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Análisis político de la reelección desde un enfoque neoinstitucional




Enviado por alvarojbenedetti



    1. El concepto de
      Gubernamentalidad, a la luz de la aspiración
      reeleccionista del actual mandatario
    2. Orientaciones del New
      public management,
      frente a las líneas de
      continuidad en el ideario de Uribe
      Vélez
    3. La reelección
      presidencial desde una mirada
      Neoinstitucional
    4. Los Grupos de Presión y
      su influencia en el debate reelectoral
    5. Aspectos claves de la
      legitimidad ante el debate
    6. Conclusiones
    7. Bibliografía

    Introducción

    El debate
    más relevante en la actualidad política colombiana,
    gira en torno a la
    posible reforma constitucional, según la cual el primer
    mandatario, jefe de Estado y
    suprema autoridad
    administrativa, Álvaro Uribe Vélez puede
    eventualmente ser reelegido de manera inmediata –o en
    periodos no consecutivos- posterior de su periodo presidencial
    que culmina en el año 2006. Sin embargo, la fórmula
    reelectoral que de manera legal y legítima se ha
    instaurado constitucionalmente en otros países, cuyo
    régimen político se fundamenta en valores
    democráticos, se intenta institucionalizar por primera vez
    en la historia
    reciente de Colombia para la
    contienda electoral del próximo año Los promotores
    de esta iniciativa aducen, a favor del gobierno, altos
    niveles de legitimidad en términos jurídicos y de
    popularidad, además de un compromiso
    eficiente con la gestión
    administrativa, y responsabilidad
    social frente a los problemas que
    la coyuntura le muestra a la
    sociedad civil
    colombiana.

    Entre estos problemas se encuentra el conflicto
    armado -sobre el cual el ideario retórico y
    simbólico del presidente, se encarga de calificarlo como
    terrorismo,
    según la doctrina de Seguridad Global
    liderada por Estados Unidos-,
    y otros como la lucha contra el narcotráfico y la recuperación de la
    soberanía del Estado sobre el
    territorio.

    En este marco la esfera pública estatal y la
    esfera pública societal entendidas como la relación
    Estado- Sociedad, se
    encuentran actualmente divididas en su interior, a causa de dicho
    proyecto de
    ley presentado
    por un amplio grupo de
    parlamentarios de la llamada 'bancada uribista'.Esta iniciativa
    tiene como objetivo
    central cambiar el artículo 190 de la Constitución Colombiana, artículo
    que promulga que el presidente de la republica, será
    elegido por un periodo de cuatro años y permitir que los
    presidentes de la República puedan competir por su
    reelección inmediata estando en el desempeño de su cargo.

    De esta forma, haciendo caso a los paradigmas
    teóricos del neoinstitucionalismo, la administración
    pública y la legitimidad dual, se intentarán
    explicar los principales ejes conceptuales y temáticos
    sobre los que se mueve este proyecto de reforma constitucional.
    Asimismo, mirar cómo esta alteración en el
    régimen político se inserta dentro del modelo de
    Estado requerido, en aras de buscar productividad,
    eficiencia y
    eficacia en la
    construcción de las policys y el
    ejercicio de las politics.

    El concepto de
    Gubernamentalidad, a la luz de la
    aspiración reeleccionista del actual
    mandatario

    Sin duda alguna, lo relativo a la administración pública y control estatal,
    es uno de los puntos álgidos dentro en la gestión
    de Uribe Vélez en la presidencia colombiana; esta idea que
    se estructura
    dentro de la línea del Estado Comunitario y que tiene como
    objetivos
    brindar seguridad democrática, distribuir equitativamente
    el crecimiento y renovar el Estado,
    busca en este orden de ideas, reconciliar al ciudadano con sus
    instituciones
    y volver a darle legitimidad a la figura del gobernante como
    sujeto capaz de enfrentar las amenazas, y como garante del
    bienestar común. El gobierno Uribe llegó con el
    convencimiento de la necesidad de introducir cambios de
    importancia relacionados con el crecimiento desordenado del gasto
    público, la inseguridad
    expresada en violencia, el
    narcotráfico y la agudización del conflicto social.
    En tal sentido, la Seguridad Democrática es el punto focal
    del programa del
    presidente Uribe y con ella se intentó devolver la
    confianza para muchos colombianos.

    No obstante lo sublime de dicho manifiesto, es
    importante mirar sobre qué bases conceptuales se soporta
    todo este ideario político sembrado –inicialmente
    desde la campaña, y desde el año 2002 en el cargo-
    por el presidente actual de Colombia. Asunto para cuyo análisis se tendrá en cuenta
    específicamente el concepto de gubernamentalidad
    (Foucault, 1978),
    entendiendo por tal al conjunto de instituciones, procedimientos,
    análisis, reflexiones, cálculos y tácticas
    que permiten ejercer esta forma de poder que
    tiene por objetivo la población.

    De algún modo, podría decirse que en la
    sociedad moderna las relaciones de poder se han desarrollado bajo
    el creciente control del Estado: a través del sistema
    pedagógico, judicial, económico o familiar, y
    así las instituciones formando nuestra subjetividad fueron
    definiendo el campo de nuestras acciones:
    buenos contra malos; sensatos contra dementes; hombres contra
    mujeres; incompetentes contra capaces, etc.

    Así las cosas, y siendo un poco fieles de
    tradición política en occidente, se pueden
    señalar los puntos relativos a la definición misma
    que se entiende por el gobierno del Estado, lo que
    llamaríamos, el gobierno bajo su forma política.
    Para ello lo más sencillo sería ciertamente
    situarnos al texto que,
    desde el siglo XVI, no ha dejado de constituir, para esa literatura del gobierno, una
    especie de punto de inflexión con relación al cual,
    por solicitud o por rechazo, se sitúa el lenguaje
    del gobierno: este texto es El príncipe de Maquiavelo.

    Esta literatura consagra como principio y como corolario
    un imperativo: que el objetivo del ejercicio del poder es
    necesariamente, mantener, reforzar y proteger el "principado",
    (…) este principado, como relación del
    príncipe con sus súbditos y con su territorio, o
    fundamentalmente, el territorio y sus
    habitantes.

    Al mismo tiempo, el
    libro de
    Maquiavelo trae consigo dos aspectos a modo de análisis
    que vale la pena contrastar con la noción de
    gubernamentalidad y, por supuesto, con el ejercicio
    político del presidente de Colombia. Por una parte, se
    tratan de identificar los peligros a los que el territorio se ve
    expuesto: de dónde vienen, en qué consisten,
    cuál es su intensidad comparada, cuál es el mayor y
    asimismo, cuál es el más
    débil.

    Y en segundo lugar; se trata de determinar un arte de manipular
    las relaciones de fuerzas, que van a permitir al príncipe
    actuar de modo tal que su principado, como vínculo con sus
    súbditos y con su territorio, pueda estar protegido. Y es
    justamente en lo último, donde se permite entrar a mirar
    la aspiración reeleccionista del actual mandatario, la
    cual se explica por la actitud
    mesiánica encontrada en el análisis de su discurso; de
    mismo modo, el talante de ‘mano dura’, que se
    alimenta constantemente de un maniqueísmo promovido en sus
    albores por la idea del terrorismo y la amenaza constante a la
    institucionalidad del Estado.

    Esta situación es la que conduce a que la
    población se convenza del personaje que tiene en frente, y
    de esta forma le confiera legitimidad en términos de
    popularidad o respaldo a las decisiones, y en términos
    jurídicos desde la concepción de Estado de
    Derecho.

    Es así, como el objeto de la
    gubernamentalidad toma fuerza y se
    orienta bajo la recopilación, de lo anteriormente dicho, y
    lo que desde Foucault son las competencias del
    Estado en su conjunto. Estas razones son: primero, lo que se
    podría llamar el nivel territorial del Estado, es decir de
    soberanía territorial; en segundo lugar, lo concerniente
    al Estado administrativo, o lo referente a la economía; y tercero,
    el Estado gubernamental, que se sustenta en la idea del buen
    gobierno. En términos generales la forma como el poder
    guía la conducta de los
    individuos y la moderna racionalidad que demanda que
    todos y cada uno sean manejados, es en pocas palabras, lo
    Foucault denomina Gubernamentalidad, entendido por un lado
    como el "arte de gobierno", y segundo, como la
    concepción de que "gobernar es estructurar el campo de
    lo posible en acción
    de otros.
    " (Foucault 1992:314).

    Ahora bien, ¿de qué forma
    entenderíamos esta esencia de la gubernamentalidad
    foucaultiana, frente a lo que significa la pretensión
    reeleccionista del gobierno Uribe Vélez? En esencia la
    respuesta es sencilla, y se podría resumir en tres fases,
    que justamente como se mencionaba en los primeros
    párrafos, son lo que para Foucault serían los
    deberes de un buen gobernante. En primera instancia, está
    el control sobre la territorialidad del país;
    situación que se evidencia con la presencia de la fuerza
    pública en las zonas de conflicto, o en palabras comunes
    todo lo que desde la seguridad democrática se ha ideado y
    profundizado con la ayuda internacional.

    Por ejemplo, este gobierno le dio continuidad al
    Plan Colombia
    -actualmente extendido al Plan Patriota-, que es una estrategia
    decisivamente de ayuda militar al gobierno colombiano, cuyo
    propósito declarado es el contribuir al desarrollo de
    Colombia a través de la lucha contra el
    narcotráfico. Según el Plan, Estados Unidos se
    compromete a ofrecer grandes sumas de dinero en
    ayuda militar a Colombia para la lucha antisubversiva.

    Sin embargo, esta situación ha conducido y
    seguirá llevando al agudizamiento de la guerra interna
    en Colombia; el incremento de las violaciones a los derechos humanos
    (ya que el equipo militar proveído por Estados Unidos ha
    sido utilizado en masacres de civiles) y el desplazamiento
    forzado de miles de personas.

    En segundo lugar, se encuentra la necesidad de afianzar
    una economía fuerte, no sólo desde el interior del
    país, sino también creando vínculos
    comerciales con otros países; muy específicamente
    para este gobierno la negociación del TLC con
    Estados Unidos. Y es que a fin de cuentas, Estados
    Unidos fue históricamente el mayor socio comercial de
    Colombia. Consecuentemente con todos estos aspectos y
    después de diversas gestiones, el Presidente Alvaro Uribe
    Vélez realizó una visita a su homólogo
    norteamericano George Bush en abril de 2003, en la cual
    solicitó al gobierno de los Estados Unidos considerar una
    negociación comercial bilateral, bien fuera con Colombia
    independientemente, o con los países andinos en
    conjunto.

    Lo lamentable aquí, es que en términos de
    competitividad
    Colombia no está preparada para una negociación de
    tal envergadura; como se aduce coloquialmente, ‘primero
    se debe ordenar la casa, para después
    mostrarla’
    , y esto es justamente lo que no hace el
    gobierno actual.

    Si bien es cierto se ha hecho un esfuerzo por retomar el
    control del orden público en todo el territorio nacional
    en materia de
    vigilancia y garantías a la inversión, en temas como el mejoramiento a
    la infraestructura vial, o las políticas
    de subsidios al agro, etc., la política del gobierno se
    queda corta. Todas estas medidas en aras de abandonar la pobreza y la
    inequidad, resultan negativas, no sólo por perjudicar
    lógicamente a los más necesitados, sino por afectar
    los círculos de la economía nacional.
    Irónicamente la región del país que
    eventualmente se vería mas beneficiada por al
    negociación del TLC, Antioquia, es la zona nacional donde
    más empresarios apoyan la reelección presidencial
    inmediata, mientras que en la mayoría de regiones
    nacionales, los círculos económicos muestran su
    desacuerdo por futuras repercusiones negativas a su mercado.

    Finalmente como tercer escenario, se encuentra lo que se
    podría denominar la dinámica política con la que el
    gobierno central quiso afrontar la responsabilidad de gobernar en el periodo de 2002
    al 2006. Aspectos entre los que se encuentran por ejemplo, el
    ‘impulso’ retórico de "trabajar, trabajar y
    trabajar
    " -dado desde la campaña por el candidato
    Uribe-, pero más concretamente lo referido a los consejos
    comunales que semanalmente el presidente realiza en todas las
    regiones del país. Precisamente, los consejos comunitarios
    fueron concebidos, según el gobierno, como una forma
    revolucionaria de gobernar, donde se derrumba la
    intermediación política tradicional y nace un
    vínculo directo y estrecho entre comunidad y
    gobernante.

    En el papel, los consejos materializan una nueva (o por
    lo menos muy olvidada) concepción del Estado, "donde la
    comunidad debe ser la única razón de ser del
    gobierno y el único propósito de su trabajo y
    esfuerzo. En efecto, los consejos comunales son el eje central
    del Estado Comunitario, el Estado que cuida, protege y escucha
    permanentemente a la comunidad"
    . No cabe duda que Colombia
    padece los problemas de un Estado que aún no ha sabido
    consolidar su poder: una falta de confianza en la capacidad de
    sus fuerzas armadas, policía y sistema judicial hacia
    garantizar la permanencia del orden y la seguridad; una crisis de
    credibilidad en los distintos niveles y en las varias instancias
    de gobierno; y corrupción
    en la conducta de los sectores público y
    privado.

    Es de tal forma que los escenarios desarrollados por el
    presidente y su equipo de gobierno, a la luz de una correcta
    administración pública, generan
    lazos de pertenencia entre el gobernante y los gobernados,
    además relaciones de exterioridad, trascendencia y
    unión entre el ejercicio de gobierno, las estructuras y
    la función
    gubernativa.

    No obstante, hay que decir que por desgracia estos
    consejos comunitarios han sido la herramienta por medio de la
    cual el presidente y su equipo de gobierno han incurrido en
    ilegalmente en política, a la espera de un trámite
    en el Congreso y un posterior fallo de la Corte Constitucional en
    favor de la reelección inmediata.

    Esta situación, en un país que confunde
    democracia con
    elecciones, podría ser plausible si existiesen por un lado
    garantías a la oposición, y por otro, reglas de
    juego claras.
    Pero lo real aquí es que no se da ni lo uno ni lo otro,
    simplemente lo que se presenta es una clara manipulación
    de la información por parte del gobierno, y una
    utilización indebida de la ‘maquinaria’ y los
    recursos del
    Estado, en beneficio de intereses personalistas y sectoriales. En
    otras palabras, un proyecto de nación
    concebido exclusivamente a partir de los intereses de un
    pequeño grupo de personas, llevando al traste lo ideales
    que simbolizan todo lo anterior en materia del buen gobierno
    responsable y que responde a las necesidades del
    pueblo.

    Así pues, se podría decir que el
    autoritarismo presidencial no da su brazo a torcer, y ahora ha
    reaccionado para en su lugar proponer el modelo de Estado
    Comunitario en busca de tratar la cuestión local y
    regional. La primera avanzada de este proyecto es
    vico militar,
    a través de la seguridad que reclama la ubicuidad militar
    y que se complementa con la estrategia de los consejos comunales,
    donde el presidente gobierna por un día sin
    mediación de los gobiernos locales, exigiendo cuentas de
    éstos -menos en materia de orden público-, porque
    está responsabilidad reside de manera exclusiva en el
    presidente.

    De esta forma, la reelección presidencial
    inmediata del presidente Álvaro Uribe se consolida, a
    opinión de sus partidarios, como la forma perfecta de
    llevar a cabo todas estas perspectivas de mejoramiento y
    modernización lideradas por el presidente, que para el
    país son absolutamente convenientes.

    Orientaciones
    del New public management, frente a las líneas de
    continuidad en el ideario de Uribe Vélez

    Otro de los aspectos que estimulan el análisis de
    gobierno del presidente Uribe y su intensión de prologar
    su mandato, es el impacto, que sobre este tipo de decisiones,
    tiene el concierto internacional con el modelo neoliberal y las
    políticas de New public management.
    Pragmáticamente, el proyecto político y
    económico que han seguido la mayoría de
    países latinoamericanos, desde mediados de los años
    ochenta -y Colombia desde los noventa con el ascenso al gobierno
    de César Gaviria con el nuevo liberalismo-,
    es una propuesta de sociedad que conlleva supuestos
    políticos e ideológicos, sustentados en el
    planteamiento que señala, entre otras cosas, que para una
    adecuada gerencia
    pública, es imprescindible la libre actuación de
    las fuerzas del mercado. Por lo que la apertura de los mercados
    nacionales, los procesos de
    privatización, la desregulación
    económica (o descentralización) y la reforma del Estado,
    se transforman en los principios
    básicos para lograr insertarse en esta dinámica de
    crecimiento y modernización. Muy específicamente
    para este trabajo, en donde se han mostrado elementos que son
    inherentes a la aspiración reeleccionista de Uribe
    Vélez, se tratará el aspecto concerniente a la
    acuciosa intención mantener una línea de
    continuidad en los proyectos;
    elemento tal, que se ubica en el marco de los postulados
    neoliberales, y que de forma sutil fue consignado dentro del
    manifiesto democrático, que durante la campaña, el
    actual presidente utilizó como argumento
    político.

    Justamente esta contemplación, se encuentra
    redactada en el punto 98 de dicho manifiesto, cuando Uribe
    Vélez textualmente afirma:"(…) insistiré
    que el País necesita líneas estratégicas de
    continuidad; una coalición de largo plazo que las ejecute
    porque un Presidente en cuatro años no resuelve la
    totalidad de los complejos problemas nacionales (…)
    ";
    del mismo modo justifica que materializando estos ideales se va
    luchar contra la corrupción y la politiquería;
    mecanismos que son considerados por el mismo presidente, como
    formas demagógicas de expresión política, y
    por ende deben ser erradicadas del proyecto de Estado
    colombiano.

    Pero en últimas lo que aquí interesa
    determinar, es que indirectamente en aquel momento, el candidato
    Uribe empezaba a vislumbrar su intención de acceder a un
    nuevo periodo presidencial (consecutivo), sustentando que su
    plataforma política se fundamentaría por un lado,
    en los valores de
    la democracia –que invitan a pensar en la transparencia y
    la administración a favor de la ciudadanía-, y por otro lado en los
    fundamentos del nuevo manejo público, que apoyan la idea
    de la continuidad en pro de la eficiencia y la eficacia, y de
    eliminar los factores que ponen en riesgo la
    gobernabilidad (corrupción y politiquería), a fin
    de seguir los lineamientos de procesos políticos
    consecuentes, como se ya se dijo, a largo en favor de la sociedad
    civil.

    La
    reelección presidencial desde una mirada
    Neoinstitucional

    El estudio de las instituciones como gestoras importante
    dentro de la configuración de la sociedad, se
    originó especialmente por el fracaso de las grandes
    teorías
    como el conductismo,
    marxismo,
    estructural-funcionalismo
    entre otras, ya que estas resultaban un tanto generales para
    el
    conocimiento de las variaciones entre diferentes entidades
    políticas. Los estudios de la modernización
    mostraron las desigualdades y diferencias sustanciales entre
    diferentes países y la posible explicación a estos
    fenómenos, gracias al estudio de las instituciones
    políticas formales que determinaban las divergentes
    movilizaciones políticas, y fuerzas organizativas de las
    clases
    sociales en los países.

    Desde el enfoque neoinstitucional reaparece la
    importancia de las instituciones entendidas como reglas de juego
    o asociaciones esenciales para el funcionamiento del sistema
    político. Tanto una democrática o en una
    comunidad que no lo es, necesita de instituciones que se
    articulen para diseñar y ejecutar políticas. La
    historia de esta manera, es un relato de instituciones que
    varían y difieren constantemente de sus rasgos
    específicos.

    Las Instituciones entendidas como reglas de juego, son
    aquellas normas formales o
    informales que inciden en el comportamiento
    de las personas. Las reglas informales, condicionan la conducta
    de los individuos por medio de costumbres, rutinas,
    hábitos, normas sociales y culturales; y las reglas
    formales son acuerdos tácitos para vincular individuos y
    regular su conducta a través del uso de reglas explicitas
    y procesos de decisión ejecutados por un actor o grupo de
    actores, formalmente dotados y reconocidos como poseedores de ese
    poder. Los individuos se agrupan en asociaciones para conseguir
    objetivos e intereses comunes, sin embargo dentro de las
    diferentes instituciones existen dos tipos de incentivos que
    generan cohesión social, movilización y permiten
    entender la racionalidad de los actores. Los incentivos
    colectivos son las doctrinas, ideologías y demás
    instrumentos que directa o indirectamente se utilizan para
    generar movilización o intención social del goce
    colectivo y no exclusivo. Los incentivos selectivos son por el
    contrario beneficios o castigos que motivan la acción de
    los individuos; estos incentivos aparecen como centrales, ya que
    justifican la racionalidad de los actores a participar en
    asociaciones, motivados por los incentivos selectivos, que les
    permiten acceder a beneficios personales.

    Es de importancia resaltar que Las instituciones
    entendidas como las reglas del juego, condicionan las
    preferencias de los actores, estableciendo la lógica
    de adecuación y el modo que tratan de alcanzar sus
    objetivos. Las instituciones determinan quienes son los actores
    legítimos, el número de actores, el curso de la
    acción y la información que dispondrán los
    actores. Es importante considerar esto porque demuestra que
    cambios de normas institucionales condicionan las estrategias de
    los actores y ejercen influencia en los resultados de los
    procesos políticos.

    Se entiende de esta manera la figura de la
    reelección como una regla del juego formal, la cual si
    llegara a pasar eventualmente de forma inmediata o para el
    próximo periodo presidencial, conllevaría grandes
    cambios en materia constitucional, en la configuración del
    sistema político y la legitimidad medida por el grado de
    popularidad del presidente Álvaro Uribe Vélez y por
    la legalidad de
    su reforma.

    Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto
    para una posible reelección necesita pasar ocho debates
    para ser aceptado: cuatro debate en la Cámara y cuatro en
    el Senado. La implicación de generar cambios en el periodo
    presidencial del ejecutivo, exacerbo los ánimos de los
    parlamentarios y generó polarizaciones traducidas en la
    conveniencia personal y grupal
    de dicho proyecto. Según la revista
    Semana: "las primeras discusiones que tuvo la
    iniciativa en el Congreso estuvieron cargadas de planteamientos
    ideológicos alrededor de la conveniencia o no de la
    reelección, poco a poco fueron perdiendo calidad y se
    convirtieron en rencillas entre congresistas de los diferentes
    partidos"

    El presidente Álvaro Uribe y la bancada
    conservadora firmaron a su vez un acuerdo programático el
    cual garantizaba el apoyo de este sector político al
    proyecto de la reelección, sin embrago las declaraciones
    del ex presidente Andrés Pastrana en oposición a la
    reelección, generaron desacuerdos entre los miembros del
    Partido Conservador.

    Por otra parte el liberalismo oficialista amenazaba con
    expulsar a los liberales uribistas y el ambiente
    político se tornaba cada vez mas tenso, dividido y
    complicado, especialmente cuando el proyecto logró pasar
    en el primer debate en la Comisión Primera de la
    Cámara, gracias al voto repentino de Yidis Medina y a la
    ausencia del parlamentario Teodolindo Avendaño, hecho que
    suscitó demandas sobre posibles incentivos selectivos y
    cuotas burocráticas que el gobierno estaba
    repartiendo.

    A pesar de los múltiples esfuerzos en recursos
    materiales e
    ideológicos articulados por la oposición, el
    proyecto de Reelección fue aprobado en la comisión
    primera de la Cámara y en Plenaria. La decisión
    sobre la aprobación o no de la alternativa de
    reelección presidencial está en manos de la Corte
    Constitucional, la cual debe dar un fallo definitivo. Sin embargo
    la polarización del sistema político y la
    posibilidad de que el presidente sea también candidato
    para el próximo período, ha influenciado el sistema
    de partidos colombiano.

    El liberalismo se encuentra en total oposición,
    incluso se retiró del debate de la ley de garantías
    electorales, expresando en un documento que el acto de la
    reelección no contiene los contrapesos democráticos
    que aseguren la vigencia de los principios constitucionales, la
    igualdad
    electoral y las garantías políticas a la
    oposición. Por otra parte el Polo democrático con
    el objetivo de competir en la próxima contienda electoral,
    aceptó un acuerdo con el Gobierno y la bancada uribista
    sobre la ley de garantías electorales. El Polo propuso
    aspectos fundamentales para esta ley como financiación,
    acceso a medios,
    derecho a réplica, restricciones al presidente, topes y
    encuestas. Por
    otra parte la bancada uribista, en cabeza del Gobierno hizo una
    fuerte alianza con el partido Conservador para asegurar los votos
    a la reelección. De igual manera movimientos
    políticos uribistas como: Cambio
    Radical, Colombia Viva, Nuevo Partido, Colombia
    Democrática, Acción Legislativa, Independientes y
    Patria Nueva han generado una fuerte presión
    política dentro del Congreso, medios de
    comunicación y opinión publica con el objetivo
    primordial de lanzarse en listas y llegar a cargos
    públicos por medio de la figura Uribe y su nivel de
    popularidad.

    El movimiento
    Patria Nueva, que en un principio se creó con el fin de
    unificar a los movimientos uribistas y en general a quienes
    apoyaban la reelección, ha generado grandes revuelos
    debido a que el expresidente Julio César Turbay Ayala, que
    pertenecía al partido Liberal paso de criticar
    drásticamente la reelección, a apoyarla e incluso
    unirse al movimiento y al empresario
    Hernán Echavarría Olózaga. Es de importancia
    resaltar que la mayor donación para la campaña
    electoral del presidente Álvaro Uribe Vélez la hizo
    la Fundación Renacimiento
    presidiada por este mismo empresario.

    En el ambiente reeleccionista muchos actores
    políticos, algunos con ciertos niveles de legitimidad,
    ‘danzan’ según el compás de ofertas que
    les brinden, cambian de partidos según las conveniencias
    individuales y ante la posibilidad de reforma constitucional. La
    reelección como regla de juego aún no implementada
    formalmente, ha condicionado la preferencia de los actores
    políticos, adaptándolos inmediatamente a las nuevas
    reglas del entorno bajo una lógica racional-intencional
    para alcanzar sus objetivos. La institución
    "reelección" generó cambios tanto para las
    votaciones en el Congreso, las alianzas de partidos y movimientos
    como la articulación de la oposición.

    Los Grupos de
    Presión y su influencia en el debate
    reelectoral

    En representación de los criterios que aducen la
    definición de los grupos de
    presión se consignan dentro de los siguientes
    parámetros: en primer lugar, los grupos de presión
    no se proponen dominar el gobierno, es decir no tienen interés
    alguno en cargos públicos, sin embrago ejercen influencia
    sobre el mismo para obtener las máximas ventajas posibles.
    Seguidamente, los grupos de presión determinan intereses
    propios y no asumen la responsabilidad política de sus
    acciones. Sin embargo los grupos de presión resultan un
    tanto difíciles de diferenciar ya que en ocasiones
    realizan funciones propias
    de los partidos
    políticos tales como: presentar sus intereses como
    generales o del bien común antes que la ventaja lucrativa
    de sus miembros e intervención en campañas
    electorales facilitando a los candidatos infraestructura
    organizativa, fondos y publicidad.

    El caso de que el empresario Hernán
    Echavarría Olózaga, mayor aportante de la
    campaña del presidente Uribe Vélez, esté
    involucrado en el movimiento uribista Patria Nueva, que apoya
    completamente la reelección inmediata, deja en tela de
    juicio los intereses materiales que el Grupo Económico
    Antioqueño pueda tener si el presidente esta en el mandato
    por otros cuatro años. Este grupo de presión se
    expresa por medio del mismo movimiento, puesto que no le interesa
    obtener cargos públicos ni acceder al poder. Dicha
    instancia está creada para influenciar, brindar apoyo y
    presión política, que en últimas
    podría traducirse en la aprobación inmediata de la
    reelección, y en garantías y beneficios otorgados
    por el ejecutivo.

    En este mismo contexto podemos ver la iniciativa del
    gobierno con la articulación del proyecto de ley de
    justicia y
    paz, como un beneficio otorgado a las Autodefensas Unidas de
    Colombia (AUC), cuando explícitamente en el
    artículo 64 les confiere el delito de
    sedición (intención de suplantar el normal
    desempeño de las funciones el Estado).
    La
    Constitución Política Colombiana prohíbe la
    extradición para los delitos
    políticos y les permite incurrir en proselitismo,
    además de adquirir derechos civiles (facultades
    para votar). De esta manera los miembros de las AUC
    estarían legalmente facultados para sufragar y lanzarse en
    campañas electorales. Se pone de manifiesto entonces, la
    intención presidencial de mantener buenas relaciones, y
    votos para el futuro de la reelección. Por otra parte las
    AUC actúan frente al gobierno como un grupo de
    presión, en la medida en que buscan influenciar la
    política por medio de la aprobación de la ley de
    justicia y paz. Sin embrago Salvatore Mancuso en la revista
    Semana afirmó: "tengo aspiraciones de llegar al
    escenario político. De hecho ya estoy en él. Mis
    actividades de hoy tendrán un desarrollo que
    inevitablemente desembocará en algún cargo de
    elección en cuanto la ley lo permita
    ". Esto nos
    muestra que las AUC tienen fuerte intenciones de configurarse
    como una organización política, más
    que como un grupo de presión.

    Aspectos claves de
    la legitimidad ante el debate

    Otro de los aspectos sustanciales al momento de analizar
    el contexto institucional y la arena política en que se
    desenvuelven los actores en juego, es lo referido a la
    legitimidad que se expresa desde dos visiones que
    teóricamente se definen diferentes, pero que
    sincrónicamente resultan ser complementarios dentro de un
    estudio de coyuntura. En tal sentido la legitimidad puede ser, en
    primer lugar, como una suerte de reconocimiento jurídico
    debido al cargo legal del actor político; y en segundo
    lugar, como una condición determinada por la popularidad
    política otorgada en gran medida por las capacidades
    carismáticas que alcanza dicho actor. Esta segunda fuente
    de legitimidad no radica en el derecho sino en los niveles de
    apoyo y aceptación que el ciudadano le otorga al individuo que
    detenta el poder de decisión y de ejecución de
    políticas dentro del Estado.

    Profundizando en el proceso de la
    reelección presidencial en Colombia, los aspectos reales
    que desde la legitimidad se vislumbran son: 1) la legitimidad
    expresada en el cuerpo legal del proyecto de reelección.
    2) el debate en torno a la popularidad del presidente desde la
    atención dada por los medios de
    comunicación y opinión
    pública. La legitimidad jurídica se traduce
    inicialmente en el trámite legislativo en el Congreso que
    con una notable mayoría fue aprobado, posteriormente -o
    bien el escenario actual-, la Corte Constitucional debe dar el
    fallo definitivo sobre la inconstitucionalidad o legalidad de
    dicho proyecto.

    La cuestión es: ¿Qué tan realmente
    legítimo es un proceso legislativo a espaldas del la
    decisión del constituyente primario? o quizá
    ¿Que tan legitimo puede ser un proyecto que según
    sus detractores posee vicios de inconstitucionalidad? Como
    primera medida "El Congreso de la República, como
    constituyente derivado o secundario, no tiene la capacidad de
    abolir la prohibición absoluta de la reelección
    presidencial contenida en el artículo 197 de la
    Constitución Política. Esto debido a que quien
    prohibió la reelección fue el Constituyente
    Primario, es decir el pueblo, expresado en la Asamblea Nacional
    Constituyente de 1991
    ". Asimismo, el ejecutivo abolió
    los principios democráticos de participación ciudadana para auscultar la
    voluntad popular frente a la iniciativa reelectoral; así
    las cosas, no se recurrió a mecanismos como el
    referéndum, el plebiscito, o la consulta popular entre
    otros.

    Ahora bien frente a los aspectos de inconstitucionalidad
    tan demandados por los opositores a la reelección,
    consideramos fundamentales dos al momento de relacionarlos con la
    legitimidad jurídica del proceso: primero, que "en el
    trámite del proyecto de reelección se habría
    desconocido el principio de separación de poderes. Los
    demandantes argumentan que a pesar de que la iniciativa de la
    reelección fue de un grupo de congresistas, el gobierno la
    defendió en todas las etapas de su trámite por el
    Congreso. (…)".
    De esta manera, se estarían
    violando los principios institucionales que rigen el Estado, y la
    diferenciación de poderes, en tanto sus funciones y
    competencias, por un apoderamiento del ejecutivo en la labor
    legislativa. Y en segundo lugar, porque "en varias de las
    demandas se afirma que durante el debate de la reelección
    en la Cámara se habría incurrido en otro vicio de
    trámite porque no se publicaron las intervenciones
    ciudadanas realizadas en las sesiones en que se debatió el
    proyecto. La ley establece que la publicación de las
    intervenciones ciudadanas también es obligatoria, en aras
    de que los ponentes las puedan tener en cuenta
    ". En este
    sentido, el procesó de reelección omitió el
    derecho decisorio del ciudadano y su carácter de interlocutor válido,
    saltándose la normatividad preescrita en la carta
    política.

    Por otra parte, desde el aspecto de la legitimidad
    mediada por los valores de la popularidad, encontramos
    también dos aspectos relevantes: un importante sesgo
    informativo por parte de los medios, ya que los índices de
    popularidad indagados por intermedio de encuestas resultan ser
    realizados en ciertos círculos y sectores sociales;
    excluyendo así muy seguramente la opinión de muchos
    otros sectores, que posiblemente serían contradictores. De
    otro lado, y haciendo caso a declaraciones del senador Antonio
    Navarro a una entrevista de
    la Revista Semana, decía: "un reciente estudio
    de la Universidad de la
    Sabana demostró que el presidente Uribe ha tenido 1.240
    horas de televisión. Y en una encuesta del
    Centro Nacional de Consultoría del pasado del 7 de agosto, la
    mayoría de personas dice que es más difícil
    conseguir la plata para hacer mercado y para pagar
    servicios
    ". Los consejos comunales –bandera del Estado
    comunitario-, aumentan los niveles de popularidad, dado que pide
    abiertamente rendición de cuentas a los funcionarios
    públicos, y consigna con su actitud mesiánica, el
    deber de responder a las demandas de cada miembro de la sociedad.
    Esto demuestra que la imponente popularidad de la tanto se ufanan
    los reeleccionistas, no es tan cierta como parece, ya que el
    País, antes de mostrar signos de
    mejoría en el aspecto social va en retroceso.

    Conclusiones

    Con referencia al concepto foucaultiano de
    gubernamentalidad se pudieron observar todos los campos en
    los que se desarrolla el ejercicio de gobierno de Alvaro Uribe
    Vélez, congruentemente con la dinámica que
    actualmente se discute: la reelección presidencial
    inmediata. Y es que decididamente, el actual mandatario utiliza
    todos estos escenarios de orden jurídico, político,
    económico e incluso de reciprocidad cultural, para hacer
    mella en su intención de prologar su mandato al frente del
    Gobierno colombiano. En tal sentido, la figura promovida por
    actores políticos cercanos al presidente, carece de un
    asidero veraz y que haga caso a la real voluntad popular, ya que
    es un mecanismo concebido desde los intereses de un grupo
    minoritario de personas.

    Del mismo modo hay que decir, que si bien dentro de la
    intención manifiesta de cambiar la constitución en
    su favor el presidente y sus partidarios no cuentan con una
    legitimidad en términos jurídicos muy convincente,
    los esfuerzos por retomar la gobernabilidad del Estado, y la
    credibilidad en las instituciones, son argumentos suficientes
    para pretender –desde una iniciativa plebiscitaria-
    extender el mandato presidencial.

    Por otra parte, la relación de primer mandatario
    con los postulados neoliberales -línea argumentativa sobre
    la que actúa y sustenta su política interior y
    exterior-, se fundamenta esencialmente en términos de
    continuidad de proyectos y relaciones
    político-económicas internacionales con el fin de,
    causalmente, beneficiar a la población
    nacional.

    En este aspecto, se soporta de igual modo su
    intención de ser reeligido, debido a que como lo
    abiertamente lo ha manifestado, un presidente no puede culminar
    un proyecto de Estado en tan poco tiempo y por consiguiente de
    deber establecer líneas estratégicas de continuidad
    en los mandatos. Es así, como la idea de solidificar
    relaciones
    internacionales consistentes, e intentar asegurarse un
    reconocimiento popular e institucional importante, fundamentan
    por un lado su estilo de gobierno, y por otro asegurarse en el
    cargo, si eventualmente se aprueba la reelección
    presidencial inmediata.

    Siguiendo la línea Neoinstitucional, vemos como
    las reglas del juego condicionan las preferencias de los actores
    políticos y las acciones que adelantan para alcanzar sus
    objetivos. La reelección ha generado en el sistema
    político colombiano divisiones importantes en el sistema
    de partidos, en la opinión pública y en los
    ciudadanos, que de manera coyuntural se agrupan a favor o en
    contra de dicha reforma.

    De igual manera la legitimidad legal y popular entra a
    mediar los diferentes debates de la coyuntura. Los detractores
    aluden la ilegitimidad de la reforma en términos
    jurídicos, debido a que el presidente Álvaro Uribe
    Vélez se postuló a la campaña presidencial
    conociendo y aceptando las reglas del juego político
    consagradas en la Constitución Colombiana, y
    posteriormente a un año y un mes de la culminación
    de su periodo, el presidente con el apoyo de la bancada uribista
    en el congreso, inició un proceso de cambio de reforma
    constitucional, transformando de esta manera la continuidad
    electoral en favor del ejecutivo.

    Es de importancia resaltar la interrelación entre
    el contexto social y las instituciones. La seguridad
    democrática, bandera de la actual administración
    pretende eliminar la violencia exacerbada, el narcotráfico
    y el terrorismo que agobia al país. Bajo este mismo
    sentido, la iniciativa de la reelección nace como una
    justificación a la necesidad apremiante de abatir dichos
    males, mediante la extensión de su mandato y los altos
    niveles de legitimidad popular que supuestamente los colombianos
    han depositado en el. Asegurar que la Constitución debe
    modificarse para permitir la reelección de Álvaro
    Uribe Vélez debido a que aparece con tantos niveles de
    popularidad en las encuestas, es algo rebatibles porque la
    legitimidad popular es algo variable y sujeto a cambio,
    podría pasar por el contrario que reelecto el presidente,
    terminara su mandato con niveles mas bajos de popularidad que los
    que permitieron la extensión de su gobierno.

    Bibliografía

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      Políticas: Lo viejo y lo nuevo escrito.
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      de Poder. (Varios). Ediciones de La Piqueta. Madrid.
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    • Guerrero, Omar. "Gerencia Pública En
      La
      Globalización"
      , Universidad Autónoma del
      Estado de México, Grupo Editorial Miguel
      Ángel Porrúa, México. 2003.
    • Jerez, Miguel (1997). Los grupos de presión.
      En Rafael del Aguila (ed.), Manual de Ciencia
      Política
      (pp.291-317). Madrid: Editorial
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    • Mancur La Lógica de la Acción
      Colectiva
      . Bienes
      Públicos y la.Teoría de Grupos (México:
      Limusa/Noriega). Ostro, Bart 1992
    • Maquiavelo, Nicolás. Il Principe.,
      Roma, 1532 (trad. cast.: El príncipe, Madrid,
      Alianza, 1981).

    Referencias

    Alvaro Benedetti

    Ciencia Política
    Universidad Javeriana

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