En la mañana del 24 de marzo de 1976, La Junta de Comandantes en Jefe(integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Masera y Orlando Ramon Agosti) se hizo cargo del poder, dictó los instrumentos legales del autoproclamado Proceso de Reorganización Nacional y designó como presidente de la Nación al general Videla, dando fin a la cuenta regresiva ya anunciada por los medios de prensa.

El caos económico de 1975, la crisis de autoridad, las luchas facciosas, la persecución ideológica, el desorden, la arbitrariedad, las más de 500 muertes por razones políticas, el accionar de las asociaciones guerrilleras y el terror sembrado por la triple A, crearon las condiciones para la llegada del golpe de Estado, que se propuso "reestablecer el orden" político, social y económico y asegurar el monopolio estatal de la fuerza, sin plazos, sino con objetivos.

Todas estas características internas se sumaban al desalentador panorama internacional: hacia principios de la década de 1970 había comenzado a modificarse el funcionamiento de la dinámica capitalista a raíz de una caída en la tasa de ganancia de las principales empresas de los países centrales, un debilitamiento generalizado de la productividad, un incremento de la inflación, de los déficits de los sectores públicos, sus respectivos endeudamientos y un aumento del precio del petróleo (consecuencia de un acuerdo entre los países de la OPEP) que evidencian la necesidad de transformar las características esenciales del modelo dominante.

Sectores de la elite se encontraban aterrorizados a causa del avance popular con operativos armados que se estaba llevando acabo a partir de 1969. Veían a sus intereses y privilegios a punto de desmoronarse. Para evitar esto era indispensable eliminar toda posibilidad de rebeldías semejantes. De allí surge una reacción de apoyo al golpe, que termina por hundir a la Argentina en un baño de sangre. Además, esta clase dominante estaba en estado de transformación, y propuso reconvertir la economía argentina y como en toda reestructuración económica profunda, en perjuicio de las masas populares, su implantación se hizo a sangre y fuego.

En tercer lugar, los intereses norteamericanos apoyaron el golpe, ya que hallaron la oportunidad histórica para preponderar decisivamente sobre la Argentina, dominar su mercado interno y extranjerizar su aparato productivo. Tradicionalmente, semicolonia inglesa, la Argentina había intentado un desarrollo autónomo desde 1945 y, concluida esta experiencia, EEUU solo ha podido ingresar a esa economía competitiva a través de las inversiones de la época frondizista y de las desnacionalizaciones de la época de Onganía, pero la presidencia de un Lanusse(familia ligada al viejo país agro exportador pro británico) y la vuelta del peronismo en el 73, han obstaculizado su predominio. La implantación del nuevo modelo económico no se logra de inmediato, sino a través de sucesivas medidas que toma la dictadura.

El vasto plan de modificación de la sociedad se proponía acabar con la inestabilidad política y social. De este modo, se aplicó el terrorismo de Estado, es decir, una sistemática acción represiva fura de la ley, secuestrando, torturando, deteniendo o ejecutando a todos aquellos a los que el criterio del gobierno considerara "subversivos".

Haciendo referenca a este accionar, el 14 de abril de 1976 el diario Clarín publicó: "Las actividades y las palabras del gobierno autorizan a pensar que se propone efectuar un tratamiento integral de nuestros males..." Luego, el 2 de agosto de ese año publicó la editorial "Fuerza y Razón" que afirmaba "El gobierno es la autoridad y la autoridad se compone de estos elementos ineludibles: la razón y la fuerza. (...) La marcha hacia el monopolio de la fuerza avanza por caminos convergentes (...) La construyen las propias Fuerzas Armadas y sus hombres de gobierno al asociar a las distintos sectores en la lucha contra la subversión, procurando que contributan a erradicar las circunstancias objetivas que facilitan su propagación."

Este golpe militar surge de una alianza entre los sectores liberales y las fuerzas militares, por lo que encuentran en José Alfredo Martínez de Hoz un legítimo representante de las políticas económicas que creían necesarias, entre ellas, un principal objetivo de acabar con el intervensionismo en la economía.

Desde su discurso inaugural, el Ministro de Economía sostiene la necesidad de centrar el proceso Argentino en las exportaciones, es decir, "crecer hacia fuera", al modo de la vieja época de la oligarquía terrateniente. Pero no solo en función de las exportaciones tradicionales, sino de nuevos productos, que estima, poder colocar en el mercado internacional. También se pretende lograr el "bajo costo argentino", ello indica que la variable de ajuste será el salario, imponiéndose una fuerte redistribución del ingreso en perjuicio de los trabajadores.

En este campo, con el objetivo de crear las condiciones adecuadas para la inversión de capital, se congelaron los salarios, medida que perjudicó gravemente a los trabajadores, ya que además no tenían posibilidad de expresar su disconformidad, ya que se suprimieron las actividades sindicales. Este panorama se vio empeorado por la inflación, que contribuyó, en un principio, a una caída del 40% de los salarios reales.

Al mismo tiempo el modelo centra la acumulación de capital, no en la producción sino en el negocio financiero. El sector dominante en el poder no pretende desarrollar un capitalismo autónomo, con fuerte crecimiento del mercado interno pues no se trata de una burguesía nacional. Tampoco pretende diseñar el futuro argentino en los viejos términos agropecuarios de la oligarquía tradicional. Por el contrario, se echan las bases para un capitalismo financiero, pero por supuesto, no se trata de un sistema semejante al capitalismo clásico(el capitalismo en su etapa superior, fusión de capital industrial y bancario, con sociedades anónimas que saltan las fronteras como ocurre con los países capitalistas altamente desarrollados de fines de siglos XIX), sino de un capitalismo financiero dependiente o "capitalismo especulativo periférico", acabando con el Estado intervensionista en economía.

"La modificación estructural más trascendente del período fue la reforma financiera en junio de 1977. Por ella se abandonó la política ya tradicional del estricto control por parte del Banco Central de la política financiera, orientándosela hacia una estrategia de intereses libres y de signo positivo con respecto a la tasa de inflación."

Dos factores confluyen para que la dictadura implemente este modelo parasitario, rentístico, a favor del sector financiero y de los intereses externos. Por un lado la alta liquidez de la banca internacional, proveniente de los altos precios del petróleo en cuantiosos depósitos de petrodólares en los bancos norteamericanos, generando así una fuerte voluntad de colocar préstamo, por otro lado la avidez de la clase dominante Argentina por negocios financieros, especialmente aquellos que le permitan evadir dinero, resguardándolo en el exterior.

El modelo implementado requiere dólares disponibles, así como tasas de interés internas más altas que las internacionales. O lo que es lo mismo los negocios consisten en conseguir fondos financieros baratos en el exterior, invertirlos a altas tasas de interés dentro del país y reconvertirlos, luego, con la garantía que la desvalorización del peso frente al dólar se halle muy lejos de licuar las diferencias obtenidas. En este modelo se halla el origen del endeudamiento externo.

Esta victoria del sector financiero concentrado interno y externo se complementa con una fuerte lucha intersectorial, en la que el Estado no ejerció un verdadero arbitraje, sino que se vio obligado a ceder a las presiones, concluyendo, en general, con algún aumento en los precios, lo que devino consecuentemente en una espiral inflacionaria.

Esta situación a nivel externo (capital de especulación, no productivo) e interno (inflación) hicieron que se tomara la determinación de subir las tasa de interés en pesos. Éstas surgen de la Ley de Entidades financieras, que elimina toda regulación del mercado financiero, garantiza los depósitos por el Estado y promueve la competitividad en el mercado de capitales(1977). De este modo, los inversores (nacionales o extranjeros) se veían atraídos por las ganancias que se podían obtener al pasar sus dólares a pesos. El peligro era que al cobrar sus intereses se veían perjudicados cuando querían pasarlos a dólares, ya que el precio de a moneda norteamericana había subido en grandes proporciones y, en algunos casos, terminaban con menos dinero que antes.

La previsión acerca del grado de desvalorización del peso se expresará a traves de anuncios realizados por el gobierno, que conforman lo que en la jerga popular se llamará "la tablita"(1978). A su vez, no solo era necesario asegurar un mercado libre de cambios, sino también, disponer de divisa extranjera. Esta proviene al principio, del endeudamiento privado, pero luego se provoca el endeudamiento de las empresas públicas.

Esta pauta cambiaria fijaba una devaluación decreciente del peso. Su objetivo era controlar la inflación, pero de todas maneras, ésta se mantuvo alta. En este marco, se produjo una afluencia de dólares del exterior, que encontraban así la posibilidad de inversión "sin riesgos" debido a la garantía estatal. Esto sería uno de los orígenes del gran aumento de la deuda externa.

Esta política consistía en fijar una lista de valores a los cuales el Estado vendería dólares y publicarla para los siguientes 30 días o más. Dada la alta tasa de inflación no era posible fijar un valor absoluto del dólar ( como había hecho Onganía durante su presidencia, ya que mantuvo el valor fijo en 350 pesos por muchos meses). En este caso, se pronosticaba una cierta inflación (que en la mayoría de los casos resultaba menor a la real) y en base a eso se fijaba el futuro valor del dólar. De este modo, el inversor podía colocar sus pesos a una tasa mayor que la de la inflación implícita en la tabla, ya que al salir de la operación tenía una cantidad de dólares asegurada. Los inversores podían calcular sus ganancias en moneda extranjera.

Este "negocio redondo" hacía que los inversores no se preocuparan por incentivar las actividades productivas, entonces los productores se veían obligados a pedir créditos y a comprometerse a pagar intereses demasiado grandes que probablemente los llevarían a la quiebra.

Estas tasas de interés eran altas debido a lo que se llamaba el "riesgo argentino". Si un banco prestaba dinero a un empresario, las probabilidades de que éste lo devolviese eran muy bajas, eliminando las ganancias del banco (o de sus depositantes). Este término incluía también al accionar del Estado, ya que existía para los inversores en la tablita el riesgo de que el gobierno anulara su validez y el precio del dólar subiera a niveles altísimos.

Por otro lado, existía también un proceso contradictorio que concluía en una sobrevaluación del peso. Esto sucedía a raíz de que debido a la inflación (que era de un 5 o un 10% mensual) les operadores económicos y los trabajadores sindicalizados exigían que sus salarios se corrigieran. Sus ingresos indexados resultaban entonces tenían mayor valor en dólares, ya que el precio del dólar subía a una tasa menor que la inflación, a causa de la tablita. Este proceso hizo que durante estos años Argentina se convirtiera uno de los países con costo de vida en dólares más alto del mundo.

Estos altos costos internos hicieron que resultara difícil exportar productos distintos a carne o cereales, desembocando e una grave desindustrialización durante este período.

Esta experiencia iniciada a partir del golpe revirtió le proceso madurativo de la industria y la economía argentina que se había comenzado con el proyecto industrialista. Los indicadores de producción, empleo e inversiones muestran un cambio drástico en las tendencias previas. La crisis afectó gravemente a los sectores más dinámicos de la industria ligados a las tecnologías más avanzadas. Se desmantelaron departamentos de investigación y desarrollo que estaban ampliando el contenido tecnológico de la actividad industrial nacional.

Desde 1976 la industria perdió esa función de locomotora del desarrollo argentino que había adquirido en la década de1930.La participación industrial en el producto bruto cayó durante el régimen militar de un 28% a un 23% .

La contracción de la industria hizo que el centro de gravedad se desplazara de las actividades de mayor contenido tecnológico y capacidad potencial de inserción internacional hacia las actividades vinculadas a la producción para el mercado interno de bienes de consumo no durables.

Además, para sostener la política cambiaria vigente, hacían falta grandes reservas de dólares por parte del Estado. Estas reservas provenían de dos posibles ingresos: las exportaciones de producción rural o el aumento de la deuda externa.

La transformación de las relaciones económicas durante estos años agravaron la vulnerabilidad de la economía argentina y plantearon problemas difíciles en la experiencia histórica del país.

"La experiencia del desarrollo histórico de la economía mundial revela la significación de las exportaciones para el crecimiento económico. Las exportaciones provocan un efecto multiplicador sobre la producción y el empleo. Generan ingresos en el sector exportador que, en parte, aumentan la demanda interna de consumo e inversión. Por otro lado, la diversificación de las exportaciones y la incorporación de valor agregado y tecnología promueven la transformación de la estructura interna, permiten aprovechar las ventajas comparativas, estimulan el cambio tecnológico y elevan la productividad. Existe, pues, una relación estrecha entre exportaciones y el desarrollo."¹

Esta situación que plantea Aldo Ferrer no se dio en esta época en la Argentina ya que el país estaba sujeto permanentemente a un condicionamiento: el incremento de las exportaciones genera divisas que se transfieren a los bancos acreedores. Esta situación provocada por la deuda externa tiene consecuencias gravemente desfavorables hasta el día de hoy.

La deuda pasó de 13 mil millones a fines de 1978 a casi 30 mil millones en marzo de 1981. Esta situación se agravaba por la realidad especulativa de la "bicicleta financiera". A comienzos de 1980, aún con Martínez de Hoz en la cartera de Hacienda se produjo la quiebra de varios bancos y, a partir de ese momento, la crisis no hizo más que agravarse. En 1981 la devaluación estuvo muy por encima del 100% anual y el peso fue devaluado de manera radical.

A pesar de que durante la presidencia de Videla el objetivo era "achicar el Estado" , el gasto público aumentó en estos años. El gobierno retuvo las empresas estatales y las puso a cargo de militares. Además, se produjo una importante inversión en obras públicas, entre las que se encontraban aquellas relacionadas con el mundial de Fútbol que se llevó acabo en 1978 y autopistas urbanas. A esto se agregan algunas empresas privadas con dificultades económicas que se estatizaron (Austral, Compañía Italo Argentina de Electricidad) y el conflicto con perspectiva de Guerra con Chile en 1978 a causa de las islas en el canal de Beagle.

El programa económico de Martínez de Hoz encontró oposición en ciertos sectores de las Fuerzas Armadas que querían defender la industria nacional, con las empresas ligadas a la fabricación de armamentos y con corrientes nacionalistas en contra de la estatización de servicios públicos y energía, razón por la cual no pudo avanzar en este frente.

En el año 1981 se cumplieron los tres años que establecía el Estatuto de la Revolución (cuerpo legal máximo, sustituto de la Constitución) para la presidencia de Videla, que había asumido formalmente en 1978, por lo que en plena crisis del modelo económico fue reemplazado por Roberto Viola.

El nuevo presidente asumió en marzo de 1981, representaba la voluntad de parte del Ejército y fue votado por la Junta de Comandantes en Jefe. Su intención era una mayor institucionalización del Proceso y dar una participación a civiles ligados a grupos económicos (así lo hizo otorgándoles algunos ministerios).

La tablita cambiaria resultó imposible de mantener, entonces el dólar trepó a valores siderales. Buenos Aires, por ejemplo, pasó de ser la ciudad más cara del mundo a la más barata (en dólares).

Fue designado ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo (un nombre que se repetiría en la historia argentina). A raíz de esta crisis económica, muchos empresarios estuvieron en peligro de quiebra. Para evitarlo, el gobierno asumió sus deudas con el exterior y se convirtió en acreedor de ellos, pero en pesos indexados, que se transformaban en baratos en relación con el dólar. Esto implicaba hacer pública la deuda privada, cuya carga pesaría sobre toda la población.

El gobierno estaba perdiendo prestigio a causa de la situación económica y el progresivo deterioro de muchas empresas y bancos. Además, Viola daba más libertades que el gobierno anterior y estaba dispuesto al diálogo. El sindicalismo, aprovechó esta situación para reorganizarse y lanzar movimientos de protesta. Durante el proceso se habían dado numerosas huelgas parciales, en forma espontánea y no coordinada. Pero por ejemplo, en julio de 1981, ya bastante distendido el sistema represivo, la CGT lanzó una huelga general. En noviembre de ese mismo año se organizó un movimiento de protesta con movilización, que trataba de verificar la vigencia de la mayor libertad de asociación que s estaba reimplantando en el país.

En este período, después de muchos años de proscripción, se organizó la Multipartidaria, dónde los principales partidos políticos (la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, el Movimiento de Integración y Desarrollo, el Partido Intransigente y el Partido Demócrata Cristiano) se nuclearon con el objetivo común de que lograr que los militares llamasen a elecciones. Esta fuerza buscaba la restitución de las instituciones democráticas , en oposición al proyecto de las Fuerzas Armadas de mantener una influencia decisiva en la política nacional, y contaba con el apoyo de las organizaciones del movimiento obrero.

Además, el presidente tuvo la intención de forjar una alianza con sectores empresarios, fuerzas políticas provinciales y grupos desarrollistas. Ninguno de estos intentos tuvieron éxito, y en diciembre de 1981 Leopoldo Fortunato Galtieri reemplazó a Viola en la presidencia.

A pesar de que las manifestaciones de descontento por parte de la sociedad no adquirían la magnitud suficiente como para desplazar a los militares del poder, marcaba un cambio en el clima social y político que dificultaba las aspiraciones del nuevo presidente. El mayor exponente de este clima de oposición fue la masiva movilización convocada por la CGT-Brasil (una de las ramas de la central obrera) el 30 de marzo de 1982, que culminó con una represión durísima para los participantes.

Esta recomposición de la manifestación civil fue detenida bruscamente días más tarde. El 2 de abril de 1982 el general Galtieri anunció la recuperación argentina de las Islas Malvinas. Una ola de fervor nacionalista inundó el país y una multitud acudió a la Plaza de Mayo para festejar que habíamos recuperado las islas.

El 1978 nuestro país había estado al borde de una guerra con Chile a causa del litigio acerca del límite internacional en la zona del canal de Beagle. El conflicto, aunque grave, no había tenido un impacto suficiente como para suscitar una ola de apoyo al gobierno. El tema, por más que había entusiasmado a algunos, había dejado impasible a gran parte del país, y estaba muy por detrás de la euforia producida ese año por la victoria en el Campeonato Mundial de Fútbol. En ese caso, la intervención del Vaticano había permitido conjurar temporariamente la crisis. Sin embargo, desde ese momento, se formó en las Fuerzas Armadas una línea de orientación belicista que encontró su objetivo en la recuperación de las Malvinas.

De este modo, el gobierno consiguió un éxito político, que le permitió disimular la crisis en la que s encontraba, aunque por poco tiempo. Fue utilizado por los militares como una bandera para fortalecer su imagen y su poder ante la ciudadanía. Este hecho, previsiblemente, conmocionó a la opinión pública y reavivo los sentimientos patrióticos bajo la certeza de la soberanía nacional. Además, Galtieri calculó que Gan Bretaña no reaccionaría y que Estados Unidos respaldaría a Argentina. Sin embargo, sucedió lo contrario.

El gobierno promovió, a través de los medios de comunicación, una visión triunfalista de la guerra: entre el 2 de abril y el 13 de junio, la prensa sólo informó acerca de victorias argentinas en el conflicto bélico y cumplió escrupulosamente con los intereses militares. "Seguimos Ganando" proclamaba en su tapa la revista Gente, mientras los ingleses iniciaban un imparable avance sobre el Puerto Argentino. El 14 de junio, el general Mario Benjamín Menéndez (proclamado gobernador militar en las islas) capituló en Puerto Stanley. En las condiciones militares y de política internacional en las que se desarrolló el conflicto, el fracaso de Argentina era previsible. El triunfalismo de la Junta militar sólo contribuyó a hacer la derrota menos esperada y más dolorosa. Más de setecientos muertos y mil quinientos heridos fueron el saldo de la "aventura" militar del Proceso.

El régimen militar no sobrevivió a la derrota. Pocos días después de la rendición, Galtieri presentó su renuncia al gobierno. Y la Armada y la Fuerza Aérea se retiraron de la junta Militar. El Ejército designó a un nuevo presidente: el general Reynaldo Bignone, cuya función era administrar la transición a la democracia.

En este marco, el objetivo era asegurar la inmunidad jurídica de los militares involucrados en la represión. Para ello dictaron la ley de autoamnistía, que establecía que ningún integrante de las Fuerzas Armadas y de seguridad podía ser acusado ante tribunales militares o civiles por causas vinculadas a la violación de derechos humanos.

Este anuncio se hizo por televisión. Durante su discurso, el presidente rconoció "errores y excesos" durante la represión llevada acabo por las Fuerzas Armadas años atrás; pero aclaró que sus integrantes sólo debían quedar sujetos a juicio divino y a la comprensión de los hombres.

Con el desmoronamiento de la dictadura, se produjo un notable crecimiento de la participación política y social de los ciudadanos de todo el país; el Juicio a las juntas fue uno de los reclamos más importantes. Los principales partidos políticos eligieron sus candidatos para las elecciones programadas para el 30 de octubre de 1983.

El Partido Justicialista presentó las candidaturas de Ítalo A. Luder y Deolindo Bittel, apoyados por el sindicalismo. La Unión Cívica Radical las de Raúl Ricardo Alfonsín y Víctor Martínez. Mientas la fórmula peronista comprendía a los sectores directamente involucrados en la última etapa del gobierno de Isabel Perón, el candidato Radical consiguió representar el rechazo social y político a la dictadura y la renacida esperanza en la recuperación de la democracia constitucional.

A partir del 10 de diciembre de 1983, el nuevo gobierno democrático tuvo que enfrentarse con los problemas económicos que la dictadura había dejado. Algunos de estos problemas, como la inflación, persistían desde hacía décadas. El desempleo y la disminución del producto industrial, consecuencias directas de la aplicación de la política económica de Martinez de Hoz, representaban un problema difícil de solucionar. A su vez, la enorme deuda externa pública contraída durante la dictadura era otra traba para la reactivación económica Argentina ya que a principios de 1983, tras la traumática moratoria de la deuda externa mexicana y la impresionante suba de las tasas de interés, se impone a los países dependientes y deudores el modelo de ajuste estructural(los países deudores deben honrar los compromisos financieros internacionales a toda costa).

Por otra parte, Alfonsín debía encargarse de democratizar el sistema político argentino y de castigar a los militares responsables de la desaparición y muerte de diez mil personas. La U.C.R, con su estilo moderado, liberal y sus convicciones democráticas, parecía ideal para presidir un período de convalecencia después de los tiempos de violencia vividos. Sin embargo, la vigencia de las instituciones republicanas no alcanzaba para desarmar la trampa económica heredada del gobierno militar y responder a los reclamos populares. A su vez, el malestar militar por el juzgamiento a las Juntas Militares, que se evidenció en los levantamientos carapintadas(rebeliones de mandos medios del Ejército, caracterizados por el uso de camuflaje), añadía otra cuota de seria inquietud.

El 10 de diciembre de 1983, el presidente Raúl Alfonsín inició su gobierno civil y, mediante el Decreto 187, creó 15 de diciembre de 1983 la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), con el objeto de «esclarecer los eventos trágicos en que miles de personas desaparecieron».El informe de la CONADEP, Nunca Más, publicado en noviembre de 1984, catalogó 8.960 casos de desapariciones, enumeró 340 centros clandestinos de secuestro en Argentina y concluyó que las fuerzas armadas habían violado los derechos humanos de forma organizada, sirviéndose del aparato del Estado.

En 1983, el régimen militar había firmado una ley de amnistía para asegurar la impunidad de sus crímenes. Sin embargo, con la restauración del orden institucional ese mismo año, esta medida fue anulada y se ordenó el enjuiciamiento de los comandantes de las Juntas Militares que rigieron Argentina durante el régimen de facto así como los demás militares responsables de violaciones a los derechos humanos. Nueve comandantes militares fueron procesados.

Luego de un intrincado proceso de apelación, cinco comandantes fueron condenados a prisión en 1985. Otras causas contra militares fueron igualmente abiertas. Sin embargo, la necesidad de justicia de la sociedad Argentina fue frustrada cuando, en 1986 y 1987, Alfonsín decretó las denominadas "Leyes del Perdón"(Ley de Obediencia Debida y Punto Final), las cuales pusieron un límite de tiempo para presentar pruebas y aliviaron la responsabilidad de militares de menor grado que actuaron en la represión durante la última dictadura militar argentina.

Los funcionarios económicos del gobierno radical, eran conscientes de la magnitud y la profundidad de las transformaciones en la estructura económica y social que había producido la política económica de la dictadura militar. Sabían también que, a causa de esta reestructuración, sería muy difícil reactivar la economía y al mismo tiempo, contener la inflación, equilibrar el déficit fiscal y pagar la deuda externa.

Por estas razones, para el primer gobierno democrático, la elección de la orientación económica significó un gran desafío. Hacia fines de 1983, la inmensa mayoría de la población tenía expectativas en el sentido de que el retorno a la democracia iba a ser acompañado por un crecimiento del empleo, lo que a su vez iba a permitir una mejora en las condiciones de vida. Los acreedores externos, por su parte, esperaban que el nuevo gobierno cumpliera con el pago de los intereses de la deuda externa. El desafío se originaba a partir de que, para estar en condiciones de cumplir estos compromisos, era necesario aplicar una política de ajuste que imponía restricciones al crecimiento de la actividad económica.

Durante los primeros meses, la estrategia elegida para enfrentar la crisis económica que se encontraba en el país incluyó muchas medidas que ya habían sido ensayadas en el pasado. Bernardo Grinspun, el primer ministro de Economía del presidente radical Raúl Alfonsín, se propuso como prioridad incentivar las inversiones productivas para reactivar la producción industrial y, consecuentemente, aumentar el empleo. En relación con el pago de la deuda, presentó a los acreedores (un conjunto de bancos extranjeros de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Francia, Suiza, Alemania, Japón y los organismos financieros internacionales) una propuesta de renegociación, que reservaba un alto grado de autonomía al gobierno Argentino. Sin embargo, la estrategia fracasó, y el problema de la deuda externa interfirió en las decisiones económicas tanto del sector público como del privado.

En enero de 1985, Grinspún fue reemplazado por Juan V. Sorrouille y, desde entonces, en el plano económico, los primeros años del gobierno democrático estuvieron marcados por la progresiva toma de conciencia de que, finalmente, eran los acreedores quienes decidían los plazos y montos que la Argentina debía pagar en concepto de intereses de la deuda; y que, en este marco, las decisiones de la política económica iban a tener que orientarse hacia la obtención de los ingresos necesarios para el pago a los acreedores.

Por estas razones, desde 1985, las gestiones de los sucesivos ministros de economía de los gobiernos democráticos estuvieron condicionadas por las políticas de ajuste indicadas por el FMI; por la globalización económica que fue imponiendo determinados requerimientos para la llegada de inversiones de capitales extranjeros; y por las condiciones planteadas por los sectores capitalistas locales de mayor poder adquisitivo para hacer efectivo su apoyo al gobierno a través de inversiones productivas.

El plan que puso en marcha el nuevo ministro consistió en un ajuste de la economía Argentina y las metas a alcanzar eran la apertura de la economía, el aumento de las exportaciones- tanto de las tradicionales como las industriales-, la disminución del déficit fiscal, del gasto público y del papel del estado como agente económico.

Sorrouile presentó el Plan Austral en 1985. El objetivo fundamental de este plan era contener la suba de los precios mediante un shock antiinflacionario. De este modo buscaba generar credibilidad y confianza entre los acreedores externos y las instituciones financieras internacionales.

A través de diferentes medidas, el Estado paso a controlar los precios, los salarios, las tasas de interés y de cambio. En relación con los objetivos a mediano plazo, el Plan establecía un estimulo a las exportaciones industriales por medio de subsidios y rebajas de las retenciones. Al mismo tiempo, el equipo económico realizó una reforma monetaria que incluyo el cambio del agente monetario: el peso moneda nacional fue reemplazado por el austral.

Los empresarios aceptaron el congelamiento de los precios aunque declarando que debía ser una medida temporaria; y los trabajadores aceptaron el congelamiento de los salarios, por temor a la hiperinflación.

Los primeros resultados de las medidas antiinflacionarios fueron exitosas: el nivel de precios al consumidor cayó un 30,5% en Junio de 1985 a 6,2 3,1 y 1,9 en los meses siguientes.

Pero el Plan contenía la debilidad de tener que enfrentar la flexibilización de los controles por parte del Estado. En Marzo de 1986, el ministro Sourrouille anunció el inicio del descongelamiento y la intención de concertar con los trabajadores y los empresarios la política de ingresos, particularmente los aumentos salariales dentro de los límites fijados por el ministerio. Los anuncios incluyeron también un plan de privatización de empresas públicas y un programa de fomento a las exportaciones industriales.

Sin embargo, la concreción no fue posible. Los empresarios industriales mantuvieron su apoyo pero los agropecuarios presentaron sus reclamos por la crisis que atravesaba el sector e iniciaron un conjunto de presiones sobre la conducción económica. Al mismo tiempo, la Unión Obrera Metalúrgica presionó para obtener un aumento mayor al techo fijado por el ministerio de Economía. Frente a este planteo, la UIA y la SRA coincidieron en su análisis de la situación económica y declararon que las posibilidades redistributivas estaban agotadas.

Ante la negativa del gobierno a ceder a los reclamos de la UOM, en marzo de 1986 el gremio declaró una huelga por tiempo indeterminado. Finalmente, en Julio, el gobierno autorizó la suba de salarios y su traslado a los precios.

Esta fue una decisión que tuvo graves consecuencias: los empresarios de todos los sectores trasladaron a los precios los aumentos de los sueldos y la inflación se aceleró.

Luego de 3 años de gobierno, la persistencia de la crisis económica y social, decidió a los funcionarios radicales a aplicar medidas que significaban una profunda modificación en la organización de la economía Argentina. A principios de 1987, el equipo económico planteó la apertura económica y la reforma del Estado como requisitos necesarios para terminar con el viejo problema de la inflación.

En el programa de julio, el ministro anunció medidas que establecían la desregulación estatal en las áreas de transporte y comunicaciones, importantes privatizaciones en el área química y petroquímica y la apertura del área petrolera a la actividad privada.

El objetivo inmediato de este plan era reducir el déficit fiscal y para ello el gobierno decidió la reducción del salario de los empleados públicos, la disminución de los haberes previsionales y el aumento de las tarifas públicas.

Sin embargo, los efectos no fueron los esperados. Los empresarios se opusieron a la política laboral que el gobierno acordaba con los sindicatos más duros. Los sacrificios impuestos a los consumidores, empleados estatales y jubilados no alcanzaron para pagar las cuentas públicas que crecían por los intereses de la deuda externa estatal, el déficit de las empresas públicas, la caída de la recaudación impositiva, la política monetaria y los crecientes gastos del Estado.

En este contexto, la inflación se disparó y, en las elecciones legislativas de fines de 1987, el radicalismo perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. La nueva situación política complicó todavía más el plan económico. A cambio de dar aprobación a los aumentos impositivos que el gobierno necesitaba para controlar el déficit fiscal, los diputados peronistas consiguieron la aprobación de leyes de asociaciones profesionales de trabajadores y de convenios colectivos de trabajo. Esta última establecía que los salarios se fijaban a partir de la libre discusión entre empresarios y trabajadores. A partir de su vigencia, el Estado perdió la capacidad de controlar los salarios, uno de los mecanismos centrales, junto con el control de precios del Plan Austral.

La crisis económica se agravó durante 1988. Entre septiembre de 1987 y agosto de 1988 la variación de precios al consumidor fue de 440% y la de los mayoristas de 606%. Los funcionarios de gobierno y los dirigentes radicales estaban sumamente preocupados por la incidencia que el desmejoramiento de la situación económica iba a tener en las elecciones de 1989.

En este contexto, en abril de 1988, el gobierno suspendió el pago de los intereses de la deuda externa. En agosto, el equipo económico puso en marcha el Plan Primavera. Las medidas incluidas en el plan avanzaban en la apertura de la economía, favoreciendo las importaciones, y, procuraban disminuir el déficit fiscal. Esta vez, los elementos centrales del plan fueron la devaluación del austral y el manejo de la pauta cambiaria a través de dos mecanismos: el desdoblamiento del tipo de cambio- uno oficial y otro libre- y el mantenimiento de un dólar bajo a través de una creciente oferta de divisas por parte del Banco Central y altas tasas de interés para los depósitos bancarios.

El plan contó con el apoyo de los grupos económicos más concentrados y vinculados al mercado internacional pero no con el de otros sectores industriales ligados al mercado interno y a las economías regionales. Al mismo tiempo, enfrentó con el gobierno a todas las entidades agropecuarias.

Nuevamente, los efectos del plan no fueron los esperados. Los grandes grupos empresarios se lanzaron a la especulación financiera aprovechando las altas tasas de interés para los depósitos, y comprando, con los excedentes obtenidos, importantes cantidades de divisas al precio oficial. Hacia fines de 1988 la corrida hacia el dólar se había generalizado y era incesante el drenaje de las reservas del Banco Central. A partir de entonces el pecio del dólar y la inflación se dispararon y cuando los exportadores se negaron a liquidar sus divisas a la tasa de cambio oficial y el Banco Mundial suspendió un crédito en dólares por el atraso de los pagos de los intereses la situación se volvió insostenible. El ministro de economía tuvo que renunciar y los que lo sucedieron, nada pudieron hacer para contener la hiperinflación. La critica situación exigió un adelantamiento de las elecciones y el 15 de mayo de 1989, el candidato peronista Carlos Menem obtuvo el 47% de los votos frente al 32% del candidato radical Angeloz.

La hiperinflación había generado una cuantiosa transferencia de recursos hacia los grupos financieros, los monopolios exportadores y los grandes productores agropecuarios quienes habían dolarizado sus ingresos y patrimonios, empobreciendo a gran parte de la población(jubilados, pensionados, pequeños y medianos comerciantes, industriales), reforzando la concentración de la riqueza. A su vez, el proceso hiperinflacionario también incidió en la organización familiar y en las pautas de sociabilidad general. Algunas tendencias modernizantes, simplificadoras, de aflojamiento de los lazos y restricciones en cuanto a horarios familiares y de preparación de las comidas, fueron reemplazados por rituales más tradicionales y estructuantes. Comer toda la familia junta y la misma comida permitía ahorrar gas, luz y hasta detergente. Estas tendencias pusieron de manifiesto una revalorización de la familia como unidad de identidad, reconocimiento y protección frente a un ambiente percibido como hostil y amenazante. Al mismo tiempo se registró un marcado incremento de otras actitudes como la de invitar amigos o parientes a comer, preparando la comida en casa o llevando la comida preparada a la casa de ellos. La hiperinflación también generó en la mayoría de la población sensaciones de tristeza, depresión, temor, inseguridad, etc.

El día 9 de Julio de 1989, el presidente Raúl Alfonsín entregó el mando al presidente electo Carlos Saúl Menem. Era la primera sucesión constitucional desde 1928, reafirmando la estabilidad del régimen democrático vigente desde 1983. El flamante presidente tenía el desafío de recuperar la capacidad del Estado para gobernar: este estaba en bancarrota, la moneda licuada, los sueldos inexistentes y la violencia social en aumento. Días antes del traspaso, mientras todo el mundo convertía sus australes en dólares, grupo de gente desesperada asaltaron tiendas y supermercados y la represión dejó varios muertos. A poco de asumir, el presidente electo(que había sido preso político durante buena parte de la dictadura) anunció primero y decretó después el indulto a los altos mandos militares, a la cúpula de Montoneros y a los responsables por los levantamientos militares durante el gobierno de Alfonsín.

Durante la campaña electoral, Menem había prometido "el salariazo" y la "revolución productiva", según el más tradicional estilo peronista. De esta manera el retorno del peronismo al poder generaba múltiples expectativas en la sociedad. Aunque pronto sacrificó buena parte del bagaje ideológico y discursivo del peronismo, desde el comienzo de su gestión el gobierno puso de manifiesto el rumbo económico elegido: convocó a figuras del liberalismo(nombró como ministro de economía en un principio a Manuel Roig y luego a Néstor Rapanelli, ambos representantes de Bunge y Born, uno de los grupos oligopólicos multinacionales más poderosos) y buscó apoyo en algunos empresarios vinculados a los sectores de mayor concentración de capital. Además, se declaró partidario de la apertura económica, proclamó la necesidad de las privatizaciones y se burló de quienes "se habían quedado en el 45".

Mientras lidiaba con la crisis, la inflación y la inestabilidad, Menem siguió los condicionamientos que le imponía los "mercados". Apenas iniciado el gobierno, hizo aprobar por el congreso dos grandes leyes. La primera, de Emergencia Económica, suspendía todo tipo de subsidios, privilegios y regímenes de promoción y autorizaba el despido de empleados estatales. La segunda de Reforma del Estado, declaró la necesidad de privatizar una extensa lista de empresas estatales y delegó en el presidente, elegir la manera especifica de realizarlas.

Poco después el Congreso, autorizó la ampliación de los miembros de la corte suprema: con cuatro nuevos jueces, el gobierno se aseguró la mayoría y aventó la posibilidad de un fallo adverso en cualquier caso litigioso que generaran las reformas. En la misma línea de eliminar posibles controles y restricciones, el presidente removió a casi todos los miembros del Tribunal de Cuentas y al Fiscal General, nombró por decreto al Procurador General de la Nación, redujo el rango institucional de la Sindicatura General de empresas públicas y desplazó o reubicó a jueces o fiscales cuyas iniciativas resultasen incomodas. Más tarde, cuando el Congreso comenzó a cuestionar algunas de sus iniciativas, Menem utilizó vetos totales o parciales y Decretos de Necesidad y Urgencia.

Si bien hasta principios de 1991, el Ministerio de Economía no presentó un plan determinado, reafirmó permanentemente, su decisión de profundizar las privatizaciones, la apertura y la desregulación de la economía y en cuanto a su política exterior, buscó el alineamiento con los Estados Unidos(en un contexto internacional conmovido por la caída del muro de Berlín, la crisis desatada en los regímenes comunistas de Europa Oriental y la Unión Soviética y por los conflictos en el Medio Oriente), como señales destinadas a captar la confianza de los organismos financieros internacionales y el empresariado local.

En diciembre de 1989, Rapanelli fue reemplazado por Antonio Erman González y el gobierno anunció un grupo de medidas; la estrategia era frenar el aumento del dólar para controlar la inflación: liberalizó los precios, unificó el mercado cambiario y liberó el tipo de cambio, eliminó todas las regulaciones para la compraventa de divisas y anuló el aumento de las retenciones a las exportaciones. Además, redujo el nivel de australes circulantes eliminando la emisión de moneda y suspendiendo los depósitos bancarios. Las medidas obtuvieron un firme respaldo del gobierno de Estados Unidos y de Álvaro Alzogaray, presidente de la UCD y asesor presidencial. Pero no fueron del todo bien recibidas por los empresarios locales debido a los efectos recesivos y el aumento de las cargas impositivas.

Ante el déficit fiscal, el problema más urgente, no hubo ambigüedades: se trataba de recaudar más y rápidamente, aumentando los impuestos más sencillos (al Valor Agregado y a las Ganancias) sin considerar dos cuestiones que las propuestas reformistas solían atender: la mejora del ahorro y la inversión y algún criterio de equidad social.

A partir de abril de 1990, la hiperinflación se contuvo y los niveles de inflación se mantuvieron en un promedio de entre un 15% y un 10% mensual. Durante estos meses, el gobierno decretó recorte de gastos en la administración central y en las empresas públicas y el despido y la jubilación forzosa de empleados del Estado. En noviembre, concretó la primera privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) y de Aerolíneas Argentinas y llamó a licitaciones para privatizar áreas petroleras, los ferrocarriles, el 40% de la red caminera y empresas químicas y petroquímicas. También reanudó el pago de los intereses de la deuda externa suspendidos desde abril de 1988, por lo que se habían acumulado 5.800 millones de dólares de intereses atrasados.

A fines de este año, con la economía otra vez en estado crítico, estalló el escándalo conocido como "swiftgate", un pedido de coimas al frigorífico norteamericano Swift. El embajador estadounidense, Terence Todman, interviene en el caso al denunciar a los responsables y renuncian el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, y Emir Yoma, ex cuñado y asesor del Presidente.

También renuncia la mayor parte del gabinete y se producen una serie de rotaciones que a principios de 1991 llevaron al ministerio de Economía al hasta entonces canciller Domingo Cavallo. Éste encaró el programa de reformas de manera más ambiciosa y más despegada de empresarios y acreedores. Poco después de asumir hizo aprobar la trascendente Ley de Convertibilidad. Se establecía una paridad cambiaria fija: simbólicamente un dólar equivaldría a un nuevo "peso" y se prohibía al Poder Ejecutivo no sólo modificarla sino emitir moneda por encima de las reservas, de modo de garantizar esa paridad.

A ello siguió otra decisión igualmente categórica: la reducción general de aranceles que concretaba la tantas veces anunciada apertura económica y daba fe de la seriedad con que sería encarado el programa reformista. Los resultados inmediatos fueron muy exitosos. Terminó la huída hacia el dólar, volvieron capitales emigrados, bajaron las tasas de interés, cayó la inflación, hubo una rápida reactivación económica y mejoró la recaudación fiscal.

En ese contexto y merced al rescate de títulos de la deuda hechos con las privatizaciones, al año siguiente se logró el acuerdo con los acreedores externos, en el marco del Plan Brady: la Argentina volvía a ser confiable para los inversores.

Desde entonces y hasta 1994, el Plan se desarrolló según los pasos previstos y profundizando la reforma neoliberal en la Argentina. Esta reforma preveía:

1. La aceleración de las privatizaciones, ya que estas permitían, según el equipo económico, reducir el déficit fiscal. Se vendieron empresas de electricidad, gas, agua y YPF, aunque el Estado conservó buena parte de las acciones.
2. La desregulación de la economía, es decir, un repliegue del Estado en una serie de funciones de control y participación en los mercados: se disolvieron, entre otras reparticipaciones, la Dirección Nacional del Azúcar y las Juntas Nacionales de Carnes y Granos.
3. La continuación de la reforma administrativa, concretada a través de la disminución del numero de empleados públicos.
4. Un aumento de la captación impositiva por medio de incrementos en el IVA y las ganancias entre otras modificaciones, junto con una significativa reducción de la evasión fiscal.
5. La continuidad de la apertura económica, actuando como techo de los precios internos y disminuyendo el costo de algunos insumos.
6. La flexibilización laboral que propone reducir el costo laboral a través de imponer topes y menores indemnizaciones por accidentes de trabajo, flexibizar el contrato temporario del personal y disminuir los topes para las indemnizaciones por despidos injustificados y el aporte patronal para la jubilación y obras sociales.
7. La negociación de las mejoras salariales en función de la productividad y sin que puedan ser trasladadas a los precios.
8. La redefinición de las leyes de asociaciones profesionales de trabajadores y convenciones colectivas de trabajo.
9. La modificación del sistema de obras sociales, haciendo no obligatorio el aporte del trabajador a la obra social del sindicato que lo representa.
10. La reforma previsional, aprobada en septiembre de 1993, además de reducir los aportes patronales, se proponía privatizar una gran parte del sistema jubilatorio para eliminar el déficit que surgía de las cajas jubilatorias quebradas; crear un mercado de capitales a partir de los fondos concentrados en manos de los bancos y empresas que administrarían los planes de jubilación privada; y la ampliación de la edad mínima para acceder a las jubilaciones.

Gracias a la feliz coyuntura internacional, mientras se avanzaba en las reformas hasta un punto que resultaron irreversibles, se atenuaron sus efectos más duros. Creció el PBI y el consumo, cayó la inflación y el Estado mejoró su recaudación hasta el punto de gozar de superávit fiscal, en buena medida debido a los ingresos por la privatización de las empresas.

Esta bonanza ocultó por un tiempo los aspectos más duros, y a la larga los más perdurables, de la gran transformación. El más notable fue el desempleo, que registró un marcado aumento llegando en 1995 a más del 18%. Esto significa que había cuatro millones de personas con problemas de trabajo: casi dos millones de desocupados y otros tantos subocupados. Una de las causas centrales de esta situación, fue la privatización de las empresas públicas, ya que en ellas se habían acumulado una gran cantidad de trabajadores, que, considerados con los nuevos y estrictos criterios gerenciales, resultaban excedentes y por lo tanto fueron despedidos. Los efectos se disimularon en un principio, por las importantes indemnizaciones pagadas. En cuanto a las empresas privadas, se vieron en la necesidad de reducir los salarios y los beneficios para los trabajadores debido a la abrumadora competencia de productos importados. Otros sectores eran golpeados por el congelamiento de sus haberes, como los empleados estatales o los jubilados, por el encarecimiento de los servicios públicos, debido a su privatización, por el cierre de sus establecimientos, como muchos empresarios pequeños y medianos, o por los cortocircuitos financieros de varios gobiernos provinciales, pese al rápido auxilio del gobierno nacional: en Santiago del Estero, Jujuy o San Juan se produjeron las primeras manifestaciones públicas y violentas de descontento por el nuevo orden.

Para esos años el gobierno ensayó algunas medidas paliativas, aprovechando que los recursos fiscales podrían estirarse aumentando el endeudamiento. Se aumentaron distintos programas sociales, cuyos efectos, sin embargo, se diluyeron por la mala administración y el clientelismo político.

Se atenuó la apertura económica, para atender a las protestas más fuertes; así, la industria automotriz recuperó casi todos sus beneficios tradicionales. Los sectores exportadores, perjudicados por un peso sobrevaluado, recibieron subsidios, reintegros y compensaciones fiscales.

Como ya dijimos anteriormente, Menem concentró un enorme poder y autoridad. Su estilo de gobierno fue más propio de un príncipe que de un jefe de Estado. Gobernó desde la residencia de Olivos, a la cual le dio un cancha de golf, zoológico, peluquero, profesor de golf, etc. A menudo, recorría el mundo a bordo de un avión presidencial. A estos enormes gastos, se le sumaron los provenientes de la corrupción política. Esta se utilizó para limar resistencias y cooptar adversarios y cimentó un pacto entre los miembros del grupo gobernante. Luego, esta corrupción estuvo también destinada a representantes de grandes lobbies o a iniciadores de una fortuna nueva, quienes tenían acceso privilegiado a las decisiones de gobierno.

Menem era parte de un nuevo peronismo, que luego de la derrota de 1983, y aceptadas las nuevas condiciones que la democracia planteaba a la política, había abandonado progresivamente sus características de "movimiento", solidamente anclado en las organizaciones gremiales, para convertirse en un partido de forma más convencional, con comités, organizaciones distritales y una conducción nacional elegida por voto directo. Por otra parte, se atenuó la identificación -raigal en su cultura política- del Peronismo con el "pueblo", enfrentado con los "enemigos del pueblo". Estos cambios no alteraron la solidez de la identidad peronista, ni tampoco de su tradicional criterio de jefatura o liderazgo.

Menem, como presidente y jefe del partido- supo mandar sobre un conjunto de dirigentes y cuadros acostumbrados a obedecer. Sin embargo, reunió apoyos fuera del movimiento, como los del ingeniero Alzogaray o como el de Bernardo Neustadt, periodista cercano al establishment. Además, mantuvo excelentes relaciones con los EEUU y con los presidentes George Bush y Bill Clinton.

Luego de su elección en el año 1991, Menem comenzó a hablar de la reforma constitucional, que lo habilitara para ser reelecto. La idea de la reforma para modernizar la constitución había sido lanzada por Alfonsín, sin éxito. Menem trabajó fuertemente en ella y tras sortear muchas dificultades y trabas logró su objetivo: ser reelecto. Mucho tuvo que ver en ello el pacto que el presidente selló con Alfonsín: este último se comprometió a apoyar la reforma, a cambio de que la constitución contenga una serie de modificaciones impulsadas por la UCR con ánimo de modernizar el texto y reducir el margen legal para la hegemonía presidencial.

A lo largo de 1994, mientras se reformaba la constitución, comenzaron a notarse las dificultades que provocaba la suba de las tasas mundiales de interés. Por entonces, Cavallo lanzó la segunda reforma del Estado con nuevas privatizaciones- el correo y las centrales nucleares- y un severo ajuste de las transferencias de fondos a las provincias.

Frente a esto, los gobernadores y otros sectores del peronismo histórico pidieron atenuar el rigor del ajuste y de actuar en función de las próximas elecciones. Eduardo Duhalde, fue una de las voces destacadas de esta campaña de "peronización" del gobierno.

Pero Menem fue totalmente solidario con su ministro, sobre todo, al sentirse a principios de 1995, los efectos de la crisis mexicana del "tequila". El gobierno de ese país devaluó su moneda y, en un clima de mucha sensibilidad, hubo un masivo retiro de fondos internacionales de la Argentina. La vulnerabilidad de la economía se manifestó con toda su fuerza: se precipitaron el déficit fiscal y la recesión, y la desocupación trepó a un nivel del 18%. El gobierno respondió a esta situación con una fuerte poda presupuestaria, reducción de sueldos estatales, fuerte aumento de impuestos y un consistente apoyo del FMI y del Banco Mundial. La economía no se desmoronó pero la recesión fue prolongada.

En lo inmediato, la crisis le dio nueva fuerza a la campaña reeleccionista de Menem, pues este pasó a encarnar el orden y la estabilidad. Así, en el año 1995, enfrentó a una UCR debilitada y sin confianza, y a una nueva fuerza: el FREPASO, fruto de la unión entre el Frente Grande y un movimiento armado por el dirigente peronista mendocino José O. Bordón.

Menem, acompañado por Carlos Ruckauf, venció con el 50% de los votos.

Allí mismo comenzó el declive. Aunque la crisis del tequila fue superada, el sistema bancario pudo ser salvado- a costa de una fuerte concentración y extranjerización- y el PBI se recuperó con fuerza en 1996 y avanzó en 1997, creciendo por encima del 8%, ya no corrían los mismos tiempos de bonanza y estabilidad. La desocupación continuo en franco aumento. La deuda externa creció hasta alcanzar los 100.000 millones en 1996, provocando una enorme dependencia de la Argentina de capitales externos, y del humor de los inversores, que desde entonces fue en general malo y mucho peor con el derrumbe de varios mercados emergentes.

En 1995 terminaron los tiempos de afluencia fácil de capitales externos y de la consiguiente holgura fiscal; la tendencia dominante desde entonces fue la restricción, con sus conocidos efectos: subas de las tasas de interés, recesión, penuria fiscal y mayores dosis de ajuste y reforma. Como consecuencia de esto, quedó poco margen para lo que hasta entonces Menem y su gente, con la tolerancia de los técnicos había hecho: distribuir dinero para acallar quejas y ganar complicidades. En la nueva coyuntura, los celosos auditores externos ya no lo admitieron, y su aval era indispensable para la renovación de los créditos.

El gobierno quedó atrapado entre las exigencias de mayor ajuste, para "cerrar las cuentas", y los reclamos crecientes de una sociedad que iba recuperando su voz.

Quién primero sintió el impacto de la nueva coyuntura fue Cavallo. Los dirigentes peronistas se hicieron eco del fuerte malestar social, que afectaba sus propias bases electorales; reclamaron contra una política que juzgaban ahora como "poco peronista" y excesivamente apegada a las recetas del FMI y centraron sus baterías en el ministro: a principios de 1996, boicotearon la aprobación de la Ley de Presupuesto y se negaron a aprobar otra, que extendía las atribuciones económicas del ejecutivo.

El conflicto mayor fue el que enfrentó a Cavallo con el grupo de allegados del presidente: gestores de negocios poco claros e intermediarios obligados de cualquier grupo de interés particular. Con motivo de la Ley de Patentes Medicinales, Cavallo sostuvo la posición norteamericana, chocando con los senadores, encabezados por Eduardo Menem, quienes defendían a los laboratorios locales, un lobby poderoso y generoso con sus amigos. La privatización del correo produjo otro enfrentamiento, en este caso con el empresario postal Alfredo Yabrán. Cavallo lo acusó de mafioso y de evasor de impuestos, también acusó a dos ministros muy cercanos al presidente: Carlos Corach, y el de justicia, Elías Jassan.

De esta manera, Cavallo logró instalar el tema de la corrupción en la opinión pública. Recibió una réplica contundente, él y sus hombres fueron acusados de otros negociados y querellados ante la justicia. Este fue el final de su gestión: a fines de Julio de 1996 Menem lo reemplazó por Roque Fernández, un economista ortodoxo que presidía el Banco Central.

A diferencia de Cavallo este ministro no tenía intenciones políticas ni visión a largo plazo; se dedicó casi exclusivamente a ajustar las cuentas fiscales y resistió eficazmente todo tipo de presiones. Así, subió el precio de los combustibles, elevó el impuesto al Valor Agregado, que llegó a un insólito nivel del 21%, redujo el numero de empleados públicos y finalmente realizó grandes recortes en el presupuesto. Además impulsó las privatizaciones pendientes: el correo, los aeropuertos y el Banco Hipotecario Nacional, y vendió las acciones de YPF en poder del Estado al accionista mayoritario: la empresa española Repsol.

Cada medida de ajuste, que requería una ley tuvo que ser arduamente negociada en el Congreso, donde el ministro fracasó con la legislación sobre flexibilización laboral. Esta era exigida por los empresarios y por el FMI, y generaba una fuerte oposición dentro y fuera del peronismo, ya que implicaría un nuevo golpe a los trabajadores y una mayor precarización laboral. En 1997, en pleno tiempo electoral, Menem dejó de lado la reforma y pensó en los votantes: Erman González, ministro de Trabajo, llegó a un acuerdo con los gremialistas, garantizándoles el monopolio sindical en la negociación de los convenios colectivos. La ley fue rechazada por los empresarios y Fernández exigió el veto de algunos artículos. También se opuso a otra ley, que garantizaba un fondo de mejoramiento salarial para los docentes y rechazó un ambicioso proyecto de construcción de 10.000 Km. de autopistas, que hubiera significado un rápido descenso de la desocupación.

El ministro no tenía muchas alternativas, debido a la coyuntura financiera internacional. En julio de 1997 Tailandia devaluó su moneda y se desató la crisis; cuando en octubre derrumbó la bolsa de Hong Kong, los financistas miraron con desconfianza los mercados emergentes, incluyendo el argentino. Los derrumbes siguieron: Corea, Japón, Rusia y finalmente Brasil, que devaluó su moneda en los primeros días de 1999. Este fue un duro golpe para la Argentina, ya afectada por el encarecimiento del crédito y la caída en los precios de sus exportaciones.

En 1995, la apertura del mercado brasileño había sido providencial para la Argentina, que exportó alimentos, petróleo y automotores.

En 1997 empezaron a haber algunos problemas: los productores de azúcar denunciaron que Brasil hacía dumping, e impulsaron una ley arancelando su importación, que Menem vetó, preocupado por robustecer el Mercosur. La devaluación del real contrajo el mercado brasileño para las encarecidas exportaciones de productos argentinos. A su vez, permitió a Brasil tener una relación cambiaria favorable para sus exportaciones hacia la Argentina, lo que generó reclamos de protección frente a estos productos y significó que grandes empresas argentinas se trasladaran a Brasil o al menos subcontrataran allí parte de su producción.

La crisis de 1998 fue más profunda y prolongada que la del tequila y sin final anunciado. Todo se sumó: aumento de los intereses de la deuda, escasez y alto costo del crédito, caída de los precios de los productos exportables y recesión interna. Ese año el PBI retrocedió alrededor del 4% y la producción de automotores cayó casi a la mitad. Todo ello profundizó la transnacionalización: varios bancos y empresas fueron comprados por corporaciones multinacionales o por grandes fondos de inversión, como Exxél, que adquirió las empresas de Yabrán. El gobierno de Menem llegó a su fin sin margen para hacer beneficencia electoral, y debió cerrar su presupuesto con un déficit tan abultado que no se atrevió a declararlo. La deuda externa trepaba por entonces a 160.000 millones, el doble que en 1994.

Con estas condiciones, Menem empezó a sufrir una oposición social cada vez más activa. Quienes hasta entonces habían callado, empezaron a hablar y las demandas confluyeron y se expresaron de manera novedosa y efectiva.

1995 fue un año crítico: en varias provincias hubo manifestaciones violentas encabezadas por empleados públicos que cobraban en bonos de dudoso valor; en Tucumán se agregó el cierre de varios ingenios y en Tierra del Fuego, el retiro de las fábricas electrónicas, ante el fin del régimen promocional. Asimismo, los sindicatos realizaron dos huelgas generales, la oposición política impulsó una protesta ciudadana: un apagón de 5 minutos y un cacerolazo, la iglesia-al asumir monseñor Estanislao Karlic- empezó a sumar su voz a las protestas, los gremios docentes instalaron una carpa blanca frente al Congreso, donde por grupos docentes de todo el país ayunaban, mientras recibían visitas y adhesiones. Por otra parte, se producen cortes de ruta en Cutral Có y Tartagal, localidades de las zonas petroleras de Neuquen y Salta, muy afectadas por la privatización de YPF y los despidos masivos. Este es el comienzo del grupo piquetero, quienes, a través de cortes de rutas, quema de neumáticos, ollas populares reunieron tras de sí a trabajadores desocupados, a familiares y amigos, dispuestos a enfrentar la represión a pecho descubierto, con piedras y palos. Era la movilización de los desocupados, violenta y a la vez reacia a cualquier tipo de organización.

El gobierno respondió reprimiendo y en algunos casos negociando, entregando ayuda en alimentos o ropa y sobre todo contratos de empleos transitorio, los planes "trabajar". A estos movimientos de protesta social, se le sumaron estudiantes que cortaban las calles de las ciudades o productores rurales que realizaban "tractorazos", indicando un estado de efervescencia generalizado y la reaparición de la política en la calle.

Simultáneamente, el gobierno sumó problemas en el frente interno con la resurrección del peronismo histórico. Así, en 1995 Eduardo Duhalde anunció que sería candidato y comenzó su campaña para presidente.

Otro problema fue que la corrupción del grupo gobernante se hizo pública: las ventas clandestinas de armas a Croacia y a Ecuador, que complicaban a varios ministros e incluso a el presidente; los negocios de la "mafia del oro", que realizaba exportaciones ficticias y las coimas pagadas por la empresa IBM a los directores del Banco Nación. También se produjo la explosión de la fábrica de armamentos de Río Tercero, que habría borrado las huellas del contrabando de armas a costa de muchas vidas y el asesinato del periodista Cabezas, quien habría fotografiado a Yabran en contra de su voluntad.

Desde 1995 fue creciendo el espacio para una fuerza política opositora. El FREPASO obtuvo un notable crecimiento electoral. Allí convergían disidentes del PJ y la UCR, la Unidad Socialista y otros pequeños grupos provenientes de la izquierda o el populismo. Mientras tanto, la UCR logró superar los problemas que había tenido desde el final de la presidencia de Alfonsín y obtuvo un importantísimo éxito electoral , al ser elegido Fernando De la Rúa como primer jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Desde 1995 la UCR y el FREPASO, concertaron su acción parlamentaria y luego comenzaron a discutir para formar una alianza más formal. En 1997 crearon la Alianza para la Justicia, el Trabajo y la Educación . Concurrieron juntos en las elecciones legislativas y obtuvieron un notable éxito electoral. Finalmente eligieron en elecciones internas a su candidato a presidente: De la Rua. Chacho Alvarez lo acompañó en su formula enfrentando a Duhalde y Ramón "Palito" Ortega y por otro lado, a Cavallo, con su partido Acción por la República.

En la elección presidencial triunfó la formula: De la Rua-Chacho Alvarez con el 48,5% de los votos.

El 26 de marzo de 1991, la Argentina, Brasil, Paraguay, y Uruguay suscribieron el Tratado de Asunción por el cual se creó el Mercado Común del Sur, MERCOSUR. Esta iniciativa se produjo en el marco de la formación o consolidación de otros mercados regionales, como la Unión Europea, el Nafta y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Estas uniones pueden considerarse una respuesta de los Estados al proceso de globalización económica.

El Mercosur tuvo como objetivos lograr la libre circulación de bienes y servicios por el territorio de los Estados parte, el establecimiento de un arancel externo común y el compromiso de los gobiernos de coordinar sus políticas macroeconómicas y de adecuar sus legislaciones internas para fortalecer el proceso de integración. Inicialmente una zona de libre comercio, se constituyó en una Unión Aduanera cuando el arancel externo común entró en operación en 1995 (aunque los países aún podían aplicar regímenes especiales para un grupo de bienes exceptuados).

Hacia mediados de los años noventa, el aumento sostenido del comercio intra-regional desde comienzos de la década, el éxito inicial del programa de estabilización de la economía brasileña, y la rápida superación de la crisis financiera argentina de 1995, alentaban una perspectiva esperanzadora respecto al funcionamiento económico del MERCOSUR. Las economías integrantes expandían la producción, el comercio estaba pasando por un período de auge y las inversiones locales y extranjeras dirigidas al mercado regional eran crecientes. Este panorama cambió abruptamente a partir de los efectos sobre la región de una serie de perturbaciones financieras y comerciales derivadas de episodios como la crisis del Este Asiático en 1997, los problemas financieros de Rusia en 1998 y la devaluación brasileña en 1999. El retorno a la extrema volatilidad del entorno condujo a que las decisiones de producción e inversión se vieran afectadas y a dudas crecientes respecto a la solvencia de las economías. En particular, la abrupta reducción de los flujos internacionales de capital hacia las economías de la región configura una restricción de primer orden. En los últimos años, la ruptura del régimen de convertibilidad en Argentina a fines de 2001, la crisis bancaria de Uruguay en 2002 o los problemas financieros actuales de Brasil establecen un futuro incierto para el MERCOSUR.

Los años de existencia del MERCOSUR transcurrieron en medio de intensos procesos de estabilización y reforma estructural de las economías que lo integran. A pesar de las amplias fluctuaciones en las condiciones macroeconómicas y el contraste entre los regímenes monetarios y cambiarios, este proceso de integración entre economías de desarrollo intermedio alcanzó en un período relativamente breve algunos resultados que evidencian la potencialidad del mismo: 1) un notable aumento del comercio intraregional en paralelo a un importante aumento del comercio con el resto del mundo; 2) un fuerte crecimiento de la inversión extranjera directa en los países del área (focalizada primero en Argentina y luego en Brasil); 3) un gran interés internacional en el proyecto MERCOSUR, por parte de inversores, gobiernos y técnicos.

Producto de una liberalización regional del comercio que procedió junto con una significativa apertura unilateral de los países del MERCOSUR al mundo, los flujos totales de comercio de los países de la región más que se duplicaron entre 1991 y 2000.

En ese contexto, la participación del comercio intra MERCOSUR en los flujos totales tuvo un aumento significativo. Es así que, durante el período 1991-2000, las exportaciones intra MERCOSUR crecieron casi un 250%, mientras que las ventas externas al resto del mundo lo hicieron tan sólo en un 64%.

Por otra parte, durante el decenio de los noventa el aumento en los ingresos netos de los flujos de inversión extranjera directa (IED) hacia el MERCOSUR fue notable, pasando de unos 1.600 millones de dólares promedio anual en el período 1984-1989 a más de 40.000 millones por año entre 1997 y 1999. Los montos anuales de IED crecieron de forma continua durante la década de los noventa, permitiendo al MERCOSUR triplicar la participación en los flujos totales de IED a nivel internacional (desde el 2% en 1990-93 a casi 6% en el período 1997-99) durante un período de auge en el total mundial.

Uno de los aspectos más estudiados de los efectos positivos del MERCOSUR sobre la economía de la región es quizás que en el perfil del comercio intra-regional aparecen un conjunto de productos que no son objeto de comercio con otros países del mundo. Estos bienes no tradicionales reflejan el aprovechamiento de ventajas competitivas originadas en economías de escala y de especialización al interior del MERCOSUR. El proceso de integración regional parece apoyar el proceso de especialización intra- industrial dado que los bienes industriales intercambiados dentro de la región tienden a ser más intensivos en tecnología que los exportados al resto del mundo. Por otra parte, otro hecho positivo a destacar es que se produjo un aumento en el intercambio de productos energéticos(gas y petróleo).

La Argentina se encuentra inmersa en la división internacional del trabajo como proveedor de materias primas, o sea, en una situación que de por si sola implica un enorme grado de dependencia ya que el país depende para su subsistencia de la venta de materias primas, y ya que no posee industrias, necesita comprar del extranjero productos industriales y de alta tecnología con un alto valor agregado. Esta división fue siempre muy perjudicial para los países no desarrollados, pero en los últimos años la situación se agravó por el deterioro de los términos de intercambio(los precios de las materias primas valen cada vez menos mientras los productos industriales mantienen o aumentan su valor) y por la discriminación comercial aplicada por las grandes potencias(colocan trabas aduaneras para los productos extranjeros que puedan competir con su producción nacional y otorgan subsidios al campo mientras piden a los países pobres abrir los mercados a sus productos).

Esta división internacional de trabajo implica también para la Argentina y los otros países subdesarrollados una "importación" de capitales: en estos momentos de las 500 mayores empresas del país sólo un 20% está en manos de capitales argentinos, mientras que el otro 80% son propiedad principalmente de grandes multinacionales, que influyen en las decisiones políticas y económicas nacionales y al representar intereses extranjeros colocan a la Argentina en una situación de total dependencia. Este tipo de economía muy poco industrializada no puede ocupar gran cantidad de mano de obra por lo que genera desocupación y miseria, genera una constante fuga de capitales al extranjero(servicios de la deuda, ganancias de las empresas extranjeras operando en el país que son giradas al exterior, en la década del 90 el turismo en el extranjero), produce una acumulación de la riqueza en pocas manos(los dueños de los campos, la burguesía nacional trasnacionalizada y los grupos económicos extranjeros operando en el país) y por lo tanto imposibilita el desarrollo.

Este sistema logró mantenerse vigente a lo largo de la mayor parte de nuestra historia, a través, de la deuda externa. Esta fue en todos los tiempos un instrumento de succión de las riquezas nacionales, de imposición de políticas y de dominación de grupos políticos y económicos. Una operación de préstamo que en teoría consiste en la utilización de ahorro para fines de desarrollo nacional, en los hechos fue una especulación financiera que vació al país, condicionó su política, consolidó a los gobernantes y los enriqueció, junto con los especuladores extranjeros y nacionales.

Otro hecho que agrava la dependencia argentina es que a lo largo de toda nuestra historia cada grupo hegemónico ha estado vinculado –o subordinado- a una potencia extranjera predominante, que hasta la segunda guerra mundial fue Inglaterra y luego de ella fue Estados Unidos. La deuda externa es el instrumento de regulación o de extorsión en esas relaciones. En una etapa prevalecían los conflictos entre los adictos a las potencias dominantes(en nuestro caso Gran Bretaña y EEUU);así se financiaba a los secuaces y se hostilizaba a los adversarios; cuando los amigos llegaban al poder se los apoyaba y convertía en socios. En otra etapa, se promovían golpes de Estado, durante los cuales se compartía gobierno y negocios. Una tercera fase es la de los golpes de mercado, en los que ya interviene de modo directo el poder financiero, mediante el otorgamiento o la negociación de prestamos externos. En este momento, la deuda externa es una garantía para la continuidad de la política económica que conviene a los acreedores. Esto se logra con facilidad. Primero se infla la deuda a montos tales que se hace impagable. Entonces es necesario seguir recibiendo prestamos para cancelar los intereses. Estos prestamos se otorgan si se cumple con la política que quieren los acreedores. Los detalles de esta política se inscriben en los acuerdos stand-by con el FMI , que no desembolsa si no se cumplen. Luego hay que obedecer. De tal modo, el FMI utiliza la deuda externa como principal eje de su influencia sobre los países. No solo porque presta directamente, sino porque su luz verde es requisito indispensable para el acceso a otros prestamos o inversiones externas.

El hecho sobresaliente de una investigación realizada por Galasso es que los gobiernos populares se desendeudaron mientras que los oligárquicos aumentaron la deuda. A través de una recorrida por la historia Argentina se puede observar claramente esto.

El primer préstamo que recibe nuestro país es el Baring Brothers, se produce durante el gobierno de Rivadavia y es entregado por Inglaterra. Además de utilizarse como instrumento de saqueo y sumisión semicolonial, este acuerdo está ligado a la corrupción(Robertson, Castro y García se quedan con parte del dinero).Luego durante el período 1862-1880 se financió primero el enfrentamiento contra Paraguay y existieron también empréstitos destinados a las provincias, en especial la de Buenos Aires.

En el lapso 1880-1904 se utilizaron primero prestamos para ferrocarriles y después se cayo en la crisis de 1890 con miguel Juárez celman; los bancos europeos ofrecían créditos a quienes quisiera tomarlos; en ese contexto de especulación desenfrenada, en 1890-1891 se llegó a la crisis de pagos externos.

Después renunció el presidente Juárez Celman y asumió Carlos Pellegrini y la deuda externa apareció como problema fundamental.

La siguiente etapa es la que va de 1904 a 1928 y cubre las presidencias de Manuel Quintana, José Figueroa Alcorta, Roque Saenz Peña y Victorino de la Plaza; entonces continuó el endeudamiento para usos multiples. Luego, a partir de 1916, vinieron los gobiernos radicales. Con el de Hipólito Irigoyen disminuyó la deuda y aumentó durante el período de Marcelo Torcuarto de Alvear.

Después, entre 1928 y 1938 la deuda siguió aumentando durante los gobiernos de los generales Jose F. Uriburu y Agustín P. Justo; al final del período entre 1935 y 1937 se produce una repatriación de la deuda.

Entre 1938 y 1955 hubo políticas alternativas. Al principio, durante las presidencias de Roberto M. Ortiz, se interrumpieron las repatriaciones de la deuda. A partir de 1940, durante la presidencia de Ramón M. Catillo, volvieron a practicarse sin interrupciones, se intensificaron a partir de 1946 y llevaron a la extinción de la deuda externa Argentina en 1948 bajo la presidencia de Perón. En 1955 la deuda externa oscilaba entre 500 y 700 millones de dólares. En el período 1955-1976 continuó el endeudamiento externo, que en 1975 era de alrededor de 9000 millones de dólares.

A partir de 1976 se produjo la explosión de la deuda externa, pues fue primero el instrumento de una gigantesca evasión de capitales(1976-1983) y después el combustible que hizo funcionar la convertibilidad. En la primera etapa fue la herramienta utilizada por el establishment financiero internacional y nacional para lucrar con elevadas tasas de interés local y para evadir capitales. En la segunda, el mecanismo que permitió cubrir los deficits crónicos de los sectores fiscal y externo(en periodos de auge, el déficit externo por aumento de importaciones; y en los de recesión, el déficit fiscal por la disminución de la recaudación).Así creció la bola de nieve hasta que la situación se hizo insostenible y se terminaron los prestamos externos. Entonces, la economía basada en el endeudamiento se derrumbó. Los personajes promotores de este endeudamiento fueron en el período militar Jorge Rafael Videla y el ministro Jose A. Martinez de Hoz y desde 1991 hasta 2001 los presidentes Carlos Menem y Fenando De la Rúa y el ministro de economía de ambos Domingo F. Cavallo.

Los empréstitos, como ya se dijo, están ligados a la corrupción. Ya es de rutina que a los negociadores del país deudor se les regale un porcentaje del empréstito. Dos casos resonantes en donde se produje este fenómeno fue en el primer préstamo otorgado al país, por la banca Baring y el último caso conocido con motivo de la deuda se produjo en el megacanje. A mediados del 2001 la Argentina se quedó sin crédito y no podía pagar a los acreedores. Entonces se contrato un "megacanje" por el cual se aumentaba en 3 años la cartera objeto del canje; a cambio, se recargaban las obligaciones del resto del período(31 años) en 55.281 millones de dólares. Una de las trampas, además de la suba de las tasas de interés , está que en el año 31, se cancelan 17.099 millones de dólares y durante los 30 años anteriores se pagan intereses por esas suma.

Además los bancos que armaron el megacanje, cobraron comisiones por 147.5 millones de dólares. Este es un ejemplo flagrante y reciente de la ilegalidad de la deuda externa, así como de los negocios que permite.

La vulnerabilidad de la economía Argentina tiene un eje central en el sector externo y más particularmente en los condicionantes de la apertura externa que surgen desde la crisis de mediados de los 70. El fenómeno se despliega mediante la apertura importadora y de la cuenta de capitales, determinando un proceso de dependencia del ingreso de capitales del exterior para equilibrar el déficit del balance de pagos. Dicha situación es convergente con el comportamiento de los capitales internacionales excedentes, que como solución propia a la crisis de rentabilidad operada a fines de los años 60 y comienzos de los 70, presionaron y aún lo hacen, para abrir las cuentas de capital de los países de menor desarrollo relativo. Como se dijo anteriormente, estos capitales contaron con el apoyo de los organismos financieros internacionales, que presionaron sobre los sucesivos gobiernos, de la misma manera que lo hicieron con otros países de elevado endeudamiento, particularmente en América Latina.

Entonces aparece como necesidad de los capitales dominantes consolidar en el plano jurídico las reformas en el modelo de acumulación que se fuera construyendo desde la crisis de mediados de los 70, y por ello una constante desde la Dictadura Militar de 1976 ha sido el aliento a las reformas estructurales, que durante el gobierno de facto se materializaron a través del régimen financiero( a partir del cual se instaura un nuevo proceso de especulación financiera y de endeudamiento externo tanto público como privado) y de la legislación sobre inversiones extranjeras. Pero fundamentalmente, durante la década del 90 se concentró en la reforma estatal, las privatizaciones, en el régimen de convertibilidad y en la apertura de la economía. Estos fenómenos hicieron acrecentar, en vinculación directa con un capital deseoso de incrementar su rentabilidad, el efecto nocivo del endeudamiento externo, descargando sobre la mayoría de la población el costo derivado del mismo.

Tanto el FMI como el Banco Mundial, garantes principales de las políticas impulsadas por los Estados Unidos, participaron activamente, impulsando el proceso de desregulación y apertura, favoreciendo el libre movimiento de capitales.

De esta forma, con la implantación del modelo neoliberal, y la reinserción de nuestro país en la división internacional del trabajo(desaparece la industria, se importan capitales, se exportan materias primas), Argentina se transformó en un país mucho más dependiente de lo que era anteriormente. Paralelamente aumentó la desocupación, la miseria, cayeron los salarios reales y se entró finalmente en una profunda crisis. Cabe preguntarnos porque este mismo modelo(neoliberal) no destruyó las economías estadounidense, europea o japonesa. Según Theotonio dos Santos, profesor de la Universidad Federal Fulmínense América latina asumió el neoliberalismo desde un punto de vista unilateral. Casi todos los países de la región bajaron drásticamente sus barreras tarifarias, sin pedir ninguna compensación. Por el contrario, Estados Unidos nunca bajó sus tarifas. Ni Europa. Al menos en los sectores en que ellos son poco competitivos y que les interesa preservar. America Latina permitió la entrada de productos y no creó nuevos mercados, porque los países desarrollados le imponen y le impusieron barreras, sobre todo en los sectores estratégicos, como el acero para Brasil.

El papel que ocupa la Argentina en el mundo y principalmente su inserción en la división internacional del trabajo se relaciona y es una directa consecuencia de cómo se formó la república Argentina y porqué razones o causas.

En nuestro país triunfó la oligarquía mitrista abrazada al capital ingles, librecambista y fervorosa partidaria de la división internacional del trabajo que le adjudicaba a la Argentina el rol de productora de cereales y carnes. Esto implicaba desocupación, mercado interno raquítico, hundimiento del interior con sus riquezas naturales inexplotadas, subordinación política y cultura colonial. Lo contrario de la civilización y progreso histórico, aunque de esta manera fue llamado por la clase dominante Argentina, tratando de semejarse a la burguesía industrial norteamericana que nada tenía en común con ellos.

Fernando De la Rúa asumió el 10 de diciembre de 1999 la presidencia del país, tras una campaña en la que hizo hincapié en la promesa de revivir la estancada economía y erradicar la corrupción que plagó los 10 años de gobierno del presidente peronista Carlos Menem. De la Rúa nombró a José Luis Machinea como ministro de economía.

A fines de diciembre el Senado aprobó un presupuesto para el año 2000 que incluía un recorte de 1.400 millones de dólares y convertía en ley el denominado "impuestazo", extendiendo el IVA y aumentando las contribuciones de ganancias y bienes personales, medidas que, según de la Rúa, eran necesarias para llegar a la meta de déficit fiscal de 4.500 millones de dólares.

Machinea prometió el 5 de enero que la economía crecería "no menos de un 4%" en el año. Además, añadió que el déficit presupuestario de 1999 había sido de alrededor de 7.100 millones de dólares, cifra que excedía por mucho el objetivo ese año, que debía ser de 5.100 millones de dólares según el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además agregó una frase que muchos argentinos cuestionarían cuando afirmó: "La recesión ya terminó".

A finales de mayo Argentina anunció recortes en el gasto público por 938 millones de dólares, que incluían recortes en los salarios de los trabajadores del Estado. Y en junio el gobierno argentino ratificó su política económica después de la segunda huelga general de las centrales sindicales contra el programa de ajustes.

En octubre del año 2000, el gobierno recibió un duro golpe a nivel político, cuando Carlos Álvarez renunció a su función de vicepresidente, como una forma de protesta por el manejo de De la Rúa ante un escándalo por sobornos en el Senado de la Nación. Los mercados internacionales de capitales cortaron virtualmente el acceso financiero a Argentina por temor a que el Poder Ejecutivo no consiguiera aprobar una ley clave por el debilitamiento de la coalición de gobierno, ya que el presidente había llegado al poder representando a la Alianza entre la UCR y el Frepaso (cuyo principal referente en el gobierno era "Chacho").

El día de su renuncia el ex-vicepresidente aseguró: "Parece paradójico y a la ve resulta cada vez más chocante: cuanto más avanzan la pobreza, la desocupación, el escepticismo y la apatía, desde no pocos lugares se responde con dinero negro y compra venta de leyes, más pragmatismo y más protagonismo para quienes operan en la política como si fuera un gran negocio para pocos..."

Al mes siguiente, el gobierno enfrentó su tercera huelga general en menos de un año y recortó el pronóstico de crecimiento económico a 0,5% para 2000. En diciembre se anunció el acuerdo de un paquete de ayuda financiera, liderado por el FMI, de 39.700 millones de dólares.

En marzo del 2001 Machinea renuncia a su cargo al frente del Ministerio de Economía. De la Rúa nombra a Ricardo López Murphy como nuevo ministro de economía. La asunción de éste y la cercanía al gobierno de economistas de la Fundación de investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) hizo prever un alineamiento estricto con el Fondo y la prosecución de nuevas políticas de ajuste. El día 16, el ministro anunció un recorte en el gasto público de 1.962 millones de dólares en 2001 y de 2.485 millones en 2002 y de 360 millones a las universidades públicas para combatir un abultado déficit fiscal.

El recorte arrastró las renuncias del ministro de Educación, del Interior, de Desarrollo Social, y del secretario general de la Presidencia. Era el Frepaso saliendo de la Alianza. Al día siguiente, López Murphy fue aclamado en la Bolsa de Comercio: el paquete de medidas se completaba con una reducción del 30% del personal estatal, una profundización de la Reforma Laboral y nuevas privatizaciones (AFJP Nación, Casa de la moneda y Lotería Nacional). El 20 de marzo, el ministro de Economía presentó su renuncia.

Nueve días más tarde, Domingo Felipe Cavallo retornó la ministerio de Economía (el tercero en 19 días). Luego de asumir, el Congreso de la nación le otrogó los denominados "superoderes".

Se anunció un nuevo "impuestazo", la reducción del IVA del 21% al 10.5%, pero su generalización (al transporte, a la televisión por cable, a los espectáculos, a la venta de diarios y revistas) y se impuso la meta de reducir a cero el déficit público.

Con la aprobación de la ley denominada de "Déficit Cero", se recortó en un 13% a los salarios, jubilaciones y pensiones superiores a los 500 pesos (el 9 de agosto, la Corte Suprema determinó que estos recortes no alcanzarían al Poder Judicial).

A mediados de ese año, Cavallo pidió a los argentinos que confíen en el peso y que no retiren sus depósitos. El índice Embi+ de J.P. Morgan, que mide el riesgo crediticio del país, superó los 1.300 puntos básicos. El ministro de economía sostuvo que su plan de gastar sólo lo que se recaude en impuestos y evitar contraer deudas a tasas insostenibles era la única alternativa para evitar "reintroducir el desorden monetario inflacionario que tardamos 45 años en eliminar". Varias protestas contra el ajuste económico, que incluyen cortes de carreteras, convocaban a miles de trabajadores y desempleados en todo el país. Más tarde, desocupados argentinos bloqueaban caminos en todo el país en rechazo a un severo ajuste del gasto público centrado en una rebaja de salarios a empleados estatales y pensiones dispuesto por el gobierno.

El 29 de agosto, el Congreso sancionó la Ley de Intangibilidad de los Depósitos (bastante paradójica si se consideran las determinaciones futuras del gobierno), que señalaba: "El Estado nacional en ningún caso podrá alterar las condiciones pactadas entr los depositantes y la entidad financiera, esto significa la prohibición de canjearlos por títulos de la deuda pública u otros activos del Estado ni prorrogar el pago de los mismos, ni alterar las tasas pactadas, ni la moneda de origen, ni reestructurar los vencimientos que operan entre las fechas establecidas entre las partes".

En octubre, en las elecciones legislativas, el electorado expresa su descontento mediante el denominado "voto bronca". Entre absentismo y votos impugnados y en blanco, el 42% del padrón vota en forma negativa. De todos modos, las elecciones las gana el peronismo, un nuevo golpe político para la Alianza.

El gobierno, presionado cada vez más por los indicadores de riesgo, impulsó un nuevo paquete de medidas en el que se incluía una nueva estatización de deudas privadas. La caída de la economía argentina podía verse en las cifras que expresaban los diarios: cada día había 2000 nuevos pobres (familias con menos de $450 por mes para vivir), el 40% de la población vivía en la subpobreza y más de la mitad de los asalariados cobran menos de $500 por mes, y más de cuarto millones están desocupados o subocupados.

En este contexto social el gobierno anunció un proyecto para el presupuesto del año 2002, en el que se incluía mantener la baja de salarios, jubilaciones y pensiones y se analizaba la posibilidad de suprimir aguinaldos.

El 1 de diciembre de 2001 se anunció el denominado "corralito financiero". Esta medida incluía:

1. La imposibilidad de retirar más de 250 pesos o dólares en efectivo por semana de las cuentas bancarias (se afirmaba que la medida sería levantada en 90 días).
2. La determinación de que las extracciones serían en pesos o dólares, pero los bancos no podrían cobrar comisiones
3. La prohibición de hacer transferencias al exterior
4. el premiso para realizar movimientos entre las cuentas bancarias.

El 19, Cavallo y todo su gabinete renuncias, cediendo ante las fuertes presiones sociales, productos de manifestaciones, huelgas y cortes de ruta. Además, esa jornada culmina una ola de saqueos (que terminan con cuatro muertes y represión) que se habían iniciado en forma tenue hacía dos días. La noche del 20 de diciembre De la Rúa da su último discurso cómo presidente, miles de personas caminan a Plaza de Mayo y a distintos lugares en el interior del país para expresar su disconformidad con el poder de turno, sin banderas, con sus familias y la cacerola en mano.

Alrededor de la una de la mañana, la policía comenzó con la represión con balas de goma y la gente se desbandó. Luego, muchos volvieron a la Plaza con sus ollas a cantar el Himno. A partir del mediodía, los manifestantes sufrieron la represión policial y comenzaron a apedrear a las fuerzas de seguridad. Los resultados: siete muertos y más de cien heridos. Casi a las siete de la tarde, el gobierno de De la Rúa, luego de dos años y diez dais, llegó a su fin cuando se fue de la Casa Rosada en su helicóptero.

Argentina se encontraba en una de las crisis institucionales más profundas de su historia. Se produjo en unos pocos días una sucesión de cinco presidentes. Uno de ellos, el puntano Adolfo Rodríguez Saá, declara a nuestro país en default.

El Congreso Nacional nombró luego a Eduardo Duhalde para completar el mandato de De la Rúa. Se derogó la Ley de Convertibilidad, produciéndose una devaluación "asimétrica" y confusa, cuyas consecuencias aún no fueron resueltas.

El 25 de mayo de 2003 asumió la presidencia de la nación Néstor Kirchner, con la promesa de transformar a la Argentina en "un país en serio".

El Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 representa para la historia argentina una verdadera bisagra. En esta época tienen lugar muchos cambio profundos cuyas consecuencias podemos apreciar en nuestros días.

A nivel económico, se da, como se ha visto, una apertura y un achicamiento del rol del Estado, que luego se acentúa durante la década de 1990. Todas estas políticas, impulsadas por el surgimiento del neoliberalismo a nivel internacional, hacen que el rol que cumple la Argentina en la división internacional del trabajo comience a tomar importancia nuevamente. Si bien en un principio, era la "oligarquía terrateniente" aquella que apoyaba este modelo económico, a partir de esta fecha eran inversionistas que basaban sus ingresos en la especulación.

En este punto es donde comienzan a tomar importancia los capitales especulativos en lugar de los productivos, y se da origen a un proceso que caracteriza a todo este período: la desindustrialización. Graves consecuencias tiene sobre la economía argentina este período, que se ve fuertemente empeorado por la falta de accionar de parte del Estado para impedirla.

Un ejemplo claro de esta situación son las privatizaciones en la década del ´90, medidas que perjudicaron, no sólo a la actividad secundaria nacional sino también al mercado interno, factor fundamental para la actividad económica. Esto sucede ya que durante este período se produjeron masivos despidos y consecuentemente una baja de salarios y de poder adquisitivo global de la población.

Además, la Argentina sufre de una gran limitación: la deuda externa. Sin dudas, una factor condicionante en la economía, originado por distintas medidas de los gobiernos, que reducen altamente a los ingresos que podrían ir a impulsar la industrialización, pero sin embargo van destinados a cubrir las deudas financieras contraídas con acreedores externos.

Ahí es donde reside una de las claves del modelo económico que prevalece desde esta época en la Argentina: la dependencia, la limitación. También en este punto se resalta la importancia de la historia y de los acontecimientos pasados para entender el presente. Algunos gobiernos tomaron la decisión de implementar este modelo, endeudarse, depender y comprometieron con esto a todo un país y su futuro, decidieron dejar de protegerlo, de no preocuparse por fomentar la industria nacional, que hubiera representado un paso más para disminuir las importaciones sin que bajaran las exportaciones.

• Banco Central de la República Argentina "Memoria Anual" Bs As 1979, 1980, 1981.
• Blanchard, O. Y Pérez, Enrri: "Macroeconomía", Prentice Hall, Buenos Aires, 2000 (capítulo 27).
• Carlevari, Isidro "La Argentina 1994, Estructura humana y económica" Ed Macchi BsAs 1995
• Di Tella, Torcuato y otros "Historia Argentina desde 1830 a nuestros días" Ed Bs As 1996
• Ferrer, Aldo: "El capitalismo argentino", Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1998.
• Ferrer, Aldo "El Devenir de una Ilusión, La Industria Argentina: desde 1930 hasta nuestros días" Ed Sudamericana S. A. Bs As 1989
• Galasso, Norberto "De la Banca Baring al FMI" Ed Colihue, Bs As 2002
• García Vizcanio, José "Banco Central de la República Argentina 1935-1985" Ed Ascensión, Bs As 1985.
• Gerchunoff, P y Llach, I.: "El cielo de la ilusión y el desencanto", Ariel, Buenos Aires, 1998.
• Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) Realidad Económica nº 120, 121, 152, 153, 164, 182, 184, 186, 192, 193.
• Lanata, Jorge "Argentinos, tomo 2, siglo XX: desde Yrigoyen hasta la caída de De la Rúa" Ediciones B, Bs As 2003
• Lorenzini, Horacio y otros "La Argentina y el mundo" Ed AZ Bs As 1995.
• Oyhanarte, Mario: "Política económica argentina", Ed. Belgrano, Bs. As., 2001.
• Rapoport, Mario "Historia económica, política y social de la Argentina", Ediciones Macchi, Bs. As., 2000.
• Romero, Luis A "Breve Historia Contemporánea de la Argentina 1916/1999" Fondo de Cultura Económica de Argentina Bs As 2001.
• Romero, Luis A "Sistema Socioeconómico y Estructural Regional en Argentina" Amorrurtu Editores, Bs As 1998

Año: 2004

Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini"