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Sexoservicio y políticas de salud en México: determinaciones sociales y alternativas




Enviado por manu



    1. Antecedentes
    2. Contractualismo y
      determinación social de la salud en
      sexoservidoras
    3. Determinaciones sociales de la
      salud enfermedad en las sexoservidoras
    4. La política social y de
      salud. Contexto y riesgos para las
      sexoservidoras
    5. Patrón de enfermedad y
      atención en las sexoservidoras
    6. El sexoservicio en el Barrio
      de la Merced, Ciudad de México
    7. Conclusiones. Hacia una
      política de salud para las
      sexoservidoras

    1.
    Antecedentes

    El presente trabajo de
    investigación surge como respuesta a la
    inquietud de generar una perspectiva diferente que, además
    de explicar el fenómeno del sexoservicio y sus
    implicaciones en la salud, pueda determinar líneas de
    acción
    encauzadas al mejoramiento de las condiciones de vida y
    oportunidades objetivas en la obtención de servicios
    integrales de
    salud para las mujeres que ejercen dicha actividad.

    Diversas han sido las disciplinas que han abordado el
    fenómeno del sexoservicio y la salud entre ellas destacan
    las ciencias
    médicas, la jurisprudencia
    y de las ciencias
    sociales destacan la sociología y la antropología. También diversos han
    sido los enfoques teóricos que se han aproximado al
    problema, el enfoque a su vez tiene un correlato con el abordaje
    político que se traduce en medidas concretas ya sean
    regulacionistas, prohibicionistas, abolicionistas o higienistas.
    En este estudio profundizaremos en la corriente contractualista y
    propondremos un enfoque basado en los conceptos de género y
    pobreza, esto
    a consideración de promover un nuevo perfil de análisis y en busca de una consistencia que
    permita un estudio más sistemático y desprejuiciado
    que dé origen, finalmente, a un enfoque con cualidades
    propositivas.

    El primer paso en toda política
    pública es el establecimiento de un correcto diagnóstico que de cuenta de las
    necesidades a que debe responder, en ese sentido, generar una
    política de salud correctamente orientada a las
    necesidades de las sexoservidoras requiere primero un ejercicio
    de definición, en nuestro caso precisamos que nuestro
    enfoque no plantea al sexoservicio como el problema en sí,
    sino que busca explicárselo como una manifestación
    de procesos de
    orden económico y cultural que van definiendo una
    problemática específica de salud que enfrentan las
    sexoservidoras; con ello pretendemos ampliar el margen de
    comprensión al dejar de ver a la sexoservidora como
    generadora de problemas de
    salud, específicamente, de infecciones de
    transmisión sexual (ITS) ya que de esta noción
    se deriva un enfoque higienista que la percibe como un foco de
    infección que pone en riesgo la salud
    de la población, tal propuesta además
    termina por reducir la política de salud a un monitoreo de
    su salud reproductiva perdiendo de vista otras necesidades
    fundamentales.

    El sexoservicio existe en formas que dependen de los valores
    económicos, sociales y sexuales de cada sociedad,
    incluso es un concepto que se
    articula según las percepciones predominantes de familia, amor y
    propiedad
    privada, que suceden en la historia. Los motivos pueden
    ser laicos o religiosos, materiales o
    espirituales. Sus características cambian según la
    época y el lugar donde se encuentre; aunque la esencia de
    facto sea la misma: satisfacción de placer sexual del
    cliente/usuario,
    por quien ejerce el servicio, a
    cambio de una
    retribución por el mismo cliente/usuario. Por lo anterior,
    partimos de la premisa de que, aunque el sexoservicio es una
    práctica histórica, adquiere una lógica
    particular en el capitalismo
    que a su vez origina problemáticas particulares; las
    jerarquías por género, la percepción
    de la mujer como un
    ser para los otros y el empobrecimiento de la población
    tiene un efecto de precariedad en las condiciones de vida e
    insuficiencia en las oportunidades objetivas de desarrollo que
    llevan a un número cada vez mayor de mujeres a ejercer
    esta actividad. Esta apreciación puede conducirnos a la
    propuesta de líneas generales de acción que
    constituyan una política alternativa de salud para este
    grupo
    vulnerable identificando y atendiendo otras necesidades de
    salud.

    En la actualidad una de las principales preocupaciones de las
    sexoservidoras organizadas es el reconocimiento del sexoservicio
    como actividad económica, una primera intención es
    provocar un proceso de
    desestigmatización social, pero tal proceso tendría
    que trascender y desembocar en la implementación de
    políticas públicas dirigidas al sexoservicio y su
    entorno, principalmente en la salud. El relativo auge de organizaciones de
    sexoservidoras se ve incrementado con el surgimiento del SIDA que ha
    motivado la
    organización para promover medidas preventivas entre
    ellas, pero además, se ratifica el hecho de que las
    instancias gubernamentales no tienen, hasta el momento, cursos de
    acción tendientes a la solución de sus
    problemáticas.

    El trabajo de campo de esta investigación se
    dirigió precisamente a estudiar las formas organizativas
    que tomaron las algunas sexoservidoras en el Barrio de la Merced
    de la Ciudad de México, poniéndose particular
    énfasis en su capacidad de integración y la capacidad de injerencia
    sociopolítica en la elaboración de programas
    integrales de salud.

    2.
    Contractualismo y determinación social de la salud en
    sexoservidoras.

    El término sexoservicio, aunque no es aceptado por
    algunos grupos, se acerca
    a un espacio de neutralidad académica que permitirá
    analizar elementos del entorno en materia de
    política pública. Partiremos de una
    definición general del sexoservicio como la actividad
    económica de prestación de servicios sexuales
    mediante una remuneración sin que exista entre el
    prestador de servicio y el cliente/usuario, la relación
    obrero-patronal que regula la Ley Federal del
    Trabajo en México (LFT 2003: 8° y 10°). Es
    pertinente aclarar que la denominación "trabajador
    sexual", es utilizada con la intención de dignificar a
    quienes ejercen esta actividad, pero tal término no
    está legalmente sustentado e implica que se asume el tono
    devaluatorio y estigmatizante de esta actividad, por ello dicha
    expresión no será utilizada en este
    trabajo.

    La directriz teórica del contractualismo parte de
    considerar a las personas libres y que sus acciones son
    plenamente racionales y tienen como finalidad promover sus
    propios intereses; esto supone una posición inicial de
    igualdad
    definitoria en los términos fundamentales de su
    asociación (Rawls, 2002: 24); sin embargo, esta supuesta
    igualdad inicial tendría que debatirse.

    De esta manera el contractualismo explicaría la
    relación entre sexoservidora y cliente/usuario, como una
    forma más de empresa
    capitalista, el sexoservicio es visto como una empresa
    privada y el contrato entre el
    cliente y la sexoservidora se considera un arreglo privado entre
    comprador y vendedora; en esta perspectiva se sustenta que una
    sexoservidora pacta una cierta forma de su "fuerza de
    trabajo" por un periodo determinado a cambio de dinero y que
    existe un libre intercambio entre la sexoservidora y el cliente,
    donde el contrato de sexoservicio es exactamente como el contrato
    de empleo. En
    dicho contrato, la sexoservidora posee una propiedad en su
    persona que se
    oferta en el
    mercado y se
    considera que una sexoservidora no se vende a sí misma,
    sino que contrata el uso de sus servicios sexuales como cualquier
    otro individuo
    estableciéndose una relación externa a la propiedad
    en su persona; los contractualistas proclaman que "las personas
    tienen el derecho humano de relacionarse con el sexo
    comerciante" (Pateman, 1995: 263-264).

    El contrato se genera por medio de decisiones racionales,
    fundamento esencial del contractualismo, del que se extrae otra
    limitante, ¿Cómo se pueden tomar elecciones
    racionales, cuando no se cuenta con la información necesaria? Se contradice por el
    factor de la "racionalidad limitada" –término creado
    por Herbert Simon– que establece que la gente tiene unos
    recursos y una
    información limitadas, por lo que se ven obligados a tomar
    decisiones basadas en una información o un análisis
    incompletos (Samuelson, 1999: 183). Asimismo si el contrato debe
    realizarse entre personas en situación de igual libertad, sin
    ventajas ni desventajas, no será lo mismo, lo que delegue
    una mujer en un
    contexto social donde impera una supuesta supremacía
    sexual de los varones, y en el que se invisibiliza el deseo
    sexual de la mujer y es obligada estar a disposición del
    deseo masculino al personificar y reproducir los roles
    socialmente aceptados; condiciones que se intensifican en la
    sexoservidora cuya actividad es sancionada y penalizada legal y
    socialmente.

    Otro fenómeno que contradice la perspectiva
    contractual, es lo que en economía
    clásica se conoce como el agente racional, caracterizado
    por intereses egoístas y excluyentes, que busca obtener
    los máximos beneficios, a los menores costos. Dentro de
    un contrato se confrontan dos agentes racionales donde, la
    conclusión extraída del denominado "dilema del
    prisionero", establece que la estrategia
    dominante para cada uno será derrotar al otro, en vez de
    cooperar con él, por lo que no se obtendrá un
    resultado colectivamente racional (Olson, 2001: 90). Esto nos
    impone la necesidad de discutir el entorno que envuelve al
    sexoservicio con la identificación de las condiciones en
    que se realiza esta actividad.

    En ese sentido, la teoría
    contractualista ofrece la posibilidad de mirar a la sexoservidora
    desde una óptica
    distinta que parece no culpabilizarla; pero tal visión
    despoja al fenómeno de las comprobadas inequidades que
    padecen estas mujeres en relación al resto de la sociedad
    y al interior mismo de las mujeres. Es cierto que el sexoservicio
    es una relación de tipo comercial en la que la
    sexoservidora y el cliente/usuario aceptan un contrato no escrito
    y que en teoría, ambos están comprometidos a
    respetarlo, pero en la práctica esto no acontece, ya que
    no existe certidumbre para ninguno de los dos, el cliente ignora
    si será robado, golpeado o estafado, si se
    respetará el tiempo
    pactado, si su salud no peligra; de igual manera, la
    sexoservidora no sabe si será agredida por el cliente o si
    éste no es portador de una ITS que ponga en riesgo su
    salud. Lo anterior resume que no se puede obtener de dicho
    contrato una transacción mutuamente ventajosa de la que
    ambos consigan el máximo beneficio como lo
    postularía una perspectiva liberal.

    A estos vacíos del contractualismo se agrega la
    omisión de los ámbitos económicos,
    políticos y culturales en torno al
    sexoservicio. No se considera que insertarse en esta actividad,
    pese a su carácter altamente estigmatizante, puede
    representar para muchas mujeres la única opción
    para satisfacer sus necesidades básicas debido a su falta
    de acceso a la educación y al
    trabajo remunerado; no se trata entonces de una elección.
    También se deja de lado que la mayor parte de quienes
    realizan sexoservicio y quienes se involucran en la industria del
    sexo son mujeres y que en las formas organizativas del
    sexoservicio se establecen relaciones de poder donde
    las mujeres son explotadas por varones y extorsionadas por la
    autoridad
    misma. Por último se pierde de vista que los significados
    culturales sobre el cuerpo de las mujeres hacen ver a ésta
    como un objeto disponible al deseo masculino; estas tres
    atenuantes colocan a las sexoservidoras en un estado de
    vulnerabilidad social que en todo caso, las llevarían al
    contrato sexual en completa desventaja.

    De esta manera, la sexoservidora es expuesta a daños a
    la salud específicos pero no se trata de un patrón
    azarosamente establecido por la naturaleza
    sino consecuencias de procesos sociales en los que priva la
    desigualdad de género; como es de esperarse, dado que el
    enfoque que ha prevalecido es el higienista, la mayoría de
    los estudios epidemiológicos han encontrado tasas
    más altas de infecciones de transmisión sexual; con
    un enfoque más integral, es de esperarse un mayor consumo de
    drogas, tasas
    más altas de lesiones, homicidio,
    depresión, intento de suicidio y
    suicidio, patrón al que hay que agregar sus repercusiones
    en el estado de
    salud de sus dependientes económicos; falta de
    guarderías y atención médica para sus hijos por
    ejemplo.

    3. Determinaciones
    sociales de la salud enfermedad en las sexoservidoras.

    3. 1 La inequidad de género y salud.

    Ante la situación anterior, el enfoque de género
    resulta ser una herramienta de mayor consistencia
    metodológica. Empezaremos por definir al género
    como la construcción social de las diferencias
    biológicas entre hombres y mujeres, esta
    consideración requiere de la deconstrucción de las
    expectativas sobre el comportamiento
    y las características de mujeres y hombres denominadas
    "feminidad" y "masculinidad"; por género nos referiremos a
    las relaciones desiguales de poder entre las mujeres y los
    hombres y el impacto que esta desigualdad ejerce sobre la vida de
    las personas (OPS, 2000). Mientras que el concepto sexo
    corresponde a las características biológicas del
    individuo, su conformación morfológica y
    fisiológica que hacen distinta a la mujer del hombre,
    haciendo referencia a una forma de clasificación
    biológica; de él se induce que es una
    construcción social sobre las actitudes,
    prácticas y valores que
    diferencian al hombre de la mujer y que en tanto, como
    construcción social, se encuentra en permanente cambio
    (Ramírez,
    2000: 2).

    Dentro de la psicología el
    género se relaciona con a) la asignación de
    género, que se establece al nacimiento y que está
    dado por las características morfológicas del
    individuo, b) la identidad de
    género que hace corresponder las diferencias
    biológicas con las formas de sentir y actuar como mujer o
    como hombre; (así, la masculinidad y feminidad se
    establecen en la primera infancia y son
    difícilmente modificables con el tiempo) y c) el papel de
    género, que es el conjunto de normas, pautas y
    preceptos que llevan a establecer estereotipos con matices en las
    distintas culturas. La categoría género no
    sólo contribuye a la comprensión de la vida de la
    mujer y la vida del hombre sino que además permite
    analizar las relaciones entre ambos (Funke, et. al., 1998: 31-46)
    (Ramírez, 2000: 3).

    Las inequidades de género en salud están
    concentradas en varios tipos de desajuste, uno de ellos se da
    entre los riesgos de salud y las oportunidades para gozar
    la salud (estado y determinantes de salud), debido a su capacidad
    reproductiva, las mujeres enfrentan un conjunto de riesgos
    diferente al de los varones; pero el menor acceso a la nutrición, la
    educación,
    el empleo y los ingresos,
    significa también que las mujeres poseen menos oportunidad
    de disfrutar de una buena salud; otro desajuste se da entre las
    necesidades de salud y acceso a los recursos, las mujeres
    tienen diferentes necesidades de salud que los hombres pero
    tienen menos oportunidad de acceso a los recursos materiales que
    les permitan obtener servicios especializados; por último
    mencionaremos el desajuste entre las responsabilidades y poder
    en el trabajo
    , las mujeres constituyen la mayoría de
    los empleos mal remunerados o sin remuneración, no
    obstante, al estar concentrados en niveles inferiores de la
    fuerza laboral, tienen
    menor capacidad de influenciar en las políticas y la
    toma de
    decisiones (OPS, 2000: 1).

    Las anteriores son apenas las primeras prerrogativas a que
    debe orientarse una política de salud con enfoque de
    género ya que como menciona De los Ríos la
    perspectiva de género es "un pensamiento
    orientador para favorecer un cambio en la acción de las
    políticas y los programas de salud dirigidos no
    sólo a la mujer sino también a la población
    en su conjunto" (De los Ríos, 1993: 3-18).

    3.2 El sexoservicio como falta
    jurídica.

    En su dimensión político-legal el sexoservicio
    puede o no constituir un delito o una
    falta administrativa, ya sea si es reconocido (como ocurre en la
    tendencia reglamentarista) o marginado por el gobierno y la
    sociedad (en la tendencia prohibicionista). Por otra parte, los
    actores que intervienen en el fenómeno (sexoservidoras,
    organizaciones no gubernamentales, gremios, liderazgos, instituciones
    gubernamentales y de derechos humanos)
    conforman una arena política conflictiva donde las
    decisiones entrañan el riesgo de provocar fragmentaciones;
    pero expresan también intereses que influyen y modulan la
    política pública.

    En este rubro consideramos necesario el reconocimiento
    político del sexoservicio para generar leyes
    regulatorias que incentiven, en lo posible, la reducción
    de la clandestinidad; otorgándose así, certidumbre
    tanto a la sexoservidora como al cliente /usuario; de esta manera
    ambos serán obligados a respetar lo pactado y se
    evitaría la extorsión. Lo anterior posibilita un
    contexto en el que las sexoservidoras tendrán mejores
    oportunidades para prevenir los riesgos a la salud que
    entraña su trabajo; las autoridades se verán
    obligadas a respetar y salvaguardar la seguridad del
    cliente/usuario y de la sexoservidora, reduciendo la presencia de
    lenones evitando la explotación, la privación de la
    libertad y la inducción forzosa de consumo de alcohol y
    drogas.

    3.3 El empobrecimiento.

    En la lógica de que sólo las actividades
    económicas susceptibles de generar plusvalía son
    legitimadas por el Estado, el sexoservicio se ubica como una
    alteración a la normatividad jurídica por no
    generar "plusvalor" y considerada ya delito, ya falta
    administrativa. Se trata de una actividad en la que no existe de
    por medio un certificado de compra-venta del
    servicio que, desde la perspectiva liberal, avale la certidumbre
    en los títulos de propiedad. Pero además, dicho
    servicio es visto como un medio para satisfacer las necesidades
    materiales de quien lo ejerce –y para satisfacer las
    necesidades sexuales de quien lo contrata- que en la
    mayoría de los casos representa una forma de obtener
    dinero rápidamente con la expectativa de dedicarse
    posteriormente a otra actividad.

    En la perspectiva de la satisfacción de las necesidades
    básicas, hemos dicho que el sexoservicio (nivel bajo y
    medio) es resultado de una falta de recursos materiales e
    intelectuales
    de quien lo ejerce, así como a una escasez de
    oportunidades objetivas. Aquí la pobreza juega
    un papel trascendente, la consideraremos un proceso incompatible
    al desarrollo humano; precisamente como la insatisfacción
    de las necesidades humanas básicas (Doyal, y Gough, 1991:
    91-111) de forma involuntaria y prolongada. De la pobreza se
    deriva un conjunto de factores que pueden incrementar la oferta
    del sexoservicio (bajo y medio); pero además refleja el
    estado de salud que prevalece en el grupo social de las
    sexoservidoras.

    4. La política
    social y de salud. Contexto y riesgos para las
    sexoservidoras.

    La política social, desde la perspectiva del
    "Welfare-State", se define a partir de una lógica
    política y social en sentido amplio; por
    definición, es la acción estatal dirigida a
    compensar los estragos del mercado. Desde esta perspectiva, la
    política social es la provisión de bienes y
    servicios, a través de mecanismos ajenos al mercado; en
    situaciones de crisis y grave
    empobrecimiento se trata de una operación que rescata de
    la indigencia a familias sin medios
    suficientes para sobrevivir dentro de los límites
    del circuito económico. El Estado extrae recursos de este
    circuito y los asigna discrecionalmente, estos recursos son la
    base de operación de la política social. Son
    categorías pertinentes y centrales de este tipo de
    política, la noción de derechos sociales, acceso
    universal y gratuidad en la provisión de los bienes de la
    seguridad
    social (educación, salud, vivienda y seguros) se
    entiende como función
    exclusiva del gobierno (Moreno, 1994: 112).

    Como sabemos, las transformaciones más recientes en el
    Estado definen un viraje hacia la política social de corte
    neoliberal basada en el conjunto de decisiones y acciones
    económicas y asistenciales dirigidas a mitigar
    exclusivamente la necesidad extrema. En consecuencia, las
    necesidades sociales se satisfacen ante todo en el libre mercado
    y no pueden ser pensadas como efectos negativos por la
    acción de éste, menos aún como derechos.

    Desde ésta perspectiva, lo que antes generaba la
    política social puede ser producida por el mercado y para
    tal fin se calculan los costos y beneficios de la
    provisión de servicios como la educación, los
    servicios médicos, la vivienda y la seguridad social; para
    cada caso se distinguen beneficios que por su costo y su
    beneficio son clasificados en públicos y privados. De esta
    manera, ciertas acciones médicas (básicamente
    preventivas), educativas (alfabetización y
    educación básica), seguirán siendo ejercidas
    por el Estado pero con esas excepciones, casi todo puede tener
    usufructo privado, por tanto, no hay razón alguna para que
    el Estado intervenga en su producción (Ibidem, : 114).

    En el caso de la política de salud, la propuesta de una
    atención sanitaria focalizada hecha por el Banco Mundial,
    supone una manera de enfrentar los problemas de salud desde una
    óptica de costo/eficacia, que
    concentra su atención en un número determinado de
    padecimientos con los que se define el conjunto de servicios
    esenciales que serán considerados después como las
    nuevas atribuciones del Estado. Esta lógica expresa una
    tendencia hacia la privatización de los servicios de salud, en
    la que el mercado se convierte en la base de toda posibilidad
    para obtener atención médica.

    La transición arriba expuesta agrava el rezago
    histórico en materia de seguridad social. Mientras que las
    sexoservidoras plantearon, de manera tardía, demandas
    más vinculadas con la amplitud de los beneficios de la
    seguridad social (sistemas de
    ahorro,
    vivienda, guarderías para sus hijos, por ejemplo); los
    ajustes de corte neoliberal en la política de salud impone
    una pérdida de beneficios para la población
    general, pero tiene peores efectos para quienes no estaban
    incorporados a los sistemas de aseguramiento y disminuye sus
    expectativas.

    En el discurso
    oficial frecuentemente se arguye que con la focalización
    de las medidas las mujeres son quienes llevan la mejor parte ya
    que son ellas quienes más frecuentemente utilizan los
    servicios. Aunque, efectivamente, en promedio, las mujeres
    tienden a utilizan más los servicios de salud, tal
    tendencia no conlleva necesariamente una ventaja ya que las
    mujeres tienen una mayor necesidad de servicios de salud que los
    hombres derivada de su capacidad reproductiva, pero
    también de su más alta morbilidad y su mayor
    longevidad. Por otra parte, en términos de
    percepción de la necesidad de atención, la mayor
    brecha por sexo se observa también, en los sectores
    más pobres y en ese sentido, la pobreza restringe
    desproporcionadamente el acceso de las mujeres a los servicios de
    salud; cuando se controla por necesidad, la utilización de
    servicios aparece en ocasiones más baja entre las mujeres
    que entre los hombres de los sectores de bajos ingresos, tanto en
    el sector
    público como en el privado; paradójicamente
    esta menor utilización se da en aquellas circunstancias
    donde la necesidad de servicios es comparativamente la más
    alta en relación con los hombres.

    Es previsible que el principio de equidad por el
    cual el pago por la atención se haría según
    capacidad económica, se vulnere doblemente para las
    mujeres dentro de los sistemas de financiamiento
    no solidarios; tanto por las necesidades derivadas de su
    capacidad reproductiva como por su mayor morbilidad, las mujeres
    terminarán pagando más que los hombres por mantener
    su salud, desigualdad que se agudiza al tomar en cuenta la menor
    capacidad económica que, como grupo, tienen las mujeres ya
    que constituyen la mayoría dentro de los pobres, por su
    predominio entre los trabajadores sin remuneración y por
    su inserción desventajosa en el mercado de trabajo
    remunerado teniendo menor acceso a recursos para pagar
    directamente los servicios o para acceder a planes de
    aseguramiento (OPS, 2001: 6).

    5. Patrón de
    enfermedad y atención en las sexoservidoras.

    El proceso salud-enfermedad expresa la unidad de lo natural y
    lo social en el hombre, las
    condiciones sociales en las que los individuos viven, influyen en
    la biología
    humana y se reflejan en dicho proceso, de esta manera el cuadro
    de las principales causas de enfermedad y muerte que
    enfrenta cada grupo social sufre variaciones por la influencia
    del contexto social, hoy es mayor la necesidad de enfocar ambos
    aspectos (influencia del hombre y la sociedad en el medio natural
    y a la inversa) (Guadarrama, et.al., 1991: 44-58).

    Muchas sexoservidoras narran su inserción en el
    sexoservicio de manera forzada, en la que una forma de
    iniciación es la violación por sus proxenetas
    quienes además las inducen al consumo de drogas y
    posteriormente las hacen depender de ellos al ser sus proveedores;
    ya en el ejercicio del sexoservicio pueden ser obligadas por el
    cliente/usuario a realizar actos que no desean o que no fueron
    pactados, a lo que hay que agregar las posibles agresiones
    policíacas para su extorsión. Este contexto de
    violencia y la
    percepción de posibles riesgos a la salud e inseguridad
    generan depresión, ideación e intento de suicidio,
    además de las lesiones por traumatismos y heridas,
    así como el riesgo permanente y consumado del homicidio.
    El abuso de los estupefacientes, además del peligro de
    adicción que crea, también arroja consecuencias
    para la salud sexual, puesto que está asociado con la
    creciente asunción de riesgos (OPS, 2000: 6), entre ellos
    la menor capacidad para negociar el uso del condón.

    Aunque hemos mencionado los límites del enfoque
    higienista, este ha tenido la virtud de documentar muchos de los
    daños a la salud en las sexoservidoras. La Organización Panamericana de la Salud, OPS,
    ha postulado que las ITS constituyen una amenaza particularmente
    grave para las mujeres , pues la actividad sexual temprana y la
    multiplicidad de parejas son factores de riesgo que se aplican a
    mujeres envueltas en el sexoservicio; se ha comprobado que el
    índice de ITS es más alto entre las sexoservidoras
    que entre la población en general, el 60.8% de 997
    sexoservidoras de la Ciudad de México resultó
    seropositivo al virus tipo II del
    herpes simple,
    frente a un 29.3% de una muestra de
    mujeres ajenas al sexoservicio (OPS, 2002: 7); se sabe que las
    ITS bacterianas no tratadas como gonorrea y chlamydia pueden
    complicarse y progresar a enfermedad pélvica que puede a
    su vez provocar daños graves y permanentes como dolor
    pélvico crónico, embarazos ectópicos y
    esterilidad; también pueden verse en mayor riesgo de
    cáncer cervical porque se encuentran expuestas al virus
    del papiloma humano.

    Según Hernández-Girón otros estudios
    realizados en sexoservidoras, han mostrado diversas prevalencias
    de ITS que hacen difícil establecer comparaciones entre
    grupos, esto es atribuible a varios factores: las prevalencias de
    ITS difieren según la región geográfica, las
    formas de organización del comercio
    sexual determinan el tipo de sexoservidoras y existen diferentes
    técnicas que identifican diversos
    marcadores de una misma infección
    (Hernández-Girón 1998: 2). En Chihuahua se
    reportó una prevalencia de Treponema pallidum en 10,5% de
    133 sexoservidoras (Gallegos, 1993: 63, cit.pos.,
    Hernández-Girón, 1998); mientras que en la Ciudad
    de México se reportó una prevalencia de 6,6% en
    2,918 sexoservidoras (Uribe, 1993: 76 cit.pos.,
    Hernández-Girón, 1998); por su parte un centro de
    CONASIDA reportó una prevalencia de 2,3% en 482
    sexoservidoras (Juárez 1992, cit.pos.,
    Hernández-Girón, 1998). Estos dos últimos
    resultados son similares a la prevalencia obtenida en el estudio
    de Hernández-Girón, lo que sostiene que existe una
    prevalencia media-baja de este marcador serológico (T.
    pallidum) en sexoservidoras de la ciudad de México,
    utilizando las mismas técnicas de laboratorio.
    Sin embargo, esta prevalencia sigue siendo mayor a la encontrada
    en mujeres de población general; por ejemplo, en Puebla
    durante 1987 se reportó una prevalencia de 1,17% en 1,362
    donadores de sangre
    (López, M. 1987: 219) y en 1994 se reportó una
    prevalencia de 2,5% en 389 mujeres que acudieron a consulta
    externa en Cuernavaca Morelos (Zamilpa, 1994: 14, cit.pos.,
    Hernández-Girón, 1998).

    La importancia de resaltar la prevalencia de sífilis es
    que la presencia de esta infección facilita la
    infección de otras ITS como el VIH (Nakashima, 1992: 1132,
    cit.pos., Hernández-Girón, 1998), en general se
    trata de una población joven (media 29.2 años) con
    un promedio de 5 años de antigüedad en el trabajo y 7
    clientes por
    semana; similares resultados se han obtenido en muestras de
    sexoservidoras estudiadas en otros países; por ejemplo, en
    Australia la media de edad de 231 mujeres fue 28.3 años,
    en Bélgica 154 mujeres tuvieron una media de edad, de
    antigüedad en el trabajo y de clientes en la última
    semana de 34,5 años, 7,1 años y 14 clientes,
    respectivamente. Estos resultados permiten identificar a un
    subgrupo de sexoservidoras con mayor probabilidad de
    presentar marcadores serológicos positivos para
    sífilis: mujeres que trabajaban en puntos de calle (8
    veces más), analfabetas (4 veces más) y quienes
    tenían una antigüedad en el trabajo mayor a 6
    años (4 veces más) (Hernández-Girón,
    1998: 7).

    Ciertos factores biológicos colocan a las mujeres en un
    riesgo más alto de adquirir diversas enfermedades; esta mayor
    vulnerabilidad biológica de la mujer se amplifica por su
    condición social de subordinación sexual, lo cual
    aumenta el riesgo de la mujer de exposición
    a ITS y VIH/SIDA; al contrastar el riesgo de transmisión
    del hombre a la mujer y viceversa, se ha calculado que el riesgo
    de exposición en la mujer es hasta 2 a 5 veces más
    alto que el del hombre (ONU, 1998). Los
    hallazgos anteriores deben ser discutidos a la luz de otros
    estudios que han concluido que la mayor transmisibilidad de ITS
    en sexoservidoras se debe más que al número de
    clientes, a ciertas prácticas de mayor riesgo como
    drogadicción intravenosa, compañeros
    sexuales infectados con alguna ITS, sexo anal y relaciones
    sexuales sin condón (Gómez 1991: 181).

    Varios factores sugieren que un alto porcentaje de
    sexoservidoras, padecen problemas de salud graves y complicados,
    cuentan con poco o ningún acceso a la atención de
    salud u otros servicios sociales. Donde esos servicios se
    encuentran disponibles, las sexoservidoras enfrentan barreras
    casi insuperables para hacer uso de ellos. Algunas no
    están autorizadas a salir de su "zona de trabajo", ni
    siquiera para recibir atención de salud y las que tienen
    libertad de salidas y entradas pueden ver su acceso entorpecido
    por las barreras sociales (estigmatización) y el temor al
    rechazo social de su trabajo. Por lo anterior, es posible que las
    sexoservidoras no estén en condiciones de costear los
    servicios y es improbable que tengan acceso a un seguro de salud
    e, inclusive, si logran salvar estas barreras, es posible que no
    reciban la atención que necesitan, ya que la
    mayoría de los proveedores de atención de salud no
    están capacitados para atender, sin prejuicios morales,
    las particularidades de los problemas de salud de las
    sexoservidoras.

    6. El sexoservicio en
    el Barrio de la Merced, Ciudad de
    México.

    El propósito fue conocer la forma en que las
    organizaciones de sexoservidoras articulan sus acciones con las
    instituciones gubernamentales que les compete. Los resultados
    permiten identificar un conglomerado de organizaciones formales
    muy diversas: 1) primarias (conformadas por sexoservidoras)
    Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer "Elisa Martínez'',
    A.C.; Humanos del Mundo Contra el Sida A.C.; y,
    Mujeres por la Salud en lucha contra el Sida (Musa); 2)
    secundarias (conformadas no necesariamente por sexoservidoras
    pero cuyo trabajo social gira en torno al sexoservicio) Centro de
    Atención Integral y Servicios (Cais) y el Instituto Pro
    Infancia Y Juventud A.C.
    (Centro Madre Antonia) y 3) sexoservidoras no asociadas o
    "independientes" que en situaciones coyunturales se integran a
    las labores sociales.

    Al evaluar la información que de dichas organizaciones
    tienen las sexoservidoras se puede identificar que existe un
    estándar ideológico que hace referencia a dichas
    organizaciones como orientadas a promover la salud y los derechos
    de quienes se dedican al sexoservicio. En términos
    organizativos, estos grupos sólo han podido superar de
    manera parcial las relaciones jerarquizadas de poder, ya que en
    las organizaciones primarias no se observa una eliminación
    completa de la figura del lenón, que muchas veces se
    mantiene o es sustituida por la de la lidereza de la
    organización; por lo que no se puede concluir que a mayor
    adscripción de sexoservidoras en organizaciones formales,
    menores los casos de lenocinio, aunque tal hallazgo debe quedar
    matizado por la dificultad que entraña la ausencia de
    datos sobre el
    número de afiliaciones por las implicaciones legales que
    conlleva. Sin embargo, se ha podido comprobar que la figura del
    lenón está encubierta por algunas organizaciones
    civiles que, bajo la máscara de un apoyo
    psicológico, sanitario y legal, obligan a que el delito se
    desvanezca ante los ojos del Estado.

    Respecto a las organizaciones secundarias (o de entorno), fue
    hasta 1998, que la Comisión de Derechos Humanos del
    Distrito Federal (CDHDF) propuso la creación de un sitio
    donde las sexoservidoras de este barrio recibieran diversos tipos
    de servicios como asesoría legal, atención
    médica, información sobre sus derechos y terapia
    psicológica; esta intervención marcó una
    distancia radical con las intervenciones previas que se
    reducían al control
    sanitario, aunque el proveedor no fue propiamente el Estado, sino
    un organismo desconcentrado. Con el apoyo de la Asociación
    para el Desarrollo Integral (APADI) y el Instituto Nacional de
    las Mujeres (INM) se inauguró el Centro de Atención
    Integral y Servicios (CAIS) que ofreció a las
    sexoservidoras talleres en donde pudieran trabajar en aspectos
    como revaloración personal y
    autoestima,
    lamentablemente la inadecuada administración de éste Centro y su
    reducido alcance asistencialista causó su cierre, lo que
    resultó en un detonante que agravó el conflicto
    entre las organizaciones de sexoservidoras y las sexoservidoras
    no asociadas.

    Otra organización secundaria es el Instituto Pro
    Infancia y Juventud, organización integrada por religiosas
    "oblatas", con labores de asistencia espiritual enfocada,
    según su propia denominación, a las "mujeres en
    contexto de prostitución", sus estrategias se
    basan en la caridad y la afiliación religiosa, el
    acercamiento se realiza a través de los hijos que son
    cuidados por las religiosas dando así un servicio de
    guardería. Esta organización ha conseguido un gran
    arraigo en el Barrio.

    Una instancia gubernamental que mantiene una relación
    muy estrecha tanto con las organizaciones primarias como
    secundarias es el Inmujer del gobierno local de la Ciudad de
    México cuyo programa incluye
    "proyectos
    especiales" de entre los cuales destaca el orientado a
    Trabajadoras Sexuales; el objetivo
    general es implementar acciones que impulsen la defensa de los
    derechos de las sexoservidoras y evitar la violencia y discriminación hacia ellas, otros de sus
    objetivos son
    promover un mayor conocimiento
    los derechos humanos, civiles, sexuales y reproductivos entre las
    sexoservidoras; apoyar la atención integral a las mujeres
    que se dedican a este trabajo a través de instituciones
    sin fines de lucro y generar iniciativas de prevención
    para mujeres en riesgo de explotación sexual comercial. La
    importancia de esta organización radica en la posibilidad
    de generar un mayor impacto en la resignificación social
    de la sexoservidora al impulsar que conozca sus derechos, al
    hacerla conciente de sus necesidades y generadora de demandas que
    permitan mejorar sus condiciones de vida; sin embargo estas
    medidas no contemplan la capacidad de respuesta a tales demandas
    o el grado de interlocución que consigan estas mujeres
    ante las instancias gubernamentales. Por otra parte existen
    vacíos que debilitan tales propuestas, no es posible
    garantizar el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
    reproductivos si no se cuenta con las condiciones materiales y
    culturales para ello y hasta el momento sólo existe una
    iniciativa de ley que no se ha
    concretado; por otra parte, no se tiene un programa
    específicamente identificable que nos hable de cómo
    se pretende evitar la violencia y la discriminación. Cuando se habla de
    "atención integral" se remite a la imagen de un CAIS
    renovado que, al parecer, no ha encontrado la fórmula
    adecuada para llegar a un consenso sobre las modalidades de
    articulación de las sexoservidoras con el gobierno. Al
    hablar "a través de instituciones sin fines de lucro"se
    entiende que el Estado no asumirá plenamente el compromiso
    de estas medidas y ante el desinterés obvio de los
    particulares es claro que se mantendrá el asistencialismo
    del modelo de las
    Madres Oblatas. Por último, aún no se conocen
    cuáles son las medidas específicas para la
    protección de mujeres en "riesgo de" explotación
    sexual comercial.

    7. Conclusiones. Hacia una
    política de salud para las
    sexoservidoras.

    Las sexoservidoras son mujeres que no desempeñan el rol
    culturalmente aceptado, que ejercen una actividad
    económica que contradice el predominio de la
    acumulación capitalista, que tradicionalmente han sido
    abordadas como un "riesgo" para su salud
    pública ignorándose, la más de las
    veces, las condiciones de inseguridad y vulnerabilidad sanitaria
    en las que realiza su ocupación, omisión en la que
    se olvidan sus necesidades. Tal circunstancia se ve agravada por
    un contexto de reducción del Estado en materia de
    política social, a lo que se agregan las medidas
    neoliberales que orientan la reforma en salud y seguridad social,
    la marginación y la pobreza, este conglomerado de
    condicionantes revela además la parcialidad con que el
    gobierno ha intervenido en el fenómeno y cuyas acciones se
    caracterizan por ser asistenciales, reducidas, sin oferta de
    opciones repitiendo enfoques higienistas que reproducen el
    significado social punitivo hacia las sexoservidoras; lo anterior
    no quiere decir que las medidas de supervisión médica no sean
    necesarias sino que estas deben estar integradas a una
    perspectiva de seguridad social más amplia que posibilite
    la superación del estado que lleva a las mujeres a
    insertarse en esta actividad.

    Lo anterior, nos permite concluir que el retiro actual del
    Estado en relación a las cuestiones sociales impide la
    existencia de políticas públicas redistributivas
    que haría posible un cambio en el enfoque de las
    intervenciones orientadas a las sexoservidoras, por lo que un
    primer paso debe ser la reivindicación de los modelos de
    política social basados en el bienestar, que aunque
    parciales, se basaron en la aspiración de la
    ampliación paulatina de los derechos sociales. Las medidas
    vigentes nos permiten afirmar que no existe una política
    pública específicamente orientada al sexoservicio y
    en consecuencia, que prevalece en el gobierno una
    percepción de la sexoservidora como un sujeto sin derechos
    lo cual continuará limitando la interlocución de
    este grupo social. No obstante es de reconocerse un avance en la
    materia que es la iniciativa de "ley del trabajo sexual"
    aún sin aprobar y un "proyecto especial
    para trabajadoras sexuales" (Morales y Rodríguez, 2003:
    § III.8), temporal y con escasos recursos, que
    diseñó el Inmujer local. Pero también hay
    rezagos, la limitada atención médica que
    recibían las sexoservidoras prácticamente
    desapareció al dejar de implementarse la
    certificación sanitaria.

    Para poder actuar sistemáticamente en el sexoservicio,
    se necesita una reestructuración de orden cultural
    orientado al "estigma social", éste sin duda es una de las
    principales limitantes de las acciones gubernamentales, es cierto
    que no se puede modificar fácilmente las visiones
    predominantes de la sexualidad y
    la mujer, pero se impone la necesidad de intervenir en un proceso
    de desestigmatización social proveniente desde el Estado
    mismo y fundamentado en el carácter laico y secular que
    debe observar todo gobierno moderno. Al mismo tiempo deben
    ofrecerse alternativas efectivas para que estas mujeres puedan
    satisfacer sus necesidades y las de sus hijos, sin verse
    restringidas a la única "opción" del sexoservicio;
    esta tendencia se orientaría a que la sexoservidora pueda
    contar con medios para generarse un ingreso suficiente, los
    talleres de capacitación, la incorporación a la
    educación formal, el acceso a guarderías y
    modalidades de ahorro, así como la provisión de
    servicios integrales de atención médica son apenas
    el complemento.

    El reconocimiento gubernamental de esta actividad hace posible
    la disminución de las pugnas por el poder territorial y
    clientelar de las organizaciones formales, se combatiría
    el lenocinio y se disminuirían notablemente ciertos
    daños a la salud de las sexoservidoras. Pero no se trata
    de generar organizaciones gubernamentales de sexoservidoras, sino
    de desarrollar una política social como espacio de
    articulación entre ambos actores. Para articular las
    relaciones entre gobierno y organizaciones se requiere atraer
    hacia el ejercicio del poder público las atribuciones en
    la provisión de los beneficios sin menoscabo de la
    capacidad autorganizativa de las sexoservidoras, un buen punto de
    partida son los puntos de común acuerdo entre ellas, por
    ejemplo, la "construcción de la ciudadanía" donde la promoción de los derechos humanos, civiles,
    sexuales y reproductivos son de vital importancia.

    Finalmente, podemos proponer medidas que orienten una
    política gubernamental que enfrente con mayores alcances
    las necesidades en salud de las sexoservidoras. 1) Todas las
    iniciativas al respecto deben derivarse de una perspectiva de
    género para hacer frente a la discriminación y a la
    estigmatización social. 2) Se deben establecer mecanismos
    de consulta en los que se garantice la participación de
    las sexoservidoras no asociadas e incluirlas junto con las
    organizaciones en la toma de decisiones relativas al diseño,
    aplicación, supervisión y evaluación
    de las políticas y los programas. 3) Es preciso revisar el
    marco jurídico y adecuar las leyes para garantizar el
    ejercicio de los derechos humanos de las sexoservidoras y
    asegurar la aplicación efectiva de la legislación.
    4) Revisar y enmendar las leyes y combatir las prácticas,
    según sea pertinente, que puedan contribuir a la
    desconfianza de las sexoservidoras, como entidad de
    explotación, extorsión y contubernio; entre otras
    cosas promulgando leyes contra las prácticas que
    contribuyen a ello y, aplicar leyes que protejan a las
    sexoservidoras de abusos por parte de los clientes y la
    autoridad. 5) Alentar a todos los sectores de la sociedad,
    incluido el sector público, así como a las
    organizaciones internacionales, a que en la formulación de
    sus políticas se haga explícita la cobertura hacia
    las sexoservidoras. 6) Otorgar capacitación especializada
    a los encargados de adoptar decisiones y a quienes crean
    opinión a todos los niveles de la comunidad,
    incluidas las autoridades religiosas y tradicionales, sobre la
    desestigmatización y la necesidad de prevención de
    las diversas enfermedades y riesgos a la salud de las que son
    victimas las sexoservidoras. 7) Impartir a todas las
    sexoservidoras información y educación sobre la
    prevención de las ITS y el VIH/SIDA, sobre el embarazo,
    proveerlas de los recursos materiales para el sexo seguro y la
    anticoncepción. 8) Prestar atención y tratamiento
    médicos integrales y no exclusivamente los relacionados
    con la salud reproductiva. 9) Otorgar servicio de estancias
    infantiles. 10) Es fundamental que las sexoservidoras tengan
    acceso tanto a información y educación, como a
    recursos sociales y económicos que les permitan romper la
    crisis económica vinculada con su explotación y
    contexto de marginación, lo cual incluye vivienda y
    programas de crédito, oportunidades de trabajo y
    capacitación, sistemas de ahorro solidario y seguridad
    alimenticia.

    8.
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    Manuel Enrique Morales

    José Ángel
    Rodríguez

    Licenciados en Política y Gestión Social.
    Universidad Autónoma Metropolitana
    (México).

    José Arturo Granados

    Médico Cirujano, Maestro en Medicina
    Social. Universidad Autónoma Metropolitana
    (México).

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