- El periodo revolucionario : la
enfiteusis rivadaviana y la política de
Rosas - Entre la caída de Rosas y
la Conquista del desierto - La generación del 80 y
el problema de la tierra - La "Década
infame" - A modo de
conclusión
El presente trabajo tiene
como objetivo
recorrer los aspectos más importantes acerca de los
negocios y actos de corrupción
vinculados a la posesión, entrega y apropiación de
la tierra en
la historia
argentina, desde la Revolución
de Mayo hasta la década de 1930.
La mayoría de los historiadores coinciden en que
la tierra fue el
gran negocio durante el siglo XIX en el territorio de lo que hoy
es la Argentina, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Las
compras abultadas
de tierras públicas no siempre significaron integración de las mismas a los patrimonios
de modo permanente, sino más bien muestran algunas
conductas
especulativas.
A modo introductorio, se puede señalar que las políticas
implementadas por los distintos gobiernos alentaron la
ocupación y la puesta en producción de las tierras que se iban
incorporando mediante las sucesivas ampliaciones de la frontera.
El esquema será el siguiente:
- El período revolucionario : la Enfiteusis
rivadaviana y la política de
Rosas. - Entre la caída de Rosas y la Conquista del
Desierto - La Generación del 80 y el problema de la tierra
- La "Década Infame"
- A modo de conclusión
1. EL PERIODO
REVOLUCIONARIO : LA ENFITEUSIS RIVADAVIANA Y LA POLITICA DE
ROSAS.
La situación revolucionaria en el Río de la
Plata se fue acentuando por las condiciones internas, pero
también por lo que acontecía en la
península, invadida por Napoleón.
El régimen colonial en muy pocos casos reconoció
legalmente la ocupación del territorio, quedando en manos
de los gobiernos pos revolucionarios el primer intento de
ordenamiento jurídico que se llevó a cabo entre los
años 1816 y 1822, durante el directorio de
Pueyrredón y hasta el gobierno de
Martín Rodríguez, período en que se
entregaron títulos de propiedad en
moderada composición y se otorgaron donaciones de tierras.
El sistema de
moderada composición se aplicó en la zona desde los
últimos años de la colonia intensificándose
a fines de la primera década revolucionaria, y estuvo en
vigencia hasta 1822. Consistía en denunciar el predio
señalado como baldío o "realengo" y luego comprarlo
previa mensura y tasación. El sistema conocido como
"donaciones condicionadas", se basó en la entrega gratuita
de terrenos con la condición de establecerse y/o reconocer
antiguos asentamientos en la frontera con los aborígenes,
se aplicó entre 1816 y 1822.
En Mayo convergieron diversas fuerzas, fuerzas que, por
distintos motivos, necesitaban lograr la independencia.
Se dio una confluencia notable y, en los hechos, se
constituyó un amplio frente de lucha. Los burgueses,
hacendados, artesanos, gauchos, indios,
peones o esclavos; los comerciantes pro ingleses y los pro
franceses; la mayoría de los oficiales y la tropa, y una
parte del clero se unificaron para realizar la Revolución
de Mayo.
La revolución aparecía comandada por la
burguesía. Su programa
insistía, sobre todo, en la libertad de
comercio. Pero
los diversos grupos
participantes en la lucha tenían diversos objetivos. Los
ganaderos se incorporarían de lleno posteriormente, aunque
algunos, como Rosas, no aparecieran en escena. Según
Lisandro de la Torre, Rosas fue hostil a la Revolución de
Mayo. Hay una carta donde dice
que "Cuando estalló la Revolución de Mayo, siendo
ya un hombre, vio
partir uno tras otro los contingentes patriotas, sin seguirlos
[,…] En 1819 —continúa— atribuyó a la
independencia el desorden reinante". Pero, independientemente de
Rosas y su conducta en ese
momento, se incorporarían a la lucha muchos de los
ganaderos y caudillos que aún no lo habían
hecho.
Algunos saladeristas que estuvieron con la Revolución
de Mayo luego intentarían sabotearla, como es el caso de
Staples y McNeille, contra quienes hubo que enviar una partida
armada para impedir la escasez de carne
en el mercado
interno.
Muy pronto la Junta —decreto del 1 de septiembre de
1811—, extinguió la mita, el yanaconazgo, la
encomienda y el servicio
personal.
Tales medidas formaban parte del programa de la burguesía,
y fueron apoyadas por los ganaderos.
De esta manera, los terratenientes ganaderos comienzan a
expandirse velozmente; rota la traba colonial, sus negocios
prosperan en la medida en que acumulan tierras, ganado y hombres.
La contradicción, ahora, entre el programa de la
burguesía y el de la clase
ganadero-saladerista y comercial se hace cada vez más
evidente. "Los diputados del interior actuaban como simples
cómplices de los pelucones contra los jacobinos,
porteños ambos'", escribe Leonardo Paso.
De todas formas, lo más saliente de la época es
que, más que capitales, se acumulaban tierras, con vacas y
hombres sobre ellas. Según Miguel Ángel
Cárcano, "las relaciones del individuo y la
tierra se definían en propietarios, arrendatarios,
poseedores y simples ocupantes, cada uno de los cuales formaban
una clase dedicada a actividades diferentes, y amparada en sus
derechos de
distinta manera. Esta división, que puede encontrarse en
los primeros tiempos de la vida social de la colonia, estaba
arraigada en tal forma en el medio
ambiente, que sus características se mantienen a
través de las guerras de la
revolución y son muchas veces la causa de 1as luchas de la
anarquía".
Dice Giberti: "El dominio de la
tierra tenía que ser el eje, el punto céntrico, la
base de la agrupación; única fuente de riqueza y
prestigio. Además de ser el único medio de sustento
digno e independiente, la propiedad era requisito indispensable
para el ejercicio de los pocos derechos políticos
coloniales, y una garantía relativa de que serían
respetados los derechos privados. Esta situación se
prolongó después del año 10: el hacendado
continuó siendo el único poder social
efectivo".
Es necesario aclarar que el predominio de las clases fue
variando y que los "arrendatarios, poseedores y simples
ocupantes", que constituían la inmensa mayoría, se
irían diferenciando y constituyendo en la clase principal
durante aquel período.
Al destruirse las salvaguardias reales que impedían el
acceso a las tierras en calidad de
propietarios, la ideología liberal, que elevaba el principio
de la propiedad privada y los derechos individuales al
máximo, permitió la apropiación acelerada de
las tierras, sellando con esta acción
un acto contrario a sus propios intereses.
La ley de la
propiedad privada monopolista de la tierra no había nacido
con el liberalismo.
Tuvo su nacimiento y pasaje en el periodo colonial, hasta llegar
a expresarse plenamente después de la Revolución de
Mayo.
En cuanto a las tierras que habían permanecido en manos
de los indios, ya sea por su bravura o por disposiciones reales,
eran cada vez más codiciadas por los estancieros.
Sabían que sobre ellas existían miles de cabezas de
ganado cimarrón. De manera que con el peonaje de deuda y
la conquista del desierto irían a completar el ciclo
expansivo, por lo menos en la zona bonaerense y en el resto del
país.
Si bien las provincias tradicionalmente ganaderas
habían visto disminuir sus haciendas. Buenos Aires, en
cambio, las
aumentaba. Los terratenientes necesitaban apropiarse de las
tierras y el ganado de los indios, y para ello querían
colocar a las tropas nacionales y al Estado en
condiciones de servir a esas necesidades. Debían disolver
los Cabildos y colocar en su lugar a jueces de paz que les
respondiesen ampliamente sin atisbos de democratismo; canalizar
las inversiones
públicas hacia la ampliación de los pastoreos. En
pocos años llegaron hasta el Río Colorado,
repartiéndose enormes extensiones entre unos pocos:
Álzaga, Anchorena, Pereyra, Díaz Vélez,
Cobo, Alvear, Parravicíni, Apellaniz, Ortíz
Basualdo, Lastra y, por supuesto, Juan Manuel de Rosas.
El accionar de inversiones y entrelazamientos, así como
la llamada "conquista del desierto" aumentaban la
concentración de tierras y afirmaban el feudalismo.
Es así que, inmediatamente después de la
Revolución de Mayo, ya se hallan elementos de la
conspiración de los hacendados. Coincide con este proceso el
acaparamiento de tierras en gran escala por parte
de los ganaderos-caudillos.
El 7 de febrero de 1826 Bernardino González Rivadavia
fue elegido Presidente de la República por el Congreso de
las Provincias Unidas del Río de la Plata. Manuel J.
García fue su ministro de Relaciones Exteriores, Carlos de
Alvear de Guerra y
Marina, Salvador María del Carril de Hacienda y
Julián Agüero de Gobierno.
El 16 de febrero dictó la Ley de Consolidación
de las deudas anteriores al 1 de febrero de 1820, afectando la
tierra y demás bienes
inmuebles de propiedad pública al pago de éstas. La
expresión "bienes inmuebles" se refiere también al
subsuelo, que desde ese momento fue administrado por el
Presidente. De esta época data su famosa y
paradójicamente desconocida Ley de Tierras
Públicas.
"Enfiteusis" es la "cesión perpetua, o por largo
tiempo del
dominio útil de una finca mediante el pago anual de un
canon al que hace la cesión, el cual conserva el dominio
directo". El ingeniero agrónomo Emilio A. Coni
publicó en 1927, en la imprenta de la
Universidad de
Buenos Aires, La verdad sobre la enfiteusis de Rivadavia.
Coni asegura que "no se había hecho hasta hoy un estudio
serio, cronológico y documentado de la enfiteusis y su
aplicación. Dos hombres solamente la habían
estudiado, y superficialmente, Andrés Lamas, panegirista
de Rivadavia, y Nicolás Avellaneda. Los demás
autores no hicieron sino repetirlos. (…) Confieso
—continúa Coni— que antes de iniciar el
estudio tenía ya mis dudas sobre la excelencia del sistema
enfitéutico. Algunos datos aislados
que había conseguido me lo hacían sospechar. Pero
lo que más pesaba en mi espíritu para mantener esa
duda era la opinión francamente contraria a la enfiteusis
de todos los hombres de valer que actuaron después de
Caseros y que habían sido testigos del sistema. Mitre,
Sarmiento, Tejedor, Alberdi y Vélez Sarsfield, por no
citar sino a los principales, fustigaron a la enfiteusis con
frases lapidarias y la calificaron de perniciosa. (…) La
enfiteusis rivadaviana no es de Rivadavia, sino el producto de un
proceso histórico en el que participaron muchos hombres
públicos, y que empieza con la hipoteca de las tierras
públicas de acuerdo con el criterio de la época, de
que la mejor garantía para el crédito
era la inmobiliaria. Y no pudiendo venderse la tierra hipotecada
se dio en enfiteusis. Descubrí en la enfiteusis de 1826
tres gravísimos defectos, fundamentales para una ley de
tierras públicas. Faltábale el máximo de
extensión, lo que permitía otorgar 40 leguas
cuadradas a un solo solicitante. No obligaba a poblar, de lo cual
resultaba que la tierra se mantenía inculta y
baldía esperando la valorización. Y la libre
transmisión de la enfiteusis sólo servía,
sea para acaparamientos, algunos superiores a 100 leguas
cuadradas, o para el subarrendamiento expoliatorio de los
infelices de la campaña por los poderosos de la
ciudad".
La ley de consolidación de la deuda citada con
anterioridad extendió a la tierra de toda la Nación
la garantía hipotecaria que gravaba la tierra de Buenos
Aires. Es así que "queda especialmente afectada al pago de
la deuda nacional la tierra y demás bienes inmuebles de
propiedad pública cuya enajenación se prohíbe".
En 1825 se desató la fiebre de la
enfiteusis: en Tandil, Pergamino, Lobería, Dolores se
denunciaron lotes que iban desde las cuatro a las cuarenta leguas
cuadradas. Quienes los reclamaron no parecían pobres
campesinos: figuran los nombres de Sebastián Lezica,
Ambrosio Cramer, Patricio Lynch, Pedro Trápani, Facundo
Quiroga (quien denunció 12 leguas al oeste de Bragado por
medio de su apoderado, Braulio Costa), Tomás Manuel de
Anchorena, con unas veinte leguas en Fuerte Independencia. Otros
localizaron baldíos en zonas ya pobladas y presentaron
solicitudes de enfiteusis en Lujan, Cañuelas,
Chascomús, Chacarita y San Isidro.
La reforma de la ley en 1825 no mejoró la
situación y la denuncia de tierras baldías
sólo sirvió para el acaparamiento de las mismas por
quienes ya eran propietarios y conocían el negocio
fundiario. No se logró ninguna modificación
estructural ni en la sociedad ni en
la economía
rural.
Miron Burgin analiza el sistema de la Enfiteusis y dice:
"Muchos historiadores argentinos sostienen que el sistema de
la enfiteusis, que en su mayor parte se debió a Bernardino
Rivadavia, tenía por objeto suministrar un método
permanente para el desarrollo de
la economía nacional. Se supone que el propósito de
Rivadavia y los unitarios era el de instituir un sistema de
impuesto
único de las finanzas
públicas basado en los arrendamientos y el incremento
del valor de la
tierra. Algunos autores afirman incluso que por medio de la
enfiteusis Rivadavia y sus colaboradores esperaban impedir el
crecimiento de los latifundios".
Continua Burgin: "Es muy dudoso que Rivadavia y el partido
unitario se hubiesen propuesto hacer de la enfiteusis la base de
un sistema de impuesto único de las finanzas
públicas. Sí fuese así no hubieran defendido
la adopción
de la contribución directa. En realidad lo que esperaban
los sostenedores de la enfiteusis era que el –arrendamiento de la
tierra creara con el tiempo una importante fuente de ingresos. En
otras palabras, creían que el alquiler de la tierra junto
con la contribución directa haría que la
Tesorería no dependiera tanto de los derechos de aduana,
asegurando de ese modo una mayor estabilidad financiera. Estas
esperanzas no se materializaron hasta el año 1827 los
ingresos provenientes de esa fuente apenas si pasaron de los
cinco mil pesos. Este lastimoso resultado no se debió
meramente a la negligencia en la cobranza de los arrendamientos;
medió también la circunstancia de que los
arrendamientos fueron fijados sobre las valuaciones de las
comisiones de terratenientes, y no de los funcionarios del
gobierno. Si la intención los autores de la enfiteusis era
la de impedir o reducir el crecimiento de los latifundios, la
medida resultó singularmente ineficaz.
El gobierno no desconocía la posibilidad de que la ley
de enfiteusis estimulara el desarrollo de los latifundios, pero
no tenía ninguna objeción que hacerles mientras las
tierras fuesen explotadas. El propósito del gobierno era
el de impedir que las grandes acumulaciones de tierras se
convirtieran en objeto de especulación; y estaba
convencido de que el requisito del pago de un arrendamiento
refrenaría eficazmente cualquier tendencia que pudiera
surgir hacia el monopolio de
la tierra. Esa fue quizá la razón más
importante de que el gobierno, al aplicar la ley, mostrara tan
poca preocupación por el peligro del monopolio de la
tierra. Durante los dos años y medio que transcurrieron
desde 1824 hasta mayo de 1827 no fueron nada raras las
concesiones individuales de terrenos superiores a las 10 leguas
cuadradas (66.7IO acres) .
¿En qué falló la Enfiteusis? Como no
limitaba la superficie de tierra que cada solicitante
podía obtener, aparecieron rápidamente los
especuladores. Gente provista de mayores recursos o con
más influencias que la demás, en las altas esferas
del gobierno, obtuvo fácilmente toda la tierra que quiso,
y la subarrendó, haciéndola un objeto de
explotación. El segundo punto clave fue que muy pocos
enfiteutas pagaron el canon.
El 10 de mayo de 1827, y en vista de los primeros abusos, el
gobierno publica un decreto reglamentando la forma en que se han
de dar las tierras en enfiteusis, cuando el denunciante tenga
hecha otras denuncias. Sin embargo, el gobierno no
consiguió su objeto, ya que los acaparadores, no pudiendo
solicitar a su nombre más que cierta extensión de
tierra, la solicitaron en adelante a nombre de sus hijos, de sus
mujeres, o de simples testaferros.
Por su parte, Tulio Halperín sintetiza bien los fines y
los resultados -no siempre deseados- de la política
enfitéutica: "La enfiteusis prepara la constitución de una masa de grandes
propiedades en las tierras nuevas, que avanzará mediante
las ventas de
tierras comenzadas por Rosas y proseguidas por sus sucesores; los
enfiteutas, reclutados entre hacendados de las tierras de vieja
colonización, pero también entre los dirigentes
políticos y militares de la provincia y los titulares de
la riqueza mercantil urbana forman el núcleo de esa clase
terrateniente cuya gravitación en la vida de la provincia
no ha de borrarse".
En las décadas de 1830 y 1840. la tierra aún era
un recurso abundante en Buenos Aires.
En una época en que propiedad y apropiación de
la tierra no necesariamente coincidían, terratenientes,
arrendatarios y ocupantes sin titulo alguno podían
compartir las ventajas que ofrecía el campo abierto, donde
el ganado podía vagar sin límites, y
donde no había cercos que impidieran la búsqueda de
mejores pastos o de agua fresca.
Sin embargo, esta situación comenzó a cambiar a
medida que los estancieros más prósperos
descubrieron las ventajas de asegurar sus derechos sobre una
determinada extensión de tierra, para mejorarla,
expandirla y, sobre todo, para eliminar la competencia.
Como ya dijimos, entre 1825 y 1837, la Enfiteusis puso
más de un millón de hectáreas a
disposición de arrendatarios y enfiteutas. quienes en
general no pagaban o pagaban cánones muy bajos a la
provincia.
Durante los años de la
administración rosista, la ganadería
experimentó una expansión sin precedentes.
Como indica Oddone, Rosas en 1832 "inicia el derrumbe de la
enfiteusis", con un decreto (9/6/1832), por el cual se donan
"suertes de estancias" de media legua de frente por una y media
de fondo, en la nueva línea de fronteras en el arroyo Azul
y campos fronterizos de la pertenencia del Estado. Con Rosas
comienza, entonces, el fenómeno de la venta masiva de
tierras pública.
Sancionado el decreto, Rosas pone en venta las tierras
exceptuadas de la renovación del contrato, a cinco
mil pesos moneda corriente la legua (igual que en 1836). Aunque
no se sabe la superficie enajenada con esta ley, es seguro que
debió ser enorme. Esta hipótesis estaría confirmada por la
manifestación de Avellaneda quien, en su obra sobre
tierras públicas, señala el hecho singular que en
el año 1840, 292 personas poseían 3.436 leguas
cuadradas de tierra (9.277.299 hectáreas). Sarmiento, poco
más tarde, escribía que 52.000 millas cuadradas
(13.312.000 hectáreas) estaban en manos de ochocientos
veinticinco propietarios. Si a la superficie que menciona
Avellaneda se le restan las 1500 leguas cuadradas de 1836, se
deduce que la cantidad vendida en esta segunda tanda fue de 1.936
leguas cuadradas (5.227.200 hectáreas), las que fueron
adquiridas parte por los mismos compradores de la venta anterior
que, o cubrían la diferencia entre las tierras adquiridas
y las que tenían en enfiteusis u obtenían otras por
transferencia de título y parte por los propios enfiteutas
ocupantes que recién entraban en la categoría de
propietarios.
El régimen de Rosas tendió a favorecer la gran
concentración de la propiedad en unos pocos. En 1830, 980
propietarios ocupaban 5.516 leguas cuadradas (14.893.200
hectáreas) de tierra en la provincia de Buenos Aires; de
éstos, 60 monopolizaban casi 4.000 leguas cuadradas
(10.800.800 hectáreas), es decir, el 76,36 % de aquella.
En 1840: sólo 450 estancieros poseen más de 5.500
leguas cuadradas (14.850.000 hectáreas).
En el período de 1830-1852, la tierra ocupada
ascendió hasta 6.100 leguas cuadradas (16.470.000
hectáreas) con 782 propietarios. De éstos, 382
concentraban el 82% de las propiedades de más de una legua
cuadrada, mientras que 200 propietarios, o sea el 28%,
concentraban el 60% de las estancias con más de 10 leguas
cuadradas. Existían 74 propiedades con más de 15
leguas cuadradas (40.404 hectáreas) y 42 propiedades con
más de 20 leguas cuadradas (53.872 hectáreas).
Mientras tanto, las pequeñas propiedades sólo
representaban el 1% de la tierra explotada.
De entre las 80 personas más o menos que eran miembros
de la Cámara de Representantes en los años
1835-1852, el 60% eran propietarios o ejercían ocupaciones
relacionadas con la tierra. Esta fue la asamblea que hizo que
Rosas llegara al poder y que continuó apoyándole,
controlando de alguna manera la línea política. La
administración estaba dominada por los
terratenientes. Juan N. Terrero, el consejero económico de
Rosas, poseía 42 leguas cuadradas (113.400 ha, aprox.) y
dejó una fortuna de 53 millones de pesos. Ángel
Pacheco, el principal general de Rosas, poseía 75 leguas
cuadradas de tierra (202.500 ha, aprox.). pero los terratenientes
más importantes de la provincia eran los Anchorena, primos
de Rosas y sus consejeros más allegados; sus diferentes
posesiones totalizaban 306 leguas cuadradas (824,241
hectáreas). En cuanto a Rosas, cabe decir que, en 1830, de
entre un grupo de unos
17 propietarios que tenían propiedades de más de 50
leguas cuadradas (134.690 hectáreas), ocupaba la
décima posición, poseyendo 70 leguas cuadradas
(188.552 hectáreas). Hacia 1852, según la
estimación oficial de sus propiedades, Rosas había
acumulado 136 leguas cuadradas (366.329 hectáreas).
Félix Álzaga, destacada personalidad
en asuntos políticos y económicos, tenía 132
leguas cuadradas (356.400 hectáreas).
Hilda Sábato,
en su libro
"Capitalismo y
Ganadería en Buenos Aires", dice: "Se ha estimado en ocho
mil quinientos los boletos de premio emitidos entonces, aunque
gran parte de ellos nunca fueron usados y otros fueron
transferidos a estancieros ya establecidos o a especuladores.
Soldados y empleados de la administración a quienes se otorgaba el
derecho de apropiarse de extensiones menores a una legua
cuadrada, en general vendían su parte, y como resultado de
esas operaciones la
propiedad se fue concentrando en muy pocas manos. De todas
maneras, de los casi dos millones y medio de hectáreas
donadas a través de estas leyes. hasta 1852
sólo se habían escriturado 572.535 ha.
Después de 1840 el gobierno de Rosas no volvió a
promover legislación destinada a nuevas distribuciones de
tierra, lo que sugiere una saturación del mercado para las
necesidades del momento".
En materia de
tierras, entonces, la política de Rosas estuvo enderezada
principalmente a poder disponer del mayor número de
tierras públicas enajenables, como medio de poblar la
pampa y como recurso fiscal. Con
este objeto, se dedicó a liquidar progresivamente el
sistema de enfiteusis. La ley de 1836 aprobó la venta de
tierras dadas en enfiteusis; aquellos enfiteutas que no las
comprasen pagarían un arrendamiento duplicado. En mayo de
1838 se limitó la enfiteusis a las zonas apartadas con el
argumento de que la demanda de
tierras para la ganadería se había acrecentado y
que la propiedad era el mejor medio de promover el bienestar
social.
Este proceso no condujo a una redistribución de las
tierras entre nuevos grupos
sociales, pues los adquirentes pertenecieron al mismo
conjunto de propietarios, a los que se agregaron aquellos
militares que las obtuvieron como premios a sus servicios. Sin
embargo, Rosas intentó por este medio aumentar la
producción y la población rural, en las que veía el
futuro de Buenos Aires.
Cuando el bloqueo de 1838-39, se previeron dificultades para
la exportación y en consecuencia
disminuyó el interés
por la compra de tierras y la provincia quedó con grandes
extensiones que no pudo vender.
Rosas, luego de la campaña al desierto, rechazaba el
premio que le adjudicaba la Junta de Representantes (la isla de
Choele Choel) y solicitaba setenta leguas de tierras de pastoreo
en la provincia de Buenos Aires. Fumó la pipa de la paz
con los indios, y se alió con algunas tribus para combatir
a los enemigos, unitarios o aborígenes, pues para Rosas
tanto unos como otros eran "salvajes". La ley del 9 de noviembre
de 1839 —aprobada a raíz del levantamiento de
Dolores y Monsalvo— colocaba a los unitarios al margen de
la ley y suprimía la venta de la tierra pública,
impidiendo que entrara en la categoría de tierra-capital.
Procedía, en cambio, a la manera de los reyes europeos. De
hecho ponía nuevamente en vigencia la merced,
repartiendo entre militares y civiles lotes de hasta 6
leguas.
2. ENTRE LA CAIDA DE ROSAS Y
LA CONQUISTA DEL
DESIERTO
Luego de la caída de Rosas, se desató una larga
polémica acerca del destino de las extensiones otorgadas
por las distintas leyes de premios, y finalmente, por ley de 1858
se dispuso anular las donaciones efectuadas entre el 8 de
diciembre de 1829 y el 3 de febrero de 1852, salvo aquellas que
resultaran de premios por las expediciones contra los
indígenas. En este último caso se reconocía
también los derechos de quienes aún no
habían efectuado la correspondiente escrituración y
se les daba un plazo para hacerlo.
Por esta ley el Estado
recuperó unas 200 mil hectáreas de tierras pero
confirmó el derecho de particulares sobre una superficie
que duplicaba esa cifra.
Concentración de la tierra y expansión del
latifundio fueron el corolario de todas estas medidas.
No fueron muy distintas las política con respecto a la
tierra publica de los que sucedieron a Rosas en el poder:
sucesivas leyes transferirían grandes extensiones de
tierras públicas a manos privadas, hasta que para la
década de 1880 la provincia prácticamente
había agotado sus reservas en ese sentido.
En realidad, lo que estaba en discusión era el modelo de
país a que aspiraban los integrantes de la
élite.
Aunque hombres como Avellaneda. Sarmiento. Rufino
Várela y Carlos Casares se inspiraban en el modelo
estadounidense de colonización de la frontera, el
resultado efectivo de las políticas oficiales en materia
de tierra pública estaría muy lejos de aquel
modelo, y la especulación y la gran propiedad fueron el
corolario de estos cuarenta años en la historia de la
provincia de Buenos Aires.
La propiedad de la tierra comenzó a jugar un papel
clave en el patrón de acumulación que fueron
diseñando los estancieros en la segunda mitad del siglo
XIX.
Por lo tanto, había buenas razones para presionar al
gobierno para que vendiera a bajo precio y para
comprar enormes extensiones de tierra pública cuando se
abría esa posibilidad.
Tal vez por ello. proyectos como
los de Sarmiento y Casares para promover el desarrollo de la
agricultura y
la división de la tierra estuvieron condenados de antemano
al fracaso. Hacia la década del 80, la mayor parte de la
tierra pública había sido enajenada, para beneficio
de los grandes propietarios.
Es que las relaciones económicas propias del
capitalismo habían avanzado hasta determinar que ya no era
necesario un régimen despótico basado en relaciones
personales, como fue el de Rosas. Ahora el orden y la justicia
serían ejercidos por el aparato estatal dominado por las
leyes económicas burguesas; el productor comenzaba a ser
libre de morirse de hambre.
En el nuevo entrelazamiento resultante encajaba perfectamente
el concepto de
propiedad privada, que la burguesía no cuestionaba en
absoluto. Claro que, mientras Rosas subordinaba esa propiedad
privada a la fidelidad hacía su persona ahora
ocurría que la propiedad privada se hallaba custodiada por
las instituciones,
independientemente de quién gobernara.
Por lo demás, son conocidos los escritos de Avellaneda
y Sarmiento con respecto a la cantidad de propietarios
latifundistas y la superficie que ocupaban. En 1840, doscientos
noventa y tres personas poseían 3.436 leguas de
fértiles tierras. Después de 1853, ochocientos
veinticinco propietarios poseían 52.000 millas cuadradas,
o sea tres veces la superficie de Inglaterra. Y si
bien se abren las compuertas de la inmigración, hecho positivo, el
arrendatario que llegaba ya había sido expropiado en
Europa.
A partir de década de 1860 se producen importantes
transformaciones en la estructura
política, económica y social del país. La
producción de lana (el ciclo lanar) alcanzó sus
cifras más altas, se crearon los primeros ferrocarriles y
aumentaron las inversiones externas, especialmente las
inglesas.
El hecho más importante del período es la
incorporación de Buenos Aires mediante la
aceptación de la constitución de 1853 reformada y
con la consecuente nacionalización de las rentas
aduaneras.
Hacia fines de los 70 comienza la ultima etapa de
incorporación de tierras.
Dos campañas al desierto, la de Adolfo Alsina primero,
en una estrategia
defensiva y luego Julio A. Roca, quien avanzó en forma
definitiva sobre los dominios de los indios
En 1864 el gobierno ponía en venta todas las tierras
disponibles dentro de la línea de frontera definida en
1858, y que sumaban más de dos millones de
hectáreas. Se daba prioridad para la compra a
arrendatarios y subarrendatarios, pero los precios
estipulados fueron considerados muy altos en su momento: $
400.000 por legua cuadrada al norte del Salado y $ 200.000 al
sur. (5,44 $ oro y 2,72 $
oro la ha respectivamente). Se vendieron muy pocas tierras bajo
esta ley, que fracasó en su propósito. Sólo
46 arrendatarios efectuaron operaciones por 105.776
hectáreas, dado que los altos precios fijados para la
venta de las tierras contrastaban con el arriendo que
tenía estipulados muy bajos valores.
El 14 de agosto de 1871 se sancionó la tercera ley de
venta de las tierras públicas arrendadas, en este caso las
existentes fuera de la línea de frontera. En la
discusión legislativa hubo acuerdo en que los precios
debían ser moderados, indicando precios diferenciales para
tres regiones diferentes. La Sociedad Rural Argentina,
corporación fundada en 1866 que representaba a los
hacendados de Buenos Aires, insistió mediante la presión de
aquellos de sus miembros que eran legisladores, en que los
precios debían ser bajos y los plazos para los pagos
amplios y generosos. El total de la tierra vendida a partir de la
sanción de la ley de 1871 fue de 3.807.852 has. entre 438
personas. Se decidió que la forma de pago se integrara por
la décima parte al contado y ocho anualidades.
Aún con estas facilidades, decretos posteriores pusieron
en evidencia que los compradores no pagaban con puntualidad ni
siquiera la parte correspondiente al contado y menos aún
las anualidades.
Sin embargo, estas formas de entrega de tierra publica no
fueron las únicas. Existieron, además, las
donaciones y los premios militares. Estas dos maneras de
transferir la propiedad de la tierra pública a manos
privadas son muy difíciles de rastrear.
Las donaciones estaban asociadas principalmente a las
fundaciones de los pueblos, ya que el gobierno donaba tierras
destinadas a quintas y chacras a fin de poblar los mismos. En
general las donaciones se basaron en leyes que intentaban
promover el asentamiento de población en lugares frontera,
pero terminaron siendo en la mayoría de los casos objeto
de especulación.
En lo que respecta a los premios militares, la mayoría
corresponde a los otorgados en la lucha contra el indio, aunque
Rosas también favoreció a quienes lo ayudaron a
controlar la Revolución del Sur en 1839 (otorgando boletos
por 1.849.500 hectáreas).
3. LA GENERACION DEL 80
Y EL PROBLEMA DE LA TIERRA
Sarmiento, como hombre ganado ideológicamente por las
corrientes burguesas, propugnaba el reparto, de la tierra a
precios moderados entre los 100.000 pobladores de Buenos Aires.
Una de las medidas que Sarmiento proponía era la de exigir
que los hacendados alambraran los campos, lo que significaba
—junto con la importación de reproductores de raza y la
inmigración— una mayor especialización
agraria. ¡Cerquen, no sean bárbaros!, era uno de sus
gritos de guerra. Además, al generalizarse el alambrado,
morían la última montonera y el nomadismo
indígena.
A pesar de todo, la conservación del latifundio fue
algo más que una religión de Estado en
la flamante república. Así entró en el
derecho de la nueva sociedad. Por lo demás, es bueno
recordar que la burguesía se cansó de elaborar
leyes —desde Castelli y Moreno hasta la época
actual— sobre colonización y distribución de la tierra. Sin embargo,
nunca fueron aplicadas consecuentemente, porque se produjeron
entrelazamientos de clases que diluyeron momentáneamente
la contradicción principal, y el sector revolucionario de
la burguesía quedó aislado en los momentos
decisivos.
El estanciero, en general, obtuvo por medios
extraeconómicos la propiedad de la tierra. Los repartos y
prebendas fueron el rasgo más saliente en la
adquisición de las grandes estancias, como hemos podido
ver a lo largo de estas páginas.
Cuando uno se entera de las extensiones que recibieron de
regalo queda atónito. No obstante, ello estaba en
consonancia con leyes precapitalistas, cuando la posesión
y propiedad eran un acto de fuerza sin
inversión de capitales.
Lógicamente, luego de aquellos repartos gratuitos,
quien quiso tierras tuvo que pagarlas, y a buen precio.
Fue entonces cuando se operó la transición del
capital a la propiedad territorial, pues el capital
comenzó a penetrar en la propiedad inmobiliaria de tipo
feudal. Sin embargo, la estancia mantuvo su carácter de relación feudal.
El indio y el gaucho se trasformó en mediero, aparcero,
peón, y continuó vinculado al estanciero.
Por lo demás, el estanciero dominó la
pulpería, la jefatura política, el juzgado de paz,
la comisaría y la comandancia de campaña.
Pero, cuando apareció el inmigrante se produjo un
cambio en tal sentido, si bien no fue lo suficientemente
profundo. El propio arrendatario debió trabajar gratis
para el estanciero (dejar el campo alfalfado e introducir
diversas mejoras, entregar altos porcentajes de la cosecha, etc.)
y su vida y labor estuvieron regidas por contratos cuasi
medievales.
La economía pastoril-comercial que prevaleciera durante
el rosismo, se había trasformado en una economía
agropecuaria-comercial.
Así pues, vemos que el espíritu que imperaba era
el de colonizar no para producir el desarrollo capitalista del
país, sino para ampliar los campos de los terratenientes y
para contener a la indiada que ponía en peligro sus
posesiones.
La llamada "Conquista del Desierto" se trasformó lisa y
llanamente en genocidio de indios. A medida que la
oligarquía necesitaba concentrar más tierras,
procedía a liquidar a una porción mayor de
indígenas. Podemos inscribir en tales "páginas
gloriosas" a muchos "héroes" que dan nombre a calles de
nuestras ciudades, como Roca y otros, continuadores de la
época colonial y del rosismo.
La apropiación y distribución de tierras
conquistadas durante la campaña de Roca constituyó
una importante ampliación patrimonial para los
beneficiarios. La ley 947 de 1878 favoreció la
formación de latifundios, al disponer que no se
harían adjudicaciones menores a un área de cuatro
leguas. La superficie total incorporada abarcaba 20.000 leguas de
territorio. La valorización de las mismas, a medida que el
modelo tomaba auge, generó una fuerte ganancia por simple
tenencia, favoreciendo negocios especulativos. Muchos
suscriptores de los bonos emitidos
para solventar la campaña, aseguraban a sus suscriptores
no solo una renta, sino sobre todo la propiedad de la tierra a
conquistar. Muchos no deseaban realizar operaciones productivas
sino inmobiliarias. La ley 1265 de 1882 de venta en remate
público a precios irrisorios y la utilización de
testaferros condujo a una acaparamiento de tierras a bajo
costo. La ley
1628 de 1885 distribuyó tierras a los participantes o
herederos de las campañas, en una escala descendente de
acuerdo a la jerarquía militar.
La distribución y posterior valorización de las
tierras se convirtió en un obstáculo para los
inmigrantes que quisieran adquirirlas. El arrendamiento se
constituyó en la forma básica de explotación
agrícola y un gran negocio para el terrateniente, que
cobraba altos precios y una serie de obligaciones
para el arrendatario y/o aparcero. De ahí el gran
incremento poblacional urbano sobre todo en Buenos Aires, y la
problemática social, trabajo, conventillos, etc.
Ya con la Ley Avellaneda (1876), se había desatado una
carrera especulativa alrededor de la tierra.
Entre 1886 y 1887 fueron solicitadas 400 concesiones para
establecer colonias y se otorgaron 198 por una superficie de
11.400.881 has. 19 concesionarios de 943 leguas pusieron en
evidencia la escasísima seriedad de sus empresas, fueron
aceptadas sus solicitudes aún cuando no dieron
cumplimiento a la Ley de Sellos, requisito inicial cuyo
incumplimiento resulta excluyente.
El Senador Oroño cita, en el Congreso, los casos de la
Provincia de Santa Fe en que se le adjudicaron 100 leguas a un
Sr. Navarro y 20 leguas a un Sr. Demot, que no prosperaron las
colonias y la Provincia quedó privada de contar con ellas
y tener la tierra ya que se habían otorgado las
escrituras.
Igualmente ocurrió con un Sr. Alvear sobre el
límite con la Pcia. de Buenos Aires, recibió 108
leguas con cargo de hacer una casa con azotea y capital de
$1.000, introduciendo en el término de 3 años 150
personas. A los 8 años no había hecho nada y
había transferido parte de la propiedad. La Provincia de
Santa Fe perdió la tierra porque se le había
transferido por escritura.
Los valores de
adquisición de estos terrenos eran de $300 cuando la Ley
de la Provincia establecía un valor de $ 1.500 para la
venta a un oferente común (no colonia). Quienes vendieron
la tierra que les fue adjudicada como colonia ganaron entre 5 y
20 veces el valor de adquisición y el negocio fue
facilitado y generado desde la negligencia y/o connivencia desde
el Estado.
En la denominada "Década Infame" se producen
innumerables hechos de corrupción. En el caso específico de
la tierra, el denominado "Negociado de las tierras de El
Palomar", marca un hito en
la historia de la corrupción argentina.
Explicado en pocas palabras, consistió en lo siguiente:
el ministro de Guerra, general Márquez, decidió
comprar 222 hectáreas para agrandar el Colegio Militar y
otras dependencias militares.
Las propietarias de esas tierras eran las hermanas Pereyra
Iraola de Herreira Vegas que se la ofrecen en venta el
Ejército.
La Dirección General de Ingenieros tasa esas
tierras en 19 centavos la unidad métrica por "ser terrenos
anegadizos y de poca calidad". Pero el general Márquez se
las arregla para que el Presidente da la Nación,
Dr. Ortíz, firme un decreto que autoriza un precio de 1,10
pesos por unidad métrica. Y la venta se hace de este modo:
las propietarias le venden a un intermediario las tierras en
1.447.906 pesos y en el mismo acto ese intermediario,
Néstor Luis Casás, se las vende en 2.450.303 a la
Nación. Es decir, que en unos minutos, el intermediario
ganó 1.003.000 pesos.
Por supuesto, ese intermediario era un testaferro de
importantes hombres del gobierno. Todo saldrá a la
luz gracias a
un periodista: José Luis Torres, de la revista Ahora.
En una sociedad llena de presiones, miedos y misterios, de pronto
la verdad se abre paso y es incontenible. En el Parlamento hay
también hombres honestos, pocos, pero los hay. Los
senadores Suárez Lagos, Benjamín Villafañe y
Alfredo Palacios serán los artífices de una
investigación a fondo.
El pueblo no cree: "se van a cubrir entre ellos", "no va a
pasar nada", murmura. El humor popular ha apodado
"Palomárquez" al general Márquez., quien trata de
echarle la culpa a sus subordinados, lo que provoca la airada
reacción de sus generales Ramón
Molina y Juan Bautista Molina. El escándalo es tan grande
que renuncia el propio presidente de la Nación, doctor
Ortíz. Aunque tal renuncia no es aceptada, el mandatario
no volverá a aceptar su cargo por razones de enfermedad y
lo suplantará el vice, Ramón Castillo. El gabinete
renunciará en pleno, entre ellos el general
"Palomárquez". Siete implicados recibirán penas de
cárcel de hasta seis años, entre ellos el
presidente de la Cámara de Diputados, Juan G. Kaiser.
El diputado radical Guillot se suicida antes de que se le
inicie juicio. Pero a pesar de que esta vez no hubo impunidad
-aunque no todos los culpables fueron condenados- este negociado
fue la gota que faltaba para que el régimen cayera en
descrédito.
En la segunda mitad del siglo XIX José Hernández
decía, por boca de Martín
Fierro: La ley es como una tela de araña que atrapa a
los más chicos y la rompen los más grandes. A esa
altura, la Argentina ya tenía su previo entrenamiento en
la violación de las normas. En la era
colonial, las Leyes de Indias que se dictaban desde España con
la intención de gobernar a estas tierras desde ultramar,
estaban atravesadas por buenas intenciones incumplibles: no era
lo mismo reconocer la humanidad de un nativo en los papeles
escritos en Sevilla que tratarlo todos los días en las
minas americanas como mano de obra esclava.
Los datos expuestos permiten constatar dos grandes
dinámicas en la apropiación masiva de la tierra,
capital indispensable para producir los únicos productos que
la provincia de Buenos Aires podía ofrecer, en el
período estudiado, a los mercados
internacionales: cuero, sebo y
carne salada. La primera de las dinámicas estuvo dada por
la ley de enfiteusis, que permitió el usufructo a muy bajo
costo, de grandes extensiones por parte de unos pocos
beneficiarios. Estos, en vez de explotar la tierra, la
subarrendaban. De esta manera, al tener que pagar cánones
al gobierno muy bajos (que la mayoría de las veces no
hacían), iban conformando sus fortunas con los ingresos
del arriendo, además de vender la producción.
Cuando Rosas permitió a los enfiteutas comprar sus
tierras, estos ya disponían del dinero,
generado por la misma tierra que iban a comprar. Incluso, si no
disponían del mismo, las facilidades de pago eran
amplias.
La segunda dinámica fue similar, pero en vez de la
enfiteusis, la figura legal fue el arrendamiento. Aquí,
nuevamente, los ahora arrendatarios no ocupaban la tierra, sino
que acumulaban extensiones que, a su vez, subarrendaban. De esta
manera, constituían su fortuna de una manera similar al
enfiteuta: pagaban poco o nada al Estado (la gran mayoría
eran morosos), pero percibían importantes ingresos por la
tierra acumulada, que utilizaron para comprar las tierras cuando
el Gobierno se las ofrecía en venta, a precios muy
accesibles y facilidades de pago beneficiosas. Tanto en este
caso, como en el de la enfiteusis, el otro negocio importante era
el de la venta de los derechos. Muchos enfiteutas o arrendatarios
denunciaban para sí grandes extensiones, y luego
vendían al poco tiempo los derechos de una parte de las
mismas.
Queda claro, entonces, que en un proceso de transferencia de
un recurso público, como son las tierras fiscales, la
responsabilidad del Estado es insoslayable. En
este sentido se puede comprobar que, más allá de
las intenciones enunciadas en los considerandos de muchas de las
leyes que hemos visto, que procuraban distribuir la tierra con el
fin de poblar el territorio, y de evitar la especulación y
el acaparamiento de tierras en pocas manos, el resultado fue el
surgimiento de grandes latifundios. En muchos casos se observa
que los mismos legisladores pertenecían al grupo de
terratenientes que se beneficiaban con las medidas, pero en otros
parecería, más bien, que las leyes, aunque bien
intencionadas, dejaban resquicios que eran fácilmente
aprovechados por los especuladores. En todo caso, sin la
complicidad, o impericia, del Estado, el proceso de transferencia
de la propiedad de la tierra pública descripto hubiese
sido improbable.
Por último, no deja de llamar la atención la falta de control del pago
de los cánones respectivos, así como la falta de
transparencia en la denuncia, y posterior validación, de
las posesiones.
Jorge S. Zappino
Licenciado en Ciencia
Política (Universidad de Buenos Aires)
Magister en Historia Económica y de las
Políticas Económicas (Universidad de Buenos
Aires)