- El concepto de
Gubernamentalidad, a la luz de la aspiración
reeleccionista del actual mandatario - Orientaciones del New
public management, frente a las líneas de
continuidad en el ideario de Uribe
Vélez - La reelección
presidencial desde una mirada
Neoinstitucional - Los Grupos de Presión y
su influencia en el debate reelectoral - Aspectos claves de la
legitimidad ante el debate - Conclusiones
- Bibliografía
El debate
más relevante en la actualidad política colombiana,
gira en torno a la
posible reforma constitucional, según la cual el primer
mandatario, jefe de Estado y
suprema autoridad
administrativa, Álvaro Uribe Vélez puede
eventualmente ser reelegido de manera inmediata –o en
periodos no consecutivos- posterior de su periodo presidencial
que culmina en el año 2006. Sin embargo, la fórmula
reelectoral que de manera legal y legítima se ha
instaurado constitucionalmente en otros países, cuyo
régimen político se fundamenta en valores
democráticos, se intenta institucionalizar por primera vez
en la historia
reciente de Colombia para la
contienda electoral del próximo año Los promotores
de esta iniciativa aducen, a favor del gobierno, altos
niveles de legitimidad en términos jurídicos y de
popularidad, además de un compromiso
eficiente con la gestión
administrativa, y responsabilidad
social frente a los problemas que
la coyuntura le muestra a la
sociedad civil
colombiana.
Entre estos problemas se encuentra el conflicto
armado -sobre el cual el ideario retórico y
simbólico del presidente, se encarga de calificarlo como
terrorismo,
según la doctrina de Seguridad Global
liderada por Estados Unidos-,
y otros como la lucha contra el narcotráfico y la recuperación de la
soberanía del Estado sobre el
territorio.
En este marco la esfera pública estatal y la
esfera pública societal entendidas como la relación
Estado- Sociedad, se
encuentran actualmente divididas en su interior, a causa de dicho
proyecto de
ley presentado
por un amplio grupo de
parlamentarios de la llamada 'bancada uribista'.Esta iniciativa
tiene como objetivo
central cambiar el artículo 190 de la Constitución Colombiana, artículo
que promulga que el presidente de la republica, será
elegido por un periodo de cuatro años y permitir que los
presidentes de la República puedan competir por su
reelección inmediata estando en el desempeño de su cargo.
De esta forma, haciendo caso a los paradigmas
teóricos del neoinstitucionalismo, la administración
pública y la legitimidad dual, se intentarán
explicar los principales ejes conceptuales y temáticos
sobre los que se mueve este proyecto de reforma constitucional.
Asimismo, mirar cómo esta alteración en el
régimen político se inserta dentro del modelo de
Estado requerido, en aras de buscar productividad,
eficiencia y
eficacia en la
construcción de las policys y el
ejercicio de las politics.
El concepto de
Gubernamentalidad, a la luz de la
aspiración reeleccionista del actual
mandatario
Sin duda alguna, lo relativo a la administración pública y control estatal,
es uno de los puntos álgidos dentro en la gestión
de Uribe Vélez en la presidencia colombiana; esta idea que
se estructura
dentro de la línea del Estado Comunitario y que tiene como
objetivos
brindar seguridad democrática, distribuir equitativamente
el crecimiento y renovar el Estado,
busca en este orden de ideas, reconciliar al ciudadano con sus
instituciones
y volver a darle legitimidad a la figura del gobernante como
sujeto capaz de enfrentar las amenazas, y como garante del
bienestar común. El gobierno Uribe llegó con el
convencimiento de la necesidad de introducir cambios de
importancia relacionados con el crecimiento desordenado del gasto
público, la inseguridad
expresada en violencia, el
narcotráfico y la agudización del conflicto social.
En tal sentido, la Seguridad Democrática es el punto focal
del programa del
presidente Uribe y con ella se intentó devolver la
confianza para muchos colombianos.
No obstante lo sublime de dicho manifiesto, es
importante mirar sobre qué bases conceptuales se soporta
todo este ideario político sembrado –inicialmente
desde la campaña, y desde el año 2002 en el cargo-
por el presidente actual de Colombia. Asunto para cuyo análisis se tendrá en cuenta
específicamente el concepto de gubernamentalidad
(Foucault, 1978),
entendiendo por tal al conjunto de instituciones, procedimientos,
análisis, reflexiones, cálculos y tácticas
que permiten ejercer esta forma de poder que
tiene por objetivo la población.
De algún modo, podría decirse que en la
sociedad moderna las relaciones de poder se han desarrollado bajo
el creciente control del Estado: a través del sistema
pedagógico, judicial, económico o familiar, y
así las instituciones formando nuestra subjetividad fueron
definiendo el campo de nuestras acciones:
buenos contra malos; sensatos contra dementes; hombres contra
mujeres; incompetentes contra capaces, etc.
Así las cosas, y siendo un poco fieles de
tradición política en occidente, se pueden
señalar los puntos relativos a la definición misma
que se entiende por el gobierno del Estado, lo que
llamaríamos, el gobierno bajo su forma política.
Para ello lo más sencillo sería ciertamente
situarnos al texto que,
desde el siglo XVI, no ha dejado de constituir, para esa literatura del gobierno, una
especie de punto de inflexión con relación al cual,
por solicitud o por rechazo, se sitúa el lenguaje
del gobierno: este texto es El príncipe de Maquiavelo.
Esta literatura consagra como principio y como corolario
un imperativo: que el objetivo del ejercicio del poder es
necesariamente, mantener, reforzar y proteger el "principado",
(…) este principado, como relación del
príncipe con sus súbditos y con su territorio, o
fundamentalmente, el territorio y sus
habitantes.
Al mismo tiempo, el
libro de
Maquiavelo trae consigo dos aspectos a modo de análisis
que vale la pena contrastar con la noción de
gubernamentalidad y, por supuesto, con el ejercicio
político del presidente de Colombia. Por una parte, se
tratan de identificar los peligros a los que el territorio se ve
expuesto: de dónde vienen, en qué consisten,
cuál es su intensidad comparada, cuál es el mayor y
asimismo, cuál es el más
débil.
Y en segundo lugar; se trata de determinar un arte de manipular
las relaciones de fuerzas, que van a permitir al príncipe
actuar de modo tal que su principado, como vínculo con sus
súbditos y con su territorio, pueda estar protegido. Y es
justamente en lo último, donde se permite entrar a mirar
la aspiración reeleccionista del actual mandatario, la
cual se explica por la actitud
mesiánica encontrada en el análisis de su discurso; de
mismo modo, el talante de ‘mano dura’, que se
alimenta constantemente de un maniqueísmo promovido en sus
albores por la idea del terrorismo y la amenaza constante a la
institucionalidad del Estado.
Esta situación es la que conduce a que la
población se convenza del personaje que tiene en frente, y
de esta forma le confiera legitimidad en términos de
popularidad o respaldo a las decisiones, y en términos
jurídicos desde la concepción de Estado de
Derecho.
Es así, como el objeto de la
gubernamentalidad toma fuerza y se
orienta bajo la recopilación, de lo anteriormente dicho, y
lo que desde Foucault son las competencias del
Estado en su conjunto. Estas razones son: primero, lo que se
podría llamar el nivel territorial del Estado, es decir de
soberanía territorial; en segundo lugar, lo concerniente
al Estado administrativo, o lo referente a la economía; y tercero,
el Estado gubernamental, que se sustenta en la idea del buen
gobierno. En términos generales la forma como el poder
guía la conducta de los
individuos y la moderna racionalidad que demanda que
todos y cada uno sean manejados, es en pocas palabras, lo
Foucault denomina Gubernamentalidad, entendido por un lado
como el "arte de gobierno", y segundo, como la
concepción de que "gobernar es estructurar el campo de
lo posible en acción
de otros." (Foucault 1992:314).
Ahora bien, ¿de qué forma
entenderíamos esta esencia de la gubernamentalidad
foucaultiana, frente a lo que significa la pretensión
reeleccionista del gobierno Uribe Vélez? En esencia la
respuesta es sencilla, y se podría resumir en tres fases,
que justamente como se mencionaba en los primeros
párrafos, son lo que para Foucault serían los
deberes de un buen gobernante. En primera instancia, está
el control sobre la territorialidad del país;
situación que se evidencia con la presencia de la fuerza
pública en las zonas de conflicto, o en palabras comunes
todo lo que desde la seguridad democrática se ha ideado y
profundizado con la ayuda internacional.
Por ejemplo, este gobierno le dio continuidad al
Plan Colombia
-actualmente extendido al Plan Patriota-, que es una estrategia
decisivamente de ayuda militar al gobierno colombiano, cuyo
propósito declarado es el contribuir al desarrollo de
Colombia a través de la lucha contra el
narcotráfico. Según el Plan, Estados Unidos se
compromete a ofrecer grandes sumas de dinero en
ayuda militar a Colombia para la lucha antisubversiva.
Sin embargo, esta situación ha conducido y
seguirá llevando al agudizamiento de la guerra interna
en Colombia; el incremento de las violaciones a los derechos humanos
(ya que el equipo militar proveído por Estados Unidos ha
sido utilizado en masacres de civiles) y el desplazamiento
forzado de miles de personas.
En segundo lugar, se encuentra la necesidad de afianzar
una economía fuerte, no sólo desde el interior del
país, sino también creando vínculos
comerciales con otros países; muy específicamente
para este gobierno la negociación del TLC con
Estados Unidos. Y es que a fin de cuentas, Estados
Unidos fue históricamente el mayor socio comercial de
Colombia. Consecuentemente con todos estos aspectos y
después de diversas gestiones, el Presidente Alvaro Uribe
Vélez realizó una visita a su homólogo
norteamericano George Bush en abril de 2003, en la cual
solicitó al gobierno de los Estados Unidos considerar una
negociación comercial bilateral, bien fuera con Colombia
independientemente, o con los países andinos en
conjunto.
Lo lamentable aquí, es que en términos de
competitividad
Colombia no está preparada para una negociación de
tal envergadura; como se aduce coloquialmente, ‘primero
se debe ordenar la casa, para después
mostrarla’, y esto es justamente lo que no hace el
gobierno actual.
Si bien es cierto se ha hecho un esfuerzo por retomar el
control del orden público en todo el territorio nacional
en materia de
vigilancia y garantías a la inversión, en temas como el mejoramiento a
la infraestructura vial, o las políticas
de subsidios al agro, etc., la política del gobierno se
queda corta. Todas estas medidas en aras de abandonar la pobreza y la
inequidad, resultan negativas, no sólo por perjudicar
lógicamente a los más necesitados, sino por afectar
los círculos de la economía nacional.
Irónicamente la región del país que
eventualmente se vería mas beneficiada por al
negociación del TLC, Antioquia, es la zona nacional donde
más empresarios apoyan la reelección presidencial
inmediata, mientras que en la mayoría de regiones
nacionales, los círculos económicos muestran su
desacuerdo por futuras repercusiones negativas a su mercado.
Finalmente como tercer escenario, se encuentra lo que se
podría denominar la dinámica política con la que el
gobierno central quiso afrontar la responsabilidad de gobernar en el periodo de 2002
al 2006. Aspectos entre los que se encuentran por ejemplo, el
‘impulso’ retórico de "trabajar, trabajar y
trabajar" -dado desde la campaña por el candidato
Uribe-, pero más concretamente lo referido a los consejos
comunales que semanalmente el presidente realiza en todas las
regiones del país. Precisamente, los consejos comunitarios
fueron concebidos, según el gobierno, como una forma
revolucionaria de gobernar, donde se derrumba la
intermediación política tradicional y nace un
vínculo directo y estrecho entre comunidad y
gobernante.
En el papel, los consejos materializan una nueva (o por
lo menos muy olvidada) concepción del Estado, "donde la
comunidad debe ser la única razón de ser del
gobierno y el único propósito de su trabajo y
esfuerzo. En efecto, los consejos comunales son el eje central
del Estado Comunitario, el Estado que cuida, protege y escucha
permanentemente a la comunidad". No cabe duda que Colombia
padece los problemas de un Estado que aún no ha sabido
consolidar su poder: una falta de confianza en la capacidad de
sus fuerzas armadas, policía y sistema judicial hacia
garantizar la permanencia del orden y la seguridad; una crisis de
credibilidad en los distintos niveles y en las varias instancias
de gobierno; y corrupción
en la conducta de los sectores público y
privado.
Es de tal forma que los escenarios desarrollados por el
presidente y su equipo de gobierno, a la luz de una correcta
administración pública, generan
lazos de pertenencia entre el gobernante y los gobernados,
además relaciones de exterioridad, trascendencia y
unión entre el ejercicio de gobierno, las estructuras y
la función
gubernativa.
No obstante, hay que decir que por desgracia estos
consejos comunitarios han sido la herramienta por medio de la
cual el presidente y su equipo de gobierno han incurrido en
ilegalmente en política, a la espera de un trámite
en el Congreso y un posterior fallo de la Corte Constitucional en
favor de la reelección inmediata.
Esta situación, en un país que confunde
democracia con
elecciones, podría ser plausible si existiesen por un lado
garantías a la oposición, y por otro, reglas de
juego claras.
Pero lo real aquí es que no se da ni lo uno ni lo otro,
simplemente lo que se presenta es una clara manipulación
de la información por parte del gobierno, y una
utilización indebida de la ‘maquinaria’ y los
recursos del
Estado, en beneficio de intereses personalistas y sectoriales. En
otras palabras, un proyecto de nación
concebido exclusivamente a partir de los intereses de un
pequeño grupo de personas, llevando al traste lo ideales
que simbolizan todo lo anterior en materia del buen gobierno
responsable y que responde a las necesidades del
pueblo.
Así pues, se podría decir que el
autoritarismo presidencial no da su brazo a torcer, y ahora ha
reaccionado para en su lugar proponer el modelo de Estado
Comunitario en busca de tratar la cuestión local y
regional. La primera avanzada de este proyecto es
cívico militar,
a través de la seguridad que reclama la ubicuidad militar
y que se complementa con la estrategia de los consejos comunales,
donde el presidente gobierna por un día sin
mediación de los gobiernos locales, exigiendo cuentas de
éstos -menos en materia de orden público-, porque
está responsabilidad reside de manera exclusiva en el
presidente.
De esta forma, la reelección presidencial
inmediata del presidente Álvaro Uribe se consolida, a
opinión de sus partidarios, como la forma perfecta de
llevar a cabo todas estas perspectivas de mejoramiento y
modernización lideradas por el presidente, que para el
país son absolutamente convenientes.
Orientaciones
del New public management, frente a las líneas de
continuidad en el ideario de Uribe Vélez
Otro de los aspectos que estimulan el análisis de
gobierno del presidente Uribe y su intensión de prologar
su mandato, es el impacto, que sobre este tipo de decisiones,
tiene el concierto internacional con el modelo neoliberal y las
políticas de New public management.
Pragmáticamente, el proyecto político y
económico que han seguido la mayoría de
países latinoamericanos, desde mediados de los años
ochenta -y Colombia desde los noventa con el ascenso al gobierno
de César Gaviria con el nuevo liberalismo-,
es una propuesta de sociedad que conlleva supuestos
políticos e ideológicos, sustentados en el
planteamiento que señala, entre otras cosas, que para una
adecuada gerencia
pública, es imprescindible la libre actuación de
las fuerzas del mercado. Por lo que la apertura de los mercados
nacionales, los procesos de
privatización, la desregulación
económica (o descentralización) y la reforma del Estado,
se transforman en los principios
básicos para lograr insertarse en esta dinámica de
crecimiento y modernización. Muy específicamente
para este trabajo, en donde se han mostrado elementos que son
inherentes a la aspiración reeleccionista de Uribe
Vélez, se tratará el aspecto concerniente a la
acuciosa intención mantener una línea de
continuidad en los proyectos;
elemento tal, que se ubica en el marco de los postulados
neoliberales, y que de forma sutil fue consignado dentro del
manifiesto democrático, que durante la campaña, el
actual presidente utilizó como argumento
político.
Justamente esta contemplación, se encuentra
redactada en el punto 98 de dicho manifiesto, cuando Uribe
Vélez textualmente afirma:"(…) insistiré
que el País necesita líneas estratégicas de
continuidad; una coalición de largo plazo que las ejecute
porque un Presidente en cuatro años no resuelve la
totalidad de los complejos problemas nacionales (…)";
del mismo modo justifica que materializando estos ideales se va
luchar contra la corrupción y la politiquería;
mecanismos que son considerados por el mismo presidente, como
formas demagógicas de expresión política, y
por ende deben ser erradicadas del proyecto de Estado
colombiano.
Pero en últimas lo que aquí interesa
determinar, es que indirectamente en aquel momento, el candidato
Uribe empezaba a vislumbrar su intención de acceder a un
nuevo periodo presidencial (consecutivo), sustentando que su
plataforma política se fundamentaría por un lado,
en los valores de
la democracia –que invitan a pensar en la transparencia y
la administración a favor de la ciudadanía-, y por otro lado en los
fundamentos del nuevo manejo público, que apoyan la idea
de la continuidad en pro de la eficiencia y la eficacia, y de
eliminar los factores que ponen en riesgo la
gobernabilidad (corrupción y politiquería), a fin
de seguir los lineamientos de procesos políticos
consecuentes, como se ya se dijo, a largo en favor de la sociedad
civil.
La
reelección presidencial desde una mirada
Neoinstitucional
El estudio de las instituciones como gestoras importante
dentro de la configuración de la sociedad, se
originó especialmente por el fracaso de las grandes
teorías
como el conductismo,
marxismo,
estructural-funcionalismo
entre otras, ya que estas resultaban un tanto generales para
el
conocimiento de las variaciones entre diferentes entidades
políticas. Los estudios de la modernización
mostraron las desigualdades y diferencias sustanciales entre
diferentes países y la posible explicación a estos
fenómenos, gracias al estudio de las instituciones
políticas formales que determinaban las divergentes
movilizaciones políticas, y fuerzas organizativas de las
clases
sociales en los países.
Desde el enfoque neoinstitucional reaparece la
importancia de las instituciones entendidas como reglas de juego
o asociaciones esenciales para el funcionamiento del sistema
político. Tanto una democrática o en una
comunidad que no lo es, necesita de instituciones que se
articulen para diseñar y ejecutar políticas. La
historia de esta manera, es un relato de instituciones que
varían y difieren constantemente de sus rasgos
específicos.
Las Instituciones entendidas como reglas de juego, son
aquellas normas formales o
informales que inciden en el comportamiento
de las personas. Las reglas informales, condicionan la conducta
de los individuos por medio de costumbres, rutinas,
hábitos, normas sociales y culturales; y las reglas
formales son acuerdos tácitos para vincular individuos y
regular su conducta a través del uso de reglas explicitas
y procesos de decisión ejecutados por un actor o grupo de
actores, formalmente dotados y reconocidos como poseedores de ese
poder. Los individuos se agrupan en asociaciones para conseguir
objetivos e intereses comunes, sin embargo dentro de las
diferentes instituciones existen dos tipos de incentivos que
generan cohesión social, movilización y permiten
entender la racionalidad de los actores. Los incentivos
colectivos son las doctrinas, ideologías y demás
instrumentos que directa o indirectamente se utilizan para
generar movilización o intención social del goce
colectivo y no exclusivo. Los incentivos selectivos son por el
contrario beneficios o castigos que motivan la acción de
los individuos; estos incentivos aparecen como centrales, ya que
justifican la racionalidad de los actores a participar en
asociaciones, motivados por los incentivos selectivos, que les
permiten acceder a beneficios personales.
Es de importancia resaltar que Las instituciones
entendidas como las reglas del juego, condicionan las
preferencias de los actores, estableciendo la lógica
de adecuación y el modo que tratan de alcanzar sus
objetivos. Las instituciones determinan quienes son los actores
legítimos, el número de actores, el curso de la
acción y la información que dispondrán los
actores. Es importante considerar esto porque demuestra que
cambios de normas institucionales condicionan las estrategias de
los actores y ejercen influencia en los resultados de los
procesos políticos.
Se entiende de esta manera la figura de la
reelección como una regla del juego formal, la cual si
llegara a pasar eventualmente de forma inmediata o para el
próximo periodo presidencial, conllevaría grandes
cambios en materia constitucional, en la configuración del
sistema político y la legitimidad medida por el grado de
popularidad del presidente Álvaro Uribe Vélez y por
la legalidad de
su reforma.
Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto
para una posible reelección necesita pasar ocho debates
para ser aceptado: cuatro debate en la Cámara y cuatro en
el Senado. La implicación de generar cambios en el periodo
presidencial del ejecutivo, exacerbo los ánimos de los
parlamentarios y generó polarizaciones traducidas en la
conveniencia personal y grupal
de dicho proyecto. Según la revista
Semana: "las primeras discusiones que tuvo la
iniciativa en el Congreso estuvieron cargadas de planteamientos
ideológicos alrededor de la conveniencia o no de la
reelección, poco a poco fueron perdiendo calidad y se
convirtieron en rencillas entre congresistas de los diferentes
partidos"
El presidente Álvaro Uribe y la bancada
conservadora firmaron a su vez un acuerdo programático el
cual garantizaba el apoyo de este sector político al
proyecto de la reelección, sin embrago las declaraciones
del ex presidente Andrés Pastrana en oposición a la
reelección, generaron desacuerdos entre los miembros del
Partido Conservador.
Por otra parte el liberalismo oficialista amenazaba con
expulsar a los liberales uribistas y el ambiente
político se tornaba cada vez mas tenso, dividido y
complicado, especialmente cuando el proyecto logró pasar
en el primer debate en la Comisión Primera de la
Cámara, gracias al voto repentino de Yidis Medina y a la
ausencia del parlamentario Teodolindo Avendaño, hecho que
suscitó demandas sobre posibles incentivos selectivos y
cuotas burocráticas que el gobierno estaba
repartiendo.
A pesar de los múltiples esfuerzos en recursos
materiales e
ideológicos articulados por la oposición, el
proyecto de Reelección fue aprobado en la comisión
primera de la Cámara y en Plenaria. La decisión
sobre la aprobación o no de la alternativa de
reelección presidencial está en manos de la Corte
Constitucional, la cual debe dar un fallo definitivo. Sin embargo
la polarización del sistema político y la
posibilidad de que el presidente sea también candidato
para el próximo período, ha influenciado el sistema
de partidos colombiano.
El liberalismo se encuentra en total oposición,
incluso se retiró del debate de la ley de garantías
electorales, expresando en un documento que el acto de la
reelección no contiene los contrapesos democráticos
que aseguren la vigencia de los principios constitucionales, la
igualdad
electoral y las garantías políticas a la
oposición. Por otra parte el Polo democrático con
el objetivo de competir en la próxima contienda electoral,
aceptó un acuerdo con el Gobierno y la bancada uribista
sobre la ley de garantías electorales. El Polo propuso
aspectos fundamentales para esta ley como financiación,
acceso a medios,
derecho a réplica, restricciones al presidente, topes y
encuestas. Por
otra parte la bancada uribista, en cabeza del Gobierno hizo una
fuerte alianza con el partido Conservador para asegurar los votos
a la reelección. De igual manera movimientos
políticos uribistas como: Cambio
Radical, Colombia Viva, Nuevo Partido, Colombia
Democrática, Acción Legislativa, Independientes y
Patria Nueva han generado una fuerte presión
política dentro del Congreso, medios de
comunicación y opinión publica con el objetivo
primordial de lanzarse en listas y llegar a cargos
públicos por medio de la figura Uribe y su nivel de
popularidad.
El movimiento
Patria Nueva, que en un principio se creó con el fin de
unificar a los movimientos uribistas y en general a quienes
apoyaban la reelección, ha generado grandes revuelos
debido a que el expresidente Julio César Turbay Ayala, que
pertenecía al partido Liberal paso de criticar
drásticamente la reelección, a apoyarla e incluso
unirse al movimiento y al empresario
Hernán Echavarría Olózaga. Es de importancia
resaltar que la mayor donación para la campaña
electoral del presidente Álvaro Uribe Vélez la hizo
la Fundación Renacimiento
presidiada por este mismo empresario.
En el ambiente reeleccionista muchos actores
políticos, algunos con ciertos niveles de legitimidad,
‘danzan’ según el compás de ofertas que
les brinden, cambian de partidos según las conveniencias
individuales y ante la posibilidad de reforma constitucional. La
reelección como regla de juego aún no implementada
formalmente, ha condicionado la preferencia de los actores
políticos, adaptándolos inmediatamente a las nuevas
reglas del entorno bajo una lógica racional-intencional
para alcanzar sus objetivos. La institución
"reelección" generó cambios tanto para las
votaciones en el Congreso, las alianzas de partidos y movimientos
como la articulación de la oposición.
Los Grupos de
Presión y su influencia en el debate
reelectoral
En representación de los criterios que aducen la
definición de los grupos de
presión se consignan dentro de los siguientes
parámetros: en primer lugar, los grupos de presión
no se proponen dominar el gobierno, es decir no tienen interés
alguno en cargos públicos, sin embrago ejercen influencia
sobre el mismo para obtener las máximas ventajas posibles.
Seguidamente, los grupos de presión determinan intereses
propios y no asumen la responsabilidad política de sus
acciones. Sin embargo los grupos de presión resultan un
tanto difíciles de diferenciar ya que en ocasiones
realizan funciones propias
de los partidos
políticos tales como: presentar sus intereses como
generales o del bien común antes que la ventaja lucrativa
de sus miembros e intervención en campañas
electorales facilitando a los candidatos infraestructura
organizativa, fondos y publicidad.
El caso de que el empresario Hernán
Echavarría Olózaga, mayor aportante de la
campaña del presidente Uribe Vélez, esté
involucrado en el movimiento uribista Patria Nueva, que apoya
completamente la reelección inmediata, deja en tela de
juicio los intereses materiales que el Grupo Económico
Antioqueño pueda tener si el presidente esta en el mandato
por otros cuatro años. Este grupo de presión se
expresa por medio del mismo movimiento, puesto que no le interesa
obtener cargos públicos ni acceder al poder. Dicha
instancia está creada para influenciar, brindar apoyo y
presión política, que en últimas
podría traducirse en la aprobación inmediata de la
reelección, y en garantías y beneficios otorgados
por el ejecutivo.
En este mismo contexto podemos ver la iniciativa del
gobierno con la articulación del proyecto de ley de
justicia y
paz, como un beneficio otorgado a las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC), cuando explícitamente en el
artículo 64 les confiere el delito de
sedición (intención de suplantar el normal
desempeño de las funciones el Estado). La
Constitución Política Colombiana prohíbe la
extradición para los delitos
políticos y les permite incurrir en proselitismo,
además de adquirir derechos civiles (facultades
para votar). De esta manera los miembros de las AUC
estarían legalmente facultados para sufragar y lanzarse en
campañas electorales. Se pone de manifiesto entonces, la
intención presidencial de mantener buenas relaciones, y
votos para el futuro de la reelección. Por otra parte las
AUC actúan frente al gobierno como un grupo de
presión, en la medida en que buscan influenciar la
política por medio de la aprobación de la ley de
justicia y paz. Sin embrago Salvatore Mancuso en la revista
Semana afirmó: "tengo aspiraciones de llegar al
escenario político. De hecho ya estoy en él. Mis
actividades de hoy tendrán un desarrollo que
inevitablemente desembocará en algún cargo de
elección en cuanto la ley lo permita". Esto nos
muestra que las AUC tienen fuerte intenciones de configurarse
como una organización política, más
que como un grupo de presión.
Aspectos claves de
la legitimidad ante el debate
Otro de los aspectos sustanciales al momento de analizar
el contexto institucional y la arena política en que se
desenvuelven los actores en juego, es lo referido a la
legitimidad que se expresa desde dos visiones que
teóricamente se definen diferentes, pero que
sincrónicamente resultan ser complementarios dentro de un
estudio de coyuntura. En tal sentido la legitimidad puede ser, en
primer lugar, como una suerte de reconocimiento jurídico
debido al cargo legal del actor político; y en segundo
lugar, como una condición determinada por la popularidad
política otorgada en gran medida por las capacidades
carismáticas que alcanza dicho actor. Esta segunda fuente
de legitimidad no radica en el derecho sino en los niveles de
apoyo y aceptación que el ciudadano le otorga al individuo que
detenta el poder de decisión y de ejecución de
políticas dentro del Estado.
Profundizando en el proceso de la
reelección presidencial en Colombia, los aspectos reales
que desde la legitimidad se vislumbran son: 1) la legitimidad
expresada en el cuerpo legal del proyecto de reelección.
2) el debate en torno a la popularidad del presidente desde la
atención dada por los medios de
comunicación y opinión
pública. La legitimidad jurídica se traduce
inicialmente en el trámite legislativo en el Congreso que
con una notable mayoría fue aprobado, posteriormente -o
bien el escenario actual-, la Corte Constitucional debe dar el
fallo definitivo sobre la inconstitucionalidad o legalidad de
dicho proyecto.
La cuestión es: ¿Qué tan realmente
legítimo es un proceso legislativo a espaldas del la
decisión del constituyente primario? o quizá
¿Que tan legitimo puede ser un proyecto que según
sus detractores posee vicios de inconstitucionalidad? Como
primera medida "El Congreso de la República, como
constituyente derivado o secundario, no tiene la capacidad de
abolir la prohibición absoluta de la reelección
presidencial contenida en el artículo 197 de la
Constitución Política. Esto debido a que quien
prohibió la reelección fue el Constituyente
Primario, es decir el pueblo, expresado en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991". Asimismo, el ejecutivo abolió
los principios democráticos de participación ciudadana para auscultar la
voluntad popular frente a la iniciativa reelectoral; así
las cosas, no se recurrió a mecanismos como el
referéndum, el plebiscito, o la consulta popular entre
otros.
Ahora bien frente a los aspectos de inconstitucionalidad
tan demandados por los opositores a la reelección,
consideramos fundamentales dos al momento de relacionarlos con la
legitimidad jurídica del proceso: primero, que "en el
trámite del proyecto de reelección se habría
desconocido el principio de separación de poderes. Los
demandantes argumentan que a pesar de que la iniciativa de la
reelección fue de un grupo de congresistas, el gobierno la
defendió en todas las etapas de su trámite por el
Congreso. (…)". De esta manera, se estarían
violando los principios institucionales que rigen el Estado, y la
diferenciación de poderes, en tanto sus funciones y
competencias, por un apoderamiento del ejecutivo en la labor
legislativa. Y en segundo lugar, porque "en varias de las
demandas se afirma que durante el debate de la reelección
en la Cámara se habría incurrido en otro vicio de
trámite porque no se publicaron las intervenciones
ciudadanas realizadas en las sesiones en que se debatió el
proyecto. La ley establece que la publicación de las
intervenciones ciudadanas también es obligatoria, en aras
de que los ponentes las puedan tener en cuenta". En este
sentido, el procesó de reelección omitió el
derecho decisorio del ciudadano y su carácter de interlocutor válido,
saltándose la normatividad preescrita en la carta
política.
Por otra parte, desde el aspecto de la legitimidad
mediada por los valores de la popularidad, encontramos
también dos aspectos relevantes: un importante sesgo
informativo por parte de los medios, ya que los índices de
popularidad indagados por intermedio de encuestas resultan ser
realizados en ciertos círculos y sectores sociales;
excluyendo así muy seguramente la opinión de muchos
otros sectores, que posiblemente serían contradictores. De
otro lado, y haciendo caso a declaraciones del senador Antonio
Navarro a una entrevista de
la Revista Semana, decía: "un reciente estudio
de la Universidad de la
Sabana demostró que el presidente Uribe ha tenido 1.240
horas de televisión. Y en una encuesta del
Centro Nacional de Consultoría del pasado del 7 de agosto, la
mayoría de personas dice que es más difícil
conseguir la plata para hacer mercado y para pagar
servicios". Los consejos comunales –bandera del Estado
comunitario-, aumentan los niveles de popularidad, dado que pide
abiertamente rendición de cuentas a los funcionarios
públicos, y consigna con su actitud mesiánica, el
deber de responder a las demandas de cada miembro de la sociedad.
Esto demuestra que la imponente popularidad de la tanto se ufanan
los reeleccionistas, no es tan cierta como parece, ya que el
País, antes de mostrar signos de
mejoría en el aspecto social va en retroceso.
Con referencia al concepto foucaultiano de
gubernamentalidad se pudieron observar todos los campos en
los que se desarrolla el ejercicio de gobierno de Alvaro Uribe
Vélez, congruentemente con la dinámica que
actualmente se discute: la reelección presidencial
inmediata. Y es que decididamente, el actual mandatario utiliza
todos estos escenarios de orden jurídico, político,
económico e incluso de reciprocidad cultural, para hacer
mella en su intención de prologar su mandato al frente del
Gobierno colombiano. En tal sentido, la figura promovida por
actores políticos cercanos al presidente, carece de un
asidero veraz y que haga caso a la real voluntad popular, ya que
es un mecanismo concebido desde los intereses de un grupo
minoritario de personas.
Del mismo modo hay que decir, que si bien dentro de la
intención manifiesta de cambiar la constitución en
su favor el presidente y sus partidarios no cuentan con una
legitimidad en términos jurídicos muy convincente,
los esfuerzos por retomar la gobernabilidad del Estado, y la
credibilidad en las instituciones, son argumentos suficientes
para pretender –desde una iniciativa plebiscitaria-
extender el mandato presidencial.
Por otra parte, la relación de primer mandatario
con los postulados neoliberales -línea argumentativa sobre
la que actúa y sustenta su política interior y
exterior-, se fundamenta esencialmente en términos de
continuidad de proyectos y relaciones
político-económicas internacionales con el fin de,
causalmente, beneficiar a la población
nacional.
En este aspecto, se soporta de igual modo su
intención de ser reeligido, debido a que como lo
abiertamente lo ha manifestado, un presidente no puede culminar
un proyecto de Estado en tan poco tiempo y por consiguiente de
deber establecer líneas estratégicas de continuidad
en los mandatos. Es así, como la idea de solidificar
relaciones
internacionales consistentes, e intentar asegurarse un
reconocimiento popular e institucional importante, fundamentan
por un lado su estilo de gobierno, y por otro asegurarse en el
cargo, si eventualmente se aprueba la reelección
presidencial inmediata.
Siguiendo la línea Neoinstitucional, vemos como
las reglas del juego condicionan las preferencias de los actores
políticos y las acciones que adelantan para alcanzar sus
objetivos. La reelección ha generado en el sistema
político colombiano divisiones importantes en el sistema
de partidos, en la opinión pública y en los
ciudadanos, que de manera coyuntural se agrupan a favor o en
contra de dicha reforma.
De igual manera la legitimidad legal y popular entra a
mediar los diferentes debates de la coyuntura. Los detractores
aluden la ilegitimidad de la reforma en términos
jurídicos, debido a que el presidente Álvaro Uribe
Vélez se postuló a la campaña presidencial
conociendo y aceptando las reglas del juego político
consagradas en la Constitución Colombiana, y
posteriormente a un año y un mes de la culminación
de su periodo, el presidente con el apoyo de la bancada uribista
en el congreso, inició un proceso de cambio de reforma
constitucional, transformando de esta manera la continuidad
electoral en favor del ejecutivo.
Es de importancia resaltar la interrelación entre
el contexto social y las instituciones. La seguridad
democrática, bandera de la actual administración
pretende eliminar la violencia exacerbada, el narcotráfico
y el terrorismo que agobia al país. Bajo este mismo
sentido, la iniciativa de la reelección nace como una
justificación a la necesidad apremiante de abatir dichos
males, mediante la extensión de su mandato y los altos
niveles de legitimidad popular que supuestamente los colombianos
han depositado en el. Asegurar que la Constitución debe
modificarse para permitir la reelección de Álvaro
Uribe Vélez debido a que aparece con tantos niveles de
popularidad en las encuestas, es algo rebatibles porque la
legitimidad popular es algo variable y sujeto a cambio,
podría pasar por el contrario que reelecto el presidente,
terminara su mandato con niveles mas bajos de popularidad que los
que permitieron la extensión de su gobierno.
- Bo, Guy Peters; Las Instituciones
Políticas: Lo viejo y lo nuevo escrito. - Foucault, Michel "Gubernamentalidad". Espacios
de Poder. (Varios). Ediciones de La Piqueta. Madrid.
1991 - Guerrero, Omar. "Gerencia Pública En
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Referencias
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Presidencia de la República; Discursos.
Bogotá, mayo 23 de 2005. http://www.presidencia.gov.co/columnas/columnas109.htm - Presidencia de República. Documentos.
Manifiesto democrático. 2002 Tomado de:
http://www.presidencia.gov.co/documentos/Manifiesto%20Democr%E1tico.word.pdf - Ministerio de Comercio,
Industria y
Turismo de
Colombia.
http://www.mincomercio.gov.co/VbeContent/NewsDetail.asp?ID=1445&IDcompany=1
Alvaro Benedetti
Ciencia Política
Universidad Javeriana