Sexoservicio y políticas de salud en México: determinaciones sociales y alternativas
- Antecedentes
- Contractualismo y
determinación social de la salud en
sexoservidoras - Determinaciones sociales de la
salud enfermedad en las sexoservidoras - La política social y de
salud. Contexto y riesgos para las
sexoservidoras - Patrón de enfermedad y
atención en las sexoservidoras - El sexoservicio en el Barrio
de la Merced, Ciudad de México - Conclusiones. Hacia una
política de salud para las
sexoservidoras
El presente trabajo de
investigación surge como respuesta a la
inquietud de generar una perspectiva diferente que, además
de explicar el fenómeno del sexoservicio y sus
implicaciones en la salud, pueda determinar líneas de
acción
encauzadas al mejoramiento de las condiciones de vida y
oportunidades objetivas en la obtención de servicios
integrales de
salud para las mujeres que ejercen dicha actividad.
Diversas han sido las disciplinas que han abordado el
fenómeno del sexoservicio y la salud entre ellas destacan
las ciencias
médicas, la jurisprudencia
y de las ciencias
sociales destacan la sociología y la antropología. También diversos han
sido los enfoques teóricos que se han aproximado al
problema, el enfoque a su vez tiene un correlato con el abordaje
político que se traduce en medidas concretas ya sean
regulacionistas, prohibicionistas, abolicionistas o higienistas.
En este estudio profundizaremos en la corriente contractualista y
propondremos un enfoque basado en los conceptos de género y
pobreza, esto
a consideración de promover un nuevo perfil de análisis y en busca de una consistencia que
permita un estudio más sistemático y desprejuiciado
que dé origen, finalmente, a un enfoque con cualidades
propositivas.
El primer paso en toda política
pública es el establecimiento de un correcto diagnóstico que de cuenta de las
necesidades a que debe responder, en ese sentido, generar una
política de salud correctamente orientada a las
necesidades de las sexoservidoras requiere primero un ejercicio
de definición, en nuestro caso precisamos que nuestro
enfoque no plantea al sexoservicio como el problema en sí,
sino que busca explicárselo como una manifestación
de procesos de
orden económico y cultural que van definiendo una
problemática específica de salud que enfrentan las
sexoservidoras; con ello pretendemos ampliar el margen de
comprensión al dejar de ver a la sexoservidora como
generadora de problemas de
salud, específicamente, de infecciones de
transmisión sexual (ITS) ya que de esta noción
se deriva un enfoque higienista que la percibe como un foco de
infección que pone en riesgo la salud
de la población, tal propuesta además
termina por reducir la política de salud a un monitoreo de
su salud reproductiva perdiendo de vista otras necesidades
fundamentales.
El sexoservicio existe en formas que dependen de los valores
económicos, sociales y sexuales de cada sociedad,
incluso es un concepto que se
articula según las percepciones predominantes de familia, amor y
propiedad
privada, que suceden en la historia. Los motivos pueden
ser laicos o religiosos, materiales o
espirituales. Sus características cambian según la
época y el lugar donde se encuentre; aunque la esencia de
facto sea la misma: satisfacción de placer sexual del
cliente/usuario,
por quien ejerce el servicio, a
cambio de una
retribución por el mismo cliente/usuario. Por lo anterior,
partimos de la premisa de que, aunque el sexoservicio es una
práctica histórica, adquiere una lógica
particular en el capitalismo
que a su vez origina problemáticas particulares; las
jerarquías por género, la percepción
de la mujer como un
ser para los otros y el empobrecimiento de la población
tiene un efecto de precariedad en las condiciones de vida e
insuficiencia en las oportunidades objetivas de desarrollo que
llevan a un número cada vez mayor de mujeres a ejercer
esta actividad. Esta apreciación puede conducirnos a la
propuesta de líneas generales de acción que
constituyan una política alternativa de salud para este
grupo
vulnerable identificando y atendiendo otras necesidades de
salud.
En la actualidad una de las principales preocupaciones de las
sexoservidoras organizadas es el reconocimiento del sexoservicio
como actividad económica, una primera intención es
provocar un proceso de
desestigmatización social, pero tal proceso tendría
que trascender y desembocar en la implementación de
políticas públicas dirigidas al sexoservicio y su
entorno, principalmente en la salud. El relativo auge de organizaciones de
sexoservidoras se ve incrementado con el surgimiento del SIDA que ha
motivado la
organización para promover medidas preventivas entre
ellas, pero además, se ratifica el hecho de que las
instancias gubernamentales no tienen, hasta el momento, cursos de
acción tendientes a la solución de sus
problemáticas.
El trabajo de campo de esta investigación se
dirigió precisamente a estudiar las formas organizativas
que tomaron las algunas sexoservidoras en el Barrio de la Merced
de la Ciudad de México, poniéndose particular
énfasis en su capacidad de integración y la capacidad de injerencia
sociopolítica en la elaboración de programas
integrales de salud.
2.
Contractualismo y determinación social de la salud en
sexoservidoras.
El término sexoservicio, aunque no es aceptado por
algunos grupos, se acerca
a un espacio de neutralidad académica que permitirá
analizar elementos del entorno en materia de
política pública. Partiremos de una
definición general del sexoservicio como la actividad
económica de prestación de servicios sexuales
mediante una remuneración sin que exista entre el
prestador de servicio y el cliente/usuario, la relación
obrero-patronal que regula la Ley Federal del
Trabajo en México (LFT 2003: 8° y 10°). Es
pertinente aclarar que la denominación "trabajador
sexual", es utilizada con la intención de dignificar a
quienes ejercen esta actividad, pero tal término no
está legalmente sustentado e implica que se asume el tono
devaluatorio y estigmatizante de esta actividad, por ello dicha
expresión no será utilizada en este
trabajo.
La directriz teórica del contractualismo parte de
considerar a las personas libres y que sus acciones son
plenamente racionales y tienen como finalidad promover sus
propios intereses; esto supone una posición inicial de
igualdad
definitoria en los términos fundamentales de su
asociación (Rawls, 2002: 24); sin embargo, esta supuesta
igualdad inicial tendría que debatirse.
De esta manera el contractualismo explicaría la
relación entre sexoservidora y cliente/usuario, como una
forma más de empresa
capitalista, el sexoservicio es visto como una empresa
privada y el contrato entre el
cliente y la sexoservidora se considera un arreglo privado entre
comprador y vendedora; en esta perspectiva se sustenta que una
sexoservidora pacta una cierta forma de su "fuerza de
trabajo" por un periodo determinado a cambio de dinero y que
existe un libre intercambio entre la sexoservidora y el cliente,
donde el contrato de sexoservicio es exactamente como el contrato
de empleo. En
dicho contrato, la sexoservidora posee una propiedad en su
persona que se
oferta en el
mercado y se
considera que una sexoservidora no se vende a sí misma,
sino que contrata el uso de sus servicios sexuales como cualquier
otro individuo
estableciéndose una relación externa a la propiedad
en su persona; los contractualistas proclaman que "las personas
tienen el derecho humano de relacionarse con el sexo
comerciante" (Pateman, 1995: 263-264).
El contrato se genera por medio de decisiones racionales,
fundamento esencial del contractualismo, del que se extrae otra
limitante, ¿Cómo se pueden tomar elecciones
racionales, cuando no se cuenta con la información necesaria? Se contradice por el
factor de la "racionalidad limitada" –término creado
por Herbert Simon– que establece que la gente tiene unos
recursos y una
información limitadas, por lo que se ven obligados a tomar
decisiones basadas en una información o un análisis
incompletos (Samuelson, 1999: 183). Asimismo si el contrato debe
realizarse entre personas en situación de igual libertad, sin
ventajas ni desventajas, no será lo mismo, lo que delegue
una mujer en un
contexto social donde impera una supuesta supremacía
sexual de los varones, y en el que se invisibiliza el deseo
sexual de la mujer y es obligada estar a disposición del
deseo masculino al personificar y reproducir los roles
socialmente aceptados; condiciones que se intensifican en la
sexoservidora cuya actividad es sancionada y penalizada legal y
socialmente.
Otro fenómeno que contradice la perspectiva
contractual, es lo que en economía
clásica se conoce como el agente racional, caracterizado
por intereses egoístas y excluyentes, que busca obtener
los máximos beneficios, a los menores costos. Dentro de
un contrato se confrontan dos agentes racionales donde, la
conclusión extraída del denominado "dilema del
prisionero", establece que la estrategia
dominante para cada uno será derrotar al otro, en vez de
cooperar con él, por lo que no se obtendrá un
resultado colectivamente racional (Olson, 2001: 90). Esto nos
impone la necesidad de discutir el entorno que envuelve al
sexoservicio con la identificación de las condiciones en
que se realiza esta actividad.
En ese sentido, la teoría
contractualista ofrece la posibilidad de mirar a la sexoservidora
desde una óptica
distinta que parece no culpabilizarla; pero tal visión
despoja al fenómeno de las comprobadas inequidades que
padecen estas mujeres en relación al resto de la sociedad
y al interior mismo de las mujeres. Es cierto que el sexoservicio
es una relación de tipo comercial en la que la
sexoservidora y el cliente/usuario aceptan un contrato no escrito
y que en teoría, ambos están comprometidos a
respetarlo, pero en la práctica esto no acontece, ya que
no existe certidumbre para ninguno de los dos, el cliente ignora
si será robado, golpeado o estafado, si se
respetará el tiempo
pactado, si su salud no peligra; de igual manera, la
sexoservidora no sabe si será agredida por el cliente o si
éste no es portador de una ITS que ponga en riesgo su
salud. Lo anterior resume que no se puede obtener de dicho
contrato una transacción mutuamente ventajosa de la que
ambos consigan el máximo beneficio como lo
postularía una perspectiva liberal.
A estos vacíos del contractualismo se agrega la
omisión de los ámbitos económicos,
políticos y culturales en torno al
sexoservicio. No se considera que insertarse en esta actividad,
pese a su carácter altamente estigmatizante, puede
representar para muchas mujeres la única opción
para satisfacer sus necesidades básicas debido a su falta
de acceso a la educación y al
trabajo remunerado; no se trata entonces de una elección.
También se deja de lado que la mayor parte de quienes
realizan sexoservicio y quienes se involucran en la industria del
sexo son mujeres y que en las formas organizativas del
sexoservicio se establecen relaciones de poder donde
las mujeres son explotadas por varones y extorsionadas por la
autoridad
misma. Por último se pierde de vista que los significados
culturales sobre el cuerpo de las mujeres hacen ver a ésta
como un objeto disponible al deseo masculino; estas tres
atenuantes colocan a las sexoservidoras en un estado de
vulnerabilidad social que en todo caso, las llevarían al
contrato sexual en completa desventaja.
De esta manera, la sexoservidora es expuesta a daños a
la salud específicos pero no se trata de un patrón
azarosamente establecido por la naturaleza
sino consecuencias de procesos sociales en los que priva la
desigualdad de género; como es de esperarse, dado que el
enfoque que ha prevalecido es el higienista, la mayoría de
los estudios epidemiológicos han encontrado tasas
más altas de infecciones de transmisión sexual; con
un enfoque más integral, es de esperarse un mayor consumo de
drogas, tasas
más altas de lesiones, homicidio,
depresión, intento de suicidio y
suicidio, patrón al que hay que agregar sus repercusiones
en el estado de
salud de sus dependientes económicos; falta de
guarderías y atención médica para sus hijos por
ejemplo.
3. Determinaciones
sociales de la salud enfermedad en las sexoservidoras.
3. 1 La inequidad de género y salud.
Ante la situación anterior, el enfoque de género
resulta ser una herramienta de mayor consistencia
metodológica. Empezaremos por definir al género
como la construcción social de las diferencias
biológicas entre hombres y mujeres, esta
consideración requiere de la deconstrucción de las
expectativas sobre el comportamiento
y las características de mujeres y hombres denominadas
"feminidad" y "masculinidad"; por género nos referiremos a
las relaciones desiguales de poder entre las mujeres y los
hombres y el impacto que esta desigualdad ejerce sobre la vida de
las personas (OPS, 2000). Mientras que el concepto sexo
corresponde a las características biológicas del
individuo, su conformación morfológica y
fisiológica que hacen distinta a la mujer del hombre,
haciendo referencia a una forma de clasificación
biológica; de él se induce que es una
construcción social sobre las actitudes,
prácticas y valores que
diferencian al hombre de la mujer y que en tanto, como
construcción social, se encuentra en permanente cambio
(Ramírez,
2000: 2).
Dentro de la psicología el
género se relaciona con a) la asignación de
género, que se establece al nacimiento y que está
dado por las características morfológicas del
individuo, b) la identidad de
género que hace corresponder las diferencias
biológicas con las formas de sentir y actuar como mujer o
como hombre; (así, la masculinidad y feminidad se
establecen en la primera infancia y son
difícilmente modificables con el tiempo) y c) el papel de
género, que es el conjunto de normas, pautas y
preceptos que llevan a establecer estereotipos con matices en las
distintas culturas. La categoría género no
sólo contribuye a la comprensión de la vida de la
mujer y la vida del hombre sino que además permite
analizar las relaciones entre ambos (Funke, et. al., 1998: 31-46)
(Ramírez, 2000: 3).
Las inequidades de género en salud están
concentradas en varios tipos de desajuste, uno de ellos se da
entre los riesgos de salud y las oportunidades para gozar
la salud (estado y determinantes de salud), debido a su capacidad
reproductiva, las mujeres enfrentan un conjunto de riesgos
diferente al de los varones; pero el menor acceso a la nutrición, la
educación,
el empleo y los ingresos,
significa también que las mujeres poseen menos oportunidad
de disfrutar de una buena salud; otro desajuste se da entre las
necesidades de salud y acceso a los recursos, las mujeres
tienen diferentes necesidades de salud que los hombres pero
tienen menos oportunidad de acceso a los recursos materiales que
les permitan obtener servicios especializados; por último
mencionaremos el desajuste entre las responsabilidades y poder
en el trabajo, las mujeres constituyen la mayoría de
los empleos mal remunerados o sin remuneración, no
obstante, al estar concentrados en niveles inferiores de la
fuerza laboral, tienen
menor capacidad de influenciar en las políticas y la
toma de
decisiones (OPS, 2000: 1).
Las anteriores son apenas las primeras prerrogativas a que
debe orientarse una política de salud con enfoque de
género ya que como menciona De los Ríos la
perspectiva de género es "un pensamiento
orientador para favorecer un cambio en la acción de las
políticas y los programas de salud dirigidos no
sólo a la mujer sino también a la población
en su conjunto" (De los Ríos, 1993: 3-18).
3.2 El sexoservicio como falta
jurídica.
En su dimensión político-legal el sexoservicio
puede o no constituir un delito o una
falta administrativa, ya sea si es reconocido (como ocurre en la
tendencia reglamentarista) o marginado por el gobierno y la
sociedad (en la tendencia prohibicionista). Por otra parte, los
actores que intervienen en el fenómeno (sexoservidoras,
organizaciones no gubernamentales, gremios, liderazgos, instituciones
gubernamentales y de derechos humanos)
conforman una arena política conflictiva donde las
decisiones entrañan el riesgo de provocar fragmentaciones;
pero expresan también intereses que influyen y modulan la
política pública.
En este rubro consideramos necesario el reconocimiento
político del sexoservicio para generar leyes
regulatorias que incentiven, en lo posible, la reducción
de la clandestinidad; otorgándose así, certidumbre
tanto a la sexoservidora como al cliente /usuario; de esta manera
ambos serán obligados a respetar lo pactado y se
evitaría la extorsión. Lo anterior posibilita un
contexto en el que las sexoservidoras tendrán mejores
oportunidades para prevenir los riesgos a la salud que
entraña su trabajo; las autoridades se verán
obligadas a respetar y salvaguardar la seguridad del
cliente/usuario y de la sexoservidora, reduciendo la presencia de
lenones evitando la explotación, la privación de la
libertad y la inducción forzosa de consumo de alcohol y
drogas.
3.3 El empobrecimiento.
En la lógica de que sólo las actividades
económicas susceptibles de generar plusvalía son
legitimadas por el Estado, el sexoservicio se ubica como una
alteración a la normatividad jurídica por no
generar "plusvalor" y considerada ya delito, ya falta
administrativa. Se trata de una actividad en la que no existe de
por medio un certificado de compra-venta del
servicio que, desde la perspectiva liberal, avale la certidumbre
en los títulos de propiedad. Pero además, dicho
servicio es visto como un medio para satisfacer las necesidades
materiales de quien lo ejerce –y para satisfacer las
necesidades sexuales de quien lo contrata- que en la
mayoría de los casos representa una forma de obtener
dinero rápidamente con la expectativa de dedicarse
posteriormente a otra actividad.
En la perspectiva de la satisfacción de las necesidades
básicas, hemos dicho que el sexoservicio (nivel bajo y
medio) es resultado de una falta de recursos materiales e
intelectuales
de quien lo ejerce, así como a una escasez de
oportunidades objetivas. Aquí la pobreza juega
un papel trascendente, la consideraremos un proceso incompatible
al desarrollo humano; precisamente como la insatisfacción
de las necesidades humanas básicas (Doyal, y Gough, 1991:
91-111) de forma involuntaria y prolongada. De la pobreza se
deriva un conjunto de factores que pueden incrementar la oferta
del sexoservicio (bajo y medio); pero además refleja el
estado de salud que prevalece en el grupo social de las
sexoservidoras.
4. La política
social y de salud. Contexto y riesgos para las
sexoservidoras.
La política social, desde la perspectiva del
"Welfare-State", se define a partir de una lógica
política y social en sentido amplio; por
definición, es la acción estatal dirigida a
compensar los estragos del mercado. Desde esta perspectiva, la
política social es la provisión de bienes y
servicios, a través de mecanismos ajenos al mercado; en
situaciones de crisis y grave
empobrecimiento se trata de una operación que rescata de
la indigencia a familias sin medios
suficientes para sobrevivir dentro de los límites
del circuito económico. El Estado extrae recursos de este
circuito y los asigna discrecionalmente, estos recursos son la
base de operación de la política social. Son
categorías pertinentes y centrales de este tipo de
política, la noción de derechos sociales, acceso
universal y gratuidad en la provisión de los bienes de la
seguridad
social (educación, salud, vivienda y seguros) se
entiende como función
exclusiva del gobierno (Moreno, 1994: 112).
Como sabemos, las transformaciones más recientes en el
Estado definen un viraje hacia la política social de corte
neoliberal basada en el conjunto de decisiones y acciones
económicas y asistenciales dirigidas a mitigar
exclusivamente la necesidad extrema. En consecuencia, las
necesidades sociales se satisfacen ante todo en el libre mercado
y no pueden ser pensadas como efectos negativos por la
acción de éste, menos aún como derechos.
Desde ésta perspectiva, lo que antes generaba la
política social puede ser producida por el mercado y para
tal fin se calculan los costos y beneficios de la
provisión de servicios como la educación, los
servicios médicos, la vivienda y la seguridad social; para
cada caso se distinguen beneficios que por su costo y su
beneficio son clasificados en públicos y privados. De esta
manera, ciertas acciones médicas (básicamente
preventivas), educativas (alfabetización y
educación básica), seguirán siendo ejercidas
por el Estado pero con esas excepciones, casi todo puede tener
usufructo privado, por tanto, no hay razón alguna para que
el Estado intervenga en su producción (Ibidem, : 114).
En el caso de la política de salud, la propuesta de una
atención sanitaria focalizada hecha por el Banco Mundial,
supone una manera de enfrentar los problemas de salud desde una
óptica de costo/eficacia, que
concentra su atención en un número determinado de
padecimientos con los que se define el conjunto de servicios
esenciales que serán considerados después como las
nuevas atribuciones del Estado. Esta lógica expresa una
tendencia hacia la privatización de los servicios de salud, en
la que el mercado se convierte en la base de toda posibilidad
para obtener atención médica.
La transición arriba expuesta agrava el rezago
histórico en materia de seguridad social. Mientras que las
sexoservidoras plantearon, de manera tardía, demandas
más vinculadas con la amplitud de los beneficios de la
seguridad social (sistemas de
ahorro,
vivienda, guarderías para sus hijos, por ejemplo); los
ajustes de corte neoliberal en la política de salud impone
una pérdida de beneficios para la población
general, pero tiene peores efectos para quienes no estaban
incorporados a los sistemas de aseguramiento y disminuye sus
expectativas.
En el discurso
oficial frecuentemente se arguye que con la focalización
de las medidas las mujeres son quienes llevan la mejor parte ya
que son ellas quienes más frecuentemente utilizan los
servicios. Aunque, efectivamente, en promedio, las mujeres
tienden a utilizan más los servicios de salud, tal
tendencia no conlleva necesariamente una ventaja ya que las
mujeres tienen una mayor necesidad de servicios de salud que los
hombres derivada de su capacidad reproductiva, pero
también de su más alta morbilidad y su mayor
longevidad. Por otra parte, en términos de
percepción de la necesidad de atención, la mayor
brecha por sexo se observa también, en los sectores
más pobres y en ese sentido, la pobreza restringe
desproporcionadamente el acceso de las mujeres a los servicios de
salud; cuando se controla por necesidad, la utilización de
servicios aparece en ocasiones más baja entre las mujeres
que entre los hombres de los sectores de bajos ingresos, tanto en
el sector
público como en el privado; paradójicamente
esta menor utilización se da en aquellas circunstancias
donde la necesidad de servicios es comparativamente la más
alta en relación con los hombres.
Es previsible que el principio de equidad por el
cual el pago por la atención se haría según
capacidad económica, se vulnere doblemente para las
mujeres dentro de los sistemas de financiamiento
no solidarios; tanto por las necesidades derivadas de su
capacidad reproductiva como por su mayor morbilidad, las mujeres
terminarán pagando más que los hombres por mantener
su salud, desigualdad que se agudiza al tomar en cuenta la menor
capacidad económica que, como grupo, tienen las mujeres ya
que constituyen la mayoría dentro de los pobres, por su
predominio entre los trabajadores sin remuneración y por
su inserción desventajosa en el mercado de trabajo
remunerado teniendo menor acceso a recursos para pagar
directamente los servicios o para acceder a planes de
aseguramiento (OPS, 2001: 6).
5. Patrón de
enfermedad y atención en las sexoservidoras.
El proceso salud-enfermedad expresa la unidad de lo natural y
lo social en el hombre, las
condiciones sociales en las que los individuos viven, influyen en
la biología
humana y se reflejan en dicho proceso, de esta manera el cuadro
de las principales causas de enfermedad y muerte que
enfrenta cada grupo social sufre variaciones por la influencia
del contexto social, hoy es mayor la necesidad de enfocar ambos
aspectos (influencia del hombre y la sociedad en el medio natural
y a la inversa) (Guadarrama, et.al., 1991: 44-58).
Muchas sexoservidoras narran su inserción en el
sexoservicio de manera forzada, en la que una forma de
iniciación es la violación por sus proxenetas
quienes además las inducen al consumo de drogas y
posteriormente las hacen depender de ellos al ser sus proveedores;
ya en el ejercicio del sexoservicio pueden ser obligadas por el
cliente/usuario a realizar actos que no desean o que no fueron
pactados, a lo que hay que agregar las posibles agresiones
policíacas para su extorsión. Este contexto de
violencia y la
percepción de posibles riesgos a la salud e inseguridad
generan depresión, ideación e intento de suicidio,
además de las lesiones por traumatismos y heridas,
así como el riesgo permanente y consumado del homicidio.
El abuso de los estupefacientes, además del peligro de
adicción que crea, también arroja consecuencias
para la salud sexual, puesto que está asociado con la
creciente asunción de riesgos (OPS, 2000: 6), entre ellos
la menor capacidad para negociar el uso del condón.
Aunque hemos mencionado los límites del enfoque
higienista, este ha tenido la virtud de documentar muchos de los
daños a la salud en las sexoservidoras. La Organización Panamericana de la Salud, OPS,
ha postulado que las ITS constituyen una amenaza particularmente
grave para las mujeres , pues la actividad sexual temprana y la
multiplicidad de parejas son factores de riesgo que se aplican a
mujeres envueltas en el sexoservicio; se ha comprobado que el
índice de ITS es más alto entre las sexoservidoras
que entre la población en general, el 60.8% de 997
sexoservidoras de la Ciudad de México resultó
seropositivo al virus tipo II del
herpes simple,
frente a un 29.3% de una muestra de
mujeres ajenas al sexoservicio (OPS, 2002: 7); se sabe que las
ITS bacterianas no tratadas como gonorrea y chlamydia pueden
complicarse y progresar a enfermedad pélvica que puede a
su vez provocar daños graves y permanentes como dolor
pélvico crónico, embarazos ectópicos y
esterilidad; también pueden verse en mayor riesgo de
cáncer cervical porque se encuentran expuestas al virus
del papiloma humano.
Según Hernández-Girón otros estudios
realizados en sexoservidoras, han mostrado diversas prevalencias
de ITS que hacen difícil establecer comparaciones entre
grupos, esto es atribuible a varios factores: las prevalencias de
ITS difieren según la región geográfica, las
formas de organización del comercio
sexual determinan el tipo de sexoservidoras y existen diferentes
técnicas que identifican diversos
marcadores de una misma infección
(Hernández-Girón 1998: 2). En Chihuahua se
reportó una prevalencia de Treponema pallidum en 10,5% de
133 sexoservidoras (Gallegos, 1993: 63, cit.pos.,
Hernández-Girón, 1998); mientras que en la Ciudad
de México se reportó una prevalencia de 6,6% en
2,918 sexoservidoras (Uribe, 1993: 76 cit.pos.,
Hernández-Girón, 1998); por su parte un centro de
CONASIDA reportó una prevalencia de 2,3% en 482
sexoservidoras (Juárez 1992, cit.pos.,
Hernández-Girón, 1998). Estos dos últimos
resultados son similares a la prevalencia obtenida en el estudio
de Hernández-Girón, lo que sostiene que existe una
prevalencia media-baja de este marcador serológico (T.
pallidum) en sexoservidoras de la ciudad de México,
utilizando las mismas técnicas de laboratorio.
Sin embargo, esta prevalencia sigue siendo mayor a la encontrada
en mujeres de población general; por ejemplo, en Puebla
durante 1987 se reportó una prevalencia de 1,17% en 1,362
donadores de sangre
(López, M. 1987: 219) y en 1994 se reportó una
prevalencia de 2,5% en 389 mujeres que acudieron a consulta
externa en Cuernavaca Morelos (Zamilpa, 1994: 14, cit.pos.,
Hernández-Girón, 1998).
La importancia de resaltar la prevalencia de sífilis es
que la presencia de esta infección facilita la
infección de otras ITS como el VIH (Nakashima, 1992: 1132,
cit.pos., Hernández-Girón, 1998), en general se
trata de una población joven (media 29.2 años) con
un promedio de 5 años de antigüedad en el trabajo y 7
clientes por
semana; similares resultados se han obtenido en muestras de
sexoservidoras estudiadas en otros países; por ejemplo, en
Australia la media de edad de 231 mujeres fue 28.3 años,
en Bélgica 154 mujeres tuvieron una media de edad, de
antigüedad en el trabajo y de clientes en la última
semana de 34,5 años, 7,1 años y 14 clientes,
respectivamente. Estos resultados permiten identificar a un
subgrupo de sexoservidoras con mayor probabilidad de
presentar marcadores serológicos positivos para
sífilis: mujeres que trabajaban en puntos de calle (8
veces más), analfabetas (4 veces más) y quienes
tenían una antigüedad en el trabajo mayor a 6
años (4 veces más) (Hernández-Girón,
1998: 7).
Ciertos factores biológicos colocan a las mujeres en un
riesgo más alto de adquirir diversas enfermedades; esta mayor
vulnerabilidad biológica de la mujer se amplifica por su
condición social de subordinación sexual, lo cual
aumenta el riesgo de la mujer de exposición
a ITS y VIH/SIDA; al contrastar el riesgo de transmisión
del hombre a la mujer y viceversa, se ha calculado que el riesgo
de exposición en la mujer es hasta 2 a 5 veces más
alto que el del hombre (ONU, 1998). Los
hallazgos anteriores deben ser discutidos a la luz de otros
estudios que han concluido que la mayor transmisibilidad de ITS
en sexoservidoras se debe más que al número de
clientes, a ciertas prácticas de mayor riesgo como
drogadicción intravenosa, compañeros
sexuales infectados con alguna ITS, sexo anal y relaciones
sexuales sin condón (Gómez 1991: 181).
Varios factores sugieren que un alto porcentaje de
sexoservidoras, padecen problemas de salud graves y complicados,
cuentan con poco o ningún acceso a la atención de
salud u otros servicios sociales. Donde esos servicios se
encuentran disponibles, las sexoservidoras enfrentan barreras
casi insuperables para hacer uso de ellos. Algunas no
están autorizadas a salir de su "zona de trabajo", ni
siquiera para recibir atención de salud y las que tienen
libertad de salidas y entradas pueden ver su acceso entorpecido
por las barreras sociales (estigmatización) y el temor al
rechazo social de su trabajo. Por lo anterior, es posible que las
sexoservidoras no estén en condiciones de costear los
servicios y es improbable que tengan acceso a un seguro de salud
e, inclusive, si logran salvar estas barreras, es posible que no
reciban la atención que necesitan, ya que la
mayoría de los proveedores de atención de salud no
están capacitados para atender, sin prejuicios morales,
las particularidades de los problemas de salud de las
sexoservidoras.
6. El sexoservicio en
el Barrio de la Merced, Ciudad de
México.
El propósito fue conocer la forma en que las
organizaciones de sexoservidoras articulan sus acciones con las
instituciones gubernamentales que les compete. Los resultados
permiten identificar un conglomerado de organizaciones formales
muy diversas: 1) primarias (conformadas por sexoservidoras)
Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer "Elisa Martínez'',
A.C.; Humanos del Mundo Contra el Sida A.C.; y,
Mujeres por la Salud en lucha contra el Sida (Musa); 2)
secundarias (conformadas no necesariamente por sexoservidoras
pero cuyo trabajo social gira en torno al sexoservicio) Centro de
Atención Integral y Servicios (Cais) y el Instituto Pro
Infancia Y Juventud A.C.
(Centro Madre Antonia) y 3) sexoservidoras no asociadas o
"independientes" que en situaciones coyunturales se integran a
las labores sociales.
Al evaluar la información que de dichas organizaciones
tienen las sexoservidoras se puede identificar que existe un
estándar ideológico que hace referencia a dichas
organizaciones como orientadas a promover la salud y los derechos
de quienes se dedican al sexoservicio. En términos
organizativos, estos grupos sólo han podido superar de
manera parcial las relaciones jerarquizadas de poder, ya que en
las organizaciones primarias no se observa una eliminación
completa de la figura del lenón, que muchas veces se
mantiene o es sustituida por la de la lidereza de la
organización; por lo que no se puede concluir que a mayor
adscripción de sexoservidoras en organizaciones formales,
menores los casos de lenocinio, aunque tal hallazgo debe quedar
matizado por la dificultad que entraña la ausencia de
datos sobre el
número de afiliaciones por las implicaciones legales que
conlleva. Sin embargo, se ha podido comprobar que la figura del
lenón está encubierta por algunas organizaciones
civiles que, bajo la máscara de un apoyo
psicológico, sanitario y legal, obligan a que el delito se
desvanezca ante los ojos del Estado.
Respecto a las organizaciones secundarias (o de entorno), fue
hasta 1998, que la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (CDHDF) propuso la creación de un sitio
donde las sexoservidoras de este barrio recibieran diversos tipos
de servicios como asesoría legal, atención
médica, información sobre sus derechos y terapia
psicológica; esta intervención marcó una
distancia radical con las intervenciones previas que se
reducían al control
sanitario, aunque el proveedor no fue propiamente el Estado, sino
un organismo desconcentrado. Con el apoyo de la Asociación
para el Desarrollo Integral (APADI) y el Instituto Nacional de
las Mujeres (INM) se inauguró el Centro de Atención
Integral y Servicios (CAIS) que ofreció a las
sexoservidoras talleres en donde pudieran trabajar en aspectos
como revaloración personal y
autoestima,
lamentablemente la inadecuada administración de éste Centro y su
reducido alcance asistencialista causó su cierre, lo que
resultó en un detonante que agravó el conflicto
entre las organizaciones de sexoservidoras y las sexoservidoras
no asociadas.
Otra organización secundaria es el Instituto Pro
Infancia y Juventud, organización integrada por religiosas
"oblatas", con labores de asistencia espiritual enfocada,
según su propia denominación, a las "mujeres en
contexto de prostitución", sus estrategias se
basan en la caridad y la afiliación religiosa, el
acercamiento se realiza a través de los hijos que son
cuidados por las religiosas dando así un servicio de
guardería. Esta organización ha conseguido un gran
arraigo en el Barrio.
Una instancia gubernamental que mantiene una relación
muy estrecha tanto con las organizaciones primarias como
secundarias es el Inmujer del gobierno local de la Ciudad de
México cuyo programa incluye
"proyectos
especiales" de entre los cuales destaca el orientado a
Trabajadoras Sexuales; el objetivo
general es implementar acciones que impulsen la defensa de los
derechos de las sexoservidoras y evitar la violencia y discriminación hacia ellas, otros de sus
objetivos son
promover un mayor conocimiento
los derechos humanos, civiles, sexuales y reproductivos entre las
sexoservidoras; apoyar la atención integral a las mujeres
que se dedican a este trabajo a través de instituciones
sin fines de lucro y generar iniciativas de prevención
para mujeres en riesgo de explotación sexual comercial. La
importancia de esta organización radica en la posibilidad
de generar un mayor impacto en la resignificación social
de la sexoservidora al impulsar que conozca sus derechos, al
hacerla conciente de sus necesidades y generadora de demandas que
permitan mejorar sus condiciones de vida; sin embargo estas
medidas no contemplan la capacidad de respuesta a tales demandas
o el grado de interlocución que consigan estas mujeres
ante las instancias gubernamentales. Por otra parte existen
vacíos que debilitan tales propuestas, no es posible
garantizar el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos si no se cuenta con las condiciones materiales y
culturales para ello y hasta el momento sólo existe una
iniciativa de ley que no se ha
concretado; por otra parte, no se tiene un programa
específicamente identificable que nos hable de cómo
se pretende evitar la violencia y la discriminación. Cuando se habla de
"atención integral" se remite a la imagen de un CAIS
renovado que, al parecer, no ha encontrado la fórmula
adecuada para llegar a un consenso sobre las modalidades de
articulación de las sexoservidoras con el gobierno. Al
hablar "a través de instituciones sin fines de lucro"se
entiende que el Estado no asumirá plenamente el compromiso
de estas medidas y ante el desinterés obvio de los
particulares es claro que se mantendrá el asistencialismo
del modelo de las
Madres Oblatas. Por último, aún no se conocen
cuáles son las medidas específicas para la
protección de mujeres en "riesgo de" explotación
sexual comercial.
7. Conclusiones. Hacia una
política de salud para las
sexoservidoras.
Las sexoservidoras son mujeres que no desempeñan el rol
culturalmente aceptado, que ejercen una actividad
económica que contradice el predominio de la
acumulación capitalista, que tradicionalmente han sido
abordadas como un "riesgo" para su salud
pública ignorándose, la más de las
veces, las condiciones de inseguridad y vulnerabilidad sanitaria
en las que realiza su ocupación, omisión en la que
se olvidan sus necesidades. Tal circunstancia se ve agravada por
un contexto de reducción del Estado en materia de
política social, a lo que se agregan las medidas
neoliberales que orientan la reforma en salud y seguridad social,
la marginación y la pobreza, este conglomerado de
condicionantes revela además la parcialidad con que el
gobierno ha intervenido en el fenómeno y cuyas acciones se
caracterizan por ser asistenciales, reducidas, sin oferta de
opciones repitiendo enfoques higienistas que reproducen el
significado social punitivo hacia las sexoservidoras; lo anterior
no quiere decir que las medidas de supervisión médica no sean
necesarias sino que estas deben estar integradas a una
perspectiva de seguridad social más amplia que posibilite
la superación del estado que lleva a las mujeres a
insertarse en esta actividad.
Lo anterior, nos permite concluir que el retiro actual del
Estado en relación a las cuestiones sociales impide la
existencia de políticas públicas redistributivas
que haría posible un cambio en el enfoque de las
intervenciones orientadas a las sexoservidoras, por lo que un
primer paso debe ser la reivindicación de los modelos de
política social basados en el bienestar, que aunque
parciales, se basaron en la aspiración de la
ampliación paulatina de los derechos sociales. Las medidas
vigentes nos permiten afirmar que no existe una política
pública específicamente orientada al sexoservicio y
en consecuencia, que prevalece en el gobierno una
percepción de la sexoservidora como un sujeto sin derechos
lo cual continuará limitando la interlocución de
este grupo social. No obstante es de reconocerse un avance en la
materia que es la iniciativa de "ley del trabajo sexual"
aún sin aprobar y un "proyecto especial
para trabajadoras sexuales" (Morales y Rodríguez, 2003:
§ III.8), temporal y con escasos recursos, que
diseñó el Inmujer local. Pero también hay
rezagos, la limitada atención médica que
recibían las sexoservidoras prácticamente
desapareció al dejar de implementarse la
certificación sanitaria.
Para poder actuar sistemáticamente en el sexoservicio,
se necesita una reestructuración de orden cultural
orientado al "estigma social", éste sin duda es una de las
principales limitantes de las acciones gubernamentales, es cierto
que no se puede modificar fácilmente las visiones
predominantes de la sexualidad y
la mujer, pero se impone la necesidad de intervenir en un proceso
de desestigmatización social proveniente desde el Estado
mismo y fundamentado en el carácter laico y secular que
debe observar todo gobierno moderno. Al mismo tiempo deben
ofrecerse alternativas efectivas para que estas mujeres puedan
satisfacer sus necesidades y las de sus hijos, sin verse
restringidas a la única "opción" del sexoservicio;
esta tendencia se orientaría a que la sexoservidora pueda
contar con medios para generarse un ingreso suficiente, los
talleres de capacitación, la incorporación a la
educación formal, el acceso a guarderías y
modalidades de ahorro, así como la provisión de
servicios integrales de atención médica son apenas
el complemento.
El reconocimiento gubernamental de esta actividad hace posible
la disminución de las pugnas por el poder territorial y
clientelar de las organizaciones formales, se combatiría
el lenocinio y se disminuirían notablemente ciertos
daños a la salud de las sexoservidoras. Pero no se trata
de generar organizaciones gubernamentales de sexoservidoras, sino
de desarrollar una política social como espacio de
articulación entre ambos actores. Para articular las
relaciones entre gobierno y organizaciones se requiere atraer
hacia el ejercicio del poder público las atribuciones en
la provisión de los beneficios sin menoscabo de la
capacidad autorganizativa de las sexoservidoras, un buen punto de
partida son los puntos de común acuerdo entre ellas, por
ejemplo, la "construcción de la ciudadanía" donde la promoción de los derechos humanos, civiles,
sexuales y reproductivos son de vital importancia.
Finalmente, podemos proponer medidas que orienten una
política gubernamental que enfrente con mayores alcances
las necesidades en salud de las sexoservidoras. 1) Todas las
iniciativas al respecto deben derivarse de una perspectiva de
género para hacer frente a la discriminación y a la
estigmatización social. 2) Se deben establecer mecanismos
de consulta en los que se garantice la participación de
las sexoservidoras no asociadas e incluirlas junto con las
organizaciones en la toma de decisiones relativas al diseño,
aplicación, supervisión y evaluación
de las políticas y los programas. 3) Es preciso revisar el
marco jurídico y adecuar las leyes para garantizar el
ejercicio de los derechos humanos de las sexoservidoras y
asegurar la aplicación efectiva de la legislación.
4) Revisar y enmendar las leyes y combatir las prácticas,
según sea pertinente, que puedan contribuir a la
desconfianza de las sexoservidoras, como entidad de
explotación, extorsión y contubernio; entre otras
cosas promulgando leyes contra las prácticas que
contribuyen a ello y, aplicar leyes que protejan a las
sexoservidoras de abusos por parte de los clientes y la
autoridad. 5) Alentar a todos los sectores de la sociedad,
incluido el sector público, así como a las
organizaciones internacionales, a que en la formulación de
sus políticas se haga explícita la cobertura hacia
las sexoservidoras. 6) Otorgar capacitación especializada
a los encargados de adoptar decisiones y a quienes crean
opinión a todos los niveles de la comunidad,
incluidas las autoridades religiosas y tradicionales, sobre la
desestigmatización y la necesidad de prevención de
las diversas enfermedades y riesgos a la salud de las que son
victimas las sexoservidoras. 7) Impartir a todas las
sexoservidoras información y educación sobre la
prevención de las ITS y el VIH/SIDA, sobre el embarazo,
proveerlas de los recursos materiales para el sexo seguro y la
anticoncepción. 8) Prestar atención y tratamiento
médicos integrales y no exclusivamente los relacionados
con la salud reproductiva. 9) Otorgar servicio de estancias
infantiles. 10) Es fundamental que las sexoservidoras tengan
acceso tanto a información y educación, como a
recursos sociales y económicos que les permitan romper la
crisis económica vinculada con su explotación y
contexto de marginación, lo cual incluye vivienda y
programas de crédito, oportunidades de trabajo y
capacitación, sistemas de ahorro solidario y seguridad
alimenticia.
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Manuel Enrique Morales
José Ángel
Rodríguez
Licenciados en Política y Gestión Social.
Universidad Autónoma Metropolitana
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José Arturo Granados
Médico Cirujano, Maestro en Medicina
Social. Universidad Autónoma Metropolitana
(México).