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Reflexiones para una politica macroeconomica alternativa




Enviado por juantorres@uma.es



    1.

    2. Politica
    economica alternativa: las inevitables
    restricciones

    3. Los objetivos de
    una politica economica democratica

    4. Los
    instrumentos

    5. Los margenes de
    maniobra, la hipoteca del corto plazo

    "El reconocimiento de las posibilidades destruidas para
    siempre nos inspira un sentimiento de urgencia. La demora es
    costosa para nosotros y más aún para nuestros
    descendiente y para las otras especies con las que compartimos el
    planeta. Ya es muy tarde. Resulta difícil evitar la
    amargura por lo que podría haberse hecho y por las
    oportunidades adicionales que se pierden cada día. Resulta
    difícil evitar el resentimiento hacia quienes
    continúan obstruyendo con tanto éxito
    los cambios necesarios".

    H.E. DALY y J.B. COBB, jr., "Para el bien común.
    Reorientando la economía hacia la
    comunidad, el
    ambiente y un
    futuro sostenible". Fondo de Cultura
    Económica. México
    1.993,p. 365.

    1.
    INTRODUCCION

    En las páginas que siguen me propongo plantear
    algunas reflexiones que pudieran contribuir a urdir una política
    económica alternativa a la que, de manera más o
    menos generalizada, están aplicando los gobiernos europeos
    en los últimos años.

    Se trata de una reflexión muy difícil de
    encajar en pocas páginas porque obliga a tomar en
    consideración perspectivas muy plurales y
    extraordinariamente complejas.

    Las políticas
    neoliberales al uso, por ejemplo, han renunciado
    explícitamente a la creación de empleo, en
    aras de favorecer la recuperación del beneficio y
    aplicando para ello una estrategia
    deflacionista basada, entre otras cosas, en los altos tipos de
    interés
    y en el control del
    gasto, tal y como señalaré con detalle más
    abajo.

    Sin embargo, esa estrategia no es el resultado de un
    capricho. Ha sido necesaria, y al mismo tiempo ha sido
    posible, porque las economías han transitado en los
    últimos años por un auténtico cambio en la
    estructura del
    sistema
    productivo que ha ido acompañado de modificaciones
    sustanciales de las disponibilidades tecnológicas, de los
    regímenes institucionales, de la cobertura de los mercados, de los
    propios valores
    sociales, de las formas de sociabilización, etc. Estas
    condiciones estructurales demandaban respuestas adecuadas, si es
    que se quería mantener el régimen de
    apropiación dominante, y el neoliberalismo
    ha sido su expresión paradigmática.

    Eso quiere decir que el neoliberalismo constituye un
    tipo de estrategia que se corresponde a la perfección con
    las condiciones sociales e históricas en que se ha
    desarrollado. O dicho de otra forma, que es la existencia de este
    tipo de condiciones lo que hacen apropiado un proyecto
    político como el neoliberal.

    Es importante tener eso en cuenta para poder
    comprender que la respuesta a una política neoliberal
    que genera desempleo, por
    ejemplo, no puede limitarse, desgraciadamente, a ser una simple
    inversión lineal en los objetivos o en
    la pura instrumentación de las decisiones, sin
    variar las condiciones contextuales. La respuesta alternativa que
    quiera ser trascendente y perdurable requiere disponer de un
    marco general distinto. Seguramente, una política basada
    simplemente en dar la vuelta a la estrategia deflacionista
    mediante la relajación del gasto, la disminución de
    los tipos de interés…, pero que no tenga en cuenta esas
    otras circunstancias "generales", institucionales,
    medioambientales, sociales o sencillamente políticas,
    llevaría con toda probabilidad a un
    estrepitoso fracaso.

    Soy consciente, pues, de que hablar de política
    económica alternativa al discurso
    neoliberal dominante requiere considerar un abanico de problemas
    contextuales muy importantes y de mucho mayor alcance de las que
    caben en estas páginas: desde la propia comprensión
    de la naturaleza de
    las necesidades humanas a la reconversión de la base
    energética del planeta, pasando por la reforma global del
    orden institucional internacional, por el problema de la democracia, de
    la violencia y el
    poder…

    Sin embargo, en este trabajo voy a
    prescindir conscientemente de plantear estos problemas
    contextuales con el detalle que seguramente hubiera sido
    necesario, dando por hecho que es preciso que "una nueva
    política social y económica para Europa" se
    inserte en una ecuación de cambio que trasciende el nivel
    de la inmediatez y lo puramente económico.

    Aquí voy a centrarme fundamentalmente en un
    aspecto más concreto del
    asunto: el análisis de propuestas alternativas desde
    la izquierda en el ámbito de lo que convencionalmente se
    denomina "política macroeconómica". Esto es, el
    conjunto de decisiones relativas al funcionamiento global de la
    actividad económica adoptadas con el fin de influir no
    sólo sobre el comportamiento
    de individuos, segmentos concretos o sectores de la actividad
    económica, sino sobre todos ellos de manera
    agregada.

    Y, además, quisiera hacer este planteamiento
    más concreto con una restricción
    añadida.

    A la hora de plantear alternativas se puede caer
    fácilmente en dos errores bastante simétricos. Uno
    es el adoptar lo que podríamos llamar una actitud
    nominalista y limitarse a sostener que cualquier planteamiento
    alternativo se resuelve con el cambio radical de las condiciones
    en que se formula el problema. Yo aceptaría sin dificultad
    que la solución a la insatisfacción y al dolor
    humano que provoca un sistema económico injusto y basado
    en la desigualdad sería instaurar una sociedad en
    donde hubiera quedado erradicada la explotación y la
    institucionalización de la injusticia, es decir,
    qué)lo que convencionalmente podemos denominar una
    sociedad socialista. Pero, contribuye a resolver por sí
    solo la formulación de ese desideratum?. Para que sirva
    efectivamente como referencia para la transformación es
    necesario que aquello que se ha concebido como concepto se
    vincule a las experiencias concretas en que se desenvuelven las
    realidades sociales y posiblemente eso obliga a considerar a los
    abstractos de referencia (socialismo,
    izquierda, progreso, mercado,…) como
    objetos en continuo proceso de
    rediseño. Cuando no se hace así, cuando el
    abstracto resulta el elemento sobredeterminante es cuando se cae
    en el nominalismo, un empeño tan a menudo enjundioso como
    siempre inútil.

    El otro error consiste, por el contrario, en despreciar
    el establecimiento de horizontes, lo que, en aras de la
    inmediatez, se suele resolver con una renuncia efectiva a
    modificar las inercias dominantes, impregnándolas tan
    sólo de ligeros matices que a la postre sólo
    podrán diferenciarse muy tenuamente. Los reformismos de
    tendencia claudicante son la expresión genuina de este
    fenómeno y se dilucidan finalmente en la frustrante
    proposición de que "no hay alternativas".

    Mi pretensión es contribuir a generar respuestas
    cuya aplicación fuese posible mañana mismo, porque
    entiendo que esas son las que son necesarias. Pero, al mismo
    tiempo, con la seguridad de que
    sólo traerían frustración si no se encajan
    en una perspectiva, a plazo más largo, de
    transformación radical de la sociedad
    capitalista.

    En suma, se trataría de evitar que, una vez
    más, la izquierda ante el poder vuelva a tener la misma
    disyuntiva de siempre: traicionar o perecer.

    Otra cuestión previa que ha de tenerse en cuenta
    es que las políticas neoliberales, y muy
    específicamente las económicas, han logrado
    afianzarse con éxito en nuestras sociedades, a
    pesar de sus contradicciones evidentes y de sus efectos tan
    negativos sobre el bienestar humano, precisamente porque
    constituyen una expresión muy acertada de lo que el
    sistema capitalista necesitó en un momento dado, tanto en
    lo relativo a la pura actividad de acumulación como en lo
    que respecta a la necesaria legitimación del sistema. Se puede decir
    entonces que son verdaderamente radicales, tanto porque han
    conseguido redefinir las condiciones estructurales en que se
    resuelven los problemas económicos de nuestra
    época, como por el hecho de haberlo conseguido generando y
    aplicando una estrategia omnicomprensiva que, sobre todo, vincula
    de manera indisoluble el problema económico con los del
    poder y la legitimación, es decir, con la
    política.

    De esa forma, el discurso neoliberal ha sido capaz de
    autoidentificarse plenamente, y hacer que sea identificado, con
    el orden del sistema, con el equilibrio de
    las cosas y con el principio de la razón; de manera que
    todo aquello que le es diverso tiende a ser percibido como la
    expresión de un disenso tan profundo que no puede llevar
    más que al lugar de la nada.

    Pero, no en vano, la época del neoliberalismo es
    la de las realidades virtuales. Nada más irreal que esa
    aparente confusión entre la política actual, el
    orden y el equilibrio. Y mucho menos, entre la economía y
    la satisfacción.

    El neoliberalismo ha podido configurarse como una
    estrategia tan exitosa gracias a que ha ocultado con eficacia la
    realidad frustrante que le ha sido intrínseca en los
    últimos años, a que realiza auténticos
    juegos
    malabares para evitar que la ciudadanía perciba de manera patente sus
    pretensiones implícitas, y gracias a que ha hilvanado un
    velo de elementalidades (libertad,
    mercado, responsabilidad, yo…) suficientemente aparentes
    como para convertirse en la base de un lenguaje
    común y convincente, incluso para muchos de aquellos cuya
    voluntad sincera fue la de situarse fuera del discurso
    neoliberal.

    Precisamente por ello, me parece que una tarea previa
    esencial es la de desnudar al discurso neoliberal, quitarle el
    velo que cubre las vergüenzas de la insatisfacción
    que provoca, de la destrucción física, del desorden
    social que se ha larvado y del conflicto
    reprimido que no se podrá ocultar por todos los
    tiempos.

    Entiendo, pues, que es más precisa que nunca la
    crítica
    radical de la política económica neoliberal, no
    como un simple ejercicio intelectual, sino procurando que de ella
    se nutra una conciencia
    ciudadana distinta, capaz de revolverse y resolver frente al
    bienestar virtual que aquella toma como bandera.

    El neoliberalismo triunfa como estrategia capaz de
    recuperar el beneficio y la capacidad de gobernabilidad de los
    intereses económicos más poderosos, y fracasa a la
    hora de satisfacer con generalidad las necesidades sociales. Pero
    es capaz de evitar que la sociedad perciba esto
    último.

    Justamente por ello, hay que ser conscientes de que una
    nueva política sólo podrá desarrollarse
    cuando los ciudadanos comiencen a echar cuentas de las
    frustraciones que trae consigo la incoherencia de la
    política neoliberal. Esto es, será posible
    sólo cuando las mayorías sociales se percaten de
    que es absolutamente necesaria frente a la realidad
    existente.

    2. POLITICA ECONOMICA
    ALTERNATIVA: LAS INEVITABLES RESTRICCIONES
    .

    Las decisiones económicas que toman los gobiernos
    son de muy distinta naturaleza. Unas veces se adoptan sobre
    parcelas muy restringidas de la actividad económica, pero
    de notable trascendencia; otras afectan a gran número de
    personas, lo que dificulta su instrumentación,
    aplicación y seguimiento. Unas requieren laboriosos
    trámites parlamentarios, otras un complejo análisis
    técnico para evitar efectos perversos. No siempre,
    además, las medidas de política económica
    que afectan a la actividad se adoptan desde los mismos niveles de
    gobierno, o dicho
    de otra forma, puede ser que desde cada uno de ellos se
    actúe de manera contradictoria, anulando unas medidas a
    otras.

    Todo esto quiere decir que es preciso que las decisiones
    que en conjunto conforman lo que conocemos como política
    económica respondan a un diseño
    previo y homogéneo, en donde esté bien delimitado
    cuál es el alcance que se pretende dar a cada una de
    ellas, los objetivos que persiguen, la naturaleza de los medios
    más adecuados para alcanzarlos, etc.

    En definitiva, e incluso en la sociedad más
    liberal, es siempre preciso una cierta regulación
    macroeconómica, es decir una intervención
    sistemática sobre todas las circunstancias que globalmente
    influyen sobre los principales problemas económicos que se
    desea resolver.

    Igualmente, eso quiere decir también que las
    decisiones de política económica no pueden ser el
    resultado de un designio caprichoso. Hoy día sabemos ya
    con precisión que determinadas actuaciones llevan consigo
    determinado tipo de efectos o que medidas de una determinada
    naturaleza originan cambios en uno u otro sentido.

    Por lo tanto, no sólo es necesario tener un
    diseño previo, sino que éste debe ser, a su vez,
    viable, rigurosamente realizable. La escasez a la que
    sin duda nos enfrentamos, o los límites
    energéticos, los poderes diferentes que vienen dados por
    una específica definición del haz de derechos de los que pueden
    disfrutar los diferentes agentes, por ejemplo, no siempre
    permiten que cualquier medida, de cualquier modo formulada, sea
    viable.

    También sabemos que la actividad económica
    está sujeta a algunas leyes, aunque no
    siempre podamos tener perfecta constancia de cuáles son, y
    con qué expresión vamos a encontrarlas en un
    determinado momento histórico.

    Conocemos, igualmente, que de los distintos instrumentos
    de intervención que pueden utilizarse para hacer efectivas
    las diversas decisiones de política económica se
    derivan efectos muy distintos. Pero quizá no tengamos
    plena seguridad sobre cuál va a ser su diferente magnitud.
    Es decir, que será necesario evaluar previamente cada uno
    de ellos y optar de manera discrecional, en virtud de los
    objetivos que preferentemente deseemos alcanzar.

    En otras ocasiones, quizá ni tan siquiera se
    pueda saber a ciencia cierta
    qué efectos provocarán las decisiones.

    En definitiva, pues, cuando se plantea un diseño
    determinado de la política económica es preciso
    disponer de un análisis previo lo más riguroso
    posible sobre el "marco global" en el que se insertan las
    decisiones. La improvisación o la falta de fundamento
    serán siempre errores que terminarían
    pagándose caros por la sociedad.

    Esto justifica por sí solo que en estas
    páginas me limite a proponer algunas ideas directrices,
    sobre las cuales, y de manera mucho más rigurosa y
    singularizada, habrá que volver en el futuro.

    Ahora bien, además de las determinantes
    analíticas a las que hecho sucinta referencia arriba, y de
    las que trataré de ocuparme más abajo, hay un
    asunto previo que me parece preciso abordar aunque,
    significativamente, no suele ser objeto preferente de
    consideración en los análisis ortodoxos o
    convencionales.

    La macroeconomía y la democracia

    He adelantado que las decisiones de política
    económica que se adopten deben ser consecuentes con los
    objetivos formulados y, además, viables y
    adecuadas.

    cómo se definen los objetivos que va a perseguir
    la)Ahora bien política económica?.

    Aunque me ocuparé en el siguiente epígrafe
    del asunto de la definición de los objetivos, debe ahora
    quedar claro que su establecimiento, que al fin y al cabo es lo
    que determina los instrumentos que deben luego aplicarse y el
    tenor concreto de las medidas distintas de política
    económica que se adoptan, no pueden ser más que el
    resultado de una preferencia social.

    En los manuales
    convencionales más al uso se definen siempre los objetivos
    que persigue la política macroeconómica.

    Se suele coincidir señalando que éstos
    son: producción (elevado nivel, rápida
    tasa de crecimiento), empleo (lograr elevar el nivel de empleo o
    bajar el nivel de desempleo involuntario), estabilidad del nivel
    de precios con
    libertad de mercados, equilibrio exterior (equilibrio entre las
    exportaciones y
    las importaciones y
    estabilidad del tipo de
    cambio).

    qué prioridad se establece y por)Por qué
    estos y no otros?, ) qué cuando uno de ellos pueda
    conseguirse sólo limitando la consecución de
    quién es el agente o la institución que debe o
    puede dar respuesta a)otro?, estas preguntas?.

    Cualquiera que hojee un libro de
    macroeconomía convencional, o simplemente una introducción ortodoxa a la economía,
    podrá comprobar que los objetivos descritos de tal forma
    se consideran como algo intrínseco a la propia
    macroeconomía y, en consecuencia, indiscutibles. Se
    presentan como algo tan elemental y lógico que no parece
    que tengan que ser puestos en cuestión.

    El asunto sin embargo, tiene bastante
    trascendencia.

    Los objetivos de la política económica
    nunca son el resultado de una decisión neutral, sino el
    resultado de que algún agente o colectivo social ha
    estado en
    condiciones de establecer con prioridad una determinada
    preferencia que le es genuinamente propia.

    Piénsese, por ejemplo, en un caso
    paradigmático.

    Por qué la equidad, la
    justicia en la
    distribución de la) renta, no se considera
    un objetivo
    esencial de la macroeconomía?.

    En puridad, no puede argumentarse su dificultad a la
    hora de conseguirla por los medios que están a nuestro
    alcance, puesto que la realidad muestra
    precisamente que la pauta distributiva se está modificando
    permanentemente, en un sentido u otro, como consecuencia del
    funcionamiento de los mercados o de la intervención de los
    gobiernos. Sabemos, por ejemplo que determinadas figuras
    impositivas son más igualitarias que otras, o que todo lo
    que afecte, en un sentido o en otro, a los salarios
    monetarios influye también de una manera u otra en la
    distribución de los ingresos.

    Tampoco hay razones rigurosamente fundadas para sostener
    que avanzar hacia soluciones
    más equitativas implique mayor dificultad para lograr la
    consecución de los demás objetivos que se fijan
    convencionalmente, salvo que lo que se desee efectivamente sea
    distribuir asimétricamente a favor del
    beneficio.

    La respuesta entonces a esas preguntas no puede ser otra
    que considerar que la exclusión de la equidad como
    objetivo de la macroeconomía es el resultado de una
    determinada opción. Y que ha sido adoptada sólo en
    virtud de que quienes la sustentan han estado en condiciones de
    imponer su preferencia particular, o de establecerla como si
    fuera una preferencia "general".

    La actividad económica no es más que una
    lucha permanente por el reparto. No cabe pensar que nadie sea
    indiferente a cuál sea el resultado del reparto. Y puesto
    que cada agente económico tiene un interés en ello,
    tiene también una estrategia y una preferencia sobre el
    resultado distributivo que pueda alcanzarse.

    En sentido riguroso, como decían ya los primeros
    economistas clásicos, ese es el asunto esencial de la
    economía.

    Es cierto que a los economistas no les interesa, en el
    sentido de que no es el objeto de su estudio, cómo se
    forman las preferencias en la sociedad, cómo puede un
    determinado grupo social
    conseguir que su preferencia aparezca como mayoritaria para
    imponerla a los demás.

    Pero eso no quiere decir, sin embargo, que la
    economía, y especialmente la política
    económica, sean independientes de ello.

    La actividad económica es una dimensión
    singular de las estrategias
    humanas de cara a hacer frente a la necesidad (y ésta no
    es sólo la de tener, sino también la de ser o
    relacionarse) y, en consecuencia, se subordina a esa estrategia
    general.

    Esto quiere decir que los objetivos le vienen dados a la
    política económica por las preferencias sociales,
    no son definidos con independencia
    de ellas.

    Por consiguiente, cualquier planteamiento sobre
    política económica debería partir de hacer
    referencia a las condiciones en que se establecen esas
    preferencias.

    O dicho de otra manera; puesto que el diseño de
    toda política económica nace de la
    definición de unos objetivos que responden a unas
    determinadas preferencias, es justo que la sociedad resuelva
    previamente la fórmula que permita que los objetivos se
    definan de manera que sean un fiel reflejo de los mayoritaria y
    efectivamente deseados.

    Nuestra sociedad vive en una lamentable esquizofrenia.
    Basada en el reconocimiento de que la democracia es la
    única mecánica que permite salvaguardar la
    libertad de los individuos, deja de utilizarse cuando se trata,
    sin embargo, de abordar el problema fundamental de los seres
    humanos: a saber, la satisfacción incluso más
    elemental de sus necesidades materiales.

    No puede haber, pues, una política
    económica orientada al bienestar general si sus
    definiciones más esenciales no respetan el deseo
    mayoritario de los ciudadanos. No puede haber política
    económica que satisfaga preferentemente las necesidades de
    la mayoría de la población si no hay una auténtica
    democracia.

    Se podría argumentar que determinado tipo de
    relaciones económicas no dependen de la voluntad
    ciudadana, lo que impide que su determinación sea
    democrática.

    Pero este es un tipo de argumentación que
    responde a una definición circular de lo que debe
    considerarse como opción de política
    económica. Se definen unos determinados objetivos que de
    suyo implican un tipo específico de relaciones y, en
    consecuencia, no pueden admitirse variantes puesto que se salen
    de los objetivos predeterminados: es deseable una economía
    de mercado, los capitales fluyen libremente, luego no puede
    admitirse que los capitales no fluyan libremente porque
    dejaría de darse, entonces, una economía de
    mercado.

    Los economistas ortodoxos olvidan con demasiada
    facilidad que están hablando de la elaboración o
    puesta en práctica de estrategias sociales, no de la
    contemplación de fenómenos naturales que queden
    fuera del control de los demás seres humanos y que
    sólo aquellos pueden llegar a conocer y darle respuesta.
    Por eso asumen con generalizada frecuencia que las hipótesis de partida son
    inamovibles.

    Por el contrario, afirmar que puede haber formulaciones
    alternativas, de cualquier tipo que éstas sean, es el
    resultado lógico y más realista de admitir que
    pueden variar las preferencias sociales, como de hecho han ido
    cambiando a lo largo de la historia, que
    quiérase o no, está todavía
    inacabada.

    Sintomáticamente, el ascenso de las
    políticas neoliberales ha ido acompañado de un
    debilitamiento de la democracia. No necesariamente entendida
    ésta como mecánica para la representación
    social (que puede haberse extendido), sino como procedimiento
    para el planteamiento de los problemas
    sociales y para la resolución de los conflictos que
    naturalmente conlleva. Así, se ha multiplicado la
    influencia de los organismos o fuentes de
    decisión que se sitúan fuera o más
    allá de los institutos sometidos habitualmente al control
    democrático (Banco Mundial,
    Fondo Monetario
    Internacional, bancos centrales
    autónomos…), en donde la decisión no está
    sujeta a procedimientos
    institucionales democráticamente preestablecidos (G-5), o,
    sencillamente, bloqueando el propio desarrollo
    institucional que podría servir de contrapeso a las
    decisiones ejecutivas (Parlamento frente a Comisión
    europeos).

    Este debilitamiento de la democracia ha ido
    acompañado de una creciente capacidad de
    intervención ideológica y de la conformación
    de un sistema de valores que lo han hecho posible y han permitido
    la asunción del propio discurso neoliberal por sectores
    sociales de elevado peso específico en el sistema de
    representación social. Sin necesidad de beneficiarlos
    específicamente, la política neoliberal ha tenido
    la capacidad de gratificarlos virtualmente gracias al sistema de
    referencias morales creadas, sobre todo, en torno a una pauta
    social de consumo que
    permite que los individuos identifiquen preferentemente la
    satisfacción con la aspiración y la
    expectativa.

    En consecuencia, entiendo que el requisito previo para
    hacer viable una nueva política económica social es
    precisamente "la democratización de la democracia", en
    palabras de A. Guiddens, que permita entonces plantear
    órdenes de objetivos diferentes y sostener las decisiones
    en las preferencias que se hayan revelado efectivamente
    mayoritarias a través de experiencias de "democracia
    dialogante", también en expresión del mismo autor,
    y no sólo como resultado de sortear con habilidad la
    mecánica representativa.

    El contexto internacional: globalización y poder
    supranacional

    Una segunda restricción condiciona de manera
    fundamental la posibilidad de aplicar políticas
    alternativas y, de hecho, estará determinando cualesquiera
    de los planteamientos a los que voy a referirme más abajo.
    Me refiero al marco y a las circunstancias internacionales en el
    que se inserta cualquier economía y de las que dependen en
    una buena medida las decisiones de política
    económica que allí se adopten.

    Al menos hay que tener en cuenta cuatro fenómenos
    que hoy día constituyen restricciones de primer orden a la
    hora de poner en práctica políticas encaminadas a
    fortalecer principalmente intereses nacionales y, a su vez, de
    los más desfavorecidos.

    El primero de ellos es que nuestra época se
    caracteriza por un extraordinario grado de interrelación
    entre las economías y las sociedades. Como suele ser
    decirse, vivimos en un mundo globalizado, en donde lo que sucede
    o se realiza en un lugar concreto condiciona y está
    condicionado por lo que sucede en el resto del
    planeta.

    Bien es cierto que la mundialización no se da
    cuando se trata hacer frente a las necesidades humanas, de
    garantizar una pauta de satisfacción generalizada, sino
    que se limita más bien a expresarse como la constitución de un mismo territorio para el
    capital. Pero,
    con independencia de ello, lo cierto es que hoy día el
    régimen de intercambios se desenvuelve sin entender de
    fronteras; lo que implica una dificultad, que puede llegar a ser
    absoluta, a la hora de incidir en él desde un
    ámbito espacial concreto y singularizado.

    Los movimientos planetarios de capital, el comercio
    internacional de mercancías y servicios,
    incluso la propia circulación de personas, el marco
    exterior como referencia y condicionante permanente de la
    eficacia interna, el entramado institucional de caracter
    supranacional cada vez más amplio, por no hablar de la
    omnipresencia de las empresas
    multinacionales, son realidades que no se pueden soslayar cuando
    se diseña una política económica nacional,
    porque los resultados que ésta pueda alcanzar
    dependerá siempre de todos ellos.

    Un segundo fenómeno, muy vinculado al anterior,
    es la consolidación de procesos de
    integración regional que terminan por
    absorber una buena dosis de soberanía, especialmente en el campo de la
    política económica, lo que provoca, cuando se
    está integrado en ellos, que la capacidad de maniobra que
    pueden llegar a tener las políticas nacionales sea a veces
    extraordinariamente reducida.

    Un tercer factor a considerar es que la
    internacionalización no se produce en condiciones de
    simetría y poder repartido, sino, por el contrario, bajo
    estructuras
    imperialistas asociadas a una enorme dependencia comercial,
    tecnológica, cultural o sencillamente militar, de tal
    forma que cualquier política económica nacional no
    sólo debe pasar el test nacional y
    someterse además a un juego
    complicado de equilibrios a nivel internacional, sino, lo que es
    peor, también a la posibilidad de que llegue a cuestionar
    el orden en el que se resuelve el conflicto de intereses a nivel
    mundial; situación que suele provocar respuestas que van
    más allá del simple ajuste
    económico.

    Sucede, por último, que nuestra época,
    quizá como cualquier otra pero ahora de forma mucho
    más agudizada, se caracteriza porque el poder que permite
    aplicar o neutralizar las decisiones sociales es
    internacional.

    Estas circunstancias llevan a veces a pensar, con la
    colaboración nada gratuita de los grandes medios de
    difusión cultural y de conformación de la opinión
    pública, que se trata de un marco exterior inamovible.
    Sin embargo, cuando se comprueba hasta qué punto el
    planeta se deteriora como consecuencia de la pervivencia del
    orden socio-económico en el que vivimos, cuando se
    constata el sufrimiento y la insatisfacción crecientes que
    padece la mayor parte de los seres humanos y cuando además
    es claramente comprobable que todo ello convive con el
    despilfarro y la opulencia, la necesidad de replantear el
    modelo de
    crecimiento global y hacer frente a los núcleos de poder
    que lo sostienen constituye un auténtico imperativo
    ético; que habrá que asumir antes de que sea
    demasiado tarde y si es que se quiere evitar una conmoción
    de aspectos y consecuencias inimaginables.

    Pero además de ser un puro imperativo moral, la
    transformación hacia el bienestar y la sostenibilidad del
    actual orden internacional resulta una condición
    inexcusable para avanzar, no ya en políticas radicales
    (que en mi opinión son igualmente tan deseables como
    necesarias), sino incluso para tratar de galvanizar
    mínimamente la actividad productiva en las naciones, para
    evitar la destruccción masiva de empleos o, sencillamente,
    para frenar una dinámica depresiva y de inestabilidad
    permanente a la que es imposible que ni las economías
    capitalistas más liberalizadas puedan acostumbrarse sin
    trauma.

    En consecuencia, hay que reconocer que para que pueda
    llegar a ser posible cualquier política alternativa al
    neoliberalismo, y me temo que incluso en sus versiones más
    edulcoradas, es necesario haber forzado un marco diferente de
    relaciones
    internacionales que permita la efectiva protección de
    los espacios y las economías más débiles,
    una regulación global orientada a re-nacionalizar los
    flujos financieros y el establecimiento de una autoridad
    mundial para el comercio
    internacional que reconduzca el gravísimo proceso de
    empobrecimiento que ha sido causado a la mayoría de las
    naciones del planeta.

    En mi opinión, y aunque esto pueda sonar a
    chasquido en los oídos más habituados al discurso
    neoliberal, hay que perder el miedo a plantear conceptos y
    estrategias que, reformulados a la luz de las nuevas
    condiciones sociales y económicas, comportan un sentido
    mucho más lógico y efectos mucho más
    beneficiosos sobre el bienestar. Me refiero, por ejemplo, al
    proteccionismo, o una una nueva regulación del comercio
    internacional si se desea una expresión más suave,
    no sólo como fórmula simplemente defensiva (que ya
    de suyo estaría justificada), sino como expresión
    de un orden comercial más cuidadoso con la dotación
    existente de los recursos y
    más favorable a los intereses generales.

    Sin embargo, la necesidad de ese horizonte de cambios en
    el contexto internacional no debe contemplarse como una hipoteca
    definitiva para la ejecución de políticas
    económicas de izquierda a nivel nacional. Todo lo
    contrario. Entre esas dos dimensiones existe una
    dialéctica esencial de la cual depende el ritmo de los
    cambios sociales en nuestro mundo. Porque si bien el actual
    estado de fuerzas mundial puede con razón considerarse
    como un potentísimo corsé de la política
    nacional, no es menos cierto que sólo haciendo real por
    necesaria a ésta última se podrán poner en
    movimiento las
    mutaciones imprescindibles en el orden internacional.

    3. LOS OBJETIVOS DE UNA POLITICA
    ECONOMICA DEMOCRATICA

    Una de las connotaciones más significativas de la
    política neoliberal ha sido la definición de los
    objetivos e instrumentos de política económica sin
    hacer referencia expresa a las condiciones de la economía
    real, a los costes o beneficios sociales o productivos que
    originan, de manera cierta o previamente estimada. Se trata,
    pues, de un planteamiento puramente nominal de la política
    económica, gracias al cual se ha podido diluir la
    naturaleza real de las políticas neoliberales y disociar
    su formulación retórica de los efectos que provoca
    en la realidad social.

    Los gobiernos de inspiración neoliberal articulan
    la política macroeconómica, y en general el
    conjunto de sus decisiones políticas de trascendencia
    económica, como si fuese posible transformar las
    condiciones reales actuando tan sólo en escenarios que no
    lo son, creando así una auténtica realidad
    virtual en donde se pretende que se hagan efectivas las
    políticas económicas. Se gobierna para los
    mercados, como si éstos fueran seres de carne y hueso que
    reaccionan con la alegría o el dolor del maestro que
    vigila la tarea que deben realizar sus pupilos.

    Lo cierto es, sin embargo, que detrás de ese
    nominalismo se esconde una pérdida tremenda de bienestar
    social, una auténtica andanada contra las rentas
    salariales y los derechos sociales, pues al socaire de una
    expectativa que no es más que una obsesión
    inconquistable, lo que se persigue es el sacrificio y la renuncia
    a la satisfacción de las clases menos
    favorecidas.

    En consecuencia, es una tarea primordial conseguir que
    se haga explícito el objetivo mediato de las
    políticas económicas, lo que sólo puede
    conseguirse a través de una doble estrategia: repudiando
    con contundencia democrática las políticas que
    lleven consigo el empeoramiento en las condiciones de vida, y
    reclamando que la política económica recobre el
    norte de las condiciones reales en que se desenvuelve actualmente
    el bienestar ciudadano.

    Esto último requiere establecer objetivos finales
    de la actividad económica que se traduzcan de manera
    efectiva en un mayor bienestar, determinar su expresión
    inmediata que se corresponda con cada coyuntura, y fijar los
    instrumentos que pueden permitir acercarse a ellos evaluando sus
    posibilidades, alcance y limitaciones.

    Un necesario "triángulo mágico": empleo,
    igualdad y
    sostenibilidad

    En mi opinión, los tres grandes objetivos a los
    que debe plegarse en cualquier caso la acción
    gubernamental deberían ser los siguientes. En primer
    lugar, la creación de empleo, pues no de otra forma se
    garantiza que los ciudadanos dispongan de los ingresos que le
    garantizan una vida digna. En segundo lugar, la
    consecución de una distribución de las rentas
    más igualitaria, puesto que del incremento de la
    desigualdad se sigue no sólo mayor malestar, sino
    también la menor eficiencia
    derivada del despilfarro que supone la pobreza y la
    marginación en un mundo con recursos suficientes para
    erradicarlas. Finalmente, la sostenibilidad medioambiental ya
    que, siendo éste un requisito imprecindible en todo
    sistema cerrado, su incumplimiento por un modelo de crecimiento
    dilapidador ha llevado a una situación cercana a los
    límites de admisibilidad.

    Naturalmente, la asunción de estos objetivos
    comportan problemas serios si es que no se desea limitarse a
    reproducir postulados meramente nominalistas y abstractos. Es
    preciso avanzar en la definición concreta de cada uno de
    ellos y abordar cuestiones como la naturaleza de los requisitos
    de sostenibilidad que deben ser adoptados, el análisis de
    las condiciones y mecanismos necesarios para llevar a cabo la
    evaluación de los impactos de las medidas
    que pretenden alcanzarlos; por ejemplo, para poder determinar el
    efecto sobre la desigualdad de una política
    económica concreta, o cuándo se aumenta o disminuye
    la igualdad interpersonal. Y, de manera primordial, avanzar en el
    diseño de magnitudes, índices y criterios relativos
    a las connotaciones cualitativas del bienestar, o simplemente que
    permitan cuantificar los fenómenos económicos
    reales con más precisión de la que hace gala la
    economía convencional.

    Puesto que, además, se trata de objetivos
    mediatos, es decir que se pueden lograr en la medida en que se
    articulen decisiones más concretas que los respeten, es
    necesario también singularizar sus expresiones más
    cercanas, en cada coyuntura concreta.

    En relación con el empleo creo que se deben tener
    en cuenta tres grandes cuestiones: productividad,
    crecimiento y naturaleza del trabajo en las sociedades que deseen
    avanzar hacia el empleo suficientemente generalizado como paraga
    garantizar medios de susbsistencia a la
    población.

    En las economías capitalistas, el control de las
    condiciones en que pueden lograrse incrementos en la
    productividad se convierte en una piedra de toque esencial para
    la consecución del beneficio. En las condiciones actuales,
    quienes están en condiciones de ejercer dicho control
    pueden desenvolverse con mucha mayor facilidad en los mercados y,
    en particular, ubicarse geográficamente con mucha mayor
    ventaja. Puesto que esa capacidad no está al alcance de
    todos los agentes y empresas, sino que se reparte muy
    asimétricamente, ha provocado y hecho necesaria la
    generalización de estrategias de relocalización que
    llevan consigo la desindustrialización selectiva que
    provoca regueros ingentes de desempleo y empobrecimiento
    allí donde se produce. Sin embargo, este proceso no
    sólo es indeseable por sus consecuencias sobre el
    bienestar y la actividad económica, sino que sería
    incluso innecesario si la estrategia predominante no consistiera
    preferentemente en la salvaguarda de los conglomerados
    industriales cuya dimensión y estructura les lleva
    inevitablemente a situarse en niveles de beneficios
    extraordinarios. De esa forma, se produce uno de los efectos
    perversos más típicos de nuestras economías:
    mientras que se fortalecen esas estrategias conducentes a
    multiplicar la oferta, se
    deteriora la demanda, lo
    que provoca de manera inevitable la sobreproducción y la
    saturación de los mercados y la crisis
    permanente, a la que sólo se puede hacer frente en un
    proceso de expansión ininterrumpida que sólo
    conlleva un agravamiento del mismo problema.

    Pero el grado de insatisfacción existente hoy
    día en el planeta, e incluso en el seno de los
    países más desarrollados, permitiría
    realmente que se llevara a cabo un uso más intensivo (y
    respetuoso con el medio
    ambiente) de los recursos, por lo que no sólo no
    tendría que disminuir la oferta global, sino que incluso
    requeriría impulsos más potentes.

    Para ello sería necesario regular de manera
    efectiva el régimen de competencia muy
    imperfecta que imponen las empresas multinacionales, para
    erradicar el sistema generalizado de recursos dilapidados y
    mantener niveles de rentabilidad
    en las franjas no oligopolizadas, generadoras de más
    empleo y respetuosas con el principio de
    sostenibilidad.

    La evaluación más conservadora de la
    balanza actual entre necesidades y recursos potencialmente
    utilizables lleva a considerar plenamente factible la
    potenciación de las actividades productivas intensivas en
    mano de obra sin que de ello se derive un perjuicio insalvable
    incluso para los intercambios que se realizan desde la óptica
    capitalista.

    Naturalmente, eso sólo podría suceder si,
    al mismo tiempo, la regulación macroeconómica
    actúa fundamentalmente para generar impulsos a la
    actividad económica, en lugar de frenarla como actualmente
    sucede.

    Por lo tanto, en las condiciones de recursos
    inutilizados, de desempleo y depresión
    de la demanda, no sólo es deseable, sino que
    constituiría la estrategia más adecuada, el impulso
    de políticas de carácter expansivo, siempre que no se
    conciban sencillamente como una imagen vicaria de
    las políticas conservadoras y que se sujeten al principio
    de sostenibilidad: es decir, que no se limiten a lograr la
    expansión expresada a través de variables
    nominales y ajenas a la dimensión cualitativa del crecimiento
    económico, sino que consistan en la
    dinamización de las nuevas actividades productivas que
    encajan en el triángulo
    empleo-igualdad-sostenibilidad.

    Para que ello sea posible, es necesario que se realice
    una comprensión radicalmente distinta de la productividad.
    No debe tratarse, linealmente, de plantear si se limita o si se
    favorece su crecimiento. Hoy día, la productividad viene
    determinada principalmente por la aplicación de
    tecnologías de la información y ésta última se
    caracteriza porque se incorpora de manera transversal en el
    sistema productivo. Eso quiere decir que la productividad no se
    alcanza de manera homogénea en el sistema y que su
    dinámica tiene efectos muy diversos en las diferentes
    actividades económicas.

    Se soslaya con demasiada frecuencia que los niveles de
    productividad alcanzados o alcanzables no son ineluctables sino
    aquellos que han sido deseados. De hecho, hoy día (como
    siempre, aunque en mayor medida que en otras épocas pues
    nunca se tuvo tecnología con tanta
    capacidad para intervenir sobre la propia tecnología como
    ahora) en nuestra economía se "gobierna" la productividad,
    pero sucede que eso se realiza en función,
    exclusivamente, de aumentar el nivel de beneficio.

    Debe tratarse, pues, de reconducir el uso realizable de
    la tecnología para que los niveles de productividad
    alcanzables, en cada actividad o en cada momento, sean los
    preferidos, por contribuir de mejor manera al bienestar general,
    por la sociedad en su conjunto.

    Puesto que la actividad económica y el nivel de
    empleo de los que depende el bienestar social estarán
    siempre determinados por la productividad, si se quiere que se
    modifique la actual pauta desigual de satisfacción social
    será necesario poner sobre el tapete la cuestión de
    los usos sociales de la tecnología, reconociendo
    definitivamente que el progreso técnico es un abstracto
    cuyas expresiones concretas también hay que hacerlas
    depender de las preferencias ciudadanas.

    En relación con el empleo es también
    necesario plantearse adicionalmente que, pese a todo, la
    disponibilidad (que no tiene que ser, sin embargo, apresurada) de
    una base tecnológica más avanzada permite ahorros
    de tiempo de trabajo, prácticamente en cualquier actividad
    productiva. Esto implica que mantener el objetivo de pleno empleo
    requiere "reinventar" el propio concepto de trabajo, o
    quizá más concretamente, el de puesto de trabajo y
    el de tiempo de trabajo, aunque nada de eso puede llevar a
    hipotecar el principio de que el empleo debe ser la fuente del
    ingreso suficiente para la población. Los empleos
    vinculados a llamada producción ecológica, a
    unidades productivas pequeñas y descentralizadas, a los
    contextos comunicativos entre productores y consumidores, y con
    preponderancia de la actividad humana o incluso artesanal, los
    relacionados con relaciones económicas exógenas al
    intercambio puramente mercantil y orientados más bien
    hacia la producción de valores de uso, entre otros,
    tendrán que ser objeto de un nuevo tipo de estrategias de
    empleo cuando la técnica (a la que no tiene sentido
    renunciar) permite un régimen de producción de
    los valores de
    cambio con menos presencia del trabajo.

    Aunque es conocida la dificultad inherente a definir
    como objetivo global de la política económica a la
    igualdad hay un principio que me parece esencial: debe
    conseguirse desde allí donde se inician los procesos que
    dan lugar a la desigualdad, mejor que a través de
    mecanismos compensadores o simplemente
    re-distributivos.

    Con esta idea, creo que es posible (y desde luego
    necesario) avanzar en el sentido de determinar las condiciones
    que, generadoras precisamente de desigualdad, deben ser en
    cualquier caso sorteadas.

    Me refiero, por ejemplo, a la necesidad de evitar con el
    mayor rigor el poder de mercado que origina la quiebra de la
    competencia que resulta ser habitual en economías
    oligopolizadas. Tiendo a pensar que los discursos
    progresistas (en donde tampoco es difícil encontrar buenas
    dosis de convencionalismo esterilizante) han reaccionado muy
    mecánicamente en relación con el problema de la
    competencia. Aunque tengo el convencimiento de que, en cualquier
    caso, no puede tratarse de reivindicar el marco idealizado e
    irrealizable que proclama la economía ortodoxa, entiendo,
    sin embargo, que debería considerarse un planteamiento
    alternativo que entendiera el marco de competencia como la
    expresión de un régimen general en donde se
    garantizara y defendiera el intercambio en condiciones del
    más alto grado posible de simetría, como
    expresión de la difuminación de los poderes
    privilegiados de actuación que hoy día predominan
    en los mercados. Es decir, teniendo en cuenta que el "problema"
    no son los mercados, sino la naturaleza de los derechos de
    apropiación establecidos en su entorno que son los
    factores que llevan consigo el privilegio y la condición
    desigual de acceso a los recursos y resultados del
    intercambio.

    Finalmente, también el objetivo global de
    sostenibilidad debe ser matizado y concretado, entiendo que sobre
    todo en la línea de lo que podríamos llamar el
    principio de "limpiar, para producir y consumir con limpieza";
    esto es, procurando de forma prioritaria la eliminación de
    los costes sociales actualmente soportados y la generación
    de los beneficios que llevaría consigo un régimen
    de producción respetuoso con el medio ambiente y una pauta
    general de consumo no despilfarrador.

    Es evidente que, no ya lograr, sino tan sólo
    encaminarse hacia objetivos de esta naturaleza requiere asumir
    una orientación muy tajante contra el orden de prioridades
    hoy día existente, sobre todo, en tres grandes cuestiones.
    En primer lugar en la defensa y profundización de la
    democracia. No se trata tan sólo, como apunté
    más arriba, de salvaguardar las formas de
    representación, sino de conseguir mecanismos adecuados y
    efectivos para que se puedan manifestar e incluso galvanizar las
    preferencias sociales, lo que lleva a pensar en una
    auténtica "revolución
    cultural" que aborde problemas como "el control
    democrático de las politicas científicas, la
    ampliación de la igualdad de oportunidades en los campos
    de la información y la
    comunicación, la generalización del pensamiento
    crítico de la enseñanza reglada y un uso alternativo
    (formativo, educativo) de los medios públicos de comunicación que por lo general hoy
    día actúan como medios de desinformación y
    como opiáceos para el pueblo".

    En segundo lugar, en el orden puramente productivo se
    hace preciso avanzar justamente en la linea contraria a la
    marcada en los últimos años por las
    políticas neoliberales. Es necesario, efectivamente,
    navegar contracorriente de la universalización de lo
    mercantil para favorecer, por el contrario, la consecución
    de un régimen de vida armónico con la
    auténtica naturaleza
    humana, la desaparición de las desigualdades
    lacerantes, el imperio de la banalización, la
    represión y la droga o las
    guerras.

    En tercer lugar, es necesario también invertir la
    pauta de consumo prevaleciente en el orden, no sólo de
    evitar el despilfarro que ocasiona una inestabilidad permanente
    en la gestión
    general de los recursos, sino incluso como fórmula de
    lograr una nueva percepción
    social de las prioridades económicas y, sobre todo, un
    nuevo tipo de relación entre el ser humano y el
    medio.

    Todo ello será posible si se avanza hacia la
    reforma de la contabilidad
    nacional, hacia la programación y planificación económica de las
    grandes decisiones de los poderes públicos, hacia la
    descentralización y reforma de los derechos
    de apropiación, hacia la disminución efectiva del
    tiempo de trabajo y, sobre todo, hacia el reparto más
    igualitario de los ingresos y la riqueza.

    4. LOS
    INSTRUMENTOS

    Naturalmente, la consecución de objetivos
    generales como los que he señalado o de sus expresiones
    más concretas, requiere disponer de instrumentos adecuados
    que, además, se utilicen de manera que no desencadenen una
    desestabilización más profunda que la que ahora
    viene provocando el desaguisado de la macroeconomía
    neoliberal preocupada preferentemente por facilitar, mediante las
    políticas deflacionistas, el desenvolvimiento de las
    grandes empresas y de las grandes masas de recursos financieros
    orientados a la ganancia especulativa.

    Habría, pues, que maniobrar en cinco campos
    específicos.

    – Políticas de programación
    económica.

    Se quiera o no, la frontera que
    hoy hay que cruzar para situarse dentro o fuera del paradigma
    neoliberal dominante en política económica se deja
    la mayor libertad a los mercados)es bien sencilla de definir:
    instituidos en un régimen de derechos de
    apropiación claramente favorables a quienes ya disfrutan
    de mayores ventajas en el intercambio, o, por el contrario, se
    interviene contra ello para reconducir la orientación de
    los intercambios y favorecer de esa manera una régimen
    general de apropiación más propicio para quienes en
    la situación anterior se ven perjuidicados siendo, sin
    embargo, la gran mayoría de la sociedad?.

    Como es obvio, la opción en uno u otro sentido es
    siempre legítima, y además no responde -a pensar de
    las prédicas de los apóstoles del pensamiento
    único- a criterios científicos, sino a
    preferencias, intereses o valores.

    En mi opinión, lo que carece de sentido, por no
    calificarlo de forma menos benevolente, es tratar de conjugar
    proyectos o
    estrategias socialdemócratas o socialistas al mismo tiempo
    que se asume sin el menor pudor, más bien con la mayor
    seducción, que es a los mercados capitalistas
    (léase, mercados desiguales y asimétricos, no
    competitivos por definición institucional y
    jurídica) a quienes corresponde determinar el destino de
    los recursos y los colectivos sociales que serán
    agraciados.

    Si se está pensando sinceramente en el
    diseño de nuevas políticas económicas
    alternativas al modelo dominante, una cuestión prioritaria
    debería ser aceptar la necesidad de que el uso de los
    recursos sociales esté sujeto a una lógica
    específica que no puede ser la del lucro de grupos
    minoritarios, sino aquella que deriva de la ecuación
    concreta de la satisfacción general de la sociedad en su
    conjunto en un determinado momento. Se trata, pues, de
    "economizar" los recursos disponibles no sólo en el
    sentido crematístico del término (lo que ni tan
    siquiera el mercado capitalista puede garantizar pues nunca puede
    llegar a ser de competencia
    perfecta), sino quizá en el sentido
    aristotélico mucho más amplio que vincula la
    actividad económica a la vida y no al dinero, al
    sentido de la necesidad, en lugar de al beneficio.

    Esto implica que se debe disponer de procedimientos
    adecuados de programación y planificación
    económica que, solapándose con los demás
    mecanismos de asignación que es necesario mantener en
    sociedades tan complejas como las de nuestros tiempos, garanticen
    que la actividad económica se oriente, de manera
    prioritaria, a satisfacer la batería mínima de
    necesidades que se hayan determinado previamente.

    Esa no es sólo la fórmula para satisfacer
    de manera más efectiva y equitativa las preferencia
    sociales. Además, y tal y como muestran diariamente los
    propios agentes e instituciones
    capitalistas, resulta que sólo gracias a la
    programación se puede alcanzar un uso mucho menos
    despilfarrador de los recursos y evitar el derroche que
    paradójicamente caracteriza a nuestras sociedades
    capitalistas.

    – Políticas de recursos financieros.

    Es evidente que no puede abordarse la regulación
    macroeconómica en el sentido que propongo si no hay
    capacidad de financiar la dinamización de la actividad
    productiva que constituye el punto de partida de cualquier
    política alternativa.

    En las condiciones actuales, la estructuración de
    los sistema financieros responde a una lógica en gran
    medida divorciada de la que debería ser su función:
    la de servir para la movilización de los recursos desde la
    circulación monetaria a la real. En lugar de ello,
    constituyen auténticos enquistamientos en el universo de lo
    monetario y su vinculación con la actividad industrial,
    agraria o productiva es más bien de carácter
    patrimonial. El grado de privilegio y poder del que disfruta la
    banca, su
    inveterada propensión a la mayor ganancia con el menor
    riesgo y su a
    tendencia inmiscuir su poder en todos los resquicios sociales
    constituyen hoy día la rémora más pesada y
    nefasta que debe soportar la actividad productiva y la
    creación de riqueza.

    A fuer de ser realistas, no cabe pensar sino que
    cualquier política (y ahora no estoy pensando
    necesariamente en opciones radicales) que quiera hacer frente al
    deterioro inconmensurable que provoca la agonía de lucro
    sin fin de la banca y el privilegio que el neoliberalismo ha
    concedido a lo financiero, deberá plantear una
    reconsideración del papel y función de la banca y
    del conjunto de los intermediarios financieros.

    Hay que pensar no sólo en términos de
    régimen de propiedad,
    sino también en los modos posibles y necesarios de
    regulación y control, y que no tienen por qué
    considerarse irrealizables toda vez que existen experiencias de
    este tipo en casos en los que la proyección contradictoria
    de las políticas neoliberales ha generado situaciones de
    emergencia o inestabilidad profunda.

    Algo muy parecido hay que establecer, en general, con
    los movimientos de capital.

    Es una evidencia que el régimen de plena libertad
    es incompatible con la estabilidad que se reclama para los
    mercados. Pero, además de ello, hay que tener en cuenta
    que se trata de un fenómeno que en nuestras
    economías repercute de una forma absolutamente
    determinante como freno a la actividad y estímulo de la
    especulación y el endeudamiento.

    También en este caso incluso autoridades
    neoliberales han llegado a establecer controles mostrando con
    ello que no se trata tampoco de una medida irrealizable, no
    siempre condenable; aunque es cierto, desde luego, que su
    efectividad es más escasa en la medida en que no responda
    a una estrategia general en el conjunto de los
    mercados.

    La situación en que se desenvuelven actualmente
    las operaciones
    especulativas a las que principalmente se orientan los
    movimientos de capitales, sin estar sujetas a tributación
    alguna en la mayoría de los casos, indican también
    hasta qué punto el sistema es tan respetuoso con la
    ganancia como indiferente a la creación efectiva de
    riqueza. Y, justamente por ello, es necesario su control,
    así como el establecimiento de regímenes fiscales
    que desincentiven la especulación en favor del uso
    racional de los recursos. En particular, me parece que constituye
    hoy día un planteamiento irrenunciable el "echar arena en
    las ruedas de la financiación internacional" que
    contribuiría a ganar estabilidad, a desincentivar la
    actividad puramente especulativa, a recaudar (incluso con tipos
    muy reducidos) volúmenes gigantescos de recursos
    (posibilidad que, por cierto, nunca tienen en cuenta quienes
    estás tan dramáticamente preocupados por la
    evolución del déficit
    público), y sin que nada de ello pudiera llegar a suponer
    efectos especialmente gravosos para los propios tenedores de
    recursos financieros.

    Las actuaciones en el ámbito de los recursos
    financieros no pueden ser tampoco ajenas a la intervención
    sobre el gasto
    público, los ingresos públicos y los
    déficits. Lejos de lo que no puede calificarse sino como
    la demagogia predominante, un economista ortodoxo como R.
    Dornsbush afirma que "no es tan urgente el equilibrar las cuentas
    como recuperar la productividad del trabajo y la confianza de los
    consumidores".

    Es preciso reafirmar que no hay razones ineluctables que
    obliguen a renunciar al impulso de la actividad a través
    del gasto cuando la economía se encuentra lejos de la
    plena utilización de los recursos, como igualmente hay que
    comprender que es un soberbio acto de cincismo intelectual (muy
    propio por cierto de ciertos economistas neoliberales
    consagrados) demonizar el déficit público mientras
    se permanece impasible ante el paro y la
    pobreza que
    son los resultados verdaderos e innegables de la política
    económica restrictiva y deflacionista que se
    propugna.

    Sin embargo, esto tampoco debe entenderse de ninguna
    manera en el sentido de que no sean precisas políticas
    específicas de racionalización del gasto, e incluso
    de su disminución allí donde no se contribuya a
    lograr los objetivos establecidos. En particular, debería
    ser en el marco de una nueva política económica y
    social donde se planteara un compromiso colectivo tendente a la
    reforma de la función y la administración
    pública y judicial que evite el actual despilfarro y
    reoriente los recursos
    humanos disponibles hacia actividades que repercutan
    efectivamente en una mayor provisión de bienes y
    servicios
    públicos (lo que de hecho sucedería sin
    incurrir en mayores costes), tendente también a la
    minimización de la servidumbre militar, e incluso a la
    proliferación de nuevas formas de ejercicio de los cargos
    públicos que, aunque quizá con una reducción
    de costes más bien simbólica, sí
    llevaría consigo un efecto demostración innegable
    sobre los ciudadanos y serviría como una imprescindible
    referencia para la acción colectiva. Y, sobre todo,
    orientado a la conformación de una sincera conciencia
    ciudadana sobre la necesidad de establecer con contundencia y
    eficacia un reparto justo de las cargas fiscales.

    De hecho, no puede olvidarse en este ámbito, como
    ya apunté más arriba, que las políticas de
    demanda que no estén vinculadas a propuestas muy eficaces
    de cambios en la estructura de la oferta pueden llevar
    directamente al fracaso, tal y como sucedió en varias
    experiencias socialdemócratas.

    – Políticas de reparto

    En este ámbito habría que analizar y
    diseñar de manera singular todo un conjunto de actuaciones
    encaminadas, como he señalado antes, a lograr mayor
    igualdad y que creo deben operar principalmente a través
    de intervenciones sobre la oferta.

    Me parece que los instrumentos más significativos
    en este caso son, en primer lugar, los relativos a las
    políticas de ingresos públicos, cuya
    concepción quizá debe ser repensada globalmente
    para lograr que no sólo prevalezca su función
    recaudadora o la tradicionalmente generadora de incentivos/desincentivos, sino para que,
    además, constituyan piezas esenciales en la
    consecución de otro modelo de desarrollo económico
    sostenible e igualitario. En segundo lugar, las políticas
    de reparto de trabajo, salariales y, en general, de
    ordenación de los mercados laborales, que deben estar
    orientadas no sólo a instaurar condiciones puramente
    defensivas pra paliar la explotación que por otro lado se
    consiente, sino a favorecer la cooperación y fomentar
    nuevas formas de movilización de los recursos y de
    creación y gestión de la rqueza.

    En particular, deben establecer programas que
    garanticen rentas mínimas obligatorias, procurando que la
    satisfacción de las necesidades más elementales de
    la población se encuentren, en cualqueir caso,
    garantizadas,

    – Políticas de transformación
    estructural.

    Me refiero aquí a las políticas
    industriales, agrarias y en general a todas aquellas que, como
    las anteriores, requieren un tratamiento específico y que
    inciden sobre las condiciones generales en que se desenvuelve el
    régimen de intercambios. Procurarían tanto el logro
    de los objetivos apuntados, como evitar la aparición de
    desajustes que incidan luego sobre el equilibrio
    macroeconómico.

    – Políticas de estricta gestión
    macroeconómica.

    Me refiero en este caso a todas aquellas medidas que
    deben ir destinadas a procurar que la búsqueda de los
    objetivos finales o intermedios no desencadene efectos perversos
    sobre el conjunto de la actividad económica.

    Se trata de algo que puede ya haberse deducido que es
    esencial, a pesar de que los gobiernos de inspiración
    neoliberal renuncian a ello cada vez en mayor medida. En el caso
    europeo, por ejemplo, se ha dicho con razón que
    "parecía que los países europeos renunciaban a su
    autonomía en beneficio de una política
    macroeconómica comunitaria que en realidad no existe. Las
    políticas macroeconómicas nacionales no tienen un
    sustituto europeo. Es, por tanto, hacia un abandono puro y simple
    de la política económica hacia el que nos
    encaminamos progresivamente".

    En contra de esa tendencia, es preciso recobrarla
    necesaria capacidad de maniobra para hacer frente a los impactos
    que una economía siempre sufre, principalmente, desde su
    exterior; aunque también, como consecuencia de
    fenómenos inadvertidos o excepcionales que se puedan
    producir en su seno.

    No puede pensarse que haya que renunciar a ninguno de
    los instrumentos habitualmente utilizados pero particularmente
    mal aplicados, o al menos, aplicados provocando graves costes
    sociales, como la política
    monetaria en toda la gama de sus posibilidades, o el manejo
    de los tipos de interés.

    Pero, en particular, es extraordinariamente importante
    señalar que un elemento esencial para tener capacidad de
    maniobra mínimamente suficiente en la regulación
    macroeconómica es la política de tipos de
    cambio.

    Sin disfrutar de este instrumento es literalmente
    imposible que la política macroeconómica se
    revuelva para contribuir, al revés de lo que ahora sucede,
    a la creación de empleos y a la revitalización de
    las actividades productivas.

    El economista inglés
    F. H. Hahn afirma que "el verdadero motivo para sostener los
    tipos de cambio fijos es, de hecho, el control de la clase
    trabajadora". Pues bien, invirtiendo el razonamiento, podemos
    decir que sólo se puede llevar a cabo una política
    global de apoyo explícito a la clase trabajadora (que es a
    lo que teóricamente se pretende contribuir desde
    posiciones de izquierda), si no es recobrando margen de maniobra
    en política cambiaria, lo que en román paladino
    requiere hacer saltar el régimen de tipos de cambio
    fijos.

    A nadie se le puede ocultar que la posibilidad de poder
    utilizar estos instrumentos no está al alcance de la mano
    libremente. Cualquiera de ellos implica actuar de manera distinta
    a como se viene haciendo sobre el régimen distributivo
    existente. Ni nada más ni nada menos es lo que se
    está planteando cuando se habla de formular
    políticas alternativas.

    Avanzar hacia la mejora del nivel de vida de los
    más desfavorecidos, erradicar la miseria y la pobreza,
    destinar los recursos preferentemente a la creación de
    riqueza en lugar de a la especulación, etc. son objetivos
    que implican recobrar capacidades que ahora disfrutan las
    personas o grupos
    sociales privilegiados, no sólo en lo
    económico, sino también en el poder de
    decisión.

    Por ello, las propuestas macroeconómicas se
    dilucidan finalmente en el campo de la ideología y de la política,
    allí donde los ciudadanos que no forman parte de ese
    minoritario pero poderosos ejército de satisfechos deben
    conquistar la capacidad de influir en las decisiones para que las
    que se adopten sean aquellas que, en lugar de empobrecerlos,
    satisfagan sus intereses

    5. LOS MARGENES DE MANIOBRA, LA
    HIPOTECA DEL CORTO PLAZO
    .

    Las políticas cuyos grandes principios acabo
    de apuntar son posibles justamente porque la realidad nos muestra
    que resultan necesarias.

    Sin embargo, cualquier política transformadora,
    que no se limite a ser un sucesión de inercias, parte de
    una limitación fundamental por el hecho de que no se
    inicia ex-novo, sino desde el contexto que desea transformar y
    que actúa lógicamente como una restricción,
    a veces insuperable, a la hora de ser aplicada.

    Por eso hay que preguntarse también por esas
    condiciones de partida, por las posibilidades de iniciar una
    andadura diferente en política macroeconómica, a la
    cual le afectan restricciones más potentes toda vez que
    afecta en conjunto a la economía, y no sólo a
    aspectos parciales de la misma.

    Cuáles son, entonces, las posibilidades reales de
    plantear con) éxito una regulación
    macroeconómica alternativa y progresista?.

    Me parece que en el caso española hay dos
    restricciones principales.

    En primer lugar, la dinámica propia de una
    "economía de mercado" que lógicamente
    generaría defensas en la medida en que se pusiera en
    cuestión el nivel alcanzado en la remuneración del
    capital.

    En segundo lugar, el hecho de pertenecer a la
    Unión Europea, a donde se ha desplazado conjuntamente
    buena parte de nuestra soberanía y de la capacidad de
    maniobra que es necesaria para articular este tipo de
    políticas (cuando no ha desaparecido simplemente, como
    señalé más arriba).

    Ambas circunstancias son importantes, pero creo que no
    necesariamente insuperables.

    La reacción posible del capital ante estrategias
    que van a tener una expresión clara en la tónica de
    reparto serían principalmente de dos tipos: de
    carácter inflacionista, puesto que es de esta forma como
    suele manifestarse todo conflicto distributivo, y como
    desmovilización de capitales.

    Sin embargo, me parece que las dos reacciones
    podrían ser convenientemente neutralizadas si se tienen en
    cuenta algunas circunstancias.

    En primer lugar, que la composición del capital
    en España
    no es ni mucho menos homogénea. De hecho, la estrategia
    neoliberal hace también estragos en amplias capas del
    capital vinculado a la pequeña y mediana empresa, a los
    sectores más nacionalizados y, en general, a los que menos
    poder de mercado tienen a su alcance. En la medida en que las
    propuestas que se realizan no significan ni mucho menos una
    alteración del régimen de propiedad, por ejemplo,
    sino que se limitan a intentar recobrar y aumentar precisamente
    las posiciones perdidas en la actividad productiva más
    vinculada al empleo (como son generalmente las capas anteriores),
    y en tanto que de todas ellas se deriva una recomposición
    del poder de mercado, no necesariamente se tendría que
    producir la desmovilización de capitales. Más bien,
    se podría lograr una dinamización del ahorro y de la
    inversión inducida por los incrementos de
    renta.

    Pero es que, además, hay que tener en cuenta que
    la experiencia histórica demuestra que políticas
    expansivas, lejos de expulsar capitales constituyen un potente
    factor de atracción, siempre, naturalmente, que eso no
    vaya acompañada de otras medidas (como remuneración
    elevada de activos
    financieros) que la desincentivan.

    La desestabilización inflacionaria,
    ineludiblemente latente de todas formas, puede ser combatida en
    virtud de cambios estructurales en los mercados, con la
    potenciación de la competencia y con la disminución
    de todo tipo de costes de transacción que ahora son
    ocasionados, precisamente, por políticas que se
    desentienden de hecho de las condiciones reales en que se
    determinan los precios.

    La pertenencia de España a la Unión
    Europea implica también una notable limitación,
    pero tampoco insuperable a corto plazo, o a medio y largo plazo
    si se acepta que los cambios que aquí se pudieran producir
    formarían parte antes o después de tendencias al
    cambio más generalizadas (o incluso originadas con
    anterioridad fuera de España). Es un razonamiento
    político incaptable afirmar que las alternativas no pueden
    darse porque en el contexto no se han dado. Más bien se
    podría considerar que lo progresista es definir proyectos
    que conlleven un incremento del bienestar social y procurar que
    cambie el propio contexto (que ya de suyo está sujeto a
    las mismas tensiones). Así se ha escrito y también
    así se abrieron paso las políticas(siempre la
    historia ( neoliberales!).

    En este caso, debe considerarse que España puede
    también contribuir a modificar las tendencias actuales y
    forzar los cambios de rumbo. Algo que, desde luego, nunca
    podría conseguirse si no llega a plantearse la necesidad
    de que eso se produzca y si, por el contrario, se asume el
    libidinoso papel de estrella en la formulación más
    reaccionaria de las estrategias europeístas, tal y como ha
    ocurrido en nuestra historia reciente.

    Pese a todo, y a corto plazo, no puede olvidarse que se
    están planteando cuestiones que están dentro de lo
    que es posible llevar a cabo en el marco institucional de la
    Unión Europea, como una eventual salida del mecanismo de
    cambios del Sistema Monetario Europeo, la devaluación, o el control de
    capitales.

    No se olvide que buena parte de los problemas que hoy
    padece la economía española provienen de que, con
    la celeridad de todos los villanos, nuestros gobernantes han
    adelantado en varias ocasiones la fecha de aplicación de
    determinadas condiciones de la integración, de que asumen
    las directrices comunitarias con disciplina
    mucho más espartana que la de otros países, o,
    sencillamente, de la nefasta negociación que en su día se
    llevó a cabo para lograr aceleradamente la
    integración.

    En lugar de mantener con irrealismo el empeño de
    la moneda única y de la convergencia nominal,
    España debería asumir que en los próximos
    dos o tres años la Unión Europea se va a convertir
    en un descontrolado mar revuelto (especialmente y de forma muy
    grave, como tendremos ocasión de comprobar, momentos antes
    de establecerse el último realineamiento), en donde
    será muy posible que de nada sirva en su día el
    haber mantenido con virginal candor la fidelidad a las reglas de
    convergencia, pues se tenderá a finalizar el proceso
    mediante criterios políticos que salvaguarden el
    predominio de Alemania y su
    zona de influencia monetaria directa. Este ha sido, de hecho, el
    objetivo verdadero que han perseguido los programas de
    convergencia y que ha provocado una singular paradoja: "La
    imposición de las condiciones de convergencia de
    Maastricht hace difícil la convergencia".

    Por el contrario, llegaría entonces mucho
    más fortalecida si lo hace con la suficiente capacidad de
    maniobra que impida que los desajustes que van a ir llevando a
    ese final desbocado no se conviertan en impactos terribles para
    nuestra economía.

    En mi opinión, las circunstancias de la
    economía española por un lado, y la
    previsión segura de que la convergencia diseñada
    pensando en la creación de la moneda única
    terminará llevando a una crisis institucional y a unos
    mayores costes para las economías más
    débiles como la española, permiten considerar que
    la situación de nuestra economía es casi de
    emergencia.

    Ante eso no puede caber otra solución que
    diseñar una estrategia a corto y medio plazo que,
    expresada en un compromiso nacional para la creación de
    empleo, se plantease la renuncia a la convergencia nominal para
    desarrollar una clara política de expansión de la
    actividad y del crecimiento, utilizando para ello el mayor margen
    de maniobra posible en los términos que antes he
    señalado.

    De esa forma, y al contrario de lo que sucede con
    políticas que han elevado el nivel de paro al 23 por cien
    de la población activa, España no saldría de
    Europa; la estaría haciendo entrar en una época
    diferente que debe estar marcada por menos frustración y
    más bienestar.

    Juan Torres López.

    Catedrático de Economía Aplicada de la
    Universidad de
    Málaga

    Juantorres[arroba]uma.es

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