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La estrategia nacional contra la violencia y la política de defensa y seguridad democrática: dos caras de una misma moneda

Enviado por ca-rodr1



Un análisis de política pública

  1. ¿Por qué las políticas de seguridad son políticas públicas?
  2. ¿Qué herramientas pueden analizar las políticas públicas?
  3. Las políticas de Defensa y Seguridad en Colombia
  4. Conclusiones: contrastes entre la estrategia nacional contra la violencia y la política de Defensa y Seguridad democrática
  5. Bibliografía
  6. Anexos

INTRODUCCIÓN

Las políticas públicas de defensa y seguridad de los gobiernos de Cesar Gaviria y Álvaro Uribe se han formulado favoreciendo la identificación de posibles amenazas al Estado provenientes de enemigos internos a los que se les anticipa un trato militar.

En la Estrategia Nacional Contra la Violencia (gobierno Gaviria), la política pública vino acompañada de escenarios alternativos de negociación que se implementaron paralelamente con el fortalecimiento de la capacidad militar del Estado, para luego – si fallara la negociación – derrotar al enemigo por la vía de la represión. Y en el caso de la Política de Defensa y Seguridad Democrática (gobierno Uribe), que surge de la implementación fallida de un proceso de negociación que debilitó el sentido de la salida negociada al conflicto, se formuló una política basada, desde el principio, en la represión militar de las amenazas.

Aunque la formulación de ambas políticas es similar ha habido un cambio, que tiene que ver con la identificación de la amenaza, que hace diez años era fundamentalmente los carteles de la droga y hoy son los grupos insurgentes con una enorme capacidad militar y financiera, que antes no tenían. Pero a pesar de que el enemigo ha cambiado, la respuesta del Estado, diez años después, sigue siendo la misma.

Sobre la base de esta hipótesis se ha desarrollado un documento en él que primero se define qué son las políticas públicas de defensa y seguridad, y qué herramientas teóricas las componen; luego, en el capítulo II, se construye un marco analítico de política pública sobre el cual se analizaran las políticas públicas de defensa y seguridad de los gobiernos Gaviria y Uribe, en función del marco teórico del capitulo I y los antecedentes históricos señalados en el capitulo III.

Finalmente, las conclusiones del documento, en el capitulo IV, son resultado del análisis de los factores teóricos, analíticos e históricos a partir de los cuales se verificará o falseará la hipótesis.

CAPITULO I

¿POR QUÉ LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD SON POLÍTICAS PÚBLICAS?

Política Pública es un término definido de diferentes maneras. Para unos la política pública es una acción gubernamental dirigida hacia el logro de objetivos fuera de ella misma (Heclo 1974; Wildavsky 1974), para otros son las acciones gubernamentales, es decir, lo que los gobiernos dicen y hacen – o no hacen – con relación a un problema o una controversia, y para otros es un dialogo producto de un marco de procedimientos, influencias y organizaciones gubernamentales (Roth 2002).

A pesar de la existencia de algunas diferencias conceptuales en estas definiciones, se hace evidente la presencia de por lo menos cuatro elementos comunes en una política pública: la implicación de gobierno, la percepción de problemas, las definiciones de objetivos y la existencia de un proceso. Sobre la base de estos elementos se construye una política pública que existe siempre y cuando instituciones estatales asuman total o parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios, por medio de un proceso destinado a cambiar un estado de las cosas percibido como problemático (Roth 2002).

Sin embargo, en algunos casos la labor de la política pública, que antes se consideraba únicamente responsabilidad del Estado, se transfiere al mercado o a la sociedad civil que tienen una mejor capacidad para satisfacer una determinada cantidad de bienes o servicios sin necesidad de una intervención intensiva por parte del Estado. Estos casos, regulados por el Estado, también son considerados como políticas públicas dirigidas más no ejecutadas directamente por los Estados.

A pesar de la eficiencia relativa que puedan tener los mercados o la sociedad civil, existen algunos sectores como la salud, la educación, la justicia o la seguridad, que son considerados como servicios que únicamente esta en capacidad de prestar un Estado. En algunos casos la capacidad se refiere a la imposibilidad del mercado o de la sociedad civil, de satisfacer una serie de necesidades que implican una lógica de equidad y no una lógica de lucro (un negocio con ganancia); y en otros casos, como en el de la seguridad, por ser un sector vital del que depende la interacción de los colectivos.

De manera que con la intervención de políticas en los bienes públicos "puros" (que solo pueden ser prestados por los Estados), como la seguridad, se logra la realización concreta de decisiones, que a través del Estado transmiten la voluntad de modificar comportamientos mediante el cambio de las reglas de juego operantes (Roth 2002).

1.1 ¿Qué es un Estado?

De la misma manera que se definen las políticas públicas se define él concepto de Estado, es decir, de múltiples maneras pero con una gran similaridad.

Una primera definición clásica de Max Webber (1998) da cuenta del Estado como un aspecto político de las relaciones de dominación social, pero también como un agente de unificación de la sociedad y detentador del monopolio de la violencia física legitima, lugar de integración y represión, pero igualmente de cambio en donde confluyen un pueblo (que desde el punto de vista jurídico y del derecho se entiende como el ámbito de validez personal para el Estado), un territorio (el ámbito de validez espacial) y una soberanía (el ámbito de validez temporal que hace referencia a las normas que en función del principio de legalidad se aplican a los ciudadanos) (Bobbio 1997).

Para otros el Estado solo puede ser definido por su modo de intervención en relación con la sociedad y con un sistema político (Vargas 1999); o a partir de lo que le es propio: la coacción física (Vargas 2002).

Otros, como Norberto Bobbio (1997) dan cuenta de una visión contemporánea del Estado en función de la relación de dominación formada por desiguales distribuciones de poder entre sectores sociales, por medio de un desequilibrio fundamental de desigualdades culturales, raciales y regionales, y la articulación básica de una sociedad que refleja en su interior las contradicciones y conflictos derivados de los diversos posicionamientos institucionales y de una la relación de fuerzas (Oszlak 1980).

En suma, estas definiciones señalan al Estado como un aparato organizacional de relaciones de dominación social, pero también como un agente unificador de la sociedad y detentador del monopolio de la violencia física legitima; que además se define a sí mismo a través del monopolio de la fuerza, que en los Estados modernos se transmite por medio de políticas públicas de defensa (que pueden incluir la guerra) y de seguridad.

1.2 El concepto de la guerra como mecanismo de defensa

En el caso de la defensa, la herramienta más común – aunque no la única – es la confrontación bélica, la guerra, que también es una forma de coacción del Estado, y que tiene una significativa vigencia en el escenario colombiano.

En principio la aproximación clásica de la guerra se relaciona con un fenómeno exterior a las fronteras nacionales. Generalmente este concepto de guerra hace referencia más a los conflictos externos entre Estados – vistos en la primera mitad del siglo XX – que ha conflictos dentro de ellos mismos, vistos en la segunda mitad de este siglo.

En este sentido, exterior y clásico, se entiende que la guerra "constituye un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad" (Clausewitz 1999), de manera que se reconoce, implícitamente, la existencia de los Estados como actores bélicos participantes en las guerras. Estas ultimas se caracterizan por tener: una relación entre actores involucrados individual o colectivamente; un origen de violencia de respuesta o de iniciativa; una distribución temporal, puntual o diseminada en el tiempo; un objetivo para sus destinatarios, como las consecuencias a la propiedad o a la persona; y unos alcances de sus acciones hacia objetivos específicos o la extensión hacia la sociedad.

Sin embargo, en los conflictos contemporáneos se diluye la participación formal de los Estados desde el final de la guerra fría, hasta un punto en él que hoy se cree que la teoría clásica – atribuida a Clausewitz (1999) – ha empezado a fallar y los conflictos han tomado diversas formas que no corresponden a la idea de enfrentamientos entre Estados o Sociedades por lo que estos percibían como sus intereses (Meyer 2002).

Como resultado de esta transformación, los conflictos contemporáneos distan de ser fenómenos con una lógica homogénea. Por el contrario, son fenómenos que con características culturales, sociales, políticas y económicas variables, configuran escenarios específicos que no pueden ser replicables en otros lugares.

A pesar de la heterogeneidad de las guerras-conflictos modernas, todas ellas poseen una serie de características (Vargas 2002) comunes, que son:

  1. Conflictos violentos de masas.
  2. Implican a dos o más fuerzas contendientes, de las cuales al menos una, sea un ejército regular u otra clase de tropas, está al servicio del gobierno.
  3. En ambos bandos tiene que haber una mínima organización centralizada de lucha y de los combatientes, aunque esto no signifique más que una defensa organizada o ataques calculados.
  4. Las operaciones armadas se llevan a cabo planificadamente, por lo que no consisten sólo en "encontronazos" ocasionales, más o menos espontáneos, sino que siguen una estrategia global.

Todas estas características son evidentes en el conflicto colombiano, en donde se enfrentan fuerzas armadas regulares, del Estado, y fuerzas armadas irregulares, guerrillas y autodefensas, con fines específicos y actividades sistemáticas con las que se busca la consecución de objetivos estratégicos. Pero a pesar de ser un conflicto susceptible de ser categorizado, es también un conflicto distinto a otros por su origen político.

1.3 La violencia política

La violencia política (Wieviorka 1988) es "aquella que implica ataques con potencialidad y capacidad destructora, llevados a cabo por grupos u organizaciones al interior de una comunidad política que tiene como adversarios al régimen, sus autoridades y sus instituciones políticas, económicas o sociales, y cuyo discurso legitimador pretende estar articulado a demandas sociales, políticas y económicas" (Vargas 2002; 49). De manera que actos cometidos bajo la categoría de la violencia política son – generalmente – en contra de la estabilidad del Estado, del régimen político y sus instituciones, y se tipifican en las normas como rebelión, sedición o asonada (Vargas 2002).

Paralelamente a la violencia política se reconocen otros dos tipos de violencia relacionada con la búsqueda del poder (Moser 1999: 50): 1) la violencia económica entendida como los actos violentos motivados por el deseo, consiente o inconsciente, de obtener ganancias económicas o lograr retener el poder económico; y 3) la violencia social entendida como los actos violentos motivados por el deseo, conciente o inconsciente, de avanzar socialmente o conquistar o retener el poder social.

En el conflicto colombiano es visible la violencia política, a través de actos violentos que buscan el poder político; es visible la violencia económica, que busca ganancias económicas a través de acciones violentas como el narcotráfico; y también es visible la violencia social, con la que se busca coaccionar a la sociedad a través de formas violentas de convencimiento.

Todas estas son manifestaciones concretas de un conflicto interno que en un Estado moderno deben ser resueltas por la vía de la defensa, pero también por la vía de la seguridad.

1.4 La seguridad

Se cree que la seguridad se generó como un hecho histórico a partir de la aparición de los primeros grupos humanos, como una necesidad humana de protegerse de los peligros provenientes de su relación con el medio ambiente y la sociedad. Luego evoluciono como un fenómeno de acciones hechas por los integrantes de un Estado para obtener y conservar las circunstancias propicias para el logro de su proyecto nacional. Y finalmente asumió su naturaleza política, pues se concreto para asegurar la supervivencia de los colectivos.

En nuestros días la seguridad es algo más que una política, es un valor que intentan implantar los Estados modernos en sus entornos sociales para superar "la insuficiente legitimidad de los Estados, que es la causa principal de inestabilidades, internas o externas, y que frecuente conducen unas a las otras. [...] Así, la legitimidad es un juego cuyo resultado es igual a cero: los contrapoderes sólo ganan lo que les entrega el debilitamiento de los Estados" (Delmas 1996).

También puede entenderse que la seguridad es una situación en la cual los Estados perciben que se encuentran libres de amenaza militar, de presión política o de coerción económica para poder seguir libremente en su camino de desarrollo (Vargas 2002: 162).

Estas dos definiciones tienen en común una serie de características implícitas que complementariamente definen qué es la seguridad (Martínez 2001):

  • Es una condición política, económica, social y militar.
  • Se manifiesta como un proceso continuo e incesante
  • Tiene una dinámica propia.
  • Es una función estatal.
  • Nace con la organización de un Estado.
  • Se manifiesta haciendo uso de la soberanía y la independencia.
  • Tiene como meta básica la consecución de los objetivos nacionales.
  • Representa un Estado de garantía.
  • Tiene una capacidad de conservación y de supervivencia apoyada en el Estado.
  • Existe en función del desarrollo de una nación.
  • Se manifiesta con acciones del poder público.
  • Busca la estabilidad.
  • Estar dirigida a superar los problemas nacionales.

Esta es una conceptualización inicial sobre la seguridad, pero con el paso de los años se han creado tipologías complementarias a la seguridad, como la seguridad nacional o la seguridad democrática, que comparten un objetivo común pero difieren en la forma de cómo alcanzarlo.

1.5 La seguridad nacional

Esta vertiente del concepto de seguridad equipara la seguridad del Estado con la de la sociedad. Su objetivo es el de identificar posibles amenazas al Estado provenientes del exterior mediante la hipótesis de guerra, es decir, ubicando a los potenciales enemigos externos para anticiparles un trato militar. En esta lógica "una nación está segura cuando su gobierno tiene el suficiente poder y capacidad militar para impedir el ataque de otros Estados a sus legítimos intereses y, en caso de ser atacado, para defenderlos por medio de la guerra. Así, se confiere al Estado el papel de agente que proporciona seguridad a la colectividad, la nación o la sociedad, y supone que el propósito de la acción del Estado es la protección de los legítimos intereses nacionales que se ven amenazados por las acciones

y las políticas de otros Estados que, por su parte, están actuando para proteger sus intereses legítimos" (Vargas 2002: 194).

Este concepto varió en Latinoamérica, haciéndose necesario el control militar del Estado y la sustitución del enemigo externo por un enemigo interno, que para el caso de Colombia se materializo en los carteles de la droga y en los grupos insurgentes.

1.6 La seguridad democrática

Este es un concepto relativamente nuevo, con el que se busca dar esquemas de seguridad formal y real a las sociedades modernas. El concepto, como tal, fue desarrollado por el Consejo de Europa, quien lo difundió al iniciarse la década de los años noventa y desde ese entonces se ha constituido en el marco de referencia de los principios orientadores de la Comunidad Europea.

El concepto europeo (Heinrich 2002) fue desarrollado en torno a la teoría de la paz democrática, concebida por académicos de los Estados Unidos quienes a su vez partieron de la idea Kantiana de la "paz perpetua".

La teoría de la paz democrática sostiene que las democracias – inclusive cuando existen tensiones temporales entre ellas – no están propensas a atacarse militarmente unas a otras, siempre y cuando sean democracias estables. Sobre esta base teórica se definió que en la seguridad democrática la democracia real, los derechos humanos, las libertades fundamentales y los valores relacionados no son sólo las bases sino también los factores estabilizadores y posibilitadores de la seguridad interna y externa de un país.

Un segundo espacio en el que se ha desarrollado el concepto de la seguridad democrática ha sido en el Tratado Centroamericano de Seguridad Democrática de 1995 (Padilla 2002), en el que los gobiernos de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá adoptaron un modelo de seguridad democrática.

El modelo Centroamericano se orienta hacia el respeto, la promoción y la tutela de todos los derechos humanos y se sustenta en la supremacía y el fortalecimiento del poder civil, el balance razonable de fuerzas, la seguridad de las personas y de sus bienes, la superación de la pobreza y de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y la erradicación de la violencia, la corrupción, la impunidad, el terrorismo, la narcoactividad y el tráfico de armas.

Con este tratado se cambia el concepto de seguridad, de una seguridad basada en la defensa de territorios, de Estados y de gobiernos, a una seguridad de las personas mediante la creación de condiciones que permitan a los habitantes su desarrollo personal, familiar y social en paz, libertad y democracia.

De estos dos espacios se han tomado las líneas básicas que dan lugar ha políticas públicas de seguridad democrática, que se basan en una "condición en la que diversos grupos, comunidades y organizaciones sociales consideran que hay un ambiente idóneo para la convivencia ciudadana sin que exista peligro de intimidación y amenaza de daño grave por parte de grupos criminales ni de ataque por grupos armados, y prime el respeto de los derechos económicos, políticos, sociales pregonados en un Estado Social de Derecho, en el que no se presentan inseguridades políticas, sociales o económicas riesgosas para la estabilidad sistémica, de tal manera que los ciudadanos sientan que pueden actuar libremente en búsqueda de su propio desarrollo humano y de su progreso colectivo como sociedad moderna y democrática" (Ossa 2002: 15).

En general, el concepto de seguridad democrática no se basa esencialmente en la aplicación de la capacidad de coacción, de intimidación o de penalización por parte del Estado sobre la sociedad, sino que se fundamenta cada vez más en el perfeccionamiento de una cultura de convivencia ciudadana en términos de solidaridad, respecto a las diferencias, y en un ambiente crecientemente igualitario en el que prevalezcan criterios, postulados y principios básicos de justicia distributiva (Vargas 2002; 459).

CAPITULO II

¿QUÉ HERRAMIENTAS PUEDEN ANALIZAR LAS POLITICAS PÚBLICAS?

2.1 Herramientas teóricas

En el ámbito del análisis de las políticas públicas existen tres grandes posturas teóricas relacionadas con el Estado y las políticas públicas, que son: las teorías centradas en la sociedad (vigentes en el orden político e institucional colombiano), las teorías centradas en el Estado, y las teorías mixtas o intermedias.

En las teorías centradas en la sociedadse considera al Estado como una variable dependiente de la sociedad, que resulta de relaciones de fuerza entre diferentes clases, fracciones de clases o naciones, o entre individuos y grupos que determinan la elección de las políticas desarrolladas por la institución estatal (Roth 2002: 29). En este tipo de teorías se minimiza la capacidad y el impacto que las instituciones públicas, sus agentes y los valores pueden tener sobre las elecciones hechas en materia de políticas públicas.

Este enfoqué teórico resulta útil para entender la dinámica de la agenda de las políticas públicas en Colombia, que generalmente resultan de la interacción de fuerzas con intereses políticos, económicos o sociales, que no necesariamente están interesadas en la solución de los problemas.

En las teorías centradas en el Estado se privilegia la idea de que el Estado tiende a ser independiente de la sociedad porque funciona únicamente como un selector de demandas y un proveedor de servicios (Roth 2002). De esta manera, la acción pública es principalmente resultado de las elecciones realizadas por los decisores políticos y por los altos funcionarios públicos. Este enfoque tiende a minimizar la influencia de los cambios y de los actores situados en el entorno social, económico, político e internacional del Estado, para explicar las elecciones de políticas públicas.

Finalmente, las teorías mixtas se centran en una posición mediana frente a las dos teorías anteriores. Por un lado rechaza el racionalismo economicista o social que predomina en el primer grupo de teorías, y por el otro, se niega a ver a la sociedad como sometida a un Estado que se encuentra cautivo de una minoría (Roth 2002). Este enfoqué es consecuencia de la tendencia contemporánea de considerar las interacciones entre Sociedad y Estado más en sus dimensiones horizontales – como socios –, que verticales – uno domina sobre el otro –, y de señalar la interpretación creciente entre las esferas pública y privada.

De estas teorías, las más acordes con el modelo de toma de decisiones de nuestro país son las teorías centradas en la sociedad, dado que resultan de la interacción de políticos, funcionarios públicos, industriales, sociedad civil y la Iglesia, entre otros, que determinan la dirección de la política pública de seguridad.

2.2 Herramientas analíticas

Existen diferentes herramientas para el análisis de políticas públicas, que pueden emplearse – con diferentes grados de profundidad – para el análisis de políticas públicas de defensa y seguridad, estas son algunas de ellas:

2.2.1 Tipología de Lowi

Una primera herramienta es la tipología de Lowi, con la que se busca clasificar las acciones públicas para facilitar su análisis y su comparación. Por lo general se trata de encontrar los puntos comunes de las diferentes políticas en momentos o temas distintos.

Esta clasificación distingue cuatro tipos de políticas a partir del cruce de dos variables –descritas en el Cuadro 1 –, indicativas del modo de coerción utilizado por la política pública.

Cuadro 1 : Variables que intervienen en la tipología de Lowi

Variable 1

Coerción que se ejerce directamente sobre el comportamiento de los afectado versus coerción que se ejerce sobre el entorno del comportamiento de los afectados

Variable 2

Coerción indirecta o lejana versus coerción directa o inmediata con la cual opera la política pública

 

Del cruce de estas variables resulta una categorización por políticas, así:

  • Si la coerción opera directamente sobre el comportamiento de los individuos y es, a la vez, indirecta, se trata de una política distributiva.
  • Si la coerción opera sobre el entorno del comportamiento individual y es indirecta, entonces es una política constitutiva o de infraestructura.
  • Cuando la coerción ejercida por la política opera directamente sobre el individuo y su efecto es directo o inmediato, se trata de una política reglamentaria. Dentro de esta categoría se encuentran aquellas políticas relacionadas con el orden público, que buscan regir los comportamientos de los individuos bajo la amenaza de una sanción directa.
  • Y si la coerción actúa sobre el entorno del comportamiento del individuo y es directa, es una política redistributiva.

2.2.2 Instrumentos de intervención del Estado

Una segunda herramienta es el análisis de los instrumentos jurídicos que se han previsto e implementado, con lo que se permite dar indicaciones sobre cómo el Estado y las instituciones han entendido el problema que buscan resolver y revela la concepción predominante de la autoridad.

Estos instrumentos de intervención son:

Instrumentos prescriptivos: son aquellos que buscan modificar el comportamiento mediante la obligación, la interdicción y la autorización. Es el medio tradicional del Estado. Para su implementación es necesario prever las disposiciones de sanción y los medios administrativos de coerción que aseguren su cumplimiento.

Instrumentos incentivos: con estos no se pretende obligar a un comportamiento mediante el miedo a la sanción, sino introducir una conducta mediante la recompensa. Estos instrumentos se diferencian de los anteriores por la naturaleza de la sanción, la cual no es jurídica sino que puede ser moral, económica, o de hecho.

Instrumentos de coordinación: resultan por efecto de la multiplicación de las políticas públicas, lo que hace necesario desarrollar mecanismos de coordinación entre ellas.

Instrumentos de organización y de procedimiento: estos instrumentos definen el marco en el cual se va a desarrollar el proceso de la política pública. Este marco puede ser formal – en el caso de una comisión o un concejo municipal – o informal.

Instrumentos materiales: Son aquellos bienes y servicios que el Estado esta en capacidad de proveer directamente, como por ejemplo la educación o la salud.

Instrumentos de delegación a socios: la evolución reciente del papel del Estado, particularmente en la lógica neoliberal, tiende a considerar que las instituciones públicas deben colaborar con organizaciones privadas, paraestatales o con organizaciones no gubernamentales (ONG) en la consecución de sus objetivos en términos de políticas públicas, particularmente en su ejecución.

2.2.3 El policy cycle

Con esta herramienta de análisis se propone una descomposición de la política pública en una serie de etapas o de secuencias lógicas.

Esta herramienta se compone de cinco fases que explican el desarrollo de una política pública. Estas fases son: identificación de un problema, formulación de soluciones, toma de decisión, implementación, y la evaluación; que se explican desagregadamente en la Tabla 1.

Tabla 1: fases que explican el desarrollo de una política pública (policy cicle)

FASE I

Identificación de un problema

FASE II

Formulación de soluciones o acciones

FASE III

Toma de decisión

FASE IV

Implementación

FASE V

Evaluación

Apreciación de los acontecimientos.

Definición de un problema.

Agregado de intereses.

Organización de las demandas.

Representación y acceso ante las autoridades públicas.

Elaboración de respuestas.

Estudio de soluciones.

Adecuación a los criterios.

Creación de una coalición.

Legitimación de la política regional.

Ejecución,

Gestión y administración.

Producción de efectos.

Reacciones a la acción.

Juicio sobre los efectos.

Expresión.

Demanda de la acción pública

Propuesta de una respuesta

Política efectiva de acción

Impacto sobre el terreno

Acción política o reajuste

Este modelo dispone de importantes ventajas para el análisis, como su focalización sobre los procesos más que sobre una u otra institución; como el hecho de desagregar la política pública en segmentos para facilitar el análisis y como su orientación hacía el estudio de los efectos concretos (Roth 2002: 52).

CAPITULO III

LAS POLITICAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD EN COLOMBIA

3.1 Antecedentes generales

Las políticas recientes de seguridad se circunscriben dentro de la lógica teórica de la seguridad. En este sentido, las políticas de los gobiernos de Cesar Gaviria y Álvaro Uribe son políticas de seguridad porque cumplen con las condiciones de ser: 1) influenciadas por las condiciones políticas, económicas, sociales y militares; 2) se manifiestan con un programa continuo a partir de un plan de desarrollo y luego con una política específica; 3) tienen una dinámica propia, que en algunos casos abarca toda la labor del Estado; 4) reconocen la importancia de la labor del Estado; 5) nace del Estado; 6) hacen uso de la soberanía y la independencia para la implementación de las políticas; 7) tiene como meta la consecución de objetivos nacionales; 8) se enmarcan dentro de un Estado de Derecho; 9) tienen una capacidad de reproducción basada en el Estado; 10) existen en función del desarrollo de la nación; 11) se manifiestan a través de las acciones del poder público, primero con acciones políticas y luego con acciones físicas; 12) buscan la estabilidad; y, finalmente, 13) están dirigidas a superar un problema nacional, la violencia.

Estas políticas de seguridad son, además, políticas públicas porque surgen de la coerción que la política ejerce directamente sobre el individuo con un efecto directo o inmediato, a través de normas que buscan regir los comportamientos de los individuos bajo la amenaza de una sanción directa, para así hacerse al control del orden público (políticas reglamentarias). Pero también son políticas públicas porque emplean instrumentos de intervención del Estado que son evidentes en las políticas públicas de seguridad de los gobiernos de Cesar Gaviria y de Álvaro Uribe, como: los instrumentos prescriptivos que busca modificar el comportamiento mediante la obligación, la interdicción y la autorización; los instrumentos incentivos que pretenden introducir una conducta mediante la recompensa sin obligar a un comportamiento de miedo a la sanción; los instrumentos de coordinación que resultan de la multiplicación de las políticas públicas, para lo que se hace necesario desarrollar mecanismos de coordinación entre ellas; y los instrumentos de organización y de procedimiento con los que se define el marco formal en el cual se va a desarrollar el proceso de la política pública.

3.2 Antecedentes históricos

La Estrategia Nacional Contra la Violencia y la Política de Defensa y Seguridad Democrática, son políticas públicas con aproximadamente una década de diferencia.

Antes de la formulación de cada una de ellas se identifico cuál era el origen de la acción violenta: que ayer era fundamentalmente atribuida a los carteles de la droga y hoy es atribuida a la acción de grupos insurgentes con una enorme capacidad militar y financiera.

Sobre la base de esta identificación se formuló la Estrategia Nacional Contra la Violencia, que localizó las posibles amenazas al Estado provenientes de enemigos internos a los que se invitó a negociar, pero con el fracaso de las negociaciones, se combatieron militarmente, lo que deja ver que en la formulación de la política se planteó un escenario de guerra contra el enemigo al mismo tiempo que se planteó la salida negociada al conflicto.

De la misma manera, la Política de Defensa y Seguridad Democrática ha identificando una serie de amenazas para la existencia del Estado, a las que desde el principio del gobierno se les ha dado un trato militar. Esto ha implicado un acelerado crecimiento de la fuerza militar del Estado y del poder de las Fuerzas Armadas sobre la sociedad, pero no ha implicado un cambio en el concepto de seguridad, de una seguridad basada en la defensa de territorios, de Estados y de gobiernos, a una seguridad de las personas mediante la creación de condiciones que permitan a los habitantes su desarrollo personal, familiar y social en paz, libertad y democracia, que es de lo que se supone trata la seguridad democrática.

3.2.1 Estrategia Nacional Contra la Violencia: Gobierno Gaviria (1990-1994)

El gobierno Gaviria se inició con el aprovechamiento de las circunstancias de la crisis política al final del gobierno de Virgilio Barco, lo que le sirvió para promover una nueva Constitución, impulsar una abrupta apertura económica y adelantar otras reformas que iniciaron un periodo de transición hacia un eventual sistema político alternativo (Leal 2002: 75). Este proceso se origino por la luz verde dada por la Corte Suprema de Justicia en 1990 a la séptima papeleta electoral, que proponía la convocatoria de una Asamblea Constituyente por parte del presidente Gaviria (Leal 2002: 76).

Como resultado de este proceso de reformas se dio una confrontación institucional por la definición de funciones, no sólo entre las instituciones antiguas, sino entre éstas y las recién creadas por la Constitución: la Fiscalía General de la Nación, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y la transitoria Veeduría del Tesoro, y el recurso de tutela como garantía de los derechos fundamentales. A pesar de estos cambios la Constitución de 1991 no hizo ajustes sustanciales a lo que la carta de 1886 establecía en materia militar y en materia de seguridad, lo que demuestra que la preocupación de los constituyentes por la violencia no se expresó en una reflexión sobre las instituciones responsables de enfrentarla.

A pesar de la carencia de reformas constitucionales en materia de seguridad, el gobierno adelantó reformas ejecutivas que transformaron tradiciones cimentadas desde el Frente Nacional. Los cambios empezaron con la sustracción de los temas de seguridad del ámbito exclusivo de las Fuerzas Armadas con lo que se buscaba cambiar la relación de los militares con las instituciones civiles del Estado (Leal 2002).

Las reformas del gobierno continuaron y en el primer mes se creó la Consejería Presidencial para la Defensa y Seguridad mediante decreto 1874 de 1990, que había sido propuesta en las conclusiones de la Comisión Presidencial para la Reforma de la Administración Pública establecida por el presidente Barco (Comisión 1990).

A esta Consejería se le asignaron las funciones de la Secretaría Ejecutiva Permanente del Consejo Superior de Defensa Nacional, que dependía del Ministerio de Defensa y había sido inoperante hasta ese momento (Presidencia 1991: 55).

En materia de funciones quedo responsable de la definición de la política de defensa y del manejo de los conflictos internos y externos, y de la coordinación de los planes que se elaboraran al respecto. Con esta Consejería, la Presidencia de la República asumió el papel político que siempre habían tenido los mandos militares en el manejo del Ministerio de Defensa (Leal 2002), mando que llevó a un rezago de las autoridades civiles frente a la expansión de la violencia, frente a los temas de seguridad y frente a la expansión de la iniciativa militar (Leal 2002).

El siguiente paso de las reformas ejecutivas fue nombrar al consejero de defensa y seguridad como el primer ministro de defensa civil en la historia reciente del país. De esta manera se rompió con uno de los principios rectores vigentes desde el Frente Nacional y se reconoció que los problemas de defensa y seguridad son asuntos políticos y no militares, a pesar de que su manejo se apoya en las instituciones armadas (Leal 2002: 78).

Ya con un enfoque distinto, el Ministerio de Defensa se propuso: la redefinición de los mecanismos de toma de decisiones en materia de defensa y seguridad; enmarcar la actividad de la Fuerza Pública dentro de la Estrategia Nacional para la Violencia; mejorar la capacidad operativa militar; racionalizar el gasto público en defensa y seguridad; modernizar el ministerio; mejorar los salarios; y reformar la Policía Nacional para recuperar la confianza pública en esa institución (Pardo 1996: 323). Sin embargo uno de los cambios más reconocidos ha sido la reforma militar que unifico y mejoró las labores de información y de inteligencia. Esta reforma tomo ideas surgidas del gobierno de Virgilio Barco y de los procesos de paz que comenzaron en el gobierno de Belisario Betancourt, pero fue hasta el gobierno de Gaviria que se lograron implementar.

Un último paso importante en las reformas, fue la creación de la Unidad de Justicia y Seguridad en el Departamento Nacional de Planeación, que se encargo de "promover y participar en la formulación y coordinación de políticas, planes, programas, estudios y proyectos de inversión en los sectores de justicia, defensa y seguridad" (Leal 2002: 80). Sin embargo, su labor especifica fue la de planificar los gastos en materia de justicia y seguridad, y diseñar los cambios institucionales en estos temas, lo que permitía una mayor coordinación del gasto.

De todas estas reformas la más reconocida a sido la creación de la Consejería Presidencial para la Defensa y Seguridad que realizó un seguimiento de los factores de violencia: guerrillas, narcotráfico y paramilitares, coordinó la acción de los organismos del Estado, participó en la elaboración de la política de sometimiento a la justicia cuestionada por su imprevisión del problema del narcotráfico al separarlo de las guerrillas con procesos preferenciales (Leal 2002) , y formuló la Estrategia Nacional Contra la Violencia en mayo de 1991 con la que se busco lograr el monopolio jurídico de la fuerza del Estado con la presencia activa de funcionarios, el aumento de la cobertura nacional y la recuperación de la capacidad de la justicia por medio de sanciones y normas (Arango 2000).

Esta estrategia se oriento a la participación ciudadana por medio de la Policía Nacional, hacia una salida negociada al conflicto y hacia una respuesta integral a la violencia a través de acciones sociales que limitaran la capacidad de los factores influyentes en el conflicto. Para ello se reconocieron las diferentes manifestaciones de violencia, incluido el Estado, y se hizo un importante esfuerzo por identificar las principales relaciones sociales de este fenómeno, formulando un tratamiento para cada una de sus manifestaciones. Con base en la identificación de las manifestaciones de la violencia, se unificaron criterios en torno a darle coherencia a los dos ejes de la política: seguridad y justicia.

Hasta este punto la Estrategia Nacional Contra la Violencia era una política exitosa, pero en 1993 el gobierno anunció una redefinición que confirmó el debilitamiento de las iniciativas políticas del ejecutivo sobre el problema de la paz (Leal 2002). La redefinición de la estrategia se dio a conocer por medio de un folleto llamado "Seguridad para la Gente" (Presidencia 1993), en él que el gobierno descalificó el carácter político de la violencia guerrillera y unificó el tratamiento policivo-punitivo a todas las formas de violencia.

En esta nueva fase se racionalizó las decisiones tomadas sobre la marcha por el gobierno a causa de la situación creada por la fuga de Pablo Escobar y el fracaso de las negociaciones con la Coordinadora Guerrillera, sin embargo, la nueva estrategia mostraba que el gobierno no había comprendido los cambios ocurridos en la subversión, con el incremento de la extorsión y el secuestro que demostraban el afán de las guerrillas por conseguir recursos permanentes que les permitieran enfrentar al Estado (Leal 2002). A esto se suma las dificultades políticas para continuar con las negociaciones con la guerrilla y con los narcotraficantes, lo que llevo al gobierno a confrontarlos simultáneamente con una "guerra integral" (Leal 2002: 92), que implicó un incremento en el gasto y la modificación de la agenda en materia de seguridad.

Algunos cuestionan esta redefinición de la política de seguridad porque no se tuvo una estrategia real de seguridad al centrarse en la lucha contra la delincuencia común y organizada, pero sin mostrar claridad de cómo recuperar y mantener la seguridad (Leal 2002).

Con el fin del gobierno se concluyo que la Estrategia Nacional Contra la Violencia erró en la combinación de fuerza y política necesaria en el manejo del conflicto colombiano, creyendo que por la fuerza pronto se llegaría a arrinconar a la subversión, obligándola a negociar en forma ventajosa para el gobierno, sin contar con que las guerrillas tenían a su favor la falta de decisión oficial para asumir una política social equivalente a la política económica o a la finalmente militarizada Estrategia Nacional Contra la Violencia (Leal 2002).

La Tabla 2 categoriza en cinco partes la Estrategia Nacional Contra la Violencia utilizando la herramienta de análisis de policy cicle, que en capitulo IV servirá como un instrumento de contrastación entre las dos políticas.

Tabla No. 2: fases de la Estrategia Nacional Contra la Violencia, según el policy cicle

FASE I

Identificación de un problema

FASE II

Formulación de soluciones o acciones

FASE III

Toma de decisión

FASE IV

Implementación

FASE V

Evaluación

Crisis política al final del gobierno Barco

Intentos fallidos de unificar las labores de información y de inteligencia

 

Apoyo a una nueva Constitución

Apertura económica

Reformas hacia una nuevo sistema político

Salida negociada al conflicto.

Respuesta integral a la violencia con acciones sociales que limitaran a los actores del conflicto

Nueva Constitución no hizo cambios sustanciales en materia militar y en materia de seguridad

Cambios en la estructura de mando civil-militar

Asuntos de Defensa y Seguridad son políticos y no militares, a pesar de que se apoya en las instituciones armadas

Lograr el monopolio jurídico de la fuerza del Estado con la presencia de funcionarios.

Recuperar la capacidad de la justicia por medio de sanciones y normas.

Participación ciudadana a través la Policía Nacional.

Salida negociada al conflicto.

Respuesta integral a la violencia con acciones sociales.

Redefinición de los mecanismos de toma de decisiones. (Pardo 1996: 323)

Actividad de la Fuerza Pública dentro de la estrategia nacional para la violencia.

Incrementar la capacidad operativa Racionalizar el gasto público en defensa y seguridad

Modernizar el Ministerio de Defensa

Mejorar los salarios

Reformar la Policía Nacional

Incremento en la capacidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía con un costo de 1.2 puntos del PIB, ubicando al sector defensa con un gasto de 4.0 % del PIB en los próximos diez años (hasta 2003).

Confrontación institucional por la definición de funciones

Creación de la Consejería Presidencial para la Defensa y Seguridad

Reforma militar que pretendía unificar y mejorar las labores de información y de inteligencia.

Unidades especiales de contraguerrilla.

Incorporación de soldados profesionales.

Apoyo logístico con tecnología actualizada

Creación de la Unidad de Justicia y Seguridad en el Departamento Nacional de Planeación.

Creación de la Política de sometimiento a la justicia

Reformulación de la Estrategia Nacional Contra la Violencia, descalificando el carácter político de la violencia guerrillera y unificando el tratamiento policivo-punitivo a todas las formas de violencia.

Reforma a la Policía Nacional (Ley 62/1993)

 

Unificación de criterios, que dio coherencia a los dos ejes más sobresalientes de la política: la seguridad y la justicia.

La crisis de la implementación llevo a una militarización y bandolerización de la política.

Dificultades en la negociación con las guerrillas y narcotraficantes llevo al uso del Estado de conmoción.

FARC y ELN iniciaron un proceso de repolitización y legitimación mediante el control de los poderes locales, favorecidos por el vació de acción social que dejo el Estado.

En la II mitad del gobierno no hubo una estrategia real de seguridad, porque el gobierno se apoyó en la proliferación de la delincuencia común y organizada para centrar los temas de seguridad, pero sin mostrar claridad de cómo recuperarla y mantenerla.

Logro la desmovilización de la Corriente de Renovación Socialista y las milicias Populares Metropolitanas y del Valle de Aburra.

Distorsión del gasto de defensa y seguridad, invirtiendo los recursos en el incremento de salarios y en los gastos del personal en retiro de las Fuerzas Armadas, y no en mejoraras salariales, aumento del pie de fuerza, armamento, o profesionalización de la tropa.

Erró en la combinación de fuerza y política necesaria, creyendo que por la fuerza pronto se llegaría a arrinconar a la subversión.

Falta de decisión oficial para asumir una agresiva política social.

Demanda de la acción pública

Propuesta de una respuesta

Política efectiva de acción

Impacto sobre el terreno

Acción política o reajuste

3.2.2 Política de Defensa y Seguridad Democrática: Gobierno Uribe (2002-2003)

Tras las fallidas negociaciones de paz, el gobierno Uribe incrementó su capital político a través de una continua oposición a las negociaciones con las FARC, en la zona de distensión que creó el gobierno de Andrés Pastrana.

En esta zona, las FARC asumieron el control territorial de una porción del país en donde incrementaron su capacidad operativa y logística como nunca antes, lo que llevó a una confrontación con el Estado a través del terrorismo, el narcotráfico, el trafico de armas y explosivos, el secuestro y los homicidios, que en su conjunto financiaban las actividades ilícitas de las guerrillas.

Con base en un escenario de rechazo por el abuso cometido por la guerrilla de las FARC a la voluntad de paz del Gobierno Pastrana y por el enorme crecimiento de su capacidad militar y delincuencial, se explica el acelerado favoritismo por Uribe en las elecciones presidenciales, pasando de ser uno de los menos opcionados en las encuestas a ser el líder de ellas, lo que llevo al éxito en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Una vez asumido el poder, el Gobierno Uribe decreto el estado de conmoción interior con el decreto 1837 del 11 de agosto de 2002, para hacer frente al poder terrorista de las FARC y al desmedido crecimiento de otros grupos como las Autodefensas.

Considerando la necesidad de herramientas más eficaces, el gobierno adelantó la implementación de las Zonas de Rehabilitación y Consolidación en Arauca, Bolívar y Sucre – que más adelante serán articuladas dentro de la Política de Defensa y Seguridad Democrática –, mediante la resolución 129 y el decreto 2002 de 2002, y amparándose en las facultades especiales que le otorga la conmoción interior. Estas Zonas se definen como áreas geográficas afectadas por las acciones de grupos criminales en donde, con el fin de garantizar la estabilidad institucional, restablecer el orden constitucional, la integridad del territorio nacional y la protección de la población civil, resulte necesaria la aplicación de una o más de las medidas excepcionales, sin perjuicio de la aplicación de las demás medidas dictadas con base en la conmoción interior. Una vez fueron aplicadas las medidas, el presidente designo comandantes militares para cada una de las zonas, de manera que a partir de dicho acto administrativo, todos los efectivos de la Fuerza Pública que se encontraran en el área respectiva quedaron bajo el control operacional de dicho comandante, a quien también se le otorgo la capacidad de limitar derechos individuales a su discreción, pero dentro del marco de la ley.

A pesar de la efectividad, que según el gobierno tuvieron las Zonas de Rehabilitación y Consolidación, la Corte Constitucional revocó la vigencia de estas zonas al declarar inexequibles los motivos por los cuales el Gobierno Nacional prorrogó el estado de conmoción interior.

Sin piso jurídico para la implementación de medidas especiales que controlaran el orden público y sin la institucionalización de una política pública de seguridad clara, el gobierno aceleró el marco en el cual se ha venido articulando las acciones del Estado: la Política de Defensa y Seguridad Democrática (Mindefensa 2003).

Esta política parte de la identificación de seis problemas que constituyen un riesgo inmediato para la nación, las instituciones democráticas y la vida de los colombianos:

El terrorismo: que es el principal método que utilizan las organizaciones armadas ilegales para desestabilizar la democracia colombiana, por medio de la violencia letal contra civiles, cuyo fin es la presión política.

La importancia de esta amenaza se refleja en el contenido del Cuadro 1, donde se muestra un acelerado crecimiento de los asesinatos y masacres (en especial las originadas por las autodefensas) entre los años 2000 y 2001, y los años 1999 y 2000, respectivamente.

Cuadro 2: crecimiento de los asesinatos y masacres entre l997 y 2002

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De estos asesinatos resultan algunos grupos particularmente afectados: los indígenas y los maestros; que hacen parte de cerca de los 300.000 colombianos que fueron desplazados en el último año.

Otros grupos amenazados son los soldados, policías, dirigentes políticos y funcionarios públicos. Los primeros son constantemente asesinados en estado de indefensión – fuera de servicio y vestidos de civil –, lo que se le atribuye a las FARC. El caso de los dirigentes políticos y funcionarios públicos es aún más dramático; en el 2002, 144 fueron asesinados por las organizaciones armadas ilegales.

El negocio de las drogas ilícitas: que comprende las diferentes fases de cultivo, procesamiento, exportación, distribución y lavado de activos, y no sólo pone en peligro la estabilidad del Estado y la cohesión de la sociedad, sino que distorsiona la economía por efecto del trastorno de las instituciones, lo que alimenta la corrupción, tergiversa los valores y cobra la vida de miles de inocentes.

Las finanzas ilícitas: resultado del lavado de los ingresos obtenidos por la comercialización de la cocaína y la heroína, ingresos que en buena parte permanecen en el sistema financiero internacional. Por medio de estas finanzas se contribuye con el terrorismo, a la vez que se perturban los mercados de divisas y otros mercados financieros por efecto del manejo ilegal de importaciones (contrabando), que entorpece el sistema tributario y afecta la economía licita.

El trafico de armas, municiones y explosivos: que está ligado, igualmente, con el negocio de las drogas ilícitas y el terrorismo, por medio del intercambio de drogas por armas en el mercado internacional. Según esta relación, el tráfico de armas no es un peligro menor que el tráfico de estupefacientes, de manera que merece el mismo control y castigo.

El secuestro y la extorsión: son los mecanismos básicos de financiamiento para las acciones terroristas de las organizaciones armadas ilegales. Cada uno de ellos representa ingresos anuales que van desde los 500.000 millones a 1 billón de pesos.

Y el homicidio: que ha llevado la muerte a más de 25.000 colombianos en la última década, en las zonas urbanas y rurales del país. A pesar del incremento de homicidios, Colombia no ha padecido siempre con estos índices: entre 1970 y 1991, la tasa de homicidios se cuadruplico, pasando de 22 homicidios por 100.000 habitantes a 86, en un periodo de poco más de veinte años.

Luego de la identificación de los problemas o amenazas, la política orienta sus acciones al cumplimiento de cinco objetivos:

Consolidar el control estatal del territorio: con él que se busca recuperar gradualmente la presencia de la Fuerza Pública en todos los municipios del país, incrementar la judicialización de los delitos de alto impacto social, extender y fortalecer la administración de justicia en las zonas recuperadas, y disminuir las denuncias por violación de los derechos humanos.

Proteger a la población: es un objetivo que propende por la desarticulación de las organizaciones terroristas, la reducción del secuestro, la extorsión y el homicidio, la prevención del desplazamiento forzoso, y la facilitación del retorno de la población desplazada a sus lugares de origen.

Eliminar el comercio de drogas ilícitas en Colombia: busca hacer efectiva la interdicción área, marítima, fluvial y terrestre del tráfico de drogas e insumos, la erradicación de los cultivos de coca y amapola, la desarticulación de las redes de narcotraficantes, y la incautación de bienes y finanzas del narcotráfico

Mantener la capacidad disuasiva: centrada en la protección de las fronteras terrestres, marítimas y fluviales.

Fomentar la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas: tiene como fin la obtención de un mayor impacto de la política, mediante la administración óptima de los recursos, la generación de ahorro mediante la revisión de las estructuras y los procesos administrativos, y el desarrollo de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Finalmente, luego de considerar las amenazas y plantear las metas, se trazan seis líneas de acción para alcanzar los objetivos estratégicos:

Coordinar la acción del Estado

La acción del Estado, en materia de seguridad, será coordinada por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, el Ministerio de Defensa y las Redes de Apoyo. Cada una de estas organizaciones tendrá funciones diferentes:

El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional será la instancia en la que el Presidente de la República coordinará con los ministros y la Fuerza Pública la ejecución de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, expidiendo las directrices que asignen las funciones, responsabilidades y misiones correspondientes a cada institución, supervisando su desempeño y evaluando sus resultados. De este Consejo dependerá una Junta de Inteligencia Conjunta integrada por los directores de los organismos de inteligencia del Estado, que será un órgano donde se coordinará la transmisión de inteligencia, para así evitar una excesiva jerarquización en el manejo de la inteligencia estatal.

El Ministerio de Defensa será la instancia que tendrá la responsabilidad de asegurar que los recursos asignados tengan un mayor impacto en la seguridad, mediante una mejor administración y un proceso de planeación más eficiente.

Y las nuevas estructuras de apoyo interinstitucionales, coordinaran y complementaran las acciones de las entidades del Estado a nivel regional y local, facilitando así el trabajo de las autoridades judiciales. Dentro de estas estructuras se busca realizar un trabajo en equipo según las competencias y no según una relación jerárquica entre la Fuerza Pública, los organismos de investigación y control del Estado y las autoridades judiciales.

Fortalecer las instituciones del Estado

El fortalecimiento institucional se centra en el sistema judicial, en las Fuerzas Militares, en la Policía Nacional, en el Sistema de Inteligencia y en las finanzas del Estado.

Para el fortalecimiento del sistema judicial el gobierno presentará al Congreso un proyecto de ley para introducir una legislación que permita afrontar con éxito el terrorismo (estatuto antiterrorista), en concordancia con las obligaciones que se derivan de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por otro lado, el sistema investigativo y punitivo del Estado será fortalecido en todos sus aspectos, para castigar los homicidios y demás acciones; se abolirá la excarcelación para crímenes como el narcotráfico, así como la aplicación de los principios de la justicia restitutiva para los delitos sin pena privativa de la libertad; y se reformará la Fiscalía General de la Nación, con el fin de instaurar un esquema acusatorio que fortalezca la naturaleza investigativa de esta institución. También se fortalecerá los esquemas de construcción de prisiones, de identificación y de distribución de la población reclusa y se tomarán las medidas necesarias para que los municipios y departamentos cumplan con sus responsabilidades financieras para el sostenimiento de sus cárceles.

Para el fortalecimiento de las Fuerzas Militaresse concentraran esfuerzos en defender la soberanía, la integridad del territorio y el orden constitucional protegiendo a la población civil de quienes la amenazan, desarticulando las organizaciones terroristas, protegiendo la infraestructura de la Nación y defendiendo las fronteras, dentro del objetivo fundamental de fortalecer el Estado de Derecho.

De la misma manera el fortalecimiento de la Policía Nacional se centrara en la protección de los derechos y libertades públicas, luchando contra el delito, la criminalidad y el terrorismo, de acuerdo con las prioridades establecidas por una política criminal integral. Sus esfuerzos se centrarán en la promoción de la convivencia pacifica, en la prevención del delito, en una drástica reducción de la criminalidad común y en el desmantelamiento de las organizaciones terroristas y de narcotráfico, mediante la investigación y judicialización de sus integrantes. Para lograrlo se busca aumentar el pie de fuerza con 10.000 nuevos patrulleros y 10.000 auxiliares regulares., y fortalecer las relaciones con la ciudadanía.

El fortalecimiento de la inteligenciaes uno de los aspectos más significativos que se promueve en la política, con el intercambio horizontal de información de inteligencia y contrainteligencia entre las agencias, el fortalecimiento de la confianza a través del manejo seguro de la información, la protección responsable de fuentes y la divulgación conjunta de los éxitos operacionales.

Finalmente, se busca el fortalecimiento de las finanzas del Estadopara contribuir al fortalecimiento de la economía y la generación de empleo, a través del estimulo a la inversión y a las actividades productivas.

Consolidar el control del territorio nacional

Esta es la línea de acción utilizada en los primeros meses del gobierno. Se inicia el proceso de consolidación territorial con las zonas de rehabilitación y consolidación de Arauca, Bolívar y Sucre. Con estas primeras zonas se reafirmó la necesidad de reforzar la presencia integral del Estado mediante una mayor y más activa presencia de la Fuerza Pública, que permita a la Fiscalía y al poder judicial acabar con los altísimos niveles de impunidad y al gobierno y a las autoridades locales fortalecer la inversión social.

Estas zonas se articulan en torno ha: la recuperación y consolidaciónque es un primer ciclo en el que se llevará a cabo la desarticulación y disuasión de las organizaciones armadas ilegales, la protección de la población y el restablecimiento de la autoridad de las instituciones democráticas; la recuperación del control estatal del territorio que comienza con la identificación y localización de amenazas y la posterior acción de la Fuerza Pública en zonas consideradas como estratégicas; el mantenimiento de control estatal del territorio que se dará una vez restablecido el control de la Fuerza Pública sobre el territorio, con unidades compuestas por soldados regulares, soldados campesinos y carabineros de la Policía Nacional que mantendrán las condiciones de seguridad y protegerán a la población civil, permitiendo así el trabajo de los organismos de investigación criminal y de control del Estado en la zona; y en torno a la consolidación del control estatal del territorioque se hará una vez estén garantizadas las condiciones básicas de seguridad, restableciendo el funcionamiento normal de la administración de justicia, la democracia local.

Otros aspectos trascendentales para lograr el control territorial son: el Plan de Seguridad Integral de Fronterascon él que se busca censar a la población de las zonas de frontera, para así poder responder a las necesidades más urgentes con programas de abastecimiento; la seguridad urbanapara que las autoridades y los organismos de seguridad de las ciudades, mediante la formulación e implementación de políticas y planes de seguridad, aseguren la convivencia ciudadana, reduzcan la criminalidad y eviten que la problemática de control territorial se traspase de las zonas rurales a las ciudades; la desarticulación de las finanzas de las organizaciones terroristas y de narcotráficoque en concordancia con los compromisos internacionales adquiridos, será asumida por la Junta de Inteligencia Conjunta que conformará, junto con las entidades del Estado que cuenta con unidades especializadas, un comité de lucha contra el lavado de activos; y, finalmente, la eliminación del negocio de drogas ilícitas basado en el control estatal sobre el territorio, para que la erradicación de los cultivos sea efectiva.

Proteger a los ciudadanos y la infraestructura de la Nación

El mecanismo fundamental para proteger las vidas y derechos de los ciudadanos es el fortalecimiento del Estado de Derecho en todo el territorio nacional.

Para conseguirlo se hace necesaria: la protección de personas en situación de riesgo por medio de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior que ejecutará la política de protección de personas en situación de riesgo; la protección de las victimas del desplazamiento forzoso con la labor de la Red de Solidaridad Social y de acuerdo con la voluntad de las familias desplazadas, para llevar a cabo planes de retorno colectivo a los lugares de origen; la protección contra el terrorismo con la creación de un sistema simple y eficaz apoyado en la legislación necesaria para asegurar la protección de los ciudadanos; la protección contra el secuestro y la extorsiónpara lo cual se ha trazado una política de Estado de largo plazo con los objetivos de reducir al mínimo el número de casos de extorsión y secuestro extorsivo, incrementar los costos de comisión de los delitos y consolidar la confianza en la capacidad del Estado colombiano de enfrentar la extorsión y el secuestro extorsivo; la protección de desmovilizados y de niños combatientes con lo que se busca que los desmovilizados reciban asesoría sicológica y programas de formación en oficios y capacitación técnica durante 18 meses; la protección contra el reclutamiento de niños y jóvenes que en muchos casos resulta del desempleo rural; la protección de la infraestructura económica para lo cual el gobierno intentará prevenir los ataques terroristas contra la infraestructura carbonífera, eléctrica, petrolera, de puertos y aeropuertos y de telecomunicaciones, a través de una trabajo coordinado en estructuras de apoyo del Ejército, la Fiscalía, el DAS, la DIJIN, y la Procuraduría, con el apoyo de la ciudadanía; y la protección de la red vialenmarcada dentro de la Estrategia Integral de Carreteras.

Cooperar para la seguridad de todos

Con esta línea de acción se pretenderá fomentar la seguridad de la solidaridad, que se basa en la experiencia de muchos países y en estudios de prevención del crimen que coinciden en señalar que la efectividad de la prevención social, con participación ciudadana, es superior a la prevención situacional, con medidas protectivas.

También se sirve de herramientas como las redes de cooperantes, los programas de recompensas y la cooperación internacional.

Las redes de cooperantes son organizaciones entre ciudadanos de las zonas urbanas y rurales del país que cooperaran activa, voluntaria y desinteresadamente con las autoridades, participando en programas ciudadanos de cultura para la seguridad y brindando información que permita la prevención y la persecución del delito (Su cooperación no es remunerada). Los programas de recompensas se conforman por aquellas personas que, como informantes de los organismos de seguridad del Estado, dan a conocer información que conduzca a la prevención de atentados terroristas o a la captura de los integrantes de las organizaciones armadas ilegales. Y la cooperación internacional que resulta necesaria, dado el carácter transnacional de los principales riesgos y amenazas y dada la necesidad de implementar la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para lograr intercambiar información sobre el comportamiento de redes terroristas y dar cumplimiento a las ordenes internacionales de captura de INTERPOL.

Comunicar las políticas y acciones del Estado

Esta es una línea de acción de la política en la que se prevé la necesidad de dar a conocer, por medios de las autoridades, la dinámica cotidiana de la política de Defensa y Seguridad Democrática, por medio de dos ejes.

Un primer eje relacionado con el terrorismo y la comunicación, que parte de la premisa de que el terrorismo es un método de violencia política que explota la comunicación para sembrar el terror y el desconcierto, tanto en el campo como en la ciudad. Considerando esto, el Estado mitigará la acción comunicativa del terrorismo divulgando al público la información sobre los propósitos y resultados de la Política de Defensa y Seguridad Democrática. Adicionalmente, el Estado intentará promover y respaldar la reflexión por parte de los periodistas y los medios acerca de cuál debe ser su papel en una democracia en peligro: si sus prácticas periodísticas respaldan los valores democráticos, qué fuentes de información legitiman y cuáles son los efectos del lenguaje que utilizan.

Y el segundo eje se relaciona con la diplomacia pública enfocada a conseguir el apoyo de la comunidad internacional, que es imprescindible para lograr la protección de todos los ciudadanos.

En la siguiente Tabla 3, se categoriza la Política de Defensa y Seguridad Democrática según el análisis de policy cicle, que en capitulo IV servirá como un instrumento de contrastación entre las dos políticas de seguridad.

Tabla No. 3: fases de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, según el policy cicle

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3.2.2.1 Evaluación parcial, con base en cifras, de la Política de Defensa y Seguridad

Democrática

Esta evaluación parcial, con cifras consolidadas hasta noviembre de 2003, esta construida con base en seis indicadores: 1) los resultados en materia de control del territorio y defensa de la soberanía nacional; 2) los resultados en la lucha contra las drogas ilícitas y el crimen organizado; 3) el resultado del desarrollo de zonas deprimidas y de conflicto; 4) los resultados en materia de protección y promoción de los DDHH y del DIH; 5) los resultados en el fortalecimiento de la convivencia y los valores; y 6) los resultados de la política de relaciones exteriores y cooperación internacional (DNP 2003)

1. Resultados en materia de control del territorio y defensa de la soberanía nacional:

Durante lo corrido del año 2003 la presencia de la Fuerza Pública se ha expandido a 139 municipios; este avance equivale al 95% de la meta propuesta para 2003 (Gráfica 1). Sin embargo, aún hace falta el cubrimiento de 16 municipios que a la fecha no tienen ninguna presencia de la Fuerza Pública.

Gráfica 1

De la misma manera se ha reducido el total de atentados contra la infraestructura económica (Gráfica 2). Entre enero y septiembre la reducción ha sido de un 32% frente al mismo periodo del año anterior, pasando de 568 a 389. Sin embargo los atentados en contra de oleoductos han aumentado aproximadamente en un 61%, pasando de 61 a 98.

Gráfica 2

También los ataques a poblaciones (incluyendo las estaciones de Policía) se han reducido en un 60%, pasando de 68 casos entre enero y septiembre de 2002, a 35 casos en el mismo periodo de este año (Gráfica 3). Los asaltos a poblaciones (que no incluye a las estaciones de Policía) se han reducido en un 82%, pasando de 29 asaltos entre enero y septiembre de 2002, a 5 asaltos en el mismo periodo del año 2003.

Gráfica 3

La creciente cobertura del territorio nacional por parte de la Fuerza Pública ha servido para que entre enero y septiembre del presente año se hayan realizado 81 millones de desplazamientos vehiculares por carretera. De mantenerse esta tendencia, al finalizar el año se habrán hecho un total de 129 millones de viajes por carretera (Gráfica 4).

Gráfica 4

2. Resultados en la lucha contra las drogas ilícitas y el crimen organizado.

En esta materia los resultados más significativos han sido en la aspersión de cultivos ilícitos de coca y amapola que aumento en un 10,7% frente al año anterior, llegando a 130.000 hectáreas asperjadas en los tres primeros trimestres del año (Gráfica 5). Con este resultado se dejan de producir 240 toneladas de droga.

Gráfica 5

También hay resultados en la lucha contra el crimen, como la desmovilización de 1.601 miembros de grupos ilegales en lo corrido del año (Gráfica 6) y otros 189 más desmovilizados durante el año 2002. En total, los desmovilizados en este gobierno llegan a los 2.331.

Gráfica 6

Estas desmovilizaciones han venido, simultáneamente, con un descenso de los secuestros, que durante los primeros tres trimestres de 2003 fueron 1.652, lo que equivale al 50% de lo que, según la tendencia, se esperaba para el año 2003 (Gráfica 7).

Gráfica 7

También se espera que para el fin del año se hayan reducido los homicidios, que en los primeros tres trimestres de 2003 alcanzaron los 17.379 (Gráfica 8), frente a una meta de máximo 26.489 durante todo el año.

Gráfica 8

Otros resultados de esta lucha han sido la aprensión y judicialización de 93 mandos y 976 miembros de organizaciones subversivas, de autodefensa y de narcotráfico; y la reducción en el robo de vehículos, que paso de 13.461 entre enero y septiembre de 2002, a 10.262 en el mismo periodo del 2003, lo que representa una disminución de 24%.

3. Resultado del desarrollo de zonas deprimidas y de conflicto.

Este frente de la política se ha desarrollado con base a: el Programa de Familias Guardabosques, con el que se han hecho contratos para la recuperación y conservación de los ecosistemas con 6.803 familias campesinas en los departamentos de Tolima, Bolívar y Putumayo. Esto representa el 57% de la meta de beneficiar a 12.000 familias durante el año

2003 (Gráfica 9); el Programa Proyectos Productivos, con el que se han sustituido 49.957 hectáreas de cultivos ilícitos, beneficiando a 32.111 familias (Gráfica 10); y con la instalación de 151 nuevos puntos piloto de telefonía rural comunitaria – Compartel –, en poblaciones de más de 100 habitantes, y 15 puntos piloto para el desarrollo de Centros Comunitarios de acceso a Internet (Telecentros).

Hasta ahora el avance de estos últimos proyectos ha sido del 11% para Compartel y el 8% para los Telecentros, con relación al objetivo propuesto para el año 2003.

Gráfica 9

Gráfica 10

Gráfica 11

4. Resultados en materia de protección y promoción de los DDHH y del DIH.

A 31 de agosto son 29.643 las familias registradas como desplazadas en el 2003 (Gráfica 12). A pesar de esto, el promedio mensual de familias desplazadas ha disminuido en un 46% en el último año. De esto se desprende que 7.020 de los hogares desplazados hayan retornado a sus lugares de origen y se haya prestado asistencia humanitaria a 21.881 familias desplazadas.

Gráfica 12

Otro componente importante en esta materia es el Plan Nacional de Acción Contra las Minas Antipersonales con él que se ha invertido la tendencia en el número de víctimas, que venía en aumento desde 1999 (Gráfica 13).

Gráfica 13

5. Resultados en el fortalecimiento de la convivencia y los valores.

El fortalecimiento de la convivencia y los valores se ha llevado a cabo por medio de la Red Nacional de Bibliotecas, fortaleciéndola con una dotación de 185 bibliotecas, 85 más que las 100 inicialmente fijadas como meta.

Gráfica 14

También se ha fortalecido la convivencia y los valores con la creación, reactivación o fortalecimiento de bandas musicales en 95 municipios del país (Gráfica 15), y con incorporación de 4.000 niños desplazados en el Programa Batuta, alcanzando el 80% de la meta propuesta para el año 2003.

Gráfica 15

6. Resultados de la política de relaciones exteriores y cooperación internacional.

Las relaciones exteriores se han concentrado en construir apoyo a la Política de Defensa y Seguridad Democrática, fortalecer las relaciones bilaterales y consolidar la credibilidad del país en el mundo. Entre los principales logros en este campo están una serie de acuerdos para la cooperación militar y policial, además de la consecución de declaraciones oficiales de apoyo internacional; relacionados a continuación:

Acuerdos suscritos

  • Cooperación en materia de seguridad interior. Francia 22 de julio de 2003.
  • Memorando de entendimiento. Intercambio de información y aplicación de la ley. Australia 9 de julio de 2003.
  • Investigación y desarrollo científico y tecnológico de la industria de defensa. Organización y legislación institucional. Medidas de confianza mutua y seguridad hemisférica. Brasil.
  • Acuerdo para la reactivación de interdicción aérea. Estado Unidos 28 de abril de 2003.
  • Acuerdo de Cooperación Policial. Panamá 11 de abril de 2003.
  • Protocolo de Cooperación Militar para la compra y sesión de bienes de capital. España 25 de febrero de 2003.

CAPITULO IV

CONCLUSIONES: CONTRASTES ENTRE LA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA Y LA POLITICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEMOCRATICA

4.1 Contrastes en las demandas de acción pública

Para llevar a cabo la formulación de la Estrategia Nacional Contra la Violencia y la Política de Defensa y Seguridad Democrática fue necesaria la identificación de una serie de problemas a los que se pretendía darles solución (Tabla 4).

En ambas políticas se identificó una fuente masiva de violencia causante de una gran parte de los problemas de seguridad, lo que llevo a la identificación de un enemigo interno con el fin de darle un trato militar (seguridad nacional). En el gobierno Gaviria la fuente masiva de violencia eran los carteles de la droga y en el gobierno Uribe esta fuente son las guerrillas.

Sin embargo, la dinámica del conflicto colombiano no ha variado con el paso de una década. Han cambiado sí los principales actores de la violencia masiva, pero las formas violentas siguen siendo las mismas: terrorismo, secuestro, homicidio, tráfico de armas, entre otras; alimentadas por el flujo masivo de recursos provenientes del negocio del narcotráfico.

Otro problema identificado en ambas formulaciones fueron las crisis políticas que antecedieron a estos gobiernos.

En el gobierno Gaviria la crisis radicó en una necesidad de cambio en el sistema político para dar cabida a otros grupos diferentes a los del bipartidismo tradicional, y para construir una nueva carta de derechos que recogiera el sentir de otros grupos políticos.

En el gobierno Uribe la crisis política fue el resultado del desgaste de la Política de Paz del gobierno Pastrana, que llevo a una reacción masiva de las fuerzas políticas y de los ciudadanos en contra del Proceso de Paz y a favor de salidas de fuerza para enfrentar a la guerrilla de las FARC.

Identificando este problema, o esta oportunidad, ambos gobiernos emplearon la coyuntura política para interpretar las demandas de acción pública a favor de sus iniciativas.

Tabla 4: contrastes en la fase I (identificación del problema)

GAVIRIA

URIBE

FASE I

Identificación de un problema

FASE I

Identificación de un problema

Crisis política al final del gobierno Barco

Intentos fallidos de unificar las labores de información y de inteligencia

Auge del negocio de las drogas ilícitas

Elevado número de homicidios

Poder político, económico y delincuencia de los carteles de la droga.

Insatisfacción con el Proceso de Paz

Terrorismo.

Incremento del negocio de las drogas ilícitas.

Incremento de las finanzas ilícitas.

Tráfico internacional de armas, municiones y explosivos.

Incremento acelerado del secuestro y la extorsión.

Homicidios

4.2 Contrastes en las propuestas para responder a las demandas públicas

Ambas políticas partieron de la identificación de amenazas para luego formular una serie de respuestas a las demandas públicas (Tabla 5).

Para el gobierno Gaviria la solución pasaba por una serie de reformas al sistema político y al sistema económico, acompañadas de una inversión social integral en las zonas de conflicto. Luego de esto se lograría la salida negociada al conflicto.

Pero todo esto cambio con la crisis de 1993, cuando la Estrategia Nacional Contra la Violencia paso de ser una estrategia formal para la paz, a ser un arma formal de guerra en contra de los carteles de la droga y las guerrillas. Sin embargo, la decisión de enfrentar militarmente las amenazas no dependía de la necesidad, sino de la capacidad de la Fuerza Pública para enfrentar este reto, lo que deja ver que en esta política se plantearon metas para un escenario de confrontación militar, de guerra, con las fuentes identificadas de violencia. Por esta razón puede considerarse que la Estrategia Nacional Contra la Violencia fue una política pública orientada, en parte, por la ideología teórica de la seguridad nacional.

Tabla 5: contrastes en la fase II (formulación de soluciones o acciones)

GAVIRIA

URIBE

FASE II

Formulación de soluciones o acciones

FASE II

Formulación de soluciones o acciones

Apoyo a una nueva Constitución.

Apertura económica.

Reformas hacia una nuevo sistema político

Salida negociada al conflicto.

Respuesta integral a la violencia con acciones sociales que limitaran a los actores del conflicto.

Consolidación del control estatal del territorio.

Protección de la población.

Eliminación del comercio de drogas ilícitas en Colombia.

Mantenimiento de una capacidad disuasiva.

Eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

Para el gobierno Uribe las soluciones se desarrollaron en función del fracaso del Proceso de Paz con las FARC (Tabla 5).

De todas las soluciones que plantea la Política de Defensa y Seguridad Democrática, solo una es atribuible a las autoridades civiles y no tiene que ver con el mando de las operaciones militares, sino con el manejo administrativo. El resto, están centradas en la acción de la Fuerza Pública, porque es claro que es la única institución con la capacidad para llevarlas a cabo. Esto demuestra una militarización de los temas de seguridad con la que se busca recobrar el control territorial del país, para que en el futuro el aparato institucional del Estado consolide el poder del Estado sobre el territorio. Esto resulta contrario a los postulados teóricos de la seguridad democrática, que cambian el concepto de seguridad, de una seguridad basada en la defensa de territorios, a una seguridad de las personas mediante la creación de condiciones que permitan a los habitantes su desarrollo personal, familiar y social en paz, libertad y democracia.

Aunque estas soluciones no tengan cabida dentro de la estructura teórica de la seguridad democrática, sí la tienen dentro de la estructura de la seguridad nacional, porque anticipan un trato militar para las amenazas internas sin desechar la posibilidad de escenarios de negociación fruto de la presión militar.

4.3 Contrastes en las políticas efectivas de acción

El gobierno Gaviria se planteo la necesidad de reformar la estructura de mando por medio del traspasando del control del Ministerio de Defensa a las autoridades civiles y cambiando la cultura que atribuía los asuntos de defensa y seguridad a la orbita militar dejando de lado a la orbita política (Tabla 6).

Esta primera reforma se creyó suficiente para abrir paso a la redefinición de los mecanismos de toma de decisiones, así como a la modernización del Ministerio de Defensa, la mejora en los salarios y la reforma a la Policía Nacional.

Con estos cambios se busco guiar la estrategia a la obtención del monopolio jurídico de la fuerza del Estado con la presencia de funcionarios, y recuperar la capacidad de la justicia por medio de normas. De manera que los ejes en los que se centro las decisiones de la política de Gaviria fueron la justicia y la seguridad, a partir de los cuales se esperaba dar una respuesta integral a la violencia con acciones sociales, que luego llevarían a una salida negociada al conflicto.

Pero al mismo tiempo, la estrategia creo mecanismos para el fortalecimiento de la Fuerza Pública, lo que garantizaba la capacidad de enfrentar militarmente al enemigo.

Tabla 6: contrastes en la fase III (toma de decisiones)

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Por su parte, la política del gobierno Uribe traza líneas de acción que devuelven el control del poder militar a las Fuerzas Armadas relegando a las autoridades civiles del Ministerio de Defensa a labores administrativas. Esta es una diferencia sustancial con relación a la Estrategia Nacional Contra la Violencia, que formulo la necesidad de separar las decisiones políticas de las militares, cediendo el mando de la Fuerza Pública a autoridades civiles.

A pesar de todo, el traspaso de poderes a los mandos militares no ha sido absoluto gracias a la participación del gobierno en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. En esta reorganización es evidente que la toma de decisiones, diferentes a las presupuéstales, ha salido de las manos del Ministerio de Defensa, cuyo espacio a sido ocupado y limitado por la Presidencia de la República.

Por otro lado, la política del gobierno Uribe se plantea el fortalecimiento de las instituciones del Estado centrada en el aumento de recursos para la modernización, profesionalización y aumento del pie de fuerza en las Fuerzas Militares y en la Policía Nacional; pero también con la reforma al sistema judicial volviéndolo acusatorio e introduciendo normas que permitan enfrentar el terrorismo (Estatuto Antiterrorista), que también fue iniciativa formulada en el gobierno Gaviria.

También se plantean líneas de acción para: consolidar el control del territorio nacional y proteger a la población por medio de la implementación del modelo de zonas de rehabilitación y consolidación; cooperar con la seguridad de todos haciendo uso del espíritu de solidaridad entre los ciudadanos, para con ellos formar redes de cooperantes y redes de informantes pagados.

Pese a las ya notables similaridades entre ambas políticas, la política del gobierno Uribe formula un aspecto novedoso en materia de comunicaciones masivas a los ciudadanos y a la comunidad internacional, para que sea el propio Estado quien difunda la información acerca de la política de seguridad del Estado. Sin embargo, en la misma línea de acción se plantea la necesidad de hacer reflexionar a los periodistas y a los medios de comunicación acerca de cuál debe ser su papel en una democracia en peligro: si sus prácticas periodísticas respaldan los valores democráticos, qué fuentes de información legitiman y cuáles son los efectos del lenguaje que utilizan.

Esto lleva a pensar que existe una política de Estado para limitar o guiar la libertad de expresión, que en otros gobiernos pudo existir, pero que no estaba formalmente desarrollada dentro de una política pública de defensa y seguridad.

4.4 Contrastes en el impacto sobre el terreno de la política (información parcial)

En la fase de implementación del gobierno Gaviria se dio inicio a una confrontación institucional por la definición de funciones entre las antiguas y las nuevas entidades de defensa y seguridad del Estado: Consejería Presidencial para la Defensa y Seguridad, y la Unidad de Justicia y Seguridad del DNP (Tabla 7).

A pesar de ello el gobierno llevo a cabo reformas en la estructura de mando de la Fuerza Pública. En las Fuerzas Militares estas reformas buscaron unificar y mejorar las labores de información y de inteligencia, y profesionalizar las tropas; y en la Policía Nacional buscaron reformar la institución creando mecanismo internos de rendición de cuentas para mitigar los elevados índices de corrupción.

Tabla 7: contrastes en la fase IV (implementación)

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En el gobierno Uribe la implementación de medidas a favor de la seguridad han sido inmediatas. Sin embargo, las primeras medidas implementadas no estaban dentro del marco de la Política de Defensa y Seguridad Democrática que solo se formulo hasta pasados diez meses de gobierno.

La primera acción de gobierno fue el decreto 1837 de 2002 que declaro el estado de conmoción interior a causa de la necesidad de enfrentar la amenaza guerrillera. Dadas estas circunstancias el gobierno anticipo la creación de las zonas de rehabilitación y consolidación para evitar el avance de la insurgencia en zonas de importancia económica como Arauca.

Hasta el momento no es mucho lo que se puede comparar, en materia de implementación, entre ambas políticas. Pero si existe un elemento común en el Estado colombiano al momento de implementar las políticas de defensa y seguridad, que es observable en los gobiernos Gaviria y Uribe, y es la utilización de las figuras de excepción como plataformas de guerra interna por periodos de tiempo extensos que minimizan su sentido.

4.5 Contrastes de las acciones políticas y sus reajustes (información parcial)

A todas las conclusiones anteriores se suman estas conclusiones generales:

Con la Estrategia Nacional Contra la Violencia se unificaron los criterios que dieron coherencia a los temas de seguridad y justicia (Tabla 8). Con base en el desarrollo de estos criterios se logro la desmovilización de la Corriente de Renovación Socialista y las milicias Populares Metropolitanas y del Valle de Aburra, lo que demuestra que al menos en parte la estrategia cumplió con el objetivo de negociar una salida pacifica con los grupos armados ilegales. Otro logro de la estrategia fue el incremento en la capacidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía, con un costo de 1.2 puntos del PIB.

Sin embargo, la política erró en la combinación de fuerza y política necesaria, creyendo que por la fuerza pronto se llegaría a arrinconar a la subversión. Por su parte las FARC y ELN iniciaron un proceso de repolitización y legitimación mediante el control de los poderes locales, que vieron favorecido por la falta de decisión oficial para asumir una agresiva política social.

En la segunda mitad del gobierno, como resultado de la crisis de la implementación de la Estrategia Nacional Contra la Violencia, no hubo una estrategia real de seguridad porque el gobierno se apoyó en la proliferación de la delincuencia común y organizada para centrar los temas de seguridad, pero sin mostrar claridad de cómo recuperarla y mantenerla.

A esta crisis, se sumo la distorsión del gasto de defensa y seguridad, invirtiendo los recursos en el incremento de salarios y en los gastos del personal en retiro de las Fuerzas Armadas, y no en mejoraras salariales, aumento del pie de fuerza, armamento, o profesionalización de la tropa.

A pesar de sus dificultades, la Estrategia Nacional Contra la Violencia fue una política que desde su inicio se alineó, en parte, con el concepto teórico de la seguridad nacional, buscando amenazas al Estado provenientes de enemigos internos a los que fuera posible anticiparles un trato militar.

Tabla 8: contrastes en la fase V (evaluación)

GAVIRIA

URIBE

FASE V

Evaluación

FASE V

Evaluación (parcial)

Unificación de criterios, que dio coherencia a los dos ejes más sobresalientes de la política: la seguridad y la justicia.

La crisis de la implementación llevo a una militarización y bandolerización de la política.

Dificultades en la negociación con las guerrillas y narcotraficantes llevo al uso del Estado de conmoción.

FARC y ELN iniciaron un proceso de repolitización y legitimación mediante el control de los poderes locales, favorecidos por el vació de acción social que dejo el Estado.

En la II mitad del gobierno no hubo una estrategia real de seguridad, porque el gobierno se apoyó en la proliferación de la delincuencia común y organizada para centrar los temas de seguridad, pero sin mostrar claridad de cómo recuperarla y mantenerla.

Logro la desmovilización de la Corriente de Renovación Socialista y las milicias Populares Metropolitanas y del Valle de Aburra.

Distorsión del gasto de defensa y seguridad, invirtiendo los recursos en el incremento de salarios y en los gastos del personal en retiro de las Fuerzas Armadas, y no en mejoraras salariales, aumento del pie de fuerza, armamento, o profesionalización de la tropa.

Incremento en la capacidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía con un costo de 1.2 puntos del PIB, ubicando al sector defensa con un gasto de 4.0 % del PIB en los próximos diez años (hasta 2003).

Erró en la combinación de fuerza y política necesaria, creyendo que por la fuerza pronto se llegaría a arrinconar a la subversión.

Falta de decisión oficial para asumir una agresiva política social.

Recuperación de 139 municipios sin Fuerza Pública

Disminución de los ataques a poblaciones en un 60%. Disminución de los asaltos a poblaciones en un 82%.

Aumento de la aspersión de cultivos ilícitos de coca y amapola en un 10,7% frente al año anterior.

Se han dejado de producir 240 toneladas de droga.

1.601 miembros de grupos ilegales desmovilizados en lo corrido del año. Para un total de 2.331 desmovilizados.

29.643 familias registradas como desplazadas en el 2003. El promedio mensual de familias desplazadas ha disminuido en un 46% en el último año.

7.020 hogares desplazados han retornado a sus lugares de origen

Atención humanitaria a 21.881 familias desplazadas.

Se han logrado acuerdos para la cooperación militar y policial, además de la consecución de declaraciones oficiales de apoyo internacional.

Distorsión en el gasto de los recursos obtenidos con el impuesto al patrimonio liquido. Pasaron de ser nuevos recursos a ser recursos para completar el funcionamiento de vigencias ya presupuestadas.

La política de Defensa y Seguridad Democrática ha resultado ser un mecanismo de defensa interna, más que una política de fortalecimiento del poder civil.

Hasta el momento, los resultados observables de la política se circunscriben al ámbito de la labor directa de las Fuerzas Armadas: control territorial, lucha contra el narcotráfico y defensa de la población civil; y solo en lo concerniente a la ayuda a las familias desplazadas y a la acción humanitaria se abre un espacio de participación para otras entidades o para la sociedad civil.

En suma, la política de Defensa y Seguridad Democrática es una política pública en la que predominan los asuntos militares sobre otros asuntos que deberían hacer parte de una política de seguridad democrática: asuntos como la promoción y la tutela de los derechos humanos y el fortalecimiento del poder civil. Lo que lleva a pensar que la política es más cercana al fortalecimiento de la defensa que al fortalecimiento de la seguridad democrática.

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ANEXOS

ANEXO 1: ANTECEDENTES PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLITICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEMOCRATICA

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CAMILO ANDRES RODRIGUEZ BORDA

Politólogo

Especialista en Gobierno y Políticas Públicas

Candidato a MsSc en planificación del desarrollo

Fecha de realización: Noviembre 24 de 2003

Categoría Política


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