Trayectoria de la Política Pública de Seguridad y Defensa

3. César Gaviria
   Trujillo

HIPÓTESIS:

La democracia
pretendió acabar con la violencia
ampliando los márgenes de participación ciudadana, en el Derecho al
control
político, en el contexto nacional, mientras que en la
arena internacional, una visión realista pone en
relevancia la caída práctica y, por ende,
teórica, del socialismo real,
que generó la distensión del conflicto Este
– Oeste, lo cual constituyó la búsqueda de
que los actores violentos se vieran deslegitimados por completo,
obligándolos indirectamente a negociar, sin olvidar que la
fuerza es
condición necesaria para que el diálogo
sea útil, pues, a través del diálogo y de la
construcción de una nueva Colombia que sea
incluyente de la diversidad se puede construir la paz, siempre
que se aplique el imperio democrático de la ley, pues, la
democracia es el único medio para plasmar las ideas, cuyo
Derecho tienen todos los ciudadanos que respetan la libertad del
pueblo, con lo cual puede considerarse que el orden a la
obediencias de las leyes, por parte
de todos, cancela la esclavitud de la
violencia.

1. CESAR GAVIRIA
TRUJILLO.

1.1 Contexto Nacional e
Internacional.

Las doctrinas de Seguridad y Defensa en el contexto
internacional, se han modificado paralelamente a los
acontecimientos que suscitan relaciones de poder. En el
escenario de la post-guerra
fría, el debate gira
alrededor de variados temas como el nuevo papel de la ONU, la Rusia
post-soviética, la autodeterminación de los
pueblos, la guerra
antiterrorista, el fundamentalismo islámico y el papel de
la seguridad nacional como una doctrina. Igualmente, se alteran
las relaciones de poder, la forma como ellas se perciben en todas
las latitudes, en un mundo que ha dejado la bipolaridad a un
lado.

El papel de la ONU, entendido como organismo de
mediación, e intervención, en los conflictos
bélicos, así como su humanitaria misión de
ayuda en sectores distintos del militar, desembocó en
cuestionamientos como: ¿En realidad la ONU es efectiva?
¿Debe tener mayor autonomía y debe dejar de
depender de los Estados? ¿Ha de constituirse en un futuro
como un gobierno mundial? Estos debates tienden a plantear el
cambio de las
relaciones de poder al interior de la ONU, que debía
reflejarse en su accionar externo; y a repensar su funcionamiento
administrativo y político, pues los conflictos
interestatales son mínimos, mientras que el tema
más preocupante, para la época
postsoviética, hacen referencia a los Conflictos
Intraestatales.

Del mismo modo, se pensó que debía
ampliarse el número de miembros del Consejo de Seguridad,
e incluir a países como Brasil,
Sudáfrica e India, o, por
el contrario, hacer que entidades supranacionales (UE, OEA, OUA, CEI)
tengan voz y voto en dicho consejo.

Los discursos
sobre "seguridad colectiva", entendido este término como
sinónimo de seguridad internacional, se debaten dentro de
la posición de no injerencia y soberanía versus injerencia en la
búsqueda de un equilibrio.

Siguiendo con esta reflexión, se hace muestra, con
vasto margen de credulidad, la relación entre el Principio
de Autodeterminación de los pueblos y la seguridad
colectiva, ello no en contraposición al Principio de la
Nacionalidad.
Es decir, con la derrota del socialismo real proliferaron,
en este nuevo mundo, toda una serie de nacionalismo,
etnias, religiones, y
en fin cualquier cantidad de culturas, que habían estado
subyugadas por los regímenes socialistas. Aún
cuando estas culturas lograron constituir sus propios Estados
Nacionales, ello no fue óbice para que muchas naciones
quedaran en el intermedio de las fronteras internacionales. Junto
con ello, éstas Naciones fueron objeto de múltiples
ataques, denominados limpieza étnica, lo cual genera
inestabilidad y conflictos potenciales. Con todos los nacientes
Estados, que llegan a un número aproximado de 200, se
evidencia una proliferación de sistemas
políticos, que en su interior no han logrado consolidarse.
El debate sobre la Autodeterminación no propone que cada
nación
cree su propio Estado, sino que se garanticen los derechos democráticos
de las minorías étnicas dentro de cada sistema
político.

Estos debates hacen referencia, de manera directa e
indirecta, a la Tercera Ola Democratizadora que se vivió,
no sólo en los países que se liberaron del
socialismo, sino también en otras latitudes como Latinoamérica. Así, puede citarse el
caso Colombiano, en el cual se habían frustrado las
reformas constitucionales desde 1971, y el espíritu, que
residía en la población, de que se realizara la Reforma
Política e Institucional, a través de la Reforma
Constitucional, no constituía sino el firme deseo de
ampliar la democracia y la participación
política.

Pues, luego de la reinserción de grupos
guerrilleros, en el periodo del Presidente Virgilio Barco Vargas,
la hipótesis de democratizar para luchar
contra la violencia asumió una nueva vitalidad en
distintas arenas como la política y
académica.

Dentro del tema de Seguridad y Defensa, dentro del
contexto nacional, se planteaba la "falta de un manejo integrado
en los asuntos de seguridad", en tratándose de temas tan
variados como las finanzas
públicas, el medio
ambiente, o la relación de coordinación entre los distintos organismos
gubernamentales.

1.2 Programas de los
Candidatos.

1.3 Discurso de
Posesión de Cesar Gaviria Trujillo y Estrategia
Nacional contra la Violencia.

Dentro de este periodo las §1. Amenazas, Riesgos
y Vulnerabilidades se sustentan, más que en el
Plan Nacional
de Desarrollo, en
la Estrategia Nacional contra la Violencia, ello en razón
a que en el primer documento no se evidencia alguna referencia al
tema de la política de seguridad y defensa, tan
sólo se proyectan la medidas que deben adoptarse para
lograr que el país tenga una "economía más
eficiente y productiva".

Tal vez, puede pensarse, que la relación
existente entre la política de Seguridad y Defensa con los
objetivos del
Plan Nacional de Desarrollo: "La Revolución
Pacífica", se relacionan en la eventual protección
de las obras de infraestructura de transporte y
de extensión de los servicios
públicos domiciliarios, para efecto de que la
política de apertura comercial sea exitosa.

Ahora bien, puede indicarse que las amenazas, riesgos y
vulnerabilidades atentan contra las bases, valores y
principios
tutelares de la sociedad, la
democracia y la libertad, pues, aquellos problemas se
considerar claramente contrarios a las disposiciones
constitucionales de la Carta de
1886.

Dichas amenazas y vulnerabilidades pueden
señalarse de manera elucidante, según se adapten a
los siguientes factores o condiciones de violencia: (1) la
impunidad, (2)
las manifestaciones violentas manadas de "factores estructurales
de tipo socioeconómico o sociopolítico", (3) la
intimidación y la violación de los derechos humanos,
(4) el bajo o inexistente "cubrimiento institucional del Estado",
(5) la suplantación ilegítima de las funciones
estatales, (6) la falta de seguridad pública según
las condiciones de cada región, (7) la necesidad de
preservar la paz en "zonas tradicionalmente pacíficas",
(8) la cultura de
intolerancia que deriva en la necesidad de promover canales de
convivencia democráticos, (9) la necesidad de prevenir "la
extensión de los conflictos" tanto cuantitativa como
cualitativamente, (10) considerar a la guerrilla como
obstáculo real para la consolidación del "proceso
democrático colombiano", (11) el accionar de los grupos
armados que ha "recurrido al terrorismo y a métodos
semejantes a los de la delincuencia",
(12) la resolución
de conflictos políticos por medio violentos y no
democráticos, (13) el incremento de la guerrilla en la
participación de delitos como secuestro y
extorsión, (14) la falta de un manejo integrado en los
asuntos de seguridad y, por último, pueden indicarse
algunos hechos que manifiestan la amenaza a la seguridad, como
son: (15) la voladura de oleoductos y puentes, así como el
daño a
las carreteras, (16) se han quemado, violentado y dañado
los bienes de
pequeños propietarios, empresarios medianos y
transportadores, (17) se han volador torres de transmisión
y suministro de energía
eléctrica, (18) se han contaminado los ríos,
(19) se ha derramado petróleo en las cuencas
hidrográficas por atentados terroristas, (20) se
acabó con la vida de "seis niños
patrulleros que colaboraban en la
organización de una carrera de bicicletas, y (21) las
bombas y el
sabotaje destruyen a "los pobres y los empobrecen
más".

Estos factores cualitativos de violencia, aún
cuando patentizan una realidad, pueden verse más
clarificados cuantitativamente. En el cuadro Nº 1 se
identifican las regiones más afectadas en homicidios en
los años 1989 y 1990; en el cuadro Nº 2 se
identifican los delitos contra la vida e integridad personal de los
años 1989 y 1990; en el cuadro Nº 3 se identifican
las acciones armadas de la Guerrilla (Farc y Eln) para los
años 1989 y 1990; finalmente, en el cuadro Nº 3 se
identifican los índices de secuestro para 1989 y
1990.

Fuente Cuadro Nº 4: DIJIN, citado por la Estrategia
Nacional contra la Violencia Pp. 41.

Por último, puede mencionarse que las muertes por
razones políticas
presentan un total de 3.760 para el año de 1991, "cifra
que está por encima del promedio de 3.500 de los cuatro
años anteriores."

Por esta vía es menester adentrarnos en el
§2. Tamaño y Complejidad del Problema, pues,
éste puede hallarse inmerso en varios ámbitos, en
primer lugar, en el sentimiento colectivo de los ciudadanos,
pues, "hay colombianos que piensan que existe una violencia
justificable, o que al oponerse a un tipo de violencia que
consideran indeseable, toleran otra", y, en segundo lugar, en la
práctica de la defensa de la democracia, pues, "en
Colombia hay unos diez mil asentamientos humanos. Durante los
periodos electorales se cubren cerca de 3 mil. Y lo mismo sucede
con la presencia de las autoridades civiles o con los servicios
mínimos del Estado."

Vistas así las cosas, el contexto nacional fue
influenciado por el internacional a partir de varios
ámbitos, los cuales se sustentan en que: (1) la "lucha
armada ha caído en evidente obsolescencia", (2) el proceso
de democratización colombiana, que desemboco en la
creación de la Asamblea Nacional Constituyente y posterior
entrada en vigencia de la Constitución Política, ponen en
evidencia la fragilidad de explicar la violencia por las
"supuestas deficiencias del régimen democrático",
en (3) lugar, la "descentralización política" y
administrativa, plasmada en la Constitución del 91,
permite espacios nuevos de participación ciudadana,
así como redefine los derechos de 1. y 2.
generación, y, por primera vez, se consignan los Derechos
de Tercera Generación.

Es decir, la complejidad del problema se da en el
sentimiento colectivo de los colombianos que toleran algún
margen de violencia indeseable, en la situación
fáctica que no permite cubrir todos los asentamientos
humanos en el país y, por último, el hecho de que
ya no existe razón suficiente para la lucha armada, ni
teórico, ni práctico, pues, es impensable que la
guerrilla pudiera tomarse el
poder.

Ahora bien, no sólo las amenazas, riesgos y
vulnerabilidades son factores que influyen en el §3.
Ingreso de la Política a la Agenda Pública, en
tanto, que existen otros elementos como son: en primer lugar, el
contexto internacional, tanto en sus cambio reales como en la
variación de los discursos, representados, en este orden,
por: las "grandes transformaciones políticas en el mundo
socialista", la defensa de principios esenciales de convivencia
pacífica, definidos en aras de "la libre
determinación de los pueblos, la no injerencia en asuntos
internos de otros Estados, los instrumentos de solución
pacífica de conflictos y el pluralismo político" y
la creciente relevancia entre el diálogo Norte-Sur a
raíz de la distensión en el conflicto
Este-Oeste.

En segundo lugar, la instauración de la Asamblea
Nacional Constituyente permitió que se ampliara la
democracia en Colombia, permitiendo una serie de mecanismos de
participación ciudadana que hacen inaceptable las
vías de hecho, y, en tercer lugar, el cambio del concepto de
seguridad, pues, la defensa de la nación
no debe recaer sólo en la Fuerza Pública, por el
contrario, debe existir una coordinación entre las
autoridades civiles y militares, pues, la harmonía en los
estamentos del Estado mejora las condiciones de seguridad del
país.

En la formulación de la política
pública se encuentran relacionados distintos §4.
Actores, como son los gobernadores, intendentes, comisarios,
alcaldes y jefes de policía en el nivel local deben actuar
por intermedio de los Consejos Seccionales de Seguridad, lo cual
les exige una coordinación en todas sus funciones
tendientes a mitigar las amenazas latentes.

También debe existir coordinación entre:
El Ministerio de Gobierno, Gobernadores, Alcaldes, Ministerio de
Defensa, Agricultura,
Minas y Energía, Educación, Comunicaciones, Obras Públicas, y la
Consejería Comunicaciones. Además de la Guerrilla
(Nacional) con grupos como las FARC y el ELN; Estos grupos
guerrilleros sustentan algunas posiciones, relativas a la
instauración de la Asamblea Nacional Constituyente, pues,
asumen que quienes conformen dicha Asamblea, aunque
existía una mínima posibilidad de que los grupos
guerrilleros pudieran hacer parte en ella, deben "derogar lo
viejo" para solucionar la crisis
política. Es decir, lo que se evidencia de las FARC es el
deseo de que se cambie la constitución y, con ella, las
instituciones políticas, pero no se evidencia un
compromiso serio en la búsqueda de la Paz, ni en la
reinserción.

Siguiendo este orden de ideas, puede indicarse que la
§5. Población Objeto, relativa a quienes se
benefician, se refiere a: las "organizaciones
cívicas y la comunidad en
general", a los ciudadanos en especial las capas más
pobres de la población, los "entes locales y seccionales",
y se beneficia las personas en la protección de su
libertad.

Finalizando este acápite, puede señalarse
las §6. Alternativas de Respuesta a la
problemática se enmarca en variadas posibilidades que
están todas concatenadas. En primer lugar, se pensó
que las reformas políticas eran la alternativa más
clara para poner fin a "graves crisis sociales y políticas
caracterizadas por una alta presencia de formas violentas", en
segundo lugar, las alternativas se situaban en considerar: (1) si
el Estado asumía la seguridad de la nación, o (2)
si quien debía encargarse de la seguridad eran los entes
territoriales, pues, la seguridad tenía particularidades
regionales, o (3) si se debían conjugar los esfuerzos
entre el Estados y los Entes Territoriales, así como entre
las autoridades civiles y militares para alcanzar mayores grados
de seguridad. Fue evidente que, en el Gobierno del Presidente
César Gaviria, se adoptó ésta
última.

Ello se evidencia cuando se establece: a) la
estimulación de la participación ciudadana en los
planes que atañen a la seguridad de los departamentos, b)
el fortalecimiento institucional en ámbitos de Justicia,
Fuerza Pública, Derechos Humanos, rehabilitación
social y económica. c) el objetivo de
evitar la duplicidad de esfuerzos y lograr una
coordinación de los organismos encargados de la seguridad,
y d) un instrumento, paralelo a la Estrategia Nacional contra la
Violencia, como es el Plan Nacional de Rehabilitación que
se fundamenta en la resolución pacífica y
democrática de conflictos, y en la presencia del Estado en
zonas alejadas.

Edgar Eduardo Manrique Muñoz

Trabajo Presentado al Curso de Políticas
Públicas de la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad
Nacional de Colombia.