La revolución de la Ciudadanía. Participación Ciudadana y Desarrollo en América Latina

Ensayo Crítico
Conflictual

 "…la soberanía política no es sino
una burla

sin los medios para
hacer frente a la pobreza,
a

la ignorancia y a la
enfermedad…"

John Fitzgerald Kennedy

1

La razón de ser de América
Latina no está circunscrita sólo al crecimiento
económico o a la superación de la marginalidad y
pobreza en que
se ven envueltos la mayoría de sus países. Va
más allá. Existe como realidad civilizatoria y su
tendencia es a seguir existiendo, por lo cual se hace necesario
el ejercicio constante de descubrirla y explicarla, al menos
antes de que algún fenómeno natural o social
influya en su escenario actual.

Noam Chomsky (1928, lingüista, profesor y
activista político de perfil anarquista, de origen
estadounidense), en su investigación publicada en 1979 con el
título de "The Washington connection and the third world
fascism", en colaboración con Edward S. Herman, expresaba
que el modelo de
desarrollo norteamericano"…aplicado por los socios es tan
abiertamente explotador que ha exigido el terror y la amenaza del
terror para asegurar la necesaria pasividad" (Washington y el
fascismo en el
tercer mundo, México,
Editorial Siglo XXI, Traducción al español de
1981: 34). Y esta versión es confirmada veintidós
años después, en el 2001, con el cambio de
juego
político que impulsó el gobierno de G.
Bush j.r., tras el atentado a las torres gemelas de la ciudad de
New York, como parte de las represalias del sector radical
musulmán y que detonó las invasiones a
Afganistán e Irak. El
modelo de desarrollo fue adquiriendo un sentido
estratégico, puesto que la única vía para
imponer una hegemonía política y económica,
al parecer, sigue siendo el miedo: el miedo a que los alemanes
invadieran los espacios de interés
económico de EE.UU. en Europa trajo
consigo el detonante de la II Guerra Mundial;
el miedo a que Afganistán fuera un mal ejemplo para los
demás países árabes trajo consigo el ataque
al Gobierno Taliban y con él a la euforia religiosa que se
estaba esparciendo por los países de la región; y
el miedo a perder la cuota de petróleo en el medio Oriente trajo consigo
la invasión a Irak. Ese temor, hoy justificación de
lo que en el pasado fue la Guerra
Fría, ha invadido la toma de decisión
política en el nuevo orden mundial, el cual se caracteriza
por ser global, interactivo y hegemónico, puesto que se
impone, hasta en la orbe comunista de China, el
capitalismo de
estado como
premisa de bienestar, progreso, éxito.

Para Gilles Kepel (La Yihad. Expansión y declive
del islamismo Barcelona, España,
Editorial Círculo de lectores, 2001), en un basto estudio
acerca del islamismo y las consecuencias de este en el nuevo
orden mundial, detalló con claridad el sentido del
terrorismo en
el espectro del nuevo ordenamiento global, enfatizando que el
daño
causado por el modelo de desarrollo capitalista terminó de
doblegar la conciencia de los
líderes y por ello la reacción hostil y
desenfrenada de quienes no contando con políticas
de estado prosperas e igualitarias, tenían que ocupar la
mente y el ánimo de sus conciudadanos con esquemas de
inestabilidad y guerra.

Esto nos lleva a la idea medular, o "causa primera", en
el argó de los filósofos, que moviliza o da sentido a las
políticas de estado del y para el desarrollo. Es decir,
el hombre, con
su dimensión política y humana, la cual lo
representa como ciudadano, membresía de un Estado,
arte y parte
de la razón de ser de la sociedad
contemporánea. Por esta razón para iniciar un
análisis que involucre las teorías
de desarrollo, su desenvolvimiento y sus nuevas tendencias, es
necesario partir de una definición precisa y
contextualizada, que no dé motivo a dudas, menos
aún a divagaciones.

Las revoluciones políticas de finales del siglo
XVIII, efectuaron un movimiento
terminológico que aparentemente da reemplazo al
término súbdito por el término ciudadano.
Innegablemente este cambio en el discurso
político está asociado a un punto de ruptura real
en la historia de la
institución de ciudadanía. Está asociado a
la transición a un segundo y moderno modelo de
ciudadanía. La discontinuidad revolucionaria sin embargo,
no debe impedirnos ver una continuidad tal vez más
profunda y fundamental en el desarrollo del concepto desde
fines de la época medieval. El sujeto se volvió de
nuevo ciudadano pero en un mundo de aparatos de estados
crecientes y reforzados, que a través de sus técnicas
específicas produjeron un ciudadano
disciplinado.

Esto último implica, según nos dice Roland
Anrup y Vicente Oieni (2003), entender a la ciudadanía
como un proceso de
sujetivización y personificación que regula,
enseña y forma al ciudadano. Nace en 1789 con la Revolución
Francesa y su principal fundamento es reconocer como
ciudadano francés a cualquiera persona a
condición de que aprendiera la lengua y
obedeciera las leyes francesas.
La ciudadanía francesa desde entonces, ha aparecido como
la representación del estado abierto, libre y tolerante el
cual no tenía problemas en
adoptar a los individuos que quisieran ser parte de él.
Esta ciudadanía encuentra su fundamento en una idea
central de la modernidad:
aquella que concibe al hombre como un
individuo que
es libre e independiente y toma decisiones sobre su propio
destino y con su voz contribuye políticamente al bienestar
de la sociedad. En lo fundamental es esta imagen del
ciudadano la que se ha convertido en un ingrediente importante
para la fórmula a través de la cual, las sociedades
occidentales se conciben a sí mismas. Al mismo tiempo, es
evidente que esta idea presupone un ciudadano activo que apenas
ha existido, y que si hubiera existido los estados

probablemente lo hubieran considerado como un problema.
Tampoco se ha realizado la idea de la ciudadanía abierta
como la libertad de la
que los individuos hacen uso para moverse libremente, residir
donde quieran y allí gozar del estatus de
ciudadano.

 La nacionalidad y
la ciudadanía muchas veces se conciben como
sinónimos, como conceptos que se corresponden; la
ciudadanía se define así en relación a la
nacionalidad o
como efecto de ella; bajo esta óptica
es difícil imaginar una ciudadanía no nacional. Sin
embargo, se hace necesaria la distinción. Si alguna
lección nos dejan los últimos acontecimientos en
América Latina (entre los que se puede citar las acciones
revolucionarias en Venezuela
luego del intento de Golpe de Estado
del 11 de abril del 2002, así como los sucesos sociales en
Bolivia a
finales del 2003 que terminaron con la renuncia del Presidente)
ésta sería que el nacionalismo y
el pensamiento en
torno a la
nacionalidad puede constituirse en un peligro incluso letal para
el ciudadano y para la ciudadanía.

Cada día que pasa se ve que es imprescindible
salvar a la ciudadanía de la ola nacionalista que amenaza
con ahogarla. Detrás del pensamiento nacionalista hay una
concepción de la ciudadanía que está en
contradicción con la concepción abierta de
ciudadanía de la Revolución Francesa. Esta
concepción nacional de la ciudadanía se
articuló durante las guerras
napoleónicas sobre todo por filósofos y pensadores
políticos del romanticismo
alemán; en ellos hay un rasgo decisivo
anti-individualista, los individuos se vuelven verdaderos y
reales sólo incorporados a una unidad más grande y
esta unidad es el estado.

El debate que en
los últimos años se ha desarrollado sobre la
identidad y
extensión del capitalismo de estado, en gran medida puede
remitirse a estas dos concepciones de ciudadanía.
También en el entusiasmo y respectivamente escepticismo
frente a la integración política de los
países inmersos en la hegemonía del capitalismo que
suelen ser partidarios de los ideales de la ciudadanía
francesa; los escépticos en cambio se adhieren a una
ciudadanía nacional. Estos paradigmas
también podemos encontrarlos en las tipologías que
ahora son comunes en la investigación sobre el
nacionalismo. En éstas se suele distinguir entre un
nacionalismo territorial que tiene su referente en la
Revolución Francesa y por otro, un nacionalismo
ético-cultural que tiene sus raíces en el
Romanticismo. A dichas tipologías corresponden una
ciudadanía territorialmente basada -jus solis- y una que
se basa en la comunidad
sanguínea -jus sanguinis.

 El nuevo concepto de ciudadano entró en el
vocabulario del mundo colonial, según lo expresara Darcy
Riveiro (El Proceso Civilizatorio. Caracas, Ediciones de la UCV,
1984) casi al mismo tiempo que se desatara el proceso de independencia,
perfilándose en el imaginario colonial urbano de comienzos
del siglo XIX.

En él se concentran significados múltiples
y más o menos difusos, estuvo claramente asociado a la
idea de posesión de una identidad nueva: americana,
nacional, patriótica; definitivamente diferente a la
repudiada y negada madre patria convertida, en el proceso, en
madrastra. La introducción de la institución de la
ciudadanía, según nos expresa el conocido
filósofo venezolano José Manuel Briceño
Guerrero (Discurso Salvaje. Caracas,Fundarte, 1979), no fue
sólo retórica sino que cumplió la función de
sumar fuerzas para garantizar el triunfo frente a España.
Esta debía ser el soporte de los nuevos estados que no se
fundaban ya en el derecho divino, sino en el principio de
representación política de ciudadanos
autónomos. La ruptura del orden colonial en la esfera
política se produjo generando en lo interno, una
alteración institucional del estatuto étnico
gestado durante tres siglos de dominación colonial; en lo
externo, el desmembramiento de la unidad política
colonial, dio lugar al nacimiento de nuevas naciones
políticamente soberanas que se incorporaban a un orden
internacional dominado por las ideas liberales. La
revolución de independencia y la creación de la
institución de la ciudadanía, buscó integrar
en la nueva etapa a indígenas, mulatos, negros, e incluso
a los españoles que así lo deseasen.

Pronto el discurso de amplia ciudadanía
entró en contradicción con las estructuras
socio-políticas heredadas de la colonia y también
con el nuevo proceso social y político generado por la
independencia. Para Celso Furtado se fueron ejecutando sucesivos
recortes a la amplia y concesiva institución de la
ciudadanía de la primera hora. En los no infrecuentes
períodos de abierta dictadura o
guerras internas, se suspendieron los derechos políticos;
pese a todo, los fundamentos filosóficos del discurso de
la ciudadanía no se modificaron.

En el caso de las dictaduras se apeló al
principio de estado de excepción, figura jurídica
de la que ninguna constitución carece. Así, los
derechos y obligaciones
del ciudadano no quedaron abolidos sino que se suspendieron. La
ficción del discurso liberal por lo general, se mantuvo en
pie. Desde ese proceso fundador, hasta hoy, el mecanismo es el
mismo. Desde el proceso de independencia a nuestros días,
en América Latina siempre circularon las ideas
occidentales dominantes sobre la ciudadanía y los derechos
humanos que emergen de la Declaración de los Derechos del
Hombre y el Ciudadano.

Las constituciones latinoamericanas están
moldeadas sobre la matriz de las
constituciones liberales de tradición francesa y
norteamericana. Aún en nuestros días, la ola de
reformas constitucionales que se llevan adelante en
América Latina están influidas, como desde los
orígenes, por los debates teóricos de los
países europeos y los EEUU. La constatación de esta
realidad corre paralela a otra: en la actualidad, se experimenta
un replanteamiento en el plano teórico de las bases sobre
las que se asentó tanto la ciudadanía en las
democracias liberales, como las de otras formas de
ciudadanía surgidas de las revoluciones de carácter socialista. En los debates se
dirige la mirada tanto hacia el horizonte del pasado que dio
origen a la tradición demoliberal, como hacia el horizonte
de futuro en el que el proceso de globalización se hará más
intenso y demandará respuestas para la que esa
tradición resulta insuficiente.

Hoy se plantean interrogantes como: ¿Cuál
es la extensión de los derechos? Educación, salud, vivienda digna,
respeto por el
ambiente,
acceso a la cultura,
¿son derechos inalienables del ciudadano? ¿Lo son
los derechos de los niños,
de los ancianos, de las minorías étnicas y otras
minorías? ¿Son derechos de los ciudadanos el
control frente a
poderes corporativos que se imponen por encima de los intereses
de las comunidades? ¿Cuál debe ser el balance entre
los derechos individuales y los de la comunidad? entre otros; es
decir, ya no es un asunto de definición, sino de
ejecución real acerca del rol de la ciudadanía:
¿de qué vale condimentar la sociedad de ideales
sino es posible materializarlos en respuestas concretas y en
beneficios palpables?

En el contexto de las ideas y aspiraciones
democráticas, y buscando identificar el estado real
del concepto, el ciudadano corresponde a los hombres y mujeres
que se asumen como sujetos llamados a la libertad, que reconocen
para sí y para los demás los derechos propios de su
dignidad
humana, que movidos según sus identificaciones y
diferencias acuerdan privadamente variados ámbitos de
interacción, que eligen autoridades a las
que perciben como sus representantes y que se asocian para
participar colectivamente en la deliberación de las
decisiones públicas.

2

El significante ciudadano, al igual que el de democracia, se
refieren al sujeto que se trasciende a sí mismo y se
conecta con los otros en una nueva forma de existencia: la
comunidad. Ambos conceptos nos hablan de la proyección
desde el sujeto hacia algo que no es él mismo y que lo
hace ser de otro modo, y esto nos introduce en el tema de la
dimensión ética de
la práctica de la democracia.

Distintas épocas y tradiciones de pensamiento han
formulado respuestas diferentes acerca de las finalidades, es
decir, de los valores
que se realizan en este trascender y dar lugar a algo
nuevo.

En la polis griega y su filosofía, aquello hacia
lo que se trasciende son valores
puramente ideales, cuya existencia no depende de lo que hagan los
individuos y, por el contrario, se imponen sobre éstos
compeliéndolos a la acción.
Esos valores son: el bien común, lo universal, el ser
esencial del hombre, su concepto: el zoon politikon.

La tradición de pensamiento judeo cristiana,
tiene en Dios el horizonte de esa trascendencia. La vida de la
comunidad es trascendencia hacia Dios, es la realización
de su designio; por esa vía, el individuo se vuelve uno
con lo infinito, se hace Persona.

En el pensamiento de la
Ilustración, las realidades trascendentes a que da
lugar la vida de la comunidad son: la libertad, la historia, la
voluntad general; mediante ellas el individuo se convierte en
ciudadano. Como vemos, tanto en la idea moderna de
ciudadanía, como en la judeo cristiana o la griega, se
responde al problema de los valores que se realizan en la vida de
la comunidad con una noción abstracta o extraterrenal de
la vida colectiva, con una idea de la comunidad colocada
más allá de las comunidades realmente existentes y
de los beneficios reales que esa interacción humana
alcanza.

Estas respuestas no reflejan ni la heterogeneidad de las
comunidades realmente existentes ni lo que realmente constituye
su aporte a la vida de los individuos que la componen y a la
humanidad en general, en términos de enriquecimiento
mutuo. Los movimientos comunitaristas actuales ya han insistido
bastante en que la verdadera realidad social está en las
comunidades efectivamente existentes y en que el problema de lo
que se consigue con la vida en común ni puede tener un
concepto abstracto como referente ni necesita abarcar a la
humanidad completa. Es un hecho que, al menos a lo largo de la
segunda mitad del pasado siglo XX, se fue perfilando el completo
desvanecimiento de la significación histórica de
las nociones de comunidad, ciudadanía y democracia de la
modernidad. Muchas voces se han hecho oír desde entonces,
apuntando a la falta de perspectiva histórica de dichas
nociones y han proclamado su desencanto de la cultura moderna, su
visión del mundo, sus estructuras sociales y, sobre todo,
de sus promesas de libertad, bienestar y felicidad.

El incumplimiento de las promesas de la modernidad, el
deterioro de la calidad de vida
de un número cada vez mayor de hombres y mujeres en el
mundo, la crítica
radical del carácter mítico de los fundamentos y de
las esperanzas, generaron un desencanto y un pesimismo que cada
día parece cobrar mayor presencia entre nosotros, y que,
ante la falta de perspectiva, reivindica como valores
máximos la realización individual, el placer y la
comodidad. Para el individuo posmoderno, sólo resulta
importante la no-sujeción a nada que contravenga su
interés; se trata sólo de estar bien y disfrutarlo,
desde la sensualidad y la sensoriedad, mientras dure. Se ha
venido imponiendo así, lo que Ronald Inglehart (1994)
llama el síndrome cultural posmoderno y que es aplicable a
la pauta de conducta de
hombres y mujeres, sobre todo en los países avanzados,
cuyas opiniones, criterios y sentimientos asumen un sistema de
valores distinto de aquel que fue clave en el surgimiento de la
sociedad industrial. El éxito económico, la
racionalidad, la sujeción a la voluntad mayoritaria en la
conducción de la vida colectiva, la idealización
del progreso y el avance de la ciencia, han
perdido importancia para estos nuevos ciudadanos que hoy
prefieren subordinar el crecimiento económico a la
protección del ambiente, que privilegian la
realización personal frente
al éxito económico o el imperio de la voluntad
general. La autoridad
jerárquica, la centralización y la grandeza del Estado
(dice Inglehart) han caído bajo sospecha y han alcanzado
el punto en que su eficiencia se
vuelve menor y resultan menos aceptables. La mentalidad
posmoderna refleja una disminución creciente de la
importancia que se acredita a toda autoridad y una pérdida
de la confianza en las instituciones
burocráticas y jerárquicas típicas del
estado moderno.

Según Fernando Ponce (en Ponencia presentada en
la Conferencia
regional "Globalización, migración
y derechos
humanos", organizada por el Programa Andino
de Derechos Humanos, PADH. Quito –
Ecuador.
Septiembre 16, 17 y 18 de 2003), el fenómeno del
multiculturalismo ha dado lugar a un gran número de
análisis y propuestas teóricas, sobre todo en
países de habla inglesa, acerca de la idea de
ciudadanía y la razón de ser de sus derechos. Los
derechos humanos no son un sueño de utópicos; ya
funcionan como parte del imaginario colectivo y desempeñan
una función reguladora en la
globalización. A pesar de lo que digan los
etnocentristas, a la hora de la verdad el relativismo no se lo
cree nadie. Quien tiene por irracional quitar la vida,
dañar física y moralmente,
privar de libertades, o no aportar los mínimos materiales y
culturales para que las personas desarrollemos una vida digna, no
lo cree sólo para su sociedad, sino para cualquiera. Los
derechos humanos constituyen un camino de salida de las falacias
del relativismo cultural y ético, aunque no estén
exentos de dificultades. Una consecuencia práctica de
pensar la ciudadanía desde los derechos humanos se refiere
directamente a la inmigración: las naciones receptoras tienen
que responder con más coherencia al desafío de este
ideal.

Como es sabido, el artículo 13 de la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948)
protege la libertad de circulación: "toda persona tiene
derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el
territorio de un Estado". También conviene recordar
aquí el artículo 3º, aunque su sentido sea
mucho más general: "Todo individuo tiene derecho a la
vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona". Frente a estos imperativos, las legislaciones de estos
países se quedan cortas porque "en la práctica, el
derecho de cada Estado a regular y limitar esta libertad[de
circulación] prevalece sobre el derecho de los migrantes,
y lo que debería ser un derecho inalienable se ha
convertido, de hecho, en una excepción que los diversos
Estados conceden a regañadientes y con muchas
reticencias". Junto a los derechos humanos, la ciudadanía
en un mundo globalizado tiene que construirse a partir de la
noción de solidaridad. Por
solidaridad no debería entenderse únicamente el
deber moral de
acoger al inmigrante o compadecernos de sus sufrimientos. La
solidaridad se refiere a una de las dimensiones de la
ciudadanía: la responsabilidad cívica. El ser ciudadano de
una comunidad política significa también el deber
de construir el ámbito de lo público y de buscar el
bien común por encima de los intereses particulares. Sin
embargo, este deber cívico, que no
se identifica ni de lejos con el patriotismo, está muy
venido a menos últimamente. La ciudadanía parece
haberse reducido en todos las naciones únicamente al
reclamo de los derechos políticos y sociales que ella
garantiza.

En la configuración de este nuevo concepto de
ciudadano, continua Ponce, los derechos humanos juegan un papel
que puede parecer paradójico a primera vista. Por un lado
refuerzan las demandas de más derechos y más
beneficios socio-económicos para los inmigrantes, pero al
hacerlo parecieran dar a entender que la ciudadanía es
únicamente un soporte de derechos y beneficios. Por este
motivo, un nuevo concepto de ciudadanía debe integrar
también la solidaridad, como responsabilidad cívica
por el bien común.

Derechos humanos y solidaridad pueden entonces dar una
identidad renovada a las naciones que, con razón o sin
ella, se preocupan por el rostro cada vez más
multicultural de sus sociedades.

3

Esta visión general del concepto de ciudadano y
ciudadanía, contextualizándolos en la realidad
histórica de América Latina, nos permite marcar la
guía en razón de la cual se exponen los idearios en
la cultura occidental acerca de los modelos de
desarrollo. Porque si bien es cierto que la interpretación de la sociedad se esgrime en
razón de las acciones de sus miembros, es decir el hombre,
no es menos cierto que el desenvolvimiento de esas teorías
del desarrollo aparece rodeando y condicionando al hombre libre,
portador de derechos y deberes que configura el ciudadano
moderno. Ese ciudadano nutre de insumos a las teorías para
que estas graviten en razón de él y de sus
expectativas. No puede existir una teoría
del desarrollo que no se piense primero en un bienestar concreto y
directo para el ciudadano. Sea a corto, mediano o largo plazo,
pero siempre la brújula ha
de ser el bienestar del ciudadano. Si la historia, o los propios
teóricos dicen lo contrario, es porque no entienden en
qué planeta están, peor aún, cuáles
son las realidades que les rodean.

En definición de Gustavo Esteva (W. SACHS,
editor, Diccionario
del desarrollo. Una guía del conocimiento
como poder, PRATEC,
Perú, 1996 ,primera edición
en inglés
en 1992, 399 págs.) al decir desarrollo, la mayor parte de
la gente dice actualmente lo contrario de lo que quiere expresar.
Todo mundo se confunde. Por usar sin sentido crítico esta
palabra sobrecargada, ya condenada a la extinción, se esta
transformando su agonía en una condición
crónica. Han empezado a emanar todo género de
pestes del cadáver insepulto del desarrollo. Ha llegado el
tiempo de revelar su secreto y verlo en toda su
desnudez.

A finales de la segunda guerra
mundial, EE.UU era una maquina productiva formidable e
incesante, sin precedente en la historia. Constituía sin
disputa el centro del mundo. Todas las instituciones creadas en
esos años reconocieron ese hecho: hasta en la Carta de las
Naciones Unidas
se escuchó el eco de la Constitución
norteamericana. Pero los norteamericanos querían algo
más, necesitaban hacer enteramente explícita su
nueva posición en el mundo; querían consolidar su
hegemonía y hacerla permanente. Para esos fines,
concibieron una campaña política a escala global que
portara claramente su sello. Concibieron incluso un emblema
apropiado para identificar la campaña y eligieron
cuidadosamente la oportunidad de lanzar uno y otra (el 20 de
enero de 1949). Ese día, el día en que el
presidente Truman tomó posesión, se abrió
una era para el mundo: la era del desarrollo.

Debemos emprender dijo Truman, un nuevo programa audaz
que permita que los beneficios de nuestros avances
científicos y nuestro progreso industrial sirvan para la
mejoría y el crecimiento de las áreas
subdesarrolladas. El viejo imperialismo
la explotación para beneficio extranjero no tiene ya
cabida en nuestros planes. Lo que pensamos es un programa de
desarrollo basado en los conceptos de un trato justo y
democrático.

Al usar por primera vez en este contexto la palabra
subdesarrollo,
Truman cambió el significado de desarrollo y creó
el emblema, un eufemismo, empleado desde entonces para aludir de
manera discreta o descuidada a la era de la hegemonía
norteamericana. Nunca antes una palabra había sido
universalmente aceptada el mismo día de su
acuñación política. Una nueva percepción, de uno mismo y del otro,
quedó establecida de pronto. Doscientos años de
construcción social del significado
histórico-político del término desarrollo
fueron objeto de usurpación exitosa y metamorfosis
grotesca. Una propuesta política y filosófica de
Marx, empacada
al estilo norteamericano como lucha contra el comunismo y al
servicio del
designio hegemónico de Estados Unidos,
logró pernear la mentalidad popular, lo mismo que la
letrada, por el resto del siglo.

El subdesarrollo comenzó, por tanto, el 20 de
enero de 1949. Ese día, dos mil millones de personas se
volvieron subdesarrolladas. En realidad, desde entonces dejaron
de ser lo que eran, en toda su diversidad, y se convirtieron en
un espejo invertido de la realidad de otros: un espejo que los
desprecia y los envía al final de la cola, un espejo que
reduce la definición de su identidad, la de una
mayoría heterogénea y diversa, a los
términos de una minoría pequeña y
homogeneizante.

Truman no fue el primero en emplear la palabra. Wilfred
Benson, quien fuera miembro del Secretariado de la Oficina
Internacional del Trabajo, fue
probablemente la persona que la inventó, cuando se
refirió a las áreas subdesarrolladas al escribir
sobre las bases económicas de la paz en 1942. Pero la
expresión no tuvo mayor eco, ni en el público ni en
los expertos. Dos años más tarde, Rosenstein-Rodan
siguió hablando de áreas económicamente
atrasadas. Arthur Lewis, también en 1944, se
refirió a la brecha entre las naciones ricas y las pobres.
A lo largo de la década, la expresión
apareció ocasionalmente en libros
técnicos o en documentos de
Naciones Unidas. Sólo adquirió relevancia cuando
Truman la presentó como emblema de su propia
política. En este contexto, adquirió una virulencia
colonizadora insospechada.

En expresión de Hernando Agudelo Villa (La
revolución del desarrollo. México, Editorial Roble,
1966), el desarrollo connota por lo menos una cosa: escapar de
una condición indigna llamada subdesarrollo. Cuando
Nyerere propuso que el desarrollo fuera la movilización
política de un pueblo para alcanzar sus propios objetivos,
consciente como estaba de la locura de seguir las metas que otros
habían establecido; cuando Rodolfo Stavenhagen propone
actualmente el etnodesarrollo o el desarrollo con autoconfianza,
consciente de que debe mirarse hacia adentro y buscar en la
propia cultura, en vez de seguir adoptando puntos de vista
prestados y ajenos; cuando Jimoh Omo-Fadaka plantea el desarrollo
de abajo hacia arriba, consciente de que ninguna de las estrategias
basadas en el diseño
de arriba hacia abajo ha logrado alcanzar sus objetivos
explícitos; cuando Orlando Fals Borda y Anisur Rahman
insisten en el desarrollo participativo, conscientes de las
exclusiones practicadas en nombre del desarrollo; cuando Jun
Nishikawa propone "otro" desarrollo para Japón,
consciente de que la era actual esta terminando; cuando ellos y
muchos otros califican el desarrollo y emplean la palabra con
advertencias y restricciones, como si se estuvieran refiriendo a
un campo minado, no parecen estar al tanto de la contra productividad de
sus empeños.

Para que alguien pueda concebir la posibilidad de
escapar de una condición determinada, es primero necesario
que sienta que ha caído en esa condición. Para
quienes forman actualmente las dos terceras partes de la población del mundo, pensar en el
desarrollo, en cualquier clase de
desarrollo, requiere primero percibirse como subdesarrollados,
con toda la carga de connotaciones que esto conlleva. En la
actualidad, para dos terceras partes de la gente en el mundo, el
subdesarrollo es una amenaza cumplida; una experiencia de vida
subordinada y llevada por el mal camino, de discriminación y subyugación. Dada
esta condición previa, el simple hecho de asociar con el
desarrollo las intenciones propias las anula, las contradice, las
esclaviza. Impide pensar en objetivos propios, como quería
Nyerere; socava la confianza en uno mismo y en la cultura propia,
como exige Stavenhagen; solicita la
administración de arriba hacia abajo, contra la que se
rebeló Jimoh; convierte la participación en un
truco manipulatorio para involucrar a la gente en la lucha para
obtener lo que los poderosos quieren imponerle, que era
precisamente lo que Fals Borda y Rahman trataban de
evitar.

Según Eugenio Ortega Riquelme, el fracaso del
pensamiento único sobre las formas de crear desarrollo y
bienestar en una economía de mercado es puesto
en evidencia por las propias autoridades del Banco Mundial
que en su propuesta Un Marco Integral de Desarrollo , en 1999,
señalaba que si bien es cierto que la economía
mundial ha abierto muchas nuevas oportunidades para muchos
pueblos y personas, no podemos darnos por conformes cuando hay
tres mil millones de personas que siguen subsistiendo con US$ 2
al día, se registra creciente desigualdad entre ricos y
pobres, degradación de los bosques ( a la razón de
un acre por segundo), hay 130 millones de niños que
todavía no asisten a clases, 1.500 millones de personas
que siguen sin tener acceso a agua apta para
el consumo y
otros 2.000 millones sin acceso a alcantarillado. Y más
adelante agrega que todo lo anterior debe preocuparnos aún
más al constatar que para el año 2025
tendrán que alimentarse otras 2.000 millones de
personas.

En América Latina, continua Ortega Riquelme,
todos los países, unos más radicalmente que otros,
impulsaron sus reformas en la lógica
de la naturalización de las recetas económicas.
Desviarse de la ortodoxia, se nos pronosticaba, iba a ser
penalizado con el retraso, con la expulsión de la
globalización, con la ausencia de inversión extranjera o con malas
calificaciones de riesgo
país. Lo que otros hacen en el mundo de los países
emergentes o desarrollados a nosotros muchas veces nos cae como
amenaza. Y, lo más insano, es que muchas veces nosotros
mismos nos negamos a interrogarnos si no hay más espacio
para mejores alternativas que sirvan para políticas
económicas que logren aumentar el crecimiento y, al mismo
tiempo, disminuir la pobreza y la desigualdad. Dani Rodrick hace
al respecto una afirmación que pocas veces se traduce en
políticas públicas: "ahora disponemos de
considerable evidencia empírica que indica que la
fragmentación social va en detrimento de los logros de la
economía…y la desigualdad de renta reduce el
rendimiento económico subsiguiente".

Para el Nobel Joseph E. Stiglitz, en su obra El malestar
en la globalización (Traducción de Carlos
Rodríguez Braun. Madrid:
Taurus, 2002. 314 págs.), la percepción del
desarrollo en el contexto de la globalización, en que
todas las economías nacionales se encuentran en constante
interacción, ha de estar en sintonía con el
crecimiento económico de los países menos
desarrollados; pero para que ello sea posible, no basta con que
las instituciones económicas supra-nacionales se apliquen
a proporcionar recetas de crecimiento, sino que éstas
deben de respetar las secuencias y los ritmos que exigen algunas
economías con un débil grado de desarrollo. Por
otra parte, la ideología neoliberal que supone el abandono
de las ideas sobre el papel desempeñado por los Estados en
el fomento de las economías nacionales, tal como se
había propuesto a partir del final de la II Guerra
Mundial, para, regresando a la línea del pensamiento
liberal de Adam Smith, dejar actuar a dichas economías
según las leyes del libre mercado, según las cuales
la
motivación del beneficio constituye la fuerza que
dirige la economía hacia resultados eficientes como si la
llevara una mano invisible.

Stiglitz ahonda sus percepciones afirmando que la
globalización actual no funciona. Para muchos de los
pobres de la Tierra no
está funcionando. Para buena parte del medio ambiente
no funciona. Para la estabilidad de la economía global no
funciona. La transición del comunismo a la economía
de mercado ha sido gestionada tan mal que -con la
excepción de China, Vietnam y unos pocos países del
este de Europa- la pobreza ha crecido y los ingresos se han
hundido. Sin embargo, Stiglitz concluye que, a pesar de todo
ello, la globalización puede ser una fuerza benigna. Puede
ayudar a generalizar el
conocimiento y el intercambio de ideas, puede contribuir a la
transmisión de concepciones sobre la democracia y promover
una sociedad civil más justa; y puede beneficiar a los
países que, sin confiar en la noción de un mercado
autorregulado, reconozcan el papel que puede cumplir el Estado en
el desarrollo, y que, en consecuencia, estén en
condiciones de resolver sus propios problemas. Y al hablar que la
globalización no funciona sino que tiene potencialidad de
funcionar, no nos dice más que las nuevas teorías
del desarrollo aún no han madurado su estancia en el nuevo
orden mundial.

4

Las primeras grandes teorías económicas
del desarrollo, según expone ampliamente D. Lal en su obra
The Poverty of Development Economics (Institute of Economic
Affairs, Londres,1983), formuladas en los años 50,
preconizaban, siguiendo el modelo del Plan Marshall,
grandes transferencias financieras internacionales en favor de
los estados del tercer mundo, de manera que pudieran acumular el
capital
necesario para atravesar un umbral de inversiones
considerado decisivo para abordar una modernización
industrial acelerada. Los economistas occidentales del desarrollo
esperaban que esta masa de inyecciones financieras rompiera el
"círculo vicioso de la pobreza" (teoría de Ragnar
Nurkse), que acelerara la transferencia en masa de la mano de
obra de la agricultura
hacia la industria
(teoría de Arthur Lewis), que iniciara el "gran
empujón" del crecimiento industrial (teoría de Paul
Rosenstein-Rodan) y más en general que provocara el
"despegue" mundial de la sociedad hacia la era industrial (la
tercera etapa en la famosa teoría del desarrollo en cinco
etapas de Walt Rostow).

Mientras que la mayoría de esos economistas
liberales anglosajones limitaban la función del Estado a
la asignación eficiente de las inversiones en una
economía abierta, los heterodoxos europeos recomendaban un
mayor intervencionismo estatal en un sector industrial protegido.
La idea central era que los Estados del tercer mundo
debían llevar a cabo una inversión pública
voluntarista y selectiva en favor de los sectores industriales
considerados más estratégicos por sus repercusiones
económicas: se habló entonces de efectos de
arrastre (Albert Hirschman), de polos de crecimiento
(François Perroux) y de industrias
industrializantes (Gérard de Bernis). En cuanto a la
actitud con
respecto al mercado mundial, este desarrollo industrial
planificado se concibió en general como una conquista
prioritaria del mercado interior por las políticas de
sustitución de importaciones
(influencia de las tesis de Paul
Prebisch).

Dentro de la tendencia de un intervencionismo
teñido de socialismo
planificador, el economista Paul Baran iba a preconizar la
apropiación y rentabilización por parte del Estado
del "excedente económico" existente en potencia en las
economías subdesarrolladas (recursos del
suelo y del
subsuelo, inversiones extranjeras) gracias a una enérgica
política de nacionalización de esos sectores
productivos estratégicos.

Por último, culmina D. Lal, otros heterodoxos
como el social-demócrata sueco Gunnar Myrdal,
tempranamente preocupado de convertir el crecimiento
económico en desarrollo social
equitativo, apelaban a la emergencia en el tercer mundo de
Estados redistribuidores según el modelo de los
Estados-providencia nacientes en Occidente. Muy
rápidamente fueron las estrategias más
intervencionistas las que obtuvieron el favor de los Estados del
tercer mundo, por lo menos, de los Estados más influyentes
en el liderazgo
ideológico de los países no alineados: la planificación económica argelina iba
así a inspirarse en la teoría de las industrias
industrializantes, una versión india de
ésta (modelo de crecimiento Mahalanobis) orientó el
segundo Plan Quinquenal de la India (1956-61), mientras que las
nacionalizaciones de los recursos del subsuelo incluidos los
intereses occidentales (canal de Suez) se extendían por
todos los estados del Medio Oriente. En América Latina,
las tesis de la CEPAL fomentaban las estrategias de
sustitución de las importaciones.

En el origen de estas teorías de desarrollo hubo
grandes diferencias entre todos los economistas, tanto por sus
tesis como por su formación intelectual, (hay un mundo
entre los anglosajones liberales como Lewis o Rostow y los
heterodoxos franceses como Perroux o de Bernis), no es
excesivamente simplificador decir que la teoría
económica del desarrollo de los años 50 a 60, en su
conjunto, se articuló en general en torno a una
concepción que atribuía a los Estados del tercer
mundo una capacidad de producir, por medio de una
modernización industrial acelerada, un desarrollo
económico y social prometeico.

Para François Perroux en 1962, basta con que
surjan minorías capaces de asumir los intereses de varias
naciones y de servir a estos intereses, sin olvidar nunca que es
inherente a la expansión histórica de la industria
y a su destino racional, servir a todos los hombres. Quizá
fuera el sueco Gunnar Myrdal el único, en la comunidad de
los economistas del desarrollo, que daba muestras de un cierto
escepticismo planteando la cuestión de la naturaleza de
los Estados del tercer mundo como posible obstáculo para
el desarrollo: en efecto, insistió en varias ocasiones en
el riesgo que suponía la existencia de Estados ya fueran
demasiado "blandos" para emprender políticas de desarrollo
eficientes, o demasiado autoritarios, o demasiado corruptos para
llevar a buen término las políticas necesarias para
redistribuir los frutos del crecimiento. Pero estas llamadas a la
vigilancia fueron ahogadas en el optimismo de la época,
sobre todo en el economicismo dominante que dejaba fuera del
campo económico este tipo de cuestionamiento
político.

Luisa Fernanda Velasco, en un trabajo amplio y riguroso
titulado: Lo "etno" del desarrollo: una mirada a las estrategias
y propuestas del desarrollo indígena, publicada en la
dirección web www. unimag.
edu. co, expone que el desarrollo, desde un punto de vista
más bien general se entiende como "…impulso progresivo y
afectiva mejora cuando de los pueblos y sistemas
políticos y económicos se trata." Se enfoca el
desarrollo de un modo evolutivo, como en una etapa superior al
subdesarrollo y a la que todos deben llegar como meta
única. Van Kessel hace una diferenciación entre el
desarrollo que se relaciona a grandes procesos
revolucionarios vividos por la humanidad y el creado por el
sistema capitalista europeo que presenta como
contradicción la aparición del subdesarrollo, del
que se encargan hoy en día los estudiosos.

Así mismo, Velasco afirma que desarrollo es el
esfuerzo que pone una sociedad para asegurar y optimizar el
bienestar integral de sus propios miembros por medio de un
proceso de emancipación material, social y humana,
idealmente proyectada en el pasado mitológico o en el
futuro utópico.

Esa definición, basada en la teoría del
desarrollo autocentrado de D. Senghaas, introduce el concepto de
bienestar, pretende evitar el etnocentrismo expresado en muchas
teorías desarrollistas y lo relaciona por un lado al
bienestar humano, por otro pretende garatizar la
autodefinición de grupos
socio-culturales acerca de su propio concepto de bienestar. Las
concepciones del desarrollo podrán darse ya sea como
crecimiento económico, como etapas para conseguir
bienestar general o como proceso de transformación desde
las estructuras propias de una sociedad tradicional a una
sociedad moderna, un proceso de cambio social con la finalidad de
igualdad de
oportunidades sociales, políticas y económicas.
Todas estas maneras de desarrollo pretenden homogeneizar a la
población.

Por lo general, la idea del concepto desarrollo, se
centra en un proceso permanente y acumulativo de
transformación de la estructura
económica y social, resultando transformaciones profundas
y cambios estructurales e institucionales. Para la citada autora,
el objetivo del
desarrollo debería ser, no solamente "tener más"
sino de "ser más". El desarrollo es cambiante según
la época, "es relativo en el tiempo" y lo que alguna vez
se consideró desarrollo, en el caso que permanezca sin
cambios puede convertirse en subdesarrollo. Se lo considera,
entonces, como un problema de dinámica social y
económica.

La teoría de la modernización, que
planteaba que los países "menos desarrollados" debieran
seguir los mismos pasos de desarrollo que los industrializados,
la teoría de la dependencia que tiene como origen la
revolución
cubana decía que al provenir la materia prima
para la gran producción en los países
desarrollados gracias a la avanzada tecnología, en los no
desarrollados, se crearía la dependencia. Surge como
contrapropuesta a esta la teoría crítica de la
dependencia que plantea que el contacto de los países no
desarrollados con los del "primer mundo" les ha traído
beneficios y no solamente imposiciones no deseadas. Por
último, la teoría del desarrollo desigual se
refiere a la existencia de diferentes niveles de desarrollo
según las regiones y el acceso desigual a diferentes
recursos.

El desarrollo humanista e integral, parecería ser
la solución al problema de la pobreza desigual en
diferentes sectores sociales, se lo ha tomado poco en cuenta en
políticas públicas. De alguna manera se sabe que
las teorías desarrollistas puestas en práctica no
cumplieron del todo con el objetivo deseado de acabar con la
pobreza y más bien funcionaron de manera paliativa y a
veces etnocida. En este sentido, y preocupados por un enfoque
más integral desde una pespectiva culturalista, surge el
planteamiento del etnodesarrollo, que pretende agrupar en una
teoría de desarrollo, con un enfoque más bien
integral, elementos socio-culturales, políticos,
económicos desde la perspectiva local, puesto que plantear
en este tiempo histórico (año 2004) una
macro-teoría del desarrollo sería volver a cometer
el error de mirar los espacios de los ciudadanos como esquemas
globales de participación, la idea es fortalecer en micro
el poder del ciudadano, de la
organización política, el municipio, para
evidenciar qué posibilidades reales tenemos de impulsar un
verdadero criterio de desarrollo. En el futuro la sumatoria de
micro teorías del desarrollo hará posible el nuevo
paradigma
desarrollista.

5

En el nuevo orden mundial, ese mismo que los
acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 cambiaron
radicalmente los puntos de interés político,
social, económico y cultural, se circunscriben en tres
líneas de pensamiento: 1) Los debates de filosofía
política, en sus diferentes corrientes; 2) Las
formulaciones sobre Desarrollo; y 3) La reafirmación de lo
humano en el campo de los valores y los derechos
humanos.

Un referente para desarrollar las ideas centrales de
esta reflexión, se ubica en dos interpretaciones muy
actuales la de Michael Walzer y la de Amartya Sen. En la
discusión de Walzer, la justicia
está intrínsecamente relacionada con los problemas
de distribución y redistribución de los
bienes
sociales; esta distribución a su vez implica tres
dimensiones: La igualdad de tratamiento, el tratamiento
según merecimiento y el respeto por los derechos
inalienables de cada quien, siendo estos derechos: la vida, la
libertad y la propiedad.

La sociedad moderna ofrece diferentes esferas y tipos de
servicios, a
los cuales los individuos acceden de manera equitativa o
inequitativa. Aunque cada comunidad produce (y define) sus
propios bienes sociales. El concepto de igualdad compleja que
Walzer contraponer al de igualdad simple (todos los seres humanos
son en cuanto humanos, iguales), en el que al reconocer el
conjunto heterogéneo de bienes que produce y ofrece una
sociedad, los diferentes sujetos sociales tienen posibilidad de
acceder y competir por determinados conjuntos de
bienes, y así ocupar distintas jerarquías en cada
sector, según su necesidad, su merecimiento, y el
ejercicio de sus derechos. La igualdad compleja, entendida dentro
de principios de
distribución justa se puede equivaler con
ciudadanía y se ilustra como tener poder, mando, en
algunos sectores, mientras en otros, es sujeto de obediencia,
donde mandar no significa ejercer poder sino disfrutar de una
porción mayor sea cual fuere el bien distribuido. Quien se
vea a sí mismo como un desvalido en todas y cada una de
las esferas de la justicia no puede contemplarse como un
ciudadano igual, un miembro pleno de su comunidad
política.

Los significados sociales de algunos bienes son
múltiples y a veces conflictivos; y persisten
consideraciones morales que atraviesan las esferas distributivas,
sobre la equidad, la
responsabilidad individual, la igualdad de ciudadanía y la
dignidad de las personas que influyen sobre el modo en que se
piensa la distribución de los bienes.

En otro orden, pero con la misma intencionalidad de
redimensionar la visión paradigmática del
desarrollo, Amartya Sen define ésta percepción como
el proceso que busca la superación de los problemas
centrales que enfrenta cada sociedad, los cuales en mayor o menor
intensidad en cada sociedad, hacen referencia a la pobreza y la
miseria, las necesidades básicas insatisfechas, las
hambrunas y el hambre, la violación de las libertades
políticas y básicas, la falta de atención a las mujeres, y las amenazas al
entorno.

En síntesis,
el desarrollo debe permitir la expansión de las libertades
reales de los individuos, las cuales dependen de las
instituciones sociales y económicas. Pese a la opulencia
alcanzada, el mundo contemporáneo niega libertades
básicas a una gran mayoría de personas y familias,
en especial en bienes, servicios y ciudadanía.
Según Sen, "la libertad de participar o la oportunidad de
educación y asistencia sanitaria, son los elementos
constitutivos del desarrollo".

En el contexto de la reflexión de Sen, las
libertades a su vez pasan a constituirse en derechos, exigiendo
la presencia de tres condiciones: 1.-La legitimidad: Para que los
derechos trasciendan el plano retórico (muy
característico de la discusión actual) se requiere
que adquieran un status real a través de los derechos
sancionados por el Estado. Es decir, los derechos se adquieren
por su definición en una legislación; 2.- La
coherencia: La sola definición legal no es suficiente para
garantizar su cumplimiento, por ello, al reconocimiento de los
derechos debe corresponder la asignación de una
obligación definida para una agencia ó
institución específica; y 3.- La ética
social: implica la consideración de aquello que define
cada cultura en sus marcos valorativos, pero que si bien reconoce
la particularidad cultural, parte del principio que lo
ético, en su especificidad, no puede causar daño a
nadie en su aplicación.

En este aspecto volvemos a Joseph E. Stiglitz,
quien en una conferencia en la Universidad de
Oxford, en mayo del 2003, denominada "Clarendon", sobre la puesta
al día de la teoría de Keynes para el siglo XXI,
dijo de manera contundente que la nueva percepción de las
teorías de desarrollo se apreciaban en el marco de la
brecha entre la teoría pionera sobre las
asimetrías de la información y las recetas
políticas para el Banco Mundial, la
Casa Blanca y el FMI. Stiglitz
agregaba que se ha quebrado el intríngulis de
décadas de cómo proporcionar bases
microeconómicas (supuestos sobre el comportamiento
individual) a la visión macroeconómica de
Keynes. La convención económica actual, expone
Stiglitz, supone la existencia de un "agente representativo", una
persona cuya conducta económica puede ser modelizada
mediante ecuaciones
matemáticas y luego trasladadas a
millones para deducir los efectos macroeconómicos de
las diferentes políticas. Esos modelos impregnan los
errores de las políticas de Bush y el FMI. El problema con
esa teoría es que no existe ese representante singular de
la conducta económica del hombre. En realidad, accesos
diferentes a la información guían la toma de
decisiones económicas.

6

El capitalismo que se le vendió a Occidente a
comienzos del siglo XX, tenía como características:
autonomía en la vida económica, descentralización de las decisiones
económicas en manos de los individuos como unidades de
producción y la subordinación de las decisiones
económicas, principalmente las que tenían que ver
con las fuerzas del mercado; la propiedad privada de los medios
de producción; el ejercicio sin control de los derechos
privados que darían un máximo de bienestar a la
comunidad, como producto de la
competencia; y la
ideología política basada en la libertad
individual, la democracia representativa y los derechos del
individuo.

A finales de la década de los veinte,
según expresa Hernando Agudelo Villa (1966), el panorama
fue muy distinto: el sistema capitalista tuvo que ser
redimensionado producto de su fracaso en el colapso
económico de 1929. Se planteó así la tesis
de Keynes, quien
entendió que existía una profunda
contradicción entre una alta tasa de capitalización
y una desigual distribución del ingreso, pues la baja
capacidad de compra de las masas impedía la
adquisición de los bienes de consumo que producía
la creciente maquinaria industrial.

El capitalismo del siglo XX, introdujo como premisa de
su credo que era necesario un consumo en masas, si se quiere
sostener la producción que impuso la revolución
industrial. Tal consumo no puede existir a menos que haya una
distribución en masa del poder de compra y a su vez, que
se puedan crear condiciones de inversión que repercutan en
la oferta de
mayores empleos. Esta realidad, que se torna evidentemente
materialista y económica, es un elemento directo de la
esencia de una teoría del desarrollo, que
edificándose en el marco local hace posible esbozar un
primer acercamiento a lo que debería constituirse en
teoría del nuevo desarrollo.

¿Es posible aumentar del bienestar material de
las generaciones actuales de un modo compatible con la
conservación de la naturaleza y del medio ambiente? Si
atendemos al importante debate que sobre esta cuestión
tuvo lugar en el último cuarto de siglo, podría
decirse que la humanidad recorrió el largo camino que va
desde el pesimismo radical de quienes, como los autores de los
primeros informes del
Club de Roma,
veían en la detención del crecimiento
económico la única manera de mejorar el grado de
conservación de los activos
ambientales, hasta la proyección ingenua de buenos deseos
de quienes veían en el concepto de desarrollo
sostenible, entendido como el tipo de crecimiento que
satisface las necesidades presentes sin comprometer las
posibilidades de las generaciones futuras, la definición
de una estrategia
ganadora en la que los objetivos de crecimiento y
conservación dejan de ser incompatibles.

Esta percepción de la realidad, en la cual la
tarea es considerar todo el espectro de bienestar que sea posible
para promover tendencias de desarrollo palpables e inmediatas,
nos lleva, guiados por los aportes teoréticos de Giovanni
E. Reyes, de la University College, Universidad de Pittsburgh,
EE.UU, a enmarcar el nuevo escenario desarrollista en una
interpretación sobre el desarrollo alcanzado por los
países no desarrollados.

El Escenario actual tiene las siguientes
características:

A) Los países latinoamericanos que relativamente
han cambiado su estructura de exportación han sido Ecuador (petróleo),
México (petróleo e industria), Brasil y
Haití (industria). Este último ha desarrollado una
industria manufacturera liviana especialmente en la línea
de ensamblaje y maquiladoras;

B) Las condiciones de mayor estabilidad durante los
sesenta, en términos de las condiciones internacionales,
estuvieron asociadas al patrón monetario
dólar-oro. Durante
ese tiempo Latinoamérica experimentó un
sostenido crecimiento económico;

C) Aún cuando las naciones latinoamericanas
tuvieron que enfrentar alguna inflación durante los
sesenta, los valores de la misma en esa época fueron
significativamente menores que los niveles registrados en los
ochenta;

D) Desde 1974 y debido principalmente al efecto del alza
de precios del
petróleo, y a los regímenes más liberales de
la región en cuanto al manejo de las políticas
cambiarias, los países enfrentaron mayores problemas para
mantener estables sus coeficientes de crecimiento
económico;

E) A fin de evitar los procesos de ajuste
económico en los países sin capacidad de
exportación de petróleo en la región, varias
naciones se embarcaron en la generación del problema de la
deuda externa,
algo que llegaría a hacer crisis durante
los ochenta. Por lo tanto, la década de los setenta tuvo
un crecimiento económico producto de la
incorporación de recursos de acreedores debido a la alta
liquidez del sistema
financiero internacional;

F) Durante los ochenta, las medidas de ajuste
económico fueron inevitables. Estas medidas vigorizaron el
papel de las exportaciones
como eje de la recuperación económica que se
buscaba, más que la aplicación tradicional de las
políticas fiscales y monetarias;

G) El factor más evidente para la crisis, dentro
de las condiciones domésticas de la región, fue la
necesidad del pago de la deuda externa. Entre 1978 y 1981,
Latinoamérica cosechó los beneficios de mejores
términos de intercambio en el mercado internacional y de
un notable y fácil acceso a recursos financieros en el
sistema financiero mundial, especialmente de la banca
privada;

H) Durante los ochenta, las devaluaciones de monedas que
tuvieron lugar en la región fueron unas de las principales
causas para que se establecieran los procesos de "importación de inflaciones" en las
economías. Esta situación se basa fundamentalmente
en la dependencia que la región tiene respecto a
importación de insumos de otros países;

I) Los problemas con la inflación fueron
particularmente importantes en los casos de Perú, Bolivia,
Costa Rica,
Argentina y Brasil;

J) Los procesos de ajuste económico hicieron
posible reducir el déficit fiscal en 5
ó 6 puntos del PIB en la
mayor parte de los países de la región. Con unas
pocas excepciones, esta situación, sin embargo, no produjo
totalmente los beneficios que se esperaban fundamentalmente
cuando se mantuvieron condiciones adversas en la esfera de la
economía
internacional;

K) Una comparación entre las condiciones
existentes entre la segunda parte de los años ochenta y
los noventa revela importantes cambios en el ambiente
macroeconómico, tales como un moderado aumento de la
actividad económica, menor nivel de déficit fiscal
en los gobiernos, una menor expansión de las masas
monetarias, así como recuperaciones en los niveles de
inversión y relativo descenso en los niveles de desempleo;

L) Más aún, las tasas reales de cambio en
las monedas se elevaron menos dramáticamente que como lo
hicieron durante los procesos de ajuste en los ochenta. Esto fue
favorecido por nuevos flujos de recursos financieros que llegaron
a la región. En muchos países que basaron sus
políticas de estabilización en el uso de recursos
externos, se llegó a registrar ciertas apreciaciones en
las monedas, algo que ocurrió en algunos casos a mediados
de los ochenta, como por ejemplo en Costa Rica y
Honduras;

M) Hasta cierto punto, el grado de inequidad en
términos de los mercados de
trabajo menguó en la década de los noventa en
sólo dos países: Colombia y
Uruguay. En el
resto de la región la inequidad laboral
continuó siendo la misma o empeoró;

N) En todos los países el porcentaje de hogares
bajo el nivel de pobreza aumentó durante los ochenta,
aún cuando al principio de esta década algunos
países consiguieron aliviar el problema. Pero muchas
economías se estancaron, entraron en recesión o
bien no crecieron lo suficiente para disminuir los niveles de
pobreza. Durante los noventa, algunas naciones manifestaban al
menos estabilización y alguna mejora en la
superación de la pobreza, tales los casos de Chile y
Uruguay;

O) Las condiciones económicas regionales jugaron
un papel significativo para atraer inversiones. De 1991 a 1995,
solamente Chile, Costa Rica y El Salvador mantenían
niveles de inversión directa que eran cercanos o
superiores a los observados en el período 1978-1981. Por
el contrario, en el otro extremo, Brasil, Ecuador y Venezuela
tenían niveles de inversión menores que los
registrados en el período de crisis;

P) Durante los noventa y comienzos de la década
del dos mil, ha sido posible observar un cambio positivo en la
inversión bruta como porcentaje del PIB. Este cambio
refleja y a su vez ha contribuido a la consolidación de
los procesos de estabilización en varios casos. Aún
cuando este indicador comenzó en niveles bajos a
principios de los noventa, sus índices han tendido a
mejorar a lo largo de los diez últimos años,
aún con los efectos de la crisis financiera del
sudesteasiático de 1997;

Q) Especialmente durante los ochenta y hasta cierto
punto en los noventa, la liberalización comercial y las
reformas en los mercados de trabajo llegaron a tener efecto en el
aumento de los niveles de desempleo en la región. Las
empresas que
fueron incapaces de competir con las firmas extranjeras en los
mercados nacionales, incurrieron en despidos de trabajadores a la
vez que los gobiernos reducían su propio personal y muchos
de los contratos,
especialmente aquellos de corto plazo;

R) Respecto al salario
mínimo, tanto las reformas a los mercados laborales como
las transformaciones fiscales influyeron en la reducción
del salario mínimo real. Esta situación
agravó las condiciones sociales si se toma en cuenta que,
paralelamente, se reforzaba el desempleo, el subempleo y como
consecuencia se expandía la economía
marginal;

S) A pesar de que los salarios
mínimos reales disminuyeron durante la crisis, los mismos,
en algunos casos, aumentaron conforme se alcanzó un mayor
crecimiento económico, como en el caso de
Chile;

T) El impacto de las reformas fiscales, la
liberalización del comercio y de
los mercados de capitales, además del flujo creciente de
capitales foráneos, hizo posible que aumentara la riqueza
de los sectores capitalistas y empresariales en
particular;

U) Durante la fase de ajuste económico
estructural, el sector informal de la economía ha tendido
a expandirse en la medida en que más y más unidades
de producción entran a las condiciones de ninguna
regulación. Esta ha sido una característica
básicamente observada en la marginalidad de los sectores
urbanos.

 Esta realidad latinoamericana nos
induce a pensar que América Latina no ha podido terminar
de ajustar a su realidad regional una política de
desarrollo desprendida del capital del primer mundo, por lo cual
vale interpretar su realidad desde una perspectiva del desarrollo
que sucintamente señale las principales consideraciones
desarrollistas como producto de los resultados de una
búsqueda de bienestar más que de un bienestar
propiamente alcanzado.

Existe en la región un alto nivel de
concentración de poder económico y un sistema
social de la región basado fundamentalmente en la
exclusión.  Aún durante la década de
los sesenta, cuando la estabilidad y el crecimiento fueron
más evidentes, los patrones de alta concentración
de la riqueza y exclusión de beneficios operaron en el
área.  El sistema económico general de
América Latina ha demostrado que, a fin de funcionar,
concentra beneficios y excluye de oportunidades a los sectores
mayoritarios de la sociedad, lo que profundiza su
condición de pobreza, de marginalidad y de
vulnerabilidad.  Estas condiciones debilitan las
instituciones de los sistemas democráticos y disminuyen la
efectividad de la consecución de estados de derecho
basados en legitimidad concreta, más allá de la
legalidad de
los sistemas jurídicos en que se amparan los gobiernos.
América Latina mantiene ante sí el permanente
desafío de enfrentar el desempleo y el subempleo. 
Muchos de los más severos problemas
sociales tienen su raíz en esos componentes.  El
subempleo está caracterizado por la carencia que tienen
las personas o grupos
sociales de una actividad remunerada permanente.  Este
fenómeno se manifestaba en la región aún
antes de la crisis de los años ochenta.  La
aplicación de los programas de
ajuste estructural, a la vez que mejoraron en cierta forma las
cifras macroeconómicas, han tendido a agravar los
problemas ocupacionales.  Se estima que para fines del
año 2005 el desempleo en la región llegue como
mínimo al 16 por ciento, mientras el subempleo alcance la
redonda cifra de un 30 por ciento de la población
económicamente activa.

 Las políticas de ajuste económico
implementadas en la región han tenido limitaciones
estructurales en términos de la naturaleza de las
exportaciones.  Los procesos de ajuste macroeconómico
favorecieron el estímulo a las exportaciones como medios
para activar la economía, más allá de la
aplicación tradicional de solamente políticas
monetarias y fiscales. No obstante, una de las más
significativas limitaciones fue la naturaleza de las
exportaciones del área.  Las mismas continúan
basándose en los mismos productos, con
poco valor
agregado, y con casi inalteradas estructuras productivas en los
países de la región.  Esto es particularmente
claro en el caso de las economías pequeñas con
exportaciones basadas en productos primarios con poco
procesamiento, tales los casos de América Central, Bolivia
y Paraguay.
América Latina como región está enfrentando,
más que un fenómeno de globalización basada
en la integración, un proceso de marginalización de
los sistemas económicos internacionales.  En 1960 la
región participaba con un 8 por ciento del comercio
internacional.  Esa participación era de 4 por
ciento en 1995. Esto refleja un proceso de globalización
segregativo en la esfera económica mundial. Los sectores
sociales que no logran integrarse en la nueva dinámica
económica, dentro de las naciones, y los países que
no logran una mejor inserción en lo internacional, son
sujetos de marginalización. Las condiciones de pobreza
tanto extrema como no extrema ilustran dramáticamente esta
condición en América Latina.

La necesidad de estabilización implica
también una mejora en las condiciones sociales y
económicas de muchos sectores. Esa mejora es vital para la
credibilidad y la representatividad de las instituciones
sociales. Los grupos sociales que están llamados a apoyar
políticamente los regímenes requieren de mejoras en
las oportunidades para elevar su calidad de
vida. Si esas condiciones están ausentes, los
gobiernos pueden mantener la legalidad formal de los sistemas,
pero pierden el apoyo social en la aplicación de muchas
medidas políticas. En América Latina ha tenido
lugar en los últimos veinte años una seria y rica
producción teórica acerca de lo autoritario de los
regímenes "democráticos", y Venezuela es un ejemplo
de ello, los que fueron requeridos para ejecutar las
políticas de ajuste económico. Debido a la carencia
de oportunidades de mejora para los sectores mayoritarios de
Latinoamérica, se ha establecido una atmósfera de
inestabilidad y de inquietud social en muchas naciones del
área.

7

Para Roberto Jiménez (América Latina y el
Mundo Desarrollado. Caracas, Universidad Católica Andrés
Bello, 1977), el problema de la falta de la ausencia de
germinación de una política de desarrollo que sea
consecuente con el valor humano y productivo de la región
Latinoamericana, se debe al "efecto colonizador". El efecto
colonizador de la inversión, es decir, su efecto
alienante, por la transferencia a los extranjeros del control
sobre los procesos productivos de un país, está en
el meollo mismo, recalca Jiménez, de lo que los
partidarios de la teoría de la dependencia han llamado
nueva forma de dependencia en América Latina, o utilizando
un término más descriptivo, perteneciente al
economista Pedro Paz, "la desnacionalización de la
industria interna". Y es que el cúmulo de intereses
transnacionales ha marcado huella en el intento independiente de
los países latinoamericanos para volcarse a premisas
propias de desarrollo regional, limitante que se traduce en un
crecimiento sostenido de la pobreza y un desgaste de los
regímenes políticos vigentes.

Esta visión cruda de la realidad Latinoamericana
nos centra en una interrogante urgente: ¿a quién le
interesa si hay o no desarrollo en América Latina? Los
habitantes de este hemisferio nos hemos vuelo indiferentes a lo
que pudiese ser el aseguramiento de nuestro futuro. Aceptamos de
forma indómita que hay un índice desfavorable para
el bienestar y lo tomamos como garantía de que siempre
seremos inferiores y que no hay manera de cambiar esta realidad.
El latinoamericano se ha cimentado en el conformismo y por ende
no tiene caminos alternativos ni creativos para inducir nuevas
fórmulas que le permitan ver la realidad de la
región de una manera más generosa con la sapiencia
que en ella existe.

Esto nos lleva a otra interrogante: ¿qué
futuro nos aguarda? El capitalismo salvaje, según
Francisco Javier Guerrero ("Del internacionalismo proletario al
turismo rojo".
Revista
Universo de El
Búho, México, año 3, número 28, marzo
2002, pág. 11) será responsable de millones de
muertes infantiles en un futuro próximo, así como
el hambre y desnutrición de grandes masas en el mundo.
Como de costumbre, explotará y oprimirá a
innumerables hombres y mujeres. Para combatir esa peste no basta
tomar conciencia, es indispensable tomar las riendas de una nueva
cultura democrática, en donde lo fundamental no sea
imponer un orden autoritario nacionalista, sino una auto gestión
laboral, bregar por las autonomías indígenas,
paliar la explotación si no es posible erradicarla
totalmente, combatir la opresión en todas sus formas;
incluirnos en el orden capitalista sin que este nos utilice,
porque pensar en el siglo XXI bajo la premisa de un "bloque
continental" anti-imperialista no sólo es descabellado,
sino suicida.

Si llevamos la realidad de América Latina a una
visión cuantitativa, el muestrario nos presenta,
según informe de la
CEPAL del año 2000, que la pobreza alcanzó en 1997
el 45 % de su población contra un 48% en 1990; es decir,
al año 1997 existían 204 millones de personas, no
obstante que durante los ocho primeros años de la
década la incidencia de los pobres se redujo en un
número importante de países y especialmente en las
zonas urbanas. En los menores de 20 años se mantuvo la
proporción de pobres en ese período en alrededor de
100 millones y con la crisis de los últimos años
esa cantidad podría elevarse a los 117
millones.

Es decir, más de la mitad de los pobres son
niños y adolescentes
con las consecuentes patologías sociales como la droga y la
criminalidad. En otros términos, no pueden los
líderes, lo intelectuales
y la sociedad latinoamericana darse por satisfechos frente a esta
realidad después de años de reformas.

El proceso globalizador y la revolución
tecnológica ya no produce sólo explotación
sino también exclusión. Los excluidos aumentan. Se
trata de aquellos que no logran trabajo por mucho tiempo y que
sólo pueden sobrevivir de la caridad. No lograron ni
siquiera entrar a la cola del cambio técnico; pero lo
más grave aún, y allí podemos citar
nuevamente como ejemplo a Venezuela, es que esa masa de excluidos
está siendo alimentada por gobiernos deslegitimados para
mantenerse en el poder. Y no precisamente con apertura de plazas
de empleo, sino
con financiamiento
subsidiado por el Estado para que sirvan al Gobierno como
milicia, aspecto que ha deteriorado hondamente las posibilidades
de desarrollo en estos pueblos.

Ralf Dahrendorf describe esta categoría en
aumento, también en los países desarrollados y que
algunos denominan como "indigentes", como "aquellos que la
sociedad no necesita de ellos". Agrega Dharendorf: "Si se me
perdonan la crueldad de la expresión, el resto
podría ( y querría) vivir sin ellos. En
consecuencia, ellos no pueden ayudarse a sí mismos y
muchos quieren terminar con todas las instituciones de la
solidaridad. Más aún, la exclusión no abarca
a aquellos que se encuentran en la base de la pirámide de
la estratificación social. La cuestión es que sus
miembros no pueden siquiera alcanzar a poner sus pies en el
primer escalón".

8

América Latina buscando hacerle frente a los
problemas del subdesarrollo, que esta íntimamente
relacionado a las necesidades básicas de cada uno de sus
habitantes, ha unido esfuerzos desde finales de la década
de los setenta para determinar un enlace favorable en las
condiciones imperantes dentro del sistema Capitalista Mundial,
del que forman parte todos los países latinoamericanos. A
esa búsqueda de salidas se le ha llama, como se hizo
referencia anteriormente, Modelos de Desarrollo. Dichos Modelos
de Desarrollo han partido de la tesis de que sus propuestas
constituyen reacciones del sistema frente a las situaciones de
crisis, mediante los cuales se intenta lograr reacomodos para
enfrentar sus dificultades en los planos económicos,
políticos, sociales e ideológicos. Podemos encerrar
en cuatro aspectos a través de los cuales se manifiesta la
crisis dentro del mundo capitalista: 1. Disminución
significativa en los niveles de empleo, tanto de materia prima,
como de fuerza de trabajo; 2. Contracciones de las tasas de
ganancia que pretenden lograr los empresarios; 3. Bajos niveles
de productividad; y 4. Niveles profundos de deterioro de las
condiciones de vida de la mayoría de la población
de los países, tales como salud, educación,
vivienda, alimentación.

La búsqueda del desarrollo y el progreso
económico, es el objetivo de todos los países,
sobre todo en el presente siglo, para apreciar esta realidad
valga la contextualización de las concepciones que nos
ofrece la doctrina, acerca de lo que debemos entender por
Desarrollo. Sergio Bagú, historiador argentino, manifiesta
sobre el particular:"…Que es en medio de las crisis que las
sociedades comienzan a mirarse críticamente a sí
mismas, en su conjunto, en su contexto internacional y en su
trayectoria histórica de largo plazo".

En efecto, en los momentos de crisis es cuando aparece
con mayor énfasis el tema del Desarrollo, pero este tema
no es posible visualizarlo sin concatenarlo con las propuestas
puntuales de deberes y derechos de los ciudadanos, ante lo cual
se nos presentan dos variantes teoréticas que se unen en
la formulación de una teoría del desarrollo que
involucra directamente al ciudadano: Desarrollo es
sinónimo de crecimiento económico, a partir de la
medición de ciertos indicadores
económicos, que encierran el producto interno
bruto PIB, el ingreso económico por habitante, el
poder adquisitivo de los mismos entre otros; lo cual le da un
lugar legitimo a la persona que ejerce su ciudadanía
participando en los asuntos públicos de la sociedad; y el
Desarrollo apreciado sobre la base de una concepción
integrada que comprende además de los principales
agregados económicos de productividad y crecimiento,
elementos de poder político y económico, sociales,
tecnológicos, sectoriales y regionales.

Otro teórico que ha estudiado con
precisión el fenómeno de desarrollo en
América Latina es Osvaldo Sunkel, el cual nos ofrece una
definición más completa del término, al
considerarlo como "un proceso de transformación de la
sociedad", que se caracteriza por: La expansión de su
capacidad productiva; La elevación de los promedios de
productividad por trabajador y de ingreso por persona; Cambios en
la estructura de clase y grupos en la organización social; y Transformaciones
culturales y de valores; Modificaciones en las estructuras
políticas y de poder. Claro esta, que todas estas
transformaciones deben llevar a la elevación de los
niveles medios de vida, lo que indica claramente que el
Desarrollo está dirigido hacia las personas.

El Desarrollo de los Estados puede determinarse por
medio de indicadores, los cuales consideramos necesarios para
establecer modificaciones y transformaciones dentro de sus
políticas económicas, encaminadas a la
elevación de los niveles de vida, lo que nos indica que el
desarrollo debe estar proyectado hacia las personas. Puede que
esta afirmación tenga sus críticas en el
ámbito académico latinoamericano, pero no hay que
cerrar realidades: el Desarrollo tiene que verse, palparse; que
incida sobre un colectivo que gravita entre la esperanza y la
democracia. No podemos edificar teorías que compensen
abstracciones, puesto que allí no estaríamos
ganados a concebir un búsqueda teorética del
Desarrollo, sino del desarrollismo hegemónico propuesto
por los países desarrollados.

En apreciación de Giovanni Carrión
Cevallos, a finales de la década de los ochenta y comienzo
de los noventa, la gran mayoría de países
latinoamericanos habían adoptado el modelo neoliberal, el
cual se reflejaba en programas de "ajuste estructural" y de
estabilización, sugeridos por el Fondo Monetario
Internacional (FMI). Estas reformas tanto económicas
como políticas son las que caracterizan al modelo
neoliberal: "apertura completa de las economías a los
mercados y al capital internacional, recorte del gasto
público y eliminación de los subsidios
sociales, privatización de las empresas estatales y,
en general, el establecimiento del clima más
propicio para la inversión
extranjera", en apreciación de Ahumada
(1998).

La deuda externa es una responsabilidad compartida tanto
de quienes contrataron la deuda, es decir, los gobiernos
latinoamericanos, así como de quienes facilitaron los
créditos, éstos últimos
interesados en ubicar sus capitales en una región que por
su dinamismo económico ofrecía la posibilidad de
tasas de retorno importantes a sus inversiones. Esta tendencia
perniciosa estuvo también presente en la década de
los noventa cuando "la especulación financiera en los
mercados de valores se ha convertido en el tipo de
inversión de mayor rentabilidad
para las grandes multinacionales: Los países del Tercer
Mundo se volvieron el centro de atención de los
principales mercados de capitales, por cuanto eran los que
ofrecían tasas de
interés más altas. Fue así como entre
1990 y 1993 los inversionistas de Estados Unidos compraron
acciones en diez países asiáticos y nueve
latinoamericanos por un valor neto de 127.000 millones de
dólares" (Ahumada, 1998).

Keynes, en su momento, advirtió que el cáncer
del capitalismo era la especulación y vaya que esa
predicción no se aparta de la realidad. O si no
cómo explicamos las crisis financieras de México
(efecto tequila), Brasil (efecto Zamba), Argentina (efecto
tango) y
crisis asiática, si no por la existencia de las llamadas
economías de casino o burbujas financieras en las que la
velocidad del
dinero supera
irracionalmente la velocidad de los bienes en el circuito
económico; economías sostenidas por capitales
golondrinas e inversiones cortoplacistas que permanecen en un
país mientras la economía les ofrece tasas elevadas
de retorno; y, la segunda, que los países latinoamericanos
se habían acostumbrado para esa época a vivir en
forma artificial, esto es, que el gasto era superior a sus
ingresos, brecha que fue cubierta con deuda externa que hoy en
día constituye la peor rémora para alcanzar el
desarrollo de la región y ha propiciado, por otra parte,
la venta de los
activos nacionales en cada uno de los países
latinoamericanos.

América Latina ha cumplido, de cierta manera, con
el propósito de alcanzar un CRECIMIENTO económico
(aunque muy heterogéneo en la región), controlar la
inflación y el manejo del déficit fiscal, no ha
facilitado a Latinoamérica encontrar su DESARROLLO, esto
como resultado de la desigual distribución del ingreso,
los vergonzosos niveles de pobreza e indigencia y la falta de
empleo que afrontamos los latinoamericanos. Esta fuerte
contradicción entre crecimiento económico por una
parte y desigualdad y exclusión
social, por otra, rompen aquellos paradigmas, como el de la
teoría de la modernización, que señala que
el crecimiento nos llevará al goce de la democracia. Lo
que se advierte, principalmente, a lo largo de la década
con la implementación del modelo neoliberal es la
existencia. Por otra parte, no podemos dejar de destacar el hecho
de que las economías latinoamericanas antes de la crisis
de la deuda en los ochenta, concretamente en la década de
los setenta, estaban gastando más de lo que
producían y que ese déficit se lo venía
cubriendo con empréstitos, por lo que era lógico
pensar en la necesidad de que los países entraran en un
programa de "ajuste".

Osvaldo Sunkel corrobora esta percepción: "Debo
insistir en que es preciso reconocer definitivamente, asumir
plenamente, y por todos los sectores y actores sociales, que el
paso por el purgatorio de la reforma económica es tanto
inevitable como necesario… Lo que no es inevitable y
necesario es una reforma económica ultraneoliberal, con
sus gravísimos costos
económicos y sociales" (Sunkel, 1995: 12-13).

A todo esto: ¿cuál ha sido el problema del
neoliberalismo
en América Latina? La respuesta es contundente: la
aplicación del modelo neoliberal ha sido su inmediatez y
su visión cortoplacista de las cosas. En el plano
conceptual una de sus peores consecuencias ha sido que "su centro
de atención casi exclusiva son los equilibrios en los
diferentes mercados y en los balances macroeconómicos en
el corto plazo. Todo esto es muy importante, pero implica desviar
la atención de los problemas estructurales determinantes
del desarrollo a mediano y largo plazo. En el fondo se
suponía que esa problemática se arreglaría
más o menos automáticamente con las
políticas de liberalización" (Sunkel, 1989:
22).

"El supuesto implícito o incluso explícito
en algunos, de que con liberar los precios, controlar el
déficit del gobierno y abrir la economía, todo lo
demás -la distribución del ingreso, el subempleo,
el ajuste estructural externo, la acumulación, las
reformas estructurales, la inserción asimétrica en
la economía internacional- o sea, lo que consideramos lo
central de la problemática del desarrollo vendría,
por añadidura, a resolverse solo" (Sunkel,
1989:23).

La década de los ochenta fue la llamada
"década perdida" mientras que la del noventa es la
década de la "exclusión social", la misma que ha
tenido rostro de injusticia, de pobreza, de deuda externa, de
racismo, de
violencia,
etc., en la que los ajuste económico si bien
equilibró, en algunos casos, las cuentas fiscales
de los países, ha determinado, en una forma más
amplia y generalizada, el desajuste social. La década del
dos mil, primera del siglo XXI, tiene connotaciones de ser la
"década del terror", en la cual bajo la égida del
miedo se modelará la propuesta desarrollista para
América Latina.

Ante esta realidad: ¿qué necesitamos para
impulsar una visión de desarrollo integral para
Latinoamérica? Necesitamos una sociedad con un fuerte
capital social donde las relaciones de confianza, reciprocidad y
compromiso cívico como lo anota Norbert Lechner, deben ser
"los rasgos de la organización social que mejoren la
acción colectiva" (Lechner, 2000). Lo que urge en los
países latinoamericanos es la existencia de una sociedad civil
robusta, responsable y articulada, promotora de discursos
alternativos; pues, sin sociedad civil no hay ciudadanos con
capacidad para reclamar una identidad, así como sus
derechos y obligaciones dentro de un marco legal y
político. Con la existencia de una sociedad civil
saludable se puede romper aquello que John Keane denomina
"sociedad incivil", es decir, esa sociedad que vive en la
incivilidad. Sólo así podemos pensar en la
existencia, aunque a largo plazo, de un sistema lo más
democrático posible. De otro lado, Latinoamérica
debe estar consciente que "no es suficiente hoy en día
enarbolar filosofías de denuncia, hacen falta
filosofías de anuncio; una filosofía matinal. En
lugar de filosofías de protesta, a los latinoamericanos
les hacen más falta filosofías de propuesta". Este
argumento se apoya en la posición de Eduardo Galeano para
quien "es desde la esperanza y no desde la nostalgia, que hay que
reivindicar el modo comunitario de producción y de vida,
fundado en la solidaridad y no en la codicia, la relación
de identidad entre el hombre y la naturaleza y las viejas
costumbres de libertad" (citado por JARAMILLO, 1995).

La caída del bloque socialista no sólo ha
corroborado las dificultades internas de las economías
estatalizadas, sino que además constituye para los pueblos
pobres el punto final de una estrategia de liberación cuyo
eje era la conquista del poder político del Estado. Esto
no es, en sí mismo, ninguna confirmación de la
bondad del sistema capitalista, pues los problemas estructurales
de la pobreza, la desigualdad económica y la injusticia
social siguen vigentes e incluso se agravan.

Los movimientos de liberación están
adoptando nuevas estrategias de lucha, en las que lo local y lo
global se entrelazan, al mismo tiempo que lo estatal adquiere una
función más bien complementaria. La sociedad civil
global, y las estrategias que en ella aparecen (como la nueva
economía popular), adquieren una importancia decisiva. La
perspectiva de una sociedad mundial ya existente permite que
tales luchas se funden, no en apelaciones a los sentimientos
solidarios o caritativos de los más poderosos, sino en la
exigencia de unos derechos que les corresponden a todos. Por
ello, el fin de ciertas estrategias no disminuye la radicalidad y
urgencia de la lucha, sino que en realidad la aumenta. Y es que
no se trata sólo de resistir al Imperio, de salirse de
él, o de pasarse a un Imperio concurrente. Se trata
más bien de transformar internamente al único
Imperio existente, en el que estamos. Por ello lo que se ha
denominado "revolución de la ciudadanía" no es
más que la consideración, a título formal,
de la realidad latinoamericana desde los centro primario de
organización política y social, es decir los
municipios. La implementación de planes de desarrollo
local es una muestra de la
nueva tendencia a ser impuesta en la teoría desarrollista
del futuro, porque eso sí tiene que quedar claro: se
mantiene la idea de una teoría del desarrollo.

Esos lineamientos desarrollistas en el ámbito
local tienen que estar elaborados en función al marco
jurídico y presupuestario de cada localidad,
preferiblemente obedeciendo a planes nacionales de
inversión, los cuales al ir materializándose den
forma a una macro teoría desarrollista.

9

En un contexto general la presencia de las
teorías de desarrollo en América Latina tiene
concomitancia con la teoría de la Participación Ciudadana. Antes que nada
porque las teorías de desarrollo modelan el sentido
organizacional del aparato Estado, induciéndolo a tomar
mecanismos alternativos que acerquen el consenso colectivo a los
proyectos o
propuestas de desarrollo. Uno de estos mecanismos alternativos es
la Participación Ciudadana a través de los diversos
canales de manifestación social en que se han venido
presentando en el marco normativo e institucional del estado en
los países latinoamericanos.

Acerca de estos canales de Participación
Ciudadana se ahonda en el escrito titulado "El Fortalecimiento de
los canales de participación ciudadana frente a los retos
de la desigualdad
social", cuyo autor es Félix Bombarolo, consultor en
la Organización Poleas de
Buenos Aires
(Políticas Públicas, inclusión social y
ciudadanía, compilador Klaus Bodemer, editor, Caracas,
Editorial Nueva Sociedad, 2003, págs. 257-282.). El
enfoque de Bombarolo esta realizado sobre países de
América Latina que se han volcado normativa e
institucionalmente a impulsar la Participación
Ciudadana.

Bombarolo presenta en una primera aproximación
una visión general de las causas que llevaron a la
América Latina a volcarse hacia un modelo participativo y
de inclusión de los ciudadanos en la ejecutoria de leyes y
asuntos atinentes al Estado. Estas consecuencias iniciales el
autor las clasifica en seis causales directas: La Presión
Continua a la que ha estado expuesta Latinoamérica
después de la Segunda Guerra Mundial; el debilitamiento de
las Economías Nacionales; la necesidad por parte de los
Inversionistas Extranjeros de propiciar mejores condiciones
jurídicas a sus concesiones y contratos; la
aceleración del desmejoramiento de la trama social; las
presiones del Bloque de países desarrollados de Occidente
por motorizar a través del Fondo Monetario Internacional
las políticas económicas y sociales de los pueblos
latinoamericanos por la vía de recetas; y el evidente
cierre de los canales de Participación Ciudadana que han
propiciado una acción directa de rebeldía y
violencia en la búsqueda de respuestas institucionales que
le den espacio en la toma de decisiones políticas al
emisor de la voluntad de Gobierno, es decir, al
pueblo.

Esta situación ha dado como respuesta una
revisión del Estado en América Latina, siendo
Colombia en 1991, la que primero daría el paso propiciando
una Ley Suprema que
resguardara la Participación de los ciudadanos en los
asuntos de índole público del Estado; le siguieron
Perú en 1993, Argentina y República Dominicana en
1994, Nicaragua en 1995, Costa Rica en 1997, Ecuador en 1998 y
Venezuela en 1999. Esta primera apertura es denominada Espacios
de Participación Instituidos en la legislación
vigente.

Las nuevas legislaciones latinoamericanas se han
caracterizado por: Inclusión de Mecanismos para acrecentar
la injerencia ciudadana en los Asuntos Públicos;
Reorientación del Sistema
Político Institucional; y transformación de la
vigente y débil Democracia representativa en una
versión de participativa.

Bombarolo le da importancia igualmente a la figura del
proceso de descentralización en los pueblos
latinoamericanos, como una vía de creación de
vínculos directos con el Estado por el camino de una
política nacional pre-establecida. Y una de las bases que
ese proceso ofertaba a la política nacional era
precisamente la Participación Ciudadana.

El Ciudadano es un individuo perteneciente a la sociedad
política o a un Estado determinado, al que debe lealtad y
al que puede exigirle a cambio protección y bienestar.
Esta definición es rígida, por lo cual vale
entender que el ciudadano es aquel que se encuentra involucrado
con un Sistema Social y Político, el cual le exige cumplir
con los deberes.

Cuando se habla de participación ciudadana,
expresa Bombarolo, se hace alusión a organizar a los
ciudadanos para que participen en la acción de Gobierno
encaminada a su beneficio. Las asociaciones de vecinos, los
grupos ambientalistas, los gremios profesionales, entre otros;
son el ejemplo de organizaciones
ciudadanas que han de coordinarse conjuntamente con el Gobierno
para dar acción y seguimiento a políticas
nacionales de Estado.

En otro orden de ideas, Bombarolo expresa que el otro
nudo de nuevos canales de Participación Ciudadana lo dan
los Espacios de la Participación en la definición,
ejecución y control de las políticas
públicas. Redefiniéndose en carácter
estratégico de los Planes de Gobierno, las
Políticas y los Programas Sectoriales. Esta
redefinición se inicia por darle un sentido técnico
y concreto a los Planes de Gobierno, especialmente a los de
índole local; estos planes son asumidos bajo el marco
metodológico de la Planificación
Estratégica. Así mismo, las políticas y
Programas Sociales, ya no sólo son apreciados como
instrumentos de impacto para el colectivo, sino como cisiones y
métodos
que paulatinamente irán transformando buena parte de la
acción del Estado en muchas de sus
áreas.

Para propiciar un mecanismo más fluido y menos
burocrático en lo concerniente a las políticas y
Programas Sociales, Bombarolo expresa que se aprecian tres
estrategias muy de la localidad para generar nuevos espacios
participativos: los consejos consultivos, los planes
estratégicos locales y los programas de formación
para la participación ciudadana.

En el ámbito de la Participación Ciudadana
el modelo de desarrollo ha de ir enfocado hacia adentro, muy en
concordancia con postulados de la Escuela Cepalina
de los cincuenta, sesenta y parte de los setenta, la cual
centró su énfasis en el tema de las supuestas
ventajas que una "industrialización acelerada" (y por
ende, forzada) sobre la base de reducir importaciones,
sustituyendo comercio exterior
por actividades locales, iba a tener en fases sucesivas tasa de
crecimiento nacional, creación de empleos productivos y
distribución factorial de los ingresos.

Hacia la década de los setenta (u ochenta, a
más tardar), ya eran decenas los países que se
tensionaban con formas insospechadas de desequilibrios
macroeconómicos y sectoriales, producto del fracaso de la
mencionada estrategia de "industrialización forzada y
hacia adentro". El estancamiento, las crisis de balanza de pagos,
el conflicto
social, y el retraso en las organizaciones de producción,
terminaron creando pocos y malos empleos.

La otra gran "cara" del desarrollo
económico-social, estuvo más bien enfocada en la
macro temática político-redistributiva. Nos
referimos a los grandes experimentos de
Juan e Isabel Perón en
la Argentina, de un Velasco Alvarado en Perú, de Joao
Goulart en Brasil, del General Torrijos en Panamá, y
tantos otros países del Caribe. Podríamos, a riesgo
de caer en una fuerte simplificación de los asuntos
históricos efectivos, caracterizar estas experiencias como
las de "los planificadores sociales" que imbuídos por
políticos y economistas con fortísimo approach
sociológico para mirar el mundo, intentando toda clase de
políticas públicas que rompieran los "monopolios
del poder", y masificaran en cortos tiempos, el acceso a puntos
neurálgicos básicos, del esquema económico
(tierras agrícolas; hospitales públicos; empleos
fiscales; industrias de primera necesidad, entre otros), a las
clases medias y al mundo obrero (proletariado) de ciudades y
regiones enteras. El enfoque fue el de enfatizar la equidad
social; la redistribución acelerada de los frutos del
crecimiento; el status y las oportunidades políticas
efectivas del mundo sindical y popular organizado por vía
del sistema partidista.

En una palabra, los elementos que han influido en la
compleja Latino América de la segunda mitad de siglo XX,
mostraron superposiciones y tensiones entre el tema del
crecimiento económico per se, las estrategias de
generación de empleos, la redistribución, la
equidad social, y los resultados político-institucionales.
Hay allí toda una gama de factores que debemos confrontar
y analizar, para intentar acercar nuestra propia
conceptualización del proceso de Desarrollo. En
consecuencia, e intentando sintetizar esta primera
aproximación al concepto de Desarrollo en su
relación con la Participación Ciudadana, se hace
necesaria una visión humanista que contenga dinamismo,
perspectiva y equilibrio, al
tratar tratar el término.

Dinamismo, porque el tema del Crecimiento
Económico (su aceleración, su
desaceleración, su estancamiento, sus ciclos) constituye
una característica central del tema del Desarrollo. El
Crecimiento Económico constituye una condición
necesaria (aunque no suficiente) para los logros del Desarrollo.
Por su propia naturaleza, el factor de Crecimiento envuelve un
elemento dinámico (cambiante en el tiempo). Segundo, que
envuelva una Perspectiva, en el sentido de una Visión del
país generada por sus ciudadanos a través del
sistema político. No puede hablarse del desarrollo de un
pueblo, sin inscribir ese proceso dentro de una visión
histórico-cultural.

No sería necesariamente lo mismo el concepto
socio-cultural de Desarrollo visto hoy día desde la ciudad
de Miami, que visto desde Sao Paulo (Brasil), Buenos Aires
(Argentina), Kuala Lumpur (Malasia), o Concepción (Chile).
Hay factores históricos, de costumbres, de tradiciones, de
valores culturales diversos (valorables en su diversidad), de
trayectorias étnicas y de lenguajes, que hacen diferencias
para cada una de las comunidades locales y nacionales
aludidas.

En resumen, el Desarrollo en su relación con la
Participación Ciudadana, se ha de concebir en este primer
acercamiento, como un proceso dinámico, inscrito en una
visión cultural de país, donde se persigue un
equilibrio virtuoso entre las necesidades humanas y la
plusvalía producto de los negocios
económicos internacionales. ¿Qué se persigue
en el proceso?. Se persigue igualar las oportunidades, avanzar en
la base productiva, y abrir todos los espacios necesarios para la
felicidad individual y colectiva.

La visión teorética de Nuria Cunill Grau,
es bastante puntual al respecto, destacando "…la
primacía de la política en la conducción de
los asuntos públicos y la recuperación del papel de
la sociedad en su definición y gestión, imponen la
necesidad de recuperar el triangulo de poder concernido al
respecto: los representantes electos, la administración
pública y los propios ciudadanos. La reforma
administrativa debería poder fortalecer a la segunda e,
indirectamente, a los primeros, apuntando a su
democratización y estimulando su orientación de
servicio a la ciudadanía. La participación
ciudadana, por su parte, debería proporcionar una voz
directa a los últimos". (CURILL GRAU, 1997:
307)

10

En los últimos 50 años, el mundo
latinoamericano sufrió grandes transformaciones
económicas, sociales, políticas, culturales y
ambientales; originadas, en buena parte, por la aplicación
de los modelos de desarrollo de industrialización
sustitutiva y el neoliberal. A continuación presentamos,
de forma resumida, la manera cómo se presentan cada uno de
estos dos modelos, el papel del estado en el desarrollo de cada
modelo y los efectos que sobre él tuvieron y han tenido en
términos de la producción, los recursos
naturales, pobreza, ingresos, entre otros
aspectos.

A partir de 1950 y hasta mediados de los setenta, en los
países de América Latina se aplicó el modelo
de industrialización sustitutiva, en el cual la idea de
progreso descansaba en el desarrollo del sector industrial, al
considerarlo como el sector líder
del desarrollo, pues se asumía que era el más
productivo y tenía mayores posibilidades de
generación de empleo para absorber la
sobre-población rural, con miras a un mejoramiento de sus
condiciones de vida. Este modelo de desarrollo ponía
especial énfasis en los procesos de urbanización y
de modernización técnica para el mejoramiento de
los índices de producción y
productividad.

En este modelo de industrialización, el estado
necesitaba un sector agrícola dinámico que
produjera una mayor oferta de alimentos y
materias primas para suplir la demanda
interna. Así mismo, se esperaba que generara capital y
divisas o que al
menos permitiera ahorrar estas últimas.

Esto condujo al desarrollo de varios problemas, entre
otros:

· Se perdió la claridad de las acciones
que le correspondía asumir al estado;

· El sector privado se mantuvo con un bajo
perfil;

· Hubo fuerte Inhibición de
formación de mercados, tanto de recursos como de
bienes;

· Se privilegió el abastecimiento del
mercado interno; y

· Sólo se desarrollaron los mercados
externos de productos tropicales y de algunos commodities como
granos y carnes.

Por otro lado se tiene el modelo liberal, cuya
aplicación se hace en diferentes momentos y de manera
diversa en los distintos países de América Latina,
aunque las medidas y la motivación
para su implementación, en general, fueron las mismas. La
apertura comercial se empieza a hacer en algunos países a
finales de la década de los setenta, pero se generaliza en
los ochenta para toda la región. A mediados o finales de
la década de los ochenta, los primeros ya se encuentran en
una situación de alta o media liberalización
comercial. Por su parte, otros países inician más
tarde este proceso, haciéndolo de manera muy rápida
en los noventa.

Las tendencias se orientan a que el estado no determine
directamente las variables
macroeconómicas ni sectoriales, sino que deje operar los
mercados de recursos y bienes. Se espera que las tasas de
interés, la tasa de cambio y los salarios sean
determinados por el mercado respectivo.

De manera especial, el estado deja de jugar un papel
activo en la producción y comercialización y se busca un proceso
amplio de privatización de la economía, que se
advierte en la venta de agroindustrias y agro comercios
públicos en los países donde
existían.

Todos los aspectos anteriormente mencionados, no solo se
han mantenido, sino también se han agudizado y consolidado
en la última década. Vale la pena resaltar algunos
procesos que han sido el origen de muchas de las grandes crisis
que están viviendo algunos de los países del
continente, en la actualidad:

· La disminución del tamaño del
estado, entendida como la reducción de las entidades
públicas, de manera especial, las que prestaban servicios
al sector rural;

· Los procesos acelerados de
descentralización político – administrativa,
dándole un aparente papel protagónico a los
municipios, sin garantizar su estabilidad económica, ni la
creación de las bases de Sostenibilidad
financiera;

· La privatización de los servicios
públicos y la libre concurrencia para el desarrollo de
la infraestructura básica;

· El debilitamiento de las organizaciones
sociales, en general, y las del sector rural, en particular. Esto
es contradictorio con un amplio desarrollo de leyes y normas de
participación ciudadana;

· Resquebrajamiento de las democracias y de la
gobernabilidad en casi todos los países de la
región; y

· Nadie ha llenado el vacío dejado por el
retiro del estado para el cumplimiento de las funciones en
investigación, crédito, asistencia técnica, entre
otros.

Para apreciar en el contexto real la relación
entre los fundamentos o principios de la Participación
Ciudadana y los Modelos de Desarrollo que han influido en la
conformación del estado latinoamericano los últimos
cincuenta años, se hace necesario ubicar bajo qué
perfil tiene cabida esa Participación Ciudadana en las
decisiones que como Estado se toman en el marco de los modelos
antes señalados. Se aclara que esa conexión es
producto de la interpretación de los escenarios que han
presentado en América Latina y los cuales muestran, sin
lugar a dudas, la ausencia de condiciones ideales para que se
desenvuelva y fortifique la Participación Ciudadana, ante
lo cual es válido afirmar lo difícil de ver con
factibilidad
un Gobierno que asuma como bandera los elementos de
ciudadanía que acerquen al colectivo a la toma de
decisiones, siempre va a existir, mientras prevalezcan estos
modelos de desarrollo, obstáculos técnicos y de
información que harán cada vez más "cuesta
arriba" una sociedad involucrada con sus políticas
públicas y con las decisiones de sus
gobernantes.

En el caso de Venezuela, estamos ante la presencia de un
Sistema Político adherido al modelo neoliberal,
quizás con mayor lazos comunicantes que otros gobiernos
del hemisferio, y esto en razón de que se han cerrado las
brechas para una sustitución de las importaciones,
así como se ha disminuido superlativamente la capacidad de
inversión en la industria, quedando un parque industrial
en el país deteriorado, desactualizado e
improductivo.

En conjunto, se puede afirmar que, desde hace cuarenta
años en América Latina, la teoría
económica del desarrollo viene movilizando, a la medida de
sus necesidades de demostraciones y prescripciones sucesivas,
otras tantas categorías del Estado en desarrollo.
Categorías cuya función política,
paradójicamente, no es neutra puesto que todos han
contribuido a determinar los comportamientos de las
minorías y a dar forma a las "políticas de
desarrollo" de varios decenios. De todas formas, se puede
destacar una cierta evolución de la condición del Estado
en la teoría económica del desarrollo. El Estado
desarrollador en los decenios de 1950 y 60, después el del
Estado fantoche en el de 1970, fueron el producto de un
economicismo teoricista que incorporaba el "factor estatal" de
una forma bastante impensada por sí misma. Con la
concepción del "gobierno" transmitida por el Banco
Mundial, el paradigma neoclásico desemboca quizá
por primera vez, extendiendo la teoría del desarrollo, en
la cuestión del Estado. Sin embargo, el análisis
estructurado esencialmente en torno a un discurso normativo que
moviliza la figura de un Estado liberal-democrático que no
existe en esta forma típica ideal en ninguna democracia de
mundo. Al igual que los paradigmas precedentes de la
teoría del desarrollo, tampoco el paradigma
neoclásico escapa, pese a todo, al recurso a un Estado
moderno, construido a la medida de las necesidades de su gente,
es promover cambios en el modelo de desarrollo asumido para dar
mayor participación al colectivo, puesto que si bien es un
riesgo para el Estado, en virtud de que se verá asediado
por los miembros de la sociedad civil organizada, no es menos
cierto que garantiza la transparencia del acto de Gobernar y
permite ciertos márgenes de tolerancia conque
un gobierno "no transparente" no podría contar.

Bien lo expresa Rafael Merchán, en su
artículo "Participación Ciudadana" (Revista
Perspectiva, Bogotá, Nº 2, 2002, págs. 44-47),
la participación ciudadana es un valor agregado para el
Estado, puesto que "…cada uno de los individuos y
comunidades que participen en los procesos de toma de
decisión, van a estar concentrados en defender sus
intereses particulares y por ende va a ser supremamente
difícil la construcción de una racionalidad
colectiva que se sobreponga a la racionalidad individual. Si las
demandas son amplias y los bienes que se van a repartir son
escasos, la única forma de que la decisión sea lo
suficientemente legítima y racional es que ésta
obedezca a un criterio colectivo que, al menos parcialmente,
trascienda las visiones, expectativas y necesidades estrictamente
particulares".

CUADRO
DESCRIPTIVO-COMPARATIVO

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El Desarrollo Rural en el actual marco de la
globalización. 24 – 26 de Octubre de 2002. Rioja
Alavesa. España.

**.- Rafael Merchán le da la connotación a
estos principios de: Relevancia, el involucrar a la
discusión política nacional temas que toquen las
necesidades inmediatas del colectivo; Transparencia, que la
autoridad explique cuál va a ser el impacto de la
participación ciudadana en las políticas
públicas; Integralidad, que se involucre a todos los
sectores en las etapas de la formulación, ejecución
y vigilancia de las políticas públicas;
Continuidad, hacer de la participación ciudadana un
compromiso de formación continua, en el cual la
institucionalidad oriente y brinde nuevos espacios al colectivo;
Progresividad, que las cuotas de participación ciudadana
sean abiertas en rigor a los alcances de cada sector y no de
manera abrupta, porque ello desencadenaría trastornos
significativos en el sistema; Universalización, involucrar
a la mayor cantidad posible de participantes; y
Concientización, mostrar y hacer comprender al colectivo
que la participación es útil para motorizar el
aparato productivo de un país.

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Por:

Ramón E. Azócar A.

Politólogo, Msc. Administración; Candidato a Doctor en
Estudios del Desarrollo por el CENDES-UCV; docente e investigador
universitario.