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Frente Nacional




Enviado por dorita_7



    1. La II Guerra Mundial y la
      Posguerra
    2. El régimen de Rojas
      Pinilla y la crisis de mitad del siglo XX
    3. El tránsito al Frente
      Nacional
    4. Los fundamentos del nuevo
      régimen: el plebiscito de 1957
    5. La lógica del
      sistema
    6. Las administraciones
      frentenacionalistas
    7. El Estado
      contemporáneo
    8. Conclusiones
    9. Bibliografía

    INTRODUCCIÓN

    Colombia cuenta con un sistema
    político relativamente libre y abierto en el cual
    participan un buen número de partidos. Los dos
    mayoritarios han sido de manera tradicional el Partido Social
    Conservador, favorable a un fortalecimiento del gobierno central
    y de la relación estrecha con la Iglesia
    católica, y el Partido Liberal, partidario del
    fortalecimiento de los gobiernos locales y de la
    separación de la Iglesia y el Estado. La
    tendencia ideológica reciente del primero se acerca a la
    democracia
    cristiana europea, mientras que el liberalismo
    simpatiza con las corrientes socialdemócratas. Ambos
    reconocen en la Iglesia católica una fuerza
    institucional importante, en especial para encontrar caminos que
    superen la violencia
    política y
    social de que es víctima la sociedad
    colombiana actual.

    Entre 1958 y 1974 los liberales y los conservadores
    fueron los únicos grupos
    políticos legales, debido a una reforma constitucional de
    1957 pensada para desactivar el fuerte antagonismo entre ellos.
    Bajo este acuerdo, llamado Frente
    Nacional, cada partido tenía exactamente la mitad del
    número de escaños en cada cámara
    legislativa, en el gabinete y en otras dependencias, y la
    presidencia se alternaba entre los líderes de los dos
    partidos.

    1. LA
    II GUERRA MUNDIAL Y
    LA POSGUERRA

    Durante la II Guerra Mundial
    Colombia
    rompió relaciones diplomáticas en 1941 con Japón,
    Alemania e
    Italia, y en 1942
    con el gobierno de la Francia
    ocupada. En 1943 el Senado colombiano declaró la guerra a
    Alemania y en junio de 1945 firmó los estatutos de
    la
    Organización de las Naciones Unidas,
    convirtiéndose en uno de los 51 miembros
    fundadores.

    Durante la época de posguerra se vivió una
    de las crisis
    políticas más severas, como
    resultado directo de la profundización de los antagonismos
    entre las facciones liberal y conservadora. El asesinato de Jorge
    Eliécer Gaitán, dirigente del Partido Liberal, el 9
    de abril de 1948 en Bogotá, desencadenó un
    levantamiento nacional en contra del gobierno conservador
    conocido como el Bogotazo, en el que murieron cerca de 1.500
    personas y 20.000 más resultaron heridas. Con la ayuda del
    Ejército el gobierno controló
    la rebelión y se acordó incluir un número
    igual de liberales y conservadores en el gabinete.

    Sin embargo, durante los siguientes meses la
    tensión y la violencia fueron cada vez más
    persistentes. Los miembros liberales del gobierno cesaron en sus
    cargos después de que se promulgara un decreto
    gubernamental prohibiendo manifestaciones y marchas, y el Partido
    Liberal retiró a su candidato de las elecciones
    presidenciales de 1949, culpando al gobierno de violar la
    ley electoral.
    Como resultado de esta situación, el candidato conservador
    Laureano Gómez ganó las elecciones de noviembre sin
    enfrentarse a ninguna oposición. La toma de poder se
    llevó a cabo en agosto de 1950.

    2. EL RÉGIMEN DE ROJAS PINILLA Y LA
    CRISIS DE MITAD DEL SIGLO XX

    Entre la elección de Laureano Gómez y su
    toma de poder, la lucha política había entrado en
    una nueva fase. Varios grupos guerrilleros, entre los que
    destacaban las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas
    (FARC) actuaban
    en numerosas áreas rurales y urbanas del país. En
    respuesta, el gobierno declaró el estado de
    sitio y suspendió las sesiones del Congreso en 1950. Poco
    después de la toma de poder de Gómez, una
    convención del Partido Liberal declaró al gobierno
    ilegal, acusándolo de suprimir la libertad de
    expresión, de prensa y de
    reunión, y prometió continuar con el boicoteo de
    las elecciones.

    El general Gustavo Rojas Pinilla asumió el poder
    mediante golpe de Estado
    el 13 de junio de 1953. Este hecho fue resultado de la profunda
    crisis de hegemonía que había afectado a los
    partidos desde el decenio anterior, cuando las divisiones tanto
    en el interior de las dirigencias liberal y conservadora sumieron
    al país en una desesperada época de muerte y
    persecución. La crisis de hegemonía condujo al
    vacío de poder y este, al golpe de Estado como
    solución transitoria.

    El régimen de Rojas debía ser transitorio
    y legitimo. Para ello, los sectores del bipartidismo que apoyaron
    explicita o tácitamente el golpe impusieron la
    creación de una Asamblea Nacional Constituyente. Esta
    institución proclamó el mismo día de la toma
    del poder que "es legítimo el titulo del actual presidente
    de la República, teniente general Gustavo Rojas Pinilla,
    quien ejercerá el cargo por el resto del período
    presidencial en curso". La Asamblea debía velar por la
    "constitucionalidad del régimen" en lugar del Congreso,
    cerrado desde el final del gobierno de Ospina.

    Los objetivos de
    la toma del poder eran fundamentalmente dos: primero, arreglar,
    mediante un régimen de excepción y transitorio, el
    vacío de poder creado por las divisiones de la dirigencia
    bipartidista; segundo, acabar con el terror que se vivía
    en el campo mediante políticas de pacificación.
    Ninguno de los dos objetivos se cumplió en el sentido
    inicialmente propuesto.

    De una parte, Rojas Pinilla manipuló la Asamblea
    Nacional Constituyente para que fuera reelecto para otro
    período presidencial. Efectivamente, en 1954, con la
    aprobación de la Asamblea, Rojas inició su segundo
    período, ahora con la pretensión de separarse del
    apoyo bipartidista que lo había llevado al poder en 1953.
    Para lograr este propósito, el general formulo un
    reordenamiento del país bajo la alianza de los
    trabajadores, clases medias y militares, sustentado en principios
    católicos tomados de la doctrina social de la Iglesia y en
    los ideales bolivaristas.

    La constitución de la "Tercera Fuerza", nombre
    dado por Rojas a dicha alianza, generó la reacción
    de las dirigencias bipartidistas. Ellas vieron con temor el
    ascenso de estas fuerzas y emprendieron el arreglo definitivo de
    sus diferencias ideológicas y burocráticas. De esta
    manera, lo que propició la solución a la crisis de
    hegemonía no fue tanto el golpe de Estado, como el temor a
    que el régimen instaurado degenerara en una dictadura
    populista al estilo de la de Juan Domingo Perón en
    Argentina o de la de Getulio Vargas en Brasil.

    La política de pacificación impuesta por
    el régimen de Rojas no tuvo el éxito
    que se esperaba. El terror que se vivía en los campos
    terminó, pero la tregua dictada en 1953 no fue cumplida
    por el Estado a cabalidad, lo cual motivó a muchos jefes
    guerrilleros a retornar a la lucha armada. En 1954 y hasta el
    final de la década, la violencia tomo un nuevo rumbo: el
    enfrentamiento entre ejército y guerrilleros,
    además del apoyo del régimen a la
    persecución de sus oponentes.

    3. EL TRÁNSITO AL FRENTE
    NACIONAL

    El temor al que el régimen de Rojas se
    convirtiera en dictadura populista y terminara definitivamente
    con las posibilidades de restablecer la hegemonía del
    bipartidismo, creo las condiciones políticas para que la
    dirigencia del liberalismo y la del conservatismo se sentaran de
    nuevo a negociar. Alberto Lleras Camargo, líder
    indiscutible del liberalismo, y Laureano Gómez, cabeza de
    la fracción más importante del conservatismo,
    emprendieron una lenta y difícil campaña de
    acercamiento.

    El principal obstáculo para la unión era
    el sector ospinista del conservatismo, que seguía
    participando en la Asamblea Nacional Constituyente y se oponia a
    perder su papel protagónico en el partido y en la vida
    política nacional. Asimismo, los odios partidistas de
    años anteriores no desaparecían de un día
    para otro y en los campos continuaba la lucha entre guerrilleros,
    militares y seguidores del régimen rojista.

    Bajo una coyuntura favorable para el encuentro pero
    llena de escollos, desde 1956 se emprendió el acercamiento
    bipartidista. La primera acción
    partió del liberalismo. En carta del 2 de
    marzo de 1956, Alfonso López Pumarejo propuso al
    Directorio Liberal de Antioquia la conveniencia de una reforma
    constitucional que permitiera establecer gabinetes ministeriales
    de coalición, de manera que los dos partidos tuvieran que
    gobernar en conjunto; además, López sugería
    que el próximo presidente fuera conservador con el apoyo
    electoral del liberalismo. Esta propuesta abrió camino y
    unos meses después, el 24 de julio de 1956, en la población española de Benidorm,
    Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez firman una
    declaración conjunta de principios.

    La declaración de Benidorm examinó la
    situación política del país, los problemas
    creados por el régimen de Rojas y la necesidad de retornar
    al gobierno civil. Para ello, propuso la conveniencia de una
    coalición bipartidista cuyo objetivo
    inicial fuese derrocar al general Rojas, para luego, poner fin a
    la crisis de hegemonía.

    La discrepancia con el ospinismo fue resuelta en 1957.
    Gracias a las gestiones de los liberales, temeroso de verse
    señalado como defensor de lo que entonces se denominaba
    "dictadura", Ospina accede a la alianza bipartidista mediante el
    "pacto de marzo". Este acuerdo entre la Dirección Nacional Liberal y la
    Dirección Conservadora de orientación ospinista,
    firmado el 20 de marzo de 1957, reafirmo el rechazo al
    régimen de Rojas, propuso un programa de
    acción contra la "dictadura" y reafirmo la necesidad de
    reformar la Constitución para asegurar el
    cogobierno.

    La unión de liberales, laureanistas y ospinistas
    aceleró el proceso de
    oposición a la "dictadura". Esta alianza se
    fortaleció con el apoyo del movimiento
    estudiantil y de todo el conjunto de gremios económicos,
    que constataban con temor el desarrollo del
    populismo. Los
    estudiantes se pronunciaban contra el régimen por las
    medidas represivas que causaron la muerte de
    algunos de ellos. Varios paros y marchas se sucedieron en 1957
    hasta que, ante la amenaza de un paro general,
    Rojas Pinilla renuncio al poder el 10 de mayo de 1957.

    El problema inmediato por resolver era cromo
    salvaguardar el honor de las fuerzas armadas y, además,
    cómo garantizar un régimen de transición que
    devolviera el poder al bipartidismo. La solución llego
    mediante la formula de una "Junta Militar", que debía
    gobernar por el tiempo que le
    restaba a Rojas, convocar a elecciones y preparar la reforma
    constitucional que se venia discutiendo desde 1956. La Junta
    asumió el poder, compuesta por cinco miembros: los
    generales Gabriel Paris, Luis Ordóñez, Rafael Navas
    Pardo, el mayor general Deogracias Fonseca y el contraalmirante
    Rubén Piedrahita, quienes gobernaron hasta el 7 de agosto
    de 1958, fecha en que Alberto Lleras Camargo asumió la
    presidencia como primer mandatario del Frente
    Nacional.

    Durante el año de gobierno de la Junta Militar,
    las dirigencias de ambos partidos terminaron de dar forma al gran
    pacto bipartidista. Primero, en otra población
    española, Sitges, el 20 de julio de 1957, Lleras Camargo y
    Laureano Gómez firman en otra declaración conjunta
    los acuerdos que establecerían el Frente Nacional, con
    estas propuestas: reforma constitucional para establecer la
    paridad en los ministerios y
    en las corporaciones públicas por un período de
    doce años, reforma de la carrera administrativa y
    convocatoria a un plebiscito como mecanismo de legitimación de dichas reformas.

    Segundo, y con base en el Pacto de Sitges, la Junta
    Militar emite el Decreto 247 de octubre 4 de 1957, por el cual se
    convoca a un plebiscito para el primero de diciembre con el fin
    de someter a consulta la reforma constitucional. Tercero, en
    noviembre 22 de 1957 se firma el "Pacto de San Carlos", acuerdo
    definitivo entre los partidos respecto a la coalición, la
    fecha de las próximas elecciones, los mecanismos de
    selección del candidato conjunto de los
    partidos, el apoyo al plebiscito y a la distribución del gobierno entre ellos.
    Finalmente, el primero de Diciembre de 1957 fue aprobada la
    reforma constitucional mediante plebiscito, con la
    participación de una amplia franja de
    colombianos.

    4.
    LOS FUNDAMENTOS DEL NUEVO RÉGIMEN: EL PLEBISCITO DE
    1957

    Los colombianos participaron masivamente en el
    plebiscito. La votación de diciembre fue la más
    grande que ha tenido el país en toda su historia: más de
    cuatro millones de ciudadanos dieron un sí a la reforma,
    mientras que sólo 200.000 respondieron negativamente a la
    consulta. La legitimidad del nuevo régimen era
    indiscutible. De esta manera, el país entró en una
    etapa histórica.

    Mediante el plebiscito los colombianos aprobaron que la
    Constitución sería de 1886, con las siguientes
    reformas: derechos políticos
    plenos para la mujer; paridad
    partidista en todas las corporaciones públicas;
    determinación de la mayoría, para todos los efectos
    legales, por las dos terceras partes de los votantes; libre
    nombramiento y remoción por el presidente de los ministros
    del despacho, preservando la paridad; derecho al voto para todos
    los miembros de las corporaciones públicas, con la
    obligación de no participar en las actividades de los
    partidos y en las controversias públicas.

    También se establecía: la filiación
    política no es criterio para nombrar a una persona en un
    cargo público de la carrera administrativa, así
    como para su destitución o promoción; el gobierno nacional debe
    destinar al menos 10% del presupuesto
    nacional para el fomento de la educación
    pública; la Corte Suprema de Justicia se
    integra por el numero de magistrados que determine la ley y sus
    cargos se distribuyen entre los partidos, según la
    proporción en que estén representados en el
    Congreso. Además se preveía que las reformas
    constitucionales sólo se tramitaran por el Congreso y se
    fijaban las siguientes elecciones para el primer semestre de
    1958, de manera que el nuevo presidente se posesionara el 7 de
    agosto de dicho año.

    5. LA
    LÓGICA DEL SISTEMA

    El gran pacto bipartidista tuvo como origen la alianza
    contra el régimen de Rojas y los pactos entre liberales y
    conservadores con el fin de establecer, primero, la paridad
    partidista como medida constitucional transitoria y, segundo, la
    alternación en la presidencia durante un periodo
    transitorio. Este periodo se fijó inicialmente por 12
    años, pero luego se extendió a 16 con el fin de
    garantizar dos gobiernos liberales y dos conservadores. El
    acuerdo debía mantenerse de 1958 a 1974 y así
    sucedió.

    El sistema
    frentenacionalista tuvo como lógica
    de su desarrollo dar fin alas persecuciones burocráticas y
    a las crisis que por divergencias ideológicas pudieran
    surgir. En otras palabras, el acuerdo erigió a los dos
    partidos en fuerza suprapartidista, con dominio absoluto
    de las instituciones
    de gobierno mediante el control electoral en su favor.

    Sin embargo, un doble problema se presentó apenas
    nacido el Frente Nacional. De una parte, por ser fijada la
    mayoría en las dos terceras partes de la votación,
    el trámite de las leyes en el
    congreso se tornó dificultoso y propició que las
    relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo se hicieran
    frágiles y terreno para agrias disputas. De otra parte, no
    todos los sectores políticos apoyaron al Frente Nacional,
    lo cual dio paso al surgimiento de movimientos opositores con
    representación en el Congreso, lo que hacía
    aún más difícil conseguir la mayoría
    en las votaciones.

    Con el curso de los años esta institución
    política tendió a empeorarse. A esto se sumó
    la difícil situación económica y social por
    la que atravesaba el país. La

    solución llegó mediante el fortalecimiento
    del "presidencialismo". La batalla planteada entre el Ejecutivo y
    el Legislativo la ganó el primero mediante el recurso a la
    fórmula del "Estado de Sitio" (Artículo 121 de la
    Constitución). De esta manera, la lógica del
    sistema frentenacionalista, que pretendía asegurar el
    cogobierno, terminó por solidificar el presidencialismo y
    reducir el Congreso al simple papel de ratificador de las medidas
    presidenciales.

    6. LAS ADMINISTRACIONES
    FRENTENACIONALISTAS

    Alberto Lleras Camargo
    (1958-1962) asumió la presidencia como candidato de
    la coalición frentenacionalista. Los acuerdos determinaban
    que el primer gobernante había de ser un conservador, pero
    con las disputas entre laureanistas y ospinistas impidieron
    llegar a un acuerdo y de esta manera surgió la candidatura
    de Lleras como única fórmula de
    solución.

    El gobierno de Lleras, que empezó levantando el
    estado de sitio, se caracterizó por una hábil
    política antisindical y la defensa de los intereses de la
    burguesía, en contra de las masas campesinas, lo que
    propició la aparición de grupos guerrilleros y
    provocó un nuevo estado de sitio. Lleras comenzó su
    administración en una difícil
    situación económica y social del país. El
    déficit fiscal
    ocasionado por los gastos del
    régimen de Rojas era enorme, al tiempo que la
    situación de orden público era intolerable. Lleras
    planteó una política de abierto dialogo con los
    guerrilleros y de represión al bandolerismo, pero la
    oposición lo llevó a desconocer esta diferencia y a
    imponer medidas recias de pacificación. La Alianza para el
    Progreso, doctrina formulada por el presidente norteamericano
    John F. Kennedy, condicionó la ayuda económica a la
    lucha anticomunista, fórmula acogida por el gobierno.
    Así se pudo implantar medidas desarrollistas para afrontar
    la crisis económica. El presidente incentivó las
    vías de comunicación, la construcción de centrales eléctricas
    y de vivienda popular e impulsó la reforma
    agraria al sancionar la ley que creaba el Instituto
    Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA).

    Guillermo León Valencia
    (1962-1966), conservador, fue el segundo mandatario de la
    coalición frentenacionalista. En la conformación de
    su gobierno introdujo la práctica de la
    "milimétria": repartición burocrática
    estricta y exacta entre los dos partidos. Valencia
    continuó con la pacificación de los campos, la que
    se llevó a término mediante acciones
    militares y "cívico-militares", o de desarrollo de obras en
    beneficio de las comunidades bajo control guerrillero. A la
    postre se abrió el camino para el nacimiento de las
    guerrillas procastristas y marxistas.

    Entre otras medidas, el gobierno creó la Junta
    Monetaria, máxima autoridad en
    esta materia,
    introdujo el impuesto a las
    ventas,
    fortaleció el sistema
    educativo, incentivó la explotación petrolera e
    incrementó la red vial. Desde el gobierno,
    hizo frente a la violencia de las guerrillas y reprimió la
    acción de la izquierda y de los movimientos estudiantiles.
    Bajo su mandato se tomaron importantes medidas económicas,
    educativas y de infraestructura que contribuyeron a modernizar el
    país.

    Sin embargo, el incremento de la deuda externa fue
    el costo de todas
    estas actividades, aumentada por la creciente burocracia.

    El gobierno de Carlos Lleras Restrepo
    (1966-1970) significó el triunfo definitivo del
    presidencialismo y la introducción de la tecnocracia como
    criterio administrativo para los asuntos económicos y
    sociales. Lleras Restrepo propuso y sacó adelante una
    reforma constitucional en 1968. Lleras, en disputa abierta con el
    Fondo Monetario
    Internacional, se negó a introducir los cambios
    sugeridos por esta institución y alivió la
    difícil situación económica mediante la
    supresión progresiva, la introducción de la
    retención en la fuente y el fomento a las exportaciones
    (PROEXPO).

    En otras materias, Lleras creó el Instituto de
    Bienestar Familiar, el Instituto de Recursos
    Naturales no Renovables, el Instituto Colombiano del Deporte, el Instituto para el
    Fomento de la Educación
    Superior (ICFES), EL Instituto Colombiano de Cultura y el
    Instituto Colombiano de Ciencias;
    contrató cuantiosos empréstitos para financiar la
    expansión de la red eléctrica y otras urgentes
    obras de desarrollo; participó en la creación del
    Pacto Andino y
    restableció las relaciones diplomáticas con la
    Unión Soviética.

    Misael Pastrana Borrero (1970-1974) fue el
    último mandatario de los cuatro gobiernos de
    coalición. Siguiendo el principio de gobernar de acuerdo
    con un programa de desarrollo, Pastrana formuló el
    "Plan de las
    Cuatro Estrategias".
    Fortaleció el ahorro urbano
    mediante un aumento de los ingresos,
    canalizando las actividades hacia la construcción. La
    creación del sistema UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo
    Constante), según el modelo
    brasileño, fue el principal resultado de estas medidas.
    Otras obras de gobierno fueron la reforma al concordato, la
    modernización del sistema
    tributario, fomento de la agroindustria y la fijación
    de la mayoría de edad a los 18 años.

    7. EL ESTADO
    CONTEMPORÁNEO

    7.1 La reforma de 1968

    Carlos Lleras Restrepo emprendió desde 1967 la
    difícil tarea de reformar la Constitución. Su
    propósito era comenzar el desmonte del Frente Nacional y
    dar solución a las divergencias que habían surgido
    entre el Ejecutivo y el Legislativo en los años
    anteriores. La negociación de la reforma fue conflictiva
    hasta el punto de una amenaza de renuncia por parte del
    presidente. Sin embargo, éste salió adelante y el
    régimen presidencialista se consolidó como
    fundamento de nuestro sistema político
    contemporáneo.

    La reforma de 1968 promulgó la abolición
    del principio de las dos terceras partes de la votación
    como criterio de mayoría, salvo para la reforma
    constitucional y para modificar la legislación electoral;
    prolongó la paridad hasta 1978, para luego desmontarla,
    pero conservado garantías que asegurasen, primero, la
    participación "adecuada y equitativa" del partido que
    siguiera en votos al del presidente electo y, segundo, la
    continuidad de "espíritu de gobierno
    compartido".

    Además, suprimió la parida en la rama
    legislativa y eliminó el requisito de filiación
    liberal o conservadora para ingresar en las corporaciones
    públicas; impuso el sistema de cuociente electoral,
    reglamentó los auxilios parlamentarios y, finalmente,
    reformó el régimen departamental. Otro cambio
    importante fue la aprobación del Artículo 122 de la
    Constitución, por el cual se autorizó al Ejecutivo
    a gobernar por decreto en caso de emergencia
    económica.

    7.2 Las administraciones
    postfrentenacionalistas

    Bajo los lineamientos de la reforma constitucional de
    1968 y la introducción de la planeación
    en la
    administración, al finalizar Misael Pastrana
    Borrero su gobierno se dio comienzo, primero, a un
    régimen de transición que permitiera el desmonte
    gradual de los mecanismos creados por la coalición de 1958
    y, segundo, al periodo postfrentenacionalista propiamente
    dicho.

    Alfonso López Michelsen
    (1974-1978), anteriormente jefe del MRL (Movimiento
    Revolucionario Liberal), que se opuso reciamente al Frente
    Nacional, llegó a la presidencia como candidato del
    Partido Liberal. Durante sus años de gobierno se
    inició el desmonte de los mecanismos paritarios
    "milimétricos" y llegó a su fin el régimen
    de coaliciones bipartidistas. Una gran bonanza en las
    exportaciones cafeteras se presentó en esos años,
    lo cual produjo una situación paradójica: de una
    parte, se dispuso de abundante dinero para
    financiar las obras de gobierno y, de otra parte, el exceso de
    recursos
    disparó la inflación y mermó las condiciones
    de vida de amplios sectores de la población.

    Durante la administración de López se triplico
    el ahorro público, se benefició tributariamente a
    los sectores menos favorecidos, se entregaros viviendas a 246.000
    familias, las exportaciones tuvieron un notable incremento, el
    salario
    mínimo aumentó el 200%, se inauguraron 30
    hospitales, se invirtieron mas de 15.000 millones de pesos en
    salud
    pública y 58.000 millones en educación, y la
    inversión pública en su conjunto
    aumento 61%.

    La otra cara de la moneda fue el tímido apoyo a
    la reforma agraria, los efectos inflacionarios que provocaros
    huelgas y paros, como el nacional de 1977que fue duramente
    reprimido, los problemas políticos que impidieron la
    reforma a nivel constitucional del régimen departamental y
    municipal, el fortalecimiento del movimiento guerrillero y, el
    nuevo asunto que presagiaba duras épocas, el nacimiento
    del narcotráfico.

    El liberalismo continúo en el poder luego de
    finalizar López su período presidencial.
    Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982) asumió
    el Ejecutivo en medio de una ola de escepticismo general y
    emprendió su tarea de gobierno con un clima
    político y social en progresiva
    descomposición.

    Algunas de las principales obras de gobierno fueron las
    reformas en el Instituto de Seguros Sociales,
    la creación del departamento de Caquetá, la
    interconexión eléctrica con la Costa
    Atlántica, el inicio de la explotación de
    níquel en Cerro Matoso (Monte
    Líbano-Córdoba) y de carbón en el
    Cerrejón (La Guajira), la introducción de la
    televisión en color, la reforma
    de la educación superior y la instalación de la
    Comisión Nacional de Valores.

    Estas medidas de fomento se vieron enturbiadas por la
    situación de orden público. El movimiento
    guerrillero había llegado a su punto más alto. Para
    hacerle frente Turbay promulgó el "Estatuto de Seguridad",
    controvertido mecanismo que hacia depender la estabilidad del
    régimen de la fuerza de las armas y
    determinaba la represión de cualquier manifestación
    en contra de del Estado, por otra parte promulgó una
    "amnistía", que reconocía otros mecanismos de
    pacificación. Ninguna de las dos medidas dio los
    resultados esperados. Turbay tuvo que enfrentar acciones
    guerrilleras como el robo masivo de armas del Cantón Norte
    de Bogotá y la toma de la embajada de la república
    Dominicana por parte del M-19.

    Asimismo, el poder y la libertad que
    había alcanzado el sistema
    financiero desde la época de López Michelsen
    produjeron serios problemas para los ahorradores. El
    escándalo del "Grupo
    Colombia" fue el primer campanazo de una serie que
    obligaría a la intervención del sistema financiero
    por parte del Estado. Finalmente, el narcotráfico y la
    profunda descomposición social a todo nivel alcanzaron
    grados más que preocupantes en estos años. Al
    finalizar Turbay Ayala su período, el Estado estaba sumido
    en una profunda crisis de credibilidad.

    La necesidad de restablecer la legitimidad y fortalecer
    la administración
    pública fue canalizada por Belisario
    Betancur
    (1982-1986), quien gano la presidencia con un
    amplio margen electoral sustentado en un liderazgo
    suprapartidista. Una vez en el poder, Betancur emprendió
    la intervención del sistema financiero y la
    nacionalización de los bancos. El
    problema guerrillero fue enfrentado inicialmente mediante la
    firma de pactos de paz en abril y agosto de 1984. Sin embargo,
    las ambigüedades y la oposición de los sectores
    dirigentes y militares a los pactos provocaron su fracaso, lo
    cual generó una fuerte reacción del movimiento
    guerrillero. La toma del Palacio de Justicia fue su momento
    culminante. La política
    social y económica del presidente se vio restada por
    estos hechos, además de la agudización del problema
    del narcotráfico. El asesinato del ministro de justicia,
    Rodrigo Lara Bonilla, marcó el inicio del enfrentamiento
    directo entre el Estado y los grupos de
    narcotraficantes.

    Virgilio Barco (1986-1990)
    reemplazó a Betancur e impuso definitivamente un gobierno
    de partido, el liberal. Con esta medida, no totalmente radical,
    desapareció por completo el principio frentenacionalista
    del cogobierno y de la participación del partido que en
    votación siguiera al del presidente electo. Sus
    años de gobierno estuvieron marcados por la
    cuestión económica, radicada primordialmente en la
    deuda externa, la inflación, un alto desempleo, la
    crisis de los sectores comerciales e industriales y el profundo
    deterioro de las condiciones de vida de los sectores medios y
    bajos. Además, la radicalización de la lucha contra
    el narcotráfico, la presencia de grupos paramilitares en
    el campo y de sicarios en las ciudades, sin contar el crecimiento
    de la delincuencia
    común, convirtieron el orden público en el mayor
    problema social del cuatrienio.

    La campaña electoral de 1989-1990, que dio la
    presidencia a César Gaviria para el
    período 1990-1994, fue una de las más violentas de
    toda la historia colombiana. Todos estos hechos han llevado a la
    incuestionable necesidad de introducir cambios radicales en el
    sistema político y jurídico del
    país.

    El presidencialismo extremo, que alejó a la
    población del poder, debe dar paso a la
    redemocratización. Durante los primeros meses de la
    administración Gaviria se dio acogida a la propuesta
    estudiantil de reformar la Constitución mediante el
    recurso a una Asamblea Nacional Constituyente. Asimismo, el
    gobierno recurrió al dialogo como fórmula de
    acercamiento con los grupos guerrilleros. En cuanto al
    narcotráfico, el gobierno de Gaviria buscó una
    solución al problema mediante políticas de corte
    nacionalista que no colocaran en peligro la integridad del
    Estado.

    Uno de sus resultados ha sido la entrega del
    narcotraficante Pablo Escobar y otros del cartel de
    Medellín.

    Ernesto Samper (1994-1998) durante su
    mandato, Colombia atravesó una de sus peores crisis
    institucionales de las últimas décadas.
    Creció el poder de las guerrillas y los paramilitares, con
    la consiguiente muerte de víctimas inocentes y el
    desplazamiento de familias campesinas de sus tierras, que
    superó el millón de personas. El gobierno
    estadounidense de Bill Clinton no quiso incluir a Colombia, ni en
    1996 ni en 1997, entre los países con
    ‘certificado’ de lucha contra el tráfico de
    drogas, por
    considerar que no había hecho lo suficiente contra el
    mismo. En febrero de 1998, Clinton decidió levantar las
    sanciones que habían sido impuestas al país por tal
    motivo, aunque siguió considerando al Estado excluido de
    la lista de aquéllos que poseían el mencionado
    ‘certificado’.

    Andrés Pastrana (1998-2002) como
    candidato de la coalición Gran Alianza para el Cambio (que
    incluía a su propio partido), venció en la segunda
    vuelta de las elecciones presidenciales del 21 de junio de 1998
    frente a Horacio Serpa, perteneciente al Partido Liberal y
    ministro del Interior con el gobierno saliente del presidente
    Samper. Los resultados finales mostraron un apoyo a Pastrana del
    50,4% de los votantes frente al 46,4% obtenido por Serpa.
    Ponía así fin a doce años de gobierno y a
    tres presidencias consecutivas del Partido Liberal (las de
    Virgilio Barco, César Gaviria y Samper).

    Juró su cargo el 7 de agosto siguiente,
    aseguró que la mejora de la economía sería
    una de sus prioridades e invocó a los grupos guerrilleros
    para poner fin a un conflicto que
    duraba ya más de 30 años. El 2 de mayo de 1999
    llegó a un acuerdo con el máximo comandante de las
    Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Manuel
    Marulanda (Tirofijo), para que cuatro días más
    tarde dieran comienzo las negociaciones de paz entre el Estado y
    la más numerosa y antigua guerrilla del
    país.

    Para fomentar el desarrollo
    económico y social de las zonas afectadas por el
    cultivo de coca e intentar poner fin a la producción y tráfico de droga,
    Pastrana diseñó e impulsó a lo largo de 2000
    el denominado Plan Colombia. Durante el mes de julio de ese
    año fue presentado por su gobierno, y también
    resultó respaldado en Madrid
    (España)
    por el denominado Grupo de Apoyo al mismo. Este último
    estaba integrado por 26 países y 7 entidades
    supranacionales que se encargarían de su promoción
    y financiación. En este aspecto debían jugar un
    papel fundamental Estados Unidos
    (cuya contribución se destinaría a usos militares,
    principalmente la fumigación de cultivos ilícitos y
    la destrucción de laboratorios clandestinos) y la Unión
    Europea (que condicionó su ayuda económica a
    que ésta revirtiera en programas
    sociales).

    La puesta en marcha del Plan Colombia fue una de las
    causas aducidas por las FARC para romper el diálogo
    con el gobierno de Pastrana en noviembre de 2000, en tanto que el
    grupo guerrillero afirmaba que concedía a Estados Unidos
    la posibilidad de intervenir militarmente en el país.
    Pastrana y Tirofijo se reunieron en San Vicente del Caguán
    (Caquetá) en febrero de 2001 y acordaron desbloquear y
    retomar las conversaciones y negociaciones de paz. La tregua se
    prolongó hasta febrero de 2002, cuando se reanudaron las
    hostilidades.

    Álvaro Uribe (2002- ) Uribe mantuvo
    serias discrepancias con Serpa (el cual respaldaba la
    política de negociación con la guerrilla mantenida
    por el presidente Andrés Pastrana) y, convertido en
    disidente, decidió presentarse como independiente a
    aquellos comicios del 26 de mayo de 2002. Después de haber
    sido objeto de un frustrado atentado contra su vida en la
    campaña para las mismas, las urnas le convirtieron en
    presidente electo sin necesidad de tener que recurrir a una
    segunda vuelta (recibió el 53% de los sufragios emitidos,
    superando con claridad a Serpa, que obtuvo el 31,7%).

    El sorprendente triunfo de Uribe, que tomó
    posesión del cargo el siguiente 7 de agosto, fue
    interpretado por los analistas como una consecuencia de la
    ruptura del proceso de paz durante los últimos meses de
    gobierno de Pastrana, y del subsiguiente repunte de la violencia,
    así como de la reacción del pueblo colombiano ante
    la incapacidad de los partidos tradicionales para alcanzar la paz
    y promover el crecimiento
    económico. En este contexto, su programa
    político de autoridad y firmeza democráticas ante
    la guerrilla (tachado de derechista por sus rivales)
    encontró un gran respaldo en la ciudadanía.

    8.
    CONCLUSIONES

    Desde la creación del frente nacional, en 1957,
    el orden político colombiano se ha caracterizado por el
    crecimiento permanente de las instituciones del gobierno, sin que
    ello signifique necesariamente la satisfacción plena de
    las necesidades de toda la nación.
    Este crecimiento está particularmente representado e
    burocracia y en la hiperpresencia del Estado central, ahogando
    muchas de las capacidades de la población y reduciendo al
    mínimo la participación de los ciudadanos en las
    gestiones de gobierno.

    Apatía en la participación,
    restricción de los canales de participación, crisis
    de credibilidad en las instituciones debido a sus excesos
    burocráticos y a la corrupción
    en muchas de ellas, inseguridad
    ciudadana ante la incapacidad del Estado para controlar la
    delincuencia en todas sus formas, y condiciones de vida en
    progresivo deterioro, han convertido nuestro orden
    político en un frágil pacto social, pronto a
    romperse.

    La capacidad de dominio de los sectores dirigentes ha
    disminuido, pues el afán de rápido lucro y el renacimiento
    de las pugnas de intereses los han alejado de la tarea principal
    de "dar forma a la sociedad y reproducirla".

    La búsqueda de un nuevo pacto social, que
    rejuvenezca las instituciones y dé salida a los problemas
    centrales de participación ciudadana y mejora en las
    condiciones de vida, es la tarea de un futuro próximo.
    Este nuevo pacto deberá ser el resultado de una
    participación renovadora de todos los sectores del
    país.

    El régimen de partidos es propio de todo sistema
    político republicano. Estas agrupaciones son necesarias,
    pues canalizan ordenadamente los diferentes proyectos,
    conceptos programáticos, desacuerdos y diferencias
    ideológicas que existen en el seno de la sociedad.
    Pasarán a nuestro futuro. En cambio, no es tan previsible
    la continuidad de sólo dos partidos. Los últimos
    años se han caracterizado por el surgimiento de otras
    colectividades partidistas, todas pequeñas y sin mayor
    fuerza pero que, en conjunto, anuncian la necesidad de ampliar
    los medios, de desmontar las hegemonías y asegurar una
    mayor participación ciudadana.

    Nuestro sistema político demostrará su
    madurez tanto en la continuidad del sistema electoral como en la
    capacidad para aceptar y adecuarse a una realidad
    pluripartidista. Es tan cierto, que hoy en nuestra republica
    contamos con un presidente de un tercer partido político,
    y que cada día toma mas fuerza en la sociedad
    colombiana.

    BIBLIOGRAFÍA

    BIBLIOTECA DE CONSULTA ENCARTA 2005

    www.google.com.co

    LIBRO CIVILIZACIÓN 9

    ENCICLOPEDIAS DE CONSULTA

    DORA ORTEGON

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