso a informaciones sociales y
      económicas globales, que permitan negociaciones
      a

      escalas supraestatales.

    3. Del derecho a la libertad de
      expresión y asociación al derecho a
      constituir redes
      transnacionales
    4. Del derecho a la lengua y
      cultura
      propias al derecho a la identidad
      colectiva y la

    autodeterminación en nuevos marcos
    políticos complejos

    Si bien existe la tendencia a nivel mundial de avanzar
    hacia esta nueva concepción de derechos, los procesos
    diferenciados de globalización y sobretodo de
    modernización capitalista, tiene diferentes repercusiones
    en América Latina, donde los procesos de
    modernización dominantes se concentran en determinados
    nichos o polos de desarrollo, reflejándose de manera
    coherente en el ejercicio ciudadano en algunos sectores de la
    sociedad, continuando con la tendencia histórica de vastos
    sectores de la población que permanecen excluidos de todo
    sistema social, político y económico, siendo objeto
    de políticas de focalización estatal, como
    beneficiarios de recursos y no como sujetos de
    derechos.

    Esta realidad determina en gran medida las posibilidades
    y condiciones de ejercer la ciudadanía, más
    aún en regímenes de democracia restringida o
    indirecta donde los mecanismos de participación han sido
    enmarcados dentro de un sinnúmero de reglas que impiden la
    participación directa de vastos sectores de la
    población así como de las
    minorías.

    A su vez los procesos de democratización del
    Estado intentan cada vez más acercar a estos sectores
    excluidos al ejercicio ciudadano, desarrollado diversas estrategias de
    participación en relación a la oferta
    pública del Estado en materia social
    y económica, como una vía complementaria y a la vez
    paliativa a los déficit de participación
    política.

    4. La
    participación ciudadana en la formulación y
    gestión de las políticas
    públicas.

    Los procesos de democratización del Estado en
    A.L. no sólo han implicado un proceso de reformas a la
    institucionalidad asociada al régimen político
    (Poder
    Ejecutivo, Legislativo y Partidos
    Políticos), sino también a las instancias del
    propio aparato estatal y en particular a la gestión
    gubernamental promovida desde estas instancias.

    Estas transformaciones acaecidas en la gestión
    gubernamental dicen relación con la creación de
    mecanismos para la participación de la sociedad civil
    tanto en la formulación de políticas y decisiones
    públicas como en la gestión de servicios o
    programas públicos.

    En este contexto entenderemos a la participación
    ciudadana como "el involucramiento e incidencia de la
    ciudadanía (y población en general) en los procesos
    de toma de
    decisiones, en temas y actividades que se relacionan al
    desarrollo
    económico, social y político, así como
    el involucramiento en la ejecución de dichas decisiones,
    para promover en conjunto con actores sociales e institucionales
    acciones,
    planificaciones y decisiones hacia el Estado"

    4.1. Participación ciudadana en la
    formulación de políticas
    públicas.

    Este proceso – ligado fundamentalmente a los
    procesos de descentralización – da cuenta de la gran
    formalización del proceso de participación
    ciudadana acaecido en A.L. en la última década,
    tanto por la vía jurídica (leyes de
    participación popular o promoción ciudadana en
    Bolivia o Colombia) como por la vía orgánica
    estatal. Sin embargo, como lo señalara Cunill, las
    evidencias
    recientes muestran que no se han producido avances a favor de una
    mayor participación de la sociedad civil, particularmente
    de los actores no tradicionales, en la formulación de las
    políticas y decisiones públicas.

    Al respecto Cunill señala que "no obstante el
    discurso
    ampliamente favorecedor de la participación ciudadana,
    ésta no ha encontrado condiciones propicias para su
    ejercicio en los espacios gubernamentales, cuando se ha vinculado
    con la posibilidad de contribuir a su propia
    democratización. Por el contrario, pudiera sustentarse
    más bien que las propias formas que se tienden a adoptar
    para la institucionalización de la participación de
    la sociedad civil en la esfera político estatal pueden ser
    explicativas de sus límites, habida cuenta que en vez de
    facilitar el incremento de la representación social, ellas
    pueden legitimar la propia corporativización del aparato
    estatal, limitando aún más su publificación
    ."

    Esta hipótesis
    planteada por Cunill, se sustentaría en el supuesto de que
    la participación ciudadana constituye un potencialidad
    democratizador, capaz de producir cambios en las
    asimetrías de la representación política y
    social. Sin embargo, también se puede admitir que los
    mecanismos de participación pueden asentar o aliviar las
    inequidades, generando condiciones para legitimar o
    problematizar, respectivamente, sobre el modelo de desarrollo que
    las implica.

    De ahí que para poder abordar los temas de la
    institucionalización de la relación del estado con
    la sociedad civil por medio de la participación en las
    políticas y gestión públicas es necesario
    considerar a los sujetos de la participación social, las
    modalidades de participación, así como los
    ámbitos en los que se ejerce.

    En general los sujetos de la participación con
    los que se relaciona el Estado tienen un acceso diferenciado
    según sean los intereses sociales asociados a las
    instancias de decisión estatal, por tanto se conforman a
    partir de intereses particulares y de la oferta estatal. Las
    modalidades más favorecidas de participación en
    este contexto en la mayoría de A.L., se expresan por medio
    de la concepción de los sujetos como clientes o
    consumidores (más que como sujetos políticos,
    afectando su capacidad de crítica y control que trascienda
    sus intereses particulares) operando a favor de una
    relación más mercantil que política con las
    instituciones públicas – estatales. En cuanto a los
    ámbitos de participación social, existe una clara
    tendencia en la región por favorecer la
    participación ciudadana en el marco de la
    descentralización, relevando el ámbito local como
    lugar privilegiado para ella (no obstante las limitaciones
    estructurales de cambio en este ámbito)

    Lo anterior nos llevaría a pensar por tanto que
    el desarrollo de mecanismos de participación ciudadana
    desde el Estado no necesariamente estimula la
    organización social, sino que puede devenir en
    desarticulación del tejido social y/o fortalecimiento de
    las asimetrías en la representación social,
    redundando en el debilitamiento de la sociedad civil.

    No obstante ello, el Estado no sólo ha
    contribuido al constreñimiento de la sociedad, sino que
    también se ha fomentado un acceso diferencial a sus
    instancias de decisión por lo que le cabe a él la
    responsabilidad del establecimiento de las
    condiciones que aumenten la capacidad de representación e
    influencia, particularmente de los actores tradicionalmente
    excluidos, para que puedan acceder y expresarse con
    autonomía frente a los aparatos estatales.

    Están en juego por
    tanto, la creación de oportunidades dirigidas a tales
    actores, que involucran no sólo su específico
    reconocimiento como sujetos políticos, sino el respeto a la
    organización social preestablecida y cuando ella no
    existe, la extrema.

    De lo que se trataría por tanto es de la
    necesidad de la politización de las relaciones entre el
    Estado y la Sociedad Civil, frente a los procesos de
    fragmentación y exclusión
    social, política y económica que caracteriza a
    la mayoría de los países en la
    región.

    4.2. La participación de la Sociedad Civil en
    la gestión de Programas o Servicios
    Públicos.

    Para muchos autores existe la tendencia en los
    últimos años hacia una mayor demanda de
    participación de la sociedad civil en la gestión de
    los programas o servicios, sobre todo del campo
    social.

    Una de las explicaciones a este fenómeno
    radicaría más que en el desarrollo de movimientos
    sociales autónomos, en la tendencia del propio Estado de
    impulsar, por medio de políticas post -ajuste, la
    participación de privados en el desarrollo de sus
    actividades (ONGs, Corporaciones o asociaciones de voluntariado,
    Organizaciones
    Sociales de Base, etc), enmarcadas dentro del desarrollo de una
    cultura de la corresponsabilidad política y
    social.

    Esta corresponsabilidad debiese por un lado posibilitar
    oportunidades para aumentar las capacidades de desarrollo de la
    organización social y por otro lado la de ampliar la
    cobertura, la calidad y eficiencia en la prestación de los
    servicios públicos y con ello contribuir al logro de una
    mayor equidad social.

    Al respecto Nuria Cunill plantea que las evidencias
    prácticas con relación a este sentido no son
    demasiado alentadoras, señalando que la tendencia sobre la
    base de estudios de casos reales " han mostrado que el
    involucramiento de ciudadanos consumidores, a través de la
    ayuda voluntaria en la producción de servicios
    públicos, aumenta la calidad de éstos – al
    ajustarse mejor a las necesidades de los usuarios-, pero
    también incrementa sus costos; que
    está condicionada a la asistencia financiera estatal, y,
    sobretodo, que dadas las resistencias
    burocráticas, tiende a quedar relegada sólo a los
    servicios públicos periféricos o suplementarios"

    En la misma línea, respecto a la
    prestación de servicios públicos por parte de las
    ONGs, la misma autora señala que, la eficiencia y
    efectividad de su gestión está determinada en gran
    medida porque se desenvuelven a pequeña escala, poniendo
    en duda su capacidad de replicabilidad y de ampliación de
    su cobertura, así como la estabilidad y sustentabilidad de
    los programas impulsados por estas.

    La experiencia tiende a mostrar que la
    participación de la comunidad en
    programas públicos está asociada a sus costos de
    oportunidad, crecientemente elevados a causa de la crisis, lo que
    obliga a relevar las actividades más estrictamente
    vinculadas a la supervivencia. Los programas sociales que han
    sido desarrollados en América Latina en corresponsabilidad
    con la sociedad civil exhiben entre sus resultados la
    fragmentación de los espacios de decisión y
    acción social, la lesión del tejido social
    existente, junto con el hecho de que la condicionalidad de los
    aportes gubernamentales a la exigencia de constituir determinados
    organismos hace a éstos altamente inestables.

    No obstante lo anterior y pese a los déficit
    identificados, la tendencia predominante es asumir a la sociedad
    civil como un tercer sector, distinto del Estado y del Mercado
    (empresa privada)
    que identifica al espacio de las asociaciones humanos que no se
    basan en la coerción, sino en la interacción social para su
    reproducción.

    4.3. Un acercamiento empírico a la
    participación ciudadana en las políticas
    públicas en Chile.

    La tendencia mostrada en los apartados anteriores no
    exclusiva de un país en particular, le caso de Chile
    quizás pudiese ser significativo desde la perspectiva de
    los déficit de la participación ciudadana, realidad
    que se expresa de manera gráfica en un estudio realizado
    en el 2000 por la DOS, respecto de la participación
    ciudadana en los programas o servicios públicos
    estatales.

    Así podemos apreciar que la participación
    de los agentes institucionales presenta una proporción
    equilibrada entre el sector
    público y el privado, evidenciando que la
    ejecución de los programas se realiza en alianzas entre el
    estado y entidades descentralizadas o desconcentradas, primando
    para el caso de la sociedad civil la participación de las
    organizaciones sociales, por sobre las empresas y
    entidades gremiales.

    Por otro lado, la modalidad de participación
    ciudadana se expresa en formas puras y compuestas, siendo
    mayoritaria las primeras con un 86%, de las cuales la
    mayoría pertenece a la modalidad instrumental (usuario
    receptor de beneficios sociales) con un 59%, seguido de la
    modalidad consultiva (control social de los compromisos
    públicos) con un 19%, la gestionaria (participación
    en la ejecución y gestión de los programas) con un
    16% y sólo en un 6% se darían formas de
    participación de habilitación social o
    empoderamiento.

    En cuanto a los momentos de la participación
    podemos apreciar una proporción mayor en el momento de la
    Ejecución (19%), luego en el Diseño (16%), en el
    Diagnóstico y Evaluación
    (15%), en la difusión (13%), en el rediseño (12%) y
    finalmente en el momento de control social (10%) . De esta manera
    la participación ciudadana sigue siendo considerada en las
    tres etapas clásicas del proceso de planificación: Diseño,
    ejecución y Evaluación, siendo la difusión,
    el rediseño y el control social las etapas con menor
    proporción de participación.

    Respecto a los sujetos de la participación, se
    identifican formas de participación complejas y
    heterogéneas, individuales y colectivas, según
    edad, nivel socioeconómico, etnia y
    género,
    distinguiéndose tres categorías- de menor a mayor-
    de destinatarios de las políticas, planes o programas: los
    individuales, los colectivos y los mixtos. Dentro de los sujetos
    colectivos son las organizaciones formales las predominantes,
    seguidas de Las informales y en muy poca medida le siguen los
    sujetos individuales.

    Finalmente en cuanto a los instrumentos de
    participación podemos identificar niveles diferenciados en
    aquellos asociados a la investigación (35%) a la información
    (24%), a las instituciones (23%) y de relación directa
    (18%). En otras palabras se puede advertir que los instrumentos
    de investigación se expresan en y a través de
    herramientas
    de recolección
    de datos y de estudios, para investigaciones
    de carácter diagnóstico o evaluativo o para
    producción de nuevo conocimiento.

    No obstante que la ciudadanía es consultada y
    convocada a participar, respecto a la evaluación de los
    programas o a diagnosticar realidades problema, se percibe que no
    existiría una mejoría o corrección en la
    ejecución de la política, así como en la
    gestión y calidad de la oferta.

    Al respecto podríamos hipotetizar que lo que
    existiría en estos casos es más bien una suerte de
    desarrollo de capital social
    asociado a la oferta pública, más que la presencia
    activa de actores sociales constituidos o empoderados en la
    cosntrucción y ejercicio de las políticas
    públicas.

    Lo anterior lejos de alarmar debiese constituir un
    llamado de atención frente a una realidad que si bien
    no constituye una tendencia generalizada en América
    Latina, adquiere connotaciones relevantes en países como
    Chile donde recién comienza a advertirse la necesidad de
    desarrollar políticas participativas
    descentralizadas.

    A modo de
    Conclusión.

    Los procesos de democratización de los
    regímenes políticos en América Latina
    muestran un panorama deficitario desde el punto de vista de la
    consolidación de las democracias, centrándose en
    procesos de modernización basado predominantemente en
    modelos de acumulación capitalista neoliberal, que
    encuadran las reformas del Estado desde una perspectiva
    despolitizada y privatizadora, resintiendo considerablemente los
    procesos de descentralización en curso y los aún
    pendientes en la mayoría de los países de la
    región.

    En este contexto las relaciones del Estado con la
    Sociedad Civil , lejos de estar centradas en procesos de
    construcción de democracia , se abocan más bien a
    la consecución de una gobernabilidad que permita niveles
    de integración y estabilidad sistémica suficientes
    como para poder desarrollar estrategias de inserción
    global a los mercados.

    Lo anterior, en parte se explicaría por las
    condiciones de fragmentación social y política de
    vastos sectores de las sociedades
    latinoamericanas, por deficiencias del Estado en cuanto a
    procesos de descentralización y desconcentración,
    así como en los déficit de participación
    política como expresión de la precariedad en la
    construcción de actores colectivos y sujetos.

    Paralelamente a ello estarían ocurriendo cambios
    en la constitución y ejercicio "ciudadano" , debido a los
    cambios que están operando a nivel del Sistema
    Político, Mercado , Estado y Sociedad Civil, los que
    lejos de asemejarse a procesos de países desarrollados,
    agrega una complejidad a las posibilidades de constitución
    real de ciudadanos en América Latina.

    Esta complejidad y condiciones, a su vez,
    determinarían en gran medida las posibilidades de
    desarrollo de la participación ciudadana en las
    políticas públicas, la que lejos de constituir un
    slogan propagandístico debiese constituir una necesidad
    tanto para el mejoramiento de la eficiencia y eficacia de la
    intervención pública, como para el ejercicio de una
    democracia directa.

    No obstante lo anterior se advierten algunas
    posibilidades de ejercicio y constitución de
    ciudadanía toda vez, que comienzan a profundizarse en un
    número importante de países de la región
    procesos de descentralización más autónomos
    y el surgimiento de movimientos sociales y políticos de
    nuevo tipo que comienzan a redefinir la relación con el
    Estado y el Sistema Político, configurando nuevos
    escenarios y desafíos para la profundización del
    ejercicio ciudadano desde una perspectiva democrática y
    participativa.

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    revisada.

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    Participación ciudadana en políticas y programas
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    De Gobierno, DOS General" Documento de trabajo Mesa
    gubernamental. Noviembre 2000.

    Alejandro Escobar L.

    Antropólogo Universidad Austral de
    Chile

    Magíster © en Sociología de la
    Modernización Universidad de Chile.

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