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Frente Nacional

Enviado por dorita_7



  1. La II Guerra Mundial y la Posguerra
  2. El régimen de Rojas Pinilla y la crisis de mitad del siglo XX
  3. El tránsito al Frente Nacional
  4. Los fundamentos del nuevo régimen: el plebiscito de 1957
  5. La lógica del sistema
  6. Las administraciones frentenacionalistas
  7. El Estado contemporáneo
  8. Conclusiones
  9. Bibliografía

INTRODUCCIÓN

Colombia cuenta con un sistema político relativamente libre y abierto en el cual participan un buen número de partidos. Los dos mayoritarios han sido de manera tradicional el Partido Social Conservador, favorable a un fortalecimiento del gobierno central y de la relación estrecha con la Iglesia católica, y el Partido Liberal, partidario del fortalecimiento de los gobiernos locales y de la separación de la Iglesia y el Estado. La tendencia ideológica reciente del primero se acerca a la democracia cristiana europea, mientras que el liberalismo simpatiza con las corrientes socialdemócratas. Ambos reconocen en la Iglesia católica una fuerza institucional importante, en especial para encontrar caminos que superen la violencia política y social de que es víctima la sociedad colombiana actual.

Entre 1958 y 1974 los liberales y los conservadores fueron los únicos grupos políticos legales, debido a una reforma constitucional de 1957 pensada para desactivar el fuerte antagonismo entre ellos. Bajo este acuerdo, llamado Frente Nacional, cada partido tenía exactamente la mitad del número de escaños en cada cámara legislativa, en el gabinete y en otras dependencias, y la presidencia se alternaba entre los líderes de los dos partidos.

1. LA II GUERRA MUNDIAL Y LA POSGUERRA

Durante la II Guerra Mundial Colombia rompió relaciones diplomáticas en 1941 con Japón, Alemania e Italia, y en 1942 con el gobierno de la Francia ocupada. En 1943 el Senado colombiano declaró la guerra a Alemania y en junio de 1945 firmó los estatutos de la Organización de las Naciones Unidas, convirtiéndose en uno de los 51 miembros fundadores.

Durante la época de posguerra se vivió una de las crisis políticas más severas, como resultado directo de la profundización de los antagonismos entre las facciones liberal y conservadora. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, dirigente del Partido Liberal, el 9 de abril de 1948 en Bogotá, desencadenó un levantamiento nacional en contra del gobierno conservador conocido como el Bogotazo, en el que murieron cerca de 1.500 personas y 20.000 más resultaron heridas. Con la ayuda del Ejército el gobierno controló la rebelión y se acordó incluir un número igual de liberales y conservadores en el gabinete.

Sin embargo, durante los siguientes meses la tensión y la violencia fueron cada vez más persistentes. Los miembros liberales del gobierno cesaron en sus cargos después de que se promulgara un decreto gubernamental prohibiendo manifestaciones y marchas, y el Partido Liberal retiró a su candidato de las elecciones presidenciales de 1949, culpando al gobierno de violar la ley electoral. Como resultado de esta situación, el candidato conservador Laureano Gómez ganó las elecciones de noviembre sin enfrentarse a ninguna oposición. La toma de poder se llevó a cabo en agosto de 1950.

2. EL RÉGIMEN DE ROJAS PINILLA Y LA CRISIS DE MITAD DEL SIGLO XX

Entre la elección de Laureano Gómez y su toma de poder, la lucha política había entrado en una nueva fase. Varios grupos guerrilleros, entre los que destacaban las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) actuaban en numerosas áreas rurales y urbanas del país. En respuesta, el gobierno declaró el estado de sitio y suspendió las sesiones del Congreso en 1950. Poco después de la toma de poder de Gómez, una convención del Partido Liberal declaró al gobierno ilegal, acusándolo de suprimir la libertad de expresión, de prensa y de reunión, y prometió continuar con el boicoteo de las elecciones.

El general Gustavo Rojas Pinilla asumió el poder mediante golpe de Estado el 13 de junio de 1953. Este hecho fue resultado de la profunda crisis de hegemonía que había afectado a los partidos desde el decenio anterior, cuando las divisiones tanto en el interior de las dirigencias liberal y conservadora sumieron al país en una desesperada época de muerte y persecución. La crisis de hegemonía condujo al vacío de poder y este, al golpe de Estado como solución transitoria.

El régimen de Rojas debía ser transitorio y legitimo. Para ello, los sectores del bipartidismo que apoyaron explicita o tácitamente el golpe impusieron la creación de una Asamblea Nacional Constituyente. Esta institución proclamó el mismo día de la toma del poder que "es legítimo el titulo del actual presidente de la República, teniente general Gustavo Rojas Pinilla, quien ejercerá el cargo por el resto del período presidencial en curso". La Asamblea debía velar por la "constitucionalidad del régimen" en lugar del Congreso, cerrado desde el final del gobierno de Ospina.

Los objetivos de la toma del poder eran fundamentalmente dos: primero, arreglar, mediante un régimen de excepción y transitorio, el vacío de poder creado por las divisiones de la dirigencia bipartidista; segundo, acabar con el terror que se vivía en el campo mediante políticas de pacificación. Ninguno de los dos objetivos se cumplió en el sentido inicialmente propuesto.

De una parte, Rojas Pinilla manipuló la Asamblea Nacional Constituyente para que fuera reelecto para otro período presidencial. Efectivamente, en 1954, con la aprobación de la Asamblea, Rojas inició su segundo período, ahora con la pretensión de separarse del apoyo bipartidista que lo había llevado al poder en 1953. Para lograr este propósito, el general formulo un reordenamiento del país bajo la alianza de los trabajadores, clases medias y militares, sustentado en principios católicos tomados de la doctrina social de la Iglesia y en los ideales bolivaristas.

La constitución de la "Tercera Fuerza", nombre dado por Rojas a dicha alianza, generó la reacción de las dirigencias bipartidistas. Ellas vieron con temor el ascenso de estas fuerzas y emprendieron el arreglo definitivo de sus diferencias ideológicas y burocráticas. De esta manera, lo que propició la solución a la crisis de hegemonía no fue tanto el golpe de Estado, como el temor a que el régimen instaurado degenerara en una dictadura populista al estilo de la de Juan Domingo Perón en Argentina o de la de Getulio Vargas en Brasil.

La política de pacificación impuesta por el régimen de Rojas no tuvo el éxito que se esperaba. El terror que se vivía en los campos terminó, pero la tregua dictada en 1953 no fue cumplida por el Estado a cabalidad, lo cual motivó a muchos jefes guerrilleros a retornar a la lucha armada. En 1954 y hasta el final de la década, la violencia tomo un nuevo rumbo: el enfrentamiento entre ejército y guerrilleros, además del apoyo del régimen a la persecución de sus oponentes.

3. EL TRÁNSITO AL FRENTE NACIONAL

El temor al que el régimen de Rojas se convirtiera en dictadura populista y terminara definitivamente con las posibilidades de restablecer la hegemonía del bipartidismo, creo las condiciones políticas para que la dirigencia del liberalismo y la del conservatismo se sentaran de nuevo a negociar. Alberto Lleras Camargo, líder indiscutible del liberalismo, y Laureano Gómez, cabeza de la fracción más importante del conservatismo, emprendieron una lenta y difícil campaña de acercamiento.

El principal obstáculo para la unión era el sector ospinista del conservatismo, que seguía participando en la Asamblea Nacional Constituyente y se oponia a perder su papel protagónico en el partido y en la vida política nacional. Asimismo, los odios partidistas de años anteriores no desaparecían de un día para otro y en los campos continuaba la lucha entre guerrilleros, militares y seguidores del régimen rojista.

Bajo una coyuntura favorable para el encuentro pero llena de escollos, desde 1956 se emprendió el acercamiento bipartidista. La primera acción partió del liberalismo. En carta del 2 de marzo de 1956, Alfonso López Pumarejo propuso al Directorio Liberal de Antioquia la conveniencia de una reforma constitucional que permitiera establecer gabinetes ministeriales de coalición, de manera que los dos partidos tuvieran que gobernar en conjunto; además, López sugería que el próximo presidente fuera conservador con el apoyo electoral del liberalismo. Esta propuesta abrió camino y unos meses después, el 24 de julio de 1956, en la población española de Benidorm, Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez firman una declaración conjunta de principios.

La declaración de Benidorm examinó la situación política del país, los problemas creados por el régimen de Rojas y la necesidad de retornar al gobierno civil. Para ello, propuso la conveniencia de una coalición bipartidista cuyo objetivo inicial fuese derrocar al general Rojas, para luego, poner fin a la crisis de hegemonía.

La discrepancia con el ospinismo fue resuelta en 1957. Gracias a las gestiones de los liberales, temeroso de verse señalado como defensor de lo que entonces se denominaba "dictadura", Ospina accede a la alianza bipartidista mediante el "pacto de marzo". Este acuerdo entre la Dirección Nacional Liberal y la Dirección Conservadora de orientación ospinista, firmado el 20 de marzo de 1957, reafirmo el rechazo al régimen de Rojas, propuso un programa de acción contra la "dictadura" y reafirmo la necesidad de reformar la Constitución para asegurar el cogobierno.

La unión de liberales, laureanistas y ospinistas aceleró el proceso de oposición a la "dictadura". Esta alianza se fortaleció con el apoyo del movimiento estudiantil y de todo el conjunto de gremios económicos, que constataban con temor el desarrollo del populismo. Los estudiantes se pronunciaban contra el régimen por las medidas represivas que causaron la muerte de algunos de ellos. Varios paros y marchas se sucedieron en 1957 hasta que, ante la amenaza de un paro general, Rojas Pinilla renuncio al poder el 10 de mayo de 1957.

El problema inmediato por resolver era cromo salvaguardar el honor de las fuerzas armadas y, además, cómo garantizar un régimen de transición que devolviera el poder al bipartidismo. La solución llego mediante la formula de una "Junta Militar", que debía gobernar por el tiempo que le restaba a Rojas, convocar a elecciones y preparar la reforma constitucional que se venia discutiendo desde 1956. La Junta asumió el poder, compuesta por cinco miembros: los generales Gabriel Paris, Luis Ordóñez, Rafael Navas Pardo, el mayor general Deogracias Fonseca y el contraalmirante Rubén Piedrahita, quienes gobernaron hasta el 7 de agosto de 1958, fecha en que Alberto Lleras Camargo asumió la presidencia como primer mandatario del Frente Nacional.

Durante el año de gobierno de la Junta Militar, las dirigencias de ambos partidos terminaron de dar forma al gran pacto bipartidista. Primero, en otra población española, Sitges, el 20 de julio de 1957, Lleras Camargo y Laureano Gómez firman en otra declaración conjunta los acuerdos que establecerían el Frente Nacional, con estas propuestas: reforma constitucional para establecer la paridad en los ministerios y en las corporaciones públicas por un período de doce años, reforma de la carrera administrativa y convocatoria a un plebiscito como mecanismo de legitimación de dichas reformas.

Segundo, y con base en el Pacto de Sitges, la Junta Militar emite el Decreto 247 de octubre 4 de 1957, por el cual se convoca a un plebiscito para el primero de diciembre con el fin de someter a consulta la reforma constitucional. Tercero, en noviembre 22 de 1957 se firma el "Pacto de San Carlos", acuerdo definitivo entre los partidos respecto a la coalición, la fecha de las próximas elecciones, los mecanismos de selección del candidato conjunto de los partidos, el apoyo al plebiscito y a la distribución del gobierno entre ellos. Finalmente, el primero de Diciembre de 1957 fue aprobada la reforma constitucional mediante plebiscito, con la participación de una amplia franja de colombianos.

4. LOS FUNDAMENTOS DEL NUEVO RÉGIMEN: EL PLEBISCITO DE 1957

Los colombianos participaron masivamente en el plebiscito. La votación de diciembre fue la más grande que ha tenido el país en toda su historia: más de cuatro millones de ciudadanos dieron un sí a la reforma, mientras que sólo 200.000 respondieron negativamente a la consulta. La legitimidad del nuevo régimen era indiscutible. De esta manera, el país entró en una etapa histórica.

Mediante el plebiscito los colombianos aprobaron que la Constitución sería de 1886, con las siguientes reformas: derechos políticos plenos para la mujer; paridad partidista en todas las corporaciones públicas; determinación de la mayoría, para todos los efectos legales, por las dos terceras partes de los votantes; libre nombramiento y remoción por el presidente de los ministros del despacho, preservando la paridad; derecho al voto para todos los miembros de las corporaciones públicas, con la obligación de no participar en las actividades de los partidos y en las controversias públicas.

También se establecía: la filiación política no es criterio para nombrar a una persona en un cargo público de la carrera administrativa, así como para su destitución o promoción; el gobierno nacional debe destinar al menos 10% del presupuesto nacional para el fomento de la educación pública; la Corte Suprema de Justicia se integra por el numero de magistrados que determine la ley y sus cargos se distribuyen entre los partidos, según la proporción en que estén representados en el Congreso. Además se preveía que las reformas constitucionales sólo se tramitaran por el Congreso y se fijaban las siguientes elecciones para el primer semestre de 1958, de manera que el nuevo presidente se posesionara el 7 de agosto de dicho año.

5. LA LÓGICA DEL SISTEMA

El gran pacto bipartidista tuvo como origen la alianza contra el régimen de Rojas y los pactos entre liberales y conservadores con el fin de establecer, primero, la paridad partidista como medida constitucional transitoria y, segundo, la alternación en la presidencia durante un periodo transitorio. Este periodo se fijó inicialmente por 12 años, pero luego se extendió a 16 con el fin de garantizar dos gobiernos liberales y dos conservadores. El acuerdo debía mantenerse de 1958 a 1974 y así sucedió.

El sistema frentenacionalista tuvo como lógica de su desarrollo dar fin alas persecuciones burocráticas y a las crisis que por divergencias ideológicas pudieran surgir. En otras palabras, el acuerdo erigió a los dos partidos en fuerza suprapartidista, con dominio absoluto de las instituciones de gobierno mediante el control electoral en su favor.

Sin embargo, un doble problema se presentó apenas nacido el Frente Nacional. De una parte, por ser fijada la mayoría en las dos terceras partes de la votación, el trámite de las leyes en el congreso se tornó dificultoso y propició que las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo se hicieran frágiles y terreno para agrias disputas. De otra parte, no todos los sectores políticos apoyaron al Frente Nacional, lo cual dio paso al surgimiento de movimientos opositores con representación en el Congreso, lo que hacía aún más difícil conseguir la mayoría en las votaciones.

Con el curso de los años esta institución política tendió a empeorarse. A esto se sumó la difícil situación económica y social por la que atravesaba el país. La

solución llegó mediante el fortalecimiento del "presidencialismo". La batalla planteada entre el Ejecutivo y el Legislativo la ganó el primero mediante el recurso a la fórmula del "Estado de Sitio" (Artículo 121 de la Constitución). De esta manera, la lógica del sistema frentenacionalista, que pretendía asegurar el cogobierno, terminó por solidificar el presidencialismo y reducir el Congreso al simple papel de ratificador de las medidas presidenciales.

6. LAS ADMINISTRACIONES FRENTENACIONALISTAS

Alberto Lleras Camargo (1958-1962) asumió la presidencia como candidato de la coalición frentenacionalista. Los acuerdos determinaban que el primer gobernante había de ser un conservador, pero con las disputas entre laureanistas y ospinistas impidieron llegar a un acuerdo y de esta manera surgió la candidatura de Lleras como única fórmula de solución.

El gobierno de Lleras, que empezó levantando el estado de sitio, se caracterizó por una hábil política antisindical y la defensa de los intereses de la burguesía, en contra de las masas campesinas, lo que propició la aparición de grupos guerrilleros y provocó un nuevo estado de sitio. Lleras comenzó su administración en una difícil situación económica y social del país. El déficit fiscal ocasionado por los gastos del régimen de Rojas era enorme, al tiempo que la situación de orden público era intolerable. Lleras planteó una política de abierto dialogo con los guerrilleros y de represión al bandolerismo, pero la oposición lo llevó a desconocer esta diferencia y a imponer medidas recias de pacificación. La Alianza para el Progreso, doctrina formulada por el presidente norteamericano John F. Kennedy, condicionó la ayuda económica a la lucha anticomunista, fórmula acogida por el gobierno. Así se pudo implantar medidas desarrollistas para afrontar la crisis económica. El presidente incentivó las vías de comunicación, la construcción de centrales eléctricas y de vivienda popular e impulsó la reforma agraria al sancionar la ley que creaba el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA).

Guillermo León Valencia (1962-1966), conservador, fue el segundo mandatario de la coalición frentenacionalista. En la conformación de su gobierno introdujo la práctica de la "milimétria": repartición burocrática estricta y exacta entre los dos partidos. Valencia continuó con la pacificación de los campos, la que se llevó a término mediante acciones militares y "cívico-militares", o de desarrollo de obras en beneficio de las comunidades bajo control guerrillero. A la postre se abrió el camino para el nacimiento de las guerrillas procastristas y marxistas.

Entre otras medidas, el gobierno creó la Junta Monetaria, máxima autoridad en esta materia, introdujo el impuesto a las ventas, fortaleció el sistema educativo, incentivó la explotación petrolera e incrementó la red vial. Desde el gobierno, hizo frente a la violencia de las guerrillas y reprimió la acción de la izquierda y de los movimientos estudiantiles. Bajo su mandato se tomaron importantes medidas económicas, educativas y de infraestructura que contribuyeron a modernizar el país.

Sin embargo, el incremento de la deuda externa fue el costo de todas estas actividades, aumentada por la creciente burocracia.

El gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) significó el triunfo definitivo del presidencialismo y la introducción de la tecnocracia como criterio administrativo para los asuntos económicos y sociales. Lleras Restrepo propuso y sacó adelante una reforma constitucional en 1968. Lleras, en disputa abierta con el Fondo Monetario Internacional, se negó a introducir los cambios sugeridos por esta institución y alivió la difícil situación económica mediante la supresión progresiva, la introducción de la retención en la fuente y el fomento a las exportaciones (PROEXPO).

En otras materias, Lleras creó el Instituto de Bienestar Familiar, el Instituto de Recursos Naturales no Renovables, el Instituto Colombiano del Deporte, el Instituto para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), EL Instituto Colombiano de Cultura y el Instituto Colombiano de Ciencias; contrató cuantiosos empréstitos para financiar la expansión de la red eléctrica y otras urgentes obras de desarrollo; participó en la creación del Pacto Andino y restableció las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética.

Misael Pastrana Borrero (1970-1974) fue el último mandatario de los cuatro gobiernos de coalición. Siguiendo el principio de gobernar de acuerdo con un programa de desarrollo, Pastrana formuló el "Plan de las Cuatro Estrategias". Fortaleció el ahorro urbano mediante un aumento de los ingresos, canalizando las actividades hacia la construcción. La creación del sistema UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo Constante), según el modelo brasileño, fue el principal resultado de estas medidas. Otras obras de gobierno fueron la reforma al concordato, la modernización del sistema tributario, fomento de la agroindustria y la fijación de la mayoría de edad a los 18 años.

7. EL ESTADO CONTEMPORÁNEO

7.1 La reforma de 1968

Carlos Lleras Restrepo emprendió desde 1967 la difícil tarea de reformar la Constitución. Su propósito era comenzar el desmonte del Frente Nacional y dar solución a las divergencias que habían surgido entre el Ejecutivo y el Legislativo en los años anteriores. La negociación de la reforma fue conflictiva hasta el punto de una amenaza de renuncia por parte del presidente. Sin embargo, éste salió adelante y el régimen presidencialista se consolidó como fundamento de nuestro sistema político contemporáneo.

La reforma de 1968 promulgó la abolición del principio de las dos terceras partes de la votación como criterio de mayoría, salvo para la reforma constitucional y para modificar la legislación electoral; prolongó la paridad hasta 1978, para luego desmontarla, pero conservado garantías que asegurasen, primero, la participación "adecuada y equitativa" del partido que siguiera en votos al del presidente electo y, segundo, la continuidad de "espíritu de gobierno compartido".

Además, suprimió la parida en la rama legislativa y eliminó el requisito de filiación liberal o conservadora para ingresar en las corporaciones públicas; impuso el sistema de cuociente electoral, reglamentó los auxilios parlamentarios y, finalmente, reformó el régimen departamental. Otro cambio importante fue la aprobación del Artículo 122 de la Constitución, por el cual se autorizó al Ejecutivo a gobernar por decreto en caso de emergencia económica.

7.2 Las administraciones postfrentenacionalistas

Bajo los lineamientos de la reforma constitucional de 1968 y la introducción de la planeación en la administración, al finalizar Misael Pastrana Borrero su gobierno se dio comienzo, primero, a un régimen de transición que permitiera el desmonte gradual de los mecanismos creados por la coalición de 1958 y, segundo, al periodo postfrentenacionalista propiamente dicho.

Alfonso López Michelsen (1974-1978), anteriormente jefe del MRL (Movimiento Revolucionario Liberal), que se opuso reciamente al Frente Nacional, llegó a la presidencia como candidato del Partido Liberal. Durante sus años de gobierno se inició el desmonte de los mecanismos paritarios "milimétricos" y llegó a su fin el régimen de coaliciones bipartidistas. Una gran bonanza en las exportaciones cafeteras se presentó en esos años, lo cual produjo una situación paradójica: de una parte, se dispuso de abundante dinero para financiar las obras de gobierno y, de otra parte, el exceso de recursos disparó la inflación y mermó las condiciones de vida de amplios sectores de la población.

Durante la administración de López se triplico el ahorro público, se benefició tributariamente a los sectores menos favorecidos, se entregaros viviendas a 246.000 familias, las exportaciones tuvieron un notable incremento, el salario mínimo aumentó el 200%, se inauguraron 30 hospitales, se invirtieron mas de 15.000 millones de pesos en salud pública y 58.000 millones en educación, y la inversión pública en su conjunto aumento 61%.

La otra cara de la moneda fue el tímido apoyo a la reforma agraria, los efectos inflacionarios que provocaros huelgas y paros, como el nacional de 1977que fue duramente reprimido, los problemas políticos que impidieron la reforma a nivel constitucional del régimen departamental y municipal, el fortalecimiento del movimiento guerrillero y, el nuevo asunto que presagiaba duras épocas, el nacimiento del narcotráfico.

El liberalismo continúo en el poder luego de finalizar López su período presidencial. Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982) asumió el Ejecutivo en medio de una ola de escepticismo general y emprendió su tarea de gobierno con un clima político y social en progresiva descomposición.

Algunas de las principales obras de gobierno fueron las reformas en el Instituto de Seguros Sociales, la creación del departamento de Caquetá, la interconexión eléctrica con la Costa Atlántica, el inicio de la explotación de níquel en Cerro Matoso (Monte Líbano-Córdoba) y de carbón en el Cerrejón (La Guajira), la introducción de la televisión en color, la reforma de la educación superior y la instalación de la Comisión Nacional de Valores.

Estas medidas de fomento se vieron enturbiadas por la situación de orden público. El movimiento guerrillero había llegado a su punto más alto. Para hacerle frente Turbay promulgó el "Estatuto de Seguridad", controvertido mecanismo que hacia depender la estabilidad del régimen de la fuerza de las armas y determinaba la represión de cualquier manifestación en contra de del Estado, por otra parte promulgó una "amnistía", que reconocía otros mecanismos de pacificación. Ninguna de las dos medidas dio los resultados esperados. Turbay tuvo que enfrentar acciones guerrilleras como el robo masivo de armas del Cantón Norte de Bogotá y la toma de la embajada de la república Dominicana por parte del M-19.

Asimismo, el poder y la libertad que había alcanzado el sistema financiero desde la época de López Michelsen produjeron serios problemas para los ahorradores. El escándalo del "Grupo Colombia" fue el primer campanazo de una serie que obligaría a la intervención del sistema financiero por parte del Estado. Finalmente, el narcotráfico y la profunda descomposición social a todo nivel alcanzaron grados más que preocupantes en estos años. Al finalizar Turbay Ayala su período, el Estado estaba sumido en una profunda crisis de credibilidad.

La necesidad de restablecer la legitimidad y fortalecer la administración pública fue canalizada por Belisario Betancur (1982-1986), quien gano la presidencia con un amplio margen electoral sustentado en un liderazgo suprapartidista. Una vez en el poder, Betancur emprendió la intervención del sistema financiero y la nacionalización de los bancos. El problema guerrillero fue enfrentado inicialmente mediante la firma de pactos de paz en abril y agosto de 1984. Sin embargo, las ambigüedades y la oposición de los sectores dirigentes y militares a los pactos provocaron su fracaso, lo cual generó una fuerte reacción del movimiento guerrillero. La toma del Palacio de Justicia fue su momento culminante. La política social y económica del presidente se vio restada por estos hechos, además de la agudización del problema del narcotráfico. El asesinato del ministro de justicia, Rodrigo Lara Bonilla, marcó el inicio del enfrentamiento directo entre el Estado y los grupos de narcotraficantes.

Virgilio Barco (1986-1990) reemplazó a Betancur e impuso definitivamente un gobierno de partido, el liberal. Con esta medida, no totalmente radical, desapareció por completo el principio frentenacionalista del cogobierno y de la participación del partido que en votación siguiera al del presidente electo. Sus años de gobierno estuvieron marcados por la cuestión económica, radicada primordialmente en la deuda externa, la inflación, un alto desempleo, la crisis de los sectores comerciales e industriales y el profundo deterioro de las condiciones de vida de los sectores medios y bajos. Además, la radicalización de la lucha contra el narcotráfico, la presencia de grupos paramilitares en el campo y de sicarios en las ciudades, sin contar el crecimiento de la delincuencia común, convirtieron el orden público en el mayor problema social del cuatrienio.

La campaña electoral de 1989-1990, que dio la presidencia a César Gaviria para el período 1990-1994, fue una de las más violentas de toda la historia colombiana. Todos estos hechos han llevado a la incuestionable necesidad de introducir cambios radicales en el sistema político y jurídico del país.

El presidencialismo extremo, que alejó a la población del poder, debe dar paso a la redemocratización. Durante los primeros meses de la administración Gaviria se dio acogida a la propuesta estudiantil de reformar la Constitución mediante el recurso a una Asamblea Nacional Constituyente. Asimismo, el gobierno recurrió al dialogo como fórmula de acercamiento con los grupos guerrilleros. En cuanto al narcotráfico, el gobierno de Gaviria buscó una solución al problema mediante políticas de corte nacionalista que no colocaran en peligro la integridad del Estado.

Uno de sus resultados ha sido la entrega del narcotraficante Pablo Escobar y otros del cartel de Medellín.

Ernesto Samper (1994-1998) durante su mandato, Colombia atravesó una de sus peores crisis institucionales de las últimas décadas. Creció el poder de las guerrillas y los paramilitares, con la consiguiente muerte de víctimas inocentes y el desplazamiento de familias campesinas de sus tierras, que superó el millón de personas. El gobierno estadounidense de Bill Clinton no quiso incluir a Colombia, ni en 1996 ni en 1997, entre los países con ‘certificado’ de lucha contra el tráfico de drogas, por considerar que no había hecho lo suficiente contra el mismo. En febrero de 1998, Clinton decidió levantar las sanciones que habían sido impuestas al país por tal motivo, aunque siguió considerando al Estado excluido de la lista de aquéllos que poseían el mencionado ‘certificado’.

Andrés Pastrana (1998-2002) como candidato de la coalición Gran Alianza para el Cambio (que incluía a su propio partido), venció en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 21 de junio de 1998 frente a Horacio Serpa, perteneciente al Partido Liberal y ministro del Interior con el gobierno saliente del presidente Samper. Los resultados finales mostraron un apoyo a Pastrana del 50,4% de los votantes frente al 46,4% obtenido por Serpa. Ponía así fin a doce años de gobierno y a tres presidencias consecutivas del Partido Liberal (las de Virgilio Barco, César Gaviria y Samper).

Juró su cargo el 7 de agosto siguiente, aseguró que la mejora de la economía sería una de sus prioridades e invocó a los grupos guerrilleros para poner fin a un conflicto que duraba ya más de 30 años. El 2 de mayo de 1999 llegó a un acuerdo con el máximo comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Manuel Marulanda (Tirofijo), para que cuatro días más tarde dieran comienzo las negociaciones de paz entre el Estado y la más numerosa y antigua guerrilla del país.

Para fomentar el desarrollo económico y social de las zonas afectadas por el cultivo de coca e intentar poner fin a la producción y tráfico de droga, Pastrana diseñó e impulsó a lo largo de 2000 el denominado Plan Colombia. Durante el mes de julio de ese año fue presentado por su gobierno, y también resultó respaldado en Madrid (España) por el denominado Grupo de Apoyo al mismo. Este último estaba integrado por 26 países y 7 entidades supranacionales que se encargarían de su promoción y financiación. En este aspecto debían jugar un papel fundamental Estados Unidos (cuya contribución se destinaría a usos militares, principalmente la fumigación de cultivos ilícitos y la destrucción de laboratorios clandestinos) y la Unión Europea (que condicionó su ayuda económica a que ésta revirtiera en programas sociales).

La puesta en marcha del Plan Colombia fue una de las causas aducidas por las FARC para romper el diálogo con el gobierno de Pastrana en noviembre de 2000, en tanto que el grupo guerrillero afirmaba que concedía a Estados Unidos la posibilidad de intervenir militarmente en el país. Pastrana y Tirofijo se reunieron en San Vicente del Caguán (Caquetá) en febrero de 2001 y acordaron desbloquear y retomar las conversaciones y negociaciones de paz. La tregua se prolongó hasta febrero de 2002, cuando se reanudaron las hostilidades.

Álvaro Uribe (2002- ) Uribe mantuvo serias discrepancias con Serpa (el cual respaldaba la política de negociación con la guerrilla mantenida por el presidente Andrés Pastrana) y, convertido en disidente, decidió presentarse como independiente a aquellos comicios del 26 de mayo de 2002. Después de haber sido objeto de un frustrado atentado contra su vida en la campaña para las mismas, las urnas le convirtieron en presidente electo sin necesidad de tener que recurrir a una segunda vuelta (recibió el 53% de los sufragios emitidos, superando con claridad a Serpa, que obtuvo el 31,7%).

El sorprendente triunfo de Uribe, que tomó posesión del cargo el siguiente 7 de agosto, fue interpretado por los analistas como una consecuencia de la ruptura del proceso de paz durante los últimos meses de gobierno de Pastrana, y del subsiguiente repunte de la violencia, así como de la reacción del pueblo colombiano ante la incapacidad de los partidos tradicionales para alcanzar la paz y promover el crecimiento económico. En este contexto, su programa político de autoridad y firmeza democráticas ante la guerrilla (tachado de derechista por sus rivales) encontró un gran respaldo en la ciudadanía.

8. CONCLUSIONES

Desde la creación del frente nacional, en 1957, el orden político colombiano se ha caracterizado por el crecimiento permanente de las instituciones del gobierno, sin que ello signifique necesariamente la satisfacción plena de las necesidades de toda la nación. Este crecimiento está particularmente representado e burocracia y en la hiperpresencia del Estado central, ahogando muchas de las capacidades de la población y reduciendo al mínimo la participación de los ciudadanos en las gestiones de gobierno.

Apatía en la participación, restricción de los canales de participación, crisis de credibilidad en las instituciones debido a sus excesos burocráticos y a la corrupción en muchas de ellas, inseguridad ciudadana ante la incapacidad del Estado para controlar la delincuencia en todas sus formas, y condiciones de vida en progresivo deterioro, han convertido nuestro orden político en un frágil pacto social, pronto a romperse.

La capacidad de dominio de los sectores dirigentes ha disminuido, pues el afán de rápido lucro y el renacimiento de las pugnas de intereses los han alejado de la tarea principal de "dar forma a la sociedad y reproducirla".

La búsqueda de un nuevo pacto social, que rejuvenezca las instituciones y dé salida a los problemas centrales de participación ciudadana y mejora en las condiciones de vida, es la tarea de un futuro próximo. Este nuevo pacto deberá ser el resultado de una participación renovadora de todos los sectores del país.

El régimen de partidos es propio de todo sistema político republicano. Estas agrupaciones son necesarias, pues canalizan ordenadamente los diferentes proyectos, conceptos programáticos, desacuerdos y diferencias ideológicas que existen en el seno de la sociedad. Pasarán a nuestro futuro. En cambio, no es tan previsible la continuidad de sólo dos partidos. Los últimos años se han caracterizado por el surgimiento de otras colectividades partidistas, todas pequeñas y sin mayor fuerza pero que, en conjunto, anuncian la necesidad de ampliar los medios, de desmontar las hegemonías y asegurar una mayor participación ciudadana.

Nuestro sistema político demostrará su madurez tanto en la continuidad del sistema electoral como en la capacidad para aceptar y adecuarse a una realidad pluripartidista. Es tan cierto, que hoy en nuestra republica contamos con un presidente de un tercer partido político, y que cada día toma mas fuerza en la sociedad colombiana.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOTECA DE CONSULTA ENCARTA 2005

www.google.com.co

LIBRO CIVILIZACIÓN 9

ENCICLOPEDIAS DE CONSULTA

DORA ORTEGON


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