- Presentación al
tema - El problema a resolver:
¿Cómo lograr la conjunción del desarrollo
económico y la libertad individual? - La teoría del
Liberalismo Igualitario de John Rawls - Conclusiones
El contexto social que estamos viviendo y tratando de
disfrutar, no puede decirse que sea exactamente igual al de hace
veinte años. La naturalización de los procesos
sociales viene a ser una constante en los discursos
políticos y económicos. "La
globalización" o "apertura comercial" son
las nuevas palabas mágicas con la que se espanta a los
fantasmas de
la crítica. Y la ortodoxia liberal se debate entre
lavarse las manos frente a la miseria o sorprenderse.
No es necesario ser un eminente politólogo,
sociólogo o conocedor de las nuevas reglas del mundo
económico, para darse cuenta de que los discursos de los
economistas y de los políticos buscan naturalizar y darle
el tinte de legalidad,
más que nunca a la desigualdad. Luego de escucharlos en el
discurso
oficial tan traído y llevado, uno tiene la
sensación de que la pobreza, el
hambre y el desempleo se han
convertido en el justo castigo que deben pagar los
ineficientes.
Un proceso es en
el que se escuda la "globalización" y en la idea de individuo
autosuficiente, para desentenderse de las consecuencias de su
práctica y justificar la miseria interna. Digamos que la
globalización se ha convertido en el nuevo consuelo de los
tontos. ¿Por qué nos quejamos de nuestro desempleo?
¿Acaso no vemos que hay desempleados en todo el mundo?. Lo
cierto es que se han globalizado los "ejércitos de
reserva" y las deudas más que las inversiones
productivas. Pero desde el gobierno
continuamente se nos "recuerda" que nuestro sistema no
inventó la pobreza y que
siempre han existido pobres, y así, naturalizando una
construcción social imaginaria e irreal,
perfectible para el exterior, pretenden silenciar a las voces
críticas.
Otra estrategia en los
discursos neoliberales es la referencia al "mercado" como si
se tratase de un ser vivo. Nos dicen que el mercado se
"asustó", se puso "eufórico", "reaccionó",
se "angustió", entró en "pánico", "enloqueció", se
"deprimió", se "despertó", etc. Pero seamos claros,
el uso de estos verbos no es una licencia poética, sino
una versión ampliada de la "mano invisible" con la que se
pretende dotar de libre albedrío a lo que no lo tiene, y
sin desconocer que el análisis de los movimientos
bursátiles dista mucho de ser una ciencia
exacta, los resultados de su hacer no pueden ser cargados
hipócritamente a fuerzas azarosas.
Curiosamente siempre pierden los mismos en aras del desarrollo.
Resulta paradójico querer homologar la "autonomía"
del mercado con la del ser humano, tal como se dice: "se
mistifica el papel del mercado y se beatifica el del Estado",
ya que pocas veces en la historia éste se ha
visto tan condicionado por las estructuras.
Pero la meritocracia es el dogma de los liberales y la paradoja
se disuelve en su idea de hombre
eternamente potencial.
De todas maneras, si la idea de mercado-hombre no convence, se
puede apelar a la imagen de
mercado-Dios. Nosotros, pobres aldeanos de este mundo,
padeceríamos los embates de un dios vengativo que nos
castiga haciendo "explotar" crisis en
Asia,
"desatando" devaluaciones en Brasil,
"derrumbando" mercados europeos
o "inundando" economías que se esfuerzan por emerger.
El discurso capitalista se las ha ingeniado para hacer parecer
a sus crisis como catástrofes naturales, impredecibles y
sin responsables. Éste es el proceso dialéctico en
el que ha caído el iluminismo. El mismo racionalismo
que logró liberarse de los dioses paganos de la Lluvia o
el Trueno ha creado un nuevo dios tan enigmático y
poderoso como los primeros.
Hoy al mercado se le rinde culto, se lo adora y se le
ofrecen los sacrificios que los "brujos" del Norte aconsejan:
ajuste fiscal,
privatización indiscriminada, libre
mercado, libre movimiento de
capitales, reducción del estado, pago de los intereses de
la deuda. Pero así y todo, el cumplimiento estricto de
estas formas no garantiza la bendición celestial, y
nuestro país es un caso paradigmático.
Se recurre a la deshonestidad disfrazada de sanas políticas
económicas y públicas, del famoso "libre mercado
económico", para tratar de justificar los "medios" en
virtud de un "fin" -la famosa "cirugía sin anestesia"- la
cual termina confundiendo los "medios" con el "fin" al exaltar la
convertibilidad, el recorte del gasto y las privatizaciones como "metas" y no como lo que son:
instrumentos para mejorar la calidad de
vida del pueblo.
Esta distorsión del "crecimiento
económico" encuentra un natural rechazo del juicio de
la acción
por los solos efectos, como el juicio de la acción por las
solas intenciones, pero si tenemos que juzgar lo que nos han
dejado los años de administración salinista con el nacimiento
del "libre mercado", de la "liberalización de la economía para entrar
al primer mundo", y de la ola neoliberal, nos encontramos con un
país terriblemente injusto y con una soberanía mancillada por el poder
financiero.
Esta injusticia viene a ser provocada por la desigual distribución en los ingresos y por
una concentración desvergonzada de dinero. Nunca
tan pocos tuvieron tanto y nunca el capitalismo
mostró tan impunemente su verdadero rostro. Lo
cómico-trágico de esta escena propia de una
película hollywoodesca, es ver las reacciones que tiene la
élite económica, política y social,
cuando alguien (llámese por ejemplo: ONGS, Iglesia o
periodismo),
denuncian esta triste realidad. Y nos encontramos con diversos
puntos de vista, tales como los que siguen:
- El cínico niega todo, jurando que estamos en el
mejor de los mundos y carga sus armas contra el
mensajero. - El tecnócrata dice que es el costo
inevitable y previsto de las grandes reformas y clausura
cualquier discusión "subjetivista", y - El hipócrita se sorprende.
Y Pareciera ser que hoy está de moda
"sorprenderse" por las estadísticas. Todo el mundo anda frunciendo
el ceño y poniendo cara de preocupación, cuando le
informan que en nuestro país algunos chicos no comen todos
los días, y que algunos hasta se mueren de hambre.
Muy preocupados los grupos de
industriales y élites político-económicas
por obtener el máximo de rentabilidad y
reclamando una urgente "flexibilizacion" (eufemismo de
explotación), se sorprenden ahora por los efectos de
nuestra política
económica, que proclama –en el discurso-, un
verdadero desarrollo económico basado en la
sustentabilidad y en el pleno y absoluto respeto a la
naturaleza.
¿Cómo es posible la pobreza si yo les pago lo
"justo", el salario
mínimo que marca la Ley?.
Sería bueno que estos señores tuviesen la
delicadeza, mientras viajan rumbo a sus countries privados, de
mirar por la ventanilla. Aunque más no fuese por
curiosidad.
- EL PROBLEMA A
RESOLVER: ¿CÓMO LOGRAR LA CONJUNCIÓN DEL
DESARROLLO ECONÓMICO Y LA LIBERTAD
INDIVIDUAL?.
Dejemos a un lado el análisis de cifras y
estadísticas por un momento, y miremos la realidad de una
multitud ingente de hombres y mujeres, niños,
adultos y ancianos, quienes sufren el peso intolerable de la
miseria, resultado de las violaciones de aquellos supuestos de
necesidades fundamentales no satisfechas por causas derivadas de un
mal gobierno, el que no respeta la legalidad y que no realiza con
eficiencia los
fines generales y los fines particulares que se le atribuyen al
Estado de
Derecho.
La pobreza en México -y
la desigualdad como causa última de ésta-,
está y siempre ha estado lejos de ser resuelta. No se
trata de un problema nuevo, pero esto no es razón para
ignorarlo. Nuestra historia reciente es, en cierta forma,
producto de la
búsqueda por terminar con ese mal social: una de las
motivaciones fundamentales de la Revolución
Mexicana fue, a final de cuentas,
combatir la enorme pobreza que caracterizaba a una parte
importante de la población. Si bien la
proporción de mexicanos pobres ha disminuido
considerablemente desde el fin de la Revolución, el
número absoluto de mexicanos sumidos en la pobreza sigue
siendo enorme, y, en todo caso, inaceptable. Ningún
país ha logrado acceder al desarrollo sin resolver el
problema de la pobreza. De ahí que sea imperativo
actuar.
En este tenor, es importante hacer notar que la persistencia
crónica de un México dual, un México en el
que sólo algunos avanzan por el camino de la modernidad,
mientras sectores significativos de la población están completamente
marginados del proceso de desarrollo. Por eso, hablar hoy en
día de pobreza en México, es hablar de cinco siglos
de historia.
Cualquier observador, aunque no fuese muy agudo, diría
hoy que México es un país en donde mucha gente
sigue siendo víctima de la pobreza, y es que en nuestro
país el problema está lejos de ser resuelto.
Creemos entonces que la pobreza y la desigualdad son signos que nos
caracterizan, y que tienen que ser confrontados, toda vez que
ésta última es causada por la ausencia de
capacidades básicas: nutrición, salud, educación y vivienda
adecuada. Tenemos la plena convicción de que el problema
de la pobreza se podrá atenuar, enfrentándolo con
políticas y estrategias de
una sana política
social encaminada a atacarlo de fondo, para resolver y
atenuar el problema de la desigualdad.
Así, junto con el nacimiento de los "gobiernos de la
Revolución", nace en México el compromiso de
enfrentar cara a cara el problema de la justicia
social. Sin embargo, este problema nunca se definió
explícitamente en forma de una política orientada a
atacarla, pues otras han sido las prioridades políticas en
el curso del tiempo.
Además de las dificultades que entrañaría
la valoración de los resultados económicos de los
programas
implementados por el gobierno para dar solución al
problema que venimos comentando, existe otra rémora de
múltiples repercusiones en el ámbito
socioeconómico. Es la ya mencionada economía
oculta, también llamada irregular,
subterránea o sumergida, y que consiste en la
realización de actividades económicas de forma
encubierta o clandestina, al margen de la normatividad legal y/o
a la computación estadística. Su incidencia social se ha
potenciado al convertirse la contabilidad
nacional en fundamental instrumento informativo y sustrato
indispensable de la política
económica.
Aunque este tipo de economía existió siempre, en
los últimos tiempos ha adquirido una inquietante
proporción al crecer en algunas épocas y
países a mayor velocidad que
la economía controlada. Si se analizaran sus causas, se
demostraría que ello es en gran medida como un subproducto
de las actuales circunstancias, pues las principales motivaciones
de la economía oculta son el creciento reglamentarismo, la
rigidez laboral, la
inestabilidad económica, la nueva mentalidad social y, muy
especialmente, la continua elevación de las cargas
públicas, dando lugar a un fenómeno acelerativo,
consistente en que dicha elevación conlleva la
aplicación de mayores tipos impositivos, los cuales
proporcionan mayor recaudación sólo hasta cierto
punto a partir del cual éste se reduce por pase de los
sujetos a la economía oculta ; y como el gasto
público continúa elevándose, se hace
necesario elevar también la presión
fiscal sobre los sujetos que permanecen en la legalidad, con lo
que se acentúa aún más la propensión
a la ocultación.
Es cierto que el excesivo reglamentarismo puede llegar a ser
agobiante, y que las cargas públicas van creciendo
demasiado, pero entonces el camino a seguir es la
modificación del actual sistema económico, en lugar
de tolerar marginaciones que falsean los imprescindibles datos
estadísticos y convierten el proceso económico en
una pugna por el descontrol que destruye el respeto a la ley y
premia a la evasión insolidaria.
La apelación a la tolerancia de la
economía oculta practicada por varios países como
alternativa de la flexibilización legalizada de la
economía, en voz de Antonio Verdú:
"Es una fórmula peligrosa que sólo
favorecerá a los más ladinos, desbaratando el
sistema económico basado en el juego limpio
y, lo que es más grave, desprestigiando al Estado como
árbitro de la sociedad".
Una solución definitiva -creemos-, no tiene otro camino
que poner fin a dicho divorcio entre
realidad y legalidad para conseguir, sin traumas sociales de
honda repercusión económica, el paulatino
encauzamiento de la ocultación hacia la legalidad,
aprovechando la positiva aportación de la economía
oculta, sin destruirla, mediante la eliminación de las
exigencias burocráticas innecesarias y las cargas
excesivas que le sirven de coartada y estimulan el
perfeccionamiento de las técnicas
de ocultación.
Tratemos de abordar una solución a ello, hablando de la
justicia distributiva propuesta por Aristóteles. Esta se refiere a los principios que
regulan la distribución del honor o el dinero u
otros activos
divisibles de la comunidad,
mientras que la justicia conmutativa regula las relaciones
y las transacciones entre particulares. La justicia distributiva
es adjudicación por un tercero, mientras que la segunda es
intercambio, interrelación, donde lo común a las
dos formas particulares de la justicia aristotélica, es su
objetivo
ulterior: la igualdad, la
afanosa búsqueda del punto medio, en donde el
principio o criterio que habría de regir en la justicia
distributiva es el de la igualdad entre los iguales: en la
justicia conmutativa la igualdad entre los bienes que se
intercambiase; y en la justicia correctiva la igualdad entre el
crimen y el castigo.
Para arribar a tal objetivo de la igualdad, se hace
imprescindible la conjunción de los tres casos de la
justicia. Es entonces en este sentido que se parte de la
siguiente premisa con validez universal: Si la igualdad es
la meta que
subyace a la justicia, la libertad es la condición
necesaria para su ejercicio. "Lo justo, afirma
Aristóteles, existe sólo entre los hombres cuyas
relaciones mutuas están gobernadas por la ley".
Es decir, lo justo no sólo es lo igual, sino
también lo legal, en donde la igualdad y la libertad son
dos conceptos indisociables para la justicia. Este descubrimiento
aristotélico ha sido corroborado una y otra vez durante
más de dos milenios de pensamiento
político. Pero la historia advierte: también
enemigos audaces. La igualdad y la libertad -nos recuerda
Giovanni Sartori-, guardan una relación pasional
de amor-odio.
Al igual que las otras virtudes éticas, la justicia
deberá ser también una disposición habitual
que nos haga elegir (con la infabilidad práctica que
compete a la prudencia) un término medio en nuestros
estados afectivos o en nuestras acciones, y
por ello Aristóteles comienza por definir la justicia como
la disposición habitual por la que los hombres son capaces
de practicar los actos y las cosas justas, y no sólo de
practicarlas, sino de quererlas. La justicia distributiva que se
aplica en la "repartición del honor, de la riqueza y de
otros bienes divisibles entre los miembros de la comunidad
política", a cada uno de los cuales debe tocarle de
todo aquello una porción correspondiente a su
mérito o dignidad. Si
en este respecto son iguales las personas, deberán recibir
porciones iguales; pero si no lo son, habrá que encontrar
una proporción entre el valor de las
cosas y el mérito personal, de modo
tal que en la distribución se observa una igualdad que no
podrá ser aritmética, como salta a la vista, sino
proporcional.
El objetivo de este punto es el análisis de la
relación que guardan la libertad y la igualdad en el marco
de la justicia distributiva, partiendo de la siguiente pregunta:
¿Cuál es la igualdad que subyace al criterio
distributivo que presenta la posibilidad para la
autodeterminación a un individuo que pertenece a una
sociedad desigual?. Es decir, si se concibe a la
política social como el instrumento de política
pública que pretende, ya no proveer el bienestar
individual, sino dar los elementos para la elección
individual, ¿qué criterio es el que mejor cumple
con ese objetivo?. Para contestar estas preguntas, partiremos de
los siguientes puntos de interés
para el desarrollo del examen del tema
propuesto.
En el capítulo del Crecimiento Económico, se
enfatiza que a partir de la instrumentación de las medidas del
programa de
acción para reforzar el Acuerdo de Unidad para superar
la Emergencia Económica (PARAUSEE), la
estabilización de la economía avanza en lo que
se refiere a las cuentas con el exterior, las tasas de
interés y el tipo de
cambio. El aspecto negativo de esta
instrumentación, es sin duda alguna, una aguda
recesión y un desempleo que crece a pasos
gigantescos.Se desprenden cinco grandes temas objetivos
que responden a inquietudes evidentes de la sociedad
mexicana, algunas añejas y otras producto de la
coyuntura, entre las que destacan: la soberanía,
el Estado
de Derecho, el desarrollo democrático y social,
así como el crecimiento económico. Este
último punto pretende establecerse en cinco puntos:
PROMOCION DEL AHORRO
INTERNO; ESTABILIDAD ECONOMICA Y FNANCIERA; USO EFICIENTE DE
LOS RECURSOS
ECONOMICOS; UNA POLÍTICA ECONOMICO-AMBIENTAL, Y
POLITICAS SECTORIALES.Se insiste continuamente en la disciplina
fiscal como ingrediente para generar estabilidad y
certidumbre, en que el objetivo primordial de dicha
política, es la estabilización de precios y
la promoción de micros, pequeñas y
medianas empresas. Se
enfatiza la necesidad de aumentar el ahorro interno en 6
(seis) puntos porcentuales del Producto Interno Bruto
(PIB), con
la base de que ello resulta primordial en el crecimiento de
la economía, y en lograr un mayor coeficiente de
ahorro en el presente, traduciéndose en mayores
oportunidades de consumo e
ingresos en el futuro, para el sano desarrollo
económico, político y social, y constructor de
un Estado Democrático, como se desprende del contenido
de la Alianza para el Crecimiento, en sus objetivos
cuantitativos para 1997, 1.- Crecimiento del PIB de cuando
menos el 4.0% real ; 2.- Inflación acumulada de
15% medida por el Indice Nacional de Precios al Consumidor ; 3.- Incrementar la
inversión y el ahorro
público ; 4.- Un déficit en la cuenta
corriente de la balanza de
pagos, inferior al 2% del PIB. Resulta alentador y
prometedor que se lleven a cabo los objetivos propuestos,
sobre todo en lo que respecta al desarrollo
social, la inversión asociada al sector
público; fomento al empleo y
competitividad industrial, así como
fomentar la creación de más viviendas, por
citar algunos.Asimismo, con fecha 5 de enero de 1996, se publicó
en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por
el cual SEDESOL determinó la metodología, fórmula y
distribución, para el ejercicio fiscal de 1996 de las
asignaciones correspondientes al Fondo de Desarrollo del Ramo
00026, Superación de la Pobreza entre entidades
federativas, con un presupuesto de 7,500 millones de pesos.- El Plan Nacional
de Desarrollo 1995-2000 y la Alianza para el
Crecimiento. - El Desarrollo económico y social del "milagro de
la economía mexicana".
De acuerdo al marco en que se desenvuelve el sistema
político mexicano en el presente, y de acuerdo a las
definiciones expresadas líneas arriba, es claro que se
resienten más sensiblemente las repercusiones de la
situación económica y social prevaleciente, lo que
va a dificultar el llevar con éxito
los programas implementados por el gobierno, de donde es oportuno
mencionar lo siguiente:
- Una inequitativa distribución de la riqueza,
la cual es determinante para el tiempo actual, después
de que culminó la etapa llamada "el milagro
mexicano", el cual inicia con un período
económico crudo y desesperado, caracterizado por la
agudización de la pobreza, tanto cualitativa como
cuantitativamente, con todas sus repercusiones, que van desde
el aumento del abstencionismo político y electoral,
hasta la participación de una parte de ese sector
abstencionista y de miembros del partido mayoritario en favor
de partidos
políticos de oposición o minoritarios. - La crisis económica y la elevación
extrema de los precios de los satisfactores, correlativamente
con desproporcionados aumentos salariales, ha propiciado un
sentimiento de inconformidad con el aparato gubernamental de
una parte muy considerable de la población. - La Religión y la
política, en donde las interinfluencias entre el
sistema religioso y el sistema político han provocado
que las corporaciones que integran el primero de ellos, trate
de volver a poner en el tapete de las discusiones la
participación de la Iglesia en cuestiones de
índole política, estimando que existe campo
propicio para fortalecer la penetración y la influencia
social de tales corporaciones. - En el ámbito exterior, en el aspecto
internacional se ha dato coto a que varias de las posturas
adoptadas por el gobierno mexicano, provoquen controversias,
tales como las ventas de
petróleo a bajo precio, la
actitud
asumida para la renegociación de la deuda y
ampliación de la misma, la cantidad de petróleo que se exporta. - Y por último señalaremos las clases
sociales, en donde vemos que el sistema de clases
sociales, producto del sistema económico produce
consecuencias en el sistema político, si tomamos en
cuenta que elPartido Revolucionario Institucional no representa
categóricamente una de las clases sociales mexicanas. En
sentido formal, los campesinos y los obreros se encuadran en el
Partido de la Revolución
Mexicana, pero no son los únicos.
Confrontemos esto con lo que nos dice la Doctrina. Escuchemos
el pensamiento de un gran hombre, sencillo y honesto, el
señor Don Antonio Gómez Robledo, quien en su obra:
Meditación sobre la Justicia, nos dice:
"Ningún otro problema ha sido tan apasionadamente
discutido; por ninguna otra cuestión se ha derramado
tanta sangre
preciosa, o llorado lágrimas tan amargas; sobre ninguna
otra han meditado tan profundamente los espíritus
más esclarecidos, de Platón a Kant; y sin
embargo, esta pregunta está aún hoy sin
respuesta. Parecería como si fuera una de esas preguntas
con respecto a las cuales hubiera que renunciar con resignada
sabiduría, a encontrar una respuesta definitiva, sin
tratar apenas de formularla mejor".
Estamos ampliamente convencidos de que no es preciso decir
más para justificar la necesidad en que nos hallamos, de
meditar una vez más, con toda la profundidad que podamos,
sobre la justicia, no tanto sobre su definición verbal,
que no será por sí sola de mayor provecho, sino
sobre su contenido real, cuya percepción
es lo único que puede satisfacer lo que, después de
todo, es la urgencia humana más vital y apremiante. En el
momento que estamos viviendo, nos encontramos en una coyuntura
histórico-cultural caracterizada por el asombroso
desarrollo de las ciencias y sus
aplicaciones. Pero no debemos permitir que la euforia
técnico-científica ofusque los espíritus
hasta el punto de impedirles admitir una realidad evidente: la
cultura actual
se encuentra sumergida en una profunda crisis.
Admitámoslo. El hombre
contemporáneo vive con apremio y de modo individualista y
egoísta, víctima de una deformación del
sentido del deber, olvidándose frecuentemente que el bien
individual se ha de alcanzar en el Bien Común,
reconociendo que éste -el Bien común- no es
suceptible de reparto, sino de participación y sus
relaciones, para ser justas, son siempre integrativas y de
subordinación. Así, la igualdad en esta justicia
del bien común, que consiste en el respeto a determinadas
proporciones, no a una necesaria igualdad numérica, como
lo veremos más adelante en la fórmula propuesta por
Aristóteles.
Vemos con tristeza que los adelantes tecnológicos y el
avance de la ciencia que
tanto orgullo producen al hombre de hoy, producen otro problema
más: una asfixia individual y colectiva de principios,
en donde la vida se deshumaniza y la técnica se vuelve en
contra del hombre. Aún cuando a merced de los aportes
de las ciencias y de la tecnología, estamos
descubriendo que nos olvidamos de la búsqueda de la
solidaridad, la
cual se torna cada día más apremiante, producto de
un estilo de vida
consumista, frívolo, superficial, materialista y
masificado. Hay una pérdida del sentido del orden natural
y desconocimiento de la esencia del hombre, de la familia y
de las leyes, por
referirme a lo más próximo. Estamos sometiendo la
vida humana al cálculo
utilitarista. Confundimos sabiduría con ciencia
técnica, e incluso con cientificismo y tecnicismo, lo que
nos está llevando a desaparecer poco a poco el sentido
trascendente de la existencia humana.
No podemos por ello dejar de reconocer que los procesos de
integración
económica generan modificaciones en las estructuras
legales de los países que participan en ella, y es
así que observamos como la poderosa Francia
debatió sobre posibles enmiendas constitucionales
derivadas de la participación en la Comunidad
Económica Europea. Y si ésto hizo un país
que integra el llamado Grupo de los
Siete (más ricos del mundo), es lógico que los
subdesarrollados están mucho más determinados por
estos fenómenos.
Es hablando en este contexto que hoy en día, América
Latina, desde México hasta Argentina, los funcionarios
gubernamentales, los medios de
comunicación, los periodistas, los académicos,
y por supuesto, los banqueros y ejecutivos de corporaciones se
han unido al coro que celebra el advenimiento del capitalismo sin
regulaciones, como la panacea para la crisis del desarrollo de la
región. El neoliberalismo, o como lo pregonan sus
protagonistas, la economía de libre mercado se anuncia
como un enfoque práctico, realista y nuevo, para resolver
los problemas
latinoamericanos. Afirman haber descubierto la
fórmula: abriendo los mercados al libre flujo de
capitales y bienes, se obtendrá el crecimiento,
prosperidad y libertad.
Hablar en este contexto del crecimiento socioeconómico
que en los últimos años ha logrado México,
es reconocer en primer lugar, que éste no siempre ha sido
realizado en una sana distribución de las riquezas y de
las oportunidades para todos los que habitamos esta gran nación;
el desarrollo no ha sido, por consiguiente, un crecimiento que se
haya realizado de manera homogénea.
Esta disparidad que señalamos, además de las
políticas económicas que se siguen actualmente, se
debe a que nuestra nación
no es una sociedad monolítica. Dentro de esta gran
nación que es México, se dan una gran diversidad de
culturas, pueblos, situaciones geográficas y
económicas. Esta heterogeneidad hace posible que se
susciten diversas formas de responder a los problemas nacionales
y que exigen a los responsables directos, soluciones
reales y no meras especulaciones o respuestas generales dictadas
desde un centro de operación sin conocimiento
expreso de la realidad concreta.
Es evidenciado que una de las preocupaciones que actualmente
se está dando de manera general en América
Latina, y en particular en México, ha sido el problema
de la propiedad, en
donde es bien conocido el hecho de que la economía de
mercado tiene por falla fundamental no sólo el problema
del desempleo, sino el de una desigual distribución de la
riqueza y la renta, ya que es bien conocido que el alto grado de
concentración del capital y de
la tierra
es causa principal de la desigualdad, se han buscado las
fórmulas para solucionar este problema que hoy nos aqueja
enormemente, ya que el problema que comentamos, no sólo
consiste en la mala distribución de la riqueza, sino en el
enorme poder que éste otorga al empresario
para decidir con exclusividad qué cosa se ha de producir,
cómo producir y para quién se ha de producir.
Es decir, el propietario de los medios de producción es un rey absoluto en la empresa, y los
asalariados están excluidos de todo derecho a participar
en decisiones que los afectan dentro de la empresa, por lo
que resulta necesario que los empresarios dejen de mirar a las
empresas como una propiedad y la vean como un sistema de
colaboración.
Para resolver los problemas de acceso a la propiedad,
principalmente entre los trabajadores que conforman el sector
productivo de México, atendiendo al derecho
Constitucional, asistido en el artículo 4º, que
se refiere al derecho de todo ciudadano a tener una vivienda
digna y decorosa, se han inclinado los diversos sectores
-público, privado y las ONG´S- y
aún el mismo gobierno con la implementación de sus
programas de apoyo a la Banca en primer
lugar, y a la población general en segundo término,
a tratar de encontrar solución a tan grave problema que
nos está aquejando, modificando la naturaleza del derecho de
propiedad, a fin de otorgar algún grado de
participación o una total participación en la
gestión, que busca constituir una
vía distinta a la de modificar el derecho de acceder a
ella. Se trata de un nuevo camino que permite modificar no
sólo las desigualdades que origina la concentración
de capital.
La propuesta entonces en sí es sencilla, y consiste
en dar acceso o difundir la propiedad masivamente a todos los
trabajadores del país a través de programas
objetivos que sí funcionen y se alejen de la maquinaria
burocrática del Estado. Si este objetivo es
alcanzable, no sólo se corrigen las desigualdades, sino
que ofrece la posibilidad de difundir la propiedad masivamente,
lo cual -pienso-, resolvería el problema de la desigualdad
extrema en la riqueza y la renta y la posibilidad de fundar la
propia empresa y de gestionarla, y de gozar de sus resultados
económicos.
En países como el nuestro, la división
jurídica del trabajo por la
vía de Sociedades
especializadas, sobre todo en el área financiera, es
facilitada, porque el Legislador ha superpuesto al derecho
común de sociedades una serie de regímenes
específicos propios a estas actividades, concebidas
éstas como una pieza del sistema de producción
compuesto por múltiples unidades que se complementan y
compiten para atender a las demandas de los consumidores,
constituyendo, en voz de Juan José Folchi y Antonio
Verdú:
"… la
célula del organismo económico sobre la que
recae la función
consistente en obtener productos
que satisfagan las necesidades humanas…… Una consecuencia
de la función social de la empresa, la ofrece el
denominado balance social, cuya justificación parte de
la base de que si bien la contabilidad constituye el
instrumento idóneo para que las unidades de
producción puedan conocer su situación,
trayectoria y rendimientos, además es la base primordial
para elaborar por integración la contabilidad nacional como
expresión de la evolución económica de un
país sirviendo de guía para las decisiones de
política económica y de las propias empresas…..
Por su contribución a la formación del Producto
Nacional la empresa aporta unos valores
materiales
destinados a satisfacer necesidades humanas….".
Cabe ahora hablar de otro punto importante para el
desarrollo del planteamiento propuesto, y para ello
quisiéramos precisar en estas líneas la
Tesis del
Liberalismo Igualitario propuesta y desarrollada por John
Rawls: Resucitó el debate
teórico-filosófico que parecía agonizar
en la década de los sesenta. Su trabajo se encuentra
fundamentado en la filosofía Kantiana, iniciando una
corriente de pensamiento político conocida como el
liberalismo igualitario, la cual representa la columna
vertebral de su postura.El objetivo de su Teoría de la Justicia, consiste
en brindar una alternativa teórica al utilitarismo,
para la evaluación de arreglos e instituciones económicas,
políticas y sociales, erigiendo su construcción
teórica a partir de una intuición que para
él es socialmente compartida: "el supuesto de que
la sociedad es un sistema imparcial de cooperación
social entre individuos libres e iguales". La libertad y
la igualdad a la que Rawls alude parte de la personalidad moral
kantiana, en virtud de la cual los individuos poseen un
sentido de la justicia y una concepción personal del
bien. Nos dice: "Si la sociedad es un sistema imparcial de
cooperación entre personas libres e iguales,
¿cuáles serían, pues, los principios de
justicia con los que la sociedad
funcionaría?".Para resolver esta pregunta, nuestro autor apela al
recurso hipotético del contrato
social y nos invita a imaginar una situación
inicial en la que los contrayentes -personas racionales,
libres e iguales- deliberan sobre principios de justicia,
cubiertos por un "velo de ignorancia", deliberando
bajo circunstancias imparciales, y es por eso que la justicia
rawlsiana es una teoría de la "justicia como
imparcialidad" (justice as fairness), en donde
requiere que todos los bienes sociales primarios (derechos,
libertades, oportunidades, ingreso y riqueza y la base social
para el autorespeto) sean distribuidos por partes iguales en
la sociedad, a menos de que una distribución desigual
favorezca al individuo en la peor situación, llamada
por Rawls el principio de diferencia, procediendo a la
jerarquización en la concepción particular de
la justicia, desprendiéndose dos principios y dos
normas de
prioridad que han de ser inamovibles:Primer principio: Cada persona ha de
tener un derecho igual al más amplio sistema total de
libertades básicas, compatible con un sistema similar
de libertades para todos.Segundo principio: Las desigualdades
económicas y sociales han de ser estructuradas de
manera que sean para:a) mayor beneficio de los menos aventajados, de acuerdo a
un principio de ahorro justo, yb) unido a que los cargos y las funciones
sean asequibles a todos, bajo condiciones de justa igualdad
de oportunidades.Primera Norma de Prioridad (la prioridad de la
libertad).Los principios de la justicia han de ser clasificados en
un orden lexicográfico y, por tanto, las libertades
básicas sólo pueden ser restringidas en favor
de la libertad misma.Segunda Norma de Prioridad (la prioridad de la
justicia sobre la eficacia y el
bienestar).El segundo principio de la justicia es
lexicográficamente anterior al principio de la
eficacia, y al que maximiza la suma de ventajas y la igualdad
de oportunidades es anterior al principio de la
diferencia.- La teoría del Liberalismo
Igualitario de John Rawls. - CONCLUSIONES
- Se requiere urgentemente revertir el deterioro social, ese
es el reto que hay que superar, pero las probabilidades y
posibilidades de poder hacerlo parecen bajas y escasas. No hay
un escenario realista que contemple una reversión del
deterioro a mediano plazo, al año 2000. El panorama no
es nada alentador. Las tendencias que se observan a mediano
plazo se encaminan hacia la polarización de la
desigualdad, el aumento de la pobreza, el desempleo, la
violencia y
la inseguridad
pública, presentadas en un contexto de estancamiento
económico, a diferencia de otros momentos de la
historia, en los que se había manifestado mayor
dinamismo, dadas también estas tendencias sociales por
el contexto de la transición política que estamos
viviendo, la cual, por fuerza,
conlleva elementos de inestabilidad e
indeterminación. - Debemos considerar que las nuevas declaraciones de
derechos, además de ser más explícitas en
cuanto a la enumeración de éstos y en cuanto a su
enunciación, exigen ya un compromiso particular y
concreto de
darles cumplimiento por parte de los poderes públicos,
que consiste en atribuirles a los derechos fundamentales del
hombre un valor de suprapositividad, de manera que se
constituyan en criterios para orientar la actividad de los
poderes públicos y en principios de interpretación jurídica de todo el
ordenamiento jurídico, como el establecido en la
Constitución Española de 1978, que
consagra esta clase de
enunciados ejemplares, bajo los Títulos I y III, de
manera tal que el Capítulo II habla de los enunciados
abstractos, y luego el Capítulo III titulado De los
principios rectores de la política social y
económica, hace las concreciones pertinentes para
que a cada derecho abstracto le corresponda una garantía
de acción eficaz por parte de los poderes
públicos. Veámoslos:
Art. 39.1. Los poderes públicos aseguran la
protección social, económica y jurídica de
la familia.
2. Los poderes públicos aseguran asimismo, la
protección integral de los hijos, iguales éstos
ante la ley con independencia de su filiación, y de las
madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley
posibilitará la investigación de la paternidad.
Art. 40.1. Los poderes públicos
promoverán las condiciones favorables para el progreso
social y económico y para una distribución de la
renta regional y personal más equitativa, en el marco de
una política de estabilidad económica. De manera
especial realizarán una política orientada al
pleno empleo.
Art. 41. Los poderes públicos
mantendrán un régimen público de Seguridad
Social para todos los ciudadanos, que garantice la
asistencia y prestaciones
sociales suficientes ante situaciones de necesidad,
especialmente en caso de desempleo. La asistencia y
prestaciones complementarias serán libres.
Art. 42. El Estado velará especialmente por la
salvaguardia de los derechos económicos y sociales de
los trabajadores españoles en el extranjero, y
orientará su política hacia su retorno.
Art. 43.1. Se reconoce el derecho a la
protección de la salud.
2. Compete a los poderes públicos organizar y
tutelar la salud
pública a través de medidas preventivas y de
las prestaciones y servicios
necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de
todos al respecto.
3. Los poderes públicos fomentarán
la
educación sanitaria, la educación
física y el deporte. Asimismo,
facilitarán la adecuada utilización del ocio.
Art. 44.1. Los poderes públicos
promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a
la que todos tienen derecho.
2. Los poderes públicos promoverán la
ciencia y la investigación científica y
técnica en beneficio del interés general.
Art. 47.- Todos los españoles tienen derecho a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes
públicos promoverán las condiciones necesarias y
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo
este derecho, regulando la utilización del suelo de
acuerdo al interés general para impedir la
especulación.
La comunidad participará en las plusvalías que
genere la acción urbanística de los entes
públicos.
Art. 50.- Los poderes públicos
garantizarán, mediante pensiones adecuadas y
periódicamente actualizadas la suficiencia
económica a los ciudadanos durante la tercera edad.
Asimismo, y con independencia de las obligaciones
familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema
de servicios sociales que atenderán sus problemas
específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.
- Más adelante, en el Título VII, de la
Economía y Hacienda, vuelve a sentirse el
espíritu Constitucional, cargado de nobles sentimientos
sociales, cuando se refiere a la obligación del Estado
en la formulación de las políticas
económicas para lograr la planificación económica general,
tendiente a atender necesidades colectivas, equilibrando y
armonizando el desarrollo regional y sectorial, además
de que se exige la participación responsable de todos
los actores económicos: Gobierno, Sindicatos,
Organizaciones
Profesionales y Empresariales, bajo la constitución de
un Consejo. Veamos.
Art. 128.1. Toda la riqueza del país en sus
distintas formas y sea cual fuere su titularidad está
subordinada al interés general.
2. Se reconoce la iniciativa privada en la actividad
económica. Mediante ley se podrá reservar al
sector público recursos o servicios esenciales,
especialmente en caso de monopolio, y
asimismo acordar la intervención de empresas cuando
así lo exigiere el interés general.
Art. 129.1. La ley establecerá las formas de
participación de los interesados en la Seguridad
Social y en la actividad de los organismos públicos cuya
función afecte directamente a la calidad de la
vida o al bienestar general.
2. Los poderes públicos promoverán
eficazmente las diversas formas de participación en la
empresa y fomentarán, mediante una legislación
adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán
los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la
propiedad de los medios de producción.
Art. 131.1. El Estado, mediante ley, podrá
planificar la actividad económica general para atender a
las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el
desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de
la renta y de la riqueza y su más justa
distribución.
2. El Gobierno elaborará los proyectos de
planificación, de acuerdo con las previsiones que le
sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el
asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras
organizaciones profesionales, empresariales y
económicas. A tal fin se constituirá un Consejo,
cuya composición y funciones se desarrollarán por
ley.
No podrían expresarse mejor las cosas. Se habla de
garantías, y tienen que ser tales. Los poderes
públicos deben asumir este compromiso de hacer realidades
todos estos propósitos. Por descontado que, por
posibilidad, podría quedarse en meras promesas, y entonces
de poca cosa iban a servir tales enunciados y la
Constitución entera. La tarea que nos proponemos no es
fácil, ya que si el gobierno actúa en contra de los
intereses del sector empresarial, disminuyendo sus ganancias a
niveles que ellos consideran insuficientes para justificar su
inversión, ésta se reduce y aumenta el
desempleo.
- Creemos que la crisis que vive actualmente México,
estimulará en lo posible para lograr una búsqueda
vigorosa de nuevos estabilizadores institucionales para la
economía
internacional y otras medidas que reduzcan el riesgo de una
inestabilidad sistemática. Otros simplemente
llegarán a la conclusión de que las
economías emergentes deben valerse por sí mismas.
Es importante identificar las lecciones para mejorar la
capacidad de los gobiernos para aprovecharlas. Debemos
comprender los factores políticos que subyacen a las
incapacidades de aprendizaje de
los gobiernos, recibir tanta atención como la identificación de
las lecciones económicas correctas. - Esto se vuelve todavía más importante, cuando
las oportunidades para una coexistencia pacífica con
bases económicas débiles se han extinguido casi
por completo. El márgen para instrumentar
políticas económicas equivocadas es actualmente
muy estrecho, y sus consecuencias se hacen evidentes con una
inmediatez e intensidad nunca antes vista. - Las nuevas declaraciones de derechos -en voz de José
Barragán-, además de ser más
explícitas en cuanto a la enumeración de
éstos y en cuanto a su enunciación, exigen ya un
compromiso particular y concreto de darles cumplimiento por
parte de los poderes públicos….. atribuirles a los
derechos fundamentales del hombre un valor de suprapositividad,
de manera que se constituyan en criterios para orientar la
actividad de los poderes públicos y en principios de
interpretación jurídica de todo el ordenamiento
jurídico, en donde los poderes públicos deben
asumir este compromiso de hacer realidades todos estos
propósitos. - Atento a lo expuesto, recordemos siempre que: "Las notas
esenciales de todo ordenamiento jurídico son la
coherencia y plenitud, porque un ordenamiento jurídico
si no es coherente y pleno -ésto es, coherente en el
sentido de no tener contradicciones y plenitud en cuanto a su
autosuficiencia desde el punto de vista científico deja
de ser tal-. Es decir, deja de ser ordenamiento
jurídico pues no es una estructura,
no es un sistema. Por consiguiente, la tarea del
intérprete debe ser en función de los propios
elementos que le brinda el ordenamiento, buscar el mantenimiento de esas características de
plenitud y coherencia. Esos elementos deben ordenarse en
función justamente de la naturaleza de las normas -nomas
obligatorias, normas prohibitivas y normas permisivas- y para
dilucidar el conflicto,
básicamente los principios de jerarquía, de
temporalidad y de especialidad". - La empresa que nos proponemos no es fácil. Resulta
espinosa y difícil de llevarla a cabo y a un feliz
término, ya que si el gobierno actúa en contra de
los intereses del sector empresarial, disminuyendo sus
ganancias a niveles que ellos consideran insuficientes para
justificar su inversión, ésta se reduce y aumenta
el desempleo. La paralización de las inversiones
entonces generaría una grave crisis económica que
se manifiesta en todos los demás sectores de la
economía. Si los empresarios se atemorizan, es probable
que saquen sus capitales del país. La fuga de capitales
disminuye la capacidad crediticia de los bancos, hace
subir el tipo de interés, decae la producción y
el nivel de empleo. La fuga de divisas
obliga a los gobiernos a establecer controles de cambio
-recuérdese el colapso financiero de diciembre de 1994-,
y suele ocasionar devaluaciones a la moneda.
- Es claro que los grupos de sociedades, financieros y
comerciales son una tangible realidad en la vida
económica y jurídica de nuestro país. Son
un factor claro de progreso en el desarrollo de las actividades
económicas. - El legislador no podrá permanecer indiferente a un
grave problema como el que enfrenta la denominada sociedad de
consumo, brindando normas previsoras que clarifiquen el
funcionamiento del mercado financiero. En último
análisis, es un problema que deberá ser encarado
desde la perspectiva de la justicia distributiva, pues afecta a
la población en su conjunto. Sin bien el endeudamiento
es una noción económica, el derecho deberá
darle cabida como lo hace con todo aquello relacionado con la
acción humana. - Del principio de justicia distributiva presentado por
Aristóteles, se desprende una nueva definición de
la política social, la cual tiene como meta igualar las
circunstancias sociales y naturales que atañen a cada
individuo de la sociedad, de tal manera que las desigualdades
entre los individuos no sean producto del azar o de una
situación anterior abiertamente injusta. En unas cuantas
palabras, el propósito es minimizar las diferencias
que no provengan directamente de la elección individual,
proveyendo de las capacidades básicas a todos los
individuos de la sociedad, prescindible sólo si la
política trabaja en beneicio de la persona en la peor
situación. Lo que subyace a este criterio
distributivo es una redefinición del papel del gobierno
en la sociedad, dejando atrás la pretensión de
que el gobierno está en las condiciones de definir y
proveer el bienestar individual. - En suma, la impartición imparcial de las justicias
conmutativa y correctiva aristotélicas en un
auténtico Estado de Derecho, son esenciales para que el
individuo ejerza su elección, ya que si la
política social dota a la persona de las capacidades
básicas para elegir, la ausencia de mercados
competitivos, de un estado de Derecho o de desigualdades
materiales provenientes de una situación anterior
abiertamente injusta, harían sucumbir los intentos de la
nueva política social. Es por ello crítica la
configuración de una estructura económica
competitiva y de un verdadero Estado de Derecho que permita el
ejercicio de las libertades económicas, políticas
y civiles, es decir, de un contexto
económico-político que ayude a cerrar la pinza de
la autodeterminación individual. - Debemos encontrar un plexo normativo por las leyes
nacionales que constituyan un ordenamiento armónico del
sistema patrimonial en nuestra República, aplicable a
todas las relaciones jurídicas públicas y
privadas, fundadas en la razonabilidad de las leyes,
concordante con los principios establecidos por los
artículos 4º, 5º, 25, 26 y 27 de nuestra
Constitución Nacional. En el pensamiento de Juan
Francisco Linares, "la razonabilidad equivale a justicia y
constituye uno solo de los factores de razón suficiente
de derecho," y es el alcance de la expresión de
razonabilidad que maneja nuestra Suprema Corte de Justicia y
los Códigos Civiles. Esto hace a una garantía de
la libertad jurídica de las personas, que se vislumbra
en el debido proceso legal sustantivo y de constante
aplicación al control
constitucional de las leyes. - Esta razonabilidad de la que venimos hablando, tiende a
buscar una razonable y sustancial relación con la
moralidad,
el bienestar general y las garantías constitucionales de
la propiedad privada y la preservación del patrimonio
de la Nación y sus habitantes. Por ello, considero
siguiendo el pensamiento de Linares, que la razonabilidad de la
ley es el fundamento de su constitucionalidad y de su
valoración jurídica.
José Luis Hernández Ramírez