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El papel de la ética y la política en el siglo XXI: Necesidad de generar y rescatar la confianza en nuestras instituciones

Enviado por jhernandez



  1. Proemio
  2. La sociedad civil, el capital social y su lucha contra la corrupción
  3. El ejercicio del poder en la construcción del entorno ético
  4. La urgencia de una nueva Ética para la Política del Siglo XXI
  5. ¿Debemos considerar a la ética como mero sistema normativo?
  6. Construyendo consensos éticos en la administración pública
  7. Corolario

"Lege rubrum si vis intelligere nigram"

Lee lo anotado en rojo si quieres entender lo escrito en negro

Proverbio europeo del siglo XV

PROEMIO.

Basta reflexionar un poco y siempre encontraremos una culpa que hemos contraído de algún modo frente al género humano, aunque sólo sea a causa de los privilegios de que gozamos, basada en la desigualdad de los hombres a causa de la cual otros tienen que sufrir tanto mayores privaciones para el beneficio personal, para, en el subterfugio de lo <<legal>>, no reprimamos la noción de deber, entregándonos a caprichosas fantasías sobre lo meritorio. Reaparece a su lado el teatro de fantasmas y simulaciones, donde los desmentidos y la rapidez en exonerar de culpas y pecados se vuelve el pan de cada día. Reaparece el umbral perverso de la palabra oficial como un cielo protector, donde el silencio se vuelve cómplice, porque las instituciones _públicas o privadas_ gastan más dinero en propaganda que en cumplir sus fines. Poco hacen contra los poderes fácticos que pretenden la complicidad entre la clase política y el crimen organizado, jugando con uno u otro partido, convirtiendo la transición democrática en una farsa injusta. Me interesa resaltar en este ensayo la valoración del cálculo de las evaluaciones nacionales de la reputación de corrupción en los servicios públicos a nivel nacional, que bien puede servirnos como punto de partida útil para desarrollar una topografía de su incidencia. Sin embargo, la imagen que surge a partir del intento de calcular promedios nacionales se vuelve más compleja cuando investigamos los antecedentes de regiones específicas, de industrias o de los intereses comerciales y burocráticos. (…) Finalmente, la rápida aceleración de la participación en la economía global ha dado una mayor importancia a la detección y lucha contra el soborno, practicado particularmente por las empresas occidentales en regiones del mundo menos desarrollado. Y es a partir de las constantes denuncias de corrupción, donde la ética, disciplina que antes estaba reservada a la filosofía, se ha convertido en una demanda común de nuestras sociedades. La demanda ética no sólo se focaliza al gobierno, que como representante de la mayoría es quien debe dar el ejemplo, sino también a toda la oposición (que representa al resto de la sociedad).

Hoy día está la moda es hablar de ética y su relación con política, en especial con la clase política de nuestro país. Abordamos el tema en el café, con los amigos, con quien está a nuestro lado mientras esperamos el camión, en la sobremesa, en el trayecto al trabajo, etcétera. La clase política _al sentir del ciudadano_ está sospechada de corrupta, no porque todos roben, sino porque muestran una imagen de autores, cómplices, encubridores o, lo que es peor aún, indiferentes. En este océano, la corrupción navega sobre el inconsciente colectivo, y si el modelo deseable estimula el éxito económico a cualquier costo, la corrupción se convierte en un subproducto casi inevitable que refleja la epidemia de fin de siglo. Y es que ningún país en el mundo es inmune a la corrupción en la política. El problema abarca una amplia variedad de actos cometidos por líderes políticos antes, durante y después de dejar el cargo. Este fenómeno incluye actos proscritos por las leyes nacionales e internacionales, así como actividades que no son ilegales, pero que tienen una influencia corruptora en el proceso político, como por ejemplo, cuando las compañías del sector privado acuden al cabildeo para obtener favores políticos. La corrupción política –como lo señala Meter Eigen, Presidente de Transparency International durante el lanzamiento del Informe Global de la Corrupción 2004- "…socava las esperanzas de prosperidad y estabilidad a los países en vías de desarrollo, y perjudica la economía mundial". Este informe constituye un llamado a la acción para traer integridad y confiabilidad a los gobiernos, para detener el soborno por parte de las compañías multinacionales, y para luchar contra el flujo de activos robados hacia cuentas secretas privadas en occidente, privando a millones de personas de asistencia médica, educación y perspectivas de un futuro sostenible. En este orden de ideas, si la ética incide en las decisiones correctas de la conducta humana, lo hace a través de cánones o fundamentos morales, es decir, no señala lo que es bueno o malo hacer (moral) sino cuándo lo es (ética). En realidad la ética es un juicio que se expone socialmente sobre las conductas de los seres humanos que componen la sociedad. La ética trata sobre los principios del deber hacer, mientras que la moral modela esa ética en costumbres, modos y maneras de hacer. Es decir: la moral es lo que se practica y la ética piensa cómo debe ser esa moral. Cuando hablamos de ética y lo engarzamos con la corrupción _para el tema que nos ocupa_, el término sintetiza el principal malestar político generalizado. Malestar político, porque la exigencia de mayor "eticidad" está dirigida a la clase dirigente (políticos, empresarios, gremialistas, funcionarios) en el sentido de élite que conduce a los ciudadanos, le fija límites, define reglas y controla su aplicación. Aquí encontramos una situación interesante, y es que en cualquier proceso social el observador puede distinguir un sistema mítico que expresa claramente todas las reglas y prohibiciones y un código práctico que dice a los operadores cuándo, cómo y por quién pueden hacerse ciertas cosas prohibidas por las reglas. Hoy como ciudadanos conscientes y responsables nos planteamos de manera crítica las relaciones entre la ética y la política. Estas pueden establecerse desde diversas concepciones de lo político y también de lo ético. Aquí opto por una metodología quizá extraña: en lugar de acentuar las diferencias entre las diversas versiones contemporáneas de la ética, quiero ensayar una forma de argumentación que las relacione, si no necesariamente a todas, por lo menos sí a algunas de las más relevantes en la discusión actual. Esto nos permite caracterizar diversas formas de concebir la dimensión ética en relación con la política deliberativa y la democracia participativa, para mostrar luego un modelo de argumentación que, como se ha dicho, en lugar de excluir, convoque diversas concepciones de la moral en torno a la tarea de formación de ciudadanos que haga posible democratizar la democracia.

Lo que tiene de verdadero la frase: "el cambio empieza por uno mismo" también comprende una parte que no dice. La frase de hecho sugiere que "el cambio" hacia condiciones y estados mejores pasa primero por uno mismo. Esto no significa que el cambio personal sólo sea suficiente para ese cambio que uno también necesita - cambio social que tienda hacia el bien. Tratándose de la vida de una ciudad o de un pueblo, buscar el bien sí exige de cambios personales, pues un pueblo honesto y justo existe, porque tiene personas honestas y justas-. Sin embargo, el enfoque en buscar cambios personales es insuficiente. También se deben buscar los cambios de estructuras sociales (organismos sociales, instituciones privadas, etcétera) y cambios de estructuras políticas (estructuras de poder, instituciones del Estado). Los cambios de estructuras sociales y políticas de hecho pueden completar o posibilitar el cambio social, y además pueden promover y hasta cierto punto garantizar el desarrollo de la vida moral personal. Una estructura social (incluyendo factores económicos y culturales) que no estimula, que no convalida (o aprueba), y que no garantiza con sus leyes el éxito de la vida ética tanto personal, familiar, como social, lo que de hecho hace es desmoralizar el mayor anhelo del ser humano, vivir con una dignidad personal, e incluso más allá de la mera felicidad, vivir una vida feliz moralmente merecida.

Cuando hablamos de la lucha contra la corrupción, estamos obligados a referenciarlo junto a los valores éticos, para tratar de explicar el camino de vida que debe seguir la sociedad y las instituciones coexistentes, así como la forma en la que se posiciona con relación a la sociedad actual, entendiéndola en un primer acercamiento, de la siguiente manera: La corrupción es tentadora para mucha gente; es dinero fácil de ganar y presenta poco riesgo, donde el comportamiento moral es crítico _Saber qué está bien y qué está mal, el saber que lo que uno está haciendo no es sólo importante para uno mismo, sino que lo es para toda la comunidad, para el país de uno mismo_. Desde esta perspectiva, los valores éticos son importantes. La corrupción está prohibida, como robar o asesinar, pero esto parece insuficiente, debido a que la gente continúa practicando acciones ilegales. Para contrarrestar –o al menos intentarlo-, debemos rescatar y explicar la importancia de los valores éticos en la lucha en contra de la corrupción, argumentando que el comportamiento ético es el mejor camino para prevenir la corrupción y promover la confianza social. Creo que entre todos los actos de corrupción resalta la figura del clientelismo o amorralamiento político. Este fenómeno es en sí mismo tan corrupto como cualquiera de los otros actos imaginables. Salvando las distancias, la figura/acción del amorralamiento -que es preocupante-, no es otra cosa que un acto mefistofélico. El personaje de Goethe (1808) entrega/vende su alma al diablo; nuestro personaje de la figura del amorralamiento entrega/vende su favor electoral, no a un partido político en exclusividad, sino a diferentes dirigentes políticos -y de distintos partidos- a través de promesas mutuas (tu voto a cambio de algún favor) en un acto de naturaleza cognitivo-política. Pero he aquí que en la propia metáfora mefistofélica aparece la contradicción que permitirá diferenciar y calificar al episodio. Así como respecto al Fausto de Goethe nadie ha intentado visualizar ni cuestionar las características diabólicas del comprador. En el caso que nos ocupa, sí es preciso que lo haga, ya que es lo que va a permitir registrar el carácter dialéctico de la relación corruptor/corrompido y entenderla con mejor criterio. Entiendo como la mejor forma de interpretar al amorralamiento, la necesidad de recurrir al método dialéctico, que es el que nos va a permitir encontrar y explicar la relación indisoluble entre los miembros del par, no sólo en la relación individual perversa que estoy analizando, sino ya en la dimensión social-institucional, que es donde se inserta la misma. Es decir, el corruptor aprovecha una situación particularmente desgraciada de alguien, para, de esa forma, corromperlo y no solamente convertirlo en un corrupto "pasivo", sino fundamentalmente para lograr quebrarlo en su totalidad como ser humano y permitirle justificar cualquier otro acto corrupto "activo", a la vez que lograr que sin mayores trabas de moral interior -culpas, en términos psicoanalíticos- adhiera en el futuro a otros actos deshonestos que se le propongan. En este caso el corruptor tiene un proyecto político que va más allá de la compra de un favor electoral circunstancial, está dirigido a romper el entramado de las relaciones sociales a partir prácticas egoístas-individualistas y creando la desconfianza entre los amigos, vecinos, etc., que pierden fiabilidad en quien observan -o adjudican la comisión de actos semejantes a los actuados- y de quien comienzan a sospechar falta de fidelidad a la consigna política que los pueda convocar. El porqué de este proyecto político por parte del corruptor no es motivo de análisis del presente escrito, simplemente diré que esta política de clientelismo o amorralamiento de los hombres y mujeres del pueblo llano, ya ha dado los frutos propuestos por sus artífices en nuestra América: han logrado quebrar la posibilidad de ser protagonistas de su vida y del sentido que pretenden darle al cambio social que esperaban, a los latinoamericanos, en grandes y extensos espacios del continente. La corrupción política no se da solamente en el escenario del clientelismo, también en nuestros pueblos aparece testimoniada por los reiterados casos de fraude electoral. Las elecciones son controladas -o, mejor dicho, supervisadas- por representantes de organismos internacionales. Pese a todo el fraude sigue existiendo bajo la forma del cambio de las boletas en las urnas, la pérdida de urnas completas, el voto de los muertos, la no inclusión de electores opositores en los padrones electorales, etc. Esto ha llevado a que ya los pueblos no sientan en el acto eleccionario que ejecutan se están sirviendo del máximo derecho ciudadano. Saben que van a ser estafados y también en este punto, el propiamente político se ha perdido la confianza. Esto, no deja de ser un panorama desolador. Cuando los pueblos y las personas dejan de confiar en el sistema democrático, crece el sentimiento de impotencia frente a éste, y comienzan a florecer todos los síndromes asociados con la desesperanza. De esta manera el entramado social comienza a resquebrajarse y se llega a poner de moda el tristemente célebre "sálvese quien pueda", fórmula infeliz que se refiere a la pérdida de la solidaridad social y su reemplazo por el reinado del egoísmo individualista.

  1. La sociedad civil, el capital social y su lucha contra la corrupción.

Cuando una sociedad ética lucha contra la corrupción, siempre enarbolará la bandera de lucha, porque cree firmemente que la relación que guarda el individuo en sociedad y el Estado es la base de la confianza mutua. De esta forma, la democracia está basada en la confianza mutua y la corrupción rompe con ella, al sentir general. Trae cosas negativas, crea sospecha, crea la idea de que los políticos sólo trabajan para el bienestar propio; esto es un problema, porque nosotros necesitamos a los políticos para planear el futuro. No podemos aceptar la realidad actual, no podemos aceptar la corrupción. Y es que la corrupción se ha convertido en parte de un cuadro social complejo, destruyendo las redes sociales de confianza. Recordemos: la lucha contra la corrupción no es sólo una cuestión de dinero. Esta lucha es vital para conservar las democracias. Por eso, cuando se tratamos de combatir la corrupción, debemos dar la mayor prioridad a las redes de información social. La información es fundamental. Hace algunos años, por ejemplo, no entendíamos qué cantidad de dinero estaba envuelta en diferentes actos de corrupción. Hoy los medios informativos nos han acercado a ello y lo percibimos de una manera más consciente. Algunos de los elementos para combatir la corrupción son: una sociedad responsable y un sistema judicial independiente que pueda abolir la impunidad y aplicar la ley, que es la base de toda sociedad justa con un capital social activo. El capital social es una herramienta efectiva para combatir la corrupción. De todas formas, cuando este capital social es negativo, a la gente no le importa mucho la lucha contra la corrupción, en esta situación los individuos actúan como animales en el medio de la selva: ellos van a tratar de salvarse de la forma que puedan. Por esta razón, la ética es muy importante. Necesitamos reconstruir el modo espiritual de pensar acerca de la vida para poder contrastar los efectos de la corrupción, que está caracterizada por la ambición material y el egoísmo. Cuando la corrupción se vuelve algo normal no existen diferencias entre el Director de una paraestatal, de una compañía transnacional, o de un hombre común que roba para enriquecerse a sí mismo. Para proteger nuestras sociedades necesitamos una forma ética de pensamiento. Necesitamos convencer a las compañías de que es de su interés adquirir un rol más participativo en el desarrollo social, por lo menos en tres niveles: la aplicación de la ley, la conciencia ética, y la inclusión del sector privado en esta lucha. El capital social es fundamental en la lucha contra la corrupción, porque cuando las personas confían entre ellas, usan esa energía para construir una sociedad mejor: Cuando esto pasa, las personas no están aprovechando su poder para enriquecerse ellas mismas. Pero debemos estar alerta siempre, porque el capital puede ser más y más negativo. Por ejemplo, el secreto del modelo social Escandinavo es el alto nivel de consenso social, porque las personas sienten que el gobierno se ocupa de ellos y de esta forma hay un ambiente social de confianza. En el caso particular de Noruega, la gente se siente parte de una sociedad transparente; las personas ganan suficiente dinero para vivir, pagan impuestos y respetan las leyes por más de cien años. Todos saben que el contrato social está basado en el capital social. En mi opinión, estos hechos son la razón por la que no existe corrupción en Noruega. Por esta razón, las empresas Noruegas están menos expuestas a la corrupción; éstas son partes de una sociedad que rehúsa a comportarse incorrectamente.

Al hablar de la corrupción, debemos enfocarnos también al fenómeno de la globalización y su influencia en el avance o freno de este mal social. La corrupción en el tercer mundo es común, pero éste es un fenómeno globalizado negativo. Aún en países del primer mundo ocurren casos de corrupción, con en Francia, un país insignia del primer mundo. Este es un problema global. Cuando se presentan casos de corrupción globalizada, existen algunos obstáculos para poder confrontarla. Por un lado, hay muchas multinacionales involucradas en casos de corrupción a lo largo de diferentes países. Por el otro lado, para poder investigar y enjuiciar, estamos obligados a usar instrumentos y leyes nacionales. Como resultado de esto, existe una brecha entre el problema – la demanda judicial- y cómo puede ser resuelto. Muchas veces aparece un caso de corrupción internacional, el cual no puede ser adjudicado por cortes y leyes nacionales. No tenemos todavía una respuesta global para la corrupción; las respuestas son sólo nacionales y regionales, por esta razón necesitamos trabajar más en esta área.

Vayamos a una realidad reciente que espero nos sirva para ilustrar lo expresado. George W. Bush está siendo comparado cada vez más con Ronald Reagan, ahora con su muerte. Es verdad que como Bush, Reagan llegó a Washington con un ambicioso plan para recortar impuestos a todo nivel y aumentar el gasto en la defensa nacional sin incrementar el gasto federal. Y Reagan, de hecho, alivianó la carga impositiva de los norteamericanos y supervisó un crecimiento masivo del gasto en la defensa nacional. Dada la reciente insistencia de Bush por implementar más recortes de impuestos que serían pro-crecimiento combinada con un aumento del gasto en la defensa nacional para la guerra contra el terrorismo, la analogía es tentadora. Pero a estas alturas en su presidencia, el sombrío récord del gasto público de Bush cuando es comparado con aquel de Reagan, elimina esta tentación. Mejor aún, a la luz del gasto de Bush ahora sería más apropiado compararlo con Jimmy Carter que con Ronald Reagan. Veamos los hechos. Siendo comparado en el mismo momento de la primera administración de Reagan, Bush no es sólo un gastador mayor sino un gran gastador en sí. Ajustado a la inflación, el gasto total bajo la administración de Bush ha aumentado un 14 por ciento, mientras que debajo de Reagan aumentó sólo un 7 por ciento. Pero más indicativo aún del problema que Bush tiene es el significante aumento en el gasto discrecional durante su administración. El gasto discrecional representa fondos para programas que el Congreso tiene que asignar en una base anual y es este tipo de gasto sobre el cual el presidente tiene más influencia. Es verdad que una gran porción de este gasto discrecional va hacia la defensa nacional. Bush ha llevado acabo durante su administración un incremento de 21 por ciento en el gasto para la defensa nacional—casi igual que Reagan. Sin embargo, la mayor diferencia entre estos dos hombres es el gasto discrecional no atribuido a la defensa nacional. Mientras que Reagan fue capaz de reducir los gastos discrecionales no relacionados con la defensa nacional por un 14 por ciento, Bush ha llevado a cabo un aumento de estos en un 18 por ciento—una diferencia del 32 por ciento entre los dos presidentes.

La tabla presentada aquí abajo compara los niveles entre Reagan y Bush del gasto no relacionado con la defensa nacional. El Presidente Reagan consiguió disminuir el gasto en muchas categorías. Al contrario, Bush no solo ha fallado en igualar a Reagan en la reducción del gasto sino que además ha aumentado el gasto a todo nivel—y en muchas ocasiones este ha llegado a niveles exorbitantes.

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Como se ha indicado, ambos hombres buscaron—y consiguieron— en el Congreso aumentos substanciales en el gasto para la defensa nacional. Y, mientras que proveer para la defensa nacional es una responsabilidad definida del gobierno federal, muchos gastos discrecionales no relacionados con la defensa nacional no lo son. Gastar dinero en sistemas armados avanzados para combatir el terrorismo es más importante que financiar el Fondo Nacional para las Artes o la Corporación para la Difusión Pública. Es el fracaso de Bush en limitar el gasto gubernamental en estas actividades de dudosa constitucionalidad lo que no permite que él iguale los logros de Reagan. Por supuesto, se puede argumentar que es injusto culpar excesivamente a Bush por el gasto excesivo dado el hecho que el Congreso es el que controla las riendas de la cartera. Un estudio reciente demuestra que tres de los mayores cinco gastos excesivos federales ocurrieron durante los últimos cinco años de un Congreso controlado por los Republicanos (los otros dos ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial). De esta manera, el Presidente Bush parece haber heredado un Congreso con establecidas credenciales de tendencia gastadora. Sin embargo, esta excusa es debilitada por el hecho de que Bush no ha vetado ni una sola ley de gasto durante sus tres años de presidencia. De hecho, él ha accedido a firmar toda legislación que ha pasado por su escritorio, incluyendo una inflada ley agrícola y una intrusa ley de educación. Por el contrario, el President Reagan vetó 22 leyes que aumentaban el gasto público durante sus primeros tres años como presidente. Bush ha sido beneficiado con un Congreso con una distribución partidaria considerablemente más favorable. Aunque los Republicanos controlaban el Senado durante la primera administración de Reagan, los Demócratas dominaban el Congreso—por un margen de 100 puestos en un momento. Bush, al contrario, ha disfrutado del lujo de tener un Congreso y un Senado controlado por el partido Republicano (con la excepción de una pérdida de control por cinco meses en el Senado cuando el Senador Republicano Jim Jeffords salió del partido). Mientras Reagan era suficientemente exitoso en domar un Congreso dudoso y muchas veces hostil, Bush ha demostrado una falta de convicción en calmar los deseos de gastar de un relativamente favorable Congreso. Mientras que el Presidente Bush esta obviamente al tanto de los beneficios y la necesidad de reducir los impuestos como una manera de estimular el crecimiento económico, el gobierno continúa expandiéndose, los programas burocráticos florecen, y la discusión de eliminar en su totalidad departamentos gubernamentales es un recuerdo distante. Bush no es ningún Reagan. Y, a pesar de que el partido que se auto-proclama como el del gobierno limitado controla la Casa Blanca y el Congreso, continua moviéndose más y más lejos del gobierno limitado.

Hemos visto una continua y larga lista de fracasos administrativos en grandes empresas, tales como Enron, WorldCom, Credit Lyonnais, Parmalat; en importantes medios de comunicación como el New York Times, USA Today y la BBC; en organismos de gobierno, como la CIA, MI6, FBI, el Departamento de Defensa y el programa de la ONU de petróleo por comida en Irak, además de escándalo tras escándalo de corrupción en el gobierno de Francia y en México, para no perdernos de vista. Como resultado de ello, se han multiplicado las conferencias y los foros para discutir mejores programas de responsabilidad y supervisión, tanto en el gobierno como en la empresa privada. En casi todos los casos se consiguieron varias de las condiciones siguientes:

  • Inadecuada comunicación a todos los miembros de la organización sobre normas éticas y de comportamiento.
  • Excesiva dependencia en la cadena de mando como vía para el flujo de la información.
  • Falta de la directiva y de los altos ejecutivos en instrumentar tajantes medidas correctivas al notarse las fallas. Además, en todas partes hay la tendencia a tapar las malas noticias.

Las fallas en las empresas privadas son muy difíciles de tapar a largo plazo porque la presión de la competencia tarde o temprano revela el mal rendimiento. Pero, entretanto, ejecutivos incompetentes o corruptos pueden ponerle la mano a millones de dólares de los accionistas al reducir el valor de sus inversiones. Por muy malos que sean los escándalos empresariales, el mercado impone un cambio de comportamiento o la compañía va a la quiebra. El problema más grave está en los organismos gubernamentales, porque al ser monopolios, sus fracasos no se hacen aparentes y un mal rendimiento puede perdurar por décadas. Muy pocos programas del gobierno están sujetos a análisis rigurosos de costo y beneficio o a la evaluación constante de la efectividad de sus administradores. Los jefes de organismos gubernamentales tienen mayor dificultad en despedir o relegar a cargos inferiores al personal que no rinde. En la mayoría de los países la supervisión del Congreso sobre el trabajo de los diferentes ministerios y departamentos es irregular, inconsistente y con trasfondo político. Por ejemplo, la reacción del Congreso de EEUU al escándalo de la prisión en Irak es un buen ejemplo de ello. Aunque el Congreso y los medios tenían la información sobre abusos cometidos desde hace meses, no fue sino hasta que se publicaron las fotografías que explotó el escándalo. Y como era de esperarse, muchos congresistas reaccionaron exigiendo la cabeza del ministro de Defensa Rumsfeld antes de que se supieran todos los detalles. Así es la política. La vieja Unión Soviética es el más claro ejemplo de fracaso administrativo. La información era manipulada, lo mismo que los incentivos, lo cual además de la supresión de malas noticias hacía que los líderes políticos se aferraran a la falsa ilusión que la economía soviética era tres veces más grande. Se trata del mejor ejemplo sobre cómo no gobernar. Aquellos gerentes que no dan instrucciones claras y precisas a sus subordinados son responsables de los fracasos. Al mismo tiempo, es imposible saber lo que cada uno de los subordinados está haciendo todo el tiempo. Por lo tanto, es indispensable la creación de múltiples fuentes de información y que los altos ejecutivos se preocupen en mantener el flujo de la información acerca de las operaciones bajo su responsabilidad. En resumidas cuentas, los humanos se equivocan y las organizaciones exitosas están diseñadas para detectar esas equivocaciones e instrumentar soluciones. La alta gerencia no puede ser culpada de las equivocaciones de sus subordinados, pero sí son responsables de desarrollar sistemas adecuados de información para corregir a tiempo los errores cometidos.

  1. Actualmente los estados enfrentan retos muy exigentes que posiblemente se agudizarán en el futuro previsible. Esto es particularmente cierto en América Latina, donde los esfuerzos por salir de un siglo de reveses exigen innovaciones radicales en las políticas que lleguen a establecer nuevas trayectorias en la historia, tales como avanzar hacia la integración multiestatal. A fin de que los estados intervengan en tales actividades, debe mejorarse radicalmente la consideración de opciones de políticas forjadoras de condiciones futuras. Esto requiere, entre otros, de profesionalismo en el arte de gobernar en el sentido de una profunda reflexión política sobre las decisiones críticas como base para las opciones nacionales. El mejoramiento del profesionalismo en el arte de gobernar es apenas una de las múltiples reformas que se necesitan urgentemente en América Latina, aparte de aquellas que implican mejores formas de cristalizar la voluntad política democrática, el desarrollo de nuevos cuadros de funcionarios públicos, medidas para librarse de la corrupción endémica, el avance hacia la integración multiestatal ya mencionado y muchas más. No obstante, el profesionalismo en el arte de gobernar es de especial importancia por cuanto constituye la base primordial para decidir sobre otras reformas estatales necesarias. Así, junto con otros elementos esenciales, tales como una dirigencia ilustrada, la mejora del profesionalismo en el arte de gobernar constituye una dimensión fundamental para la reforma del estado en América Latina. El concepto de profesionalismo que subyace en el enfoque propuesto implica la capacidad de construir puentes entre el conocimiento abstracto y los hechos concretos. El profesionalismo entraña una síntesis entre la teoría y la práctica, con énfasis en la transformación de la ciencia y otras clases de conocimiento sistemático en acción. A esta esencia que define al profesionalismo en el arte de gobernar deben añadirse cuatro características secundarias: un código de ética profesional; una actitud de "interés clínico" y de "impasibilidad" en medio de la irracionalidad emocional y la feroz lucha por el poder; una buena dosis de escepticismo, con una fuerte suspicacia por "lo obvio"' y el sentido común que llega hasta la iconoclasia; y una búsqueda constante de creatividad. El código de ética profesional debe versar sobre las cuestiones de para quién trabajar, cuándo dejar hacer y dejar pasar, y cómo eludir conflictos de interés. Igualmente está el oneroso problema de cómo relacionarse con los valores, con posibles respuestas que van desde la "promoción" de los valores de quien quiera que uno acepte como "jueces de valores legítimos", al tiempo que ayudar a estos últimos a mejorar su razonamiento de valores.

    El profesionalismo en el arte de gobernar requiere de impasibilidad en los asuntos altamente emotivos y no cimbrearse ante las luchas de poder, de otra manera el profesionalismo se corrompe. Esta es una dura exigencia, más aún en la cultura política de América Latina, pero es esencial. Asimismo tenemos el requisito de escepticismo, primero en su forma más simple de dudar frente a las soluciones "obvias" y el "sentido común", yendo el profesionalismo en el arte de gobernar más allá de lo que está frente a los ojos, hacia las perspectivas contraintuitivas y de sentido no común. En un sentido más contundente, las facetas escépticas del profesionalismo en el arte de gobernar conducen a la iconoclasia, con disposición a "hablar la verdad al poder", retornando así a la ética profesional. La búsqueda de la creatividad presenta algunos problemas. La creatividad es más una cuestión de personalidad que de desarrollo de conocimientos. Sin embargo, la necesidad de desarrollar e inventar nuevas opciones de políticas debido a la naturaleza cambiante de muchos espacios y la naturaleza inadecuada de gran número de las alternativas ya provistas, especialmente en América Latina, conjuntamente con el fracaso del "incrementalismo" en la mayoría de los campos de acción, hacen de la creatividad algo indispensable. Por lo tanto, el profesionalismo en el arte de gobernar debe incluir por lo menos la búsqueda de la creatividad, en el sentido de procurar nuevas opciones de políticas y alentarlas, siendo ideales aquellos profesionales creativos. Tal énfasis desplaza gran parte de la planificación convencional, ampliamente practicada en América Latina, subordinándola a la necesidad de desarrollar nuevas opciones de políticas de envergadura, como las que se requieren urgentemente para emerger de una historia frustrante de decepciones y fracasos.

    No habrá desarrollo humano sin buena política, podríamos decir. La mala política no se corrige con la ética, sino con la buena política. ¿Para qué sirve la ética? nos preguntamos. Más allá del núcleo ético compartido que todos necesitamos como ciudadanos, cada función social específica plantea requerimientos éticos específicos. No es la misma ética la que necesitamos como políticos, empresarios, profesores, trabajadores, padres, religiosos, etcétera. No bastan altos niveles éticos generales para producir buenos políticos. Para encontrar la ética específica que requiere la buena política es necesario reconocer la política como un oficio, como una función socialmente necesaria, quizás la más importante y difícil de todas. Es necesario salir del menosprecio idiota de la política (los griegos consideraban "idiota" al que se ausenta de los intereses de la ciudad, no se interesa y no participa en la polis) para repolitizar la sociedad, reencantarla y poder así reinventar y reformar la política, es decir, superar las malas políticas que hoy bloquean el desarrollo e ir instalando las buenas políticas que el desarrollo humano requiere. Hay que redescubrir el oficio de la política en la línea iniciada por los grandes pensadores republicanos que tanto insistieron en las "virtudes públicas" conectadas pero distintas de las virtudes privadas. En todo caso, hay que tener presente que el oficio requerido para hacer la mala política es muy diferente al oficio requerido para la buena política. Las éticas de uno y otro también han de ser muy diferentes. ¿Qué hace el mal político?. Niega y desconoce la realidad, la falsea, presenta falsas imágenes que producen falsas ilusiones, temores y esperanzas, manipula _son los vendedores acríticos del Consenso de Washington, los que proclamaron ya somos una democracia, una economía del mercado, un estado social, una administración por resultados_. Estos políticos son grandes conservadores del estatus quo cultural, político, económico y ético. Producen desarrollo aprovechando una coyuntura positiva de orden internacional; pero se trata de un desarrollo volátil y de pobre calidad distributiva. No transforman los patrones de gobernabilidad: son hábiles operadores de partidos caudillistas, fragmentados y de baja institucionalización; se saben manejar en las alcantarillas del financiamiento político, manejan las redes clientelares electorales, asignan los empleos públicos en una administración patrimonializada, gestionan mayorías parlamentarias ocasionales y transan con los votos de los legisladores, intermedian con el sector privado la producción de leyes y reglamentos, las adjudicaciones en licitaciones públicas o en las privatizaciones, negocian la concesión de beneficios y exenciones. Cuando este tipo de oficio prevalece en la política, asistimos a la mala gobernabilidad que bloquea el desarrollo. Es este tipo de política la que justamente merece el repudio cívico y el desprestigio hoy generalizado de la política. Pero repárese que para hacer bien todo esto hace falta una ética: la que se corresponde con las instituciones informales en las que opera hábilmente el mal político. En efecto, el mal político para cumplir bien con su oficio ha de ser confiable. Ha de cumplir sus contratos. Ha de ser hombre de palabra. Y ha de ser capaz de hacerse respetar cuando los otros no cumplan la suya. Ha de ser respetable, respetado y temido por todos aquellos con los que contrata en la opacidad de las instituciones informales. Obviamente, este mal político puede ser una buena persona, un buen padre, marido, amigo, socio, incluso crear fundaciones y cátedras para la ética política. En el mejor de los casos aportará a la sociedad estabilidad política, cohesión con desigualdad, pero será incapaz de producir las transformaciones que requiere la conquista de la verdadera democracia y el desarrollo humano. ¿Qué es lo que hacen los buenos políticos que en parte tenemos y que masivamente necesitamos? Primeramente son grandes patriotas, pero patriotas que no sólo aman al país que fue y es, sino también al que puede y debe ser. No se engañan ni engañan con la realidad, pero no renuncian a un ideal, tienen un proyecto, una estrategia, forman equipos y tratan de proyectar su acción en el tiempo creando partidos institucionalizados. En segundo lugar, desarrollan el buen juicio político tan diferente del juicio científico o experto. Captan las anomalías, las amenazas y oportunidades; soportan la presión, crean sistemas de información, proponen metas creíbles y movilizadoras, crean conceptos e imágenes, superan bloqueos que previamente parecían insuperables, gestionan conflictos, negocian, construyen coaliciones, saben lo que en cada momento corresponde hacer y en base a ello renuncian a involucrarse en muchas cosas importantes pero inoportunas. Para hacer todo esto tienen que contar o pactar con quienes manejan la mala política, pero lo hacen poniéndolos al servicio de la transformación de la propia política y no dejándose atrapar en su lógica conservadora. Transformando al país, no sólo lo hacen crecer, sino que dejan mejores instituciones, mejores prácticas políticas, mejores valores, actitudes y capacidades. Transformando la política se transforman a sí mismos y a la sociedad. ¿O es que alguien cree que podremos alguna vez ser desarrollados y seguir siendo como somos?.

    Una práctica positiva del ejercicio del poder en lo esbozado, comienza por una condición de ser pensante. Este será nuestro referente. Es decir, la política debe saber pensar. Debe saber pensar en serio, mucho, y debe sobre todo pensar "el bien". Debe pensar "el bien" y además debe pensarse a sí misma. Pero una política que se dice pensante de suyo es insuficiente. La política no sólo debe pensar "algo" (tomar medidas económicas, educativas). La política debe pensar en ese "algo" dentro de un horizonte ético razonable. Una política sin una comprensión y una visión ética es un mal negocio para cualquier sociedad. Un pensamiento ético que no se plasma en la vida cotidiana tampoco basta. La vida ética no solo se piensa sino también y fundamentalmente "se vive". Los conceptos éticos son comprendidos más plenamente en la experiencia. Es practicando la virtud de la justicia como llega uno a ser una persona justa, como dice Aristóteles, y es muy probable que sea una persona justa quien más comprenda la virtud de la justicia, como piensa Sócrates. Pero tampoco basta que la política piense. Todos debemos pensar. Los empresarios deben pensar. Deben pensar en el capital. Pero deben pensarlo dentro de una perspectiva ética (lo correcto). La religión debe pensar en la salvación del alma. Pero debe pensarla dentro de una perspectiva ética (la libertad). En el juego entre religión y política, se puede dar una especie de usura mutua. La política puede escoger a la religión más influyente, católica, como un ingrediente de su proyecto nacional para utilizarla como un elemento de cohesión y reducción de la conflictividad ideológica y social. La religión, por su parte, también puede aliarse al poder político y utilizarlo como un vehículo de acción para la conservación de sus principios morales, evitando así enfrentar los desafíos de la exigencia de maduración de su propia conciencia moral. Esta utilización mutua entre política y religión es de lo más negativa cuando se debe a la carencia total de un discurso que apele a una razón ética crítica. En fin, esto sucede cuando ni la religión, ni la política piensan desde una comprensión propia de sí misma y una perspectiva ética general razonable.

    Fácilmente comprenderemos que la ética necesaria para este oficio es muy exigente. Los dilemas éticos que enfrenta el buen político son permanentes. En casi todas las decisiones importantes hay más de un bien ético en juego y la información sobre los costes y beneficios de toda decisión nunca es suficientemente precisa (a veces ni si quiera está claro lo que conviene ya no al país sino al político que decide). Desde luego siempre hay un límite por debajo del cual las decisiones son éticamente reprobables, pero los contornos son borrosos (¿dónde termina la política industrial razonable y comienza la concesión a las empresas poderosas de privilegios que deteriorarán la institucionalidad propia del mercado eficiente?). En general, en contextos decisorios específicos, casi nunca se impone una sola solución como la única éticamente correcta. La grandeza de la política reside en que, una vez rechazadas las decisiones abiertamente contrarias a los intereses generales, hay que optar entre bienes públicos igualmente valiosos. En estas decisiones se mezclan conocimiento, razón, sensibilidad, valores, cálculos, azar. Es el momento egregio de la política que no puede ser sustituido por ningún manual o consultor. El oficio de buen político no se aprende en una maestría. Las maestrías enseñan a gestionar y a administrar. Los buenos políticos siempre son líderes y emprendedores, hacen historia. No nacen, se hacen a sí mismos por la determinación de ponerse al frente y hacer una diferencia positiva. Los buenos políticos se esfuerzan siempre, como los grandes artistas y todos los creadores. Nunca dirán domino plenamente el oficio. Los buenos políticos mueren aprendiendo y para aprender practican permanentemente las disciplinas que les ayudan a dominar su oficio. Para ello necesitan guías o principios éticos y ahí va el primero. Los buenos políticos se esfuerzan siempre en el autoconocimiento y el autodominio. Sin ello es imposible la autenticidad, la integridad. Sin ello no se logra inspirar confianza ni se consigue la buena comunicación. Comunicar no es hablar bien, ni siquiera expresar buenas cosas, sino conseguir la atención y el respeto de las audiencias, lo que se hace imposible si la audiencia no percibe autenticidad en los mensajes, es decir, si no reconoce una coherencia básica entre el mensaje y la trayectoria de vida: ¿Conozco mis motivaciones y ambiciones últimas? ¿Tengo una medida adecuada de mis capacidades? ¿Soy capaz de reconocer y resistir las peores tentaciones del poder? ¿Sé encontrar los espacios de recogimiento en los que me pregunto permanentemente quién soy, qué pretendo, para qué estoy en este mundo? ¿Conozco mis modelos mentales? ¿Soy capaz de comprender los modelos mentales de mis interlocutores y adversarios sin dejar de ser fiel a mis propósitos? ¿Soy capaz de resistir al oportunismo del cambio? ¿Soy capaz de cambiar cuando resulta necesario?.

  2. El ejercicio del poder en la construcción del entorno ético.

    Mucho se ha hablado y escrito sobre corrupción e impunidad desde una lectura jurídica, política y psicosocial, pero ésto no puede alejarnos de echar un vistazo a lo que dice la filosofía política respecto al tema de la corrupción, es decir, los estudios de filosofía de la práctica, que tratan -para el tema que nos ocupa- de aquellas cuestiones que ya están -de acuerdo al cariz que toman las cosas del manejo político- pasadas de moda, como son la ética y la moral; a las que debe agregársele -últimamente- la filosofía no en el sentido dado irónicamente por Marx (1847) para su análisis de los valores, sino en el sentido de que los valores no económicos y no transables que han dejado de valer. Por ejemplo, el principio ético de utilidad propuesto por John Stuart Mill (1863) de que "... las acciones son justas en la medida que tienden a fomentar la felicidad", parece ser un principio que mantiene toda su vigencia, aunque con una pequeña particularidad que lo convierte en inmoral. Ahora se lo entiende como la felicidad de los gobernantes y de los que los rodean políticamente. Este principio original fue la regla de oro para más de un estadista latinoamericano, hasta no hace más de medio siglo; sin embargo, el mismo hoy se ha tornado en uso común en su segunda acepción, lo cual lo hace caer en un estado perverso, a través de acciones corruptas que apuntan a la satisfacción de necesidades personales y no a felicidad del pueblo que le ha sido encargado de gobernar. La democracia es la propia sociedad justa en funcionamiento, podríamos decir de manera general. Ante esta afirmación, el lector se encuentra frente a un enunciado que pretende ser éticamente neutral, pero que del mismo modo en que guarda celosamente la neutralidad del científico, tampoco dice algo en concreto acerca de las características de la democracia. Me atrevo a considerar a este tipo de afirmación como del tipo asépticamente científicas. En el tema de la corrupción prefiero utilizar el lenguaje de la ética y considerar, como lo hace el pueblo llano que no tiene veleidades científicas, encuadrarlo en la categoría de malo. Este último juicio me ubica en una posición -y no precisamente intermedia- entre los estudiosos de la ciencia política que afirman la necesidad de la investigación "libre de valores", es decir objetiva, con respecto a aquéllos otros que niegan tal posibilidad. Particularmente estimo que en el campo de la investigación política es muy difícil, por no decir imposible, estar por afuera o por encima de "los valores" o de los juicios morales, salvo que el investigador pretenda ser solamente un descriptor de hechos, pero aún así me queda la duda de porqué se dedicó a describir sobre unos hechos y no lo hizo sobre otros, dentro del gran espectro de fenómenos políticos que están a su alcance. Me parece que esto se debe precisamente a que hay una inclinación por favorecer o rechazar cierto y determinado estado de cosas, que son aquellas que lo inquietan, aunque se reserve para sí -por una cuestión de asepsia científica- la emisión de juicios valorativos. Es, por tal razón, que prefiero ir de frente y confesar públicamente que los temas de la corrupción y la impunidad con que ésta se asocia, me atraen, debido a que los considero perversos y que atentan contra la salud pública. Vale la pena traer a colación un anónimo que deambula por ahí, y que dice así: "Las niñas buenas van al Cielo. Las malas a todas partes". O como la frase célebre de César Coll Carabias cuando fue presidente de Guadalajara: "Las personas decentes y con moral no tienen por qué estar fuera de su casa después de las diez de la noche".

    En todo empleado publico, como ser humano, existe una conciencia, una justificación de sus decisiones, una identidad y una responsabilidad y para conseguir que dichas decisiones tengan la máxima integridad moral surgen los códigos, como instrumentos de reforzamiento de la conducta y conciencia colectiva, como reflexión en voz alta para ayudar en la decisión. La respuesta no puede ser universal y permanente: por el contrario, es individual y contingente; y fruto, en última instancia, del ejercicio de la virtud Aristotélica de la prudencia, o capacidad de conectar los principios generales a la realidad concreta. A efecto de facilitar dicha labor de elección surgen los denominados códigos de conducta, donde deben destacarse los siguientes puntos de interés general: 1) El servicio público es un patrimonio público que exige que los empleados le deban lealtad a la Constitución, las leyes y los principios éticos, por encima de la ganancia personal. 2) Los empleados no deben poseer intereses financieros que estén en conflicto con el desempeño concienzudo de sus deberes. 3) Los empleados no deben participar en transacciones financieras utilizando información del gobierno que no es pública, ni permitir el uso impropio de dicha información para beneficio de ningún interés particular. 4) Salvo cuando se produzcan las excepciones razonables que los reglamentos disponen, un empleado no debe solicitar ni aceptar regalo alguno, ni ningún otro articulo de valor monetario de ninguna persona o entidad que busque una acción oficial, hacer negocios o llevar a cabo actividades reguladas por la agencia del empleado; o cuyos intereses puedan ser afectados sustancialmente por el desempeño o no desempeño de los deberes del empleado. 5) Los empleados deben llevar a cabo sus deberes empeñándose por hacer un esfuerzo honesto. 6) Sin autorización, los empleados no deben hacer compromisos ni promesas de ningún tipo dando a entender que comprometen al Gobierno. 7) Los empleados no deben usar un cargo público para ganancia particular. 8) Los empleados deben actuar imparcialmente y no dar tratamiento preferencial a ninguna organización privada o individuo alguno. 9) Los empleados deben proteger y conservar la propiedad federal, y no deben usarla para actividades que no sean las autorizadas. 10) Los empleados no deben llevar a cabo trabajos o actividades fuera de su empleo, incluso buscar o negociar empleos que estén en conflicto con sus deberes y responsabilidades gubernamentales. 11) Los empleados deben denunciar a las autoridades correspondientes cualquier despilfarro, fraude, abuso y corrupción. 12) Los empleados deben cumplir de buena fe sus obligaciones financieras justas, especialmente las que la ley les impone, como impuestos federales, estatales o locales. 13) Los empleados deben cumplir todas las leyes y reglamentos que ofrecen igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos estadounidenses, sea cual fuere su raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad o discapacidad, y 14) Los empleados deben esforzarse por evitar cualquiera acciones que den la apariencia de que están violando las leyes o las normas de ética que se estipulan en esta orden. En paralelo, debemos atender la dinámica organizacional y de esta forma considerar los efectos de la estructura, de los procesos y del personal; redondeada de esta forma el proceso estaremos en condiciones de garantizar la eficiencia y la eficacia en la función publica, complementada por la garantía de la transparencia publica. Tal parece ser un efecto de calculo, por que bien podríamos definir T= -D+R+SA+CO+RC; es decir, transparencia es igual a menor discrecionalidad, mayor responsabilidad, mayor simplificación administrativa, mayor cumplimiento de objetivos y mayor rendición de cuentas, donde la calidad en el trabajo debe ser producto de un intenso proceso formativo y de lealtad en la organizaciones y para tal efecto la tarea de formación y desarrollo debe ser amplio en las instituciones de forma que el empleado se mantenga en un proceso formativo permanente y así constituir un sistema real de profesionalismo por que cada puesto debe tener su propio esquema de formación curricular. Son los tiempos actuales en que se hace necesario el reforzamiento de los valores: Ser honesto, íntegro e imparcial son virtudes básicas para el ejercicio del poder, pero hoy se necesita que los hombres públicos sepan manejarse en supuestos de complejidad creciente y que sepan interpretar las responsabilidades que llevan aparejadas los constantes y acelerados cambios sociales y políticos. Hoy más que nunca, se hace necesaria una mayor sensibilidad hacia los derechos humanos, un mayor respeto a las minorías y una mayor operatividad del concepto de la dignidad de la persona.

  3. La urgencia de una nueva Ética para la Política del Siglo XXI.
  4. ¿Debemos considerar a la ética como mero sistema normativo?.

Reverenciemos y experimentemos lo dicho. Hoy día coexistimos con dos sistemas normativos: uno que se supone que se aplica y que las élites alaban de la boca para afuera (normas míticas) y otro muy distinto que es el que se aplica en la realidad (código práctico). Los ciudadanos, funcionarios públicos o no, que actúan amparados por el código práctico saben que están violando las normas míticas y, por lo tanto, deben actuar discretamente. Quienes actúan de acuerdo a las normas míticas se encuadran en la ética principista (o de la intención) mientras los que orientan su conducta en función de los códigos prácticos adoptan la ética utilitarista (o de la responsabilidad). La primera enseña que los actos son buenos o malos según la intención, más allá de los resultados y la única cosa buena es la buena voluntad, mientras la ética utilitarista, dice que el resultado es lo más importante sin detenerse en consideraciones valorativas. En nuestras actuales sociedades la "ética del deber" entra en crisis frente al advenimiento de la "ética utilitarista" para dar origen al "posmoralismo light". Por ello es muy peligroso para la sociedad que desde posiciones de poder se proponga transformar las normas míticas en reglas prácticas. La organización del sistema judicial de cada país tiene mucha vinculación con la distancia entre los sistemas míticos y los códigos prácticos. Así en el modelo anglosajón las reglas se crean de acuerdo con las costumbres de la comunidad, y cuando los ciudadanos juzgan las violaciones, se produce un acercamiento muy estrecho entre normas míticas y reglas prácticas. En este modelo no se promulga la ley que no puede ser cumplida. En cambio, en nuestro modelo judicial, el estudio de la ley implica el conocimiento de su historia, una interpretación gramatical, un análisis lógico, su armonía con otras normas, pero cuando los jueces actúan, no se toma en cuenta la forma en que la sociedad utiliza esas reglas. Existe un importante ingrediente cultural que debilita al Estado: la lejanía de ley donde el estado comienza a debilitarse al no poder hacer efectivo lo que exige a través de sus leyes. En nuestra época hay una ideología no explicitada que se esconde detrás de la supuesta objetividad de las leyes del mercado. Su resultado es el miedo que se transforma, en muchas oportunidades, en cinismo y que se describe como la doble moral de la cultura que no oculta los ensueños revolucionarios, no por miedo, sino por vergüenza. La vergüenza de haber SIDA y el dolor de ya no ser. La vergüenza del eunuco que se siente castrado por una economía de mercado que lo ha degradado de ciudadano a consumidor, de consumidor a contribuyente. No quiero caer en esa degradación de ser un consumidor de neutralidad y tampoco llegar a ser un contribuyente de la misma. Es por eso que utilizaré de lo que se acostumbra en textos serios y donde escriben colegas científicamente rigurosos, a llamar a tales procesos vergonzantes que agobian a nuestra región latinoamericana y el caribe, con todos los adjetivos calificativos1 desdeñosos y agraviantes a los actos de corrupción e impunidad que están lastimando y desgarrando los pueblos. Es cierto, me anticipo a las críticas que van a llegar, acerca que me involucro demasiado afectivamente con el objeto de estudio. Y tendrán razón, pero no encuentro otra forma que llamar a las cosas que no sea por su nombre, que hasta hoy son palabras, sumadas a algunos hechos confusos y difusos de rebeldía, pero que llegará la hora en que truene el escarmiento y los culpables de tanta infamia tendrán que pagar con la cárcel y en efectivo lo que nos han estado robando. Si bien es cierto los principios de la ética política están sujetos a los vaivenes de la historia social, económica y política de cada pueblo en particular, y al respecto, no pueden establecerse tales principios como verdades únicas y valederas para todos los sistemas políticos en cualquier tiempo y lugar, entiendo que se puede rescatar un principio que en la actualidad puede ser utilizado como un universal categórico, cuando se trata de estos temas. Es el que marcó John Locke (1698) cuando escribió hace más de tres siglos: "Quienquiera que tenga el poder legislativo o supremo de cualquier comunidad está obligado a gobernar ciñéndose a las leyes vigentes, promulgadas y conocidas y no por medio de decretos extemporáneos... y todo esto debe estar dirigido únicamente a los fines de la paz, la seguridad y el bien público". Esta pequeña oferta de salubridad gubernamental no es exclusivamente deontológica, en el sentido de adscribir a lo que ya está escrito en el Derecho Positivo, sino que también es teleológica, en cuanto apunta al fin de la moralidad del quehacer político. El propio Locke agregaba, más adelante, que "El fin del gobierno es el bien de la humanidad". Con esta afirmación ya se está saliendo del ámbito restringido de una Nación/Estado, para entrar en el campo de lo universal; entiendo que esta sentencia de Locke, leída en el hoy, más que nunca, debe ser tenida en cuenta cuando se está frente a acciones políticas que apuntan a la destrucción ecológica, como así también a la de la propia humanidad que ocupa un lugar en el amplio nicho ecológico que nos cobija a todos por igual.

Al hablar de ética política o de filosofía de la práctica, necesariamente incursionamos por los caminos de la axiología: el valor, los valores, llevan consigo una suerte de exigencia, de imperativo categórico que apunta al centro de lo que está bien y de lo que está mal. No siempre, ni hay necesariedad de que así sea, el orden de lo estrictamente legal -leído desde el Derecho Positivo- tiene porqué coincidir con lo que moralmente es juzgado como correcto o incorrecto. Legalmente no está mal, pero moralmente tampoco está bien, y así lo ha entendido el pueblo -cuya representación ha sido asumida por el periodismo- que, en su momento ha condenado tal situación injuriante para el sentido republicano. En el caso de la corrupción nos encontramos no solamente frente a un tema tan antiguo que existe desde la época de la institucionalización del poder, sino que creo prudente enfocarlo desde el punto de vista de Max Weber (1929), cuando habla de la ética de la responsabilidad. No he de dedicar espacio a lo que se podría llamar la lógica política en cuanto hace a las decisiones que el estadista debe tomar frente a estos resultados que podamos ofrecer. En todo caso nos interesa hacer una contribución intelectual sobre cuanto las ciencias sociales pueden hacer en favor de la acción moralmente responsable en el ámbito político. Como ya lo he comentado, si bien es cierto desde el positivismo se ha pretendido por largo tiempo hacer aparecer a la ciencia -y particularmente la del quehacer social- como éticamente exenta de valores, sin embargo no solamente discrepo en general de ese enfoque disociador, sino que en este caso especial de la corrupción, lo rechazo con mayor énfasis, debido al alto contenido de enfermedad que genera sobre la salud social que el mismo implica. Si bien es cierto siempre en ciencias sociales se trabaja con significados de la realidad que deben ser interpretados, y que tal interpretación necesariamente se hace desde algún lugar, desde algún discurso en el que el intérprete se ubica con sus particulares y especiales características. Estas pueden ser el sistema de valores, las particularidades socio históricas, las representaciones sociales e individuales que lo atraviesan, etcétera, por lo cual entiendo que pese a mis propósitos por hacer buena letra no se me escapa que voy a plasmar las interpretaciones con mi particular óptica subjetiva de valorar un hecho social como la corrupción, que desde ya considero no saludable para la trama social de una comunidad.

CONSTRUYENDO CONSENSOS ÉTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

¿Debe renunciar el presidente de la república si los funcionarios del gobierno no hacen bien su trabajo?. La mayoría pensará que no. Sin embargo, ¿cuándo debe responsabilizarse a los altos ejecutivos y directores de una empresa por las malas acciones de sus subordinados?. Hoy día la mayor parte de las administraciones públicas son hoy en día capaces de controlar ciertos aspectos de su entorno, con frecuencia crean y manipulan su propia clientela, tienen aliados y enemigos, pactan con los grupos de interés, se atreven en ocasiones a desarrollar presiones políticas sobre gobernantes y legisladores, mantienen accesos privilegiados a la prensa e incluso sus propios periodistas a sueldo, etcétera. Los distintos sectores sociales cuentan con ellas de una forma u otra, y todo el mundo tiene expectativas compartidas respecto de sus modos de comportamiento, más o menos establecidos (y no sólo jurídicamente regulados); de suerte que la perspectiva de su eventual reforma o ausencia de reforma, moviliza un gran volumen de intereses: internos (de la organización) y externos (propios de su clientela). Por otra parte, esas grandes organizaciones públicas <<institucionalizadas>> tienden por su propia naturaleza a sufrir una cierta inercia, conservadurismo y rigidez, apareciendo con frecuencia como lentas y rutinarias, y por ello mismo, como necesitadas de reforma –y a la vez- difícilmente reformables. Se diría que con los anteriores argumentos se está incurriendo en una cierta reificación de esas administraciones para el bienestar. Nada más lejos de nuestro propósito, ya que, pese a su indudable proceso de institucionalización, están dirigidas por políticos y servidas por funcionarios que en su actuación responden a propósitos definidos e identificables. Es notorio que los altos cargos de nombramiento político no siempre se sienten cómodos con sus subordinados profesionales, no tanto por suponerlos políticamente desleales (esto es, afines a un partido diferente del que está en el Gobierno, o en casos de coalición, a aquel al que pertenece el <<alto cargo>>), sino más bien por suponerlos vinculados a unas tradiciones de la casa que pueden ir desde meros modos de actuar, pasando por intereses profesionales de los propios funcionarios, hasta intereses de las <<clientelas>> del ramo de que se trate, que pueden dificultar la gestión del alto cargo o el logro de los objetivos propuestos.

Hay que tener en cuenta que si el papel desempeñado por los altos funcionarios ha consistido alguna vez en la mera ejecución instrumental de las medidas decididas por los políticos, no sucede así en las extremadamente complejas administraciones actuales. Pensemos, por ejemplo, en que difícilmente tales medidas pueden ser decididas en todos sus detalles técnicos por los órganos políticos que dirigen las administraciones públicas, ni siquiera con la eventual asistencia de sus cuerpos de asesores, constituidos por personas que no precisan tener la condición de funcionarios de carrera, y sí la confianza profesional y política del alto cargo de que se trate, de suerte que el propio diseño e instrumentación de las medidas o políticas, implica normalmente una cuota más o menos grande de discrecionalidad encomendada a los funcionarios, que éstos ejercen en su condición de expertos. De hecho, y cuando los objetivos políticamente fijados son muy generales o relativamente poco concretos, la colaboración y asistencia de los funcionarios profesionales, incluso en la selección y fijación de las políticas, resulta imprescindible. Si a esto se añade que con frecuencia los objetivos de la acción pública no pueden modificarse de un día para otro, y que buena parte de las medidas requieren períodos de tiempo relativamente largos para su ejecución, no es de extrañar que a veces los políticos nombrados para un cargo tengan una sensación de impotencia frente a un ámbito de actuación en el que todo puede parecer decidido y, más aún, en el que todo parece estar en manos de los funcionarios de <<la casa>>. Para una civilización que deposita su confianza en el conocimiento de estas reglas, es desalentador darse cuenta que éstas no son más que letra muerta y que es necesario aprender un conjunto de principios y prácticas totalmente diferentes para obtener resultados deseables. Y es que frente a un caso de corrupción nos exaltamos y exigimos el castigo previsto por las normas míticas, sin advertir que para reducir la distancia que existe con los códigos prácticos hay que encontrar las razones y las claves de estos últimos o, llegado el caso, quitar el carácter clandestino de los códigos prácticos y aceptarlos abiertamente como parte del sistema mítico. Es importante que al funcionario público se lo investigue, y aún castigue si corresponde, cuando tiene el poder. Por ejemplo, en Argentina, el gobierno que llega al poder indaga al que se fue. Este hábito encuentra su antecedente en una figura del antiguo derecho español, el juicio de residencia, el cual sería conveniente instaurar en México nuevamente: cuando un Virrey finalizaba su mandato se le investigaba y podía ser encarcelado. Resulta imperativo que nuestras instituciones democráticas mejoren su funcionamiento a través del control y la participación ciudadana. En tal sentido, es importante tomar como ejemplo la democracia de los Estados Unidos en los casos Watergate y Lockheed. Pero también es importante no perder de vista cómo se desarrolló la historia del sistema político norteamericano: en su nacimiento independiente, los Estados Unidos eran un país económicamente subdesarrollado en relación con Inglaterra. Su prioridad, sin embargo, fue establecer una Constitución y cumplirla. Si bien esta no fue una decisión eminentemente económica, la seguridad institucional resultante generó el clima dentro del cual se generaría el desarrollo económico. Estos ejemplos sirven a Latinoamérica en tanto y en cuanto no se pierda de vista las particularidades históricas, sociales, políticas y económicas de nuestros países.

Dejando de lado la tentación de transpolar automáticamente experiencias de otros países en el control y combate a la corrupción, es preferible intentar el diálogo de saberes y culturas, que ocurre cuando un pueblo jerarquiza al desarrollo económico por sobre otros intereses, acude a cualquier medio para lograrlo perdiendo credibilidad frente a aquellos otros países que podrían contribuir con su capital a su desarrollo. En una sociedad donde todo el mundo se preocupa excesivamente por el bienestar económico inmediato, nadie piensa en el conjunto ni en el largo plazo, de esta manera se obtiene como resultado lo que nadie desea: el fracaso económico de la sociedad como un todo, y es que la reputación de las instituciones republicanas depende no sólo de la aplicación objetiva de las leyes, sino de la conducta de los funcionarios y empleados públicos. Esta debe sustentarse en forma permanente en los principios éticos y morales en los que se basa la vocación de servicio para salvaguardar y evitar contrariar el interés público cuya protección, promoción y defensa les ha sido asignadas. No se trata de la protección en forma exclusiva del erario público, sino fundamentalmente de la confianza pública, de la seriedad y rectitud en el ejercicio o la realización de acciones en el marco de los deberes y responsabilidades del estado. Debe hacerse realidad el aforismo de Hegel: El Estado es la realidad de la idea moral. No basta con que el funcionario público cumpla con la ley, es necesario que dé cuenta a la sociedad de sus actos, aún en el caso de que esta no lo exija. Además del concepto de legalidad, hoy se impone un neologismo: accountability, como nota esencial en el ejercicio de la función publica. La idea de imparcialidad en la gestión de los asuntos públicos implica, no sólo la apoliticidad de las decisiones administrativas, sino también se sustenta en la idea del imperativo moral en sentido kantiano. Ya lo dijo Montesquieu: "La democracia se convierte en el peor de los regímenes si carece de lo que es probablemente su requisito básico: la virtud". "No solamente se debe tratar de que los hombres sean buenos, sino de evitar que sean malos. Pero hoy es necesario ir más allá: el funcionario público es un agente moral, en virtud de que ejerce una actividad de manera permanente adscrita a órganos cuya finalidad es satisfacer las necesidades públicas. Este desempeño implica aspectos vocacionales, dominio de técnicas, desarrollo de conocimientos y formación de actitudes, todas en función del servicio público definido por el bien común". La preocupación contemporánea por la cuestión ética no debe considerarse como meramente filosófica. El vacío ético en los gobiernos o en sus funcionarios se refleja en sus decisiones, en las políticas públicas. Ocurre cuando ellos eligen pensando en los beneficios de los grupos de interés, no en la población. La falta de ética no es una cuestión declarativa, sino que se manifiesta por una desviación de recursos públicos que es injusta y aumenta la desigualdad en la sociedad civil. Siguiendo las enseñanzas de Max Weber: "El dilema consiste en que no hay ética en el mundo que pueda sustraerse al hecho que, para lograr fines buenos, deba recurrirse a medios moralmente dudosos". En este tenor, resulta importante resaltar que la insuficiencia de recursos públicos para atender todos los deseos y expectativas confiados por la sociedad al Estado en la búsqueda de eficiencia, nace atendiendo a la substitución del Estado gestor por el Estado orientador de las actividades vinculadas a concretizar el interés general; fruto del principio de subsidiariedad, la regulación representa la disciplina jurídica de actividad económica privada en segmentos relevantes para el desarrollo social. Con este enfoque, la democracia se puede interpretar como un método para llegar a decisiones públicas, adoptadas por políticos sometidos al control y al escrutinio de la sociedad, lo que impide que la capacidad de coacción del Estado sea excesiva, donde la delegación del poder de decisión del ciudadano al político ha de realizarse libremente, con información y debate público de los asuntos a decidir, de forma que las políticas concuerden con los deseos mayoritarios. Por tanto, control, información y debate forman parte esencial del método democrático de decisión, insistiéndose desde todas las posiciones ideológicas, en la necesidad de llevar a cabo cambios más o menos profundos en las administraciones públicas, de suerte que los ciudadanos reciban mejores servicios y vean bien utilizados sus impuestos y que los gobernantes puedan encontrar en ellas el instrumento para llevar a cabo sus programas. La razón de tal situación radica en que actualmente hay más necesidades y demandas de actuación pública que nunca, y a la vez más dificultades para intervenir derivadas de la complejidad que ha llegado a adquirir la tarea de administrar.

COROLARIO.

Si bien la voluntad de hacer el bien no se impone, es preciso tener proyectos al respecto, ámbitos de discusión, de reflexión y de capacitación. Por lo tanto es un componente de la reconstrucción del aparato estatal, en el sentido de fortalecer la democracia. La ética no es un tema negociable, cualesquiera sean las orientaciones de política. Porque los valores sociales atraviesan las decisiones públicas. La ética no es un proyecto aislado, sino la base sobre la cual adquieren sentido la gestión y las políticas públicas. Actuar según estos valores, hace posible la convivencia, pero no de cualquier manera, sino sobre la base de la equidad, la libertad, la solidaridad, la justicia, la dignidad del trabajo. En el caso de la función pública, existen además algunas condiciones propias de su ámbito: el compromiso con el bien común, la relación con el poder político, la posibilidad de decidir o de regular actividades sobre toda la sociedad, el peso y legitimidad de la autoridad pública. Comprensión requieren los valores éticos para denotar que esto no es solamente el efecto de los discursos y los programas. Fundamentalmente debemos reinventar o reaplicar los postulados de la ética para definir los diversos roles en la sociedad y en la política. No es factible que por la degradación de la imagen de corrupción que los gobiernos han cobrado, sea permisible la actuación bajo la premisa viciosa de que todo servidor público es corrupto hasta que demuestre lo contrario. Es función del propio Estado rescatar la dignidad de sus agentes representativos y reconstituir el concepto de la confianza en el Estado. La consideración del buen gobierno la sustenta el proceso de interacción entre el sistema público y la sociedad, es la actuación de buena voluntad del servidor publico en la acción cotidiana, con la posición dispuesta de servicio a la comunidad; en la contraparte es la sociedad en la función revitalizada de exigencia y satisfacción de sus demandas. El marketing estratégico debe ser utilizado a fin de rescatar la imagen de la función publica, sustentado en un funcionamiento envuelto en las premisas de la calidad en el servicio. El propio servidor público debe tener no solamente un endeble marco jurídico que le proteja, se debe partir de la concepción jurídica de que nadie es culpable hasta que se le demuestra la responsabilidad en los hechos imputados. Los círculos viciosos que se generan son incontenibles al iniciar un proceso público de linchamiento sin ser debidamente sustentado el pecado, esto vinculado con el proceso de la política y de la lucha por el poder lleva a tener consecuencias en las cuales nadie sale bien librado. Los agentes públicos son linchados, la sociedad se convierte en acusador y en juez y la mano mediática acelerando los linchamientos. Hasta dónde cobrar políticamente la sangre y de esta forma justificar los yerros de la política. La sociedad debe anteponer los valores humanos y ubicar las responsabilidades en tiempo y forma para cada uno de los actores, ni la sociedad es juez ni los servidores públicos por el hecho de serlo son culpables.

A mi punto de vista, existen tres conceptos para evaluar la conducta de los agentes públicos y calificar el funcionamiento del aparato estatal, a saber: el vació ético, la dualidad ética y la ética de mínima. El primer caso lo asumen quienes deciden no responder por sus actos, hay impunidad. En este vació no hay pensamiento social ni compromiso, sólo existen los hechos en el marco del duro poder. En la dualidad Ética prevalece la hipocresía o falsedad ideológicas; se predica una idea, a la vez que se ignora o se contradice en la práctica. Es el doble discurso que se ajusta de acuerdo a las circunstancias. En la ética mínima o de los mínimos significa la actuación estrictamente necesaria para cumplir la tarea, que es de carácter reactiva. No es la observancia del deber ser es hacer lo que estrictamente se puede. Decir que las intenciones morales han decaído no significa nada: a decir verdad, en el mismo momento en que el apostolado del deber esta caduco, se esta asistiendo a una reactualizacion general de la preocupación ética, a una reviviscencia de las problemáticas y terapéuticas morales. Las grandes proclamas moralistas se borran, la ética resurge, la religión de la obligación se vacía mas que nunca de su esencia, el suplemento del alma esta a la orden del día: El siglo XXI será ético o no será. Ante este planteamiento el resurgimiento de los valores del hombre es causa obligada para atender los compromisos sociales y la correspondiente actividad social para enfrentar los males endémicos que flagelan al hombre mismo, debemos superar conceptos tradicionales para actuar producto de la preocupación general estratégica. Debemos convocar a la moralización del liderazgo y los negocios y a ello debemos sumar la propia política y por supuesto a la sociedad. La función del Estado es vital para la actuación corresponsable en la reconstrucción de los modelos de gestión que procuran el beneficio de la sociedad. Debemos también abandonar los modelos neoliberales que sólo procuran el efecto de la economía por ella misma. Las actuaciones que solo consideran la salud financiera como el objetivo, a cualquier costo, deben ser ubicadas en su margen de legalidad pero de inmoralidad e ilegitimidad; se debe rebasar este concepto utilitario que se pretende dar a la función pública. La tarea de la revalorización es prioritaria a fin de reconstituir los principios en los procesos de la gestión pública; para tal efecto, la primera decisión es la voluntad política, la segunda es el fortalecimiento de la transparencia de lo público, la tercera sería el diseño de los códigos de conducta, la cuarta es el establecimiento de los límites de la confidencialidad o discrecionalidad de la información pública y la responsabilidad que esto implica. En ejercicio a estas acciones, es necesaria la complementación con el equilibrio de poderes, donde el legislativo se convierte en un coadyuvante de la transparencia y en la mejor voz de equilibrio. Es el legislativo quien debe propiciar un manejo eficiente de la rendición de cuentas; en tal virtud la revisión de los controles tendrá un equilibrio lejano de los parcelamientos o de las tendencias provocadas por la lucha de poder. Es el equilibrio de poderes la mejor mecánica para contar con revisores profesionales de las partes y contrapartes, es este equilibrio la garantía a la ciudadanía para la vigilancia y aplicación de los valores éticos. Son los códigos de ética los valores referenciales convenidos para el funcionamiento dentro de las instituciones publica, de esta forma estaremos regulando el actuar del servidor publico a ciencia y conciencia. Este elemento ayuda a la reflexión y guía de la conducta y ayuda a la manifestación de lo correcto o no en el desempeño de un cargo, permite la vinculación directa con la información indicativa o normativa y en su caso con el efecto sancionable. Debe ser el código ético un elemento eminentemente reflexivo y en su caso complementado con los documentos normativos y jurídicos que al limitar también definen la sanción. El compromiso con la ciudadanía debe ser una divisa en la función publica, la atención de las prioridades sociales la preocupación permanente; la vocación publica debe ser refrendada para realmente enaltecer el servicio publico y de esta manera sentar las bases para la profesionalización de la función publica con un claro concepto de los valores, de la lealtad institucional, de la responsabilidad profesional y la dignidad de la persona. La precaución a la doble moral debe prevalecer, el énfasis en la transparencia se debe reforzar y esto solo lo obtendremos con los documentos producto de los pactos institucionales, que originan refuerzos a la moralidad, transparencia y lealtad institucional. Debe existir un compromiso serio de parte de los gobiernos para implementar una convención nacional para combatir y prevenir la corrupción, tomando en consideración el documento elaborado por la Organización de las Naciones Unidas, especialmente las medidas para luchar contra el flujo de activos robados por élites corruptas hacia las cuentas bancarias en el extranjeros. En este sentido, debe enfatizarse el compromiso entre las instituciones financieras nacionales e internacionales y los gobiernos, para comprometerse, con voluntad política en su lucha contra la corrupción. Para asegurar de que esta voluntad sea posible, debe insistirse en la realización de monitoreos adecuados por parte de la sociedad civil respecto al buen gobierno, con base en los siguientes estándares implementados por Transparency International:

  1. Las donaciones a partidos políticos, candidatos y funcionarios electos no deben ser un medio para obtener favores personales o políticos. Los partidos y los candidatos deben practicar la transparencia. Los gobiernos deben implementar una adecuada legislación sobre el conflicto de intereses.
  2. Los partidos políticos, candidatos y políticos deben dar a conocer sus recursos, ingresos y gastos a un organismo independiente. Esta información debe ser presentada anualmente, y también antes y después de las elecciones.
  3. Las organizaciones públicas de control deben supervisar efectivamente la observancia de las leyes y las medidas regulatorias. Para cumplir este objetivo, deben estar dotados de recursos necesarios, facultades, independencia y poderes para investigar. Junto a cortes independientes, deben asegurar que los delincuentes sean responsabilizados y debidamente sancionados.
  4. Se debe prestar especial atención a los beneficios del financiamiento estatal de los partidos y candidatos y al estímulo de la participación de los ciudadanos a través de pequeñas donaciones y cuotas sociales. También se debe prestar atención en limitar los apoyos de corporaciones y del extranjero, así como a las donaciones individuales muy abultadas.
  5. Los candidatos y partidos deben tener un acceso equitativo a los medios de comunicación. Se deben establecer, aplicar y mantener criterios para alcanzar una cobertura mediática equilibrada e integridad de los medios. Estos deben jugar un papel independiente y crítico, tanto durante las elecciones como en el proceso político más amplio.
  6. La sociedad civil debe participar activamente en promover la legislación adecuada en el terreno del financiamiento político y en el control de las finanzas públicas y su impacto sobre la representación política.

HERNÁNDEZ RAMÍREZ, José Luis

©2004

Estudiante de Derecho en la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Adscrito a la Coordinación General Académica de la misma Institución.


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