TRABAJO INFANTIL EN
LADRILLERAS
Se reconoce de manera unánime la importancia de
la
educación como un elemento dinamizador, renovador y
promotor del desarrollo
personal y social.
La educación brinda a la
persona la
posibilidad de ampliar su perspectiva laboral, de
mejorar su calidad de
vida y sobre todo, de ampliar las personales potencialidades,
llevando al individuo a
desarrollar capacidades y aptitudes.
Asimismo, el trabajo es
concebido como un derecho fundamental, expresando la posibilidad
de transformación de la naturaleza
junto con el desarrollo de
las capacidades humanas.
El trabajo es un
medio de alcanzar las metas personales y de mejorar la calidad de vida
de la persona.
Es por ello que diversidad de instrumentos
internacionales y las cartas políticas
lo reconocen explícitamente como un derecho.
Pero, todo cuanto pueda señalarse como predicado
respecto de este derecho, no puede tomar como referente
a la situación del trabajo de menores, porque como
lo ha reconocido la doctrina, "existe un conflicto
entre educación escolar y trabajo prematuro
que se expresa, sea en la deserción
escolar o en el bajo rendimiento…"
El trabajo de menores sustrae el valioso tiempo de la
infancia
– el cual no regresa jamás- y las oportunidades que
se merece en la vida. Lejos de ser un factor de desarrollo,
representa un corte radical de las aspiraciones orientadas hacia
ello
"El trabajo perjudica la educación
de los niños.
Genera deserción, retraso, ausentismo, repitencia y bajo
rendimiento escolar. El trabajo
infantil suele interferir con la educación. Muchos
niños abandonan la escuela porque
tienen que trabajar. Quienes trabajan y estudian suelen abandonar
su educación y formación profesional, y los
rendimientos escolares son más bajos entre los
niños trabajadores. El trabajo resta oportunidades de
recreación, juego y
socialización. El bajo nivel educativo,
producto del
trabajo prematuro, a la larga perjudica la economía individual,
familiar y del país en su conjunto"
NIÑAS EN LA VENTA DE
FLORES
El niño, como tal, tiene derecho a sentirse
seguro,
protegido y con un entorno favorable donde pueda vivir a plenitud
una etapa donde se afincará definitivamente su imagen del mundo,
de sí mismo y de los adultos, imagen que lo
acompañará el resto de su vida.
Pues bien, el que un niño tenga que abandonar las
aulas para dedicarse a trabajar no es una situación
deseable, sino todo lo contrario: expresa la pobreza que
excluye a los niños de los beneficios derivados del acceso
a la educación y a la cultura,
impide que el horizonte inmediato y lejano del niño tenga
una legítima expectativa de mejoramiento en su calidad de
vida, limita su desarrollo personal,
emocional y físico.
Pero, además de ello, es grave lo que dicha
situación refleja: un mundo de los adultos, preocupados
únicamente por los indicadores
económicos, y que no consideran en lo absoluto el drama
personal y las tragedias anónimas y frustraciones que se
acumulan en las miles de historias de menores que
trabajan.
Ello es así porque el menor que es obligado a
insertarse en un contexto laboral, en realidad no realiza
un trabajo humano remunerado y en condiciones que se
darían respecto de cualquier adulto: el trabajo de menores
expresa la explotación que los tiene como víctimas.
Ya se trate de las ladrilleras, de la actividad minera o del
comercio
ambulatorio o explotación sexual, los menores siempre
aparecen en manos de los adultos y sin que nadie lleve a cabo
alguna actividad concreta para salvarlos de dicha
situación.
NIÑOS ESTIBADORES EN ÁFRICA
Por tanto, al menor se lo educa en la creencia que el
mundo de los adultos es indiferente y agresor frente a sus
necesidades e intereses. El menor que es arrojado de las aulas
por la pobreza y que
además es explotado en muchos casos por sus propios
padres, es un menor cuya autoestima es
destruida y cuyo derecho a vivir una infancia normal y en la
seguridad que le
otorga el espacio familiar, queda limitada por siempre.
¿Cuál será la
personalidad del mayor de edad que dicha situación
origina? ¿Cuál será el nivel de
empatía o identificación con los valores
sociales que muchos integrantes del mundo de los adultos
predican? Estas respuestas de antemano, podemos preveerlo,
tendrán una respuesta negativa y de índole
delictiva.
Los menores aparecen como los grandes excluidos de las
decisiones políticas del Estado y de
las inquietudes de los gobiernos.
El trabajo de menores como problema social sólo
es objeto de medidas crematísticas, orientadas a
satisfacer la necesidad de publicidad y
electoral de quienes predican el cambio de
dicha situación, y no hacen nada para acabar con
ello.
Existe un conjunto de normas a nivel
internacional y nacional, que son proteccionistas de los
intereses y necesidades de los menores de edad. Pareciera que la
sola mención de dichas normas es elemento suficiente para
que los menores encuentren condiciones seguras en una realidad
que aparece cada vez con mayores componentes de
desintegración, anomia, violencia y
marginación, elementos que confluyen y descargan el
estigma de la pobreza y desamparo sobre los menores que trabajan.
Por ejemplo, el menor que tiene a las calles como su entorno
"laboral", no sólo se enfrenta al maltrato de su persona y
de su dignidad,
también enfrenta a situaciones que amenazan su integridad
física y
moral, y a
pesar de ello, enfrente a la vida de una manera verdaderamente,
estoica y admirable:
"Menos conocido es el hecho comprobado de que los
niños que trabajan en las calles proporcionan una ayuda
financiera esencial a sus familiares, además de pagar
sus propios gastos de
educación cuando pueden. Sus principales recursos son la
imaginación, la inteligencia
práctica y una inagotable voluntad de
supervivencia".
El problema, por tanto, rebasa el campo estrictamente
legal o laboral. Se trata de un problema social y por ello si se
pretende acabar con ello, las medidas deben ser complementarias y
apuntar todas ellas hacia un consenso social a favor del menor de
edad y al establecimiento un cambio radical de ello. Toda
decisión o posición que no apunte a ello,
sencillamente, lejos de constituir una alternativa de
solución, será un elemento más del
problema.
Podemos asumir las siguientes Conclusiones
:
1. La existencia del trabajo infantil o de menores nos
habla de una situación de exclusión
social, política y
jurídica, que tiene a los menores de edad en
situación de pobreza y abandono, como sus
víctimas recurrentes y sin posibilidad de ejercer sus
derechos frente
a los ataques provenientes de un contexto social marginador y
violento. Este dato es penosamente, confirmado y reproducido
diariamente en los medio de comunicación. Por tanto, es un problema
no abstracto, sino real y dramático.
2. El trabajo infantil al ser esencialmente una
estrategia de
sobrevivencia frente a la pobreza, impide al niño que en
su horizonte personal pueda tener esperanza de un mejoramiento
de condiciones de vida, a la vez que genera una expectativa de
reproducción y agravamiento de la
situación de pobreza en la que se encuentra él y
su familia. Se
trata, en suma, de un factor de reproducción del atraso
económico y social en que se encuentra inmersa gran
parte de la población peruana.
3. El debate
actualmente existente respecto a la calidad de la
educación peruana, calidad que se encuentran entre los
últimos lugares a nivel mundial, debe apuntar a una
reforma del sistema
educativo, de la mano con los esfuerzos por reincorporar y
asegurar a los menores que trabajan un lugar permanente en el
sistema
educativo. No se trata, entonces, de problemas o
situaciones aisladas, sino complementarias, pues la
deserción escolar tiene al trabajo de menores como uno
de sus factores desencadenantes.
- La existencia de un impresionante conglomerado
normativo orientado a la protección del menor, nos
indica bien a las claras que el problema no tiene un origen
legal, sino social y político y, por tanto, corresponde
a la instancia política el establecer esfuerzos
prácticos, concretos y definitivamente orientados al
cese del estigma que para toda sociedad
representa, -y mas aun en sociedades
pobres como la nuestra-, la explotación infantil que el
trabajo de menores refleja.
Por
Florencia Ambrocio
Fiscal Provincial Titular de Lima, Titulada en la
Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos – UNMSM. Con Maestría
en Derecho Penal
en la Escuela de Post Grado de la Universidad Particular de San
Martín de Porres – UPSMP. Además,
Maestría en Derecho Civil con
Mención en Familia en la Escuela de Post Grado de la
Universidad Femenina Sagrados Corazones – UNIFE.
Actualmente sigue estudios de Doctorado en Derecho en la Escuela
Universitaria de Post Grado de la Universidad Nacional Federico
Villarreal – UNFV.