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Seguridad ciudadana, Derechos Humanos y policía




Enviado por davidcarhuamaca



Partes: 1, 2

    1. Antecedentes del concepto de
      seguridad
    2. Elementos para una
      definición de seguridad
    3. La seguridad: un problema
      complejo
    4. Cariz transversal del problema de
      seguridad
    5. El sentimiento subjetivo de
      seguridad: el gran delito, el delito ordinario y los
      comportamientos incívicos
    6. Seguridad Ciudadana
      comunitaria: Cuestiones
      terminológicas
    7. Derechos
      Humanos
    8. La defensa de los Derechos
      Humanos se orienta al combate del delito
    9. Policía
    10. Conclusiones
    11. Recomendaciones
    12. Bibliografía

    (…) Es el tiempo del
    miedo. Miedo de la mujer a
    la violencia
    del hombre y
    miedo del hombre a la mujer sin
    miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a
    la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño
    sin televisión, miedo a la noche sin
    pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para
    despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo
    que fue y a lo que puede ser, miedo de morir, miedo de
    vivir.

    Eduardo Galeano extracto de "El
    miedo global"
    en: Patas Arriba. La Escuela
    del Mundo al Revés
    , Quinta Edición (España), 2000, p.83

    INTRODUCCION

    La falta de seguridad
    ciudadana ha pasado a ser en los últimos tiempos uno
    de los temas centrales de preocupación de los ciudadanos
    y, por tanto, una de las cuestiones a resolver por los
    responsables políticos de principios de
    este siglo. De este modo, Kris Bonner dice:

    El interés
    de la población que hace referencia a la
    delincuencia
    ha aumentado enormemente en los últimos años.
    (….). La seguridad es
    una condición necesaria para el funcionamiento de la
    sociedad y
    uno de los principales criterios para asegurar la calidad de
    vida.

    En efecto, la crisis de la
    seguridad y su correlativa necesidad de reforma han conducido a
    que, en ocasiones, desde los ámbitos de gobierno se
    formulen recetas simplistas para actuar sobre los síntomas
    y no sobre las causas, conocidas en el ámbito
    anglosajón como la búsqueda de la bala color de plata,
    que alude a la leyenda del hombre lobo, que, como la falta de
    seguridad, amenaza a la sociedad. Sin embargo, la bestia
    inmortal, tiene un talón de Aquiles, se puede acabar con
    ella con sólo un disparo con una bala de plata al corazón.

    De este modo, por ejemplo, hemos asistido
    impávidos a la equiparación entre inmigración y delincuencia. Es evidente que
    los problemas de
    emigración no pueden ser resueltos mediante la
    criminalización o el rechazo a la diversidad. Es
    más, esta banalización solamente ha conseguido
    aumentar la confusión y la preocupación de los
    ciudadanos. Si reflexionamos, lo que tendremos que aducir es que
    detrás de la inmigración lo que hay es el respeto a la
    diversidad: resulta evidente, que lo que es diferente ha de ser
    tratado de manera diferente.

    Por ello podemos precisar como muy acertadas las
    palabras de Albert Buitenhuis, quien afirma:

    La gente piensa, siente y actúa de manera
    diferente, y eso significa que no todo el mundo tiene las
    mismas habilidades. De hecho, siempre ha habido diferencias
    entre la gente: es un fenómeno común. A lo sumo,
    nosotros podemos concluir que nuestra sociedad está
    convirtiéndose progresivamente en diversa. Esta
    realidad, no obstante, de ninguna manera es el resultado de la
    corriente constante de inmigrantes. El hecho de que la gente es
    diferente también tiene un efecto en las organizaciones
    y, por lo tanto, la cuestión de si tendríamos que
    trabajar o no con la diversidad dentro de las organizaciones
    es, en consecuencia, irrelevante, porque lo hemos estado
    haciendo durante siglos. (….).

    Sin embargo nuestra cultura no
    apoya a la diversidad. No nos gusta la gente que se
    desvía de los demás, no porque tengamos
    mentalidades estrechas, si no porque este hecho comporta
    problemas y las organizaciones encuentran difícil tratar
    con problemas de esta naturaleza.

    Y, de la misma manera que no podemos resolver el
    problema de la diversidad con soluciones
    sencillas, por la propia naturaleza del problema, hemos de asumir
    que por mucho que nos suponga problemas, el hecho de la
    seguridad, de acuerdo con la concepción que defendemos, es
    un problema complejo, que afecta la sensación de las
    personas, de influencia fundamentalmente urbana de clase
    transversal (institucional, económica y social), que por
    lo tanto, exige un debate
    complejo con la participación de los ciudadanos donde se
    deriven soluciones, también complejas.

    Por ello, las personas tenemos la necesidad de buscar
    seguridad en cuanto que somos extremadamente vulnerables, es
    decir, muy susceptibles de ser heridos física o moralmente.
    Esta realidad indiscutible y el hecho que siempre haya sido
    así y que siempre lo será, explica por si misma el
    por que de la seguridad. Los responsables de satisfacer esta
    necesidad objetiva de seguridad somos las mismas personas y la
    comunidad en
    que estamos inmersos.

    En este sentido, son las diferentes comunidades políticas
    quienes desarrollan, legítima y consecuentemente, las
    políticas de seguridad.

    Buscar seguridad no es más que reducir los
    niveles de vulnerabilidad de las personas frente a las diferentes
    amenazas y peligros que se pueden identificar; prever la evolución del futuro con el objetivo de
    evitar de aquello que históricamente nos ha amenazado y
    puesto en peligro nuestra vida y/o libertad.

    Las amenazas y peligros sobre las personas – las
    fuentes de
    inseguridad
    – son diversas; a veces comunes a todo individuo o
    comunidad, a veces particulares sobre determinados lugares o
    colectivos. Estos peligros pueden ser fenómenos aislados
    geográficamente o rebasar las fronteras políticas
    establecidas y alcanzar una dimensión internacional.
    También depende del contexto histórico en el que
    nos encontremos.

    Las amenazas a la seguridad son multidimensionales y
    afectan a diversas áreas de la vida: la económica,
    la social, la medioambiental, la militar, la ética y
    derechos humanos,
    etc. Además, muchas de estas amenazas son
    interdependientes y tienen una dimensión transfronteriza.
    Las características de estas amenazas nos hacen pensar que
    la búsqueda de seguridad debe ser un esfuerzo colectivo en
    el que todas las personas y unidades políticas deben
    participar.

    En este sentido, ya que la seguridad es un pre requisito
    básico para que las personas puedan satisfacer sus
    necesidades básicas y desarrollar sus potencialidades como
    seres humanos se ha constituido como un Derecho Humano exigible;
    como tal obliga éticamente a las personas a ofrecer
    seguridad sobre los demás. En cuanto al Derecho Humano es
    irremediablemente, también una obligación
    humana.

    La inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los
    grandes desafíos de las sociedades
    contemporáneas. El impacto del fenómeno sobre la
    calidad de la
    vida de los ciudadanos obliga a los gobiernos nacionales y
    locales y a los sectores organizados de la sociedad, a
    diseñar esquemas alternativos a los existentes que, siendo
    en su cometido de disminuir los niveles de inseguridad, no
    sacrifiquen el avance de la Democracia y
    el respeto por los Derechos Humanos y las Garantías
    Ciudadanas.

    SEGURIDAD CIUDADANA

    Antecedentes del
    concepto de
    seguridad

    En absoluto es en balde la expresión de un
    concepto de seguridad, puesto que en función
    del concepto de seguridad del que nos dotamos, determinaremos la
    política
    de seguridad necesaria.

    El concepto tradicional de seguridad es el que lo
    asociaba con la represión del delito y el
    mantenimiento
    del orden, se trataba, pues, de un concepto de seguridad situada
    en el entorno del control y de la
    criminalidad y eminentemente reactiva. A este concepto se
    adscribe la definición que de la policía hace el
    Código
    de Brumario del año IV:

    La policía está instituida para
    mantener el orden público, la libertad, la propiedad y
    la seguridad individual.

    La evolución natural, en comparación con
    la medicina
    (asimilando el delito con una enfermedad del cuerpo social), hizo
    que se sopesara la seguridad de la represión a la
    prevención, intentando actuar, también, sobre las
    causas y no solamente sobre los síntomas. A esta
    concepción preventiva y, por tanto, pro – activa, de
    la seguridad, hace falta atribuir la incorporación de
    elementos nuevos a estas políticas, de suerte que a las
    mismas ya no les son extrañas las políticas
    sociales, de ocupación o, aun, urbanísticas y, de
    rebote, la incorporación, también, de profesionales
    de diferentes disciplinas. En este sentido se expresaba la Grande
    Encyclopédie de 1910:

    No se conoce sociedad organizada sin que exista
    un poder de
    policía que asegure a sus miembros la seguridad
    interior, reprimiendo y previniendo delitos.

    Con la democratización de nuestras sociedades y
    la puesta en vigencia de las Constituciones políticas, a
    las tareas policiales de represión y prevención del
    delito, se les añadió y antepuso el de
    protección de los derechos y de las libertades de los
    ciudadanos, utilizándose en muchos de ellas lo
    siguiente:

    Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la
    dependencia del Gobierno, tendrán como misión
    proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y
    garantizar la seguridad ciudadana.

    Formulación moderna pero a la vez tradicional,
    puesto que sus antecedentes evidentes se encuentran en el
    artículo 12 de la Declaración Universal de los
    Derechos del Hombre y del Ciudadano:

    La garantía de los derechos del hombre y
    del ciudadano, necesita de una fuerza
    pública: esta fuerza es, pues, instituida en beneficio
    de todo el mundo, y no para la utilidad
    particular de aquellos a quien ha estado
    confiada.

    Elementos para una
    definición de seguridad

    No obstante, más allá de las definiciones
    programáticas sobre la policía, lo que si es cierto
    es que todas ellas traigan implícito un concepto de
    seguridad contingente, que hace falta ser conceptualizado en
    función del tiempo y la sociedad donde ha de
    operar.

    Para adoptar un concepto de seguridad, hace falta
    examinar las declaraciones internacionales en la materia en los
    últimos años. Del examen de las mismas
    surgirán suficientes elementos para hacer una
    definición de seguridad válida y que presente
    bastantes elementos de concurrencia por tener una pacífica
    aceptación.

    La seguridad: un problema complejo

    Pese a que son muchas las voces que se alzan en ese
    sentido, muchos responsables en materia de seguridad siguen
    aplicando ópticas de corto plazo y políticas
    reactivas. En el proyecto de
    manual del
    Congreso de los poderes locales y regionales de Europa,
    organizado por el Consejo de Europa, en sus puntos 3,b) y 3.c)
    indica lo siguiente:

    Adoptar una aproximación más
    estratégica y holística, sorteando la
    sectorización en materia de la lucha contra la
    inseguridad urbana;

    Comprender que la protección del medio
    urbano es un proceso
    complejo que exige la contribución de un gran
    número de actores trabajando en
    partenariado.

    A su vez, el Manifiesto y las Resoluciones de los temas
    abordados por las ciudades europeas sobre Prevención y
    Seguridad en la conferencia de
    Nápoles los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2000,
    afirma:

    La inseguridad no puede reducirse
    únicamente a los problemas de criminalidad. La
    inseguridad es una problemática compleja: está
    atada a los problemas de sanidad, de medio
    ambiente, de urbanismo, de formación; es el
    resultado de desigualdades crecientes en el acceso a los
    recursos; pone
    en juego
    conflictos
    de intereses, sobre todo con respecto a la división y al
    uso del espacio y de los ritmos de la ciudad (tiempo libre por
    la noche, deportes,
    prostitución). La inseguridad es un
    riesgo
    urbano al que hace falta darle respuestas
    civiles.

    Sin embargo, por otra parte, todos los especialistas en
    seguridad coinciden en este aspecto. Francisco Carrer, por
    ejemplo, postula:

    Se analice como se quiera, la inseguridad (que
    es hoy en día como un fenómeno específico
    de las realidades urbanas de todo el mundo) se caracteriza por
    la complejidad y la variedad de los parámetros que
    contribuyen a constituirla (…..).

    Darío Padovan, por su parte explica:

    (…) una reflexión sociológica de
    la inseguridad social desarrollada paralelamente a otras
    directrices de búsqueda más amplias, y que
    intenta captar la complejidad (….)

    Finalmente, quizás vale por todos lo que dice
    Amadeu Recasens:

    (…) para el análisis de la seguridad, el concepto de
    complejidad tiene que ser asumido en toda su integridad
    (…).

    Por lo tanto, ante un problema complejo hace falta
    descartar soluciones simplistas, del estilo de la tolerancia cero
    impulsada por el alcalde Guiliani para convertir a Nueva York en
    una ciudad segura, solución reactiva exclusivamente de
    cariz policial y penal, no social y proactiva.

    Si bien es cierto que la inseguridad disminuyó en
    Nueva York, también lo es que disminuyó en todos
    los Estados Unidos y
    que, por ejemplo, en San Diego, la disminución
    operó con un sistema de
    policía comunitaria. Lo que sí aumentó en
    Nueva York, fueron las denuncias por brutalidad policial en el
    marco de una política que tuvo como consecuencia la
    estigmatización de la miseria.

    El problema radica, por otro lado, en que el ciudadano
    común, razonando con los elementos a su alcance, delante
    del incremento de la sensación de inseguridad,
    inequívocamente pide, en primer lugar, más presos y
    más penas y, en segundo lugar, más policías.
    Los responsables de las administraciones habrán de hacer
    todo lo posible para no caer en esta simplificación y
    poder actuar sobre las causas de la sensación
    térmica de seguridad.

    Si, por el contrario, se opta por una solución
    del tipo de tolerancia cero o de mano dura, se estará
    actuando, solamente, sobre dos vectores del
    sistema.

    • En primer lugar sobre el sistema penal, pero, hemos
      de saber que se trata de una actuación, en gran parte,
      estéril, puesto que el sistema penal, de media,
      únicamente acaba sentenciando a prisión entre un
      1 % y un 5 % de los delitos cometidos.
    • En segundo lugar, el reclamo de más
      policías, tampoco es una solución, puesto que no
      hay una relación directa entre el número de
      policías y el nivel de seguridad, sencillamente porque
      cuando se comete un delito es cuando la policía no
      está presente. Es más, en determinados casos, la
      presencia visible de más policía lo único
      que hace es aumentar la sensación de inseguridad. Es
      decir, no hace falta poner a más gente haciendo lo
      mismo, sino que lo que hace falta hacer es ver cual es el
      número de policías óptimo por
      número de habitantes.

    Es bueno recordar también que en el manifiesto y
    las resoluciones de los temas abordados por las ciudades europeas
    sobre prevención y seguridad en la conferencia de
    Nápoles los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2000, se
    dice:

    A menudo se ha recurrido a los servicios
    policiales, a la justicia
    penal y al encarcelamiento masivo para reducir la delincuencia,
    la violencia y la inseguridad. Es inaceptable el incremento
    registrado en el número de personas encarceladas en
    Europa desde hace veinte años (por ejemplo: un 43 % en
    Gran Bretaña y un 39 % en Francia). Es
    fundamental respetar tanto los intereses de las
    víctimas, como los de las víctimas, como de las
    colectividades y los infractores.

    Cariz transversal del
    problema de seguridad

    Al hablar de las opciones en materia de seguridad, el
    Manifiesto y las Resoluciones de los temas abordados por las
    ciudades europeas sobre Prevención y Seguridad en la
    conferencia de Nápoles los días 7, 8 y 9 de
    diciembre de 2000, afirman:

    La seguridad colectiva e individual son
    fundamentales para la vida humana. La criminalidad amenaza la
    calidad de vida de los habitantes, traumatiza a las
    víctimas y pone en peligro la voluntad
    cívica.

    La inseguridad, pues, afecta a la esencia misma de la
    dignidad
    humana y a la vida en sociedad de suerte que, sin seguridad, no
    hay ejercicio posible e igualitario de los derechos de las
    personas. También es un problema complejo, que no se puede
    abordar simplemente, con el recurso tosco de penas más
    duras y más policías en la calle. Entonces, la
    pregunta de que hace falta hacer, es la siguiente: cuales son los
    elementos que hay que tener en cuenta en el abordaje a la
    inseguridad.

    Un buen punto de partida es la definición de
    seguridad contenida en la declaración final del "Seminario de
    reflexión científica sobre el Delito y la Seguridad
    de los habitantes", realizada en Costa Rica los
    días 9 al 13 de octubre de 1995. El punto tercero de esta
    declaración afirma:

    (…) Un concepto verdaderamente amplio y
    comprensivo de seguridad de los habitantes tiene que comprender
    no solamente la tranquilidad de no ser víctima de hechos
    delictivos sino, también, la de vivir en un Estado
    constitucional de Derecho y la de participar de los beneficios
    del desarrollo
    en materia de salud, educación, vivienda, ocio y todos los
    ámbitos de bienestar social. El concepto es el del
    desarrollo
    humano sostenible, que tiene la equidad como
    principio.

    Esta definición, pues, se aparta de la
    tradicional que vincula seguridad con la ausencia de delito y la
    amplía a una forma concreta de Estado: el social o del
    bienestar; puesto que, ¿qué otro tipo de Estado
    proporciona los bienes
    públicos salud, educación, vivienda, ocio y todos
    los ámbitos del bienestar social?; ¿de que tipo de
    Estado se puede predicar el desarrollo humano sostenible?. Lo
    miremos por donde lo miremos, solamente hay una respuesta: Estado
    del bienestar.

    En muy idéntico sentido se expresa el manifiesto
    y las resoluciones de los temas abordados por las ciudades
    europeas sobre prevención y seguridad en la conferencia de
    Nápoles los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2000 en
    su punto 14.

    La seguridad es un bien común esencial
    para el desarrollo
    sostenible. Es a la vez signo y condición de
    inclusión social, del acceso justo a otros bienes
    comunes como son la
    educación, la justicia, la salud y la calidad del
    medio ambiente.
    Promover la seguridad es desarrollar un bien común y no
    consiste, sobre todo, en hacer de policía o en recurrir
    al sistema penal.

    Analizando las dos definiciones, encontraremos que se
    hace una opción (muy notable, si tenemos en cuenta que nos
    encontramos en plena época de globalización, liberalización y
    desregulación) para relacionar seguridad ciudadana y
    Estado del Bienestar.

    Doctrinalmente, pues, lo que estamos diciendo es que la
    falta de seguridad en los aspectos sociales, laborales o
    económicos, implica ineludiblemente una carencia de
    inseguridad ciudadana o lo que es lo mismo: si predicamos la
    necesidad de la existencia de seguridad ciudadana para el normal
    desarrollo de las personas en la sociedad, tenemos que proveer a
    los ciudadanos de los bienes suficientes que los doten de
    seguridad en todos los ámbitos de su vida.

    En este mismo sentido, ante la retirada del Estado del
    bienestar, como que al Estado no se le puede pedir hoy seguridad
    social, en su defecto, se le pide
    penalización.

    La declaración final del "Seminario de
    reflexión científica sobre el Delito y la Seguridad
    de los Habitantes", realizada en Costa Rica los días 9 a
    13 de octubre de 1995 se expresa en el sentido siguiente en sus
    puntos séptimo y octavo:

    Se considera necesario promover políticas
    más efectivas e integrales
    delante del delito, y no continuar reaccionando solamente por
    la vía de los sistemas de
    justicia penal. Se imponen diagnósticos globales del
    problema y programas que
    integren la acción de las diferentes agencias
    responsables en cada caso.

    Las políticas tendrán que
    comprender una amplia prevención primaria, con acciones en
    todos los ámbitos del bienestar social, y procurar que
    los beneficios del desarrollo lleguen a todos los sectores de
    la población y promuevan la integración, y la no exclusión, de
    los sectores pobres y marginales, al considerar que a la
    problemática social la acompañan los
    fenómenos de la corrupción, el paro, la
    subocupación (…), violencia, así como
    pérdida y sustitución de valores.

    La receta del Consejo de Europa sobre esta
    cuestión es la expresada en el proyecto de manual del
    Congreso de los poderes locales y regionales de Europa,
    organizado por el Consejo de Europa, los días 29 a 31 de
    mayo de 2001, en sus puntos 6.a), 6.b), 6.c) y 6.d) recomienda lo
    siguiente:

    (…), evitar las calles desiertas por la tarde,
    garantizar dentro de la medida de lo posible en los centros de
    las ciudades una combinación de funciones para
    evitar la agrupación de las minorías, de las
    personas socialmente desfavorecidas y de los delincuentes en un
    solo sitio;

    Tomar las medidas para erradicar las actividades
    criminales dentro de ciertos barrios de la ciudad y evitar la
    formación de grupos
    desfavorecidos, en particular evitar que tengan el sentimiento
    de que no tienen nada que perder;

    Proveer de instrumentos legales para luchar
    contra la violencia
    familiar, contra la cultura de la violencia, contra la
    discriminación por motivos de raza,
    religión, origen social y sexo, y
    hacer apología de la noción de ciudadanía.

    Formular y aplicar los programas contra las
    toxicomanías y el alcoholismo,
    en conjunción con los servicios sanitarios y sociales;
    elaborar programas de información destinados a los
    jóvenes y a las secuelas;

    El sentimiento subjetivo
    de seguridad: el gran delito, el delito ordinario y los

    comportamientos incívicos

    En el manifiesto y las resoluciones de los temas
    abordados por las ciudades europeas sobre prevención y
    seguridad en la conferencia de Nápoles los días 7,
    8 y 9 de diciembre de 2000, también se postula lo
    siguiente:

    La inseguridad no es simplemente el temor al
    robo o a la agresión. Puede nacer también del
    peligro provocado por un automóvil, por un entorno
    nocivo precario y, sobre todo, por el temor a no disponer del
    espaldarazo de una ayuda o de un servicio que
    aporte protección o
    reparación.

    Debemos de entender que la superación de la
    vinculación cerrada entre seguridad y delincuencia, pero
    por una vía diferente: la del concepto subjetivo de
    inseguridad. La seguridad engloba, por lo tanto dos conceptos: de
    una parte, el objetivo, que estaría representado por el
    incremento del delito y, por otro, el subjetivo que
    vendría determinado por la sensación de
    incertidumbre, de riesgo o de miedo que tiene el ciudadano por el
    desarrollo de lo que se denomina delincuencia ordinaria y los
    actos incívicos, diversos y no agrupables bajo una sola
    categoría pero que, no obstante, no entran dentro de la
    categoría de delitos. Delincuencia ordinaria y actos
    incívicos , se producen en el ámbito más
    próximo al ciudadano y, por lo tanto, afectan más
    directamente a su sensación térmica de
    seguridad.

    Sin lugar a dudas la seguridad ciudadana es un tema que
    concita la atención actual. Casi todas las plataformas
    políticas han sentado sus bases de proyección en
    función a este tema, pero esto no es un tema que se
    proyecta solo en este tiempo, este tema tiene ya sus bases
    fundamentales desde los inicios de la existencia del hombre sobre
    la tierra. Se
    consideraba la seguridad como una condición inherente a la
    vida del ser humano, un privilegio como elemento fundamental para
    su desarrollo físico y social.

    Todos sabemos que desde los inicios de la
    aparición del hombre sobre la faz de la tierra ya
    buscaba el grupo, la
    reunión, para poder preservarse de los elementos
    naturales, de las fieras, aún en las cavernas, en los
    clanes ya buscaba la seguridad como medio fundamental para su
    supervivencia. De esta manera ya se fueron visualizando las
    primeras bases de los liderazgos, ya empezaba a nacer el sentido
    del orden, de reconocimiento y de la convivencia integral.
    Empezábamos a notar como humanos en ese tiempo que la
    seguridad era sinónimo de organización, de responsabilidad, de solidaridad, que
    generalmente los grupos humanos fuimos desarrollando.

    Conforme crecen las ciudades, conforme crecen las
    necesidades de seguridad es que se empiezan a formarse las
    organizaciones más complejas, con mejor infraestructura,
    mayor exposición
    de acciones directas para mantener la tranquilidad, el orden
    dentro de estas comunidades.

    Es en este contexto, que se empiezan a formarse los
    primeros serenos con su preocupación fundamental de
    alertar a las comunidades cuando se presentaba algo que iba a
    interrumpir su sueño, su descanso o su trabajo normal
    y se comenzaron a formar las guardias, las milicias, las
    organizaciones policiales y desde ahí se identifica la
    acción policial por la acción represiva de la
    actitud
    delincuencial.

    Desde allí empezamos ya a comenzar a actuar
    previniendo la acción delincuencial por que
    interrumpía el desarrollo normal de las actividades de las
    comunidades. Es por eso que se empieza a perfilar las nuevas
    políticas que tienen en consideración que los
    gobiernos deben enfrentar a la delincuencia como una prioridad
    para alcanzar niveles de tranquilidad y allí la
    policía empieza a especializarse, comienza a delinear
    nuevas estrategias para
    poder solventar esos espacios de intranquilidad.

    Empezamos a darnos cuenta de que con tranquilidad y sin
    delincuencia las ciudades necesariamente tienden a ser más
    seguras y una ciudad más segura aumenta rápidamente
    su desarrollo hacia el logro de sus objetivos
    más especiales. Por eso podríamos entender que la
    seguridad ciudadana es una situación de normalidad en la
    que la comunidad desarrolla sus actividades dentro de un contexto
    de orden, paz y tranquilidad y en un marco de equilibrio
    social y legal.

    Este marco especial dentro del que se desarrollan las
    actividades comunitarias, obviamente, permitirá y permite
    crecer y desarrollarse a las ciudades, que los ciudadanos pueden
    invertir y obtener sus logros, que puedan planificar su trabajo,
    puedan alcanzar metas. Este conjunto de acciones en un marco de
    tranquilidad que podrá trascender en el desarrollo,
    requiere de la participación de la ciudadanía en su
    conjunto.

    La seguridad ciudadana entonces es el conjunto de
    medidas y previsiones que adopta el Estado a
    través de sus instituciones
    dentro del marco de la ley y los
    derechos humanos para que la comunidad pueda desarrollar sus
    actividades libres de riesgo y amenazas.

    Debemos entender que la seguridad es tarea de todos;
    pero para cumplir con estos cometidos es necesario que se acepten
    los cambios, que se estimulen las responsabilidades, romper
    marcos y buscar identificarnos con el tema de la seguridad
    ciudadana. Tenemos que aceptar los cambios y que todos se
    integren a la comunidad y a los trabajos sobre seguridad
    ciudadana.

    Para ello debemos de construir cada uno con su acto, su
    vocación, su calidad de persona, a no
    generar ambientes de intranquilidad. En este aspecto, cada
    día nosotros somos concientes de que debemos respetar
    normas,
    respetar leyes y
    también exigir se respeten nuestros derechos cumpliendo
    nuestras obligaciones.

    Muchas veces las inseguridades las vamos generando
    nosotros mismos con nuestras conductas y negligencias, por
    desatinos, falta de consideración y aceptación
    mutua a la interrelación personal por
    algunas imponderaciones propias de la
    personalidad del hombre. Por eso es que es imprescindible
    cambiar, debemos de romper marcos para poder ingresar a este tema
    tan nuevo e importante como lo es la seguridad
    ciudadana.

    Debemos de comprender que la seguridad abarca todas las
    instancias en donde el ser humano desarrolla sus
    iniciativas.

    Por otro lado se habla de la seguridad, no como un
    problema delincuencial, de delincuencia menor o de crimen
    organizado. Debemos de hablar de presentar iniciativas,
    participar activamente. Es necesario recordar una palabra que
    desde hace mucho tiempo no se encuentra en nuestro léxico,
    la solidaridad. Se ha perdido su práctica, cada uno
    nos aislamos en nuestros propios problemas y evitamos
    inmiscuirnos en lo que no "nos compete" y así evitando
    inmiscuirnos en los problemas de los demás, estamos
    evitando inmiscuirnos directa y participativamente a la
    solución del problema del Estado. No se hace, por que no
    se quiere romper marcos, siempre estamos atados a tradiciones,
    conservadurismos o a ideas trasnochadas. Debemos
    cambiar.

    La seguridad crea todo lo necesario para que
    después todo, en la ciudadanía, resulte productivo,
    para que las iniciativas puedan generarse y consolidarse y se
    conviertan en productos
    tangibles, conservables. La seguridad no es acción de uno
    solo, la seguridad es un acto mancomunado y tácito entre
    las instituciones dentro de las cuales no escapa la
    Policía.

    La seguridad y el desarrollo convocan la
    participación de todos, no solamente de la Policía,
    es tarea de todos. Sabemos que todo individuo busca seguridad y
    un Estado donde se privilegia la seguridad es un Estado que esta
    orientado a buscar el crecimiento de sus comunidades. Un esfuerzo
    para crecer sin seguridad trae consigo grandes
    pérdidas.

    Para el problema de seguridad, la solución es la
    prevención antes que la intervención desde nuestra
    condición de ciudadanos y miembros de una comunidad o de
    un país. Debemos estar mucho más unidos a la
    sociedad, solidariamente participativos para ver si el amigo, el
    vecino está incurriendo en alguna falta o en alguna
    negligencia que puede producir una desgracia.

    Orientar al cambio,
    sugerir cambios, que se tomen nuevas posiciones, así
    dejamos de ser egoístas y somos solidarios y vamos
    construyendo un tejido positivo de comunicación, de interrelación que
    haga que todos nosotros vivamos en paz.

    La conciencia de
    seguridad debemos tenerla todos. Una conciencia de seguridad no
    solamente nos debe orientar a mirar a los delincuentes, la
    conciencia de seguridad nos lleva a tomar actitudes
    definidas que no desentonen con el común denominador de
    los ciudadanos respetuosos de los derechos de los demás y
    también haciendo prevalecer lo propio.

    Otro hecho fundamental a destacar es la familia, la
    familia
    también debe de tener seguridad. También muchas
    veces la familia tiene inseguridad emocional, observan
    indiferentes como sus hijos se orientan hacia acciones negativas
    como la violencia, enfermedades mentales,
    delincuencia, drogadicción y por no decirlo pandillaje,
    barras bravas, violación, etc.

    Nosotros como pueblo y familia debemos hacer cada cierto
    tiempo una reflexión en pareja y analizar de veras si
    nuestras acciones como padres de familia están orientadas
    adecuadamente a educar a nuestros hijos, cómo debe de ser,
    signándole los valores
    esenciales, acciones de responsabilidad, de fuerza de voluntad,
    de persistencia para alcanzar sus objetivos, que vean en el padre
    o la madre la imagen objetiva a
    seguir y a superar. Eso se está descuidando en todos los
    niveles, alto, medio, bajo, porque egoístamente
    también nos centramos al esfuerzo de sostener la economía del hogar y
    descuidamos un tanto lo más importante, la familia, la
    crianza y desarrollo de nuestros hijos.

    Debemos también de ver que nuestras familias se
    descomponen un tanto, por el resultado del vacío de
    comunicación y de afecto e integración de padres a
    hijos y de hijos a padres, que degenera en una falta de control.
    La consecuencia, mala formación, malos hábitos, tal
    que ya no existe consideración a la autoridad de
    los padres y ahí viene el ingreso de los problemas de
    violencia juvenil, los problemas de violencia
    familiar.

    De ahí que se busque soluciones integrales, que
    permitan cuidar primero la familia, potenciarla.
    ¿Cómo? En base a capacitaciones, vinculaciones
    permanente a profesionales que tiendan a buscar y, porque no
    decir, brindar el consejo y la reflexión oportuna, la
    orientación técnica de los psicólogos, la
    consulta oportuna para aliviar alguna situación , para
    desechar el estrés de
    los padres, para alimentar la relación afectiva entre
    padres y puedan dar un verdadero afecto y amor a sus
    hijos, para que en base a esa sólida función
    familiar como célula
    fundamental de la sociedad se construya un nuevo
    Estado.

    Los niños y
    los jóvenes de hoy ya tienen un marco referencial de
    comportamiento, a ellos nos toca ayudarlos a
    reflexionar, orientarlos y en la medida que sea posible estimular
    esfuerzos multisectoriales para presentarles respuestas concretas
    a sus frustraciones, a sus inquietudes, buscar alternativas de
    superación. Una especial atención a los
    niños porque ellos sí están
    presentándonos la esperanza de que nuestro futuro mejore
    en un país mucho más integrado, de sólidas
    convicciones y estructura de
    seguridad ciudadana.

    La seguridad ciudadana también tiene que ver en
    el aspecto estructural de la formación de los distritos,
    de las ciudades y los barrios, para que sea una zona donde exista
    seguridad. Donde existe tranquilidad tiene más valor, tiene
    un valor mucho más positivo y económicamente
    contundente que un lugar donde no hay una buena seguridad
    ciudadana, donde no existe una norma adecuada de desarrollo,
    donde no existe una convivencia pacífica. Una zona donde
    existen conflictos, robos sociales, se desprecia y donde existe
    tranquilidad, donde existe buena convivencia, eleva su precio, su
    justiprecio.

    La seguridad ciudadana es un concepto que engloba a dos
    fenómenos: el fenómeno de la criminalidad y el
    fenómeno de la inseguridad ciudadana. Sabemos que la
    criminalidad produce un conjunto de hechos de naturaleza criminal
    y traiciones al ordenamiento jurídico, infracciones de
    violencia familiar, de violencia
    social, así como los hechos que sin estar comprendidos
    en la normativa penal constituyen violaciones a las normas
    sociales de convivencia pacífica.

    En cuanto al sentimiento de inseguridad ciudadana
    debemos de señalar que es el producto de
    una sensación, de la percepción, que tiene el ciudadano promedio
    de cual es el ambiente en el que vive.

    ¿Cuál es el ambiente de seguridad en su
    comunidad?. Si lo encuentra aparente a sus expectativas pues no
    habrá inseguridad, si no lo encuentra, ese sentimiento de
    inseguridad estará permanente latente en todos sus
    miembros, por eso es que existe mucha preocupación de
    aquellas comunidades donde decimos que hay violencia juvenil,
    pandillaje. Los vecinos se desplazan con cuidado temerosos de
    dejar su casa o que fueran objeto de robos menores, temerosos des
    desplazarse porque pueden ser objeto de asaltos o de agresiones y
    viven permanentemente en un ambiente de inseguridad.

    Existe una desproporción entre el sentimiento de
    inseguridad ciudadana y los verdaderos índices de
    criminalidad, pero esta apreciación obedece a diversos
    factores tales como la desconfianza en la actuación de la
    policía. Eso es cierto y no lo podemos negar, pero
    también la presencia de elementos sociales que acrecientan
    los temores. Entonces nosotros debemos estar interesados en
    generar ambientes de mejor desarrollo y nivel de seguridad
    ciudadana.

    En el tema de seguridad ciudadana, hay que agregarle
    algo importante. Se debe de adoptar una actitud eminentemente
    preventiva ya no coercitiva, constructiva. Por eso es necesario
    un trabajo integral, multisectorial, de apoyo a la
    prevención para evitar la represión.

    Se debe permanentemente coordinar con los gobiernos
    locales. Hoy surgen en la actividad municipal los comités
    de seguridad ciudadana, formados, integrados por el alcalde o
    gobierno local, la Policía y la comunidad organizada en
    juntas vecinales.

    Las instituciones representativas del Estado deben
    atender concertadamente la problemática de seguridad
    ciudadana, en donde la voz, la palabra, la sugerencia del
    alcalde, del vecino, del ciudadano, sean permanentemente
    escuchadas y sea tomada en cuenta; pero es necesario para esto
    hacerles una respetuosa y previa reflexión. Una
    posición de participación debe ser asumida con
    responsabilidad, con profundo sentido de justicia y equidad, sin
    egoísmos y actitudes partidaristas que antes de concertar
    van a generar una disgregación de ideas, una
    interrupción de los propósitos de otros ciudadanos
    para converger en determinaciones efectivas para el desarrollo de
    la comunidad.

    Es igualmente necesario que se fortalezca los servicios
    policiales de seguridad ciudadana bajo este contexto, dentro de
    los términos de procesos de
    reestructuración de la Policía, surgen dos premisas
    fundamentales sobre las cuales se sustenta: primero, la
    importancia de los ciudadanos dentro de la seguridad ciudadana y,
    segundo, la presencia de una nueva modalidad de servicio que es
    la Policía Comunitaria cuya actividad ya se esta
    desarrollando y genera acercamientos positivos a la comunidad,
    buscando recuperar espacios de confianza y credibilidad donde los
    ciudadanos deban sentirse adecuadamente atendidos en todas las
    dependencias policiales hacia la cual tengan necesidad de
    concurrir.

    Conocemos que la seguridad ciudadana es una
    función básica de la Policía, pero se
    requiere de una coordinación permanente, una
    cooperación permanente con los gobiernos locales, la
    comunidad organizada y las instituciones públicas y
    privadas.

    Para poder trabajar debemos de cambiar de actitudes y
    proponer acciones de policía comunitario como un trabajo
    esencial de acercamiento a la comunidad; pero,
    participativamente, con la ciudadanía trataremos de
    afianzar esos niveles de seguridad ciudadana a través de
    la población por el propio bien de la comunidad
    capacitando a la Policía, orientado por sus acciones
    mixtas de patrullaje cívico para
    tratar de mantener el orden, fortalecer nuestros medios,
    nuestra convivencia y nuestras interrelaciones.

    Debemos de enfatizar cinco aspectos fundamentales en el
    tema de seguridad ciudadana. Primero, que la seguridad tiene que
    ver con el curso de la historia, que quiere decir,
    que los problemas de seguridad se multiplican como las ciudades
    van creciendo, se van complejizando.

    El tema de seguridad ciudadana en una comunidad
    campesina es con toda seguridad mucho menos compleja que el tema
    de seguridad ciudadana en otras ciudades. Y si hacemos referencia
    respecto a otras ciudades, el tema es cada vez más
    complejo. Eso quiere decir que a cómo van los años,
    crece la demografía de las grandes ciudades, crecen
    también las tareas al interior de las ciudades. El tema es
    amplio y nos va a convocar cada vez más, quiere decir que
    estamos ante una situación que va a esperar mucho
    más el compromiso de instituciones como la Policía,
    los municipios, las organizaciones sociales y también el
    ciudadano común y corriente.

    El segundo aspecto, es que el tema es indudablemente muy
    complejo, porque tiene que ver no solamente con la violencia que
    cotidianamente entendemos como agresión física y
    psicológica, sino que el tema de seguridad ciudadana
    comprende las garantías que da el Estado para el ejercicio
    de todos los derechos fundamentales, como el derecho a la vida,
    el derecho a la identidad, a
    su seguridad moral,
    física, al libre desarrollo, al bienestar, la salud,
    empleo,
    educación; estamos hablando también de una igualdad ante
    la ley de todos los ciudadanos comunes y corrientes; de libertad
    de conciencia, la libertad de información, de
    opinión, de expresión.

    Es decir, que el tema de seguridad ciudadana es amplio
    que va indiscutiblemente mucho más allá de la sola
    tarea de la policía. Esta es la complejidad de lo que se
    ha denominado como seguridad ciudadana una tarea de todos y si
    nosotros complejizamos más el asunto, estamos hablando del
    ser humano de manera integral, con necesidades, pero
    también con potencialidades de saber ser, hacer, tener y
    poder. Aspectos que recorren el conjunto de necesidades humanas,
    articuladas hoy a posibilidades de ejercicio pleno de la libertad
    para optar entre alternativas y oportunidades que permitan el
    disfrute pleno de su desarrollo
    personal y social.

    Un tercer aspecto, es la seguridad ciudadana como un
    compromiso de todos, sabiendo que dentro de todos hay quienes
    tienen papeles más importantes que otros, como el
    educador, el policía que tienen un papel fundamental en
    este conjunto de cosas que se señalan, pero también
    con responsabilidades más delicadas y tal vez más
    grandes: la familia, los padres respecto a los hijos, los padres
    como ciudadanos miembros de la sociedad.

    Cuando hablamos de seguridad ciudadana estamos hablando
    de niños, jóvenes, adultos, ancianos, mujeres, de
    absolutamente todos. Este es un aspecto que debe de invitarnos a
    reflexionar en estos tiempos, sobretodo cuando la familia se
    resquebraja y hay una crisis de valores a todo nivel. Es una gran
    responsabilidad que tenemos hoy; algunos participando ya de
    manera directa en el tema de la seguridad ciudadana, como los
    comités de autodefensa, las juntas vecinales, la
    policía y muchos otros ciudadanos.

    Un cuarto aspecto es el tema de la policía.
    ¿Qué es la Policía?. La policía
    está ligada a los fines y deberes del Estado, la
    policía como policía nace con el Estado y si uno ve
    la Constitución Política de los
    Estados, el fin supremo de ese Estado es la persona humana. La
    situación de esa policía como institución es
    de múltiples carencias, con recursos cada vez
    insuficientes y menos estimulados. Pero dentro de esas
    limitaciones consideramos que se desarrollan esfuerzos de un
    mayor acercamiento a la sociedad, entonces tenemos la
    Policía Comunitaria, este modelo genera
    confianza y credibilidad que la Policía tiene que
    observar.

    Un quinto aspecto, que debemos de reflexionar es
    respecto a la seguridad ciudadana no solamente como la falta de
    garantías para el libre ejercicio de la persona humana,
    sino también de reacciones distintas, generalmente
    negativas, de consecuencias en cada una de las personas que
    sufrimos la inseguridad o sus consecuencias: Dos componentes:
    uno, la falta de garantías y, la otra, la persona que
    sufre esas consecuencias.

    Seguridad Ciudadana comunitaria: Cuestiones
    terminológicas

    Orden Público, seguridad ciudadana o seguridad
    de los habitantes

    El concepto de orden público ha ido
    modificándose a lo largo del tiempo. Originariamente, este
    es el concepto liberal que mana del artículo 9 que regula
    esta cuestión en la Declaración de los Derechos del
    Hombre y del Ciudadano de 1789 que dice:

    Nadie puede ser inquietado por sus opiniones,
    incluso las religiosas, siempre y cuando su
    manifestación no altere el orden público
    establecido por la ley.

    Este artículo, tiene que ser interpretado
    sistemáticamente y puesto en relación con el 4 de
    la misma Declaración:

    La libertad consiste en poder hacer todo lo que
    no sea perjudicial al otro. Así, el ejercicio de los
    derechos naturales de cada hombre no tienen otro límite
    que aquellos que aseguren a los otros miembros de la sociedad
    el disfrute de estos mismos derechos; estos límites
    sólo pueden estar determinados por la
    ley.

    Por lo tanto si mudamos el concepto de orden
    público del ámbito estricto de la libertad
    ideológica del artículo noveno a uno más
    genérico del artículo cuarto, formularemos la
    siguiente definición de orden público:

    El orden público se establece como
    garantía y límite de la libertad y, como
    ésta, consiste en que nadie puede hacer nada que sea
    perjudicial a los demás.

    Desde esta perspectiva, que no hemos de perder nunca de
    vista, libertad y seguridad son dos caras de la misma moneda: Sin
    seguridad no hay libertad (ya que la falta de ésta,
    inquieta el libre ejercicio de los derechos y libertades del
    ciudadano) y sin libertad no puede haber una autentica seguridad
    (ya que la seguridad sin libertad comporta un régimen
    autoritario).

    Con el tiempo, este concepto de orden público,
    evolucionará hacia el de seguridad ciudadana (originado en
    la doctrina de la nouvelle prevención), mucho más
    amplio, y que incorpora los valores del Estado social y
    democrático de Derecho.

    Ahora bien, en general, no se ha producido un cambio de
    denominación, sino de contenido del concepto. En efecto
    hoy por hoy la expresión de orden público sigue
    utilizándose como garantía de la seguridad
    pública, lo que ha cambiado es el contenido del concepto
    que paulatinamente ha ido pasando desde el forzar a los
    ciudadanos a la obediencia de la norma, lo más primario, a
    la garantía de la calidad de la vida de los
    mismos.

    En España, esta evolución ha tenido, no
    obstante, a diferencia del resto de países del continente,
    un cambio de denominación impulsado necesariamente por el
    cambio de régimen autoritario al Estado social y
    democrático de Derecho. Por ello el texto
    constitucional español
    recogió la expresión seguridad ciudadana y no el de
    orden público al hablar de la función de los
    cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

    Resulta difícil definir claramente los conceptos
    de seguridad pública, seguridad ciudadana y orden
    público. Por ello nos remitimos a una concepción
    que, de una parte, se relaciona directamente con los
    orígenes del Estado de Derecho
    más primigenios (tenemos que recordar que, en la
    época de la Revolución
    Francesa, las personas se denominaban ciudadanos entre ellas
    por superar el término súbditos y como equivalente
    de persona que tiene unos derechos inalienables, reconocidos,
    ahora bien, por la ley) y también por su proyección
    de futuro (se calcula que en el año 2020, el 70 % de la
    población mundial vivirá en las ciudades, por lo
    tanto, la seguridad será, principal y fundamentalmente,
    ciudadana).

    Por estas razones, el término seguridad ciudadana
    también lo preferimos al de seguridad
    pública.

    En si el término de seguridad ciudadana no tiene
    buenos antecedentes en los países de Latinoamérica, puesto que empezó
    siendo utilizado por las Fuerzas Armadas a finales de los
    años setenta como un renovado vocablo de similar contenido
    a la doctrina de seguridad nacional impartida por los Estado
    Unidos de América
    desde la conocida como Escuela de las Américas que
    tituló a centenares de represores, en busca del enemigo
    interior de Argentina, Chile, Uruguay y de
    tantos otros Estados. En estos países, el término
    preferido es el de seguridad de los habitantes, que estiman
    omnicomprensivo y no exclusivo.

    En todo caso, cuestión terminológica
    aparte, lo que es evidente es que el concepto de orden
    público ha de rellenarse en función de la realidad
    en la que ha de operar. Así podríamos distinguir
    entre el concepto liberal de orden público del siglo XIX y
    el concepto social y democrático de orden público
    que se impone en las democracias occidentales a partir de la
    finalización de la segunda guerra
    mundial, al que también podemos denominar seguridad
    ciudadana.

    Seguridad Comunitaria

    Cuando hablamos de seguridad comunitaria, nos estamos
    refiriendo a un modelo concreto de
    seguridad, lo que tiene en cuenta al ciudadano en la
    formulación y verificación de las políticas
    de seguridad. Los orígenes del término seguridad
    comunitaria los tenemos que encontrar en la idea de
    oposición entre el modelo inglés
    de policía (o policía comunitaria) y el modelo
    francés o continental (o policía del princeps).
    Para el primero, la actividad de la policía sería
    una consecuencia de las demandas sociales, de forma que
    habría una clase de self – policing, de la comunidad
    con un mínimo uso de la fuerza. Por el contrario, la
    policía continental, estaría mucho más
    ligada al proceso de construcción de un Estado
    contemporáneo y, por lo tanto, de defensa del mismo ante
    los procesos involucionistas o revolucionarios que ha
    padecido.

    DERECHOS
    HUMANOS

    El tema de la seguridad pública es una de las
    preocupaciones permanentes de los ciudadanos, en casi todas las
    encuestas este
    tema ocupa uno de los primeros lugares; sin embargo a esta
    preocupación no le sigue un nutrido debate, alentado por
    la sociedad misma, que lleve a mejores diagnósticos y al
    diseño
    de innovadoras alternativas para asegurar lo que también
    es un derecho humano, la seguridad ciudadana. Como lo
    indicará Roberto Cuellar M. en su intervención en
    Antigua-Guatemala del
    15 al 16 de noviembre de 2001:

    La seguridad ciudadana es un tema que se
    mantiene en un primer lugar de las agendas nacionales debido a
    que su antítesis, la
    inseguridad ciudadana, es el reclamo más constante que
    las personas les hacen a las autoridades nacionales o
    municipales. Esa circunstancia ha generado las más
    diversas teorizaciones sobre el tema, no siempre bien enfocadas
    hacia la determinación de las causas y su
    erradicación, sino más bien hacia acciones
    más de carácter reactivo que preventivo. Es
    así como por lo general, se responde a concepciones muy
    seguristas que le dan énfasis al tratamiento estatal y/o
    represivo del problema, lo cual se encuentra reflejado
    claramente en las políticas
    policiales.

    Diversos factores como la no distinción entre
    seguridad pública y seguridad nacional, la ineficacia del
    sistema penal, así como la exacerbación que de este
    tema hacen los medios de
    comunicación han convertido el tema de la seguridad
    pública en problema aparentemente univoco, haciendo
    entonces creer que la única alternativa es la
    visión policíaca y represiva, donde se criminaliza
    la pobreza o
    se imponen medidas como la del "alcoholímetro" sin pedir que la autoridad
    justifique que es una medida idónea y que efectivamente no
    existe otra posibilidad para generar esta restricción a
    las garantías ciudadanas.

    Muchas veces el cuestionamiento que las defensoras y
    defensores de derechos humanos han hecho a las medidas que
    aumentan la discrecionalidad de las policías o que
    sólo proponen mayores medidas represivas ha servido para
    acusar de que "defienden delincuentes" y que no les preocupa los
    derechos de los ciudadanos honestos. Por supuesto que interesa el
    tema de la seguridad pública pero desde otras y mejores
    perspectivas.

    Por ejemplo al abordar este tema, es necesario revisar y
    asegurarnos de cuál es el concepto que mejor identifica el
    problema. El concepto de seguridad ciudadana, debe entenderse
    "como la protección que debe brindar el Estado a las
    personas respetando sus derechos y libertades fundamentales" y no
    así el de seguridad pública. La razón es que
    el primero coloca a la persona y no al Estado como el centro de
    la seguridad.

    Igualmente en necesario distinguir con mucha
    precisión entre la función de seguridad
    pública y la impartición de justicia
    penal.

    Que actualmente vivamos una seria crisis de las
    instituciones que administran la justicia, lo que no debe
    llevarnos a olvidar que la seguridad ciudadana es un derecho de
    los ciudadanos cuya satisfacción corresponde al
    ámbito del poder
    ejecutivo a través del servicio público de la
    policía y que se debe evitar buscar, como actualmente se
    pugna, que las policías preventivas realicen tareas de
    investigación de delitos, desvaneciendo la
    imprescindible distinción entre seguridad pública y
    justicia penal.

    En el análisis del problema de la seguridad
    ciudadana debiéramos llegar a determinar el grado de
    erosión
    de los niveles de convivencia ciudadanos que genera la
    inseguridad, para lo cual se necesita que se asegure la
    existencia de un diagnostico de la realidad económica,
    socio cultural y criminológico, y no sólo este
    último.

    De forma que entonces el trabajo de
    seguridad sea planteado como un trabajo de reconstitución
    del tejido social y en consecuencia la policía considerada
    como una institución que contribuye a la
    reconstitución de la convivencia comunitaria. De tal
    manera que las estrategias de seguridad ciudadana sean
    fundamentalmente preventivas e integrales.

    Por supuesto que estos puntos apenas esbozados son parte
    de un debate que se desarrolla en muchas ciudades y países
    del mundo y de América
    Latina. La seguridad ciudadana es uno de los temas más
    saltantes en las democracias y por supuesto que también lo
    es para nuestro continente.

    Con frecuencia, algunos miembros de las corporaciones de
    seguridad pública han manifestado que la defensa y
    protección de los derechos humanos favorece a los
    delincuentes y perjudica a las víctimas del delito. Esta
    afirmación es errónea, y no tiene fundamento
    jurídico que la sostenga. El argumento ha causado una
    grave confusión entre la población; de ahí
    la necesidad de exponer algunas razones que la
    desmientan.

     La creencia de que la defensa y protección
    de los derechos humanos beneficia sólo a los delincuentes
    es falsa. Todos, sin distinción, gozamos de los derechos
    consagrados en nuestras Constituciones, así como en los
    diversos instrumentos internacionales en la materia. Los
    niños, las personas de la tercera edad, las que viven con
    VIH/sida, los
    indígenas, la mujeres, las lesbianas y homosexuales, los
    niños de y en la calle y los policías gozan de
    ellos, salvo en algunos casos en que el derecho a la libertad
    personal puede ser legítimamente restringido. Sin embargo,
    la privación de la libertad origina nuevos
    derechos.

     Cualquier acusación o detención debe
    estar sustentada en los procedimientos
    que la propia Constitución ha establecido. Además,
    debe prevalecer el derecho a la información (motivo,
    delito y quién acusa), a la defensa, a ser oídos y
    juzgados en un tiempo razonable, a no ser torturados, a la
    indemnización, a un trato digno por parte de las
    autoridades, a recibir atención como víctima y,
    sobre todo, a la justicia, la cual se relaciona con el deber del
    Estado de investigar y sancionar. Ésta debe ser efectiva,
    pronta y expedita. Por su parte, de la autoridad competente
    brindará la orientación adecuada.

     Estas garantías, que nos han legado
    nuestros legisladores, tienen por objeto evitar arbitrariedades
    de las autoridades por exceso o defecto en la aplicación
    de la ley. Nos dan la seguridad (jurídica) de que las
    autoridades sólo podrán proceder en nuestra contra
    si se ajustan a los supuestos y procedimientos establecidos en la
    propia Constitución, y nos garantizan el derecho a la
    justicia en caso de ser víctimas de un delito; con ello se
    evitan hechos tan penosos de justicia por mano propia.

    No debe escandalizarnos el que se insista a las
    autoridades que respeten esos derechos, sino más bien
    cuando son violados. Por eso es aberrante pensar que una
    política de seguridad ciudadana pueda consistir en
    tolerar, por ejemplo, detenciones ilegales o arbitrarias o en
    desconocer los derechos del detenido o procesado, o de la propia
    víctima. Al contrario, aquélla debe garantizar un
    equilibrio entre los derechos del delincuente y los de la
    víctima, así como con los de la sociedad en
    general, que espera que el delito sea investigado y sancionado
    para evitar la impunidad.

    La defensa de los
    derechos humanos se orienta al combate del delito

     Muchas veces los servidores
    públicos, valiéndose de su cargo, se olvidan de que
    su misión es proteger a los ciudadanos y los derechos
    humanos, y que las armas les fueron
    confiadas para defender a la ciudadanía y no para
    atacarla.

     Corresponde a los órganos correspondientes
    velar por los derechos de las víctimas del
    delito.

     Esto no es cumplido plenamente. Un alto porcentaje
    de las quejas presentadas en las comisiones de derechos humanos
    ha sido de víctimas que han quedado desamparadas ante la
    impunidad, la inacción o ineficiencia del sistema de
    administración de justicia. Muchas
    denuncias formuladas no han sido debidamente investigadas; otras
    ni siquiera se han indagado. En las que se hacen investigaciones
    hay serias deficiencias jurídicas que serán
    aprovechadas por el acusado en su defensa o serán tan
    graves que el juez no pueda continuar con el procedimiento. Y
    en las que se ha concedido orden de detención,
    éstas no se han ejecutado.

    La defensa y protección de los derechos
    humanos no son un obstáculo para combatir el
    crimen

      Las causas de la inseguridad que viven
    nuestros países son diversas: corrupción, impunidad, violencia,
    desconfianza en las autoridades, entre muchas
    más.

     Sin embargo, algunos se han empeñado en
    señalar que quienes se dedican a "la protección y
    defensa de los derechos humanos" la han ocasionado y que,
    además, ¡no les permiten combatirla! Esto es falso.
    Para muchos servidores públicos este argumento les sirve
    como pretexto para seguir ocultando su ineficiencia y, en
    ocasiones, sus complicidades.

     Todos sabemos que una de las causas más
    comunes de la inseguridad es la corrupción. Debemos
    entender que ésta no sólo significa aceptar o pedir
    una dádiva, sino dejar de hacer cuando se está
    obligado a ello.

     El no arrestar a quien debió ser detenido
    genera impunidad; deja sin castigo cuando debía haberlo.
    La impunidad se manifiesta cuando los ciudadanos no denunciamos
    algún delito que, sabemos, se ha cometido, ya sea por
    miedo, ignorancia, o desconfianza en las autoridades; cuando el
    policía no detiene por ineficacia, incapacidad,
    complicidad o desconocimiento; cuando las autoridades no hacen
    debidamente su trabajo, entre otros casos.

     Esto genera violencia. Al no ver satisfecho ese
    derecho, dejamos en la víctima del delito un deseo de
    "justicia" muchas veces traducida en venganza, que se
    cobrará tal vez por su propia mano. Esta situación
    genera gran desconfianza en las instituciones de administración de justicia. Menos
    ciudadanos acudirán a ellas a denunciar, mientras que los
    delincuentes seguirán haciendo de las suyas a la sombra de
    la impunidad.

     El reto, tanto de las instituciones de seguridad
    pública como de la sociedad en general, es romper el
    círculo vicioso que forman la corrupción, la
    impunidad, la violencia y la desconfianza.

     La defensa y la protección de los derechos
    humanos pugnan por una política de seguridad ciudadana que
    actúe sobre las causas de la criminalidad y privilegie la
    prevención e investigación del delito.

     Se ha dicho de manera insistente que para combatir
    la delincuencia y elevar los niveles de seguridad es necesario
    aumentar la sanción penal, el número de
    policías y patrullas, y tolerar la violación a los
    derechos humanos, entre otras. Esta creencia negativa deja de
    lado las verdaderas causas de la criminalidad y se olvida de la
    necesaria modernización de las instituciones de
    administración de justicia, mediante un esfuerzo global
    que garantice el acceso y trato igualitario a la
    población; que se erradique la desconfianza mutua entre
    esas entidades y se busque la complementariedad de ellas y la
    coordinación contra el crimen.

     Una política de seguridad ciudadana seria
    debe atacar las causas de la criminalidad y prever medidas en el
    ámbito social, de la infraestructura, la educación
    y la participación de la sociedad, para prevenir o
    combatir todo factor criminal y así dificultar las
    comisión de delitos.

     Para hacer frente a este desafío hay que
    humanizar y hacer más eficaz la respuesta del Estado, con
    la capacitación y profesionalización de los cuerpos
    policiales. Para ello se requiere: 

    • Interés del Estado y la sociedad para que la
      formación del policía se oriente hacia el respeto
      al orden legal y de los derechos humanos de los
      ciudadanos.
    • Dignificación de la actividad policial. El
      policía es un servidor
      público encargado de la seguridad, pero sobre todo es
      una persona con una actividad que merece alta valoración
      social y, por lo tanto, debe ser correspondida con el respeto a
      sus derechos y la satisfacción de sus necesidades
      elementales.
    • Evaluación del trabajo policial no
      sólo por sus resultados, sino por los medios empleados.
      Esta apreciación será permanente, y en ella no
      sólo habrá de intervenir el Estado, sino
      también la sociedad, que debe convertirse en un actor
      coadyuvante de las distintas etapas que implica una estrategia de
      seguridad pública. Los mecanismos e instrumentos de la
      actuación policial deben regularse según el
      criterio "mayor eficacia-menor
      costo para
      las personas en el ejercicio de sus derechos". En este sentido,
      su actuación debería estar sustentada en el
      criterio: "Prevención en la medida de lo posible y
      represión en la medida de lo estrictamente
      necesario".
    • La participación de la sociedad en la
      evaluación de sus necesidades, así como en los
      planes de seguridad pública.
    • Adopción, por parte de los cuerpos policiales,
      de códigos de conducta o
      ética.
    • Mecanismos que resuelvan algunos problemas entre los
      ciudadanos de forma no violenta, a través de la
      mediación o solución pacífica de los
      conflictos.

    La seguridad pública no sólo es un
    problema de los cuerpos policiales. La colaboración de
    todos los actores sociales es urgente, especialmente cuando vemos
    que las debilidades en este rubro son fuente de una violencia e
    impunidad que afectan la vida, la integridad, la libertad y el
    derecho a la justicia de las personas y, en general, el de todos
    a llevar una vida libre de temores y sobresaltos.

     Para que la lucha contra la delincuencia sea
    eficaz, las acciones deben ser legítimas, esto es,
    respetar la Constitución y con ello los derechos humanos,
    no sólo por el bien de la legalidad,
    sino por el de la sociedad, para que recupere ese espacio tan
    natural que le ha sido arrebatado: la calle.

    Esta claro que los Estados son entidades responsables
    por la seguridad de los ciudadanos, pero la historia reciente ha
    demostrado que la producción de seguridad puede tomar como
    horizonte ciertas claves excluyentes e incluso siniestras, o
    puede reposar en políticas que con los ojos abiertos a una
    realidad compleja e interconectada, respondan con una perspectiva
    de derechos humanos a través de instituciones
    profesionales y competentes ante los patrones violentos y de
    criminalidad que surcan a una sociedad.

    Bajo el marco internacional de los derechos humanos la
    responsabilidad de los Estados se expresa no sólo en el
    deber de respetar los derechos humanos internacionalmente
    reconocidos, sino también en actuar con la debida
    diligencia para prevenir, sancionar y erradicar aquellas
    prácticas lesivas contra las personas por parte de agentes
    gubernamentales o particulares, cualquiera sea el ámbito
    en el que ocurra.

    Recorrido más de medio siglo desde que la
    comunidad internacional adoptara un marco jurídico desde
    el cual se le exige a los Estados rendir cuentas sobre el
    cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos,
    se puede observar una realidad bastante desajustada de la
    visión esperada.

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