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Trabajo de menores y educación




TRABAJO INFANTIL EN LADRILLERAS

Se reconoce de manera unánime la importancia de la educación como un elemento dinamizador, renovador y promotor del desarrollo personal y social.

La educación brinda a la persona la posibilidad de ampliar su perspectiva laboral, de mejorar su calidad de vida y sobre todo, de ampliar las personales potencialidades, llevando al individuo a desarrollar capacidades y aptitudes.

Asimismo, el trabajo es concebido como un derecho fundamental, expresando la posibilidad de transformación de la naturaleza junto con el desarrollo de las capacidades humanas.

El trabajo es un medio de alcanzar las metas personales y de mejorar la calidad de vida de la persona.

Es por ello que diversidad de instrumentos internacionales y las cartas políticas lo reconocen explícitamente como un derecho.

Pero, todo cuanto pueda señalarse como predicado respecto de este derecho, no puede tomar como referente a la situación del trabajo de menores, porque como lo ha reconocido la doctrina, "existe un conflicto entre educación escolar y trabajo prematuro que se expresa, sea en la deserción escolar o en el bajo rendimiento..."

El trabajo de menores sustrae el valioso tiempo de la infancia – el cual no regresa jamás- y las oportunidades que se merece en la vida. Lejos de ser un factor de desarrollo, representa un corte radical de las aspiraciones orientadas hacia ello

"El trabajo perjudica la educación de los niños. Genera deserción, retraso, ausentismo, repitencia y bajo rendimiento escolar. El trabajo infantil suele interferir con la educación. Muchos niños abandonan la escuela porque tienen que trabajar. Quienes trabajan y estudian suelen abandonar su educación y formación profesional, y los rendimientos escolares son más bajos entre los niños trabajadores. El trabajo resta oportunidades de recreación, juego y socialización. El bajo nivel educativo, producto del trabajo prematuro, a la larga perjudica la economía individual, familiar y del país en su conjunto"

NIÑAS EN LA VENTA DE FLORES

El niño, como tal, tiene derecho a sentirse seguro, protegido y con un entorno favorable donde pueda vivir a plenitud una etapa donde se afincará definitivamente su imagen del mundo, de sí mismo y de los adultos, imagen que lo acompañará el resto de su vida.

Pues bien, el que un niño tenga que abandonar las aulas para dedicarse a trabajar no es una situación deseable, sino todo lo contrario: expresa la pobreza que excluye a los niños de los beneficios derivados del acceso a la educación y a la cultura, impide que el horizonte inmediato y lejano del niño tenga una legítima expectativa de mejoramiento en su calidad de vida, limita su desarrollo personal, emocional y físico.

Pero, además de ello, es grave lo que dicha situación refleja: un mundo de los adultos, preocupados únicamente por los indicadores económicos, y que no consideran en lo absoluto el drama personal y las tragedias anónimas y frustraciones que se acumulan en las miles de historias de menores que trabajan.

Ello es así porque el menor que es obligado a insertarse en un contexto laboral, en realidad no realiza un trabajo humano remunerado y en condiciones que se darían respecto de cualquier adulto: el trabajo de menores expresa la explotación que los tiene como víctimas. Ya se trate de las ladrilleras, de la actividad minera o del comercio ambulatorio o explotación sexual, los menores siempre aparecen en manos de los adultos y sin que nadie lleve a cabo alguna actividad concreta para salvarlos de dicha situación.

NIÑOS ESTIBADORES EN ÁFRICA

Por tanto, al menor se lo educa en la creencia que el mundo de los adultos es indiferente y agresor frente a sus necesidades e intereses. El menor que es arrojado de las aulas por la pobreza y que además es explotado en muchos casos por sus propios padres, es un menor cuya autoestima es destruida y cuyo derecho a vivir una infancia normal y en la seguridad que le otorga el espacio familiar, queda limitada por siempre. ¿Cuál será la personalidad del mayor de edad que dicha situación origina? ¿Cuál será el nivel de empatía o identificación con los valores sociales que muchos integrantes del mundo de los adultos predican? Estas respuestas de antemano, podemos preveerlo, tendrán una respuesta negativa y de índole delictiva.

Los menores aparecen como los grandes excluidos de las decisiones políticas del Estado y de las inquietudes de los gobiernos.

El trabajo de menores como problema social sólo es objeto de medidas crematísticas, orientadas a satisfacer la necesidad de publicidad y electoral de quienes predican el cambio de dicha situación, y no hacen nada para acabar con ello.

Existe un conjunto de normas a nivel internacional y nacional, que son proteccionistas de los intereses y necesidades de los menores de edad. Pareciera que la sola mención de dichas normas es elemento suficiente para que los menores encuentren condiciones seguras en una realidad que aparece cada vez con mayores componentes de desintegración, anomia, violencia y marginación, elementos que confluyen y descargan el estigma de la pobreza y desamparo sobre los menores que trabajan. Por ejemplo, el menor que tiene a las calles como su entorno "laboral", no sólo se enfrenta al maltrato de su persona y de su dignidad, también enfrenta a situaciones que amenazan su integridad física y moral, y a pesar de ello, enfrente a la vida de una manera verdaderamente, estoica y admirable:

"Menos conocido es el hecho comprobado de que los niños que trabajan en las calles proporcionan una ayuda financiera esencial a sus familiares, además de pagar sus propios gastos de educación cuando pueden. Sus principales recursos son la imaginación, la inteligencia práctica y una inagotable voluntad de supervivencia".

El problema, por tanto, rebasa el campo estrictamente legal o laboral. Se trata de un problema social y por ello si se pretende acabar con ello, las medidas deben ser complementarias y apuntar todas ellas hacia un consenso social a favor del menor de edad y al establecimiento un cambio radical de ello. Toda decisión o posición que no apunte a ello, sencillamente, lejos de constituir una alternativa de solución, será un elemento más del problema.

Podemos asumir las siguientes Conclusiones :

1. La existencia del trabajo infantil o de menores nos habla de una situación de exclusión social, política y jurídica, que tiene a los menores de edad en situación de pobreza y abandono, como sus víctimas recurrentes y sin posibilidad de ejercer sus derechos frente a los ataques provenientes de un contexto social marginador y violento. Este dato es penosamente, confirmado y reproducido diariamente en los medio de comunicación. Por tanto, es un problema no abstracto, sino real y dramático.

2. El trabajo infantil al ser esencialmente una estrategia de sobrevivencia frente a la pobreza, impide al niño que en su horizonte personal pueda tener esperanza de un mejoramiento de condiciones de vida, a la vez que genera una expectativa de reproducción y agravamiento de la situación de pobreza en la que se encuentra él y su familia. Se trata, en suma, de un factor de reproducción del atraso económico y social en que se encuentra inmersa gran parte de la población peruana.

3. El debate actualmente existente respecto a la calidad de la educación peruana, calidad que se encuentran entre los últimos lugares a nivel mundial, debe apuntar a una reforma del sistema educativo, de la mano con los esfuerzos por reincorporar y asegurar a los menores que trabajan un lugar permanente en el sistema educativo. No se trata, entonces, de problemas o situaciones aisladas, sino complementarias, pues la deserción escolar tiene al trabajo de menores como uno de sus factores desencadenantes.

  1. La existencia de un impresionante conglomerado normativo orientado a la protección del menor, nos indica bien a las claras que el problema no tiene un origen legal, sino social y político y, por tanto, corresponde a la instancia política el establecer esfuerzos prácticos, concretos y definitivamente orientados al cese del estigma que para toda sociedad representa, -y mas aun en sociedades pobres como la nuestra-, la explotación infantil que el trabajo de menores refleja.

Por

Florencia Ambrocio

Fiscal Provincial Titular de Lima, Titulada en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – UNMSM. Con Maestría en Derecho Penal en la Escuela de Post Grado de la Universidad Particular de San Martín de Porres – UPSMP. Además, Maestría en Derecho Civil con Mención en Familia en la Escuela de Post Grado de la Universidad Femenina Sagrados Corazones – UNIFE. Actualmente sigue estudios de Doctorado en Derecho en la Escuela Universitaria de Post Grado de la Universidad Nacional Federico Villarreal – UNFV.


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