El papel de la ética y la política en el siglo XXI: Necesidad de generar y rescatar la confianza en nuestras instituciones

2. Proemio
3. La sociedad civil, el
   capital social y su lucha contra la
   corrupción
4. El ejercicio del poder en la
   construcción del entorno
   ético
5. La urgencia de una nueva
   Ética para la Política del Siglo
   XXI
6. ¿Debemos considerar a la
   ética como mero sistema normativo?
7. Construyendo consensos
   éticos en la administración
   pública
8. Corolario

"Lege rubrum si vis intelligere
nigram"

Lee lo anotado en rojo si quieres
entender lo escrito en negro

Proverbio europeo del siglo
XV

PROEMIO.

Basta reflexionar un poco y siempre encontraremos una
culpa que hemos contraído de algún modo frente al
género
humano, aunque sólo sea a causa de los privilegios de que
gozamos, basada en la desigualdad de los hombres a causa de la
cual otros tienen que sufrir tanto mayores privaciones para el
beneficio personal, para,
en el subterfugio de lo <<legal>>, no reprimamos la
noción de deber, entregándonos a caprichosas
fantasías sobre lo meritorio. Reaparece a su lado el
teatro de
fantasmas y
simulaciones, donde los desmentidos y la rapidez en exonerar de
culpas y pecados se vuelve el pan de cada día. Reaparece
el umbral perverso de la palabra oficial como un cielo protector,
donde el silencio se vuelve cómplice, porque las instituciones
_públicas o privadas_ gastan más dinero en
propaganda que
en cumplir sus fines. Poco hacen contra los poderes
fácticos que pretenden la complicidad entre la clase
política y el crimen
organizado, jugando con uno u otro partido, convirtiendo la
transición democrática en una farsa injusta. Me
interesa resaltar en este ensayo la
valoración del cálculo de
las evaluaciones nacionales de la reputación de corrupción
en los servicios
públicos a nivel nacional, que bien puede servirnos
como punto de partida útil para desarrollar una topografía de su incidencia. Sin embargo,
la imagen que
surge a partir del intento de calcular promedios nacionales se
vuelve más compleja cuando investigamos los antecedentes
de regiones específicas, de industrias o de
los intereses comerciales y burocráticos.
(…) Finalmente, la rápida aceleración
de la participación en la economía global ha
dado una mayor importancia a la detección y lucha contra
el soborno, practicado particularmente por las empresas
occidentales en regiones del mundo menos desarrollado. Y es a
partir de las constantes denuncias de corrupción, donde la ética, disciplina que
antes estaba reservada a la filosofía, se ha convertido en
una demanda
común de nuestras sociedades. La
demanda ética no sólo se focaliza al gobierno, que
como representante de la mayoría es quien debe dar el
ejemplo, sino también a toda la oposición (que
representa al resto de la sociedad).

Hoy día está la moda es hablar de
ética y su relación con política, en
especial con la clase política de nuestro país.
Abordamos el tema en el café,
con los amigos, con quien está a nuestro lado mientras
esperamos el camión, en la sobremesa, en el trayecto al
trabajo,
etcétera. La clase política _al sentir del
ciudadano_ está sospechada de corrupta, no porque todos
roben, sino porque muestran una imagen de autores,
cómplices, encubridores o, lo que es peor aún,
indiferentes. En este océano, la corrupción navega
sobre el inconsciente colectivo, y si el modelo
deseable estimula el éxito
económico a cualquier costo, la
corrupción se convierte en un subproducto casi inevitable
que refleja la epidemia de fin de siglo. Y es que ningún
país en el mundo es inmune a la corrupción en la
política. El problema abarca una amplia variedad de actos
cometidos por líderes políticos antes, durante y
después de dejar el cargo. Este fenómeno incluye
actos proscritos por las leyes nacionales
e internacionales, así como actividades que no son
ilegales, pero que tienen una influencia corruptora en el
proceso
político, como por ejemplo, cuando las
compañías del sector privado acuden al cabildeo
para obtener favores políticos. La corrupción
política –como lo señala Meter Eigen,
Presidente de Transparency International durante el lanzamiento
del Informe Global de
la Corrupción 2004- "…socava las esperanzas de
prosperidad y estabilidad a los países en vías de
desarrollo, y
perjudica la economía
mundial". Este informe constituye un llamado a la
acción
para traer integridad y confiabilidad a los gobiernos, para
detener el soborno por parte de las compañías
multinacionales, y para luchar contra el flujo de activos robados
hacia cuentas secretas
privadas en occidente, privando a millones de personas de
asistencia médica, educación y
perspectivas de un futuro sostenible. En este orden de ideas, si
la ética incide en las decisiones correctas de la conducta humana,
lo hace a través de cánones o fundamentos morales,
es decir, no señala lo que es bueno o malo
hacer (moral)
sino cuándo lo es (ética). En
realidad la ética es un juicio que se expone socialmente
sobre las conductas de los seres humanos que componen la
sociedad. La ética trata sobre los principios del
deber hacer, mientras que la moral
modela esa ética en costumbres, modos y maneras de hacer.
Es decir: la moral es lo que se practica y la
ética piensa cómo debe ser esa moral.
Cuando hablamos de ética y lo engarzamos con la
corrupción _para el tema que nos ocupa_, el término
sintetiza el principal malestar político generalizado.
Malestar político, porque la exigencia de mayor "eticidad"
está dirigida a la clase dirigente (políticos,
empresarios, gremialistas, funcionarios) en el sentido de
élite que conduce a los ciudadanos, le fija límites,
define reglas y controla su aplicación. Aquí
encontramos una situación interesante, y es que en
cualquier proceso social el observador puede distinguir un
sistema
mítico que expresa claramente todas las reglas y
prohibiciones y un código
práctico que dice a los operadores cuándo,
cómo y por quién pueden hacerse ciertas cosas
prohibidas por las reglas. Hoy como ciudadanos conscientes y
responsables nos planteamos de manera crítica
las relaciones entre la ética y la política. Estas
pueden establecerse desde diversas concepciones de lo
político y también de lo ético. Aquí
opto por una metodología quizá extraña: en
lugar de acentuar las diferencias entre las diversas versiones
contemporáneas de la ética, quiero ensayar una
forma de argumentación que las relacione, si no
necesariamente a todas, por lo menos sí a algunas de las
más relevantes en la discusión actual. Esto nos
permite caracterizar diversas formas de concebir la
dimensión ética en relación con la
política deliberativa y la democracia
participativa, para mostrar luego un modelo de
argumentación que, como se ha dicho, en lugar de excluir,
convoque diversas concepciones de la moral en torno a la tarea
de formación de ciudadanos que haga posible democratizar
la democracia.

Lo que tiene de verdadero la frase: "el cambio empieza
por uno mismo" también comprende una parte que no
dice. La frase de hecho sugiere que "el cambio" hacia condiciones
y estados mejores pasa primero por uno mismo. Esto no significa
que el cambio personal sólo sea suficiente para ese cambio
que uno también necesita – cambio social que tienda hacia
el bien. Tratándose de la vida de una ciudad o de un
pueblo, buscar el bien sí exige de cambios personales,
pues un pueblo honesto y justo existe, porque tiene personas
honestas y justas-. Sin embargo, el enfoque en buscar cambios
personales es insuficiente. También se deben buscar los
cambios de estructuras
sociales (organismos sociales, instituciones privadas,
etcétera) y cambios de estructuras políticas
(estructuras de poder,
instituciones del Estado). Los cambios de estructuras
sociales y políticas de hecho pueden completar o
posibilitar el cambio social, y además pueden promover y
hasta cierto punto garantizar el desarrollo de la vida moral
personal. Una estructura
social (incluyendo factores económicos y culturales)
que no estimula, que no convalida (o aprueba), y que no garantiza
con sus leyes el éxito de la vida ética tanto
personal, familiar, como social, lo que de hecho hace es
desmoralizar el mayor anhelo del ser humano, vivir con una
dignidad
personal, e incluso más allá de la mera felicidad,
vivir una vida feliz moralmente merecida.

Cuando hablamos de la lucha contra la corrupción,
estamos obligados a referenciarlo junto a los valores
éticos, para tratar de explicar el camino de vida que debe
seguir la sociedad y las instituciones coexistentes, así
como la forma en la que se posiciona con relación a la
sociedad actual, entendiéndola en un primer acercamiento,
de la siguiente manera: La corrupción es tentadora para
mucha gente; es dinero fácil de ganar y presenta poco
riesgo, donde
el comportamiento
moral es crítico _Saber qué está bien y
qué está mal, el saber que lo que uno está
haciendo no es sólo importante para uno mismo, sino que lo
es para toda la comunidad, para
el país de uno mismo_. Desde esta perspectiva, los
valores
éticos son importantes. La corrupción está
prohibida, como robar o asesinar, pero esto parece insuficiente,
debido a que la gente continúa practicando acciones
ilegales. Para contrarrestar –o al menos intentarlo-,
debemos rescatar y explicar la importancia de los valores
éticos en la lucha en contra de la corrupción,
argumentando que el comportamiento ético es el mejor
camino para prevenir la corrupción y promover la confianza
social. Creo que entre todos los actos de corrupción
resalta la figura del clientelismo o amorralamiento
político. Este fenómeno es en sí mismo tan
corrupto como cualquiera de los otros actos imaginables. Salvando
las distancias, la figura/acción del amorralamiento -que
es preocupante-, no es otra cosa que un acto
mefistofélico. El personaje de Goethe (1808) entrega/vende
su alma al
diablo; nuestro personaje de la figura del amorralamiento
entrega/vende su favor electoral, no a un partido político
en exclusividad, sino a diferentes dirigentes políticos -y
de distintos partidos- a través de promesas mutuas (tu
voto a cambio de algún favor) en un acto de naturaleza
cognitivo-política. Pero he aquí que en la propia
metáfora mefistofélica aparece la
contradicción que permitirá diferenciar y calificar
al episodio. Así como respecto al Fausto de Goethe nadie
ha intentado visualizar ni cuestionar las características
diabólicas del comprador. En el caso que nos ocupa,
sí es preciso que lo haga, ya que es lo que va a permitir
registrar el carácter dialéctico de la
relación corruptor/corrompido y entenderla con mejor
criterio. Entiendo como la mejor forma de interpretar al
amorralamiento, la necesidad de recurrir al método
dialéctico, que es el que nos va a permitir encontrar y
explicar la relación indisoluble entre los miembros del
par, no sólo en la relación individual perversa que
estoy analizando, sino ya en la dimensión
social-institucional, que es donde se inserta la misma. Es decir,
el corruptor aprovecha una situación particularmente
desgraciada de alguien, para, de esa forma, corromperlo y no
solamente convertirlo en un corrupto "pasivo", sino
fundamentalmente para lograr quebrarlo en su totalidad como ser
humano y permitirle justificar cualquier otro acto corrupto
"activo", a la vez que lograr que sin mayores trabas de moral
interior -culpas, en términos psicoanalíticos-
adhiera en el futuro a otros actos deshonestos que se le
propongan. En este caso el corruptor tiene un proyecto
político que va más allá de la compra de un
favor electoral circunstancial, está dirigido a romper el
entramado de las relaciones sociales a partir prácticas
egoístas-individualistas y creando la desconfianza entre
los amigos, vecinos, etc., que pierden fiabilidad en quien
observan -o adjudican la comisión de actos semejantes a
los actuados- y de quien comienzan a sospechar falta de fidelidad
a la consigna política que los pueda convocar. El
porqué de este proyecto político por parte del
corruptor no es motivo de análisis del presente escrito, simplemente
diré que esta política de clientelismo o
amorralamiento de los hombres y mujeres del pueblo llano, ya ha
dado los frutos propuestos por sus artífices en nuestra
América: han logrado quebrar la posibilidad
de ser protagonistas de su vida y del sentido que pretenden darle
al cambio social que esperaban, a los latinoamericanos, en
grandes y extensos espacios del continente. La corrupción
política no se da solamente en el escenario del
clientelismo, también en nuestros pueblos aparece
testimoniada por los reiterados casos de fraude electoral.
Las elecciones son controladas -o, mejor dicho, supervisadas- por
representantes de organismos internacionales. Pese a todo el
fraude sigue existiendo bajo la forma del cambio de las boletas
en las urnas, la pérdida de urnas completas, el voto de
los muertos, la no inclusión de electores opositores en
los padrones electorales, etc. Esto ha llevado a que ya los
pueblos no sientan en el acto eleccionario que ejecutan se
están sirviendo del máximo derecho ciudadano. Saben
que van a ser estafados y también en este punto, el
propiamente político se ha perdido la confianza. Esto, no
deja de ser un panorama desolador. Cuando los pueblos y las
personas dejan de confiar en el sistema democrático, crece
el sentimiento de impotencia frente a éste, y comienzan a
florecer todos los síndromes asociados con la
desesperanza. De esta manera el entramado social comienza a
resquebrajarse y se llega a poner de moda el tristemente
célebre "sálvese quien pueda", fórmula
infeliz que se refiere a la pérdida de la solidaridad
social y su reemplazo por el reinado del egoísmo
individualista.

2. La
   sociedad civil,
   el capital
   social y su lucha contra la corrupción.

Cuando una sociedad ética lucha contra la
corrupción, siempre enarbolará la bandera de
lucha, porque cree firmemente que la relación que guarda
el individuo en
sociedad y el Estado es
la base de la confianza mutua. De esta forma, la democracia
está basada en la confianza mutua y la corrupción
rompe con ella, al sentir general. Trae cosas negativas, crea
sospecha, crea la idea de que los políticos sólo
trabajan para el bienestar propio; esto es un problema, porque
nosotros necesitamos a los políticos para planear el
futuro. No podemos aceptar la realidad actual, no podemos
aceptar la corrupción. Y es que la corrupción se
ha convertido en parte de un cuadro social complejo,
destruyendo las redes sociales de
confianza. Recordemos: la lucha contra la corrupción no
es sólo una cuestión de dinero. Esta lucha es
vital para conservar las democracias. Por eso, cuando se
tratamos de combatir la corrupción, debemos dar la mayor
prioridad a las redes de información social. La información
es fundamental. Hace algunos años, por ejemplo, no
entendíamos qué cantidad de dinero estaba
envuelta en diferentes actos de corrupción. Hoy los
medios
informativos nos han acercado a ello y lo percibimos de una
manera más consciente. Algunos de los elementos para
combatir la corrupción son: una sociedad responsable y
un sistema judicial independiente que pueda abolir la impunidad y
aplicar la ley, que es la
base de toda sociedad justa con un capital social activo. El
capital social es una herramienta efectiva para combatir la
corrupción. De todas formas, cuando este capital social
es negativo, a la gente no le importa mucho la lucha contra la
corrupción, en esta situación los individuos
actúan como animales en el
medio de la selva: ellos van a tratar de salvarse de la forma
que puedan. Por esta razón, la ética es muy
importante. Necesitamos reconstruir el modo espiritual de
pensar acerca de la vida para poder contrastar los efectos de
la corrupción, que está caracterizada por la
ambición material y el egoísmo. Cuando la
corrupción se vuelve algo normal no existen diferencias
entre el Director de una paraestatal, de una
compañía transnacional, o de un hombre
común que roba para enriquecerse a sí mismo. Para
proteger nuestras sociedades necesitamos una forma ética
de pensamiento.
Necesitamos convencer a las compañías de que es
de su interés
adquirir un rol más participativo en el desarrollo
social, por lo menos en tres niveles: la aplicación
de la ley, la conciencia
ética, y la inclusión del sector privado en esta
lucha. El capital social es fundamental en la lucha contra la
corrupción, porque cuando las personas confían
entre ellas, usan esa energía para construir una
sociedad mejor: Cuando esto pasa, las personas no están
aprovechando su poder para enriquecerse ellas mismas. Pero
debemos estar alerta siempre, porque el capital puede ser
más y más negativo. Por ejemplo, el secreto del
modelo social Escandinavo es el alto nivel de consenso social,
porque las personas sienten que el gobierno se ocupa de ellos y
de esta forma hay un ambiente
social de confianza. En el caso particular de Noruega, la gente
se siente parte de una sociedad transparente; las personas
ganan suficiente dinero para vivir, pagan impuestos y
respetan las leyes por más de cien años. Todos
saben que el contrato
social está basado en el capital social. En mi
opinión, estos hechos son la razón por la que no
existe corrupción en Noruega. Por esta razón, las
empresas Noruegas están menos expuestas a la
corrupción; éstas son partes de una sociedad que
rehúsa a comportarse incorrectamente.

Al hablar de la corrupción, debemos enfocarnos
también al fenómeno de la
globalización y su influencia en el avance o freno de
este mal social. La corrupción en el tercer mundo es
común, pero éste es un fenómeno globalizado
negativo. Aún en países del primer mundo ocurren
casos de corrupción, con en Francia, un
país insignia del primer mundo. Este es un problema
global. Cuando se presentan casos de corrupción
globalizada, existen algunos obstáculos para poder
confrontarla. Por un lado, hay muchas multinacionales
involucradas en casos de corrupción a lo largo de
diferentes países. Por el otro lado, para poder investigar
y enjuiciar, estamos obligados a usar instrumentos y leyes
nacionales. Como resultado de esto, existe una brecha entre el
problema – la demanda judicial- y cómo puede ser
resuelto. Muchas veces aparece un caso de corrupción
internacional, el cual no puede ser adjudicado por cortes y leyes
nacionales. No tenemos todavía una respuesta global para
la corrupción; las respuestas son sólo nacionales y
regionales, por esta razón necesitamos trabajar más
en esta área.

Vayamos a una realidad reciente que espero nos sirva
para ilustrar lo expresado. George W. Bush está siendo
comparado cada vez más con Ronald Reagan, ahora con su
muerte. Es
verdad que como Bush, Reagan llegó a Washington con un
ambicioso plan para
recortar impuestos a todo nivel y aumentar el gasto en la defensa
nacional sin incrementar el gasto federal. Y Reagan, de hecho,
alivianó la carga impositiva de los norteamericanos y
supervisó un crecimiento masivo del gasto en la defensa
nacional. Dada la reciente insistencia de Bush por implementar
más recortes de impuestos que serían
pro-crecimiento combinada con un aumento del gasto en la defensa
nacional para la guerra contra
el terrorismo, la
analogía es tentadora. Pero a estas alturas en su
presidencia, el sombrío récord del gasto
público de Bush cuando es comparado con aquel de
Reagan, elimina esta tentación. Mejor aún, a la
luz del gasto
de Bush ahora sería más apropiado compararlo con
Jimmy Carter que con Ronald Reagan. Veamos los hechos.
Siendo comparado en el mismo momento de la primera administración de Reagan, Bush no es
sólo un gastador mayor sino un gran gastador en sí.
Ajustado a la inflación, el gasto total bajo la
administración de Bush ha aumentado un 14 por ciento,
mientras que debajo de Reagan aumentó sólo un 7 por
ciento. Pero más indicativo aún del problema que
Bush tiene es el significante aumento en el gasto discrecional
durante su administración. El gasto discrecional
representa fondos para programas que el
Congreso tiene que asignar en una base anual y es este tipo de
gasto sobre el cual el presidente tiene más influencia. Es
verdad que una gran porción de este gasto discrecional va
hacia la defensa nacional. Bush ha llevado acabo durante su
administración un incremento de 21 por ciento en el gasto
para la defensa nacional—casi igual que Reagan. Sin
embargo, la mayor diferencia entre estos dos hombres es el gasto
discrecional no atribuido a la defensa nacional. Mientras que
Reagan fue capaz de reducir los gastos
discrecionales no relacionados con la defensa nacional por un 14
por ciento, Bush ha llevado a cabo un aumento de estos en un 18
por ciento—una diferencia del 32 por ciento entre los dos
presidentes.

La tabla presentada aquí abajo compara los
niveles entre Reagan y Bush del gasto no relacionado con la
defensa nacional. El Presidente Reagan consiguió disminuir
el gasto en muchas categorías. Al contrario, Bush no solo
ha fallado en igualar a Reagan en la reducción del gasto
sino que además ha aumentado el gasto a todo nivel—y
en muchas ocasiones este ha llegado a niveles
exorbitantes.

Para ver el gráfico seleccione la
opción "Descargar" del menú superior

Como se ha indicado, ambos hombres buscaron—y
consiguieron— en el Congreso aumentos substanciales en el
gasto para la defensa nacional. Y, mientras que proveer para la
defensa nacional es una responsabilidad definida del gobierno federal,
muchos gastos discrecionales no relacionados con la defensa
nacional no lo son. Gastar dinero en sistemas armados
avanzados para combatir el terrorismo es más importante
que financiar el Fondo Nacional para las Artes o la
Corporación para la Difusión Pública. Es el
fracaso de Bush en limitar el gasto gubernamental en estas
actividades de dudosa constitucionalidad lo que no permite que
él iguale los logros de Reagan. Por supuesto, se puede
argumentar que es injusto culpar excesivamente a Bush por el
gasto excesivo dado el hecho que el Congreso es el que controla
las riendas de la cartera. Un estudio reciente demuestra que tres
de los mayores cinco gastos excesivos federales ocurrieron
durante los últimos cinco años de un Congreso
controlado por los Republicanos (los otros dos ocurrieron durante
la Segunda Guerra
Mundial). De esta manera, el Presidente Bush parece haber
heredado un Congreso con establecidas credenciales de tendencia
gastadora. Sin embargo, esta excusa es debilitada por el hecho de
que Bush no ha vetado ni una sola ley de gasto durante sus tres
años de presidencia. De hecho, él ha accedido a
firmar toda legislación que ha pasado por su escritorio,
incluyendo una inflada ley agrícola y una intrusa ley de
educación. Por el contrario, el President Reagan
vetó 22 leyes que aumentaban el gasto público
durante sus primeros tres años como presidente. Bush ha
sido beneficiado con un Congreso con una distribución partidaria considerablemente
más favorable. Aunque los Republicanos controlaban el
Senado durante la primera administración de Reagan, los
Demócratas dominaban el Congreso—por un margen de
100 puestos en un momento. Bush, al contrario, ha disfrutado del
lujo de tener un Congreso y un Senado controlado por el partido
Republicano (con la excepción de una pérdida de
control por cinco
meses en el Senado cuando el Senador Republicano Jim Jeffords
salió del partido). Mientras Reagan era suficientemente
exitoso en domar un Congreso dudoso y muchas veces hostil, Bush
ha demostrado una falta de convicción en calmar los deseos
de gastar de un relativamente favorable Congreso. Mientras que el
Presidente Bush esta obviamente al tanto de los beneficios y la
necesidad de reducir los impuestos como una manera de estimular
el crecimiento
económico, el gobierno continúa
expandiéndose, los programas burocráticos florecen,
y la discusión de eliminar en su totalidad departamentos
gubernamentales es un recuerdo distante. Bush no es ningún
Reagan. Y, a pesar de que el partido que se auto-proclama como el
del gobierno limitado controla la Casa Blanca y el Congreso,
continua moviéndose más y más lejos del
gobierno limitado.

Hemos visto una continua y larga lista de fracasos
administrativos en grandes empresas, tales como Enron, WorldCom,
Credit Lyonnais, Parmalat; en importantes medios de
comunicación como el New York Times, USA Today y la
BBC; en organismos de gobierno, como la CIA, MI6, FBI, el
Departamento de Defensa y el programa de la
ONU de petróleo por comida en Irak,
además de escándalo tras escándalo de
corrupción en el gobierno de Francia y en México,
para no perdernos de vista. Como resultado de ello, se han
multiplicado las conferencias y los foros para discutir mejores
programas de responsabilidad y supervisión, tanto en el gobierno como en
la empresa
privada. En casi todos los casos se consiguieron varias de las
condiciones siguientes:

• Inadecuada comunicación a todos los miembros de
  la
  organización sobre normas
  éticas y de comportamiento.
• Excesiva dependencia en la cadena de mando como
  vía para el flujo de la información.
• Falta de la directiva y de los altos ejecutivos en
  instrumentar tajantes medidas correctivas al notarse las
  fallas. Además, en todas partes hay la tendencia a tapar
  las malas noticias.

Las fallas en las empresas privadas son muy
difíciles de tapar a largo plazo porque la presión de
la competencia tarde
o temprano revela el mal rendimiento. Pero, entretanto,
ejecutivos incompetentes o corruptos pueden ponerle la mano a
millones de dólares de los accionistas al reducir el
valor de sus
inversiones.
Por muy malos que sean los escándalos empresariales, el
mercado impone un
cambio de comportamiento o la compañía va a la
quiebra. El
problema más grave está en los organismos
gubernamentales, porque al ser monopolios, sus fracasos no se
hacen aparentes y un mal rendimiento puede perdurar por
décadas. Muy pocos programas del gobierno están
sujetos a análisis rigurosos de costo y beneficio o a la
evaluación constante de la efectividad de
sus administradores. Los jefes de organismos gubernamentales
tienen mayor dificultad en despedir o relegar a cargos inferiores
al personal que no rinde. En la mayoría de los
países la supervisión del Congreso sobre el trabajo de
los diferentes ministerios y
departamentos es irregular, inconsistente y con trasfondo
político. Por ejemplo, la reacción del Congreso de
EEUU al escándalo de la prisión en Irak es un buen
ejemplo de ello. Aunque el Congreso y los medios tenían la
información sobre abusos cometidos desde hace meses, no
fue sino hasta que se publicaron las fotografías que
explotó el escándalo. Y como era de esperarse,
muchos congresistas reaccionaron exigiendo la cabeza del ministro
de Defensa Rumsfeld antes de que se supieran todos los detalles.
Así es la política. La vieja Unión
Soviética es el más claro ejemplo de fracaso
administrativo. La información era manipulada, lo mismo
que los incentivos, lo
cual además de la supresión de malas noticias
hacía que los líderes políticos se aferraran
a la falsa ilusión que la economía soviética
era tres veces más grande. Se trata del mejor ejemplo
sobre cómo no gobernar. Aquellos gerentes que no dan
instrucciones claras y precisas a sus subordinados son
responsables de los fracasos. Al mismo tiempo, es
imposible saber lo que cada uno de los subordinados está
haciendo todo el tiempo. Por lo tanto, es indispensable la
creación de múltiples fuentes de
información y que los altos ejecutivos se preocupen en
mantener el flujo de la información acerca de las operaciones bajo
su responsabilidad. En resumidas cuentas, los humanos se
equivocan y las organizaciones
exitosas están diseñadas para detectar esas
equivocaciones e instrumentar soluciones. La
alta gerencia no
puede ser culpada de las equivocaciones de sus subordinados, pero
sí son responsables de desarrollar sistemas adecuados de
información para corregir a tiempo los errores
cometidos.

1. Actualmente los estados enfrentan retos muy
   exigentes que posiblemente se agudizarán en el futuro
   previsible. Esto es particularmente cierto en América
   Latina, donde los esfuerzos por salir de un siglo de
   reveses exigen innovaciones radicales en las políticas
   que lleguen a establecer nuevas trayectorias en la historia,
   tales como avanzar hacia la integración multiestatal. A fin de que
   los estados intervengan en tales actividades, debe mejorarse
   radicalmente la consideración de opciones de
   políticas forjadoras de condiciones futuras. Esto
   requiere, entre otros, de profesionalismo en el arte de
   gobernar en el sentido de una profunda reflexión
   política sobre las decisiones críticas como
   base para las opciones nacionales. El mejoramiento del
   profesionalismo en el arte de gobernar es apenas una de las
   múltiples reformas que se necesitan urgentemente en
   América Latina, aparte de aquellas que implican
   mejores formas de cristalizar la voluntad política
   democrática, el desarrollo de nuevos cuadros de
   funcionarios públicos, medidas para librarse de la
   corrupción endémica, el avance hacia la
   integración multiestatal ya mencionado y muchas
   más. No obstante, el profesionalismo en el arte de
   gobernar es de especial importancia por cuanto constituye la
   base primordial para decidir sobre otras reformas estatales
   necesarias. Así, junto con otros elementos esenciales,
   tales como una dirigencia ilustrada, la mejora del
   profesionalismo en el arte de gobernar constituye una
   dimensión fundamental para la reforma del estado en
   América Latina. El concepto de
   profesionalismo que subyace en el enfoque propuesto implica
   la capacidad de construir puentes entre el
   conocimiento abstracto y los hechos concretos. El
   profesionalismo entraña una síntesis entre la teoría y la práctica, con
   énfasis en la transformación de la ciencia y
   otras clases de conocimiento sistemático en
   acción. A esta esencia que define al profesionalismo
   en el arte de gobernar deben añadirse cuatro
   características secundarias: un código de
   ética
   profesional; una actitud de
   "interés clínico" y de "impasibilidad" en medio
   de la irracionalidad emocional y la feroz lucha por el poder;
   una buena dosis de escepticismo, con una fuerte suspicacia
   por "lo obvio"' y el sentido común que llega hasta la
   iconoclasia; y una búsqueda constante de creatividad. El código de ética
   profesional debe versar sobre las cuestiones de para
   quién trabajar, cuándo dejar hacer y dejar
   pasar, y cómo eludir conflictos
   de interés. Igualmente está el oneroso problema
   de cómo relacionarse con los valores, con posibles
   respuestas que van desde la "promoción" de los valores de quien
   quiera que uno acepte como "jueces de valores
   legítimos", al tiempo que ayudar a estos
   últimos a mejorar su razonamiento de
   valores.

   El profesionalismo en el arte de gobernar requiere
   de impasibilidad en los asuntos altamente emotivos y no
   cimbrearse ante las luchas de poder, de otra manera el
   profesionalismo se corrompe. Esta es una dura exigencia,
   más aún en la cultura
   política de América Latina, pero es esencial.
   Asimismo tenemos el requisito de escepticismo, primero en su
   forma más simple de dudar frente a las soluciones
   "obvias" y el "sentido común", yendo el
   profesionalismo en el arte de gobernar más allá
   de lo que está frente a los ojos, hacia las
   perspectivas contraintuitivas y de sentido no común.
   En un sentido más contundente, las facetas
   escépticas del profesionalismo en el arte de gobernar
   conducen a la iconoclasia, con disposición a "hablar
   la verdad al poder", retornando así a la ética
   profesional. La búsqueda de la creatividad presenta
   algunos problemas.
   La creatividad es más una cuestión de personalidad que de desarrollo de
   conocimientos. Sin embargo, la necesidad de desarrollar e
   inventar nuevas opciones de políticas debido a la
   naturaleza cambiante de muchos espacios y la naturaleza
   inadecuada de gran número de las alternativas ya
   provistas, especialmente en América Latina,
   conjuntamente con el fracaso del "incrementalismo" en la
   mayoría de los campos de acción, hacen de la
   creatividad algo indispensable. Por lo tanto, el
   profesionalismo en el arte de gobernar debe incluir por lo
   menos la búsqueda de la creatividad, en el sentido de
   procurar nuevas opciones de políticas y alentarlas,
   siendo ideales aquellos profesionales creativos. Tal
   énfasis desplaza gran parte de la planificación convencional, ampliamente
   practicada en América Latina, subordinándola a
   la necesidad de desarrollar nuevas opciones de
   políticas de envergadura, como las que se requieren
   urgentemente para emerger de una historia frustrante de
   decepciones y fracasos.

   No habrá desarrollo
   humano sin buena política, podríamos
   decir. La mala política no se corrige con la
   ética, sino con la buena política. ¿Para
   qué sirve la ética? nos preguntamos. Más
   allá del núcleo ético compartido que
   todos necesitamos como ciudadanos, cada función social específica
   plantea requerimientos éticos específicos. No
   es la misma ética la que necesitamos como
   políticos, empresarios, profesores, trabajadores,
   padres, religiosos, etcétera. No bastan altos niveles
   éticos generales para producir buenos
   políticos. Para encontrar la ética
   específica que requiere la buena política es
   necesario reconocer la política como un oficio, como
   una función socialmente necesaria, quizás la
   más importante y difícil de todas. Es
   necesario salir del menosprecio idiota de la
   política (los griegos consideraban "idiota" al
   que se ausenta de los intereses de la ciudad, no se interesa
   y no participa en la polis) para repolitizar la sociedad,
   reencantarla y poder así reinventar y reformar la
   política, es decir, superar las malas políticas
   que hoy bloquean el desarrollo e ir instalando las buenas
   políticas que el desarrollo humano requiere. Hay que
   redescubrir el oficio de la política en la
   línea iniciada por los grandes pensadores republicanos
   que tanto insistieron en las "virtudes públicas"
   conectadas pero distintas de las virtudes privadas. En todo
   caso, hay que tener presente que el oficio requerido para
   hacer la mala política es muy diferente al oficio
   requerido para la buena política. Las éticas de
   uno y otro también han de ser muy diferentes.
   ¿Qué hace el mal político?. Niega y
   desconoce la realidad, la falsea, presenta falsas imágenes que producen falsas ilusiones,
   temores y esperanzas, manipula _son los vendedores
   acríticos del Consenso de Washington, los que
   proclamaron ya somos una democracia, una economía del
   mercado, un estado social, una administración por
   resultados_. Estos políticos son grandes conservadores
   del estatus quo cultural, político, económico y
   ético. Producen desarrollo aprovechando una coyuntura
   positiva de orden internacional; pero se trata de un
   desarrollo volátil y de pobre calidad
   distributiva. No transforman los patrones de gobernabilidad:
   son hábiles operadores de partidos caudillistas,
   fragmentados y de baja institucionalización; se saben
   manejar en las alcantarillas del financiamiento político, manejan las
   redes clientelares electorales, asignan los empleos
   públicos en una administración
   patrimonializada, gestionan mayorías parlamentarias
   ocasionales y transan con los votos de los legisladores,
   intermedian con el sector privado la producción de leyes y reglamentos, las
   adjudicaciones en licitaciones públicas o en las
   privatizaciones, negocian la concesión
   de beneficios y exenciones. Cuando este tipo de oficio
   prevalece en la política, asistimos a la mala
   gobernabilidad que bloquea el desarrollo. Es este tipo de
   política la que justamente merece el repudio
   cívico y el
   desprestigio hoy generalizado de la política. Pero
   repárese que para hacer bien todo esto hace falta una
   ética: la que se corresponde con las instituciones
   informales en las que opera hábilmente el mal
   político. En efecto, el mal político para
   cumplir bien con su oficio ha de ser confiable. Ha de cumplir
   sus contratos. Ha
   de ser hombre de palabra. Y ha de ser capaz de hacerse
   respetar cuando los otros no cumplan la suya. Ha de ser
   respetable, respetado y temido por todos aquellos con los que
   contrata en la opacidad de las instituciones informales.
   Obviamente, este mal político puede ser una buena
   persona, un
   buen padre, marido, amigo, socio, incluso crear fundaciones y
   cátedras para la ética política. En el
   mejor de los casos aportará a la sociedad estabilidad
   política, cohesión con desigualdad, pero
   será incapaz de producir las transformaciones que
   requiere la conquista de la verdadera democracia y el
   desarrollo humano. ¿Qué es lo que hacen los
   buenos políticos que en parte tenemos y que
   masivamente necesitamos? Primeramente son grandes patriotas,
   pero patriotas que no sólo aman al país que fue
   y es, sino también al que puede y debe ser. No se
   engañan ni engañan con la realidad, pero no
   renuncian a un ideal, tienen un proyecto, una estrategia, forman equipos y tratan de
   proyectar su acción en el tiempo creando partidos
   institucionalizados. En segundo lugar, desarrollan el buen
   juicio político tan diferente del juicio
   científico o experto. Captan las anomalías, las
   amenazas y oportunidades; soportan la presión, crean
   sistemas de
   información, proponen metas creíbles y
   movilizadoras, crean conceptos e imágenes, superan
   bloqueos que previamente parecían insuperables,
   gestionan conflictos, negocian, construyen coaliciones, saben
   lo que en cada momento corresponde hacer y en base a ello
   renuncian a involucrarse en muchas cosas importantes pero
   inoportunas. Para hacer todo esto tienen que contar o pactar
   con quienes manejan la mala política, pero lo hacen
   poniéndolos al servicio
   de la transformación de la propia política y no
   dejándose atrapar en su lógica conservadora. Transformando al
   país, no sólo lo hacen crecer, sino que dejan
   mejores instituciones, mejores prácticas
   políticas, mejores valores, actitudes
   y capacidades. Transformando la política se
   transforman a sí mismos y a la sociedad. ¿O es
   que alguien cree que podremos alguna vez ser desarrollados y
   seguir siendo como somos?.

   Una práctica positiva del ejercicio del poder
   en lo esbozado, comienza por una condición de ser
   pensante. Este será nuestro referente. Es decir, la
   política debe saber pensar. Debe saber pensar en
   serio, mucho, y debe sobre todo pensar "el bien". Debe pensar
   "el bien" y además debe pensarse a sí
   misma. Pero una política que se dice pensante de
   suyo es insuficiente. La política no sólo debe
   pensar "algo" (tomar medidas económicas, educativas).
   La política debe pensar en ese "algo" dentro de un
   horizonte ético razonable. Una política sin una
   comprensión y una visión ética es un mal
   negocio para cualquier sociedad. Un pensamiento ético
   que no se plasma en la vida cotidiana tampoco basta. La vida
   ética no solo se piensa sino también y
   fundamentalmente "se vive". Los conceptos éticos son
   comprendidos más plenamente en la experiencia. Es
   practicando la virtud de la justicia
   como llega uno a ser una persona justa, como dice Aristóteles, y es muy probable que sea
   una persona justa quien más comprenda la virtud de la
   justicia, como piensa Sócrates. Pero tampoco basta que la
   política piense. Todos debemos pensar. Los empresarios
   deben pensar. Deben pensar en el capital. Pero deben pensarlo
   dentro de una perspectiva ética (lo correcto). La
   religión debe pensar en la
   salvación del alma. Pero debe pensarla dentro de una
   perspectiva ética (la libertad).
   En el juego
   entre religión y política, se puede dar una
   especie de usura mutua. La política puede escoger a la
   religión más influyente, católica, como
   un ingrediente de su proyecto nacional para utilizarla como
   un elemento de cohesión y reducción de la
   conflictividad ideológica y social. La
   religión, por su parte, también puede aliarse
   al poder político y utilizarlo como un vehículo
   de acción para la conservación de sus
   principios morales, evitando así enfrentar los
   desafíos de la exigencia de maduración de su
   propia conciencia moral. Esta utilización mutua entre
   política y religión es de lo más
   negativa cuando se debe a la carencia total de un discurso
   que apele a una razón ética crítica. En
   fin, esto sucede cuando ni la religión, ni la
   política piensan desde una comprensión propia
   de sí misma y una perspectiva ética general
   razonable.

   Fácilmente comprenderemos que la ética
   necesaria para este oficio es muy exigente. Los dilemas
   éticos que enfrenta el buen político son
   permanentes. En casi todas las decisiones importantes hay
   más de un bien ético en juego y la
   información sobre los costes y beneficios de toda
   decisión nunca es suficientemente precisa (a veces ni
   si quiera está claro lo que conviene ya no al
   país sino al político que decide). Desde luego
   siempre hay un límite por debajo del cual las
   decisiones son éticamente reprobables, pero los
   contornos son borrosos (¿dónde termina la
   política industrial razonable y comienza la
   concesión a las empresas poderosas de privilegios que
   deteriorarán la institucionalidad propia del mercado
   eficiente?). En general, en contextos decisorios
   específicos, casi nunca se impone una sola
   solución como la única éticamente
   correcta. La grandeza de la política reside en que,
   una vez rechazadas las decisiones abiertamente contrarias a
   los intereses generales, hay que optar entre bienes
   públicos igualmente valiosos. En estas decisiones se
   mezclan conocimiento, razón, sensibilidad, valores,
   cálculos, azar. Es el momento egregio de la
   política que no puede ser sustituido por ningún
   manual o
   consultor. El oficio de buen político no se aprende en
   una maestría. Las maestrías enseñan a
   gestionar y a administrar. Los buenos políticos
   siempre son líderes y emprendedores, hacen historia.
   No nacen, se hacen a sí mismos por la
   determinación de ponerse al frente y hacer una
   diferencia positiva. Los buenos políticos se esfuerzan
   siempre, como los grandes artistas y todos los creadores.
   Nunca dirán domino plenamente el oficio. Los buenos
   políticos mueren aprendiendo y para aprender practican
   permanentemente las disciplinas que les ayudan a dominar su
   oficio. Para ello necesitan guías o principios
   éticos y ahí va el primero. Los buenos
   políticos se esfuerzan siempre en el autoconocimiento
   y el autodominio. Sin ello es imposible la autenticidad, la
   integridad. Sin ello no se logra inspirar confianza ni se
   consigue la buena comunicación. Comunicar no es hablar
   bien, ni siquiera expresar buenas cosas, sino conseguir la
   atención y el respeto de
   las audiencias, lo que se hace imposible si la audiencia no
   percibe autenticidad en los mensajes, es decir, si no
   reconoce una coherencia básica entre el mensaje y la
   trayectoria de vida: ¿Conozco mis motivaciones y
   ambiciones últimas? ¿Tengo una medida adecuada
   de mis capacidades? ¿Soy capaz de reconocer y resistir
   las peores tentaciones del poder? ¿Sé encontrar
   los espacios de recogimiento en los que me pregunto
   permanentemente quién soy, qué pretendo, para
   qué estoy en este mundo? ¿Conozco mis modelos
   mentales? ¿Soy capaz de comprender los modelos
   mentales de mis interlocutores y adversarios sin dejar de ser
   fiel a mis propósitos? ¿Soy capaz de resistir
   al oportunismo del cambio? ¿Soy capaz de cambiar
   cuando resulta necesario?.

2. El ejercicio
   del poder en la construcción del entorno
   ético.

   Mucho se ha hablado y escrito sobre
   corrupción e impunidad desde una lectura
   jurídica, política y psicosocial, pero
   ésto no puede alejarnos de echar un vistazo a lo que
   dice la filosofía política respecto al tema de
   la corrupción, es decir, los estudios de
   filosofía de la práctica, que tratan -para el
   tema que nos ocupa- de aquellas cuestiones que ya
   están -de acuerdo al cariz que toman las cosas del
   manejo político- pasadas de moda, como son la
   ética y la moral; a las que debe agregársele
   -últimamente- la filosofía no en el sentido
   dado irónicamente por Marx (1847)
   para su análisis de los valores, sino en el sentido de
   que los valores no económicos y no transables que han
   dejado de valer. Por ejemplo, el principio ético de
   utilidad
   propuesto por John Stuart Mill (1863) de que "… las
   acciones son justas en la medida que tienden a fomentar la
   felicidad", parece ser un principio que mantiene toda su
   vigencia, aunque con una pequeña particularidad que lo
   convierte en inmoral. Ahora se lo entiende como la felicidad
   de los gobernantes y de los que los rodean
   políticamente. Este principio original fue la regla de
   oro para
   más de un estadista latinoamericano, hasta no hace
   más de medio siglo; sin embargo, el mismo hoy se ha
   tornado en uso común en su segunda acepción, lo
   cual lo hace caer en un estado perverso, a través de
   acciones corruptas que apuntan a la satisfacción de
   necesidades personales y no a felicidad del pueblo que le ha
   sido encargado de gobernar. La democracia es la propia
   sociedad justa en funcionamiento, podríamos decir
   de manera general. Ante esta afirmación, el lector se
   encuentra frente a un enunciado que pretende ser
   éticamente neutral, pero que del mismo modo en que
   guarda celosamente la neutralidad del científico,
   tampoco dice algo en concreto
   acerca de las características de la democracia. Me
   atrevo a considerar a este tipo de afirmación como del
   tipo asépticamente científicas. En el tema de
   la corrupción prefiero utilizar el
   lenguaje de la ética y considerar, como lo hace el
   pueblo llano que no tiene veleidades científicas,
   encuadrarlo en la categoría de malo. Este
   último juicio me ubica en una posición -y no
   precisamente intermedia- entre los estudiosos de la ciencia
   política que afirman la necesidad de la investigación "libre de valores", es
   decir objetiva, con respecto a aquéllos otros que
   niegan tal posibilidad. Particularmente estimo que en el
   campo de la investigación política es muy
   difícil, por no decir imposible, estar por afuera o
   por encima de "los valores" o de los juicios morales, salvo
   que el investigador pretenda ser solamente un descriptor de
   hechos, pero aún así me queda la duda de
   porqué se dedicó a describir sobre unos hechos
   y no lo hizo sobre otros, dentro del gran espectro de
   fenómenos políticos que están a su
   alcance. Me parece que esto se debe precisamente a que hay
   una inclinación por favorecer o rechazar cierto y
   determinado estado de cosas, que son aquellas que lo
   inquietan, aunque se reserve para sí -por una
   cuestión de asepsia científica- la
   emisión de juicios valorativos. Es, por tal
   razón, que prefiero ir de frente y confesar
   públicamente que los temas de la corrupción y
   la impunidad con que ésta se asocia, me atraen, debido
   a que los considero perversos y que atentan contra la
   salud
   pública. Vale la pena traer a colación un
   anónimo que deambula por ahí, y que dice
   así: "Las niñas buenas van al Cielo. Las
   malas a todas partes". O como la frase célebre de
   César Coll Carabias cuando fue presidente de
   Guadalajara: "Las personas decentes y con moral no tienen
   por qué estar fuera de su casa después de las
   diez de la noche".

   En todo empleado publico, como ser humano, existe
   una conciencia, una justificación de sus decisiones,
   una identidad
   y una responsabilidad y para conseguir que dichas decisiones
   tengan la máxima integridad moral surgen los
   códigos, como instrumentos de reforzamiento de la
   conducta y
   conciencia colectiva, como reflexión en voz alta para
   ayudar en la decisión. La respuesta no puede ser
   universal y permanente: por el contrario, es individual y
   contingente; y fruto, en última instancia, del
   ejercicio de la virtud Aristotélica de la prudencia, o
   capacidad de conectar los principios generales a la realidad
   concreta. A efecto de facilitar dicha labor de
   elección surgen los denominados códigos de
   conducta, donde deben destacarse los siguientes puntos de
   interés general: 1) El servicio público
   es un patrimonio
   público que exige que los empleados le deban lealtad a
   la Constitución, las leyes y los
   principios éticos, por encima de la ganancia personal.
   2) Los empleados no deben poseer intereses financieros
   que estén en conflicto
   con el desempeño concienzudo de sus deberes.
   3) Los empleados no deben participar en transacciones
   financieras utilizando información del gobierno que no
   es pública, ni permitir el uso impropio de dicha
   información para beneficio de ningún
   interés particular. 4) Salvo cuando se
   produzcan las excepciones razonables que los reglamentos
   disponen, un empleado no debe solicitar ni aceptar regalo
   alguno, ni ningún otro articulo de valor monetario de
   ninguna persona o entidad que busque una acción
   oficial, hacer negocios o
   llevar a cabo actividades reguladas por la agencia del
   empleado; o cuyos intereses puedan ser afectados
   sustancialmente por el desempeño o no desempeño
   de los deberes del empleado. 5) Los empleados deben
   llevar a cabo sus deberes empeñándose por hacer
   un esfuerzo honesto. 6) Sin autorización, los
   empleados no deben hacer compromisos ni promesas de
   ningún tipo dando a entender que comprometen al
   Gobierno. 7) Los empleados no deben usar un cargo
   público para ganancia particular. 8) Los
   empleados deben actuar imparcialmente y no dar tratamiento
   preferencial a ninguna organización privada o individuo
   alguno. 9) Los empleados deben proteger y conservar la
   propiedad
   federal, y no deben usarla para actividades que no sean las
   autorizadas. 10) Los empleados no deben llevar a cabo
   trabajos o actividades fuera de su empleo,
   incluso buscar o negociar empleos que estén en
   conflicto con sus deberes y responsabilidades
   gubernamentales. 11) Los empleados deben denunciar a
   las autoridades correspondientes cualquier despilfarro,
   fraude, abuso y corrupción. 12) Los empleados
   deben cumplir de buena fe sus obligaciones financieras justas, especialmente
   las que la ley les impone, como impuestos federales,
   estatales o locales. 13) Los empleados deben cumplir
   todas las leyes y reglamentos que ofrecen igualdad
   de oportunidades a todos los ciudadanos estadounidenses, sea
   cual fuere su raza, color,
   religión, sexo,
   origen nacional, edad o discapacidad, y 14) Los empleados deben
   esforzarse por evitar cualquiera acciones que den la
   apariencia de que están violando las leyes o las
   normas de ética que se estipulan en esta orden. En
   paralelo, debemos atender la dinámica organizacional y de esta forma
   considerar los efectos de la estructura, de los procesos y
   del personal; redondeada de esta forma el proceso estaremos
   en condiciones de garantizar la eficiencia y
   la eficacia en
   la función publica, complementada por la
   garantía de la transparencia publica. Tal parece ser
   un efecto de calculo, por que bien podríamos definir
   T= -D+R+SA+CO+RC; es decir, transparencia es igual
   a menor discrecionalidad, mayor responsabilidad, mayor
   simplificación administrativa, mayor cumplimiento de
   objetivos
   y mayor rendición de cuentas, donde la calidad en
   el trabajo debe ser producto
   de un intenso proceso formativo y de lealtad en la
   organizaciones y para tal efecto la tarea de formación
   y desarrollo debe ser amplio en las instituciones de forma
   que el empleado se mantenga en un proceso formativo
   permanente y así constituir un sistema real de
   profesionalismo por que cada puesto debe tener su propio
   esquema de formación curricular. Son los tiempos
   actuales en que se hace necesario el reforzamiento de los
   valores: Ser honesto, íntegro e imparcial son virtudes
   básicas para el ejercicio del poder, pero hoy se
   necesita que los hombres públicos sepan manejarse en
   supuestos de complejidad creciente y que sepan interpretar
   las responsabilidades que llevan aparejadas los constantes y
   acelerados cambios sociales y políticos. Hoy
   más que nunca, se hace necesaria una mayor
   sensibilidad hacia los derechos
   humanos, un mayor respeto a las minorías y una
   mayor operatividad del concepto de la dignidad de la
   persona.

3. La urgencia de
   una nueva Ética para la Política del Siglo
   XXI.
4. ¿Debemos
   considerar a la ética como mero sistema
   normativo?.

Reverenciemos y experimentemos lo dicho. Hoy día
coexistimos con dos sistemas normativos: uno que se supone que se
aplica y que las élites alaban de la boca para afuera
(normas míticas) y otro muy distinto que es el que se
aplica en la realidad (código práctico). Los
ciudadanos, funcionarios públicos o no, que actúan
amparados por el código práctico saben que
están violando las normas míticas y, por lo tanto,
deben actuar discretamente. Quienes actúan de acuerdo a
las normas míticas se encuadran en la ética
principista (o de la intención) mientras los que orientan
su conducta en función de los códigos
prácticos adoptan la ética utilitarista (o de la
responsabilidad). La primera enseña que los actos son
buenos o malos según la intención, más
allá de los resultados y la única cosa buena es la
buena voluntad, mientras la ética utilitarista, dice que
el resultado es lo más importante sin detenerse en
consideraciones valorativas. En nuestras actuales sociedades la
"ética del deber" entra en crisis frente
al advenimiento de la "ética utilitarista" para dar origen
al "posmoralismo light". Por ello es muy peligroso para la
sociedad que desde posiciones de poder se proponga transformar
las normas míticas en reglas prácticas. La
organización del sistema judicial de cada país
tiene mucha vinculación con la distancia entre los
sistemas míticos y los códigos prácticos.
Así en el modelo anglosajón las reglas se crean de
acuerdo con las costumbres de la comunidad, y cuando los
ciudadanos juzgan las violaciones, se produce un acercamiento muy
estrecho entre normas míticas y reglas prácticas.
En este modelo no se promulga la ley que no puede ser cumplida.
En cambio, en nuestro modelo judicial, el estudio de la ley
implica el conocimiento de su historia, una interpretación gramatical, un
análisis lógico, su armonía con otras
normas, pero cuando los jueces actúan, no se toma en
cuenta la forma en que la sociedad utiliza esas reglas. Existe un
importante ingrediente cultural que debilita al Estado: la
lejanía de ley donde el estado comienza a debilitarse al
no poder hacer efectivo lo que exige a través de sus
leyes. En nuestra época hay una ideología no explicitada que se esconde
detrás de la supuesta objetividad de las leyes del
mercado. Su resultado es el miedo que se transforma, en muchas
oportunidades, en cinismo y que se describe como la doble moral
de la cultura que no oculta los ensueños revolucionarios,
no por miedo, sino por vergüenza. La vergüenza de haber
SIDA y el
dolor de ya no ser. La vergüenza del eunuco que se siente
castrado por una economía de mercado que lo ha degradado
de ciudadano a consumidor, de
consumidor a contribuyente. No quiero caer en esa
degradación de ser un consumidor de neutralidad y tampoco
llegar a ser un contribuyente de la misma. Es por eso que
utilizaré de lo que se acostumbra en textos serios y donde
escriben colegas científicamente rigurosos, a llamar a
tales procesos vergonzantes que agobian a nuestra región
latinoamericana y el caribe, con todos los adjetivos
calificativos1 desdeñosos y agraviantes a los actos de
corrupción e impunidad que están lastimando y
desgarrando los pueblos. Es cierto, me anticipo a las
críticas que van a llegar, acerca que me involucro
demasiado afectivamente con el objeto de estudio. Y
tendrán razón, pero no encuentro otra forma que
llamar a las cosas que no sea por su nombre, que hasta hoy son
palabras, sumadas a algunos hechos confusos y difusos de
rebeldía, pero que llegará la hora en que truene el
escarmiento y los culpables de tanta infamia tendrán que
pagar con la cárcel y en efectivo lo que nos han estado
robando. Si bien es cierto los principios de la ética
política están sujetos a los vaivenes de la
historia social, económica y política de cada
pueblo en particular, y al respecto, no pueden establecerse tales
principios como verdades únicas y valederas para todos los
sistemas políticos en cualquier tiempo y lugar, entiendo
que se puede rescatar un principio que en la actualidad puede ser
utilizado como un universal categórico, cuando se trata de
estos temas. Es el que marcó John Locke
(1698) cuando escribió hace más de tres siglos:
"Quienquiera que tenga el poder
legislativo o supremo de cualquier comunidad está
obligado a gobernar ciñéndose a las leyes vigentes,
promulgadas y conocidas y no por medio de decretos
extemporáneos… y todo esto debe estar dirigido
únicamente a los fines de la paz, la seguridad y el
bien público". Esta pequeña oferta de
salubridad gubernamental no es exclusivamente
deontológica, en el sentido de adscribir a lo que ya
está escrito en el Derecho Positivo,
sino que también es teleológica, en cuanto apunta
al fin de la moralidad del
quehacer político. El propio Locke agregaba, más
adelante, que "El fin del gobierno es el bien de la
humanidad". Con esta afirmación ya se está
saliendo del ámbito restringido de una Nación/Estado, para entrar en el campo de
lo universal; entiendo que esta sentencia de Locke, leída
en el hoy, más que nunca, debe ser tenida en cuenta cuando
se está frente a acciones políticas que apuntan a
la destrucción ecológica, como así
también a la de la propia humanidad que ocupa un lugar en
el amplio nicho ecológico que nos cobija a todos por
igual.

Al hablar de ética política o de
filosofía de la práctica, necesariamente
incursionamos por los caminos de la axiología: el valor, los valores, llevan
consigo una suerte de exigencia, de imperativo categórico
que apunta al centro de lo que está bien y de lo que
está mal. No siempre, ni hay necesariedad de que
así sea, el orden de lo estrictamente legal -leído
desde el Derecho Positivo- tiene porqué coincidir con lo
que moralmente es juzgado como correcto o incorrecto. Legalmente
no está mal, pero moralmente tampoco está bien, y
así lo ha entendido el pueblo -cuya representación
ha sido asumida por el periodismo-
que, en su momento ha condenado tal situación injuriante
para el sentido republicano. En el caso de la corrupción
nos encontramos no solamente frente a un tema tan antiguo que
existe desde la época de la institucionalización
del poder, sino que creo prudente enfocarlo desde el punto de
vista de Max Weber
(1929), cuando habla de la ética de la responsabilidad. No
he de dedicar espacio a lo que se podría llamar la
lógica política en cuanto hace a las decisiones que
el estadista debe tomar frente a estos resultados que podamos
ofrecer. En todo caso nos interesa hacer una contribución
intelectual sobre cuanto las ciencias
sociales pueden hacer en favor de la acción moralmente
responsable en el ámbito político. Como ya lo he
comentado, si bien es cierto desde el positivismo se
ha pretendido por largo tiempo hacer aparecer a la ciencia -y
particularmente la del quehacer social- como éticamente
exenta de valores, sin embargo no solamente discrepo en general
de ese enfoque disociador, sino que en este caso especial de la
corrupción, lo rechazo con mayor énfasis, debido al
alto contenido de enfermedad que genera sobre la salud social que el mismo
implica. Si bien es cierto siempre en ciencias
sociales se trabaja con significados de la realidad que deben ser
interpretados, y que tal interpretación necesariamente se
hace desde algún lugar, desde algún discurso en el
que el intérprete se ubica con sus particulares y
especiales características. Estas pueden ser el sistema de
valores, las particularidades socio históricas, las
representaciones sociales e individuales que lo atraviesan,
etcétera, por lo cual entiendo que pese a mis
propósitos por hacer buena letra no se me escapa que voy a
plasmar las interpretaciones con mi particular óptica
subjetiva de valorar un hecho social como la corrupción,
que desde ya considero no saludable para la trama social de una
comunidad.

CONSTRUYENDO
CONSENSOS ÉTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.

¿Debe renunciar el presidente de la
república si los funcionarios del gobierno no hacen bien
su trabajo?. La mayoría pensará que no. Sin
embargo, ¿cuándo debe responsabilizarse a los altos
ejecutivos y directores de una empresa por
las malas acciones de sus subordinados?. Hoy día la mayor
parte de las administraciones públicas son hoy en
día capaces de controlar ciertos aspectos de su entorno,
con frecuencia crean y manipulan su propia clientela, tienen
aliados y enemigos, pactan con los grupos de
interés, se atreven en ocasiones a desarrollar presiones
políticas sobre gobernantes y legisladores, mantienen
accesos privilegiados a la prensa e incluso
sus propios periodistas a sueldo, etcétera. Los distintos
sectores sociales cuentan con ellas de una forma u otra, y todo
el mundo tiene expectativas compartidas respecto de sus modos de
comportamiento, más o menos establecidos (y no sólo
jurídicamente regulados); de suerte que la perspectiva de
su eventual reforma o ausencia de reforma, moviliza un gran
volumen de
intereses: internos (de la organización) y externos
(propios de su clientela). Por otra parte, esas grandes
organizaciones públicas
<<institucionalizadas>> tienden por su propia
naturaleza a sufrir una cierta inercia, conservadurismo y
rigidez, apareciendo con frecuencia como lentas y rutinarias, y
por ello mismo, como necesitadas de reforma –y a la vez-
difícilmente reformables. Se diría que con los
anteriores argumentos se está incurriendo en una cierta
reificación de esas administraciones para el bienestar.
Nada más lejos de nuestro propósito, ya que, pese a
su indudable proceso de institucionalización, están
dirigidas por políticos y servidas por funcionarios que en
su actuación responden a propósitos definidos e
identificables. Es notorio que los altos cargos de nombramiento
político no siempre se sienten cómodos con sus
subordinados profesionales, no tanto por suponerlos
políticamente desleales (esto es, afines a un partido
diferente del que está en el Gobierno, o en casos de
coalición, a aquel al que pertenece el <<alto
cargo>>), sino más bien por suponerlos vinculados a
unas tradiciones de la casa que pueden ir desde meros modos de
actuar, pasando por intereses profesionales de los propios
funcionarios, hasta intereses de las <<clientelas>>
del ramo de que se trate, que pueden dificultar la gestión
del alto cargo o el logro de los objetivos propuestos.

Hay que tener en cuenta que si el papel
desempeñado por los altos funcionarios ha consistido
alguna vez en la mera ejecución instrumental de las
medidas decididas por los políticos, no sucede así
en las extremadamente complejas administraciones actuales.
Pensemos, por ejemplo, en que difícilmente tales medidas
pueden ser decididas en todos sus detalles técnicos por
los órganos políticos que dirigen las
administraciones públicas, ni siquiera con la eventual
asistencia de sus cuerpos de asesores, constituidos por personas
que no precisan tener la condición de funcionarios de
carrera, y sí la confianza profesional y política
del alto cargo de que se trate, de suerte que el propio diseño
e instrumentación de las medidas o
políticas, implica normalmente una cuota más o
menos grande de discrecionalidad encomendada a los funcionarios,
que éstos ejercen en su condición de expertos. De
hecho, y cuando los objetivos políticamente fijados son
muy generales o relativamente poco concretos, la
colaboración y asistencia de los funcionarios
profesionales, incluso en la selección
y fijación de las políticas, resulta
imprescindible. Si a esto se añade que con frecuencia los
objetivos de la acción pública no pueden
modificarse de un día para otro, y que buena parte de las
medidas requieren períodos de tiempo relativamente largos
para su ejecución, no es de extrañar que a veces
los políticos nombrados para un cargo tengan una
sensación de impotencia frente a un ámbito de
actuación en el que todo puede parecer decidido y,
más aún, en el que todo parece estar en manos de
los funcionarios de <<la casa>>. Para una
civilización que deposita su confianza en el conocimiento
de estas reglas, es desalentador darse cuenta que éstas no
son más que letra muerta y que es necesario aprender un
conjunto de principios y prácticas totalmente diferentes
para obtener resultados deseables. Y es que frente a un caso
de corrupción nos exaltamos y exigimos el castigo previsto
por las normas míticas, sin advertir que para reducir la
distancia que existe con los códigos prácticos hay
que encontrar las razones y las claves de estos últimos o,
llegado el caso, quitar el carácter clandestino de los
códigos prácticos y aceptarlos abiertamente como
parte del sistema mítico. Es importante que al funcionario
público se lo investigue, y aún castigue si
corresponde, cuando tiene el poder. Por ejemplo, en Argentina, el
gobierno que llega al poder indaga al que se fue. Este
hábito encuentra su antecedente en una figura del antiguo
derecho español,
el juicio de residencia, el cual sería conveniente
instaurar en México nuevamente: cuando un Virrey
finalizaba su mandato se le investigaba y podía ser
encarcelado. Resulta imperativo que nuestras instituciones
democráticas mejoren su funcionamiento a través del
control y la participación ciudadana. En tal sentido, es
importante tomar como ejemplo la democracia de los Estados Unidos
en los casos Watergate y Lockheed. Pero también es
importante no perder de vista cómo se desarrolló la
historia del sistema político norteamericano: en su
nacimiento independiente, los Estados Unidos eran un país
económicamente subdesarrollado en relación con
Inglaterra. Su
prioridad, sin embargo, fue establecer una Constitución y
cumplirla. Si bien esta no fue una decisión eminentemente
económica, la seguridad institucional resultante
generó el clima dentro del
cual se generaría el desarrollo
económico. Estos ejemplos sirven a Latinoamérica en tanto y en cuanto no se
pierda de vista las particularidades históricas, sociales,
políticas y económicas de nuestros
países.

Dejando de lado la tentación de transpolar
automáticamente experiencias de otros países en el
control y combate a la corrupción, es preferible intentar
el diálogo de
saberes y culturas, que ocurre cuando un pueblo jerarquiza al
desarrollo económico por sobre otros intereses, acude a
cualquier medio para lograrlo perdiendo credibilidad frente a
aquellos otros países que podrían contribuir con su
capital a su desarrollo. En una sociedad donde todo el mundo se
preocupa excesivamente por el bienestar económico
inmediato, nadie piensa en el conjunto ni en el largo plazo, de
esta manera se obtiene como resultado lo que nadie desea: el
fracaso económico de la sociedad como un todo, y es que la
reputación de las instituciones republicanas depende no
sólo de la aplicación objetiva de las leyes, sino
de la conducta de los funcionarios y empleados públicos.
Esta debe sustentarse en forma permanente en los principios
éticos y morales en los que se basa la vocación de
servicio para salvaguardar y evitar contrariar el interés
público cuya protección, promoción y defensa
les ha sido asignadas. No se trata de la protección en
forma exclusiva del erario público, sino fundamentalmente
de la confianza pública, de la seriedad y rectitud en el
ejercicio o la realización de acciones en el marco de los
deberes y responsabilidades del estado. Debe hacerse realidad el
aforismo de Hegel: El
Estado es la realidad de la idea moral. No basta con que el
funcionario público cumpla con la ley, es necesario que
dé cuenta a la sociedad de sus actos, aún en el
caso de que esta no lo exija. Además del concepto de
legalidad, hoy
se impone un neologismo: accountability, como nota
esencial en el ejercicio de la función publica. La idea de
imparcialidad en la gestión de los asuntos públicos
implica, no sólo la apoliticidad de las decisiones
administrativas, sino también se sustenta en la idea del
imperativo moral en sentido kantiano. Ya lo dijo Montesquieu:
"La democracia se convierte en el peor de los regímenes
si carece de lo que es probablemente su requisito básico:
la virtud". "No solamente se debe tratar de que los
hombres sean buenos, sino de evitar que sean malos. Pero hoy es
necesario ir más allá: el funcionario
público es un agente moral, en virtud de que ejerce una
actividad de manera permanente adscrita a órganos cuya
finalidad es satisfacer las necesidades públicas. Este
desempeño implica aspectos vocacionales, dominio de
técnicas, desarrollo de conocimientos y
formación de actitudes, todas en función del
servicio público definido por el bien común".
La preocupación contemporánea por la
cuestión ética no debe considerarse como meramente
filosófica. El vacío ético en los gobiernos
o en sus funcionarios se refleja en sus decisiones, en las
políticas públicas. Ocurre cuando ellos eligen
pensando en los beneficios de los grupos de interés, no en
la población. La falta de ética no es
una cuestión declarativa, sino que se manifiesta por una
desviación de recursos
públicos que es injusta y aumenta la desigualdad en la
sociedad civil. Siguiendo las enseñanzas de Max Weber: "El
dilema consiste en que no hay ética en el mundo que pueda
sustraerse al hecho que, para lograr fines buenos, deba
recurrirse a medios moralmente dudosos". En este tenor,
resulta importante resaltar que la insuficiencia de recursos
públicos para atender todos los deseos y expectativas
confiados por la sociedad al Estado en la búsqueda de
eficiencia, nace atendiendo a la substitución del Estado
gestor por el Estado orientador de las actividades vinculadas a
concretizar el interés general; fruto del principio de
subsidiariedad, la regulación representa la disciplina
jurídica de actividad económica privada en
segmentos relevantes para el desarrollo social. Con este enfoque,
la democracia se puede interpretar como un método para
llegar a decisiones públicas, adoptadas por
políticos sometidos al control y al escrutinio de la
sociedad, lo que impide que la capacidad de coacción del
Estado sea excesiva, donde la delegación del poder de
decisión del ciudadano al político ha de realizarse
libremente, con información y debate
público de los asuntos a decidir, de forma que las
políticas concuerden con los deseos mayoritarios. Por
tanto, control, información y debate forman parte esencial
del método democrático de decisión,
insistiéndose desde todas las posiciones
ideológicas, en la necesidad de llevar a cabo cambios
más o menos profundos en las administraciones
públicas, de suerte que los ciudadanos reciban mejores
servicios y
vean bien utilizados sus impuestos y que los gobernantes puedan
encontrar en ellas el instrumento para llevar a cabo sus
programas. La razón de tal situación radica en que
actualmente hay más necesidades y demandas de
actuación pública que nunca, y a la vez más
dificultades para intervenir derivadas de la
complejidad que ha llegado a adquirir la tarea de
administrar.

COROLARIO.

Si bien la voluntad de hacer el bien no se impone, es
preciso tener proyectos al
respecto, ámbitos de discusión, de reflexión
y de capacitación. Por lo tanto es un
componente de la reconstrucción del aparato estatal, en el
sentido de fortalecer la democracia. La ética no es un
tema negociable, cualesquiera sean las orientaciones de
política. Porque los valores sociales atraviesan las
decisiones públicas. La ética no es un proyecto
aislado, sino la base sobre la cual adquieren sentido la
gestión y las políticas públicas. Actuar
según estos valores, hace posible la convivencia, pero no
de cualquier manera, sino sobre la base de la equidad, la
libertad, la solidaridad, la justicia, la dignidad del trabajo.
En el caso de la función pública, existen
además algunas condiciones propias de su ámbito: el
compromiso con el bien común, la relación con el
poder político, la posibilidad de decidir o de regular
actividades sobre toda la sociedad, el peso y legitimidad de la
autoridad
pública. Comprensión requieren los valores
éticos para denotar que esto no es solamente el efecto de
los discursos y
los programas. Fundamentalmente debemos reinventar o reaplicar
los postulados de la ética para definir los diversos roles
en la sociedad y en la política. No es factible que por
la degradación de la imagen de corrupción que los
gobiernos han cobrado, sea permisible la actuación bajo la
premisa viciosa de que todo servidor
público es corrupto hasta que demuestre lo contrario. Es
función del propio Estado rescatar la dignidad de sus
agentes representativos y reconstituir el concepto de la
confianza en el Estado. La consideración del buen
gobierno la sustenta el proceso de interacción entre el sistema público
y la sociedad, es la actuación de buena voluntad del
servidor publico en la acción cotidiana, con la
posición dispuesta de servicio a la comunidad; en la
contraparte es la sociedad en la función revitalizada de
exigencia y satisfacción de sus demandas. El marketing
estratégico debe ser utilizado a fin de rescatar la imagen
de la función publica, sustentado en un funcionamiento
envuelto en las premisas de la calidad en el
servicio. El propio servidor público debe tener no
solamente un endeble marco jurídico que le proteja, se
debe partir de la concepción jurídica de que nadie
es culpable hasta que se le demuestra la responsabilidad en los
hechos imputados. Los círculos viciosos que se generan son
incontenibles al iniciar un proceso público de
linchamiento sin ser debidamente sustentado el pecado, esto
vinculado con el proceso de la política y de la lucha por
el poder lleva a tener consecuencias en las cuales nadie sale
bien librado. Los agentes públicos son linchados, la
sociedad se convierte en acusador y en juez y la mano
mediática acelerando los linchamientos. Hasta dónde
cobrar políticamente la sangre y de esta
forma justificar los yerros de la política. La sociedad
debe anteponer los valores
humanos y ubicar las responsabilidades en tiempo y forma para
cada uno de los actores, ni la sociedad es juez ni los servidores
públicos por el hecho de serlo son culpables.

A mi punto de vista, existen tres conceptos para evaluar
la conducta de los agentes públicos y calificar el
funcionamiento del aparato estatal, a saber: el vació
ético, la dualidad ética y la ética de
mínima. El primer caso lo asumen quienes deciden no
responder por sus actos, hay impunidad. En este vació
no hay pensamiento social ni compromiso, sólo existen los
hechos en el marco del duro poder. En la dualidad Ética
prevalece la hipocresía o falsedad ideológicas; se
predica una idea, a la vez que se ignora o se contradice en la
práctica. Es el doble discurso que se ajusta de
acuerdo a las circunstancias. En la ética mínima
o de los mínimos significa la actuación
estrictamente necesaria para cumplir la tarea, que es de
carácter reactiva. No es la observancia del deber ser
es hacer lo que estrictamente se puede. Decir que las intenciones
morales han decaído no significa nada: a decir verdad, en
el mismo momento en que el apostolado del deber esta caduco, se
esta asistiendo a una reactualizacion general de la
preocupación ética, a una reviviscencia de las
problemáticas y terapéuticas morales. Las grandes
proclamas moralistas se borran, la ética resurge, la
religión de la obligación se vacía mas que
nunca de su esencia, el suplemento del alma esta a la orden del
día: El siglo XXI será ético o no
será. Ante este planteamiento el resurgimiento de los
valores del hombre es causa obligada para atender los compromisos
sociales y la correspondiente actividad social para enfrentar los
males endémicos que flagelan al hombre mismo, debemos
superar conceptos tradicionales para actuar producto de la
preocupación general estratégica. Debemos convocar
a la moralización del liderazgo y
los negocios y a ello debemos sumar la propia política y
por supuesto a la sociedad. La función del Estado es vital
para la actuación corresponsable en la
reconstrucción de los modelos de gestión que
procuran el beneficio de la sociedad. Debemos también
abandonar los modelos neoliberales que sólo procuran el
efecto de la economía por ella misma. Las actuaciones que
solo consideran la salud financiera como el objetivo, a
cualquier costo, deben ser ubicadas en su margen de legalidad
pero de inmoralidad e ilegitimidad; se debe rebasar este concepto
utilitario que se pretende dar a la función
pública. La tarea de la revalorización es
prioritaria a fin de reconstituir los principios en los procesos
de la gestión pública; para tal efecto, la primera
decisión es la voluntad política, la segunda es el
fortalecimiento de la transparencia de lo público, la
tercera sería el diseño de los códigos de
conducta, la cuarta es el establecimiento de los límites
de la confidencialidad o discrecionalidad de la
información pública y la responsabilidad que esto
implica. En ejercicio a estas acciones, es necesaria la
complementación con el equilibrio de
poderes, donde el legislativo se convierte en un coadyuvante de
la transparencia y en la mejor voz de equilibrio. Es el
legislativo quien debe propiciar un manejo eficiente de la
rendición de cuentas; en tal virtud la revisión de
los controles tendrá un equilibrio lejano de los
parcelamientos o de las tendencias provocadas por la lucha de
poder. Es el equilibrio de poderes la mejor mecánica para contar con revisores
profesionales de las partes y contrapartes, es este equilibrio la
garantía a la ciudadanía para la vigilancia y
aplicación de los valores éticos. Son los
códigos de ética los valores referenciales
convenidos para el funcionamiento dentro de las instituciones
publica, de esta forma estaremos regulando el actuar del servidor
publico a ciencia y conciencia. Este elemento ayuda a la
reflexión y guía de la conducta y ayuda a la
manifestación de lo correcto o no en el desempeño
de un cargo, permite la vinculación directa con la
información indicativa o normativa y en su caso con el
efecto sancionable. Debe ser el código ético un
elemento eminentemente reflexivo y en su caso complementado con
los documentos
normativos y jurídicos que al limitar también
definen la sanción. El compromiso con la ciudadanía
debe ser una divisa en la función publica, la
atención de las prioridades sociales la
preocupación permanente; la vocación publica debe
ser refrendada para realmente enaltecer el servicio publico y de
esta manera sentar las bases para la profesionalización de la función
publica con un claro concepto de los valores, de la lealtad
institucional, de la responsabilidad profesional y la dignidad de
la persona. La precaución a la doble moral debe
prevalecer, el énfasis en la transparencia se debe
reforzar y esto solo lo obtendremos con los documentos producto
de los pactos institucionales, que originan refuerzos a la
moralidad, transparencia y lealtad institucional. Debe existir un
compromiso serio de parte de los gobiernos para implementar una
convención nacional para combatir y prevenir la
corrupción, tomando en consideración el documento
elaborado por la Organización de las Naciones Unidas,
especialmente las medidas para luchar contra el flujo de activos
robados por élites corruptas hacia las cuentas bancarias
en el extranjeros. En este sentido, debe enfatizarse el
compromiso entre las instituciones financieras nacionales e
internacionales y los gobiernos, para comprometerse, con voluntad
política en su lucha contra la corrupción. Para
asegurar de que esta voluntad sea posible, debe insistirse en la
realización de monitoreos adecuados por parte de la
sociedad civil respecto al buen gobierno, con base en los
siguientes estándares implementados por Transparency
International:

1. Las donaciones a partidos
   políticos, candidatos y funcionarios electos no
   deben ser un medio para obtener favores personales o
   políticos. Los partidos y los candidatos deben practicar
   la transparencia. Los gobiernos deben implementar una adecuada
   legislación sobre el conflicto de intereses.
2. Los partidos políticos, candidatos y
   políticos deben dar a conocer sus recursos, ingresos y
   gastos a un organismo independiente. Esta información
   debe ser presentada anualmente, y también antes y
   después de las elecciones.
3. Las organizaciones públicas de control deben
   supervisar efectivamente la observancia de las leyes y las
   medidas regulatorias. Para cumplir este objetivo, deben estar
   dotados de recursos necesarios, facultades, independencia y poderes para investigar. Junto a
   cortes independientes, deben asegurar que los delincuentes sean
   responsabilizados y debidamente sancionados.
4. Se debe prestar especial atención a los
   beneficios del financiamiento estatal de los partidos y
   candidatos y al estímulo de la participación de
   los ciudadanos a través de pequeñas donaciones y
   cuotas sociales. También se debe prestar atención
   en limitar los apoyos de corporaciones y del extranjero,
   así como a las donaciones individuales muy
   abultadas.
5. Los candidatos y partidos deben tener un acceso
   equitativo a los medios de comunicación. Se deben
   establecer, aplicar y mantener criterios para alcanzar una
   cobertura mediática equilibrada e integridad de los
   medios. Estos deben jugar un papel independiente y
   crítico, tanto durante las elecciones como en el proceso
   político más amplio.
6. La sociedad civil debe participar activamente en
   promover la legislación adecuada en el terreno del
   financiamiento político y en el control de las finanzas
   públicas y su impacto sobre la representación
   política.

HERNÁNDEZ RAMÍREZ,
José Luis

©2004

Estudiante de Derecho en la División de Estudios
Jurídicos de la Universidad de
Guadalajara. Adscrito a la Coordinación General Académica de la
misma Institución.