Resumen Civil

1. Síntesis de la
   demanda
2. Fundamentos de hecho del
   petitorio
3. Fundamentación
   jurídica del petitorio
4. Síntesis de la
   contestación de la demanda
5. Síntesis del auto
   de saneamiento procesal
6. Síntesis de la
   audiencia de conciliación
7. Síntesis de la
   audiencia de pruebas
9. Doctrina
10. Recurso
    de casación
11. Síntesis
    analítica del trámite
    procesal
12. Opinión
    analítica del tratamiento del asunto
    submateria

Síntesis de la demanda

Siendo el 26 de agosto de 1994, Isaías
López Pareja con Libreta Electoral Nº 28570561 y
Antonia Medina Girón con Libreta Electoral Nº
28574653, ambos con domicilio real y procesal en el Jirón
Chávez Gavilán Nº 329 en Huanta, interponen
una demanda sobre
Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta en contra de Víctor
Tippe Villafuerte, a quien debe de notificársele en
Jirón Miguel Untiveros Nº 459 de esta ciudad; a fin
de que, se declare la NULIDAD de la sentencia recaída en
el proceso civil
Nº 39-94 que les siguió el demandado, sobre Desalojo
por Vencimiento del Plazo del Contrato,
así como la NULIDAD de la sentencia confirmatoria del Juez
revisor.

FUNDAMENTOS DE HECHO
DEL PETITORIO:

• Que, con fecha 09 de mayo de 1994, el demandado les
  interpuso una demanda sobre Desalojo por vencimiento del plazo
  del contrato, ante el Juzgado de Paz Letrado de la Provincia de
  Huanta; a fin de que desocuparan el inmueble en el cual
  domicilian, sin embargo, dicha demanda si bien fue declarada
  FUNDADA en Primera Instancia y CONFIRMADA en la Segunda, el
  proceso fue llevado de manera irregular, existiendo dolo,
  fraude y
  colusión entre el entonces demandante y los Jueces que
  conocieron la causa.
• Sostiene lo anteriormente señalado pues, la
  demanda de Desalojo en su contra no debió de ser
  admitida a trámite, pues ésta no cumplía
  con todos los requisitos de admisibilidad, señalados en
  los artículos 424° y 425° del Código
  Procesal Civil. Ya que, por ejemplo, en un proceso sobre
  Desalojo por la causal invocada, tramitado en la vía del
  proceso sumarísimo, los medios
  probatorios tienen una limitación, pues deberá
  adjuntarse el título de propiedad de
  la parte demandante, para que acredite de manera indubitable
  que el inmueble sublitis es suyo. Además, en la demanda
  también se omitió, establecer el monto del
  petitorio, adjuntar el pago del arancel judicial por concepto de
  ofrecimiento de pruebas, el
  contrato de arrendamiento entre las partes y, la copia de la
  Libreta Electoral del demandante; por lo cual se evidencia, la
  colusión entre el Juez y el accionante.
• Que, el Juez de Paz Letrado de Huanta, quien
  conoció la demanda en Primera Instancia, lejos de
  constatar la existencia de las citadas anormalidades, en su
  sentencia refirió que el contrato de arrendamiento era
  reemplazado por las cartas
  notariales que se adjuntaron a la demanda y que la copia del
  documento de identidad,
  así como la tasa judicial, habían sido ya
  presentadas en el expediente organizado por el demandante en su
  Prueba Anticipada, por lo cual no era necesario; argumento que,
  no se encuentra acorde con lo estipulado en la Ley.
• Igualmente que, la sentencia expedida en Segunda
  Instancia carece de fundamentación, pues fue expedida en
  medio de irregularidades en razón de que no se
  respetó el plazo de 03 días hábiles para
  que sean puestos a despacho para resolver, ya que habiendo sido
  recién el 16 de agosto de 1994, fecha en la cual se
  asume jurisdicción en la controversia, el 18 de agosto
  de es mismo año, se confirma la sentencia de Primera
  Instancia, con clara parcialización con el entonces
  accionante, perjudicando así, a los hoy demandantes; en
  conclusión, al no haberse cumplido con la formalidad
  debida en dicho proceso, la sentencia deviene en NULA de puro
  derecho.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL
PETITORIO:

La demanda se fundamenta en lo dispuesto en los
artículos 178º, 475º y siguientes del Código
Procesal Civil.

VÍA PROCEDIMENTAL:

La presente demanda debe de tramitarse en la Vía
del proceso de Conocimiento.

MEDIOS PROBATORIOS:

1. La Declaración de Parte del
   demandado.
2. El expediente fenecido Nº 39-94, seguido por
   el demandado en su contra, sobre Desalojo por Vencimiento del
   Plazo del Contrato.

SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN
DE LA DEMANDA

Absolviendo el traslado de la demanda, con fecha 17 de
octubre de 1994, Víctor Tippe Villafuerte, con Libreta
Electoral Nº 28566745, domiciliado en el Jirón Miguel
Untiveros Nº 459 y con domicilio procesal en el Jirón
Oswaldo N. Regal Nº 205 en la ciudad de Huanta; cumple con
contestar la demanda incoada y la niega en todos sus extremos, en
base a lo siguiente.

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS HECHOS EXPUESTOS EN LA
DEMANDA:

• Que, la presente demanda es ambigua, pues si bien
  sí interpuso una demanda sobre Desalojo a fin de que los
  hoy demandantes cumplan con desocupar el bien inmueble de su
  propiedad, ésta fue declarada FUNDADA, toda vez que
  sí cumplía con los presupuestos
  procesales y condiciones de la acción; en todo caso, de haberse
  advertido que existía algo extraño, se
  habría podido deducir una defensa de forma, planteando
  una excepción de Oscuridad o Ambigüedad en el modo
  de proponer la demanda, lo cual no se hizo y, tampoco apelaron
  al momento de haberse declarado saneado el proceso, por lo que
  ahora ya no cabe ninguna discusión.

HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA DEFENSA:

• Que, el inmueble sublitis en el proceso sobre
  Desalojo, es de su propiedad y, antes de ser ocupado por los
  hoy demandantes, servía como depósito de
  verduras; siendo que el recurrente, ante la extrema pobreza del
  demandante, compadecido de su situación le permite el
  ingreso a su propiedad conjuntamente con su esposa, como
  inquilinos – guardianes, pagando por ello una suma
  irrisoria como merced conductiva. Sin embargo, cuando el
  recurrente vende dicho inmueble a su hija, los demandantes
  plantearon una demanda sobre Retracto, la cual fue desestimada
  ya que el inmueble no constituía
  casa-habitación.
• Que, evidenciando la intención de apoderarse
  de su propiedad, los hoy demandantes y a la vez malos
  inquilinos, para evitar que se les inicie una demanda sobre
  Desahucio, comenzaron a consignar judicialmente los alquileres
  ante el Juzgado de Paz Letrado. Por lo que, ante esa actitud, el
  recurrente dio por concluido mediante Cartas Notariales, el
  contrato verbal de plazo indeterminado, dándoles un
  plazo para desalojar; y, una vez vencido el plazo, como se
  negaban a desocupar el bien, se los demandó, obteniendo
  sentencias favorables.
• Que, la demanda sobre Desalojo interpuesta en contra
  de los hoy demandantes sí cumplía con todos los
  requisitos necesarios para su admisibilidad; puesto que
  inclusive, no hubo ningún reclamo sobre ello, ni en la
  contestación de la demanda, ni después de la
  declaración de saneado el proceso, por ende la
  existencia de una relación jurídico procesal
  válida entre las partes. En consecuencia, no corresponde
  ahora plantear ninguna nulidad, puesto que en su oportunidad no
  se hizo nada.
• Que, con las sentencias expedidas tanto en Primera
  como en Segunda Instancia, no se han transgredido ninguna norma
  del ordenamiento legal; puesto que el recurrente es el
  propietario del bien que pretendía desalojar, es
  más, que habiéndose apelado la sentencia, en
  Segunda Instancia se confirma la sentencia a favor del hoy
  demandado, ordenándose incluso se le pague las costas y
  costos,
  además de desocupar el bien sublitis.

MEDIOS PROBATORIOS:

1. La Declaración del demandante, conforme el
   pliego interrogatorio.
2. El Título de Propiedad del
   inmueble.
3. Copia de la Ficha de Inscripción
   Registral.
4. Copia de la Ejecutoria Suprema.
5. Copia simple de las consignaciones judiciales que por concepto de
   alquiler se hicieron a su favor.
6. Copia de las Cartas Notariales con las que se pone
   fin al arrendamiento a plazo indeterminado del
   inmueble.

INSERTO EN FOTOCOPIA RECAUDOS Y PRINCIPALES MEDIOS
PROBATORIOS

1. En Huanta, con fecha 18 de octubre de 1994, en este
   estado del
   proceso y, de conformidad con lo estipulado en los
   artículos 465° y 468° del Código
   Procesal Civil, se resuelve: Tener por contestada la demanda
   y, declararse SANEADO el proceso por existir una
   relación jurídica procesal válida entre
   las partes. Señalándose fecha y hora para la
   realización de la Audiencia de
   Conciliación

2. SÍNTESIS DEL AUTO DE SANEAMIENTO
   PROCESAL
3. SÍNTESIS DE LA AUDIENCIA DE
   CONCILIACIÓN

Habiéndose programado una nueva fecha para la
realización de esta audiencia, el 14 de febrero de 1995,
se llevó a cabo la misma; en presencia de los apoderados
judiciales de ambas partes. Siendo que, habiéndose saneado
el proceso por no existir excepciones ni defensas previas, el
Juzgado procede de conformidad con el artículo 468°
del Código Procesal Civil, a efectos de que las partes
lleguen a una conciliación.

CONCILIACIÓN:

El Juez dio inicio a la audiencia, refiriendo el
apoderado de los demandantes que es imposible celebrar la
conciliación en razón de que el apoderado del
demandado no cuenta con poder
suficiente para ello; respondiendo tal afirmación, el
apoderado del emplazado indica que sí tiene las facultades
para poder llegar un acuerdo conciliatorio, que lo único
que pretende la contraparte es retardar el proceso y que espera
la fórmula conciliatoria que propone el Juez de la causa o
de aquellos que participaron en el proceso sobre desalojo seguido
entre las mismas partes. Absteniéndose el Juez de proponer
su fórmula conciliatoria, ante tal observación y, porque la controversia es de
puro derecho.

FIJACIÓN DE PUNTOS
CONTROVERTIDOS:

Los Demandantes manifiestan:

1. Que, en el proceso sobre desalojo seguido entre las
   mismas partes existía fraude, dolo y colusión de
   los Jueces con el hoy demandado.
2. Que, la demanda de Desalojo adolece de vicios que
   conllevan a su inadmisibilidad, por no reunir los requisitos de
   Ley.
3. Que, no se ha cumplido con presentar el contrato
   locaticio suscrito entre las partes, habiéndose expedido
   una sentencia sin tener a la vista dicho documento.
4. Que, para dictar la sentencia, sólo se tuvo en
   cuenta unas cartas notariales que pretendían reemplazar
   al contrato locaticio.
5. Que, la demanda de Desalojo se interpuso sin
   presentar el Título de Propiedad respectivo, ya que su
   verdadera propietaria es la Beneficencia
   Pública.

En relación a los del
Demandado:

1. Que, en el proceso de Desalojo no existió
   fraude, dolo ni colusión.
2. Que, la demanda sobre Desalojo sí
   cumplió con todos los requisitos para su admisibilidad,
   pues de lo contrario se hubiera deducido la Excepción de
   Oscuridad o Ambigüedad en el modo de proponer la
   demanda.
3. Que, las sentencias expedidas se han basado en el
   Título de Propiedad del Demandante, las declaraciones de
   las partes y otros documentos que
   guardaban relación con la pretensión
   procesal.
4. Que, la sentencia expedida y su confirmatoria, han
   sido debidamente motivadas, sin favor alguno, aplicando
   únicamente el trámite de Ley.
5. Que, el proceso de Desalojo ha sido debidamente
   saneado, cumpliéndose con las formalidades de Ley, no
   advirtiéndose ninguna irregularidad.
6. Que, se ha acreditado la titularidad del propietario
   en relación al inquilino del inmueble materia del
   Desalojo.

SANEAMIENTO PROBATORIO:

Acto seguido, el Juez admitió todos los medios
probatorios ofrecidos por las partes, y dio por concluida la
presente audiencia señalando fecha para la
realización de la Audiencia de Pruebas.

2. SÍNTESIS DE LA AUDIENCIA DE
   PRUEBAS

Es con fecha 24 de abril de abril de 1995, en presencia
del demandado y del apoderado de los demandantes que, se dio
inicio a la audiencia, tomando el Juez la declaración del
demandado, quien manifestó lo siguiente:

• Que, interpuso una demanda sobre desalojo por
  vencimiento del plazo del contrato, pero que no recuerda si
  adjuntó a la demanda el contrato de arrendamiento, la
  copia de su documento de identidad y el arancel
  judicial.
• Que, es el propietario del inmueble del que
  desalojó a los demandados y que tiene título de
  propiedad para probar ello, pues compró dicho inmueble a
  Paulino Ruiz, siendo que no se acuerda si la Beneficencia
  Pública viene tramitando un proceso de nulidad de
  contrato de promesa de venta del
  inmueble en referencia en contra suya y de Paulino
  Ruiz.
• Que, es falso que haya actuado con fraude, dolo o
  colusión durante la tramitación del proceso sobre
  desalojo.

Los demandantes no asistieron a la audiencia, pero
sí lo hizo su apoderado judicial, quien efectuó la
declaración en representación de los mismos,
refiriendo lo siguiente:

• Que, existió un proceso de desalojo pero
  ignora si se realizó el lanzamiento.
• Que, según sus patrocinados ha existido fraude
  en la tramitación del proceso de desalojo y que por ello
  han interpuesto una denuncia penal contra los magistrados que
  vieron el caso.
• Que, las irregularidades cometidas en el proceso
  sobre desalojo consistieron en haber admitido la demanda sin
  que se haya adjuntado el arancel judicial, la copia del
  documento de identidad del ahora demandado, el contrato de
  arrendamiento, el título de compraventa del inmueble
  sublitis y en la existencia de favoritismo de los magistrados
  respecto de los hoy demandados.
• Que, los demandantes recibieron cartas notariales
  conminándoles a desocupar el inmueble en
  cuestión.
• Que, no sabe si los demandantes depositaban una suma
  mensual en el Banco de la
  Nación por concepto de renta por el
  arrendamiento del inmueble sublitis.
• Que, los demandantes advirtieron las irregularidades
  en el mismo proceso de desalojo; precisamente porque se hizo
  caso omiso a ellas es que inician el presente
  proceso.
• Que, el contrato suscrito entre los demandantes y los
  esposos Ruiz Cárdenas era una promesa de venta y no un
  contrato definitivo de compraventa, puesto que el inmueble era
  aún de propiedad de la Beneficencia Pública, pues
  ésta aún no le había entregado el
  título de propiedad a los esposos Ruiz
  Cárdenas.
• Que, el demandado, de manera maliciosa,
  confirió una escritura
  pública a favor de su hija y luego ésta
  otorgó otra escritura pública, pese a que no
  tenían el título de propiedad.

Al no haber otros medios probatorios susceptibles de
actuación, el Juzgado comunica a las partes que
expedirá sentencia luego de que transcurra el plazo para
que éstos presenten sus alegatos.

2. INSERTO EN FOTOCOPIA LA SENTENCIA DEL JUZGADO CIVIL
   DE HUANTA

3. INSERTO EN FOTOCOPIA LA SENTENCIA DE LA SALA MIXTA
   DE LA CORTE SUPERIOR DE AYACUCHO

4. INSERTO EN FOTOCOPIA LA SENTENCIA DE LA SALA CIVIL
   DE LA CORTE SUPREMA

   1. Existe falta de legitimidad cuando no medida
      coincidencia entre las personas que efectivamente
      actúan en el proceso y las personas a las cuales
      la ley, habilita especialmente para pretender o para
      contradecir, respecto de la materia sobre la cual versa
      el proceso.

      Expediente 509-98/LIMA.

   2. La legitimidad para obrar es la cualidad emanada
      de la ley para requerir una sentencia favorable
      respecto del objeto litigioso, situación que
      coincide en la mayoría de los casos, con la
      titularidad de la relación
      jurídico-sustancial.

      EXPEDIENTE Nº 540-98 /
      LIMA.

   3. La acción de cosa juzgada fraudulenta se
      interpone dentro de seis meses de ejecutada o de haber
      adquirido la calidad de cosa juzgada si no fuese
      ejecutable. Si el derecho ha caducado es improcedente
      la demanda.

      EXPEDIENTE Nº 19010 – 98 /
      LIMA.

   4. … La demanda de la cosa juzgada fraudulenta no
      da lugar a la revaloración de las pruebas que se
      hubieran actuado en el proceso anterior para dar lugar
      a una nueva decisión sustentatoria de la
      anterior como aparentemente propusiera el actor, sino
      que da lugar a acreditar las causales que se invocan al
      proponerla para obtener finalmente, en su caso, la
      nulidad de la sentencia cuestionada…

      EXPEDIENTE Nº 437-98/
      AREQUIPA.

   5. Según la doctrina que inspira al nuevo
      Código Procesal Civil, respecto al caso
      sub-judice, para la procedencia de la pretensión
      de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta se requiere: a)
      una sentencia de mérito, es decir una sentencia
      que se haya pronunciado sobre el fondo de la litis, b)
      que tal sentencia se haya emitido en un proceso seguido
      con dolo, fraude, colusión y afectando el
      derecho a un debido proceso, c) que con aquella
      sentencia firme se haya ocasionado un daño o perjuicio al nulidicente,
      d) que exista una adecuada relación causal entre
      aquellas consecuencias dañosas o perjudiciales y
      la sentencia cuestionada, y e) que el afectado y
      nulidicente haya utilizado y agotado los medios
      impugnatorios (apelación,
      casación);

      Se entiende por ejecutada, el haberse pagado
      el importe ordenado en decisión
      judicial.

      EXPEDIENTE Nº 3835-98 /
      LIMA.

   6. Si la sentencia cuya nulidad se demanda,
      aún no ha sido ejecutada, deviene en
      improcedente -por prematura- la acción
      interpuesta.

      EXPEDIENTE Nº 1262-98 /
      LIMA.

   7. Las irregularidades que atribuye el demandante a
      "la ejecución de la sentencia" en el proceso de
      desalojo, debieron apreciarse y subsanarse, si fuera el
      caso, en los mismos autos y no a través de una
      pretensión de Nulidad de Cosa Juzgada
      Fraudulenta, la misma que tiene el objetivo expreso de dirigirse contra una
      sentencia o acuerdo de partes homologado que ponga fin
      al proceso.

      Si no se ha producido la desocupación del bien en un
      proceso de desalojo, no cabe admitirse la demanda de
      nulidad de cosa juzgada, por prematura.

      EXPEDIENTE Nº 2711-98 /
      LIMA.

   8. La Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta debe
      plantearse dentro de los seis meses de ejecutada la
      resolución.

      EXPEDIENTE Nº 1426-98 /
      CUZCO.

   9. Es un ritualismo formal innecesario el anular la
      causa para que se interponga otra demanda en forma,
      cuando ya hay suficientes elementos de juicio para
      establecer qué es lo que se pide y, más
      aún cuando se está a los principios de economía procesal y a su
      sucedáneo, el de elasticidad o adecuación de los
      formalismos a las exigencias sustantivas y humanas de
      la causa.

      CASACIÓN Nº 253-98 /
      TACNA.

   10. Tratándose de arrendamiento de
       duración indeterminada, el artículo
       1703º del Código Civil establece como forma
       de terminación del mismo el aviso judicial o
       extrajudicial a una de las partes por la otra. No
       estando regulada en el Código Procesal Civil la
       acción de aviso de despedida, se entiende que el
       aviso judicial está comprendido en la actual
       acción de desalojo, debido a que no existe otra
       que regule tal procedimiento.

       Considerar que el demandante debe acreditar
       ser titular del predio sub- litis viola el derecho a la
       tutela jurisdiccional efectiva, pues
       toda persona que considere tener derecho a la
       restitución del bien puede demandar el desalojo,
       independientemente del derecho
       de propiedad.

       CASACIÓN Nº 1262-98 /
       LIMA.

   11. No es tema de discusión en un proceso de
       Desalojo, la determinación de la propiedad del
       bien sub-litis, sino establecer si al demandante le
       asiste el derecho de solicitar la devolución del
       bien o si la posesión que ostenta la demandada
       se ampara en un título idóneo.

       CASACIÓN 734-99/LIMA.

   12. Los medios probatorios tienen por finalidad
       acreditar los hechos expuestos por las partes, producir
       certeza en el juez respecto de los puntos
       controvertidos y fundamentar sus decisiones.

       EXPEDIENTE Nº
       1544-98/LIMA.

   13. Si la sentencia que se atribuye como fraudulenta
       no ha sido apelada, no es obstáculo de orden
       procesal para declarar su improcedencia, por no
       distinguirlo así el artículo 178 del CPC.
       Para valorar su procedencia debe tenerse en cuenta
       -entre otros requisitos- si se ha ejecutado la
       sentencia cuestionada y la exposición de la demanda respecto
       a las supuestas irregularidades procesales. Si se cree
       que el representante del Poder
       Judicial debe ser parte procesal, cabe la integración de la relación
       procesal. Esta última procede cuando se advierta
       que la relación material incluya a un tercero no
       involucrado en el proceso.

       CASACIÓN Nº 570 – 97 /
       CHIMBOTE.

   14. «… Es factible demandar la nulidad de la
       cosa juzgada fraudulenta cuando una declaración
       jurisdiccional deviene en írrita como
       consecuencia de un proceso seguido con dolo, fraude,
       colusión o afectando el derecho a un debido
       proceso; que consecuentemente, tales causales deben
       estar debidamente acreditadas para amparar la
       pretensión del supuesto agravio, pues de lo
       contrario, se estaría haciendo mal uso de tal
       instituto procesal y con el único
       propósito de conseguir la revisión de un
       proceso en el que ha perdido el
       accionante».

       CASACIÓN Nº 899 – 99 /
       LIMA.

   15. «… El proceso antecedente tiene la
       calidad de prueba en la presente causa (de nulidad de
       cosa juzgada fraudulenta)…»

       CASACIÓN Nº 836 – 98 /
       PIURA.

   16. «… Por la naturaleza de la acción incoada
       (sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta) este
       proceso (sobre otorgamiento de escritura
       pública) constituye un presupuesto necesario e indispensable
       para resolver, de ahí que al fallar la causa sin
       tener a la vista este expediente, así como por
       no haberse prescindido de él previo el
       agotamiento de los trámites respectivos, se ha
       incurrido igualmente en vicio de inevitable
       invalidez».

       EXPEDIENTE Nº 570-7-98.

   17. El derecho al debido proceso es una
       categoría genérica, que a su vez implica
       una serie de derechos
       específicos, como el derecho a la defensa, a la
       tutela jurisdiccional efectiva, a la impugnación;
       al no haber precisado el actor qué derecho
       específico respecto al debido proceso se ha
       violado, debe declararse improcedente la demanda sobre
       nulidad de cosa juzgada fraudulenta.
   18. El artículo 313° del Código
       Procesal Civil tiene por objeto, entre otros, que no
       exista duda sobre el recto proceder de un juez, quien
       dada su condición humana puede encontrarse en
       medio de situaciones inevitables que hagan peligrar la
       justicia o por lo menos favorecer como
       dominada por cierto favoritismo, esto es una
       situación de naturaleza personal.

   EXPEDIENTE Nº 984-99/ Lima

5. JURISPRUDENCIA
6. DOCTRINA

PROPIEDAD

"La doctrina moderna considera al derecho de propiedad
(como todo derecho subjetivo), como el poder unitario más
amplio sobre la cosa, como un señorío global, donde
las llamadas facultades o derechos del propietario no son una
serie de sumandos cuya adición constituye la propiedad,
sino son sólo aspectos parciales del señorío
total que esta es. Es este sentido Manuel Albaladejo define a al
propiedad con el máximo poder jurídico pleno sobre
una cosa."

"La propiedad es el derecho real por excelencia. Como
expone Lafaille, en el dominio
concurren, con mayor excelencia que en cualquier otro caso, los
caracteres que distinguen el derecho real -y no podría ser
de otro modo-, porque en él se condensan todos los de ese
género–
y ha sido siempre considerado como el prototipo de la
categoría al agrupar el maximun de las facultades posibles
para el sujeto sobre la cosa, de acuerdo con cada
legislación."

LA NULIDAD DE COSA JUZGADA
FRAUDULENTA

(…) Juan Monroy Gálvez, distinguido
profesor
universitario en materia procesal, figura representativa del
procesalismo en nuestro país, ha publicado el primer tomo
de su "Introducción
al Derecho Procesal Civil", obra de obligada consulta.
Dedicado a la difusión del Derecho
Procesal por medio de artículos periodísticos
publicaciones, entrevistas
especializadas y el libro.
Hombre de
ideas claras y humanista. (Extraído de la versión
original aparecida en Normas
Legales).

NL: Dr. Monroy, ¿cuál fue la
motivación para que se incluyera en el C.P.C. la
acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, si tenemos
en cuenta que en nuestro ordenamiento procesal ya existía
una acción para la tutela del derecho al debido proceso,
como es la de amparo?

JMG: La acción de amparo, como sabemos, implica
el ejercicio de un proceso constitucional en un espectro de
derechos más o menos establecido en la norma respectiva;
en cambio la
nulidad de cosa juzgada fraudulenta, si bien importa una
garantía al derecho al debido proceso, no es un proceso
constitucional —esto es más o menos obvio—, es
un proceso común y lo que busca es evitar se protocolice
una decisión definitiva cuando está severamente
afectada por fraude procesal. No confluyen directamente. Lo que
el amparo asegura es un espectro determinado de derechos dentro
de los cuales está el derecho a un debido proceso, pero de
una manera si se quiere complementaria, pues la norma se refiere
a un procedimiento regular —que indirectamente está
fraseando al derecho a un debido proceso—. El caso de la
nulidad de cosa juzgada fraudulenta es muchísimo
más específico, ya que alude a la violación
de ese derecho por causas taxativamente señaladas, como
son el dolo, el fraude y la colusión. Entonces es
totalmente distinto el margen de ejercicio de la tutela
jurisdiccional que tiene una persona que está en
condiciones de interponer esta acción o la de amparo, son
distintos sus ámbitos y son diversas las posibilidades de
actuación.

NL: Sin embargo, tal como se encuentran reguladas,
pareciera que no fuera así; y, es más, la
acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta
podría devenir en una figura meramente decorativa. En
efecto, esta acción se tramita en la vía del
proceso de conocimiento, a diferencia de la acción de
amparo que importa un trámite sumarísimo;
está sujeta a doble instancia, lo que no sucede con la
acción de amparo que puede tener hasta tres —pues el
Tribunal Constitucional conoce en caso de denegatoria— y,
por último, no, sólo facilita al juez a conceder
medidas
cautelares inscribibles, a comparación del amparo en
la que la medida cautelar consiste en una naturaleza innovativa:
la suspensión del acto que dio origen al reclamo. Es
claro, pues, que el ejercicio de la acción de amparo
resulta más beneficioso para las intenciones de cualquier
justiciable.

JMG: Creo que aquí hay una diferencia que es
importante señalar: la afectación al derecho a un
debido proceso puede ocurrir de cien maneras distintas, una de
ellas es el fraude procesal. En este sentido, cualquier
justiciable podrá, en ejercicio de la acción de
amparo, protegerse de dicha afectación, pero siempre y
cuando no sea producto de
actos fraudulentos por que si lo es el Código Procesal
Civil contempla el uso de la acción de nulidad de cosa
juzgada fraudulenta.

Entonces, es clarísimo, estas dos acciones no se
interceptan, lo que pasa es que ambas pertenecen a un mismo
género: son fórmulas de defensa para atacar
decisiones obtenidas en procesos que
han vulnerado el derecha a un debido proceso, pero la
acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta sirve
sólo para aquellos casos en que la trasgresión ha
ocurrido por fraude procesal, mientras que el amparo es para todo
el otro paquete, para toda la otra gama de afectaciones no
ocurridas por fraude procesal.

NL: Pero conforme se infiere del inciso 2) del
Artículo 6 de la Ley Nº 23506 (Ley de Amparo) y del
Artículo 178 del Código Procesal Civil, tanto para
la procedente de la acción de amparo, como para la de
nulidad de cosa juzgada fraudulenta, sólo se requiere que
se vulnere el derecho a un debido proceso que, como usted lo ha
señalado, puede ocurrir de cien maneras distintas, incluso
por causa fortuita o fuerza
mayor.

JMG: Lo que pasa es que allí hay un error, y es
que el Artículo 178° del Código Procesal Civil
frasea una cosa que está mal: prescribe que se puede usar
la acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta cuando se
ha transgredido el derecho a un debido proceso.

Se trata pues de una diferencia entre el mens legis y el
mens legislatoris. El mens legis no quiso que el artículo
aludido diga eso, pero el mens legislatoris lo dijo; o sea esa
hipótesis no estuvo presente en la mente
del legislador; sin embargo, al momento de la redacción, como consecuencia de una falla
secreta- rial, el precepto apareció así. Peor,
aisladamente a ese problema, la afectación del derecho a
un debido proceso por causas distintas al fraude, no se puede
tramitar en la vía de cosa juzgada fraudulenta, esa es una
barbaridad, eso es un error que, tal vez, se desprende de la
simple lectura del
Artículo 178° del Código Procesal Civil, porque
en doctrina no es así.

NL: Eso significa que si por distintos medios al fraude
le afecta el derecho a un debido proceso ¿sería
improcedente interponer una demanda de nulidad de cosa juzgada
fraudulenta?

JMG: En mi opinión sí, doctrinariamente
sí, es probable que legislativamente no, pues la
afectación al debido proceso aparece como una causal
más, pero repito eso es un error. Yo lo aseguro porque esa
norma es de mi hechura. Lo que he querido decir es que la nulidad
de cosa juzgada fraudulenta debe usarse exclusivamente cuando se
sostiene una sentencia con autoridad de
cosa juzgada sustentada en un fraude procesal que ha determinado
la afectación del derecho a un debido proceso. Esa es la
lógica
del Artículo 178° del C.P.C.(…).

CONCEPTO DE NULIDAD DE COSA JUZGADA
FRAUDULENTA

La procedencia de la revisión de la cosa juzgada,
sólo puede concebirse a través de la
configuración inequívoca del fraude procesal
(concretado a través de la colusión, el cohecho, la
falsificación de documentos, el falso testimonio declarado
judicialmente, etc.)".

La nulidad de cosa juzgada fraudulenta constituye la
sanción dirigida a invalidar un acto procesal (sentencia o
acuerdo homologado judicialmente que da término al
litigio: conciliación y transacción) que ha
adquirido la calidad de cosa juzgada, debido a que el proceso en
que dicho acto se realizó ha sido seguido con fraude o
colusión.

La nulidad de cosa juzgada fraudulenta implica la
descalificación de un acto concluyente del proceso que ha
alcanzado la autoridad de cosa juzgada en base a violaciones
gravísimas del procedimiento (representadas precisamente
por el fraude y la colusión), que impiden que tal acto
cumpla con su finalidad, de ahí que se le prive de todo
efecto que, en tales circunstancias, sería sumamente
reprobable para el derecho y contrario al más elemental
sentido de justicia.

La nulidad de cosa juzgada fraudulenta puede ser vista
también como un estado de anormalidad grave e intolerable
que afecta a un acto que pone fin al proceso y al que
indebidamente se le ha asignado la fuerza de la cosa juzgada,
pues se ha llevado a cabo dentro de un proceso fraudulento, lo
que motiva que el acto en cuestión deba ser revisado y
declarado inválido a través de una acción (o
recurso, según la vía que se emplee) extraordinaria
prevista legalmente con dicho objeto.