Conocer de cerca el proceso de
privatización que dio lugar en las instituciones
del estado de
Guatemala
Proveer de un medio de información que permita conocer la realidad
de las privatizaciones de las mencionadas
instituciones.
Hace 20 años, Guatemala
tenía una deuda manejable de alrededor de los 277 millones
dd.
Hoy día es diez veces mayor.
Pero con el Presidente Alvaro Arzú, un neoliberal
completo, la privatización fue el camino que
contenía todas las soluciones. Y
en este objetivo se
han designado la Empresa
General de Telecomunicaciones GUATEL, la Línea
Aérea Guatemalteca (AVIATECA) , el Banco Nacional de
la Vivienda (Banvi), la Empresa de
Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA), concesión de redes de carreteras , etc.
Hasta llegar a la privatización de los servicios
sociales, (del Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social), la educación, la
salud, las redes
turísticas, etc. GUATEL estuvo a punto de ser adquirida
por Telmex, pero se estimó que su oferta de 530
millones era demasiado baja (el Gobierno
solicitaba 800). Este año se vende aquí la
compañía eléctrica EEGSA.
1. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA
TELGUA fue subastado por primera vez el 16 de diciembre
de 1997, asistiendo Telmex como único oferente -aunque
habían precalificado cinco-, ofreciendo 529.1 millones de
dólares por el 95% de la empresa; Crystal Group de
Guatemala estimaba un valor de 800
millones de dólares por la telefónica.
Se declaró fracasado el acto por la inexistencia
de más empresas que
pujaran. En Guatemala el gobierno proyectaba privatizar unas 56
entidades públicas en total.
TELGUA resultó como respuesta a los problemas
legales que enfrentaba la anterior Empresa Guatemalteca de
Telecomunicaciones (GUATEL) para su
privatización.
Después de observar personalmente la
privatización de CTE en El Salvador el 24 de julio de
1998, se aceleró un nuevo intento de subasta para agosto
del mismo año, con un mecanismo en el que se ampliaba la
participación a consorcios de inversionistas -antes
sólo podían los operadores internacionales- y se
conservaba la inexistencia de un precio
mínimo, reservándose el gobierno la elección
de la mejor oferta.
Las firmas presentaban dos sobres: uno con el precio por
acción
que deseaban pagar y en el segundo el porcentaje que esperaban
comprar, que tenía que ser entre 51% y 95% del
total.
En 1998 TELGUA tenía funcionando unas 500 mil
líneas, con una demanda
insatisfecha de más de un millón. Esperaba obtener
en esa venta unos 600
millones de dólares, que servirían para sanear las
finanzas
públicas, la inversión social y la productividad,
según programas
establecidos en la firma de la paz de diciembre de
1996.
El gobierno de Guatemala puso fin a ocho años de
monopolio que
mantenía una empresa
privada en la telefonía
celular, al dar en concesión tres frecuencias por un
periodo de 15 años y un valor de 14.95 millones de
dólares, el 13 de agosto de 1998. La Superintendente de
Telecomunicaciones dijo que las empresas ganadoras fueron la
estatal Telecomunicaciones de Guatemala Sociedad
Anónima (Telgua SA) y Paysandú SA, ambas
guatemaltecas. TELGUA se adjudicó las frecuencias A1 y B1
a un costo de 4.91 y
6.23 millones de dólares, respectivamente; mientras que la
frecuencia G la ganó Paysandú, por 3.81 millones.
La empresa Comunicaciones
Celulares (Comcel) mantenía en Guatemala, desde 1990, la
distribución del servicio
celular en todo el territorio nacional.
El 95% de TELGUA fue comprada por más de 700
millones de dólares por el grupo
centroamericano -mayormente guatemalteco- Luca, SA. La fecha, el
primero de septiembre de 1998. A juicio de los guatemaltecos, fue
la mayor privatización en Centroamérica. Sin
embargo, algunos grupos de
oposición acusaron de viciado el trato, al existir
intereses de familiares del presidente Arzú detrás
de Luca, SA., así como manejos dudosos por parte del
Ministro de Telecomunicaciones, Fritz
García-Gallont.
ANUNCIAN ACCIÓN LEGAL EN CASO
TELGUA
Una acción legal contra la disposición del
Presidente de la República, Alfonso Portillo, de solventar
el caso de la venta de la empresa Telefónica de Guatemala
-TELGUA-, estaba por ser interpuesta ante la Corte de
Constitucionalidad.
Se trata de un amparo contra los
efectos del Acuerdo Gubernativo 394-2001 del Presidente de la
República en Consejo de Ministros, que autoriza la
realización de negociaciones para finiquitar el caso al
margen del proceso judicial ventilado en el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo.
El amparo sería interpuesto por Alfredo
Guzmán y Giovanni Musella, ex gerentes de TELGUA y de la
Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-,
respectivamente, para impugnar la decisión oficial de
negociar el caso.
De acuerdo con información a la que se tuvo
acceso, los abogados representantes de los ex funcionarios se
basarían en que según el Acuerdo Gubernativo
394-2001, las partes participaron en negociaciones, lo cual,
según ellos, no es cierto, pues los impugnantes no han
tenido participación en ninguna negociación relacionada con el
caso.
El Organismo Ejecutivo pretende así implicar a
los ex funcionarios en las consecuencias derivadas de las
negociaciones, lo cual afectaría sus intereses, motivo por
el cual se anunció que recurrirían en amparo ante
la Corte de Constitucionalidad.
Ambos ex funcionarios desempeñaron los cargos
durante el gobierno del Presidente Alvaro Arzú, que
ejecutó la privatización de GUATEL, transformada en
TELGUA y la posterior venta de esta empresa. A más de un
año de haberse iniciado el procedimiento
judicial del caso TELGUA, el gobierno realizó
negociaciones que desestiman la acción, no obstante que el
régimen interpuso las demandas correspondientes el doce de
septiembre de 2000.
En los memoriales se pedía declarar la nulidad
del contrato de venta
de la telefónica y los efectos del Acuerdo
Gubernativo11-97 del entonces presidente Arzú, luego que
el actual gobierno declaró la lesividad de la
negociación. Sin embargo, la negociación del caso
por la vía extrajudicial, lleva ahora a la
desestimación del proceso.
TELGUA EN LA ACTUALIDAD
Lo ocurrido desde la desincorporación de Guatel y
la privatización de las telecomunicaciones para
transformarse luego en Telgua, se ha convertido en un caso famoso
de gestión
pública en Latinoamérica, porque pese a la
oposición y crítica
a causa de la forma en que se hizo, los objetivos se
alcanzaron.
No se puede negar que hoy Guatemala es,
telefónicamente hablando, otra nación.
Tenía una de las tasas más bajas de disponibilidad
a nivel mundial —menos de un teléfono por cada cien habitantes— o
de mayor demanda insatisfecha —más de un
millón de potenciales usuarios esperando el milagro de
recibir su línea, aun pagando sobornos—. En ocho
años, es ahora un país donde el teléfono es
protagonista.
En el foro se
citaron datos
importantes. Bajo la premisa de "cualquier persona pueda
comprar a cualquier empresa, cualquier servicio de
telecomunicaciones, en cualquier parte del país, en
cualquier momento" la reforma del sistema
telefónico permitió el crecimiento de la red de telefonía hasta a 4.5 millones de
líneas fijas, en contraste con las 289 mil existentes en
1996.
Se pasó de tener menos de 100 mil celulares, a
los casi 3.2 millones disponibles a finales del 2004. Tiene 4.3
millones de líneas telefónicas en total, a
diciembre de 2004.
Las tarifas son las más bajas de América
Latina y de las más baratas del mundo.
Se han invertido más de US$3 mil 800 millones en
infraestructura de telecomunicaciones desde 1998 a la fecha y es
el mercado
más competido de América
Latina. Pero se ha desarrollado un mercado con opciones para los
clientes,
convirtiendo el teléfono en parte del paisaje urbano y
rural.
Se podía optar por fortalecer a la deficitaria,
politizada e ineficiente Guatel; vender el monopolio estatal a
una empresa privada, como ocurrió en otras naciones
cercanas, o liberar el mercado y abrirlo a la libre competencia, en
busca de mejores condiciones para los consumidores y el
fisco.
El gobierno de Arzú se inclinó por un
mercado libre. Las cosas funcionaron según la teoría,
y además de los casi Q3 mil millones pagados al
régimen, se ganó muchísimo al popularizar y
masificar el teléfono celular o fijo.
Pocos negocios de
gobierno alcanzan un nivel tan grande de desarrollo y
éxito
en un plazo tan reducido.
Al abrir a la competencia el mercado de servicios
públicos, se entendió la medida del
éxito factible para una empresa en Guatemala, ejemplo
difícil de imitar, pero factible.
Ese gobierno merece aplauso porque abrió una
puerta a la modernidad.
2. EMPRESA ELÉCTRICA
La Empresa Eléctrica de Guatemala, SA (EEGSA) fue
sometida a una licitación internacional el 30 de julio de
1998, en lo referente a distribución. Se planeó
vender primero el 80% de la empresa, cuyo valor total estimado
estaba entre 250 y 300 millones de dólares. Entre los
interesados se contaban Electricidad de
Caracas en sociedad con
Houston Industries, AES Americas Inc., de Arlington, Coastal
Power Co., de Houston y Enron.
La adquisición del 80% -unos 17.2 millones de
acciones– de
EEGSA la hizo Iberdrola de España
junto a la estadounidense Teco Power Services (TPS) de ultramar y
Electricidad de Portugal. El grupo pagó 520 millones de
dólares, mientras que el gobierno estaba esperando
sólo un poco más de 200 millones.
Al momento de la venta solo acudieron otros tres
consorcios. Uno de ellos, el integrado por Unión Fenosa
Desarrollo/Acción Exterior/Enron Caribe, ofreció
475.5 millones. Los otros dos fueron Energua (Electricidad de
Caracas) con una oferta de 319.2 millones de dólares, y
AES Corporation con 240 millones de dólares.
El gobierno guatemalteco fue asesorado por Salomon Smith
Barney. Al momento de la venta EEGSA tenía una deuda de 43
millones de dólares y distribuía el 70% de la
energía de Guatemala, teniendo el resto otra empresa. La
deuda debía ser absorbida por comprador. La empresa
había operado con pérdidas en 1995 y 1996, pero a
raíz del aumento de las tarifas para 1997 tuvo ganancias
netas de tres millones de dólares. Desde 1972 EEGSA
pertenecía al Estado en un 96.1%, mientras la que
diferencia de 3.9% estaba en manos privadas.
Las 3.46 millones de acciones restantes de EEGSA,
correspondientes al 16.1%, serían colocadas en la Bolsa de Valores
Nacional (BVN) en agosto de 1998. Un año antes el gobierno
de Arzú había iniciado la privatización,
cuando la estadounidense Guatemalan Generating Group
adquirió por 30 millones de dólares las dos
plantas
generadoras de energía de EEGSA. El trato se
refería al derecho exclusivo de generar y suministrar
electricidad por 18 años, para lo que invertiría
200 millones de dólares.
En lo que restaba de distribución del INDE
-Instituto Nacional de Electrificación- se planeó
su venta en noviembre de 1998, quedando en manos del Estado la
generación y transmisión. Para ese acto el gobierno
contrató la asesoría de Schroders-Citibank,
estableciéndose también que esa parte de
distribución sería dividida en dos partes, la del
Este del país, con unos 200,000 usuarios, y la del Oeste,
con más de 375,000 usuarios.
El gobierno de Arzú estuvo de la mano de grandes
empresarios guatemaltecos para forzar la privatización
-gustaban llamarle desincorporación- y pasar por encima de
una gran cantidad de obstáculos, como la oposición
política,
los grupos sindicalistas, desinterés de la inversión
extranjera y las quejas de muchas irregularidades en el
proceso mismo de privatización, avalado por el Comisionado
Presidencial para la Modernización.
El plan contemplaba
la concesión de terminales aéreas, puertos
marítimos, correos, y los institutos Guatemalteco de
Seguridad Social
-IGSS- y Guatemalteco de Turismo -Inguat-.
CASOS DE CORRUPCIÓN EN EEGSA
En caso de ser ciertas las denuncias de fraude de 150
millones de dólares en la Empresa Eléctrica de
Guatemala (EEGSA), la Central General de Trabajadores de
Guatemala (CGTG) pide se investigue de inmediato el caso.
Según denuncias, se presume de un fraude realizado durante
los años 1999 y 2000 que se eleva a 150 millones de
quetzales, en los que podría estar involucrada
Constellation Power, el Grupo Generador de Guatemala (CGG), EEGSA
y Comegsa.
Victoriano Zacarías, secretario ejecutivo de la
CGTG, dice que ellos desde 1993 han venido diciendo que las
privatizaciones no son buenas para los países en
vías de desarrollo; las privatizaciones sólo son
buenas para los funcionarios de turno, los han enriquecido y a
las personas que de una u otra manera son cómplices y han
comprado estas empresas, y también los
intermediarios.
Esta clase de
personas –dijo Zacarías– han hecho al pueblo más
pobre. Es importante que estas denuncias se sigan dando y se
continúen aportando elementos nuevos para que de esta
manera se investigue y así el Gobierno tomar medidas y no
quedarse en discursos, ya
que, como de todos es sabido, Portillo dijo en campaña que
se iba a investigar todo negocio oscuro que se hubiera dado, pero
el Presidente se ha quedado callado, se ha acomodando al sistema,
a todas estas anomalías y fraudes que se han
hecho.
Más adelante, el secretario ejecutivo
expresó que la CGTG pide al pueblo de Guatemala que se
organice, ya que la mayoría de guatemaltecos estamos
siendo pobres cada vez más, mientras un grupo de personas
están haciendo negocios ilícitos,
enriqueciéndose y volviendo al pueblo más pobre. El
pueblo se debe organizar y pedir se devuelvan los bienes del
Estado que han sido robados.
Se espera que se tenga una pronta solución a este
desfalco, donde supuestamente están involucradas las
generadoras de energía
eléctrica descritas por las denuncias.
En la denuncia se dice que "EEGSA finge estar en
quiebra,
teniendo una mano lastimada. Para mientras la otra mano buena,
Comegsa, se sirve a plato lleno con la captura
monopolística de los grandes consumidores y los más
jugosos que tenía EEGSA. Eso lo hace a través del
subsidio de cada uno de ustedes".
La CGTG pide que se aclare esta reclamación
así como la de otras en las que están involucrados
funcionarios que sólo llegan a robarse el patrimonio de
los guatemaltecos, tal como es el caso tan sonado del IGSS, con
saqueos de millonarias cantidades. "El pueblo se debe organizar y
no dejar que sigan ocurriendo casos tan fatales para la población"
DEMANDAN QUE SE FORME FRENTE DE CARÁCTER NACIONAL
CONTRA EEGSA
Desde el momento que se privatizó la Empresa
Eléctrica en Guatemala en el año de 1998, la tarifa
ha tenido un aumento del 120% lo que es un agravio para la
población que no está de acuerdo con esos excesivos
cobros por parte de la empresa española que ahora es la
propietaria de la energía eléctrica en todo el
país.
Edwin Ortega secretario general de la Coordinadora
Nacional Sindical y Popular -CNSP- nos dijo al respecto de la
privatización y de los aumentos de los costos de la
luz, donde
ellos se han manifestado en muchas ocasiones contra el pago de la
factura que
cada día aumenta sin que se pueda dar un alto al
mismo.
"Esto se debe fundamentalmente como lo hemos dicho en
otras ocasiones a la privatización . Los que están
de acuerdo con estas políticas
neoliberales no les importa la población y están en
defensa de aquellos que van a tener ganancias como son los
empresarios".
"Estos compromisos tienen qué ver también
con el Plan Puebla Panamá y
que Guatemala ha firmado a nivel continental con otros
países y que lógicamente van sobre la base de que
todos los servicios tienen que ser privatizados y que van a favor
de los Estados Unidos
tal como es el Tratado de Libre
Comercio".
Más adelante Ortega dijo que se debe de formar un
frente de carácter nacional que se oponga a la
privatización ya que las políticas neoliberales
sólo afectan a los países más pobres como el
nuestro que ya está cansado de tanta injusticia que se
viene dando por falta de políticas que no benefician al
pueblo guatemalteco.
La lucha se ha venido dando desde hace mucho tiempo . Eso
de la privatización se ha venido dando en muchos recursos
importantes por lo cual de repente privatizan el agua. Por
eso nosotros estamos conformando una plataforma de lucha
reinvidicativa que se oponga a todos lo que es
privatización finalizó diciendo el líder
sindical.
3. FERROCARRILES DE GUATEMALA
La privatización del servicio ferroviario en
Guatemala, que llevó a cabo el gobierno del presidente
Álvaro Arzú en 1997, ha resultado un gran fiasco
para el país, que casi siete años después
sigue virtualmente privado de un servicio que en otras latitudes
contribuye al desarrollo.
La concesión que se hizo de los derechos y bienes de Fegua a
favor de Ferrovías de Guatemala, una subsidiaria de
Railroad Development Corporation (RDC), de Pittsburgh, Estados
Unidos, se hizo de manera silenciosa en aquel entonces, y poco o
nada se supo de las condiciones en que la nueva operadora del
ferrocarril adquiría potencialmente uno de los servicios
más cotizados en muchos países.
El tiempo ha transcurrido, y Ferrovías no parece
tener ni la capacidad de inversión ni el interés,
mucho menos el respaldo financiero de RDC, para cumplir con los
pocos compromisos a los que se obliga de acuerdo con el contrato
suscrito en su oportunidad.Aunque todas las privatizaciones
llevadas a cabo durante la
administración Arzú fueron severamente
criticadas por la forma poco transparente en que se llevaron a
cabo, se debe reconocer que las demás dieron al menos el
fruto esperado en mejoramiento de los servicios, algo que no ha
sucedido con el ferrocarril, que sigue siendo una pérdida
para la economía del país, que no recibe los
beneficios que podría de este transporte
comercial.
Después de siete años, sería
más que oportuno que el Congreso revisara las condiciones
e incumplimiento que se han dado en los plazos de
inversión. Hay que recordar que las condiciones en que
Ferrovías recibió los derechos fueron más
que beneficiosas.
En aquel entonces se mencionó que incluso se
había favorecido al grupo nacional que, dicho sea de paso,
nunca se ha sabido quién o quiénes lo
representan.
Lo que se busca con las privatizaciones es volver
operantes las empresas que los Estados suelen manejar de manera
ineficiente. Fegua era el claro ejemplo de ello.
Sin embargo, si Fegua había llegado a su peor
momento y ya ni siquiera corrían los trenes en sus
últimos años, también es cierto que la nueva
operadora no ha podido ir mucho más lejos y apenas si se
ha cubierto un trecho en el norte con contados viajes
semanales, que ni siquiera han servido para proyectar a la
empresa a un nivel competitivo y eficiente en el transporte de
mercaderías.
Lo peor de todo es que pareciera que los planes de
Ferrovías están absolutamente
estancados.
Sus primeras administraciones anunciaban la introducción de los trenes de pasajeros y
de carga, así como la construcción de nuevos ramales. Con el paso
del tiempo, más bien pareciera que los operadores
están a la espera de algún milagro o proyecto ajeno al
ferrocarril para sacar provecho a su jugosa y beneficiosa
concesión.
Historia General de Guatemala, Asociación de
Amigos del País.
Medios Avanzados de Investigación, Biblioteca
Privada Chiquimula.
Trabajo enviado por
Biblioteca Privada Chiquimula, Guatemala,
Investigación y Desarrollo para los Estudiantes de la
Región