- Definiendo
Corrupción - Causas. La corrupción en
la Sociedad - Pobreza
- La corrupción en el
Régimen - La corrupción en el
Estado y la Burocracia - Gobernabilidad y
Corrupción - Soluciones y mecanismos contra
la corrupción - Bibliografía
Corromper significa dañar, alterar, echar a
perder, viciar, pervertir. Cambiar el propósito originario
de una cosa, que deviene en algo negativamente considerado por
la moral
social. Siguiendo ese sentido la definición actual,
generalizada entre los expertos en la materia, la
corrupción
es el uso de la posición y el poder
públicos para fines ilegítimos, inmorales, ilegales
o diferentes a lo formalmente establecido.
Creemos que para una más exacta
definición, se debe tener en cuenta, un sentido laxo de lo
que corresponde a lo público. (Estévez,
2005) (Pope, 2000) Pues lo público no necesariamente es un
ministerio de gobierno de una
nación
que debe decidir el destino de los fondos encomendados por su
pueblo. Público también es la dirección de un gremio o un sindicato, o
el accionar de una empresa de
servicios
públicos, aunque sea una empresa
privada.
Es decir, todas aquellas funciones y
estructuras
que tienen que ver con lo público y la política. Esto es, el
bien común, la cosa pública, si no de
"todos", por lo menos de "los muchos".
No hay que olvidar tampoco que la mayoría de las
veces en un hecho de corrupción están involucradas
personas que no pertenecen al mundo de lo público, sino al
mundo privado. Como es la tipología clásica del
"cohecho". En cuyo
caso esos privados serían corruptores y por lo tanto
también susceptibles de derecho
penal.
Muchas veces hemos escuchado decir en Argentina que el
problema de nuestro país es la corrupción y que
ésta ha invadido al Estado. De
esta forma, sostienen, se ha conformado un Estado perverso,
manejado por una clase
política también perversa cuyo objetivo es
llenarse los bolsillos y estafar a la sociedad.
Sostenemos aquí en cambio, que
estas proposiciones nos dejan una imagen
distorsionada de la realidad. Una imagen en la que nuestra
sociedad, ingenua y pasiva, se encuentra condenada al fracaso
debido al mal manejo que de ella hacen un grupo ("los
políticos") y a una institución ("el
Estado").
Como parásitos que viven y manipulan a nuestra
sociedad, esta "clase" política no ha sabido llevar a la
sociedad al puerto que merece.
De esta manera, con una visión muy conveniente a
una sociedad que se victimiza a sí misma, que quiere
transferir su culpa, se soluciona el difícil problema que
significa comprender la complejidad de la situación
argentina en todas sus dimensiones.
Permitiéndonos, por otro lado, volver a la
cómoda y calmada
resignación de nuestros asuntos privados.
Sostenemos aquí que la causa de la
corrupción que reina en nuestro sistema no debe
buscarse solo en el Estado, sino en la sociedad.
A pesar de las visiones más hegelianas (Hegel, 1975), el
Estado no nace de la nada, de una idea o en forma descendente,
sino que se desprende necesariamente de una sociedad. El Estado
es una continuación y un componente de todo el sistema
social. Y si el Estado baila al ritmo que la sociedad le marca, lo que se
impute a éste, tendrá que hacerse cargo
aquélla.
Palabras Clave: corrupcion – anti corrupcion
– etica publica -gobernabilidad democratica – soborno
– enriquecimiento ilicito – transparencia –
administración publica – burocracia
– politicos – politica – estado .
La corrupción en la
Sociedad
En las Ciencias
Sociales se he tratado el tema de la corrupción como
problema estructural en alusión al concepto de
"anomia" o falta de normas. Para
Merton (2002), la cultura
sería "el cuerpo organizado de valores
normativos que gobierna la conducta que es
común a individuos de determinada sociedad o grupo." Es
decir que esto comprende valores y reglas de conducta. Asimismo,
la estructura
social sería el "cuerpo organizado de relaciones
sociales que mantienen entre sí diversamente los
individuos de una sociedad o grupo".
De esta manera, la anomia o falta de normas sería
la disyunción aguda entre las normas y objetivos
culturales por un lado, y las capacidades socialmente
estructuradas para los individuos del grupo de obrar de acuerdo
con aquellas pautas culturales por el otro.
Es decir que la anomia sería cuando la cultura
exige ciertos logros y cierto tipo de conducta que la estructura
social impide o dificulta en forma grave llevar a cabo. Un
ejemplo de ello para Merton sería el caso norteamericano,
donde existe una cultura que da mucha importancia al éxito
material, mientras que la posición en la estructura social
de muchas personas les impide alcanzar ese éxito
efectivamente.
La clase baja, sostiene Merton, puede lograr a lo sumo
un título secundario. (Pensemos en las condiciones de esta
clase social conformada también, pero no sólo, por
personas de complexión negra allá por los
años de 1960, y también especialmente al sur del
país.)
Esto es igualmente manifiesto en nuestras sociedades
latinoamericanas, donde existe también mucho
énfasis cultural en lograr cierto nivel de ingresos y
consumo,
mientras que la movilidad social ascendente intrageneracional (en
oposición a la intergeneracional) es escasa o casi
inexistente.
Como resultado de esto aparece la anomia y la tendencia
a la conducta desviada. El proceso hacia
la conducta desviada del individuo se
produce porque éste, al manifestársele la meta cultural
inasequible por los medios
culturalmente legitimados para hacerlo, tiende a buscar una
alternativa ilegítima. Esto es, si no puede lograr su
nivel de bienestar o no puede satisfacer sus necesidades
básicas por los medios socialmente aceptados, lo
hará por otros medios.
Este fenómeno no está restringido a cierto
sector de la estructura social, sino que se aplica a todos los
niveles debido a que el grado en que la meta social ha sido
satisfecha es jurisdicción propia de cada individuo y su
percepción subjetiva. De esta manera,
podemos entender cual es la fuente principal de conducta desviada
en una sociedad.
Este trabajo
intenta esbozar un marco
teórico para el Índice de Percepción de
la Corrupción. Sin embargo, creemos de suma importancia
recordar los cuidados que en cuanto a la elaboración
teórica tiene el uso de este tipo de índices por
parte de investigadores y formadores de
opinión.
Es comprensiblemente escaso el cúmulo de datos
cuantitativos y estadísticos confiables en cuanto a la
problemática de la Corrupción. Es comprensible,
primero, porque no se salva de la escasez de datos
típica de las Ciencias
Sociales y la debilidad y complejidad intrínseca en la
construcción de sus índices e
indicadores,
que por su objeto de estudio hace muy difícil establecer
relaciones creíbles entre las variables. Es
tentador caer en la elaboración de relaciones
espúreas o de poca utilidad en el
intento de decir definitivamente algo acerca de la realidad y
aportar al avance de la
ciencia.
En ese sentido ya podemos dejar de intentar probar, por
ejemplo, que las mujeres son más reacias a aceptar
sobornos que los hombres; que el fraccionamiento
etnolinguístico favorece la corrupción; que las
religiones
Católica, Ortodoxa y Musulmana (no casualmente queda fuera
la protestante) inciden indirectamente aumentando la
corrupción; éstas relaciones no son sólo
imposibles de sugerir y universalizar sino que son también
eventualmente irresponsables.
Así, la mayoría de estas relaciones
caerán si se controla, por ejemplo, por las variables
socioeconómicas. Como sostiene Estévez (2005): "El
impacto de la corrupción sobre el producto bruto
interno de un país es uno de los temas más
investigados a lo largo de toda la literatura sobre
corrupción. Constituye uno de los pocos resultados
cuantificados no ambiguos de los estudios sobre
corrupción.
El nivel del PBI per cápita es, sin duda, el
indicador que posee mayor poder explicativo entre los distintos
índices que se suelen utilizar para caracterizar este
fenómeno."
Lo anterior no significa que las conclusiones a las que se
intenta frecuentemente arribar no sean efectivamente correctas,
sino que no es esa la manera de darles pretensión
científica. Pues la experiencia real de los legos en la
materia efectivamente demuestran que para bajar la
corrupción inciden positivamente una mayor participación ciudadana, una prensa libre,
criterios independientes de elección de los jueces,
libertad de
información, etc. Todos campos en los que
los países del primer mundo, democrático,
participativo, libre, rico y muchas veces protestante, lleva
naturalmente la delantera.
Lo mismo vale, claro está, para el uso que de
este índice hacen los formadores de opinión en su
intento de tomar y formar partido.
La pobreza es tanto
causa como efecto de la corrupción. Es causa porque en un
ambiente de
pobreza, las necesidades son muchas y las tentaciones para
corromperse por ende más fuertes. Además, las
características que acompañan la pobreza (bajo
nivel educativo por ejemplo) hacen que sea más
difícil realizar un efectivo control hacia los
centros de poder.
Por otro lado, no son los sectores de bajos recursos los
principales usuarios del sistema de instituciones
y prácticas corruptas, sino los que tienen efectivamente
dinero para
sobornar, y una empresa que fortalecer, crear o proteger. En este
sentido, los pobres parecen ser víctimas antes que
principales beneficiarios del sistema.
En cuanto a la relación pobreza –
corrupción, con altos salarios de
funcionarios públicos y una población de buen poder adquisitivo,
instruida y participativa, con instituciones fuertes,
(características todas que suelen aparecer juntas) es
lógico que se encuentren menores grados de
corrupción.
Sin embargo, se debe tener cuidado al suponer una
relación causal determinante absoluta y única, ya
que existen casos de países más pobres y con menos
corrupción que otros.
Según Estévez (2005), "Desde la óptica
social la corrupción se ha instalado como factor
determinante de los escenarios de extrema pobreza que padecen
grandes proporciones del planeta."
Aunque la pobreza parece ser una causa en extremo
importante, no puede decirse, sin embargo, que sea la
única, y por ende no se puede reducir todo a ella.
Además, significaría igualar pobreza con
deshonestidad (Pope, 2000). Lo cual como ya vimos depende mucho
más del proceso de anomia definido
anteriormente.
Veamos ahora qué pasa con la corrupción en
nuestras democracias latinoamericanas. Un factor crucial para
entender nuestros regímenes de gobierno es que
éstos no son una construcción sui generis sino un
transplante, en donde el órgano ha generado particulares
formas de adaptación al cuerpo social.
Esta forma de gobierno, que podemos llamar democracia
moderna o poliarquía y ha tenido su orígen en el
cuadrante noroccidental del planeta, ha cobrado en nuestros
países una forma muy distinta que creemos merecedora de un
análisis específico (que ya ha
comenzado) por parte de la Ciencia
Política.
La única institución comparable con las
democracias del primer mundo son las elecciones. El resto de las
instituciones democráticas como los tribunales, la
separación de poderes, los pesos y contrapesos, el
electorado ilustrado, la libertad de
expresión e información, la existencia de
información alternativa, el sometimiento pleno del poder
militar sobre el civil, la igualdad real
de oportunidades, la igualdad ante la ley, etc.
están ausentes o sumamente deterioradas.
Existen dos tipos de instituciones, las formales y las
informales. En nuestras democracias la brecha entre estas
instituciones formales que guían la conducta y la conducta
real de los individuos es demasiado grande. Estas
prácticas informales, separadas de lo que en realidad
debería ser, van progresivamente dejando de ser
prácticas aisladas, desviaciones ínfimas a la
regla, para transformarse poco a poco en instituciones informales
de uso cada vez más generalizado.
Así, de pronto, nos encontramos con un complejo
institucional informal que es el que efectivamente nos gobierna.
Se trata de viejos códigos, usos y prácticas
grabadas en nosotros como el tiempo graba
la piedra. A simple vista cualquiera podría argüir el
factor de imprevisibilidad que trae estas prácticas
corruptas, en nuestras relaciones sociales y
comerciales.
Pero una vez que las prácticas se han
institucionalizado nos permiten predecir el comportamiento
del otro, y de hecho efectivamente lo hacemos. Así, donde
el extranjero ve caos, el nativo contempla un orden, auque
informal, que existe y funciona por lo bajo, que todos entendemos
y consecuentemente todos podemos preveer.
Estamos hablando específicamente de las
transacciones particularistas a nivel jerárquico, del
clientelismo político, el patronazgo, el nepotismo
(preferencia de parientes para cargos públicos), favores
personales en abuso de la autoridad que
da el cargo y otros actos flagrantemente ilegales.
Todas estas prácticas las podemos considerar,
como lo hace O´Donell (1996), dentro del concepto abstracto
de particularismo, pues se oponen a la acción
universalista y la racionalidad colectiva. Este particularismo,
dentro del cual ubicamos la corrupción, es
antagónico con una de las principales instituciones no
sólo de la democracia, sino del republicanismo: la
separación entre las esferas pública y
privada.
Se confunden el interés
particular con el interés general, las finanzas
públicas con las finanzas
privadas del funcionario. Lo público es también
mío cuando me conviene, pero no es de nadie cuando es
necesario que salga en su defensa como ciudadano. En ese sentido,
se puede decir que los latinoamericanos estamos desde siempre muy
acostumbrados a tener limpia la casa y sucia la vereda. En
latinoamérica, en este capitalismo
del tipo dependiente, el particularismo y la brecha entre el
país real y el país legal están anclados en
nuestra historia desde
el comienzo, y constituye un factor integrante de su orden
socioeconómico.
Nos gustaría remarcar que en estas sociedades, el
reinado del particularismo hace más fácil al
poderoso en general y al adinerado en particular influenciar y
sesgar en su beneficio el proceso de toma de decisiones de la
sociedad. En ese sentido, el reinado del particularismo se
constituye en algunos casos como elemento integrante y
fundamental de un régimen político para su correcto
(aunque quizás denostable) funcionamiento.
La
corrupción en el Estado y la Burocracia
Mucho se ha escrito sobre las fallas en el
funcionamiento burocrático y el particularismo en el
Estado. No enumeraremos aquí las distintas soluciones que
se han planteado teóricamente para este problema
práctico.
En cambio, plantearemos las limitaciones de un enfoque
que tiene su correlato en los análisis ligeros del sentido
común. Este enfoque, entiende los particularismos como
patologías de un cuerpo enfermo, arcaico, que se resuelven
mejorando las pautas de organización y sobre todo "modernizando" la
estructura burocrática.
Además, ve a la burocracia como un sistema que
produce bienes
públicos al igual que una empresa produce bienes privados.
Consecuentemente se ocupan en imaginar las condiciones bajo las
cuales podría maximizarse su producto. Basan sus
conclusiones en la distinción, perfectamente descripta por
Oszlak (1981), entre racionalidad política y racionalidad
técnica.
Mientras la racionalidad política sería
apasionada, interesada, conflictiva e inconstante, la
racionalidad técnica sería racional, aplomada,
impersonal y estaría desinteresadamente entregada a un
único objetivo fuera de todo conflicto.
Así, solo se trataría de ver cuál es la
falla técnica que merma la eficiencia en la
producción, o cuál la interferencia
"irracional" que provoca disfunciones en el sistema y aplicar el
remedio.
Estas visiones parecen no comprender acabadamente el
funcionamiento de la Burocracia y, sobre todo, lo que es el
Estado.
Sostenemos aquí, con Oszlak, que los
particularismos están alimentados por la
contradicción de los roles del Estado.
El Estado no es defensor del interés general, tampoco el
instrumento de la clase dominante, ni el tercero que se para
entre el capital y
el trabajo
como el reconciliador de las clases antagónicas, ni la
expresión del Universal que se concretiza como
materialización del Espíritu de la Historia. En
cambio, creemos que el Estado es todas esas cosas a la
vez.
El Estado posee una autonomía relativa. En
efecto, esta institución cumple muchos roles, y se alterna
en el cumplimiento de cada uno de esos roles predominantes a lo
largo de la historia. Cada una de las anteriores interpretaciones
del Estado eran estáticas, como imágenes
fotográficas de algo que en realidad se encuentra todo el
tiempo en movimiento. Lo
cual hace imposible tener una visión acabada de su
actividad en tan solo un momento.
El Estado y su Burocracia poseen y actúan según un
rol formal, esto es, servir el interés general de la
sociedad como realización de la idea de lo público.
Este rol asume el Estado cuando se encarga de la
producción de bienes, regulaciones o servicios que
benefician a la sociedad toda, inclusive a largo plazo, o cuando
se encarga de mejorar la posición relativa de los sectores
desposeídos.
A su vez, el Estado actúa según un rol de garante
del sistema capitalista en su conjunto, en tanto y en cuanto
beneficia concreta y directamente (sobran estudios sobre la
presencia empresarial en la burocracia y el Estado) los intereses
de la clase dominante. Son las actividades de sus instituciones,
de su aparato regulador, productivo y represivo que tienden a
asegurar esa dominación y a solucionar los problemas
coyunturales a los que el sistema se enfrenta. Ejemplos de esta
actividad van desde la construcción de infraestructura
portuaria para que los empresarios puedan vender sus productos,
pasando por la asistencia financiera, y terminando por la
actividad represiva de las agencias de seguridad para el
disciplinamiento de la mano de obra.
Por último, existe un rol sectorial de la burocracia
(desplazamiento de objetivos) que tiene que ver con la medida en
que ésta se convierte en un grupo de presión,
busca ser legítimo traductor e intérprete del
interés general de la sociedad a la vez que persigue y
defiende sus propios intereses. Ejemplos de estos intereses son:
garantizar la expansión continua y la mayor
autonomía operativa, la apropiación legítima
de recursos adicionales, la obtención de mejores
condiciones laborales, inmunidades, privilegios, etc.
El gran problema para entender al Estado es justamente
que estos roles funcionan de manera superpuesta y en
contradicción continua.
El Estado es un complejo institucional que no se
sitúa por encima de los conflictos
sociales sino que es cruzado por éstos y por la
política.
Haciendo a un lado ahora al funcionariado
político, muchos estudios han tratado sobre el lobby, los
grupos de
presión y los "anillos burocráticos". Se nos
advierte allí sobre las conexiones personales entre
funcionarios de una agencia y el empresariado susceptible de
regulación.
Estos empresarios y lobbystas, controlando la agencia,
logran una llegada rápida y directa a la autoridad,
mientras se aseguran que la materia de regulación no quede
a merced del control político de la legislatura y
los vaivenes electorales y, en cambio, quede recluida al supuesto
"conocimiento
experto".
Es decir, es más fácil para los intereses
mejor organizados y más poderosos controlar las políticas
y extender los particularismos a nivel de las agencias, en la
fase de implementación, que ha nivel de la
formulación en las legislaturas y/o ejecutivos.
De manera que es claro que no se resolverán los
problemas de particularismo en la conducta del político y
el burócrata con misiones de asistencia técnica de
consultorías nacionales y extrajeras que vengan
aséptica y científicamente a aplicar criterios
modernos de organización. Esta forma simplista de entender
al Estado comete, a nuestro criterio, el viejo error de tomar la
causa por el efecto y el efecto por la causa a la vez que
pretende solucionar un problema complejo y profundo, como todo lo
que concierne a los hombres, aplicando, sin más,
fórmulas teóricas concebidas a priori.
La división de la racionalidad política y
técnica sirve, también, a los propósitos
tanto de los políticos como de los técnicos. Porque
esta dicotomía constituye un cómodo mecanismo de
creación de "chivos expiatorios". Si una política
falla, es inapropiada o se sabotea, es muy fácil echarle
la culpa a la burocrácia, ese aparato indefinido e
impersonal donde todo el mundo sabe reina la "rutina, la
ineficiencia y la corrupción". En última instancia,
nunca se sabrá en qué lugar del desgastante proceso
de implementación dejaron de cumplirse los objetivos
previstos y debe correr con la responsabilidad.
En lo que hace a las especificidades del Estado y su
Burocracia en Argentina debemos tener en cuenta que su
formación fue determinada por la necesidad deliberada de
construir una Nación
y de adaptarlo a sucesivos y distintos modelos
económicos de inserción al mercado
internacional.
Estos distintos patrones de desarrollo que
se intentaron en el país fueron dejando su marca en el
Estado. No es nuestra intención aquí hacer un
análisis de cada uno de ellos y su impacto, pero
proponemos al lector imaginar la
administración colonial, donde los particularismos
estaban a la orden del día, pasando por el modelo liberal
agro exportador a partir de la independencia
y más tarde un modelo mercadointernista con un fuerte
componente industrial. Estos modelos,
enmarcados en un capitalismo dependiente y periférico
conservaron contradicciones que hicieron necesaria una activa
intervención estatal. Y estas intervenciones iban dejando
su marca en los usos, costumbres y formas del Estado. Como
consecuencia de estas contradicciones, el Estado se vio, por
ejemplo, en la necesidad de convertirse en empleador forzado de
la mano de obra que el mercado no podía absorber, en la
utilización del empleo
público como medio de patronazgo político y
retribución de lealtades partidarias.
Por otro lado, la caída sucesiva de todos los
modelos económicos, ha producido la imposibilidad
crónica de que en la Argentina una clase -o fracciones de
clase dominante- promotoras de un modelo, se transformen en clase
hegemónica y dirigente de la sociedad conformando un
consenso básico.
Esto ha hecho que lleguen al Estado distintos –y
muy diversos- proyectos,
programas y
objetivos políticos, cada uno con su forma de gobernar y
entender la política. Así, cada una de estas
coaliciones gobernantes ha intentado manipular, destruir y
reconstruir al Estado y su burocracia a su antojo. De esta
manera, y debido a la inconstancia que produce la carencia de un
núcleo duro de políticas de Estado en rededor de un
modelo económico, nuestro Estado se ha formado
históricamente como incorporación sucesiva y
contradictoria de distintas etapas geológicas superpuestas
unas a otras. Todo lo cual nos da una imagen de un Estado
desintegrado estructural y funcionalmente, desordenado, informe y en
muchos casos obsoleto.
La corrupción generalizada ha servido a los
modelos económicos y a sus contrapartes políticas
en la confección y efectivo funcionamiento de algunos
regímenes políticos. De manera que al analizar en
profundidad el tema de la corrupción y esbozar soluciones
al flagelo, resulta imprescindible tener estos factores en cuenta
y en especial la conformación
económico-política del sector dirigente de la
sociedad, si ésta conformación es sólida y
si ha logrado efectivamente consensuar o en su defecto imponer su
modelo al conjunto social.
Pues resulta difícil imaginar un respeto
generalizado a normas que cambian todo el tiempo, frecuentemente
en franca contradicción, y que emanan de gobiernos muy a
menudo percibidos como ilegítimos, parciales y en general
no representativos.
Más acá del funcionamiento del
fenómeno típico de generación de anomia,
bajando el nivel de abstracción, y en cuanto al
régimen político, encontramos identificaciones
adecuadas de causas múltiples. Las más importantes
son:
-Instituciones Fallidas
-Pesos y Contrapesos Inadecuados
–Sociedad Civil
poco Desarrollada
-Sistema Judicial Débil o Corrupto
-Remuneración Inadecuada de Funcionarios. (UNODC,
2005) (UN, 2005 art. 7 inc. C)
Estas causas, luego de la anomia, son las más
importantes a la hora de encontrar soluciones al problema de los
particularismos.
De dos maneras se relacionan directamente la
gobernabilidad y la corrupción. Una tiene que ver con el
uso, por parte de los gobernantes, de la corrupción para
lograr un grado aceptable de gobernabilidad. En este tipo se
encuentran los casos por ejemplo de Argentina y Brasil, en los
que en recientes y resonantes casos de corrupción
funcionarios se han visto implicados en el soborno a
parlamentarios para lograr adhesión a iniciativas del
ejecutivo, realizándose pagos en efectivo.
La corrupción se utiliza en esos casos para
lograr gobernabilidad cuando hay gobiernos débiles, sin
apoyo parlamentario, con parlamentos ocupados con partidos sin
disciplina
partidaria o cuando se trata de leyes de dudosa
legitimidad en la opinión
pública.
La otra relación entre gobernabilidad y
corrupción es cuando la percepción pública
de un alto grado de corrupción en los poderes del estado
terminan socavando la legitimidad de esos poderes y el reino del
estado de derecho
(UNODC, 2005), (United Nations, 2005) (Estévez,
2005).
De ésta manera se acentúa el ciclo vicioso
del proceso de deterioro de la gobernabilidad democrática
que implica: Pérdida de Legitimidad-Pérdida de
Efectividad-Pérdida de Eficiencia-Inestabilidad (de
Gobierno y posteriormente de Régimen) y su correlato en
los grupos de
articulación y combinación de demandas (Crisis de
Representación).
El mayor impacto de la corrupción es sobre los
pobres, aquellos menos capaces de absorber los costos. (UNODC,
2005) La corrupción afecta la calidad y el
costo de los
servicios básicos como la emisión de documentación oficial, educación, salud y transporte
para la población que justamente más depende de su
carácter público. No solamente
erosiona la ayuda al desarrollo de las instituciones
internacionales y de los propios estados nacionales, sino que
además tiene consecuencias más profundas que tienen
que ver con la reducción de la inversión en la economía del
país y el impacto negativo que posee en su crecimiento.
(Mauro, 1997) (Word Bank,
2005) Es difícil pensar en que alguien quiera invertir en
un escenario de imprevisibilidad, información imperfecta,
competencia
desleal y un nivel de tributación
adicional.
Como efectos de largo plazo encontramos aumento en la
desigualdad
social y ausencia de respeto por los Derechos Humanos
(UNODC, 2005). Ya que la corrupción beneficia
principalmente a aquellos que pueden costearla,
enriqueciéndolos, y dejando de lado a los que no pueden
hacerlo. Además, socava el respeto por los Derechos Humanos al
disminuir el respeto a las normas en general por parte de los
funcionarios públicos, incitando al abuso de autoridad, y
al generar un círculo de complicidades que impiden el
accionar conforme a la ley de uno o varios de ellos, e inclusive
su denuncia pública.
Transparency Internacional sostiene que la
Corrupción:
"Fomenta la competencia en
cuanto al soborno, en vez de la competencia en la calidad y el
precio de
bienes y servicios. Inhibe el desarrollo de un mercado
saludable. Sobre todo, distorsiona el desarrollo
económico y social, lo cual es especialmente
dañino en los países en desarrollo. Con demasiada
frecuencia, la presencia de la corrupción significa que
los más pobres del mundo, quienes menos pueden soportar
los costos, deben pagar no sólo por la corrupción
de sus propios funcionarios, sino también por aquella de
las empresas de los
países desarrollados. Es más, las pruebas
disponibles demuestran que si no se limita la
corrupción, crecerá, y exponencialmente. Una vez
que se institucionaliza un patrón de sobornos exitosos,
los funcionarios corruptos tienen un incentivo para exigir
sobornos más grandes, creando una .cultura de ilegalidad
que a su vez fomenta la ineficiencia del mercado. Una vez
perdida la autoridad moral de los
gerentes mediante la corrupción de alto nivel, se
desvanece su capacidad para controlar a sus subordinados. En un
plano conceptual, hay muchos costos ligados a la
corrupción. Sin embargo, no es sorprendente que haya
pocas pruebas concretas sobre la incidencia y la magnitud de la
corrupción. Encuestas
entre empresarios indican que el problema varía
considerablemente de un país a otro, y que aun dentro de
los países, algunas oficinas públicas (aduanales
y fiscales, por ejemplo) son más susceptibles a la
corrupción que otras. Las encuestas también
indican que en los casos en que la corrupción es
endémica, impone un costo desproporcionado sobre las
pequeñas empresas. Lo más importante es que los
sobornos mismos no representan el costo más oneroso; las
consecuencias de la corrupción -las distorsiones
económicas subyacentes y el socavamiento de las
instituciones administrativas y gubernamentales- son las
más costosas." (Pope, 2000 pp 31-32)
De esta manera vemos que las consecuencias de la
corrupción son profundas y afectan al conjunto social, su
economía y su sistema de político, de manera que se
hace imperativo lograr una solución de carácter
amplio y de manera sistemática para contener todo su
impacto.
Soluciones y
mecanismos contra la corrupción
Hemos encontrado en este estudio que existe cierto
acuerdo considerablemente amplio, sostenido por las organizaciones
internacionales, organismos y expertos, acerca de algunas
cuestiones centrales:
- Que la solución al flagelo no es inmediata.
Esto es, que cualquier solución realista tratará
de disminuir los niveles y no de eliminar el fenómeno y,
además, que es un proceso lento, gradual y no un acto ni
unilateral ni fulminante. - Que debe ser una solución holística,
esto es, que el flagelo debe ser atacado por todos sus frentes
al unísono. Se necesitan soluciones sistémicas.
(Eigen, 2003) A este respecto ha avanzado entre los expertos el
concepto de Sistema Nacional de
Integridad.11 - Que el énfasis principal debe estar en la
prevención principalmente, aunque sin
menoscabo por la importancia de la penalización del
delito. (UN
2005 art. V inc. 1) (OEA, 2005,
art. III) (UN 2005b) - Que los mecanismos de solución a mediano plazo
(sin menoscabo por las soluciones de base que tienen en cuenta
la problemática en términos de anomia) siguen
basándose en la forma democrática moderna, en los
clásicos valores republicanos, actualizados en complejos
mecanismos en rededor del "accountability horizontal" y
"accountability vertical". (Pope, 2000) De manera que las
soluciones al alcance de la mano implican que a mayor
corrupción hay que replicar con más democracia.
(Estévez, 2005) Democracia que abriga ahora
también relativamente nuevos mecanismos como el libre
acceso a la información. - Que en las soluciones hasta ahora formuladas se ha
subestimado la función
de una vigorosa, opulenta y participativa sociedad civil como
parte de la estrategia de
solución y coalición de intereses. La sociedad
civil tomará un papel fundamental y central en el
combate a la corrupción y reclama que en ese sentido se
le reconozca un lugar tanto en la proyección escrita,
convenciones y declaraciones, como en los organigramas y
procedimientos
reales implicados por los mecanismos puestos en acción.
(OEA 2005, art. III, inc. 11) (UN 2005, preámbulo, art.
13, inc.1, art. 63, inc. 4 y 6) (UN 2005b) (Pope,
2000) - Que asimismo se ha subestimado la importancia de un
saludable Sistema Judicial. (Y sus temas relacionados: selección, juzgamiento, atribuciones,
control político, jurisdicción, etc.) Un poder judicial
independiente y fuerte es esencial para el combate a la
corrupción. (Estévez, 2005) (UN
2005b) - Que los sectores más afectados por el problema
son los de bajos recursos, esto es, la pobreza como causa y
consecuencia al mismo tiempo.(Pope, 2000) (Mauro,
1997)
Cardoso, Fernando Henrique (1972). Estado y Sociedad en
América
Latina. Buenos Aires:
Nueva Visión
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Trabajo realizado a pedido de Poder Ciudadano
por
Juan Manuel Perez Naufel *
*El autor es politólogo de la Universidad de
Buenos Aires, Miembro de la Comisión Directiva del
Observatorio Internacional de Prisiones y colabora en
Consultorías Internacionales.
Buenos Aires, 15.09.2005