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Privatizaciones




  1. Objetivos
  2. Justificación
  3. Instituciones privatizadas

OBJETIVOS

Conocer de cerca el proceso de privatización que dio lugar en las instituciones del estado de Guatemala

Proveer de un medio de información que permita conocer la realidad de las privatizaciones de las mencionadas instituciones.

JUSTIFICACIÓN

Hace 20 años, Guatemala tenía una deuda manejable de alrededor de los 277 millones dd.

Hoy día es diez veces mayor.

Pero con el Presidente Alvaro Arzú, un neoliberal completo, la privatización fue el camino que contenía todas las soluciones. Y en este objetivo se han designado la Empresa General de Telecomunicaciones GUATEL, la Línea Aérea Guatemalteca (AVIATECA) , el Banco Nacional de la Vivienda (Banvi), la Empresa de Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA), concesión de redes de carreteras , etc. Hasta llegar a la privatización de los servicios sociales, (del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social), la educación, la salud, las redes turísticas, etc. GUATEL estuvo a punto de ser adquirida por Telmex, pero se estimó que su oferta de 530 millones era demasiado baja (el Gobierno solicitaba 800). Este año se vende aquí la compañía eléctrica EEGSA.

INSTITUCIONES PRIVATIZADAS

1. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA

TELGUA fue subastado por primera vez el 16 de diciembre de 1997, asistiendo Telmex como único oferente -aunque habían precalificado cinco-, ofreciendo 529.1 millones de dólares por el 95% de la empresa; Crystal Group de Guatemala estimaba un valor de 800 millones de dólares por la telefónica.

Se declaró fracasado el acto por la inexistencia de más empresas que pujaran. En Guatemala el gobierno proyectaba privatizar unas 56 entidades públicas en total.

TELGUA resultó como respuesta a los problemas legales que enfrentaba la anterior Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (GUATEL) para su privatización.

Después de observar personalmente la privatización de CTE en El Salvador el 24 de julio de 1998, se aceleró un nuevo intento de subasta para agosto del mismo año, con un mecanismo en el que se ampliaba la participación a consorcios de inversionistas -antes sólo podían los operadores internacionales- y se conservaba la inexistencia de un precio mínimo, reservándose el gobierno la elección de la mejor oferta.

Las firmas presentaban dos sobres: uno con el precio por acción que deseaban pagar y en el segundo el porcentaje que esperaban comprar, que tenía que ser entre 51% y 95% del total.

En 1998 TELGUA tenía funcionando unas 500 mil líneas, con una demanda insatisfecha de más de un millón. Esperaba obtener en esa venta unos 600 millones de dólares, que servirían para sanear las finanzas públicas, la inversión social y la productividad, según programas establecidos en la firma de la paz de diciembre de 1996.

El gobierno de Guatemala puso fin a ocho años de monopolio que mantenía una empresa privada en la telefonía celular, al dar en concesión tres frecuencias por un periodo de 15 años y un valor de 14.95 millones de dólares, el 13 de agosto de 1998. La Superintendente de Telecomunicaciones dijo que las empresas ganadoras fueron la estatal Telecomunicaciones de Guatemala Sociedad Anónima (Telgua SA) y Paysandú SA, ambas guatemaltecas. TELGUA se adjudicó las frecuencias A1 y B1 a un costo de 4.91 y 6.23 millones de dólares, respectivamente; mientras que la frecuencia G la ganó Paysandú, por 3.81 millones. La empresa Comunicaciones Celulares (Comcel) mantenía en Guatemala, desde 1990, la distribución del servicio celular en todo el territorio nacional.

El 95% de TELGUA fue comprada por más de 700 millones de dólares por el grupo centroamericano -mayormente guatemalteco- Luca, SA. La fecha, el primero de septiembre de 1998. A juicio de los guatemaltecos, fue la mayor privatización en Centroamérica. Sin embargo, algunos grupos de oposición acusaron de viciado el trato, al existir intereses de familiares del presidente Arzú detrás de Luca, SA., así como manejos dudosos por parte del Ministro de Telecomunicaciones, Fritz García-Gallont.

ANUNCIAN ACCIÓN LEGAL EN CASO TELGUA

Una acción legal contra la disposición del Presidente de la República, Alfonso Portillo, de solventar el caso de la venta de la empresa Telefónica de Guatemala -TELGUA-, estaba por ser interpuesta ante la Corte de Constitucionalidad.

Se trata de un amparo contra los efectos del Acuerdo Gubernativo 394-2001 del Presidente de la República en Consejo de Ministros, que autoriza la realización de negociaciones para finiquitar el caso al margen del proceso judicial ventilado en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El amparo sería interpuesto por Alfredo Guzmán y Giovanni Musella, ex gerentes de TELGUA y de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-, respectivamente, para impugnar la decisión oficial de negociar el caso.

De acuerdo con información a la que se tuvo acceso, los abogados representantes de los ex funcionarios se basarían en que según el Acuerdo Gubernativo 394-2001, las partes participaron en negociaciones, lo cual, según ellos, no es cierto, pues los impugnantes no han tenido participación en ninguna negociación relacionada con el caso.

El Organismo Ejecutivo pretende así implicar a los ex funcionarios en las consecuencias derivadas de las negociaciones, lo cual afectaría sus intereses, motivo por el cual se anunció que recurrirían en amparo ante la Corte de Constitucionalidad.

Ambos ex funcionarios desempeñaron los cargos durante el gobierno del Presidente Alvaro Arzú, que ejecutó la privatización de GUATEL, transformada en TELGUA y la posterior venta de esta empresa. A más de un año de haberse iniciado el procedimiento judicial del caso TELGUA, el gobierno realizó negociaciones que desestiman la acción, no obstante que el régimen interpuso las demandas correspondientes el doce de septiembre de 2000.

En los memoriales se pedía declarar la nulidad del contrato de venta de la telefónica y los efectos del Acuerdo Gubernativo11-97 del entonces presidente Arzú, luego que el actual gobierno declaró la lesividad de la negociación. Sin embargo, la negociación del caso por la vía extrajudicial, lleva ahora a la desestimación del proceso.

TELGUA EN LA ACTUALIDAD

Lo ocurrido desde la desincorporación de Guatel y la privatización de las telecomunicaciones para transformarse luego en Telgua, se ha convertido en un caso famoso de gestión pública en Latinoamérica, porque pese a la oposición y crítica a causa de la forma en que se hizo, los objetivos se alcanzaron.

No se puede negar que hoy Guatemala es, telefónicamente hablando, otra nación. Tenía una de las tasas más bajas de disponibilidad a nivel mundial —menos de un teléfono por cada cien habitantes— o de mayor demanda insatisfecha —más de un millón de potenciales usuarios esperando el milagro de recibir su línea, aun pagando sobornos—. En ocho años, es ahora un país donde el teléfono es protagonista.

En el foro se citaron datos importantes. Bajo la premisa de "cualquier persona pueda comprar a cualquier empresa, cualquier servicio de telecomunicaciones, en cualquier parte del país, en cualquier momento" la reforma del sistema telefónico permitió el crecimiento de la red de telefonía hasta a 4.5 millones de líneas fijas, en contraste con las 289 mil existentes en 1996.

Se pasó de tener menos de 100 mil celulares, a los casi 3.2 millones disponibles a finales del 2004. Tiene 4.3 millones de líneas telefónicas en total, a diciembre de 2004.

Las tarifas son las más bajas de América Latina y de las más baratas del mundo.

Se han invertido más de US$3 mil 800 millones en infraestructura de telecomunicaciones desde 1998 a la fecha y es el mercado más competido de América Latina. Pero se ha desarrollado un mercado con opciones para los clientes, convirtiendo el teléfono en parte del paisaje urbano y rural.

Se podía optar por fortalecer a la deficitaria, politizada e ineficiente Guatel; vender el monopolio estatal a una empresa privada, como ocurrió en otras naciones cercanas, o liberar el mercado y abrirlo a la libre competencia, en busca de mejores condiciones para los consumidores y el fisco.

El gobierno de Arzú se inclinó por un mercado libre. Las cosas funcionaron según la teoría, y además de los casi Q3 mil millones pagados al régimen, se ganó muchísimo al popularizar y masificar el teléfono celular o fijo.

Pocos negocios de gobierno alcanzan un nivel tan grande de desarrollo y éxito en un plazo tan reducido.

Al abrir a la competencia el mercado de servicios públicos, se entendió la medida del éxito factible para una empresa en Guatemala, ejemplo difícil de imitar, pero factible.

Ese gobierno merece aplauso porque abrió una puerta a la modernidad.

2. EMPRESA ELÉCTRICA

La Empresa Eléctrica de Guatemala, SA (EEGSA) fue sometida a una licitación internacional el 30 de julio de 1998, en lo referente a distribución. Se planeó vender primero el 80% de la empresa, cuyo valor total estimado estaba entre 250 y 300 millones de dólares. Entre los interesados se contaban Electricidad de Caracas en sociedad con Houston Industries, AES Americas Inc., de Arlington, Coastal Power Co., de Houston y Enron.

La adquisición del 80% -unos 17.2 millones de acciones- de EEGSA la hizo Iberdrola de España junto a la estadounidense Teco Power Services (TPS) de ultramar y Electricidad de Portugal. El grupo pagó 520 millones de dólares, mientras que el gobierno estaba esperando sólo un poco más de 200 millones.

Al momento de la venta solo acudieron otros tres consorcios. Uno de ellos, el integrado por Unión Fenosa Desarrollo/Acción Exterior/Enron Caribe, ofreció 475.5 millones. Los otros dos fueron Energua (Electricidad de Caracas) con una oferta de 319.2 millones de dólares, y AES Corporation con 240 millones de dólares.

El gobierno guatemalteco fue asesorado por Salomon Smith Barney. Al momento de la venta EEGSA tenía una deuda de 43 millones de dólares y distribuía el 70% de la energía de Guatemala, teniendo el resto otra empresa. La deuda debía ser absorbida por comprador. La empresa había operado con pérdidas en 1995 y 1996, pero a raíz del aumento de las tarifas para 1997 tuvo ganancias netas de tres millones de dólares. Desde 1972 EEGSA pertenecía al Estado en un 96.1%, mientras la que diferencia de 3.9% estaba en manos privadas.

Las 3.46 millones de acciones restantes de EEGSA, correspondientes al 16.1%, serían colocadas en la Bolsa de Valores Nacional (BVN) en agosto de 1998. Un año antes el gobierno de Arzú había iniciado la privatización, cuando la estadounidense Guatemalan Generating Group adquirió por 30 millones de dólares las dos plantas generadoras de energía de EEGSA. El trato se refería al derecho exclusivo de generar y suministrar electricidad por 18 años, para lo que invertiría 200 millones de dólares.

En lo que restaba de distribución del INDE -Instituto Nacional de Electrificación- se planeó su venta en noviembre de 1998, quedando en manos del Estado la generación y transmisión. Para ese acto el gobierno contrató la asesoría de Schroders-Citibank, estableciéndose también que esa parte de distribución sería dividida en dos partes, la del Este del país, con unos 200,000 usuarios, y la del Oeste, con más de 375,000 usuarios.

El gobierno de Arzú estuvo de la mano de grandes empresarios guatemaltecos para forzar la privatización -gustaban llamarle desincorporación- y pasar por encima de una gran cantidad de obstáculos, como la oposición política, los grupos sindicalistas, desinterés de la inversión extranjera y las quejas de muchas irregularidades en el proceso mismo de privatización, avalado por el Comisionado Presidencial para la Modernización.

El plan contemplaba la concesión de terminales aéreas, puertos marítimos, correos, y los institutos Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- y Guatemalteco de Turismo -Inguat-.

CASOS DE CORRUPCIÓN EN EEGSA

En caso de ser ciertas las denuncias de fraude de 150 millones de dólares en la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) pide se investigue de inmediato el caso. Según denuncias, se presume de un fraude realizado durante los años 1999 y 2000 que se eleva a 150 millones de quetzales, en los que podría estar involucrada Constellation Power, el Grupo Generador de Guatemala (CGG), EEGSA y Comegsa.

Victoriano Zacarías, secretario ejecutivo de la CGTG, dice que ellos desde 1993 han venido diciendo que las privatizaciones no son buenas para los países en vías de desarrollo; las privatizaciones sólo son buenas para los funcionarios de turno, los han enriquecido y a las personas que de una u otra manera son cómplices y han comprado estas empresas, y también los intermediarios.

Esta clase de personas --dijo Zacarías-- han hecho al pueblo más pobre. Es importante que estas denuncias se sigan dando y se continúen aportando elementos nuevos para que de esta manera se investigue y así el Gobierno tomar medidas y no quedarse en discursos, ya que, como de todos es sabido, Portillo dijo en campaña que se iba a investigar todo negocio oscuro que se hubiera dado, pero el Presidente se ha quedado callado, se ha acomodando al sistema, a todas estas anomalías y fraudes que se han hecho.

Más adelante, el secretario ejecutivo expresó que la CGTG pide al pueblo de Guatemala que se organice, ya que la mayoría de guatemaltecos estamos siendo pobres cada vez más, mientras un grupo de personas están haciendo negocios ilícitos, enriqueciéndose y volviendo al pueblo más pobre. El pueblo se debe organizar y pedir se devuelvan los bienes del Estado que han sido robados.

Se espera que se tenga una pronta solución a este desfalco, donde supuestamente están involucradas las generadoras de energía eléctrica descritas por las denuncias.

En la denuncia se dice que "EEGSA finge estar en quiebra, teniendo una mano lastimada. Para mientras la otra mano buena, Comegsa, se sirve a plato lleno con la captura monopolística de los grandes consumidores y los más jugosos que tenía EEGSA. Eso lo hace a través del subsidio de cada uno de ustedes".

La CGTG pide que se aclare esta reclamación así como la de otras en las que están involucrados funcionarios que sólo llegan a robarse el patrimonio de los guatemaltecos, tal como es el caso tan sonado del IGSS, con saqueos de millonarias cantidades. "El pueblo se debe organizar y no dejar que sigan ocurriendo casos tan fatales para la población"

DEMANDAN QUE SE FORME FRENTE DE CARÁCTER NACIONAL CONTRA EEGSA

Desde el momento que se privatizó la Empresa Eléctrica en Guatemala en el año de 1998, la tarifa ha tenido un aumento del 120% lo que es un agravio para la población que no está de acuerdo con esos excesivos cobros por parte de la empresa española que ahora es la propietaria de la energía eléctrica en todo el país.

Edwin Ortega secretario general de la Coordinadora Nacional Sindical y Popular -CNSP- nos dijo al respecto de la privatización y de los aumentos de los costos de la luz, donde ellos se han manifestado en muchas ocasiones contra el pago de la factura que cada día aumenta sin que se pueda dar un alto al mismo.

"Esto se debe fundamentalmente como lo hemos dicho en otras ocasiones a la privatización . Los que están de acuerdo con estas políticas neoliberales no les importa la población y están en defensa de aquellos que van a tener ganancias como son los empresarios".

"Estos compromisos tienen qué ver también con el Plan Puebla Panamá y que Guatemala ha firmado a nivel continental con otros países y que lógicamente van sobre la base de que todos los servicios tienen que ser privatizados y que van a favor de los Estados Unidos tal como es el Tratado de Libre Comercio".

Más adelante Ortega dijo que se debe de formar un frente de carácter nacional que se oponga a la privatización ya que las políticas neoliberales sólo afectan a los países más pobres como el nuestro que ya está cansado de tanta injusticia que se viene dando por falta de políticas que no benefician al pueblo guatemalteco.

La lucha se ha venido dando desde hace mucho tiempo . Eso de la privatización se ha venido dando en muchos recursos importantes por lo cual de repente privatizan el agua. Por eso nosotros estamos conformando una plataforma de lucha reinvidicativa que se oponga a todos lo que es privatización finalizó diciendo el líder sindical.

3. FERROCARRILES DE GUATEMALA

La privatización del servicio ferroviario en Guatemala, que llevó a cabo el gobierno del presidente Álvaro Arzú en 1997, ha resultado un gran fiasco para el país, que casi siete años después sigue virtualmente privado de un servicio que en otras latitudes contribuye al desarrollo.

La concesión que se hizo de los derechos y bienes de Fegua a favor de Ferrovías de Guatemala, una subsidiaria de Railroad Development Corporation (RDC), de Pittsburgh, Estados Unidos, se hizo de manera silenciosa en aquel entonces, y poco o nada se supo de las condiciones en que la nueva operadora del ferrocarril adquiría potencialmente uno de los servicios más cotizados en muchos países.

El tiempo ha transcurrido, y Ferrovías no parece tener ni la capacidad de inversión ni el interés, mucho menos el respaldo financiero de RDC, para cumplir con los pocos compromisos a los que se obliga de acuerdo con el contrato suscrito en su oportunidad.Aunque todas las privatizaciones llevadas a cabo durante la administración Arzú fueron severamente criticadas por la forma poco transparente en que se llevaron a cabo, se debe reconocer que las demás dieron al menos el fruto esperado en mejoramiento de los servicios, algo que no ha sucedido con el ferrocarril, que sigue siendo una pérdida para la economía del país, que no recibe los beneficios que podría de este transporte comercial.

Después de siete años, sería más que oportuno que el Congreso revisara las condiciones e incumplimiento que se han dado en los plazos de inversión. Hay que recordar que las condiciones en que Ferrovías recibió los derechos fueron más que beneficiosas.

En aquel entonces se mencionó que incluso se había favorecido al grupo nacional que, dicho sea de paso, nunca se ha sabido quién o quiénes lo representan.

Lo que se busca con las privatizaciones es volver operantes las empresas que los Estados suelen manejar de manera ineficiente. Fegua era el claro ejemplo de ello.

Sin embargo, si Fegua había llegado a su peor momento y ya ni siquiera corrían los trenes en sus últimos años, también es cierto que la nueva operadora no ha podido ir mucho más lejos y apenas si se ha cubierto un trecho en el norte con contados viajes semanales, que ni siquiera han servido para proyectar a la empresa a un nivel competitivo y eficiente en el transporte de mercaderías.

Lo peor de todo es que pareciera que los planes de Ferrovías están absolutamente estancados.

Sus primeras administraciones anunciaban la introducción de los trenes de pasajeros y de carga, así como la construcción de nuevos ramales. Con el paso del tiempo, más bien pareciera que los operadores están a la espera de algún milagro o proyecto ajeno al ferrocarril para sacar provecho a su jugosa y beneficiosa concesión.

4. BIBLIOGRAFÍA

www.prensalibre.com

Historia General de Guatemala, Asociación de Amigos del País.

Medios Avanzados de Investigación, Biblioteca Privada Chiquimula.

Trabajo enviado por

Biblioteca Privada Chiquimula, Guatemala, Investigación y Desarrollo para los Estudiantes de la Región


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