Trabajo
Especial de Grado presentado como requisito para optar al Grado
de Especialista en Derecho Penal
Las Ciencias
Jurídicas, en su rama del derecho
procesal penal, es el área de estudio que comprende el
presente trabajo. La situación problemática se
encuentra en conocer cómo determinadas circunstancias o
situaciones, hacen que un hecho que se ajusta o enmarca en una
descripción legal no sea punible, y no
surja, por lo tanto, la responsabilidad penal, por resultar tal hecho
justificado, por ser ese hecho, a pesar de su apariencia
delictiva, conforme y no contrario objetivamente a las exigencias
de tutela del
ordenamiento jurídico. Dentro de este contexto, se
planteó como objetivo
analizar las causas de exclusión del delito como hecho
típico dañoso en el ordenamiento jurídico
venezolano. El contenido del principal soporte teórico
estuvo circundando temas relacionados con la legítima
defensa como causa de justificación en la
legislación penal venezolana, el análisis del cumplimiento de deber o el
ejercicio legítimo de un derecho como causa de
justificación y el estudio de la obediencia
legítima y debida, el exceso en la defensa y el estado de
necesidad como causas de justificación en la
legislación penal venezolana, apoyado en autores que
incluyen a Pérez (2002) y Arteaga (1998), como los
más importantes. La metodología escogida fue la del tipo
documental, el diseño
seleccionado fue el bibliográfico y el nivel de
planteamiento del estudio fue el descriptivo. La principal
conclusión se refiere a que el Juez debe analizar todas
las circunstancias con mucho detenimiento, para poder
determinar si se configuran las causas de justificación
del delito establecidas en el Código
Penal Venezolano. Entre las recomendaciones más
importantes, se destaca que es aconsejable una revisión de
la legislación y la doctrina referente a las causas de
justificación, específicamente, aquella relacionada
con la Legítima Defensa; asimismo, se recomienda una
reforma urgente del artículo 65 y relacionados, del
Código Penal Venezolano.
Tomando en cuenta la fase de la investigación prevista para el proceso penal
venezolano, es fundamental la certeza que debe formarse el
Fiscal del
Ministerio Público con respecto a todo aquello que rodea
el delito, y consecuencialmente al conocimiento
que del mismo llevará a la convicción del Juez de
Control.
Hace más de diez (10) décadas se
multiplicaron las teorías
para dar explicación sobre las causas de la criminalidad.
La realidad pareciera indicar que cada una de dichas
teorías contiene su parte en la verdad, sea
sociológica, de anormalidades individuales,
biológicas o antropológicas, razón por la
cual los criminólogos afirman que la criminalidad es
cambiante, que no tiene explicación ni contenido propio y
que la acción
de lucha contra el crimen se convierte en un problema
político de cada Estado.
El proceso penal actual no escapa a esa
problemática porque se buscan nuevas fórmulas,
sistemas
abreviados de enjuiciar, y asimismo se busca un cambio en el
sistema de la
punición, en razón de que el enjuiciamiento del
delincuente durante muchos años, no logró sus
finalidades, tanto del daño
cometido como de lo que se esperaba en respuesta del
delincuente.
Así, el proceso penal que ha entrado en vigencia
desea estar a la par de los procesos de
los países de gran tradición jurídica y al
efecto se han seguido las recomendaciones internacionales sobre
la materia, pero
ciertamente, al venir de un código procesal diametralmente
opuesto, de raíces predominantes formalistas y de investigaciones
sin intención de las partes y con gran influencia del
Estado, las nuevas fórmulas traen serias dificultades de
interpretación y, por otra parte, no
existen aun los centros o instituciones
públicas o privadas que faciliten la aplicación de
medidas y ejecución de las penas.
Muchas veces, una conducta
típica no necesariamente encuadra como una acción
delictiva, es decir, aun cuando se produce el supuesto de hecho
establecido en la norma, la manera en que el hecho acaeció
no implica la comisión de un delito. El Código
Penal Venezolano es el que se encarga de regular este tipo de
situaciones que dan lugar a la exclusión del delito como
hecho típico dañoso, es decir, como un hecho
típico que produce una lesión.
La problemática de estudio radica en el
análisis y comprensión de que la única
manera en que un hecho típico puede dejar de ser
dañoso, es decir, lesivo para la sociedad, es
cuando acaece bajo ciertas circunstancias que hacen al legislador
presumir que el delito no es tal. El legislador presume que no
hay acción delictiva cuando se obra cumpliendo su deber o
ejerciendo un derecho, el que obra en virtud de obediencia
legítima o debida, el que obra en defensa de su propia
persona o
derecho, y el que obra constreñido por la necesidad de
salvar su persona o la de otro, de un peligro grave e
inminente.
De allí la importancia y justificación del
presente trabajo, por cuanto el análisis del mismo
demuestra como estas situaciones, si cumplen con los extremos
requeridos por la ley, no llegan a
ser punibles, por cuanto la ley ampara al ejecutor porque
está consciente que el Estado no siempre es capaz de
brindar protección a las personas. Esto es una realidad
patente más que nunca hoy en día, con el aumento de
la delincuencia y
la disminución de la capacidad de respuesta de los cuerpos
policiales.
Para sustentar todo lo anterior, el soporte
teórico estuvo conformado por autores que incluyen a
Pérez (2002) y Arteaga (1998), desde cuyas perspectivas se
analizaron tópicos relacionados con las causas de
exclusión del delito como hecho típico
dañoso en el ordenamiento jurídico venezolano, la
legítima defensa como causa de justificación, el
cumplimiento de deber o el ejercicio legítimo de un
derecho como causa de justificación y el estudio de la
obediencia legítima y debida, el exceso en la defensa y el
estado de necesidad como causas de justificación en la
legislación penal venezolana.
La metodología escogida fue de tipo documental,
con diseño bibliográfico, utilizando para ello las
fichas, el
resumen, el análisis crítico, de contenido,
inductivo y deductivo de los documentos
consultados, desde una perspectiva descriptiva.
De manera que el manejo, la lectura y
comprensión del presente trabajo se haga más amena
al lector, el mismo se ha elaborado siguiendo los patrones
establecidos por las Normas para la
Elaboración, Presentación y Evaluación
de los Trabajos Especiales de Grado de la Universidad Santa
María (2001). De esta manera se encuentra estructurado en
cuatro (4) capítulos. El primero (I) enfoca la
contextualización y delimitación del problema de
investigación, las interrogantes del estudio, el objetivo
general y los específicos, la justificación e
importancia y el sistema de variables,
definido en sus sentidos conceptual y operacional. El segundo
capítulo (II), Marco
Teórico, muestra los
antecedentes relacionados con la investigación, así
como los aspectos resaltantes en el cumplimiento de los objetivos
específicos, con el análisis de los indicadores
dentro de las dimensiones requeridas por cada tópico. El
Capítulo tres (III), expone el respectivo Marco
Metodológico, referido al tipo y diseño de la
investigación y al procedimiento
utilizado para el manejo de las fuentes
documentales. El Capítulo cuarto (IV), de las Conclusiones
y Recomendaciones, da por terminada la investigación.
Finaliza la presentación del trabajo
escrito con la preparación preliminar de la Bibliografía, la cual
está conformada por cada uno de los autores consultados y
todas las leyes referidas
que dan sustento al Trabajo Especial de Grado.
CAPÍTULO I
Existen diversas situaciones que pueden concurrir
para excluir el delito en su aspecto objetivo, es decir,
como hecho típico dañoso. Tales
circunstancias impiden que se configure el hecho
ilícito penal en su aspecto objetivo. Ahora bien, el
delito como hecho humano típico y dañoso
puede resultar excluido, bien porque concurra alguna
circunstancia o situación que impida considerar el
hecho como humano, bien porque el hecho no corresponda al
tipo legal, o bien porque, aún existiendo tal
correspondencia, concurra una particular circunstancia que
justifique el hecho.Así, determinadas circunstancias o
situaciones hacen que un hecho que se ajusta o enmarca en
una descripción legal no sea punible, y no surja,
por lo tanto, la responsabilidad penal, por resultar tal
hecho justificado, por ser ese hecho, a pesar de su
apariencia delictiva, conforme y no contrario objetivamente
a las exigencias de tutela del ordenamiento
jurídico. Se pronuncia Binder (1993), en los
términos siguientes:De esta manera, ante un hecho involuntario, de un
animal o de una persona jurídica, no cabe hablar de
un hecho humano con significación para el Derecho
Penal; pero además, el hecho humano debe
ajustarse al modelo
legal, lo que no se dará cuando falta alguno de los
elementos del tipo o el hecho simplemente no se encuentra
descrito en la ley (aunque el sujeto puede obrar en la
creencia errónea de que el hecho es punible, como en
el caso del denominado delito putativo). (p. 89)El ordenamiento jurídico-penal, como ya se
ha señalado, tutela determinados valores
o intereses con la amenaza de una pena; pero a veces, la
propia ley, el propio ordenamiento jurídico, en
casos de conflicto, autoriza o permite que tales
intereses tutelados sean sacrificados para salvaguardar un
interés más importante o de
mayor valor.
En estos casos se está frente a las denominadas
causas de justificación, que hacen que el hecho se
considere secundum ius, y que derivan de todo el
ordenamiento jurídico (y no sólo de la ley
penal) entendiéndose que cuando concurren, el hecho
es lícito para todo el ordenamiento, no pudiendo
considerarse un hecho a la vez lícito e
incriminado.La doctrina, aparte de este fundamento de las
causas de justificación en el interés
preponderante, hace referencia también a la
fundamentación de dichas causas en la ausencia de
interés, esto es, al hecho o comprobación de
que el interés no exista, lo que se daría
básicamente en la causal consagrada expresamente en
muchos ordenamientos del consentimiento del
ofendido.Hay que señalar, en primer lugar, que el
Código Penal Venezolano no contempla esta causal
expresamente. Pero adicionalmente, debe precisarse que en
todos los casos en que la legislación hace
referencia explícita o implícitamente al
consentimiento del ofendido, tal circunstancia funciona
como un elemento del tipo que, en caso de darse,
excluiría el delito como hecho material
típico.Sin embargo, el consentimiento de la parte
lesionada no puede constituir una causa de
justificación, tomándose en cuenta que en un
sistema jurídico en que la ley penal es de orden
público y es el ministerio público el titular
de la acción penal, como lo es en el sistema
acusatorio venezolano, y la pena se impone por la sociedad,
no es posible derogar la ley por convenciones de los
particulares, lo que no implica desconocer que existen
delitos
que no se darían si hay consentimiento del ofendido,
impidiéndose que el delito mismo se configure o que
nazca como tal o, en otras palabras, que impiden que surja
el tipo delictivo, como sería el caso obvio de quien
permite a otro que tome una cosa que pertenece al primero,
en relación al hurto, o las relaciones carnales
consentidas entre mayores, en relación a la
violación. Evidentemente, en estos casos, pura y
simplemente, no hay delito.Dentro del contexto estudiado, cabe tener en
cuenta lo que afirma Arteaga (1998):A su vez, también se puede plantear otro
problema general que consiste en determinar si las causas
de justificación, a pesar de ser eminentemente
objetivas y traducirse en un comportamiento conforme a las exigencias del
ordenamiento jurídico, exigen o no que quien
actúe amparado por ellas, lo haga con una motivación justificativa, y no por
otras motivaciones, como lo sería, por ejemplo,
responder a una agresión ilegítima con
ánimo o por motivos de venganza contra el agresor y
no con ánimo de defensa. (p. 129)Ahora bien, algunos autores consideran que las
causas de justificación, a pesar de ser objetivas,
exigen esta referencia a la
motivación o al ánimo. Otros, niegan tal
exigencia, argumentando que el ordenamiento jurídico
para hacer posible la vida comunitaria no puede hacer
depender su intervención de las más
íntimas motivaciones de los individuos,
transformándose en una religión. En relación a la ley
venezolana, sólo se puede señalar que no hay
referencia expresa a tal requisito y que la
expresión, por ejemplo, del artículo 65, en
defensa, sólo constituye, una referencia objetiva a
la exigencia de que se trate de una verdadera defensa y no
de una defensa putativa.La legítima defensa en el ordenamiento
jurídico venezolano responde entonces a criterios
objetivos, sin embargo, un gran porcentaje de ciudadanos
venezolanos a pesar de tener conocimiento de los medios
legales que les permiten rechazar un ataque
ilegítimo a sus personas o a sus propiedades,
desconocen los criterios y condiciones por medio de los
cuales se maneja esta institución del Derecho
penal.Esto, porque la legítima defensa representa
una de las causas de justificación por excelencia en
el ordenamiento jurídico venezolano, sin embargo,
existen otras de ellas susceptibles de ser abordadas en la
presente investigación, por lo cual se plantea el
cuestionamiento de cuáles son esas causales de
exclusión.- Contextualización y Delimitación del
Problema– ¿Cuáles son las causas de
exclusión del delito como hecho típico
dañoso en el Ordenamiento Jurídico
Venezolano?– ¿En qué consiste la
Legítima Defensa como causa de justificación
en la Legislación Penal Venezolana?– ¿En qué consiste el Cumplimiento
de Deber o el Ejercicio Legítimo de un Derecho como
causa de justificación en el Ordenamiento Penal
Venezolano?– ¿Cómo se configura la Obediencia
Legítima y Debida y la Omisión por Causa
Legítima como causas de justificación en la
Legislación Penal Venezolana? - Interrogantes de la
InvestigaciónAnalizar las causas de exclusión del
delito como hecho típico dañoso en el
Ordenamiento Jurídico Venezolano.- Objetivo General
- Objetivos Específicos
– Determinar las causas de exclusión del
delito como hecho típico dañoso en el
Ordenamiento Jurídico Venezolano.– Definir la Legítima Defensa como causa de
justificación en la Legislación Penal
Venezolana.– Analizar el cumplimiento de Deber o el Ejercicio
Legítimo de un Derecho como causa de
justificación en el Ordenamiento Penal
Venezolano.– Verificar la Obediencia Legítima y
Debida, el Exceso en la Defensa y el Estado de Necesidad
como causas de justificación en la
Legislación Penal Venezolana. - Objetivos de la
Investigación - Justificación
El Código Orgánico Procesal Penal atribuye
el ejercicio de la acción penal al Ministerio
Público, excluyendo por tanto casi en su totalidad la
acción popular. No obstante, por razones de política criminal y
en consideración al bien jurídico que resulta
lesionado con la comisión del delito, el legislador ha
delegado para ciertos casos, en el particular ofendido, el
ejercicio de la acción. Afirma Pérez (2002)
que:
Sin embargo, el deber del Ministerio Público de
acusar en cualquier caso que le competa por la comisión
de un delito, no siempre debe ser cumplido. Existen algunos
casos donde el Fiscal debe abstenerse de formular la
acusación porque se producen excepciones a la regla que
lo obliga a acusar. Estas excepciones se dan cuando puede
aplicarse un criterio de oportunidad, cuando el sospechoso es
inimputable por causa de enfermedad mental o cuando concurre
una causa de justificación. (p. 115)
Cuando se presenta esta situación en que
concurran ciertas causas de justificación, se está
en presencia de un conflicto de intereses que se plantea en unas
determinadas circunstancias, donde el interés del agredido
debe prevalecer sobre el interés del agresor injusto, en
las condiciones y con las limitaciones que la ley
establece.
En efecto, el artículo 65 del Código Penal
Venezolano es el que consagra las causas de justificación
o circunstancias eximentes de la responsabilidad penal de la
siguiente manera:
Artículo 65. No es punible:
- El que obra en cumplimiento de un deber o en el
ejercicio legítimo de un derecho, autoridad,
oficio o cargo, sin traspasar los límites
legales. - El que obra en virtud de obediencia legítima y
debida. En este caso, si el hecho ejecutado constituye delito
o falta, la pena correspondiente se le impondrá al que
resultare haber dado la orden ilegal.- Agresión ilegítima por parte del
que resulta ofendido por el hecho. - Necesidad del medio empleado para impedirla o
repelerla. - Falta de provocación suficiente por parte
del que pretenda haber obrado en defensa
propia.
Se equipara a la legítima defensa el hecho
con el cual el agente, en el estado de incertidumbre, temor o
terror traspasa los límites de la defensa. - Agresión ilegítima por parte del
- El que obra en defensa de su propia persona o
derecho, siempre que concurran las circunstancias
siguientes: - El que obra constreñido por la necesidad de
salvar a su persona, o la de otro, de un peligro grave o
inminente, al cual no haya dado voluntariamente causa, y que no
pueda evitar de otro modo.
El problema de las causas de justificación en el
Ordenamiento Jurídico Venezolano tiene una serie de
aristas a través de las cuales puede integrarse su
comprensión. Uno de los problemas a
los cuales se buscaría solución es al del
desconocimiento de las condiciones que configuran la
legítima defensa en la legislación penal
venezolana. Pero la legítima defensa no es la única
de las causas de justificación, de hecho, el ordinal
1° del artículo 65 consagra, entre dichas causas,
aquella referida al que obra en cumplimiento de un deber o en
ejercicio legítimo de un derecho.
El segundo de estos ordinales del artículo 65
señala que no es punible quien obra en virtud de
obediencia legítima y debida. El ordinal 3° es el que
consagra la legítima defensa, el aparte único
establece el exceso en la defensa en estado de incertidumbre,
temor o terror, y el último de los ordinales consagra el
llamado estado de necesidad.
Otro de los problemas a resolver es el de la
determinación del criterio objetivo necesario para la
apreciación de las causas de justificación, siendo
evidente que este es el criterio que se maneja en la
legislación penal venezolana, pero teniendo en cuenta al
mismo tiempo que
también es importante la interpretación
jurisprudencial de este punto.
Al mismo tiempo, el presente trabajo de
investigación tiene una gran importancia en
relación con los criterios de aplicación del
derecho, por lo que puede resultar de gran utilidad para
todos aquellos practicantes en su ejercicio legal. Además
el análisis jurisprudencial puede aportar luces en cuanto
a la aplicación de las normas en
cuestión.
Por estas razones, por la cantidad de material
documental que es capaz de aportar, y por la utilidad que puede
tener para todos aquellos estudiantes, docentes,
investigadores y profesionales del Derecho, se justifica la
elaboración del presente trabajo de
investigación.
La definición conceptual de la variable
viene dada por el sentido que el autor pretende dar a
los términos de la investigación.
Según la selección de los términos
utilizados y el significado, representa, a su vez, de
manera sintetizada, cada objetivo específico
planteado en la investigación. Esta
definición implica un concepto claro y extremadamente ajustado
a los objetivos específicos de la
investigación, esto, para evitar que se originen
ambigüedades, distorsiones y discusiones
terminológicas. Es la parte teórica de la
variable (Sabino, 1992).Para el presente estudio, las medidas que
tomarán las unidades de análisis
tendrán un tratamiento particularmente
teórico, crítico, analítico, por
aplicar el presente estudio dentro de un proceso
documental con un diseño bibliográfico, y
para lo cual las técnicas del resumen
analítico y análisis crítico de la
información, serán las
estrategias que servirán para el
tratamiento de los datos consultados.A continuación se presenta, en el
Cuadro 1, la identificación y definición
de las variables correspondientes a la presente
investigación, con su correspondiente
definición conceptual.Cuadro 1
Identificación y Definición
de las VariablesOBJETIVO
ESPECÍFICOVARIABLE
DEFINICIÓN
CONCEPTUAL
Determinar las Causas de
Exclusión del Delito como Hecho
Típico Dañoso en el Ordenamiento
Jurídico Venezolano.Causas de Exclusión del Delito
como Hecho Típico DañosoSon aquellas circunstancias que excluyen
la responsabilidad porque justifican al autor del
hecho punible.Definir la Legítima Defensa como
Causa de Justificación en la
Legislación Penal Venezolana.Legítima Defensa como Causa de
JustificaciónEs la más conocida de las causas
de justificación, establecida en el
ordinal 3° del artículo 65 del
Código Penal.Analizar el Cumplimiento de Deber o el
Ejercicio Legítimo de un Derecho como
Causa de Justificación en el Ordenamiento
Penal Venezolano.Cumplimiento de Deber o el Ejercicio
Legítimo de un Derecho como Causa de
JustificaciónEs la causa de justificación
consagrada en el ordinal 1° del
artículo 65 del Código Penal
Venezolano.Verificar la Obediencia Legítima
y Debida, el Exceso en la Defensa y el Estado de
Necesidad como Causas de Justificación en
la Legislación Penal
Venezolana.Obediencia Legítima y Debida, el
Exceso en la Defensa y el Estado de Necesidad
como Causas de JustificaciónCausales establecidas en los ordinales
2, en el aparte único y en ordinal 4°
del artículo 65 del Código
Penal.Fuente: Elaborado por el autor (2003),
según Manual USM (2001)- Definición Conceptual
- Definición
Operacional
- Sistema de Variables
Según se entiende del Manual de Normas para la
Elaboración, Presentación y Evaluación de
los Trabajos Especiales de Grado de la Universidad Santa
María (2001), la definición operacional consiste en
sintetizar las variables en aspectos más sencillos que
permitan la máxima aproximación para poder medirla.
Tales aspectos son las dimensiones que representan el área
de conocimiento, los indicadores que son el objeto de
análisis en la investigación, y de ser necesario
los sub-indicadores, que para el presente caso no hicieron
falta.
Se entiende de lo anterior que esto implica el
análisis de las variables desde su más elemental
nivel característico, el cual permite la
clasificación, la identificación pormenorizada de
los aspectos y detalles de funcionamiento y dimensión
real, en determinado contexto ideológico; esto, posibilita
desglosarla en elementos más reducidos llamados
dimensiones e indicadores según la necesidad ilustrativa y
analítica del investigador.
Cuadro 2
Operacionalización de las
Variables
VARIABLE | DIMENSIÓN | INDICADOR |
Causas de Exclusión del Delito como Hecho | -Doctrinaria | -Antijuricidad Objetiva -Las Causas de Justificación |
Cuadro 2 (Cont.)
VARIABLE | DIMENSIÓN | INDICADOR |
Legítima Defensa como Causa de | -Jurídica | -Elementos Esenciales de la Legítima -Condiciones de la Legítima |
Cumplimiento de Deber o el Ejercicio | -Jurídica | -El Deber como Causa de -Interpretación de la Doctrina -Uso de la Fuerza |
Obediencia Legítima y Debida, el Exceso en | -Jurídica | -Obediencia Legítima y Debida -Exceso en la Defensa -Estado de Necesidad |
Fuente: Elaborado por el autor (2003), según
Manual USM (2001)
CAPÍTULO II
2.1 Antecedentes Relacionados con la
Investigación
Entre los trabajos consultados se encuentra el de Araujo
(2003), titulado La Legítima Defensa en el Ordenamiento
Jurídico Venezolano, presentado ante la Universidad Santa
María como requisito indispensable para optar al
Título de Especialista en Derecho Penal. El objetivo
general de dicha investigación fue Analizar la Importancia
de La Legítima Defensa en el Ordenamiento Jurídico
Venezolano.
La Legítima Defensa es una institución de
gran importancia en el Derecho Penal, y se encuentra consagrada
en el artículo 65 del Código Penal Venezolano. La
Legítima Defensa requiere que se produzca la
configuración de una serie de factores para que pueda
constituirse como una causa de exclusión del delito como
hecho típico y dañoso.
La principal conclusión mencionó que estos
requisitos para que se configure la Legítima Defensa
están referidos a la defensa necesaria ante una
agresión ilegítima, actual o inminente, que no haya
sido suficientemente provocada, e incluso, se describió la
llamada Legítima Defensa de Terceros y sus
particularidades según lo establecido en el Código
Penal.
Otro de los trabajos consultados fue el de Duque (2003),
intitulado La Necesidad de la Defensa en el Ordenamiento
Jurídico Venezolano, presentado ante la Universidad Santa
María como requisito indispensable para optar al
Título de Especialista en Derecho Penal. El objetivo
general de la investigación fue Analizar la Necesidad de
la Defensa en el Ordenamiento Jurídico
Venezolano.
El Código Penal venezolano hace referencia, como
segundo requisito, a la necesidad del medio empleado para impedir
o repeler la agresión. Esta exigencia debe entenderse en
el sentido de la necesidad de la defensa, de la manera de
defenderse y de la necesidad de la reacción defensiva a
los fines de la misma.
Se entiende que la reacción es necesaria cuando
ella es imprescindible a los fines de la defensa, pero tal
extremo no puede entenderse, en el sentido de que se dé
tal necesidad con la sola referencia a que el sujeto que
reacciona o se defiende no tuviese otro medio para proteger el
bien, quedando justificada su conducta.
Como principal conclusión, el autor
mencionó que la necesidad de la defensa se impone cuando
el ataque ilegítimo libera el derecho de utilizar todos
los medios al alcance para poner en práctica una defensa
eficaz y oportuna. Es aquí donde se verifica el verdadero
sentido del derecho a la defensa consagrado en el Código
Penal.
El último de los trabajos consultados fue el de
Alfonso (2002), titulado El Delito como Hecho Dañoso y
Objetivamente Antijurídico en el Derecho Penal Venezolano,
presentado ante la Universidad Santa María como requisito
indispensable para optar al título de Especialista en
Derecho Penal. El objetivo general de la investigación fue
Analizar el Delito como Hecho Dañoso y Objetivamente
Antijurídico.
No es suficiente para que se configure el delito en su
objetividad que el hecho humano sea típico, esto es,
conforme a un tipo descrito en la norma penal. Además de
típico, el hecho tiene que ser dañoso y
objetivamente antijurídico, lo cual implica la
valoración del hecho como contrario a la norma en el
sentido de tratarse de un hecho lesivo del interés o bien
jurídico protegido.
La principal conclusión mencionó que tal
valoración es diversa de la afirmación del carácter típico del hecho. La
afirmación del carácter típico no implica la
valoración del hecho como objetivamente
antijurídico, aunque ya es un indicio de tal antijuricidad
objetiva o aspecto objetivo de la antijuricidad. Al afirmar la
dañosidad del hecho, se establece la formulación de
un juicio acerca del carácter lesivo del hecho.
2.2 Causas de Exclusión del Delito como Hecho
Típico Dañoso
No hay diferencia desde un punto de vista natural, entre
un homicidio en
legítima defensa y un homicidio premeditado, ya que, en
ambos casos, lo que se percibe en la realidad es la
causación de la muerte de
un hombre, pero
en un caso se dice que el hecho es lícito y en el otro que
es ilícito o lesivo en relación a las exigencias de
la norma que tutela determinados intereses.
2.2.1 Antijuricidad Objetiva
Por lo tanto se dice que el hecho es dañoso u
objetivamente antijurídico cuando contrasta con las
exigencias o intereses tutelados por la norma y puede, por lo
tanto, valorarse como un hecho lesivo. Afirma Manzini (1952)
que:
El contenido del delito, en su aspecto objetivo,
está dado por la lesión al bien jurídico
protegido, lo cual se expresa haciendo referencia al
daño o al peligro inherente al delito. El daño
consiste en la lesión efectiva al bien jurídico
tutelado, en tanto que el peligro es el daño potencial o
la posibilidad del daño y, ambos conceptos son puramente
normativos. Lo que existe en la realidad es una acción o
un resultado que se valoran como dañosos o peligrosos. Y
no puede confundirse el daño o peligro con el resultado
del delito o con el comportamiento. El concepto del
daño, y también del peligro, que es una especie
del daño, es el resultado de una valoración
referida a un determinado resultado, consecuencia de una
acción humana, o a un comportamiento típico en
relación al interés de la norma protege. (p.
221)
Esta consideración del delito como hecho
dañoso, constituye lo que algunos autores denominan
antijuricidad objetiva y que, en realidad debería
denominarse aspecto objetivo de la antijuricidad.
En tal sentido, se tiene que diversas situaciones pueden
concurrir para excluir el delito en su aspecto objetivo, como
hecho típico dañoso. Tales circunstancias impiden
que se configure el hecho ilícito penal en su aspecto
objetivo.
Ahora bien, el delito como hecho humano típico y
dañoso puede resultar excluido, bien porque concurra
alguna circunstancia o situación que impida considerar el
hecho como humano, bien porque el hecho no corresponda al tipo
legal, o bien porque, aún existiendo tal correspondencia,
concurra una particular circunstancia que justifique el
hecho.
De tal manera, ante un hecho involuntario de un animal o
de una persona jurídica, no cabe hablar de hecho humano
con significación para el Derecho Penal; pero
además, el hecho humano debe ajustarse al modelo legal, lo
que no se dará cuando falta alguno de los elementos del
tipo o el hecho simplemente no se encuentra descrito en la
ley.
2.2.2 Las Causas de
Justificación
Determinadas circunstancias o situaciones hacen que un
hecho que encuadra en una descripción legal no sea punible
y no surja, por lo tanto, la responsabilidad penal, por resultar
tal hecho justificado, por ser ese hecho, a pesar de su
apariencia delictiva, conforme y no contrario objetivamente a las
exigencias de tutela del ordenamiento jurídico. El
ordenamiento jurídico-penal, tutela determinados valores o
intereses con la amenaza de una pena; pero a veces, la propia
ley, el propio ordenamiento jurídico, en casos de
conflicto, autoriza o permite que tales intereses tutelados sean
sacrificados para salvaguardar un interés más
importante o de mayor valor (como el interés del agredido
frente al interés del agresor en la legítima
defensa). Según Bettiol (1973):
Aquí es donde pueden encontrarse las llamadas
causas de justificación, que hacen que el hecho se
considere secundum ius, y que derivan de todo el ordenamiento
jurídico y no sólo de la ley penal,
entendiéndose que cuando concurren, el hecho es
lícito para todo el ordenamiento, no pudiendo
considerarse un hecho a la vez lícito e incriminado. (p.
90)
La doctrina hace referencia, además de este
fundamento de las causas de justificación en el
interés preponderante, hace referencia también a la
fundamentación de dichas causas en la ausencia de
interés, esto es, al hecho o comprobación de que el
interés no exista, lo que se daría
básicamente en la causal consagrada expresamente en muchos
ordenamientos del consentimiento del ofendido. Hay que
señalar, en primer lugar, que el ordenamiento
jurídico venezolano no contempla esta causal expresamente.
Pero además, debe precisarse que en todos los casos en que
la legislación venezolana hace referencia explícita
o implícitamente al consentimiento del ofendido, tal
circunstancia funciona como un elemento del tipo que, en caso de
darse, excluiría el delito como hecho material
típico.
De esta manera, el consentimiento de la parte lesionada
no puede constituir una causa de justificación,
tomándose en cuenta que en un sistema jurídico en
que la ley penal es de orden público y la pena se impone
por la sociedad, no es posible derogar la ley por convenciones de
los particulares, lo que no implica desconocer que existen
delitos que no se darían si hay consentimiento del
ofendido, impidiéndose que el delito mismo se configure o
nazca como tal o, en otras palabras, que impiden que surja el
tipo delictivo, como sería el caso obvio de quien permite
a otro que tome una cosa que pertenece al primero, en
relación al hurto, o las relaciones carnales consentidas
entre mayores, en relación a la violación.
Evidentemente, en estos casos no hay delito.
Ahora bien, algunos autores consideran que las causas de
justificación, a pesar de ser objetivas, exigen esta
referencia a la motivación o al ánimo. Otros, niegan
tal exigencia, argumentando que el ordenamiento jurídico
para hacer posible la vida comunitaria no puede hacer depender su
intervención de las más íntimas motivaciones
de los individuos transformándose en una religión.
En relación a la ley positiva venezolana, sólo se
puede mencionar que no hay referencia expresa a tal requisito, y
que la expresión en defensa, sólo constituye una
referencia objetiva a la exigencia de que se trate de una
verdadera defensa y no de una defensa putativa.
2.3 Legítima Defensa como Causa de
Justificación
La institución de la Legítima Defensa se
encuentra consagrada en el Título V, del Libro Primero
del Código Penal Venezolano, que trata sobre la
responsabilidad penal y de las circunstancias que la excluyen,
atenúan o agravan, y el artículo que la establece
específicamente es el 65:
No es punible:
- El que obra en cumplimiento de un deber o en el
ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o
cargo, sin traspasar los límites legales. - El que obra en virtud de obediencia legítima y
debida. En este caso, si el hecho ejecutado constituye delito
o falta, la pena correspondiente se le impondrá al que
resultare haber dado la orden ilegal.i Agresión ilegítima por parte del que
resulta ofendido en el hecho.ii Necesidad del medio empleado para impedirla o
repelerla.iii Falta de provocación suficiente de parte
del que pretenda haber obrado en defensa propia.Se equipara a la legítima defensa el hecho
con el cual el agente, en el estado de incertidumbre, temor o
terror traspasa los límites de la defensa. - El que obra en defensa de su propia persona o
derecho, siempre que concurran las circunstancias
siguientes: - El que obra constreñido por la necesidad de
salvar su persona o la de otro, de un peligro grave e
inminente, al cual no haya dado voluntariamente causa, y que no
pueda evitar de otro modo.
Está claro que todo individuo
tiene derecho a rechazar con la fuerza la agresión injusta
contra sus bienes o
valores cuando el Estado no puede acudir en su defensa. El hombre, por
una exigencia natural tiende a repeler o a impedir la
agresión injusta. Esta exigencia es recogida por la
ética;
y el derecho, al proteger los bienes y valores del ser humano en
sus relaciones con los demás miembros de la sociedad, no
puede menos que reconocer tal exigencia constitutiva del
ejercicio de un derecho y que, por lo tanto, justifica que el
propio sujeto, cuando el Estado no puede intervenir para
protegerlo contra las injustas agresiones, pueda reaccionar, con
las debidas limitaciones, sin que pueda obligársele a
padecer la ofensa, lo que implicaría consagrar y avalar
una injusticia.
En definitiva, se trata de un conflicto de intereses que
se plantea en determinadas circunstancias, en el cual el
interés del agredido debe prevalecer sobre el
interés del agresor injusto, en la extensión y con
las limitaciones que la ley impone.
2.3.1 Elementos Esenciales de la Legítima
Defensa
Tratando ahora de fijar una noción que contenga
los elementos esenciales en la legítima defensa de acuerdo
a la legislación venezolana, se puede decir que por ella
se entiende la defensa necesaria ante una agresión
ilegítima, actual o inminente, que no haya sido
suficientemente provocada.
Entonces, según la fórmula establecida por
el Código Penal Venezolano, queda amparado por la
Legítima Defensa quien obra en defensa de su propia
persona o derecho. En primer lugar, debe mencionarse que, en
cuanto a la extensión de la legítima defensa, el
Código la restringe a la defensa propia, ya que a partir
del Código Penal de 1915, la defensa legítima de
parientes y de extraños, la cual se encontraba
expresamente regulada en los códigos penales venezolanos
anteriores, según el modelo español.
En este sentido, los eximios juristas venezolanos
Mendoza y Chiossone han propuesto, para salvar esta dificultad,
que esta defensa legítima de parientes y extraños o
auxilio necesario quedaría comprendida en el estado de
necesidad consagrado en el ordinal 4° del artículo 65.
Sin embargo, el autor es de la opinión de que la defensa
de terceros bien puede incluirse dentro del supuesto del ordinal
1° del artículo 65, el cual se refiere a quien obra en
ejercicio legítimo de un derecho. En efecto, la
Legítima Defensa constituye el ejercicio de un derecho que
deriva de la protección acordada por el ordenamiento
jurídico a bienes o valores del individuo que vive en
sociedad. De tal protección a determinados bienes o
valores, derivan poderes o derechos para sus titulares,
cuyo ejercicio implica también que el sujeto pueda tutelar
preventivamente tales derechos por sus propios medios, cuando el
Estado no puede acudir en su defensa, siempre que se den
determinadas condiciones. Sin embargo, esta facultad que
corresponde en principio al titular del derecho en peligro, puede
también ser ejercida por otro que acuda en su auxilio
cuando el titular se encuentre frente a una agresión
injusta y la necesidad impone su defensa.
Teniendo en cuenta los bienes que caben en la
Legítima Defensa, el Código Penal señala que
ésta se extiende a la persona y a sus derechos. Se acoge,
pues, una fórmula amplia, según la cual, cabe la
posibilidad de defender no sólo la vida y la integridad
física,
sino también la libertad, el
pudor, el honor, el patrimonio y,
en general, todo derecho. Sin embargo, no han faltado quienes
pongan en duda la legitimidad de la defensa del honor y el
patrimonio. Según Arteaga (2002):
Es procedente la Legítima Defensa del
patrimonio siempre y cuando se llenen los requisitos pautados
por el artículo 65 del Código Penal, y no
sólo cuando concurren las circunstancias que
señala el artículo 425, al tratar el caso
específico de la defensa contra el ladrón
nocturno. Este último caso contemplado en dicha
disposición, constituye una presunción iuris
tantum de legítima defensa, al establecerse que cuando
un individuo defiende sus bienes contra los autores del
escalamiento, fractura o incendio de su casa o de otros
edificios habitados o de su dependencia, si el hecho ocurre de
noche o en sitio aislado, de tal suerte que los habitantes de
la casa, puedan sentirse realmente amenazados en su seguridad
personal, no
incurrirá en responsabilidad penal, o como dice el
código, no será punible por las lesiones o
muertes causadas. (p. 56)
Se trata, pues, de un supuesto específico de
Legítima Defensa, en que se justifica inclusive la
muerte o
lesiones al defender los bienes, por el peligro que para las
personas que representa el hecho que se realiza en las
mencionadas circunstancias. Estas, hacen presumir el peligro a
las personas, y, por lo tanto, que existe una agresión y
que hay necesidad de repelerla o de impedirla aún con
medios extremos.
2.3.2 Condiciones de la Legítima
Defensa
Luego de los señalamientos anteriores, es
necesario analizar las condiciones o requisitos exigidos por la
ley para que se configure la causa de justificación
conocida como Legítima Defensa. La primera de las
circunstancias es descrita en el Código Penal Venezolano
como "agresión ilegítima por parte del que resulta
ofendido por el hecho".
La palabra agresión, utilizada por la ley, ha de
entenderse en el sentido amplio de una conducta que constituye un
ataque o una ofensa a la persona o derechos de otro, y precisando
más, de acuerdo a lo que exige el Código Penal, una
conducta o comportamiento del hombre que se traduce en una ofensa
o ataque verdadero, actual o inminente a la persona o derechos de
otro.
De esta manera, comprendiendo de manera amplia el
concepto de agresión, no se limita a su
significación restringida de acontecimiento físico
o material de la persona, de vías de hecho, ya que
también se pueden defender otros derechos además de
la vida y la integridad física.
Sin embargo, a pesar de lo señalado, predomina en
la jurisprudencia
nacional la concepción restringida que equipara la
agresión al acontecimiento físico,
habiéndose negado, por ejemplo, que las simples palabras o
injurias constituyan una agresión. En este sentido, una
sentencia de la Sala de Casación Penal del 24 de octubre
de 1982, citada por Chacón (2000), señala
que:
La necesidad del medio empleado debe ser proporcional
a la agresión ilegítima. No toda agresión
tiene igual jerarquía ni puede desencadenar
justificadamente una acción homicida. La agresión
ilegítima puede ir desde una leve molestia hasta una
agresión de tal entidad que comprometa la vida de quien
pretenda haber obrado en legítima defensa.
Otra decisión más reciente, de 1992,
también de la antigua Corte Suprema de Justicia,
citada por Chacón (2000) señala que:
La situación de riña en que dos personas
se colocan voluntariamente, aunque de la víctima haya
partido la primera agresión, excluye el concepto
jurídico de legítima defensa, pues ya el objeto
del que hiere o mata no es simplemente rechazar o impedir una
ilegítima agresión sino pelear y causar
daño al contrario; quien acepta la riña, acepta
también todos los accidentes
que en tal cuestión de fuerza puede
sobrevenir.
La legítima defensa y la riña cuerpo a
cuerpo tienen de semejante que en ambas hay agresión y,
por consiguiente, defensa, y se diferencian principalmente en
que en la primera el autor de la muerte, de la lesión o
el daño, va obligado a la lucha, impelido por la
necesidad de defender su vida o sus derechos, sin ningún
otro medio ambiental y humano de alcanzarlo; es decir, en
términos generales, hay uno totalmente culpable y otro
totalmente inocente. Y por eso, es causal eximente de toda
responsabilidad y pena; en tanto que en el segundo, o
riña cuerpo a cuerpo, no hay ninguno exento de toda
culpa, pues se provoca y se acepta en una de las tantas formas
en que puede originarse un lance entre dos personas. (p.
159)
Entonces queda más o menos claro que, en el
criterio judicial, debe aparecer una agresión que casi
obligatoriamente debe ser corporal y de tal peligrosidad que
comprometa la vida de la persona agredida.
Se discute, además, en la doctrina, si una
omisión puede constituir una agresión. Al respecto,
se sostiene que también un omitir puede representar un
ataque a intereses ajenos cuado se tiene la obligación de
actuar, como en el caso del carcelero que no pone en libertad a
un recluso.
En cuanto a las características de la
agresión, hay que aclarar que debe ser real, provenir de
un ser humano, ser actual e inminente, y ser ilegítima. Si
sólo se da una agresión aparente que engaña
al presunto agredido que reacciona por su error, sólo
habrá defensa putativa, que no es causa de
justificación sino de inculpabilidad.
Si el hecho proviene de un animal, tampoco puede
considerarse agresión, ya que no puede ser calificado tal
hecho de conducta ni considerarse ilegítimo. Pero cuando
el animal es utilizado por el hombre, cabe la legítima
defensa contra éste; de otra manera sólo puede
alegarse estado de necesidad. Asimismo, no se considera
agresión la que no proviene del hombre como tal, la que no
constituye un comportamiento voluntario. La reacción, de
este caso, sólo podría estar amparada por la
necesidad.
Se requiere también la actualidad o inminencia en
la agresión. Tal exigencia deriva de la naturaleza
misma de la legítima defensa y de la segunda
condición que establece el Código Penal Venezolano,
cuando hace referencia a la necesidad del medio para impedir o
repeler la agresión. No cabe, por lo tanto, la
legítima defensa contra una agresión pasada, ni
contra una agresión posible en un futuro que no tenga las
características de la inminencia.
Sin embargo, debe tenerse presente que la
agresión puede perdurar o prolongarse en el tiempo (como
en los delitos permanentes) y facultar la defensa o aún,
habiéndose consumado, existir un peligro inmediato para la
persona o sus derechos, que legitima la reacción
defensiva.
Finalmente, se plantea que la agresión sea
ilegítima, esto es, sin derecho, contraria a derecho,
aunque no se exige que sea delictiva. No hay así
legítima defensa contra quien actúa en
legítima defensa o en cumplimiento de un deber o en
ejercicio de un derecho. Pero sí hay legítima
defensa contra la acción del inimputable o del
inculpable.
El Código Penal Venezolano hace referencia, como
segundo requisito para la configuración de la
Legítima Defensa, a la necesidad del medio empleado para
impedir o repeler la agresión. A pesar del sentido
instrumental de la expresión utilizada por la ley, al
referirse al medio, esta exigencia debe entenderse en el sentido
de la necesidad de la reacción defensiva a los fines de la
defensa. Afirma Delitala (1930) que:
Se trata entonces de que la reacción defensiva
se exija objetivamente para repeler el ataque y que sea
adecuada a tal fin. Ahora bien, se entiende que la
reacción es necesaria cuando ella es imprescindible a
los fines de la defensa, pero tal extremo no puede entenderse
en el sentido que se dé tal necesidad con la sola
referencia a que el sujeto que reacciona o se defiende no
tuviese otro medio para proteger el bien, quedando justificada
su conducta si ello es así. Para apreciar la necesidad
se impone acercarse a la imprescindibilidad, pero
relacionándola por la cuantía del bien
jurídico que se tutela, en forma tal que no
habría necesidad cuando para proteger un bien
insignificante se sacrifica otro notablemente superior. (p.
66)
De esta manera, para verificar la existencia de este
extremo, debe tomarse en cuenta un criterio que se apoye en la
imprescindibilidad de la reacción o en la imposibilidad de
salvar el bien por otros medios, en la naturaleza del ataque o
del daño que amenaza a los bienes jurídicos y en la
entidad y naturaleza de éstos.
Por supuesto, tales elementos deberán ser
apreciados en los casos concretos de acuerdo a las
circunstancias, debiendo advertirse, en cuanto a la
imprescindibilidad de la reacción o referencia a la
posibilidad o imposibilidad de salvar el bien por otros medios
diversos a la reacción violenta, que no se trata de una
imprescindibilidad absoluta, en forma tal que se niegue la
legítima defensa por falta de necesidad cuando el sujeto
podía salvar el bien de otra manera. Aún en este
caso, cuando además de la reacción existen otras
posibilidades de salvación del bien, puede ser
lícita la reacción; pero no lo será, en
general, cuando existan otras vías más expeditas,
más fáciles y con razonable seguridad de éxito.
Pero además de necesaria en los términos
analizados, la defensa debe ser proporcional, es decir, la
reacción defensiva debe ser adecuada, proporcional al
ataque: la defensa debe ejercerse guardando la debida
proporción con el ataque. Este requisito, es
complementario de la necesidad y, aunque no figura expresamente
enunciado en el artículo 65 del Código Penal, se
desprende de lo dispuesto en el artículo 66, donde se
alude al exceso en la defensa, caso en el cual, precisamente,
dada la necesidad de la reacción, lo que falta es la
debida proporción, exigencia que se refiere,
fundamentalmente, al quantum de la reacción, lo que hace
posible, que pueda plantearse el problema del exceso
defensivo.
Dentro de este contexto debe recalcarse, en orden a
evitar confusiones, que una cosa es la necesidad y otra la
proporción. La proporción supone la necesidad, pero
no a la inversa, en forma tal que siendo necesaria la defensa,
puede darse el exceso por desproporción de los medios
empleados para lograrla. Viene al caso una sentencia de la Sala
de Casación Penal de nuestro máximo Tribunal de
Justicia, citada por Chacón (2000) menciona
que:
Lo exigido en segundo término para la
existencia de la legítima defensa, tiene como rasgo
esencial, la necesidad, es decir carácter de
imprescindible, e implica proporcionalidad con la
agresión. Si se puede rechazar con la voz una
agresión, no se justifica el empleo de
recursos
más poderosos y violentos; si se puede rechazar con la
mano o mediante la lucha personal otra agresión, tampoco
se justifica el empleo de armas y la
verificación de acciones
homicidas. La correspondencia entre el medio y la
agresión tiene por base el principio jurídico
moral en
virtud del cual no se puede sacrificar un bien superior por
defender uno inferior. Ejemplo clásico que demuestra lo
absurdo de la tesis
contraria lo constituye el caso de quien por defender las
manzanas del jardín dispara e hiere o mata a niños
que pretendían hurtarlas. (p. 41)
Ahora bien, es necesario aclarar que la
proporción entre la reacción y el ataque no implica
una valoración que deba hacerse con criterios de
equivalencia matemática, sino tomando en cuenta las
circunstancias específicas del caso concreto. Hay
que señalar, finalmente, que la reacción defensiva
debe ejercerse contra el agresor, no quedando cubierta por ella
la lesión a terceros inocentes.
Entonces, para que la defensa sea legítima se
requiere, en tercer lugar, que quien pretende haber obrado en
defensa propia no haya provocado suficientemente la
agresión.
De acuerdo a esta exigencia, se requiere que el sujeto
que alega la defensa legítima no haya sido la causa
proporcionada de la agresión, que no haya incitado o
provocado él mismo, en forma suficiente o adecuada, la
agresión. Si el sujeto ha provocado la agresión,
pero no suficientemente, subsiste la posibilidad de la
legítima defensa.
Este requisito, específico del Código
Penal Venezolano, exige algunas aclaratorias. El concepto de
provocación no puede ser entendido en el sentido meramente
objetivo de la simple realización de una acción que
motive o explique de alguna manera la agresión, sino en un
sentido subjetivo que implica la falta de inocencia del autor, la
cual debe estimarse en cada caso, según las
circunstancias.
Ahora bien, se puede decir que la provocación
carece de inocencia cuando el sujeto determina maliciosamente la
agresión o simplemente la busca o por lo menos la acepta,
o se comporta conscientemente en forma tal de excitarla. Pero el
Código Penal no excluye simplemente la legítima
defensa cuando ha habido provocación. Esta
provocación, para excluir la legítima defensa, debe
ser suficiente, o sea, bastante adecuada para explicar, no para
justificar, la agresión. Por supuesto, en orden a apreciar
el carácter suficiente de la provocación
deberán tomarse en cuenta las circunstancias del caso
concreto conforme a valoraciones éticas y
culturales.
Debe precisarse, por último, en relación
al análisis de este requisito, que cuando hay
provocación suficiente, el provocador no puede alegar la
legítima defensa. No obstante, salvo en el pretexto de
legítima defensa en que se da una responsabilidad penal
plena del provocador, quien ha motivado suficientemente la
agresión, puede beneficiarse con la atenuante del exceso
en la defensa consagrada en el artículo 66,
tratándose en este caso no de un exceso en los medios sino
en la causa, supuesto que no excluye la mencionada
disposición. Asimismo, el provocado, siendo así que
su agresión no deja de ser ilegítima, responde
penalmente aunque podría verse favorecido con la atenuante
del arrebato o intenso dolor por injusta provocación del
artículo 67 del Código Penal, si se dan tales
circunstancias.
2.4 Cumplimiento de Deber o el Ejercicio
Legítimo de un Derecho como Causa de
Justificación
En el ordinal 1° del artículo 65 del
Código Penal Venezolano consagra la ley penal venezolana
otra causa de justificación, conocida como el cumplimiento
de un deber o el ejercicio legítimo de un derecho,
señalándose textualmente que no es punible el que
obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio
legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo, sin
traspasar los límites legales, por supuesto.
Todas las causas de justificación
prácticamente pueden reducirse a esta causal amplia que
consagra el código, según la cual se justifica el
hecho típico cuando es realizado en cumplimiento o en
ejecución de la ley, con lo cual se establece, como
principio que responde a una exigencia lógica
del sistema, que cuando el derecho autoriza o faculta, impone o
exige un determinado comportamiento, éste no puede
considerarse penalmente ilícito, de esta manera, si en
virtud de cualquier norma jurídica, sea de derecho
público o privado, una conducta es lícita, no
puede a la vez ser considerada como ilícita en el
ámbito penal.
En primer lugar, el Código Penal hace referencia
en el artículo mencionado, a la justificación de
quien actúa o realiza un hecho, que aparece objetivamente
como típico, en cumplimiento de un deber. Sería
ilógico que el ordenamiento jurídico imponga a un
sujeto la obligación de actuar y luego lo llame a
responder por la acción realizada. En este sentido afirma
Carrara (1971) que:
Obviamente, debe tratarse de un deber jurídico
y no de otra índole (moral o religioso), impuesto, por
lo tanto, por el ordenamiento jurídico, pero que puede
estar fundado no sólo en una ley formal sino
también en un reglamento, en un decreto o en una
ordenanza. Debe, asimismo, señalarse, que la
determinación del deber puede provenir de la costumbre,
siendo uno de los casos, en que aquélla, como fuente de
normas no penales, sirve de fuente al Derecho Penal. (p.
58)
Se debe también aclarar, que al tratar la ley en
esta causal del cumplimiento del deber, en general, y luego
entrar en consideraciones específicas relativas al
ejercicio de la autoridad, oficio o cargo, debe entenderse en
este caso que la referencia se concreta a los deberes que se
imponen directamente a los particulares y no a los que deriven de
las funciones, cargos
u oficios que desempeñan.
2.4.1 El Deber como Causa de
Justificación
Entre estos deberes cuyo cumplimiento puede dar lugar a
la realización de acciones típicas que resultan
justificadas, puede mencionarse la obligación que tiene el
testigo de declarar la verdad sobre los hechos en relación
a los cuales se le interroga y en tales declaraciones revela
hechos alusivos al honor o a la reputación de una persona,
o a la obligación de todo ciudadano de comparecer e
informar a los cuerpos legislativos o a sus comisiones en las
investigaciones que aquellos realicen, y en tal virtud, exponen
hechos que puedan ser considerados deshonrosos para terceros. En
estos casos, la conducta queda justificada por cumplimiento del
deber.
Interesa, aun así, destacar, que el cumplimiento
del deber que justifica una conducta típica supone la
necesidad de que ésta se produzca, al enmarcarse en el
campo de la obligación impuesta y que, además, no
se exceda el sujeto traspasando los límites del deber. El
testigo que narra hechos deshonrosos de un tercero, sin que ello
sea necesario, no estaría amparado por el cumplimiento del
deber y, dada la necesidad, se exige que no incurra en exceso en
su narración, caso en el cual sólo sería
procedente la atenuación prevista en el artículo 66
del Código Penal. Por su parte, Arteaga (1998),
señala que:
Forma parte de la tradición jurídica
latina, y también lo acoge el ordenamiento
jurídico venezolano el principio ya afirmado por el
Derecho
Romano, de que qui iure suo utitur neminem laedit. De
acuerdo con esto, la realización de una conducta
típica, se justifica por haber sido realizada en
ejercicio de un derecho, por autorización o facultad
otorgada por el ordenamiento jurídico. (p.
124)
El conflicto en este caso surge entre una norma que
tipifica un hecho como delictivo y otra norma vigente que faculta
la realización de tal hecho, la cual debe prevalecer, por
una exigencia lógica del sistema al consagrar un derecho
cuyo ejercicio legítimo implica el sacrificio de un bien
jurídico que en tales circunstancias queda
justificado.
2.4.2 Interpretación de la
Doctrina
Se plantea en la doctrina el problema relativo a la
interpretación que debe darse a la expresión
derecho, utilizada por la ley penal. A los fines de esta causa de
justificación, debe entenderse tal expresión en un
sentido amplio, como comprensiva de toda facultad
legítima, como toda posibilidad de actuar reconocida por
el ordenamiento jurídico al sujeto, como toda
autorización concedida por el ordenamiento
jurídico, no limitándose tal expresión, al
concepto estricto de derecho subjetivo. Además, debe
observarse que tal facultad puede provenir, no sólo de una
norma escrita, sino también de la costumbre.
El derecho, facultad o autorización, debe ser
ejercido, como lo indica la ley, legítimamente, es decir,
conforme a las prescripciones del ordenamiento jurídico,
dentro de los límites de la necesidad y sin exceso. De
esta manera, las facultades conferidas, cuyo ejercicio puede ser
constitutivo de una conducta típica, deben ejercerse
cuando ello es realmente necesario y en la medida adecuada.
Asimismo debe recalcarse que este ejercicio no puede entrar en
pugna con la propia ley ni con derechos ajenos, en forma tal que
no podría alegarse esta causal si el medio de que se vale
el sujeto es considerado por el ordenamiento jurídico como
delito, aunque se tenga como fin el ejercicio de un derecho, o si
el sujeto debe ocurrir ante los tribunales para hacer valer sus
derechos o si existe otra pretensión legítima que
le puede ser opuesta. Así, por ejemplo, quien lesiona a un
sujeto para recuperar un bien que le ha sido hurtado con
anterioridad, responde por el delito de lesiones, y, en general,
quien no utiliza las vías regulares para ejercer su
derecho priva de legitimidad al hecho y puede incurrir en el
delito de hacerse justicia por sí mismo, consagrado en el
artículo 271 del Código Penal Venezolano, como en
el caso de quien, con violencia
física o amenazas, obtiene de su deudor el dinero que
le adeuda.
Entre los casos de justificación por ejercicio de
un derecho que cita la doctrina, pueden mencionarse, entre otros,
los supuestos del ius corrigendi, de las informaciones de
prensa o
crónica periodística y el de las actividades
deportivas violentas.
Evidentemente, la realización de actos
típicos en ejercicio del ius corrigendi que corresponde a
los padres según el artículo 265 del Código
Civil Venezolano, siempre y cuando se den los extremos de la
necesidad y de la moderación, quedan amparados bajo esta
causa de justificación.
De tal manera, los castigos moderados que imponen los
padres a los hijos sometidos a su potestad, deben considerarse
lícitos. Pero, por supuesto, con el abuso comienza la
ilicitud y, en tal caso, los padres responderían por el
delito de abuso en los medios de corrección o de disciplina
contemplado en el artículo 441 del Código Penal
Venezolano.
En cuanto a las informaciones de prensa o
periodísticas, ha de señalarse en primer lugar que
la Constitución consagra la libertad de
expresión en cuyo ámbito se enmarcan la
actividades de la prensa, la cual cumple, la función de
informar sobre hechos y formar la opinión
pública. Ahora bien, se plantea entonces el problema
de los límites a este derecho, y de las condiciones que
deben cumplirse para su ejercicio legítimo, que pueda
justificar conductas típicas, sobre todo en el campo de
los delitos de difamación e injuria. Según la
opinión de Etcheberry (1976):
Ciertamente, se tiene el derecho a informar, y con
ello la prensa cumple una importante función en la
colectividad, pero ese derecho, para justificar conductas
típicas, debe encontrar su apoyo en el criterio de la
necesidad que, en este caso, está dado por el
interés público de la información y, por
el carácter veraz y objetivo de ésta. Entonces,
la publicación de hechos que puedan lesionar el honor o
la reputación de un ciudadano debe ser de interés
público, esto es, que no concierna exclusivamente a un
aspecto de la vida privada o íntima del sujeto, y que el
hecho sea verdadero. (p. 288)
Por lo que respecta a la interesante cuestión de
las actividades deportivas violentas, se plantean también
interesantes problemas doctrinarios. Se hace aquí
referencia a aquellos deportes o manifestaciones
deportivas a las que son inherentes la violencia, que suponen y
se ejercitan con violencia, la cual integra la actividad misma,
como en el caso del boxeo y de la lucha, por ejemplo.
Es obvio que cabe la posibilidad de tratar el problema
en relación a esta causal por naturaleza misma de la
actividad que integra tales deportes y por tratarse de
manifestaciones que se encuentran autorizadas por la ley, siendo
así que el Estado regula, propicia y estimula tales
actividades y existe un Instituto Nacional de Deportes que
canaliza, fomenta y orienta la actividad deportiva, entre la cual
se enmarca también el deporte venezolano.
Es conveniente distinguir al respecto, como lo ha hecho
la doctrina, entre lo que se ha denominado la violencia base, que
integra los deportes mencionados, y otros efectos o hechos
violentos o dañosos que pueden producirse al practicar
tales deportes.
La violencia base o inherente a tales deportes
será lícita por ejercicio del derecho, sujeta como
en los otros casos estudiados, a determinados límites y
requisitos. Fundamentalmente, se requiere que se cuente con la
participación voluntaria de los contrincantes, que
éstos acepten las reglas de la competencia y que
se observen las precauciones necesarias lo cual se concreta en la
observación de las reglas del juego
admitidas y aprobadas. Con el cumplimiento de tales extremos,
quedan justificados los daños o lesiones que conforman la
actividad misma deportiva.
Pero en relación a otros efectos, daños o
lesiones que puedan producirse, que no forman parte del deporte
mismo y que éste no supone necesariamente (lesiones
más graves o muerte), el problema de la responsabilidad
penal posible debe resolverse conforme a los principios
generales de la culpabilidad,
en atención al nexo psicológico (dolo,
culpa, preterintención, caso fortuito), tomándose
en cuenta, básicamente, que se hayan observado las reglas
del juego o deporte o que no se hayan observado.
Por otra parte, como casos específicos de
cumplimiento del deber o ejercicio del derecho consigna la ley
penal venezolana la referencia a todas las conductas
típicas, que quedan justificadas por el hecho del
ejercicio de la autoridad, o de las funciones o de las tareas
propias de un cargo o de un oficio o profesión.
Según Jiménez (1956):
En primer lugar, aunque aparezcan como típicos,
se justifican los hechos que se realizan en ejercicio de la
autoridad o en cumplimiento de los deberes inherentes a
determinados cargos públicos. Este es el caso del
funcionario que practica la detención de una persona o
también de aquel que realiza una pesquisa domiciliaria,
por supuesto, de conformidad con lo establecido por la ley. (p.
276)
El problema más interesante y de mayor alcance
práctico que se plantea en esta materia es el relativo al
uso de la fuerza pública y, especialmente, de las armas,
vinculado al ejercicio de la autoridad y a las funciones
públicas. Este punto, no cabe duda, amerita una especial
consideración, tomando en cuenta que en Venezuela
frecuentemente se abusa de la fuerza y se recurre a las armas en
forma totalmente injustificada, y luego se pretende amparar el
hecho ilícito y delictivo en el ámbito de esta
causal.
2.4.3 Uso de la Fuerza Pública por parte del
Estado
El Estado puede usar la fuerza pública como medio
coactivo directo para mantener el orden y cumplir sus fines, pero
tal uso (el recurso a medios violentos o el ataque a bienes
protegidos por el derecho y el uso de armas) ha de considerarse
como un medio extremo, que sólo se justifica cuado se
trata de proteger y auxiliar a las personas, velar por su
seguridad, evitar daños en las cosas, amparar las
condiciones necesarias para el decoro y el buen ejercicio de las
funciones públicas, impedir la comisión de hechos
punibles y preservar a la colectividad de peligros graves e
inminentes. En otras palabras, tal recurso extremo sólo
encuentra justificación, fuera de los casos de
aplicación de otra causal como la legítima defensa,
cuando se actúa en defensa del orden público,
entendido tal concepto en el sentido del normal desenvolvimiento
de la vida social en el cual se garantiza la seguridad y libertad
de los ciudadanos y la libre actuación de los
órganos del Estado. Precisamente, el Código Penal,
en su artículo 282, dispone que las personas autorizadas
para portar armas no podrán hacer uso de ellas sino en
caso de legítima defensa o de defensa del orden
público.
En materia, pues, tan delicada y que se ha prestado a
tantos abusos, debe extremarse el celo de los funcionarios
encargados de velar por el orden público y, asimismo, los
jueces deben estar atentos para aplicar con todo rigor la ley, ya
sea en caso de exceso punible, o cuando falta el requisito de la
necesidad y se excluye, por tanto, la justificación,
debiendo sancionarse la conducta ilícita.
Y en relación a los funcionarios, se hace
necesario recalcar que su deber es defender, no atacar, y que
deben afrontar el riesgo y no
evitarlo a la primera señal, que están obligados a
la serenidad y a la prudencia, que su condición es de
guardianes del orden público y no de perturbadores del
mismo, y que su uniforme no debe ser signo de prepotencia sino
señal de su misión de
defensa de la ciudadanía.
Por lo tanto, debe insistirse en el carácter de
recurso extremo del uso de la fuerza y de las armas por parte de
la autoridad, por lo cual, sólo en determinadas
circunstancias y agotados los recursos no violentos, puede
recurrirse a la violencia y a las armas; y en relación a
estos últimos recursos, utilizar primero los medios menos
dañosos o menos mortíferos de reducir la resistencia a la
autoridad, como los serían los rolos de goma, chorros de
agua con
mangueras y gases
lacrimógenos, etc.
Todas las circunstancias del caso concreto
deberán ser apreciadas por el juez con extremo cuidado, a
fin de determinar la procedencia de la justificación, la
necesidad del medio, y los excesos y el abuso que deberán
ser sancionados.
En cuanto a los casos concretos de la fuga y la
resistencia pasiva a la autoridad, se ha señalado que la
primera no autoriza en forma alguna el uso de armas, aunque no
haya otro medio de lograr la captura, y que la segunda no da
derecho a atentar contra quien se resiste ocasionando heridas o
matando. De esta manera, resultan absolutamente injustificadas
las lesiones o muertes que, se han ocasionado a ciudadanos que
simplemente no han atendido a las órdenes de pare de
agentes de policía en función de vigilancia y de
resguardo del orden público.
Esta misma doctrina ha sido claramente expuesta en
opinión de la Fiscalía General de la
República, en circular de fecha 14 de septiembre de 1974,
para todos los Fiscales del Ministerio Público:
Los agentes de policía y los Cuerpos de
Seguridad, las pequeñas facciones de tropa encargadas
del mantenimiento del orden público y los
demás funcionarios autorizados por la ley para portar
armas, hacen uso legítimo de las armas que portan cuando
repelen una violencia, vale decir, en legítima defensa;
cuando tratan de vencer o quebrantar la resistencia que oponga
algún individuo o un grupo de
particulares contra órdenes de la autoridad legalmente
dadas, o cuando actúan para prevenir o contener una
violencia o ataque contra el orden público o contra las
personas o las propiedades; y además, para los
militares, cuando no exista otro medio racional para cumplir la
orden recibida.
Las armas de fuego sólo pueden ser empleadas en
último extremo por la policía, teniendo que
recurrir primero a medios menos mortíferos de
reducción a la resistencia, así por ejemplo: el
rolo; las mismas armas empleadas en forma contundente; chorros
de agua aplicados con mangueras o gases lacrimógenos.
(p. 2)
Entonces, es imprescindible que el uso de armas sea para
vencer la resistencia opuesta, lo que supone un comportamiento
activo del ciudadano o de los grupos contra el
agente de policía, los militares en servicio u
otros funcionarios armados. No basta la mera desobediencia
pasiva, ni la simple fuga del indiciado de haber cometido un
delito para hacer fuego contra partes vitales de su
cuerpo.
2.5 Obediencia Legítima y Debida, el Exceso en
la Defensa y el Estado de Necesidad como Causas de
Justificación
El problema de la obediencia jerárquica o de la
obediencia legítima y debida como la tipifica el
Código Penal Venezolano, es tratado en el campo de las
causas de justificación sin formular distinción
alguna. Al respecto se impone una aclaratoria para rectificar
errores, imponiéndose la distinción, confusamente
apuntada en la legislación, entre la obediencia
legítima, causa de justificación, y la obediencia
debida, causa de inculpabilidad; entre la obediencia a una orden
lícita del superior jerárquico que justifica, y la
obediencia a una orden lícita que sólo
podría constituir una causa de inculpabilidad sin
justificar el hecho, cuando se trata de una obediencia
debida.
2.5.1 Obediencia Legítima y
Debida
Cuando en cumplimiento de una orden lícita,
siendo lo ordenado intrínsecamente justo, un funcionario
realiza una conducta típica, simplemente se encuentra
amparado por una causa de justificación que se reduce al
cumplimiento del deber o específicamente, al ejercicio de
la autoridad o del cargo; pero cuando se trata de una orden
ilícita, subsiste la antijuricidad del hecho y en todo
caso sólo podría ampararse la conducta de quien
obedece, si se dan los extremos de la obediencia debida, en un
error que puede excluir la culpabilidad o en un caso de no
exigibilidad de otra conducta, si se dan los extremos del estado
de necesidad, lo que excluiría, asimismo, la
culpabilidad.
La jurisprudencia de la Sala de Casación Penal
del Tribunal Supremo de Justicia, citada por Chacón
(2000), ha mencionado reiteradamente que: "no puede considerarse
como obediencia legítima y debida el acto de disparar un
agente de policía su arma contra un ciudadano que pretende
sólo escaparse a su acción, y no hacer armas contra
ella".
Por lo tanto, debe distinguirse entre la obediencia a
una orden legítima, siendo así justo lo que se
manda, constitutiva de una causa de justificación, y el
problema de la obediencia debida, regulado en el artículo
65, ordinal 2° del Código Penal Venezolano.
2.5.2 La Omisión Justificada
También debe hacerse referencia a la
omisión justificada, de la que trata el artículo 73
del Código Penal Venezolano, al señalar que "no es
punible el que incurra en alguna omisión hallándose
impedido por causa legítima e insuperable". Se trata, en
el caso de la causa legítima, de la conducta ya no activa
sino omisiva típica que se justifica cuando existe una
causa legítima, excluyéndose la
antijuricidad
Esta causa legítima que impide obrar puede
derivar de una prohibición legal o puede provenir de un
deber que priva sobre la obligación de realizar la
conducta debida, como sería el caso, al cual ya hicimos
referencia, del ciudadano que es citado por la autoridad judicial
como testigo o médico experto y rehúsa sus
disposiciones o el cumplimiento del oficio en virtud del deber
del secreto profesional, o el caso del juez que deja de asistir a
las prácticas de ciertas diligencias sumariales por estar
ocupado en otras de igual o mayor importancia. Afirma Grisanti
(1998):
En cuanto a la mención que hace el
Código Penal Venezolano, junto a la causa
legítima, de la causa insuperable, debe señalarse
que ésta no es causa de justificación, sino, en
todo caso, una referencia, o bien a la ausencia de un
comportamiento voluntario cuando se da una vis physica absoluta
o irresistible, o bien a la ausencia de culpabilidad por no
exigibilidad de otra conducta, como en el caso del testigo que
no puede acudir a la citación de la autoridad judicial
por encontrarse aislado en un lugar a causa de una
inundación u otro hecho imposible de superar,
según el principio del ad impossibilia nemo tenetur. (p.
430)
Otro punto de vital importancia es el llamado exceso en
la defensa, descrito en el aparte único del
artículo 65 del Código Penal Venezolano.
Según esta disposición: "se equipara a la
legítima defensa el hecho con el cual el agente, en el
estado de incertidumbre, temor o terror, traspasa los
límites de la defensa".
2.5.3 Consideraciones sobre el Exceso en la
Defensa
El acápite único del ordinal 3° del
Código Penal Venezolano contempla la equiparación a
la legítima defensa cuando el agente, excediéndose
en ésta lo hace por encontrarse en estado de
incertidumbre, temor o terror. La ley establece tres (3)
situaciones de orden psicológico que, por su naturaleza,
son suficientes para eliminar en el agente la conciencia o la
libertad de sus actos, sin que esto implique justificación
en los casos de indecisión.
En el caso de la incertidumbre, la persona realiza el
acto sin darse cuenta de que su determinación es
precisamente la que conviene para la defensa ante el peligro que
la amenaza; en el temor, el agente obra impulsado por una serie
de circunstancias que lo llevan al acto defensivo que él
realiza con la convicción de que es el único medio
de librarse del peligro inminente que lo acecha, esto es,
realizar el acto bajo la presión de
una fuerza superior a su voluntad que le impulsa sin poder
dominarla porque el temor representa la inquietud razonada
respecto de un peligro, pero sin precisar hasta dónde han
de llegar los límites de la acción para librarse de
él.
En el terror, a diferencia de las dos situaciones antes
definidas, el individuo fuera de él es un autómata
que ejecuta actos inconscientes, reflejos o representa una
impresión del ánimo que actúa violentamente
sobre los órganos corpóreos, dando impulso a
movimientos inconsiderados, y, a veces locos; que turba todas las
facultades internas del hombre que es presa de él, altera
sus percepciones y trastorna su juicio; y que vuelve maquinal y a
menudo insensata su determinación.
La legislación nacional establece dos (2) casos
de exceso en la defensa: en el primero, cuyo fundamento es la
perturbación del ánimo, por los elementos
denominados incertidumbre, temor o terror, está supuesto
que el agente, movido por tales impulsos, fue más
allá de la acción necesaria para repeler un ataque
injusto, es decir, traspasó los límites de la
defensa.
El segundo supuesto de exceso en la defensa es el que se
encuentra consagrado en el artículo 66 del Código
Penal Venezolano:
El que traspasare los límites impuestos por
la ley en el caso del número 1 del artículo
anterior, y por la autoridad que dio la orden en el caso del
número 2 del mismo, y el que se excediere en la defensa,
o en los medios empleados para salvarse del peligro grave e
inminente, haciendo más de lo necesario, será
castigado con la pena correspondiente, disminuida desde uno a
dos tercios. La pena pecuniaria se aplicará con
disminución de la mitad.
En este artículo 66 del Código Penal
Venezolano, el fundamento está en la conducta culposa del
agente, porque éste emplea, aunque sin dolo, medios
excesivos, más de los necesarios para actuar en
legítima defensa. El exceso en la defensa no implica la
ausencia de la segunda circunstancia del ordinal 3° del
Código Penal: por el contrario, el exceso se valoriza
siempre bajo la condición de que exista la necesidad del
medio empleado, pues si falta esta circunstancia no hay defensa
legítima y tampoco puede haber exceso en ella al tenor del
artículo 66 ejusdem.
En el ordenamiento penal sustantivo venezolano no se
concibe como completamente justificada ninguna defensa personal
que sólo se tenga por subjetiva, y hasta puede faltar base
para establecerla si, además del temor o la incertidumbre,
aquélla apenas se encuentra sustentada por aspectos
adjetivos de escasa significación; esto es, a la cual no
den apoyo suficiente otras circunstancias que demuestren siquiera
la apariencia de una agresión o bien la presunta
inminencia de haberla, con algún peligro para quien en
estado de duda vehemente o con explicable equivocación de
creerse seriamente amenazado, considere indispensable tener que
valerse del respectivo medio defensivo.
Aun las situaciones que puedan ser justificadas hasta
cierto punto por extralimitación, vale decir, por
traspasarse los límites de la defensa personal, en cuanto
las hubiese motivado el terror u otro factor de
perturbación psicológica, requieren positivamente
características de manifiesta entidad, que se parezcan un
tanto a las que circunscriben la defensa legítima no
excedida. Incluso admitiendo como verosímil cualquier
fuerte apremio de acometer que pueda sentir un sujeto delante de
otro a quien erróneamente supone su agresor, no es ello lo
que por sí solo prepondera para una eventual causa de
exculpación, sino lo cierto y concreto de las
circunstancias que permitan presumir claramente la posibilidad o
relativa necesidad de defenderse aun más allá de lo
legítimo en estricto derecho. Por ello la
justificación o licitud de una conducta en tal sentido
para poder considerárselas suficientes en punto a
descartar toda responsabilidad, han de ser siempre ostensibles o
con apariencia de tener base objetiva que induzca tal defensa,
además de la circunstancia emocional existente en el
sujeto activo.
Para poder deducir que en casos semejantes el agente ha
traspasado los límites de la propia defensa, ésta
debe haber comenzado en cierto modo, estar revestida de aspectos
externos en que aparezca previa o simultáneamente
algún acontecimiento de peligro o desconcierto para quien
la ejerce, cuyo antecedente pueda representar para él los
contornos o la semejanza de una agresión contra su vida o
integridad corporal, y que el propio amenazado se vea en la
coyuntura racional de valerse de un medio idóneo, adecuado
para resolver la situación que creía de violencia
material, inminente o en curso.
La excusa que determina el artículo 66 del
Código Penal Venezolano como atenuante de pena es aquella
que surge cuando en la defensa la propia persona, inicialmente
legítima, se usan medios no necesarios para impedir o
repeler la agresión injusta, medios evidentemente
desproporcionados a este fin. Es imprescindible, pues, que haya
habido una agresión ilegítima de parte del que
resultó ofendido, y esta agresión ilegítima,
por necesidad absorbe las injurias graves inferidas al que se
defiende antes de iniciar la defensa o simultáneamente con
ésta. Esas injurias no pueden, por lo tanto, ser
consideradas como una causa atenuante de la pena a tenor de lo
dispuesto en el artículo 74 del Código Penal,
puesto que actúa entonces como atenuante especial de mayor
efecto como es el exceso en la inicial defensa
legítima.
Finalmente, el Estado de Necesidad se configura en el
ordinal 4° del artículo 65, estableciendo que no es
punible: "el que obra constreñido por la necesidad de
salvar a su persona o la de otro de un peligro grave e inminente,
al cual no haya dado voluntariamente causa, y que no pueda evitar
de otro modo".
Este Estado de Necesidad se establece en casi todas las
legislaciones del mundo, y es una figura universal, por la cual
se libera de culpa al agredido injustamente que se ve obligado a
defenderse y defender a otros, a causa de un peligro grave e
inminente, cuando no se configuran por completo las
circunstancias de la legítima defensa.
El Estado de Necesidad también suele alegarse en
Derecho
Constitucional, cuando por efectos de un desastre natural u
otras causas similares, un gobierno pretende
obtener facultades extraordinarias para la solución de los
problemas.
CAPÍTULO III
3.1. Tipo y Diseño de la
Investigación
Una vez que ha sido formulado el problema de
investigación, delimitado sus objetivos y asumidas las
bases teóricas que orientaron el sentido de la misma de
manera precisa, para indicar el tipo de datos que se
requería investigar, se seleccionaron los diferentes
métodos y
las técnicas que posibilitarían obtener la
información requerida.
Según lo expuesto por Balestrini (2001), el Marco
Metodológico se encuentra referido al momento que alude al
conjunto de procedimientos
lógicos, tecno-operacionales implícitos en
cualquier proceso de investigación; esto con el objeto de
ponerlos de manifiesto y sistematizarlos; para así
descubrir y analizar los supuestos del estudio y de reconstruir
los datos, a partir de los conceptos teóricos
implícitos en el análisis de las causas de
exclusión del delito como hecho típico
dañoso en el ordenamiento jurídico
venezolano.
De acuerdo al problema planteado y en función de
sus objetivos se incorpora el tipo de investigación
denominado documental, la cual: "…es aquella que se basa en la
obtención y análisis de datos provenientes de
materiales
impresos u otros tipos de documentos" (Arias, 1999, p.
47).
Lo anterior, se fundamenta básicamente en la
consecución de cada uno de los objetivos
específicos de la investigación. Ciertamente, para
posibilitar el análisis objeto de estudio, fue preciso
abordar ciertos aspectos teóricos relacionados con las
causas de exclusión del delito, así como algunos
antecedentes, aspectos referenciales y jurisprudenciales al
respecto.
En cuanto al diseño, la presente
investigación es bibliográfica. Según Tamayo
y Tamayo (1998), un Diseño Bibliográfico "…es
cuando se recurre a la utilización de datos secundarios,
es decir, aquellos obtenidos por otros y nos llegan elaborados y
procesados de acuerdo con los fines de quienes inicialmente lo
elaboran y lo manejan." (p. 70).
En opinión del autor, cuando la fuente principal
de información son documentos y cuando el interés
del investigador es analizarlos como hechos en sí mismos o
como documentos que brindan información sobre otros
hechos, como al efecto se hizo para el presente trabajo, se
está en presencia de una investigación cuyo
diseño es bibliográfico, propio de las
investigaciones documentales.
También se incorporó el nivel descriptivo
de investigación: "El nivel de investigación se
refiere al grado de profundidad con que se aborda un objeto o
fenómeno" (Arias, 1999, p. 45). Aquí se indica que
se trata de una investigación descriptiva.
"Investigación Descriptiva: consiste en la
caracterización de un hecho, fenómeno o grupo con
el fin de establecer su estructura o
comportamiento" (ibidem). Su propósito es la
delimitación de los hechos que conforman el problema de
investigación.
De acuerdo con esto, se delimitaron aquí los
hechos que conforman las causas de exclusión del delito
como hecho típico dañoso y se describieron los
elementos relacionados con la legítima defensa, como el
cumplimiento del deber o ejercicio legítimo de un derecho,
la obediencia legítima y debida y el estado de necesidad
como causas de justificación, entre otros.
3.2 Procedimiento
Atendiendo a lo expuesto en el Manual de Normas para la
Elaboración, Presentación y Evaluación de
los Trabajos Especiales de Grado de la Universidad Santa
María, a este respecto, las etapas que se cumplieron para
llevar a cabo la presente investigación fueron las
siguientes:
1. Se seleccionó el problema a investigar,
realizando observaciones directas, indagando acerca de alguna
problemática, reflexionando sobre la realidad observable
para detectar el problema.
2. La indagación en los antecedentes. Fueron
consultados varios trabajos de investigación relacionados
con el tema de estudio, encontrándose algunas tesis que
conformaron información valiosa para la construcción del marco
teórico.
3. Revisión de la literatura, donde las
fuentes secundarias fueron textos de diferentes autores,
jurisprudencias, leyes, enciclopedias, diccionarios y
demás elementos temáticos relacionadas con el trabajo. En
este sentido, para la selección de la información
se utilizó la técnica del fichaje, la cual
según Anderson (1994) "es la técnica más
comúnmente empleada para recabar y fijar la
información en investigaciones de carácter
documental y se lleva a cabo en fichas de papel o cartulina" (p.
47). Se colocaron los datos más resaltantes de todos y
cada uno de los documentos consultados y se hace una breve
referencia sobre ellos.
También se utilizó la técnica del
resumen, el cual según Alfonso (1990) consiste en la
exposición condensada de las ideas
contenidas en un escrito, excluyendo la valoración y
opinión que pertenezca al lector" (p. 14).
Se empleó la lectura
analítica para procesar la información recopilada.
Se incluyó también el Procesamiento de la
Información: consistió en unir en forma coherente
las partes aisladas. Para interpretar la información
recolectada se llevó a cabo el método del
análisis, definido por Méndez (1994) como un
"proceso de conocimiento que se inicia por la
identificación de cada una de las partes que caracterizan
una realidad" (p. 94).
4. Siguiendo y utilizando las técnicas e
instrumentos anteriores, se construyeron los marcos
Teórico y Metodológico.
5. Se describió la metodología sustentando
los diferentes conceptos utilizados citando los autores de los
textos de metodología de la investigación
más prolíficos en sus obras.
6. Las conclusiones y recomendaciones fueron emitidas,
después de analizar y sintetizar la fundamentación
teórica.
CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 Conclusiones
Las implicaciones del desarrollo en
el trabajo investigativo deben divulgarse de la misma manera en
que se pone bajo conocimiento del público el contenido del
mismo. En este sentido, se efectuó una división por
objetivos con el fin de facilitar didácticamente la
comprensión de los puntos básicos de la
investigación.
De esta manera, el primero de los objetivos de la
investigación se cumplió a través de la
Determinación de las Causas de Exclusión del Delito
como Hecho Típico Dañoso en el Ordenamiento
Jurídico Venezolano. En este sentido, se estableció
la existencia de una serie de situaciones que, cuando se
configuran, tienen la capacidad de excluir el carácter
dañoso y antijurídico de un hecho punible. Estas
circunstancias no tienen lugar más que cuando el aspecto
ofensivo de un delito deja de serlo para pasar a ser tolerado por
la sociedad.
El delito como hecho humano típico y
dañoso puede resultar excluido, bien porque concurra
alguna circunstancia o situación que impida considerar el
hecho como humano, bien porque el hecho no corresponda al tipo
legal, o bien porque, aún existiendo tal correspondencia,
concurra una particular circunstancia que justifique el
hecho.
Por supuesto, esto último ocurre muy poco; por lo
general, cuando un ciudadano defiende su persona, sus bienes, o
sus seres queridos contra una amenaza exterior, ilegítima
y que pone en peligro sus vidas o sus bienes. El ordenamiento
jurídico-penal tutela determinados valores o intereses con
la amenaza de una pena, pero a veces, la propia ley, el propio
ordenamiento jurídico, en casos de conflicto, autoriza o
permite que tales intereses tutelados sean sacrificados para
salvaguardar un interés más importante o de mayor
valor (como el interés del agredido frente al
interés del agresor en la legítima
defensa).
El segundo de los objetivos de la investigación
se cumplió por medio de la Definición de la
Legítima Defensa como Causa de Justificación en la
Legislación Penal Venezolana. En tal sentido, se
aclaró que la institución de la Legítima
Defensa se encuentra consagrada en el artículo 65, ordinal
3° del Código Penal Venezolano. Para que pueda
hablarse de Legítima Defensa o Defensa Legítima,
deben concurrir las tres circunstancias señaladas en el
ordinal 3° del mencionado artículo, puesto que se
trata de causales taxativas.
Esto es así porque es evidente que todo individuo
tiene derecho a rechazar con fuerza la agresión injusta
contra sus bienes o valores, cuando el Estado no puede acudir en
su defensa. Se menciona en este punto que la manifestación
de la Legítima Defensa se trata de un conflicto de
intereses que se plantea en determinadas circunstancias, en el
cual el interés del agredido debe prevalecer sobre el
interés del agresor injusto, en la extensión y con
las limitaciones que la ley impone.
El tercer objetivo de la investigación se
cumplió gracias al Análisis del Cumplimiento de un
Deber o el Ejercicio Legítimo de un Derecho como Causa de
Justificación en el Ordenamiento Jurídico
Venezolano. En este caso, se trata de las otras figuras que
consagra el artículo 65 del Código Penal
Venezolano, que no presentan las características de la
Legítima Defensa.
Efectivamente, en el ordinal 1° del artículo
65 del Código Penal Venezolano se consagra otra de las
causas de justificación, la cual señala
textualmente que no es punible quien obra en cumplimiento de un
deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad,
oficio o cargo, sin traspasar los límites
legales.
Se mencionó que todas las causas de
justificación pueden reducirse a esta causal amplia que
menciona el Código Penal Venezolano, según la cual
se justifica el hecho típico cuando es realizado en
cumplimiento o en ejecución de la ley.
Hay que aclarar, en primer lugar, que el Código
Penal hace referencia en el artículo mencionado a la
justificación de quien actúa o realiza un hecho que
aparece objetivamente como típico, en cumplimiento de un
deber. En este sentido, sería ilógico que el
ordenamiento jurídico imponga a un sujeto la
obligación de actuar y luego lo llame a responder por la
acción realizada.
Finalmente, el último objetivo de la
investigación se cumplió por medio de la
Verificación de la Obediencia Legítima y Debida, el
Exceso en la Defensa y el Estado de Necesidad como Causas de
Justificación en la Legislación Penal
Venezolana.
Se menciona en este sentido que el problema de la
obediencia jerárquica o de la obediencia legítima y
debida como la tipifica el Código Penal Venezolano, es
tratado en el campo de las causas de justificación sin
formular distinción alguna. Al respecto se aclara que debe
imponerse la distinción entre la obediencia
legítima, causa de justificación, y la obediencia
debida, causa de inculpabilidad.
Se trató también en este punto todo lo
relativo al exceso en la defensa y al Estado de Necesidad como
puntos de referencia frecuentes en las causas de
justificación. El exceso en la defensa se produce
generalmente cuando no existe proporción entre el medio
empleado para repeler el ataque y el ataque como tal. Ejemplo: el
que dispara cuatro veces contra su agresor que viene con un bate
en la mano. Aquí la proporcionalidad se rompe por la
diferencia en las armas utilizadas.
Sin embargo, lo importante es que en cada caso el Juez
debe analizar todas las circunstancias con mucho detenimiento,
para poder determinar si se configuran las causas de
justificación establecidas en el Código Penal
Venezolano.
4.2 Recomendaciones
La concreta práctica diaria de las situaciones,
circunstancias y supuestos de hecho estudiados a lo largo del
desarrollo del presente trabajo de investigación se
manifiestan en una serie de recomendaciones que permitirán
evaluar la factibilidad y la
aplicabilidad de las ideas divulgadas:
- Se recomienda, en primer lugar, mejorar las
condiciones estructurales generales que obligan a los
ciudadanos a tener que defenderse por su propia cuenta cuando
el Estado no puede acudir en su defensa. - Esto implica una mejora sustancial en los mecanismos
de prevención del delito y se relaciona directamente con
la acción de los cuerpos policiales preventivos, tales
como policías municipales y policías estadales,
de manera que el Estado pueda, en la mayor parte de las
ocasiones acudir en defensa de los ciudadanos. Más
tiempo, recorrido y efectivos en el patrullaje de las ciudades,
poblaciones y áreas rurales puede contribuir en este
sentido, así como la reactivación, y mejor
dotación en equipos e infraestructura, en el área
metropolitana de Caracas, de la Policía
Metropolitana. - También es recomendable una revisión de
la legislación y la doctrina referente a las causas de
justificación, específicamente, aquella
relacionada con la Legítima Defensa. En opinión
del autor, algunas de las circunstancias que deben cumplirse
para que pueda admitirse la Legítima Defensa son
absurdas, tales como la proporcionalidad del medio empleado,
dado que, en primer lugar, el ataque ilegítimo, una vez
que se produce, autoriza cualquier tipo de respuesta de parte
del agredido, siempre y cuando se trate de una amenaza real y
seria. En segundo lugar, en momentos como aquellos en los que
se hace necesaria la legítima defensa, el agredido, o
próximo a serlo, no puede detenerse a pensar el medio
que va a emplear para repeler el ataque, ni debe hacerlo, debe
responder de la primera manera que le venga a la mente, sin
titubeos, sobre todo cuando se trata de salvaguardar la propia
vida o la de su familia. Se
recomienda reformular el concepto del Exceso en la Defensa para
estos casos. - Cuando se trata de defensa de los bienes, el autor es
de la opinión de que la ley sí debería ser
un poco más estricta, e incluso, que deberían
separarse ambas instituciones: Legítima Defensa de
Personas y Legítima Defensa de Bienes. Esto porque, en
este caso no se justificaría, por ejemplo, que alguien
se esté robando un celular, desarmado, y la
víctima le dispare con un arma de fuego. Sin embargo,
hoy en día es difícil distinguir cuando los
delincuentes van a atentar contra la propiedad o
contra la vida, esto no es predecible de ninguna manera, ni
siquiera la criminología y ramas afines lo han
logrado. En la mayoría de las ocasiones, en principio,
los agresores se dirigen contra algún bien material,
pero, luego de lograr el objetivo o luego de fracasar, su
agresión puede volverse contra el dueño, como ha
sucedido en infinidad de ocasiones en la crónica
criminal venezolana. Se piensa que esto forma parte, de alguna
manera, del razonamiento criminal. - Entonces, en opinión del autor, al no poderse
determinar si el ataque contra los bienes puede transformarse
en una agresión contra las personas, en Venezuela, se
recomienda que todo ataque debe ser repelido inmediatamente, si
cuenta con los medios, sin evaluar la proporcionalidad
establecida en el artículo 65 y sin titubeos, porque
cualquier error puede costar la vida. - Y finalmente, ante el razonamiento llevado a cabo
anteriormente, se recomienda una reforma urgente del
artículo 65 y sus relacionados, del Código Penal
Venezolano.
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Uzcátegui, Omar
Caracas, Enero, 2004
UNIVERSIDAD SANTA MARÍA
DECANATO DE POSTGRADO Y EXTENSIÓN
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PENAL