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Libertad: ¿Dónde estás?




Enviado por jhernandez



    1. Presentación al
      tema
    2. El problema a resolver:
      ¿Cómo lograr la conjunción del desarrollo
      económico y la libertad individual?
    3. La teoría del
      Liberalismo Igualitario de John Rawls
    4. Conclusiones
    1. PRESENTACIÓN AL TEMA

    El contexto social que estamos viviendo y tratando de
    disfrutar, no puede decirse que sea exactamente igual al de hace
    veinte años. La naturalización de los procesos
    sociales viene a ser una constante en los discursos
    políticos y económicos. "La
    globalización"
    o "apertura comercial" son
    las nuevas palabas mágicas con la que se espanta a los
    fantasmas de
    la crítica. Y la ortodoxia liberal se debate entre
    lavarse las manos frente a la miseria o sorprenderse.

    No es necesario ser un eminente politólogo,
    sociólogo o conocedor de las nuevas reglas del mundo
    económico, para darse cuenta de que los discursos de los
    economistas y de los políticos buscan naturalizar y darle
    el tinte de legalidad,
    más que nunca a la desigualdad. Luego de escucharlos en el
    discurso
    oficial tan traído y llevado, uno tiene la
    sensación de que la pobreza, el
    hambre y el desempleo se han
    convertido en el justo castigo que deben pagar los
    ineficientes.

    Un proceso es en
    el que se escuda la "globalización" y en la idea de individuo
    autosuficiente, para desentenderse de las consecuencias de su
    práctica y justificar la miseria interna. Digamos que la
    globalización se ha convertido en el nuevo consuelo de los
    tontos. ¿Por qué nos quejamos de nuestro desempleo?
    ¿Acaso no vemos que hay desempleados en todo el mundo?. Lo
    cierto es que se han globalizado los "ejércitos de
    reserva" y las deudas más que las inversiones
    productivas. Pero desde el gobierno
    continuamente se nos "recuerda" que nuestro sistema no
    inventó la pobreza y que
    siempre han existido pobres, y así, naturalizando una
    construcción social imaginaria e irreal,
    perfectible para el exterior, pretenden silenciar a las voces
    críticas.

    Otra estrategia en los
    discursos neoliberales es la referencia al "mercado" como si
    se tratase de un ser vivo. Nos dicen que el mercado se
    "asustó", se puso "eufórico", "reaccionó",
    se "angustió", entró en "pánico", "enloqueció", se
    "deprimió", se "despertó", etc. Pero seamos claros,
    el uso de estos verbos no es una licencia poética, sino
    una versión ampliada de la "mano invisible" con la que se
    pretende dotar de libre albedrío a lo que no lo tiene, y
    sin desconocer que el análisis de los movimientos
    bursátiles dista mucho de ser una ciencia
    exacta, los resultados de su hacer no pueden ser cargados
    hipócritamente a fuerzas azarosas.

    Curiosamente siempre pierden los mismos en aras del desarrollo.
    Resulta paradójico querer homologar la "autonomía"
    del mercado con la del ser humano, tal como se dice: "se
    mistifica el papel del mercado y se beatifica el del Estado"
    ,
    ya que pocas veces en la historia éste se ha
    visto tan condicionado por las estructuras.
    Pero la meritocracia es el dogma de los liberales y la paradoja
    se disuelve en su idea de hombre
    eternamente potencial.

    De todas maneras, si la idea de mercado-hombre no convence, se
    puede apelar a la imagen de
    mercado-Dios. Nosotros, pobres aldeanos de este mundo,
    padeceríamos los embates de un dios vengativo que nos
    castiga haciendo "explotar" crisis en
    Asia,
    "desatando" devaluaciones en Brasil,
    "derrumbando" mercados europeos
    o "inundando" economías que se esfuerzan por emerger.

    El discurso capitalista se las ha ingeniado para hacer parecer
    a sus crisis como catástrofes naturales, impredecibles y
    sin responsables. Éste es el proceso dialéctico en
    el que ha caído el iluminismo. El mismo racionalismo
    que logró liberarse de los dioses paganos de la Lluvia o
    el Trueno ha creado un nuevo dios tan enigmático y
    poderoso como los primeros.

    Hoy al mercado se le rinde culto, se lo adora y se le
    ofrecen los sacrificios que los "brujos" del Norte aconsejan:
    ajuste fiscal,
    privatización indiscriminada, libre
    mercado, libre movimiento de
    capitales, reducción del estado, pago de los intereses de
    la deuda.
    Pero así y todo, el cumplimiento estricto de
    estas formas no garantiza la bendición celestial, y
    nuestro país es un caso paradigmático.

    Se recurre a la deshonestidad disfrazada de sanas políticas
    económicas y públicas, del famoso "libre mercado
    económico", para tratar de justificar los "medios" en
    virtud de un "fin" -la famosa "cirugía sin anestesia"- la
    cual termina confundiendo los "medios" con el "fin" al exaltar la
    convertibilidad, el recorte del gasto y las privatizaciones como "metas" y no como lo que son:
    instrumentos para mejorar la calidad de
    vida del pueblo.

    Esta distorsión del "crecimiento
    económico" encuentra un natural rechazo del juicio de
    la acción
    por los solos efectos, como el juicio de la acción por las
    solas intenciones, pero si tenemos que juzgar lo que nos han
    dejado los años de administración salinista con el nacimiento
    del "libre mercado", de la "liberalización de la economía para entrar
    al primer mundo", y de la ola neoliberal, nos encontramos con un
    país terriblemente injusto y con una soberanía mancillada por el poder
    financiero.

    Esta injusticia viene a ser provocada por la desigual distribución en los ingresos y por
    una concentración desvergonzada de dinero. Nunca
    tan pocos tuvieron tanto y nunca el capitalismo
    mostró tan impunemente su verdadero rostro. Lo
    cómico-trágico de esta escena propia de una
    película hollywoodesca, es ver las reacciones que tiene la
    élite económica, política y social,
    cuando alguien (llámese por ejemplo: ONGS, Iglesia o
    periodismo),
    denuncian esta triste realidad. Y nos encontramos con diversos
    puntos de vista, tales como los que siguen:

    1. El cínico niega todo, jurando que estamos en el
      mejor de los mundos y carga sus armas contra el
      mensajero.
    2. El tecnócrata dice que es el costo
      inevitable y previsto de las grandes reformas y clausura
      cualquier discusión "subjetivista", y
    3. El hipócrita se sorprende.

      Y Pareciera ser que hoy está de moda
      "sorprenderse" por las estadísticas. Todo el mundo anda frunciendo
      el ceño y poniendo cara de preocupación, cuando le
      informan que en nuestro país algunos chicos no comen todos
      los días, y que algunos hasta se mueren de hambre.

      Muy preocupados los grupos de
      industriales y élites político-económicas
      por obtener el máximo de rentabilidad y
      reclamando una urgente "flexibilizacion" (eufemismo de
      explotación), se sorprenden ahora por los efectos de
      nuestra política
      económica, que proclama –en el discurso-, un
      verdadero desarrollo económico basado en la
      sustentabilidad y en el pleno y absoluto respeto a la
      naturaleza.

      ¿Cómo es posible la pobreza si yo les pago lo
      "justo", el salario
      mínimo que marca la Ley?.
      Sería bueno que estos señores tuviesen la
      delicadeza, mientras viajan rumbo a sus countries privados, de
      mirar por la ventanilla. Aunque más no fuese por
      curiosidad.

      1. EL PROBLEMA A
        RESOLVER: ¿CÓMO LOGRAR LA CONJUNCIÓN DEL
        DESARROLLO ECONÓMICO Y LA LIBERTAD
        INDIVIDUAL?.

      Dejemos a un lado el análisis de cifras y
      estadísticas por un momento, y miremos la realidad de una
      multitud ingente de hombres y mujeres, niños,
      adultos y ancianos, quienes sufren el peso intolerable de la
      miseria, resultado de las violaciones de aquellos supuestos de
      necesidades fundamentales no satisfechas por causas derivadas de un
      mal gobierno, el que no respeta la legalidad y que no realiza con
      eficiencia los
      fines generales y los fines particulares que se le atribuyen al
      Estado de
      Derecho.

      La pobreza en México -y
      la desigualdad como causa última de ésta-,
      está y siempre ha estado lejos de ser resuelta. No se
      trata de un problema nuevo, pero esto no es razón para
      ignorarlo. Nuestra historia reciente es, en cierta forma,
      producto de la
      búsqueda por terminar con ese mal social: una de las
      motivaciones fundamentales de la Revolución
      Mexicana fue, a final de cuentas,
      combatir la enorme pobreza que caracterizaba a una parte
      importante de la población
      . Si bien la
      proporción de mexicanos pobres ha disminuido
      considerablemente desde el fin de la Revolución, el
      número absoluto de mexicanos sumidos en la pobreza sigue
      siendo enorme, y, en todo caso, inaceptable. Ningún
      país ha logrado acceder al desarrollo sin resolver el
      problema de la pobreza. De ahí que sea imperativo
      actuar.

      En este tenor, es importante hacer notar que la persistencia
      crónica de un México dual, un México en el
      que sólo algunos avanzan por el camino de la modernidad,
      mientras sectores significativos de la población están completamente
      marginados del proceso de desarrollo. Por eso, hablar hoy en
      día de pobreza en México, es hablar de cinco siglos
      de historia.

      Cualquier observador, aunque no fuese muy agudo, diría
      hoy que México es un país en donde mucha gente
      sigue siendo víctima de la pobreza, y es que en nuestro
      país el problema está lejos de ser resuelto.
      Creemos entonces que la pobreza y la desigualdad son signos que nos
      caracterizan, y que tienen que ser confrontados, toda vez que
      ésta última es causada por la ausencia de
      capacidades básicas: nutrición, salud, educación y vivienda
      adecuada. Tenemos la plena convicción de que el problema
      de la pobreza se podrá atenuar, enfrentándolo con
      políticas y estrategias de
      una sana política
      social encaminada a atacarlo de fondo, para resolver y
      atenuar el problema de la desigualdad.

      Así, junto con el nacimiento de los "gobiernos de la
      Revolución", nace en México el compromiso de
      enfrentar cara a cara el problema de la justicia
      social. Sin embargo, este problema nunca se definió
      explícitamente en forma de una política orientada a
      atacarla, pues otras han sido las prioridades políticas en
      el curso del tiempo.

      Además de las dificultades que entrañaría
      la valoración de los resultados económicos de los
      programas
      implementados por el gobierno para dar solución al
      problema que venimos comentando, existe otra rémora de
      múltiples repercusiones en el ámbito
      socioeconómico. Es la ya mencionada economía
      oculta
      , también llamada irregular,
      subterránea o sumergida
      , y que consiste en la
      realización de actividades económicas de forma
      encubierta o clandestina, al margen de la normatividad legal y/o
      a la computación estadística. Su incidencia social se ha
      potenciado al convertirse la contabilidad
      nacional en fundamental instrumento informativo y sustrato
      indispensable de la política
      económica.

      Aunque este tipo de economía existió siempre, en
      los últimos tiempos ha adquirido una inquietante
      proporción al crecer en algunas épocas y
      países a mayor velocidad que
      la economía controlada. Si se analizaran sus causas, se
      demostraría que ello es en gran medida como un subproducto
      de las actuales circunstancias, pues las principales motivaciones
      de la economía oculta son el creciento reglamentarismo, la
      rigidez laboral, la
      inestabilidad económica, la nueva mentalidad social y, muy
      especialmente, la continua elevación de las cargas
      públicas, dando lugar a un fenómeno acelerativo,
      consistente en que dicha elevación conlleva la
      aplicación de mayores tipos impositivos, los cuales
      proporcionan mayor recaudación sólo hasta cierto
      punto a partir del cual éste se reduce por pase de los
      sujetos a la economía oculta ; y como el gasto
      público continúa elevándose, se hace
      necesario elevar también la presión
      fiscal sobre los sujetos que permanecen en la legalidad, con lo
      que se acentúa aún más la propensión
      a la ocultación.

      Es cierto que el excesivo reglamentarismo puede llegar a ser
      agobiante, y que las cargas públicas van creciendo
      demasiado, pero entonces el camino a seguir es la
      modificación del actual sistema económico, en lugar
      de tolerar marginaciones que falsean los imprescindibles datos
      estadísticos y convierten el proceso económico en
      una pugna por el descontrol que destruye el respeto a la ley y
      premia a la evasión insolidaria.

      La apelación a la tolerancia de la
      economía oculta practicada por varios países como
      alternativa de la flexibilización legalizada de la
      economía, en voz de Antonio Verdú:

      "Es una fórmula peligrosa que sólo
      favorecerá a los más ladinos, desbaratando el
      sistema económico basado en el juego limpio
      y, lo que es más grave, desprestigiando al Estado como
      árbitro de la sociedad".

      Una solución definitiva -creemos-, no tiene otro camino
      que poner fin a dicho divorcio entre
      realidad y legalidad para conseguir, sin traumas sociales de
      honda repercusión económica, el paulatino
      encauzamiento de la ocultación hacia la legalidad,
      aprovechando la positiva aportación de la economía
      oculta, sin destruirla, mediante la eliminación de las
      exigencias burocráticas innecesarias y las cargas
      excesivas que le sirven de coartada y estimulan el
      perfeccionamiento de las técnicas
      de ocultación.

      Tratemos de abordar una solución a ello, hablando de la
      justicia distributiva propuesta por Aristóteles. Esta se refiere a los principios que
      regulan la distribución del honor o el dinero u
      otros activos
      divisibles de la comunidad,
      mientras que la justicia conmutativa regula las relaciones
      y las transacciones entre particulares. La justicia distributiva
      es adjudicación por un tercero, mientras que la segunda es
      intercambio, interrelación, donde lo común a las
      dos formas particulares de la justicia aristotélica, es su
      objetivo
      ulterior: la igualdad, la
      afanosa búsqueda del punto medio,
      en donde el
      principio o criterio que habría de regir en la justicia
      distributiva es el de la igualdad entre los iguales: en la
      justicia conmutativa la igualdad entre los bienes que se
      intercambiase; y en la justicia correctiva la igualdad entre el
      crimen y el castigo
      .

      Para arribar a tal objetivo de la igualdad, se hace
      imprescindible la conjunción de los tres casos de la
      justicia. Es entonces en este sentido que se parte de la
      siguiente premisa con validez universal: Si la igualdad es
      la meta que
      subyace a la justicia, la libertad es la condición
      necesaria para su ejercicio
      . "Lo justo, afirma
      Aristóteles, existe sólo entre los hombres cuyas
      relaciones mutuas están gobernadas por la ley"
      .

      Es decir, lo justo no sólo es lo igual, sino
      también lo legal, en donde la igualdad y la libertad son
      dos conceptos indisociables para la justicia. Este descubrimiento
      aristotélico ha sido corroborado una y otra vez durante
      más de dos milenios de pensamiento
      político. Pero la historia advierte: también
      enemigos audaces. La igualdad y la libertad
      -nos recuerda
      Giovanni Sartori-, guardan una relación pasional
      de amor-odio
      .

      Al igual que las otras virtudes éticas, la justicia
      deberá ser también una disposición habitual
      que nos haga elegir (con la infabilidad práctica que
      compete a la prudencia) un término medio en nuestros
      estados afectivos o en nuestras acciones, y
      por ello Aristóteles comienza por definir la justicia como
      la disposición habitual por la que los hombres son capaces
      de practicar los actos y las cosas justas, y no sólo de
      practicarlas, sino de quererlas. La justicia distributiva que se
      aplica en la "repartición del honor, de la riqueza y de
      otros bienes divisibles entre los miembros de la comunidad
      política"
      , a cada uno de los cuales debe tocarle de
      todo aquello una porción correspondiente a su
      mérito o dignidad. Si
      en este respecto son iguales las personas, deberán recibir
      porciones iguales; pero si no lo son, habrá que encontrar
      una proporción entre el valor de las
      cosas y el mérito personal, de modo
      tal que en la distribución se observa una igualdad que no
      podrá ser aritmética, como salta a la vista, sino
      proporcional.

      El objetivo de este punto es el análisis de la
      relación que guardan la libertad y la igualdad en el marco
      de la justicia distributiva, partiendo de la siguiente pregunta:
      ¿Cuál es la igualdad que subyace al criterio
      distributivo que presenta la posibilidad para la
      autodeterminación a un individuo que pertenece a una
      sociedad desigual?
      . Es decir, si se concibe a la
      política social como el instrumento de política
      pública que pretende, ya no proveer el bienestar
      individual, sino dar los elementos para la elección
      individual, ¿qué criterio es el que mejor cumple
      con ese objetivo?. Para contestar estas preguntas, partiremos de
      los siguientes puntos de interés
      para el desarrollo del examen del tema
      propuesto.

      1. En el capítulo del Crecimiento Económico, se
        enfatiza que a partir de la instrumentación de las medidas del
        programa de
        acción para reforzar el Acuerdo de Unidad para superar
        la Emergencia Económica (PARAUSEE), la
        estabilización de la economía avanza en lo que
        se refiere a las cuentas con el exterior, las tasas de
        interés y el tipo de
        cambio. El aspecto negativo de esta
        instrumentación, es sin duda alguna, una aguda
        recesión y un desempleo que crece a pasos
        gigantescos.

        Se desprenden cinco grandes temas objetivos
        que responden a inquietudes evidentes de la sociedad
        mexicana, algunas añejas y otras producto de la
        coyuntura, entre las que destacan: la soberanía,
        el Estado
        de Derecho, el desarrollo democrático y social,

        así como el crecimiento económico. Este
        último punto pretende establecerse en cinco puntos:
        PROMOCION DEL AHORRO
        INTERNO; ESTABILIDAD ECONOMICA Y FNANCIERA; USO EFICIENTE DE
        LOS RECURSOS
        ECONOMICOS; UNA POLÍTICA ECONOMICO-AMBIENTAL, Y
        POLITICAS SECTORIALES
        .

        Se insiste continuamente en la disciplina
        fiscal como ingrediente para generar estabilidad y
        certidumbre, en que el objetivo primordial de dicha
        política, es la estabilización de precios y
        la promoción de micros, pequeñas y
        medianas empresas. Se
        enfatiza la necesidad de aumentar el ahorro interno en 6
        (seis)
        puntos porcentuales del Producto Interno Bruto
        (PIB), con
        la base de que ello resulta primordial en el crecimiento de
        la economía, y en lograr un mayor coeficiente de
        ahorro en el presente, traduciéndose en mayores
        oportunidades de consumo e
        ingresos en el futuro, para el sano desarrollo
        económico, político y social, y constructor de
        un Estado Democrático, como se desprende del contenido
        de la Alianza para el Crecimiento, en sus objetivos
        cuantitativos para 1997, 1.- Crecimiento del PIB de cuando
        menos el 4.0% real ; 2.- Inflación acumulada de
        15% medida por el Indice Nacional de Precios al Consumidor ;  3.- Incrementar la
        inversión y el ahorro
        público ; 4.- Un déficit en la cuenta
        corriente de la balanza de
        pagos, inferior al 2% del PIB. Resulta alentador y
        prometedor que se lleven a cabo los objetivos propuestos,
        sobre todo en lo que respecta al desarrollo
        social, la inversión asociada al sector
        público; fomento al empleo y
        competitividad industrial, así como
        fomentar la creación de más viviendas, por
        citar algunos.

        Asimismo, con fecha 5 de enero de 1996, se publicó
        en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por
        el cual SEDESOL determinó la metodología, fórmula y
        distribución, para el ejercicio fiscal de 1996 de las
        asignaciones correspondientes al Fondo de Desarrollo del Ramo
        00026, Superación de la Pobreza entre entidades
        federativas, con un presupuesto de 7,500 millones de pesos.

      2. El Plan Nacional
        de Desarrollo 1995-2000 y la Alianza para el
        Crecimiento.
      3. El Desarrollo económico y social del "milagro de
        la economía mexicana".

      De acuerdo al marco en que se desenvuelve el sistema
      político mexicano en el presente, y de acuerdo a las
      definiciones expresadas líneas arriba, es claro que se
      resienten más sensiblemente las repercusiones de la
      situación económica y social prevaleciente, lo que
      va a dificultar el llevar con éxito
      los programas implementados por el gobierno, de donde es oportuno
      mencionar lo siguiente:

      1. Una inequitativa distribución de la riqueza,
        la cual es determinante para el tiempo actual, después
        de que culminó la etapa llamada "el milagro
        mexicano"
        , el cual inicia con un período
        económico crudo y desesperado, caracterizado por la
        agudización de la pobreza, tanto cualitativa como
        cuantitativamente, con todas sus repercusiones, que van desde
        el aumento del abstencionismo político y electoral,
        hasta la participación de una parte de ese sector
        abstencionista y de miembros del partido mayoritario en favor
        de partidos
        políticos de oposición o minoritarios.
      2. La crisis económica y la elevación
        extrema de los precios de los satisfactores, correlativamente
        con desproporcionados aumentos salariales, ha propiciado un
        sentimiento de inconformidad con el aparato gubernamental de
        una parte muy considerable de la población.
      3. La Religión y la
        política
        , en donde las interinfluencias entre el
        sistema religioso y el sistema político han provocado
        que las corporaciones que integran el primero de ellos, trate
        de volver a poner en el tapete de las discusiones la
        participación de la Iglesia en cuestiones de
        índole política, estimando que existe campo
        propicio para fortalecer la penetración y la influencia
        social de tales corporaciones.
      4. En el ámbito exterior, en el aspecto
        internacional se ha dato coto a que varias de las posturas
        adoptadas por el gobierno mexicano, provoquen controversias,
        tales como las ventas de
        petróleo a bajo precio, la
        actitud
        asumida para la renegociación de la deuda y
        ampliación de la misma, la cantidad de petróleo que se exporta.
      5. Y por último señalaremos las clases
        sociales
        , en donde vemos que el sistema de clases
        sociales, producto del sistema económico produce
        consecuencias en el sistema político, si tomamos en
        cuenta que elPartido Revolucionario Institucional no representa
        categóricamente una de las clases sociales mexicanas. En
        sentido formal, los campesinos y los obreros se encuadran en el
        Partido de la Revolución
        Mexicana, pero no son los únicos.

      Confrontemos esto con lo que nos dice la Doctrina. Escuchemos
      el pensamiento de un gran hombre, sencillo y honesto, el
      señor Don Antonio Gómez Robledo, quien en su obra:
      Meditación sobre la Justicia, nos dice:

      "Ningún otro problema ha sido tan apasionadamente
      discutido; por ninguna otra cuestión se ha derramado
      tanta sangre
      preciosa, o llorado lágrimas tan amargas; sobre ninguna
      otra han meditado tan profundamente los espíritus
      más esclarecidos, de Platón a Kant; y sin
      embargo, esta pregunta está aún hoy sin
      respuesta. Parecería como si fuera una de esas preguntas
      con respecto a las cuales hubiera que renunciar con resignada
      sabiduría, a encontrar una respuesta definitiva, sin
      tratar apenas de formularla mejor".

      Estamos ampliamente convencidos de que no es preciso decir
      más para justificar la necesidad en que nos hallamos, de
      meditar una vez más, con toda la profundidad que podamos,
      sobre la justicia, no tanto sobre su definición verbal,
      que no será por sí sola de mayor provecho, sino
      sobre su contenido real, cuya percepción
      es lo único que puede satisfacer lo que, después de
      todo, es la urgencia humana más vital y apremiante. En el
      momento que estamos viviendo, nos encontramos en una coyuntura
      histórico-cultural caracterizada por el asombroso
      desarrollo de las ciencias y sus
      aplicaciones. Pero no debemos permitir que la euforia
      técnico-científica ofusque los espíritus
      hasta el punto de impedirles admitir una realidad evidente: la
      cultura actual
      se encuentra sumergida en una profunda crisis
      .

      Admitámoslo. El hombre
      contemporáneo vive con apremio y de modo individualista y
      egoísta, víctima de una deformación del
      sentido del deber, olvidándose frecuentemente que el bien
      individual se ha de alcanzar en el Bien Común,
      reconociendo que éste -el Bien común- no es
      suceptible de reparto, sino de participación y sus
      relaciones, para ser justas, son siempre integrativas y de
      subordinación. Así, la igualdad en esta justicia
      del bien común, que consiste en el respeto a determinadas
      proporciones, no a una necesaria igualdad numérica, como
      lo veremos más adelante en la fórmula propuesta por
      Aristóteles.

      Vemos con tristeza que los adelantes tecnológicos y el
      avance de la ciencia que
      tanto orgullo producen al hombre de hoy, producen otro problema
      más: una asfixia individual y colectiva de principios,
      en donde la vida se deshumaniza y la técnica se vuelve en
      contra del hombre.
      Aún cuando a merced de los aportes
      de las ciencias y de la tecnología, estamos
      descubriendo que nos olvidamos de la búsqueda de la
      solidaridad, la
      cual se torna cada día más apremiante, producto de
      un estilo de vida
      consumista, frívolo, superficial, materialista y
      masificado. Hay una pérdida del sentido del orden natural
      y desconocimiento de la esencia del hombre, de la familia y
      de las leyes, por
      referirme a lo más próximo. Estamos sometiendo la
      vida humana al cálculo
      utilitarista. Confundimos sabiduría con ciencia
      técnica, e incluso con cientificismo y tecnicismo, lo que
      nos está llevando a desaparecer poco a poco el sentido
      trascendente de la existencia humana.

      No podemos por ello dejar de reconocer que los procesos de
      integración
      económica generan modificaciones en las estructuras
      legales de los países que participan en ella, y es
      así que observamos como la poderosa Francia
      debatió sobre posibles enmiendas constitucionales
      derivadas de la participación en la Comunidad
      Económica Europea. Y si ésto hizo un país
      que integra el llamado Grupo de los
      Siete (más ricos del mundo), es lógico que los
      subdesarrollados están mucho más determinados por
      estos fenómenos.

      Es hablando en este contexto que hoy en día, América
      Latina, desde México hasta Argentina, los funcionarios
      gubernamentales, los medios de
      comunicación, los periodistas, los académicos,
      y por supuesto, los banqueros y ejecutivos de corporaciones se
      han unido al coro que celebra el advenimiento del capitalismo sin
      regulaciones, como la panacea para la crisis del desarrollo de la
      región. El neoliberalismo, o como lo pregonan sus
      protagonistas, la economía de libre mercado se anuncia
      como un enfoque práctico, realista y nuevo, para resolver
      los problemas
      latinoamericanos
      . Afirman haber descubierto la
      fórmula: abriendo los mercados al libre flujo de
      capitales y bienes, se obtendrá el crecimiento,
      prosperidad y libertad
      .

      Hablar en este contexto del crecimiento socioeconómico
      que en los últimos años ha logrado México,
      es reconocer en primer lugar, que éste no siempre ha sido
      realizado en una sana distribución de las riquezas y de
      las oportunidades para todos los que habitamos esta gran nación;
      el desarrollo no ha sido, por consiguiente, un crecimiento que se
      haya realizado de manera homogénea.

      Esta disparidad que señalamos, además de las
      políticas económicas que se siguen actualmente, se
      debe a que nuestra nación
      no es una sociedad monolítica. Dentro de esta gran
      nación que es México, se dan una gran diversidad de
      culturas, pueblos, situaciones geográficas y
      económicas. Esta heterogeneidad hace posible que se
      susciten diversas formas de responder a los problemas nacionales
      y que exigen a los responsables directos, soluciones
      reales y no meras especulaciones o respuestas generales dictadas
      desde un centro de operación sin conocimiento
      expreso de la realidad concreta.

      Es evidenciado que una de las preocupaciones que actualmente
      se está dando de manera general en América
      Latina, y en particular en México, ha sido el problema
      de la propiedad, en
      donde es bien conocido el hecho de que la economía de
      mercado tiene por falla fundamental no sólo el problema
      del desempleo, sino el de una desigual distribución de la
      riqueza y la renta, ya que es bien conocido que el alto grado de
      concentración del capital y de
      la tierra
      es causa principal de la desigualdad, se han buscado las
      fórmulas para solucionar este problema que hoy nos aqueja
      enormemente, ya que el problema que comentamos, no sólo
      consiste en la mala distribución de la riqueza, sino en el
      enorme poder que éste otorga al empresario
      para decidir con exclusividad qué cosa se ha de producir,
      cómo producir y para quién se ha de producir.

      Es decir, el propietario de los medios de producción es un rey absoluto en la empresa, y los
      asalariados están excluidos de todo derecho a participar
      en decisiones que los afectan dentro de la empresa, por lo
      que resulta necesario que los empresarios dejen de mirar a las
      empresas como una propiedad y la vean como un sistema de
      colaboración.

      Para resolver los problemas de acceso a la propiedad,
      principalmente entre los trabajadores que conforman el sector
      productivo de México, atendiendo al derecho
      Constitucional, asistido en el artículo 4º, que
      se refiere al derecho de todo ciudadano a tener una vivienda
      digna y decorosa, se han inclinado los diversos sectores
      -público, privado y las ONG´S- y
      aún el mismo gobierno con la implementación de sus
      programas de apoyo a la Banca en primer
      lugar, y a la población general en segundo término,
      a tratar de encontrar solución a tan grave problema que
      nos está aquejando, modificando la naturaleza del derecho de
      propiedad, a fin de otorgar algún grado de
      participación o una total participación en la
      gestión, que busca constituir una
      vía distinta a la de modificar el derecho de acceder a
      ella. Se trata de un nuevo camino que permite modificar no
      sólo las desigualdades que origina la concentración
      de capital.

      La propuesta entonces en sí es sencilla, y consiste
      en dar acceso o difundir la propiedad masivamente a todos los
      trabajadores del país a través de programas
      objetivos que sí funcionen y se alejen de la maquinaria
      burocrática del Estado.
      Si este objetivo es
      alcanzable, no sólo se corrigen las desigualdades, sino
      que ofrece la posibilidad de difundir la propiedad masivamente,
      lo cual -pienso-, resolvería el problema de la desigualdad
      extrema en la riqueza y la renta y la posibilidad de fundar la
      propia empresa y de gestionarla, y de gozar de sus resultados
      económicos.

      En países como el nuestro, la división
      jurídica del trabajo por la
      vía de Sociedades
      especializadas, sobre todo en el área financiera, es
      facilitada, porque el Legislador ha superpuesto al derecho
      común de sociedades una serie de regímenes
      específicos propios a estas actividades, concebidas
      éstas como una pieza del sistema de producción
      compuesto por múltiples unidades que se complementan y
      compiten para atender a las demandas de los consumidores,
      constituyendo, en voz de Juan José Folchi y Antonio
      Verdú:

      "… la
      célula del organismo económico sobre la que
      recae la función
      consistente en obtener productos
      que satisfagan las necesidades humanas…… Una consecuencia
      de la función social de la empresa, la ofrece el
      denominado balance social, cuya justificación parte de
      la base de que si bien la contabilidad constituye el
      instrumento idóneo para que las unidades de
      producción puedan conocer su situación,
      trayectoria y rendimientos, además es la base primordial
      para elaborar por integración la contabilidad nacional como
      expresión de la evolución económica de un
      país sirviendo de guía para las decisiones de
      política económica y de las propias empresas…..
      Por su contribución a la formación del Producto
      Nacional la empresa aporta unos valores
      materiales
      destinados a satisfacer necesidades humanas…."
      .

      1. Cabe ahora hablar de otro punto importante para el
        desarrollo del planteamiento propuesto, y para ello
        quisiéramos precisar en estas líneas la
        Tesis del
        Liberalismo Igualitario propuesta y desarrollada por John
        Rawls: Resucitó el debate
        teórico-filosófico que parecía agonizar
        en la década de los sesenta. Su trabajo se encuentra
        fundamentado en la filosofía Kantiana, iniciando una
        corriente de pensamiento político conocida como el
        liberalismo igualitario, la cual representa la columna
        vertebral de su postura.

        El objetivo de su Teoría de la Justicia, consiste
        en brindar una alternativa teórica al utilitarismo,
        para la evaluación de arreglos e instituciones económicas,
        políticas y sociales, erigiendo su construcción
        teórica a partir de una intuición que para
        él es socialmente compartida: "el supuesto de que
        la sociedad es un sistema imparcial de cooperación
        social entre individuos libres e iguales"
        . La libertad y
        la igualdad a la que Rawls alude parte de la personalidad moral
        kantiana, en virtud de la cual los individuos poseen un
        sentido de la justicia y una concepción personal del
        bien. Nos dice: "Si la sociedad es un sistema imparcial de
        cooperación entre personas libres e iguales,
        ¿cuáles serían, pues, los principios de
        justicia con los que la sociedad
        funcionaría?".

        Para resolver esta pregunta, nuestro autor apela al
        recurso hipotético del contrato
        social y nos invita a imaginar una situación
        inicial en la que los contrayentes -personas racionales,
        libres e iguales- deliberan sobre principios de justicia,
        cubiertos por un "velo de ignorancia", deliberando
        bajo circunstancias imparciales, y es por eso que la justicia
        rawlsiana es una teoría de la "justicia como
        imparcialidad"
        (justice as fairness), en donde
        requiere que todos los bienes sociales primarios (derechos,
        libertades, oportunidades, ingreso y riqueza y la base social
        para el autorespeto) sean distribuidos por partes iguales en
        la sociedad, a menos de que una distribución desigual
        favorezca al individuo en la peor situación, llamada
        por Rawls el principio de diferencia, procediendo a la
        jerarquización en la concepción particular de
        la justicia, desprendiéndose dos principios y dos
        normas de
        prioridad que han de ser inamovibles:

        Primer principio: Cada persona ha de
        tener un derecho igual al más amplio sistema total de
        libertades básicas, compatible con un sistema similar
        de libertades para todos.

        Segundo principio: Las desigualdades
        económicas y sociales han de ser estructuradas de
        manera que sean para:

        a) mayor beneficio de los menos aventajados, de acuerdo a
        un principio de ahorro justo, y

        b) unido a que los cargos y las funciones
        sean asequibles a todos, bajo condiciones de justa igualdad
        de oportunidades.

        Primera Norma de Prioridad (la prioridad de la
        libertad).

        Los principios de la justicia han de ser clasificados en
        un orden lexicográfico y, por tanto, las libertades
        básicas sólo pueden ser restringidas en favor
        de la libertad misma.

        Segunda Norma de Prioridad (la prioridad de la
        justicia sobre la eficacia y el
        bienestar).

        El segundo principio de la justicia es
        lexicográficamente anterior al principio de la
        eficacia, y al que maximiza la suma de ventajas y la igualdad
        de oportunidades es anterior al principio de la
        diferencia.

      2. La teoría del Liberalismo
        Igualitario
        de John Rawls.
      3. CONCLUSIONES

        • Se requiere urgentemente revertir el deterioro social, ese
          es el reto que hay que superar, pero las probabilidades y
          posibilidades de poder hacerlo parecen bajas y escasas. No hay
          un escenario realista que contemple una reversión del
          deterioro a mediano plazo, al año 2000. El panorama no
          es nada alentador. Las tendencias que se observan a mediano
          plazo se encaminan hacia la polarización de la
          desigualdad, el aumento de la pobreza, el desempleo, la
          violencia y
          la inseguridad
          pública, presentadas en un contexto de estancamiento
          económico, a diferencia de otros momentos de la
          historia, en los que se había manifestado mayor
          dinamismo, dadas también estas tendencias sociales por
          el contexto de la transición política que estamos
          viviendo, la cual, por fuerza,
          conlleva elementos de inestabilidad e
          indeterminación.
        • Debemos considerar que las nuevas declaraciones de
          derechos, además de ser más explícitas en
          cuanto a la enumeración de éstos y en cuanto a su
          enunciación, exigen ya un compromiso particular y
          concreto de
          darles cumplimiento por parte de los poderes públicos,
          que consiste en atribuirles a los derechos fundamentales del
          hombre un valor de suprapositividad, de manera que se
          constituyan en criterios para orientar la actividad de los
          poderes públicos y en principios de interpretación jurídica de todo el
          ordenamiento jurídico, como el establecido en la
          Constitución Española de 1978, que
          consagra esta clase de
          enunciados ejemplares, bajo los Títulos I y III, de
          manera tal que el Capítulo II habla de los enunciados
          abstractos, y luego el Capítulo III titulado De los
          principios rectores de la política social y
          económica
          , hace las concreciones pertinentes para
          que a cada derecho abstracto le corresponda una garantía
          de acción eficaz por parte de los poderes
          públicos. Veámoslos:

        Art. 39.1. Los poderes públicos aseguran la
        protección social, económica y jurídica de
        la familia.

        2. Los poderes públicos aseguran asimismo, la
        protección integral de los hijos, iguales éstos
        ante la ley con independencia de su filiación, y de las
        madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley
        posibilitará la investigación de la paternidad.

        Art. 40.1. Los poderes públicos
        promoverán las condiciones favorables para el progreso
        social y económico y para una distribución de la
        renta regional y personal más equitativa, en el marco de
        una política de estabilidad económica. De manera
        especial realizarán una política orientada al
        pleno empleo.

        Art. 41. Los poderes públicos
        mantendrán un régimen público de Seguridad
        Social para todos los ciudadanos, que garantice la
        asistencia y prestaciones
        sociales suficientes ante situaciones de necesidad,
        especialmente en caso de desempleo. La asistencia y
        prestaciones complementarias serán libres.

        Art. 42. El Estado velará especialmente por la
        salvaguardia de los derechos económicos y sociales de
        los trabajadores españoles en el extranjero, y
        orientará su política hacia su retorno.

        Art. 43.1. Se reconoce el derecho a la
        protección de la salud.

        2. Compete a los poderes públicos organizar y
        tutelar la salud
        pública a través de medidas preventivas y de
        las prestaciones y servicios
        necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de
        todos al respecto.

        3. Los poderes públicos fomentarán
        la
        educación sanitaria, la educación
        física y el deporte. Asimismo,
        facilitarán la adecuada utilización del ocio.

        Art. 44.1. Los poderes públicos
        promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a
        la que todos tienen derecho.

        2. Los poderes públicos promoverán la
        ciencia y la investigación científica y
        técnica en beneficio del interés general.

        Art. 47.- Todos los españoles tienen derecho a
        disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes
        públicos promoverán las condiciones necesarias y
        establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo
        este derecho, regulando la utilización del suelo de
        acuerdo al interés general para impedir la
        especulación.

        La comunidad participará en las plusvalías que
        genere la acción urbanística de los entes
        públicos.

        Art. 50.- Los poderes públicos
        garantizarán, mediante pensiones adecuadas y
        periódicamente actualizadas la suficiencia
        económica a los ciudadanos durante la tercera edad.
        Asimismo, y con independencia de las obligaciones
        familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema
        de servicios sociales que atenderán sus problemas
        específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

        • Más adelante, en el Título VII, de la
          Economía y Hacienda, vuelve a sentirse el
          espíritu Constitucional, cargado de nobles sentimientos
          sociales, cuando se refiere a la obligación del Estado
          en la formulación de las políticas
          económicas para lograr la planificación económica general,
          tendiente a atender necesidades colectivas, equilibrando y
          armonizando el desarrollo regional y sectorial, además
          de que se exige la participación responsable de todos
          los actores económicos: Gobierno, Sindicatos,
          Organizaciones
          Profesionales y Empresariales, bajo la constitución de
          un Consejo. Veamos.

        Art. 128.1. Toda la riqueza del país en sus
        distintas formas y sea cual fuere su titularidad está
        subordinada al interés general.

        2. Se reconoce la iniciativa privada en la actividad
        económica. Mediante ley se podrá reservar al
        sector público recursos o servicios esenciales,
        especialmente en caso de monopolio, y
        asimismo acordar la intervención de empresas cuando
        así lo exigiere el interés general.

        Art. 129.1. La ley establecerá las formas de
        participación de los interesados en la Seguridad
        Social y en la actividad de los organismos públicos cuya
        función afecte directamente a la calidad de la
        vida o al bienestar general.

        2. Los poderes públicos promoverán
        eficazmente las diversas formas de participación en la
        empresa y fomentarán, mediante una legislación
        adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán
        los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la
        propiedad de los medios de producción.

        Art. 131.1. El Estado, mediante ley, podrá
        planificar la actividad económica general para atender a
        las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el
        desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de
        la renta y de la riqueza y su más justa
        distribución.

        2. El Gobierno elaborará los proyectos de
        planificación, de acuerdo con las previsiones que le
        sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el
        asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras
        organizaciones profesionales, empresariales y
        económicas. A tal fin se constituirá un Consejo,
        cuya composición y funciones se desarrollarán por
        ley.

        No podrían expresarse mejor las cosas. Se habla de
        garantías, y tienen que ser tales. Los poderes
        públicos deben asumir este compromiso de hacer realidades
        todos estos propósitos. Por descontado que, por
        posibilidad, podría quedarse en meras promesas, y entonces
        de poca cosa iban a servir tales enunciados y la
        Constitución entera. La tarea que nos proponemos no es
        fácil, ya que si el gobierno actúa en contra de los
        intereses del sector empresarial, disminuyendo sus ganancias a
        niveles que ellos consideran insuficientes para justificar su
        inversión, ésta se reduce y aumenta el
        desempleo.

        • Creemos que la crisis que vive actualmente México,
          estimulará en lo posible para lograr una búsqueda
          vigorosa de nuevos estabilizadores institucionales para la
          economía
          internacional y otras medidas que reduzcan el riesgo de una
          inestabilidad sistemática. Otros simplemente
          llegarán a la conclusión de que las
          economías emergentes deben valerse por sí mismas.
          Es importante identificar las lecciones para mejorar la
          capacidad de los gobiernos para aprovecharlas. Debemos
          comprender los factores políticos que subyacen a las
          incapacidades de aprendizaje de
          los gobiernos, recibir tanta atención como la identificación de
          las lecciones económicas correctas.
        • Esto se vuelve todavía más importante, cuando
          las oportunidades para una coexistencia pacífica con
          bases económicas débiles se han extinguido casi
          por completo. El márgen para instrumentar
          políticas económicas equivocadas es actualmente
          muy estrecho, y sus consecuencias se hacen evidentes con una
          inmediatez e intensidad nunca antes vista.
        • Las nuevas declaraciones de derechos -en voz de José
          Barragán-, además de ser más
          explícitas en cuanto a la enumeración de
          éstos y en cuanto a su enunciación, exigen ya un
          compromiso particular y concreto de darles cumplimiento por
          parte de los poderes públicos….. atribuirles a los
          derechos fundamentales del hombre un valor de suprapositividad,
          de manera que se constituyan en criterios para orientar la
          actividad de los poderes públicos y en principios de
          interpretación jurídica de todo el ordenamiento
          jurídico
          , en donde los poderes públicos deben
          asumir este compromiso de hacer realidades todos estos
          propósitos.
        • Atento a lo expuesto, recordemos siempre que: "Las notas
          esenciales de todo ordenamiento jurídico son la
          coherencia y plenitud, porque un ordenamiento jurídico
          si no es coherente y pleno
          -ésto es, coherente en el
          sentido de no tener contradicciones y plenitud en cuanto a su
          autosuficiencia desde el punto de vista científico deja
          de ser tal-. Es decir, deja de ser ordenamiento
          jurídico pues no es una estructura,
          no es un sistema. Por consiguiente, la tarea del
          intérprete debe ser en función de los propios
          elementos que le brinda el ordenamiento, buscar el mantenimiento de esas características de
          plenitud y coherencia. Esos elementos deben ordenarse en
          función justamente de la naturaleza de las normas -nomas
          obligatorias, normas prohibitivas y normas permisivas- y para
          dilucidar el conflicto,
          básicamente los principios de jerarquía, de
          temporalidad y de especialidad".
        • La empresa que nos proponemos no es fácil. Resulta
          espinosa y difícil de llevarla a cabo y a un feliz
          término, ya que si el gobierno actúa en contra de
          los intereses del sector empresarial, disminuyendo sus
          ganancias a niveles que ellos consideran insuficientes para
          justificar su inversión, ésta se reduce y aumenta
          el desempleo. La paralización de las inversiones
          entonces generaría una grave crisis económica que
          se manifiesta en todos los demás sectores de la
          economía. Si los empresarios se atemorizan, es probable
          que saquen sus capitales del país. La fuga de capitales
          disminuye la capacidad crediticia de los bancos, hace
          subir el tipo de interés, decae la producción y
          el nivel de empleo. La fuga de divisas
          obliga a los gobiernos a establecer controles de cambio
          -recuérdese el colapso financiero de diciembre de 1994-,
          y suele ocasionar devaluaciones a la moneda.

        • Es claro que los grupos de sociedades, financieros y
          comerciales son una tangible realidad en la vida
          económica y jurídica de nuestro país. Son
          un factor claro de progreso en el desarrollo de las actividades
          económicas.
        • El legislador no podrá permanecer indiferente a un
          grave problema como el que enfrenta la denominada sociedad de
          consumo, brindando normas previsoras que clarifiquen el
          funcionamiento del mercado financiero. En último
          análisis, es un problema que deberá ser encarado
          desde la perspectiva de la justicia distributiva, pues afecta a
          la población en su conjunto. Sin bien el endeudamiento
          es una noción económica, el derecho deberá
          darle cabida como lo hace con todo aquello relacionado con la
          acción humana.
        • Del principio de justicia distributiva presentado por
          Aristóteles, se desprende una nueva definición de
          la política social, la cual tiene como meta igualar las
          circunstancias sociales y naturales que atañen a cada
          individuo de la sociedad, de tal manera que las desigualdades
          entre los individuos no sean producto del azar o de una
          situación anterior abiertamente injusta. En unas cuantas
          palabras, el propósito es minimizar las diferencias
          que no provengan directamente de la elección individual,
          proveyendo de las capacidades básicas a todos los
          individuos de la sociedad, prescindible sólo si la
          política trabaja en beneicio de la persona en la peor
          situación
          . Lo que subyace a este criterio
          distributivo es una redefinición del papel del gobierno
          en la sociedad, dejando atrás la pretensión de
          que el gobierno está en las condiciones de definir y
          proveer el bienestar individual.
        • En suma, la impartición imparcial de las justicias
          conmutativa y correctiva aristotélicas en un
          auténtico Estado de Derecho, son esenciales para que el
          individuo ejerza su elección, ya que si la
          política social dota a la persona de las capacidades
          básicas para elegir, la ausencia de mercados
          competitivos, de un estado de Derecho o de desigualdades
          materiales provenientes de una situación anterior
          abiertamente injusta, harían sucumbir los intentos de la
          nueva política social. Es por ello crítica la
          configuración de una estructura económica
          competitiva y de un verdadero Estado de Derecho que permita el
          ejercicio de las libertades económicas, políticas
          y civiles, es decir, de un contexto
          económico-político que ayude a cerrar la pinza de
          la autodeterminación individual.
        • Debemos encontrar un plexo normativo por las leyes
          nacionales que constituyan un ordenamiento armónico del
          sistema patrimonial en nuestra República, aplicable a
          todas las relaciones jurídicas públicas y
          privadas, fundadas en la razonabilidad de las leyes,
          concordante con los principios establecidos por los
          artículos 4º, 5º, 25, 26 y 27 de nuestra
          Constitución Nacional. En el pensamiento de Juan
          Francisco Linares, "la razonabilidad equivale a justicia y
          constituye uno solo de los factores de razón suficiente
          de derecho,"
          y es el alcance de la expresión de
          razonabilidad que maneja nuestra Suprema Corte de Justicia y
          los Códigos Civiles. Esto hace a una garantía de
          la libertad jurídica de las personas, que se vislumbra
          en el debido proceso legal sustantivo y de constante
          aplicación al control
          constitucional de las leyes.
        • Esta razonabilidad de la que venimos hablando, tiende a
          buscar una razonable y sustancial relación con la
          moralidad,
          el bienestar general y las garantías constitucionales de
          la propiedad privada y la preservación del patrimonio
          de la Nación y sus habitantes. Por ello, considero
          siguiendo el pensamiento de Linares, que la razonabilidad de la
          ley es el fundamento de su constitucionalidad y de su
          valoración jurídica.

        José Luis Hernández Ramírez

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