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POLICÍA

El modelo de policía de orientación comunitaria o de proximidad constituye el más reciente paradigma en materia policial y surge como respuesta al agotamiento que empieza a evidenciar el tradicional modelo "profesional" desarrollado a partir de los años cincuenta.

Este modelo aparece y se extiende rápidamente en Estados Unidos, Canadá y Europa a partir de la década de los ochenta, e irrumpe en América Latina en los años noventa, acompañando algunos de los procesos de reforma policial de la región. En realidad, podríamos afirmar que no se trata de un nuevo concepto, sino más bien de la recuperación del modelo elaborado hace más de 150 años por Sir Robert Peel y aplicado a la policía metropolitana de Londres, inspirándose también en el modelo de policía de Japón, conocida como el "koban".

En primer término, la policía de proximidad no solamente se preocupa por actuar sobre variables tradicionalmente asociadas a su quehacer como lo son la delincuencia y el orden público, sino que incorpora otras como la sensación de inseguridad, la calidad de vida de la población y la cohesión y solidaridad social.

Es así como sus objetivos también se amplían. Aparte de ocuparse del control de la criminalidad y del orden público, la policía incorporará a su quehacer objetivos tales como:

• Identificar problemas en la comunidad y propiciar soluciones sostenibles, particularmente sobre aquel tipo de problemas que se estime pueden incidir sobre la proliferación de hechos delictivos o de problemas de orden público.
• Mejorar la sensación de inseguridad en la población.
• Incrementar el nivel de satisfacción de la comunidad con respecto a la intervención policial.
• Incorporar a los ciudadanos en la producción de seguridad, mediante su participación en diversas iniciativas que permitan prevenir más efectivamente la comisión de delitos.
• Mejorar el control social sobre la actuación policial.

Vistos los objetivos del nuevo modelo y las variables sobre las que pretende actuar, la policía de proximidad supone un conjunto de características particulares que pasamos a detallar.

En primer término se observa una ampliación del mandato policial tradicional, que no se limita al mantenimiento del orden y a la prevención y represión de la criminalidad, sino que abarca la resolución de los problemas de la comunidad dentro de un más amplio concepto de calidad de vida de la población.

En segundo término, la actitud institucional exige un comportamiento proactivo más que reactivo, centrando sus esfuerzos en la resolución temprana de los problemas que puedan degenerar en conflicto social.

En tercer lugar, se privilegia el diseño de estrategias a nivel local. La unidad geográfica más pequeña -barrio, vecindario, etc.- pasan a constituir el espacio en donde se analiza el problema de la inseguridad y se planifican las estrategias para enfrentarlo.

En cuarto lugar, se promueve el establecimiento de mecanismos de asociación y cooperación con las autoridades políticas, los servicios públicos y privados, los medios de comunicación y la comunidad en general. La policía deja de ser un ente aislado, trabajando en "un mundo secreto" contra la delincuencia, y se convierte en un ente dinamizador de iniciativas ciudadanas que procuran prevenir la comisión de delitos y mejorar el entorno inmediato.

Los aspectos descritos con anterioridad condicionan cambios a nivel organizacional, operativo y de recursos humanos.

A nivel de la estructura organizativa, el modelo comunitario exige importantes grados de descentralización a efectos de procurar un mayor acercamiento de la institución a la ciudadanía. Paralelamente, la tradicional estructura de mando vertical da paso a una organización más horizontal, con un importante traslado de poder en la toma de decisiones hacia las unidades de base.

En materia operacional, se producen cambios que procuran una presencia más visible de la policía en las calles y un contacto más directo de ésta con la ciudadanía. La unidad policial grande y diseñada "hacia adentro" abre paso a unidades pequeñas, estratégicamente ubicadas; el patrullaje motorizado se complementa con el patrullaje a pie o en bicicleta, y se acrecienta el contacto con la ciudadanía mediante visitas a sectores de la comunidad, reuniones periódicas con representantes de la misma, etc.

Adicionalmente, el mayor acercamiento a la comunidad y la incorporación de la misma al quehacer de las unidades, acrecienta la obligación de rendir cuentas a los ciudadanos y a los responsables políticos del nivel territorial correspondiente; situación ésta que presiona hacia una mayor transparencia institucional y hacia un fortalecimiento de los mecanismos de control externos sobre la actuación policial.

Finalmente, en materia de reclutamiento y formación de personal, se privilegia a un policía que se perfile más como un generalista que como un especialista; más como un comunicador que como un "informante", más como un gestor social que como un agente del orden.

Las estrategias previstas para la aplicación del modelo de policía de proximidad son numerosas y variadas, según las características específicas del contexto en el que se inserta. Sin embargo, es posible establecer un esquema general consistente esencialmente en lo siguiente:

• Diseño y ejecución de experiencias-piloto conjuntas (policía-comunidad) en algunas zonas o barrios seleccionados, que permitan probar el modelo y obtener efectos demostrativos.
• Levantamiento de información relevante y de estudios en las zonas en donde se ejecutarán las experiencias piloto que contengan datos sobre la criminalidad y el sentimiento de inseguridad, los medios utilizados por los ciudadanos para protegerse de la delincuencia, el nivel de deterioro del entorno físico, los grupos comunitarios existentes y sus recursos (humanos, materiales y financieros).
• Establecimiento de alianzas con las autoridades políticas locales -municipio, alcaldía, etc.-, los organismos sociales existentes en la zona o en el barrio, la empresa privada, los grupos comunitarios, etc., para que de manera conjunta se identifiquen los problemas, se establezcan las prioridades y se propongan acciones debidamente consensuadas. Preferiblemente se aconseja el establecimiento de uno o varios comités que garanticen un proceso sostenido de coordinación y colaboración.
• Diseño de esquemas de patrullaje alternativo y de programas preventivos, tales como visitas a diversas instituciones (escuelas, colegios, comercios, residencias) con la finalidad de determinar su grado de seguridad, reuniones periódicas con los ciudadanos para intercambiar información y buscar soluciones, patrullas de vecinos en el barrio, identificación de objetos de valor, minipuestos policiales, campañas publicitarias, elaboración y distribución de folletos, talleres y conferencias, exposiciones itinerantes de la policía, saneamiento ambiental, modificaciones en el alumbrado, buzones "correo policial", actividades culturales, deportivas y recreativas, etc.
• Intervención selectiva en materia delictiva, dando prioridad a ciertos delitos seleccionados por su gravedad y frecuencia, y a partir de un minucioso levantamiento de información de la situación criminal en la zona respectiva.
• Evaluación periódicamente de las experiencias, teniendo en cuenta los objetivos previstos.
• Amplia divulgación y publicidad a los resultados del proceso para efectos demostrativos y mejoramiento de la sensación de inseguridad.
• Ampliación de las estrategias a otras zonas.

Paralelamente a la ejecución de experiencias piloto, la policía debe ir introduciendo a nivel de su organización, de su estrategia operativa y de su personal, los cambios correspondientes a efectos de garantizar la sostenibilidad del modelo.

Comenzaremos reconociendo los diferentes factores que conforman y condicionan la realidad policial. Para arribar a este objetivo, imprescindible para formular las consideraciones necesarias y válidas para un cambio futuro; realizamos una lectura en su aquí y ahora como de su devenir histórico en cuanto a su pertenencia Estatal, a sus relaciones con la Comunidad y las actividades realizadas en contra de la delincuencia.

Consecuentemente, identificamos y citamos a continuación, una serie de presupuestos que en más o en menos, subdivididos o agrupados diferentemente, básicamente representan los más importantes y que necesariamente deben ser analizados en su conjunto.

• Conflictos con la comunidad. Distanciamiento.
• Desempeño exclusivo de tareas operativas. Eliminación de oportunidades y otras supletorias.
• Descontrol del accionar de la delincuencia. Desprotección.
• Casos de violaciones a los derechos humanos y de corrupción.
• Inadecuada estructura institucional. Disfuncionamiento.
• Precaria e inadecuada capacitación profesional.
• Pérdida de identidad.
• Influencia política.
• Falta de recursos financieros que atiendan debidamente a los funcionarios policiales en sus necesidades y decoro personales.
• Falta de sistemas y medios logísticos para cumplir acabadamente su misión específica.

La Policía tiene conflictos con su comunidad, desde el preciso instante de su creación, lo cual tiene mucho que ver con los aspectos y características de la misión a cumplir como de la metodología tradicionalmente empleada para llevarla a cabo, aunque más adelante veremos la existencia de componentes más fuertes y profundos.

Estos conflictos, se traducen preponderantemente en actos de violencia, corrupción, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, descontrol del accionar de la delincuencia y aún su aislamiento institucional; todo lo cual converge, en la desprotección ciudadana, en su distanciamiento y alto grado de cuestionamiento social.

En la generalidad, todas las formaciones policiales, se dedican por imperio de la Ley, al mantenimiento del Orden Público y la Seguridad Pública a la vez que la protección de su Comunidad contra el accionar de la delincuencia, de manera tal, que si bien ningún habitante reprocharía a priori, todos o alguno de estos máximos preceptos, en cambio sí lo haría, sobre la forma o manera que tiene la Policía de cumplirlos. Y a este aspecto, hay que agregar y dejar bien en claro, que la policía no hace lo que quiere, sino aquello que le es ordenado.

Con respecto a sus actividades en procura del Orden Público y la Seguridad Pública como razón de Estado para el bien común, fueron históricas y sistemáticamente tergiversadas por los diferentes gobiernos; orientándolas hacia un fuerte control y disciplinamiento social y enmascarando, detrás de la agencia policial, además de un marcado absolutismo, la realización de intereses ideológicos y político-partidistas. Efectivamente, sus potencialidades jurídicas y corporativas (humanas y de recursos logísticos y financieros), fueron desgastadamente distraídos para la contención y/o resolución de conflictos emergentes del campo social, donde la represión policial se observó como la repuesta oficial y de primerísima línea; en lugar de destinarlas a la protección de la ciudadanía y el desarrollo comunitario.

En cuanto a su accionar contra la delincuencia, cuenta con una estructura organizativa y funcional rígida, obsoleta y preponderantemente negada hacia todo avance tecnológico, producto de un marco legal inadecuado y tendencioso que la conminaran tradicionalmente, a impulsar y mantener un esquema de prevención basado exclusivamente en la eliminación de oportunidades, preponderando la saturación de objetivos en forma indiscriminada y eventual, como de precarias técnicas de investigación, requiriendo grandes aportes económicos por parte de la Comunidad, habida cuenta que se alimenta permanentemente de personal policial, de recursos materiales y financieros.

La falta de actividades relacionadas a la conformación de una cartografía delictual con su correspondiente informe científico, permitiendo así, la identificación y el conocimiento de las causales del delito que le permitan colaborar en el desarrollo social; la ubican en desventaja y le impiden un trabajo efectivo y eficaz en los niveles pertinentes de la prevención. Es decir, que además de evitar que el delincuente delinca, se pretende lograr que el delincuente no sea tal y que la víctima no llegue a serlo; lo cual requiere de una planificación policial que incluya y permita una coordinación multisectorial e interdisciplinaria, orientada a la elaboración de un diagnóstico criminológico del territorio donde ejerce su función con todos los operadores del sistema.

A modo de ejemplo, una tradicional medida, fue siempre estructurar grandes despliegues de policías y patrulleros en su ámbito de responsabilidad como mega operativos puntuales y coyunturales; pero, si bien eliminaron muchas posibilidades de delinquir, en los lugares donde fueron fijados sus asientos; no le han asegurado el control de la delincuencia; es más, le producen el desconcierto de comprobar su aumento, muchas veces tildándolo de inexplicable, derivando en su fracaso institucional.

Esta clase de esquemas preventivos, en el mejor de los casos, reacciona positivamente después de la comisión del delito y trabajando en sus efectos, pero con poca incidencia para evitarlo, aunque la realidad también nos demuestra que ni aún después, cumple acabadamente con su misión por la carencia de Planeamiento e Inteligencia como de personal, de medios y sistemas logísticos con los cuales responder, degenerando así en impunidad, desconcierto, reproche y desprotección social.

Y en este punto, nos apartamos de la doctrina del Derecho por cuanto el concepto de impunidad, desde la óptica del ciudadano común, que con sus impuestos sostiene un sistema que no le sirve, no lo asegura ni le brinda protección; comprende y se explica a través de la falta de calidad y cantidad de funcionarios, recursos y métodos para su contención personal y represión delictual, imputándosele al gobierno y preponderantemente a la Policía, una pasividad o actividad ineficaz contra el delito y no haber llegado a tiempo y dejarlo ser víctima.

Esta situación, se agudiza al absorber funciones supletorias que importan tareas que no le corresponde hacer y normadas en otros instrumentos jurídicos, pero convenientemente incorporadas por Ley como cuestiones de auxiliaridad para con otros organismos a la vez que demostrando, una clara falencia del Estado que llega a provocar la pérdida de identidad de sus miembros, los cuales constantemente se preguntan si en realidad son funcionarios policiales o custodios de detenidos, vigiladores y guardadores de vehículos automotores secuestrados, o empleados a pleno de los otros poderes del Estado.

Así es, los detenidos en dependencias policiales, las notificaciones judiciales y otros trámites de efecto privado, son en realidad una deliberada y perversa delegación de funciones enmascarada en la auxiliaridad, distorsionando la misión policial y haciendo peligrar la seguridad ciudadana.

La ciudadanía entonces, se siente desprotegida y enfadada con la policía pues la obligan a ubicarse en primera fila de una obra de teatro en la cual observan como la delincuencia triunfa. El funcionario de policía por su parte, se siente también defraudado por el Estado, pues a diario observan, cuánto dedican en recursos y esfuerzos a otras tareas distintas a la policial, en desmedro de aquélla que le corresponde por mandato comunitario.

En la generalidad, el poder político demuestra una influencia perjudicial, avanzando sobre la institución policial con designios ideológicos, partidistas y coyunturales como en términos electoralistas, que nada tiene que ver con su misión, o teniéndola, la obligan a cumplir estrictamente sus órdenes, sin posibilidad de revisión e inspección, pero en cambio sí, a hacerse cargo de las responsabilidades emergentes de los futuros fracasos. Esto produce un condicionamiento que vulnera muy fuertemente su normal desempeño, pues el pretendido, es que el poder político, debe ser consecuente con las relaciones interinstitucionales y referidas estrictamente a la dependencia estructural, fijando los lineamientos gubernamentales para la Seguridad Ciudadana como de los sistemas de verificación o control. Evitará extralimitarse en sus atribuciones e incidir negativamente en la labor cotidiana de los cuerpos policiales, comprobándose que en muchas ocasiones, su perjudicial influencia ha llegado hasta niveles mínimos y primarios de neto corte policial, tales como ordenar traslados y designaciones de personal, servicios policiales, ubicación de patrulleros, formas de llevar a cabo procedimientos, custodias o paradas policiales, etc., desestimando la autoridad y disciplina internas, sin el pleno y necesario conocimiento profesional para ello.

En este mismo contexto y primando la necesidad de satisfacer meros intereses particulares y/o partidistas, se han generado megas estructuras organizativas y se han elegido funcionarios, en algunas agencias policiales con anterioridad a la creación de los cargos para ejercerlos, en contradicción con la doctrina más elemental y tradicional del Derecho como de la Organización, o caracterizándose por la falta de idoneidad y capacidad para asumirlos.

Esto ha conducido a un generalizado disfuncionamiento y falta de control institucional, que en lo interno convergen en burocracia y en el relajamiento integral de la administración, y en lo externo, posibilitando diferentes situaciones que incluyen sistemáticas violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción y de libre albedrío, incluyéndose el desamparo del trabajador policial y la negación y/o incumplimiento de sus derechos.

Entonces, nada nos sorprende si por regular de esta manera la vida de la comunidad, se produzca el distanciamiento y recelo de ella, a la vez que el descontrol en su lucha contra el delito. Pero esto no es todo, le debemos sumar el hecho de que nunca fue tratada como un área profesional, de la misma forma que fueron la salud, justicia o educación, entre otras.

Siempre la Policía fue destinada a prestar un servicio, primero a la institución Estado y en segundo término a la Comunidad y en donde, la autoridad moral y técnica, rarísimas veces se concilió con la autoridad formal, tanto en las designaciones como en el ejercicio funcional. A modo de ejemplo, ningún gobierno designaría al frente del área de Salud a un abogado o en el área de Arquitectura y Urbanismo a un Odontólogo; menos aún para el área de Justicia, a quien no posea título de abogado, pero en cambio el área policial, fue siempre permeable para coronar a ciertos profesionales como abogados o integrantes de las Fuerzas Armadas, en franco desconocimiento y negación de la carrera policial. Pero esto no es casual, advirtiéndose en algunas agencias, precariedad o falta de una política de personal que conlleve a una buena selección y un soporte académico que los aparte de meras técnicas investigativas y del manejo de algunas armas como del seguimiento profesional de los funcionarios policiales para reaseguro de la Comunidad, de la Institución y de ellos mismos, ante la posibilidad de cualquier práctica inconstitucional.

Un tema importantísimo es el salario de los funcionarios policiales, que representa un gran problema de Estado por resolver. ¿Hasta dónde se pretende explotar la lírica de la vocación de servicio, de la integridad, de la moral y de las buenas costumbres?; ¿Cómo puede exigírseles conductas poco menos que excepcionales y anticorruptas, a quienes en muchísimas ocasiones, no tienen para comer o se presentan al servicio dejando a sus familias sin dinero y además, bajo condiciones laborales deplorables?.

Tengamos presente que el trabajo policial es riesgoso e insalubre, por lo que una jornada de labor mínima de conformidad a los contenidos de las legislaciones nacionales y además bien pagada, es la adecuada, debida y aconsejada.

Las situaciones dramáticas propias de la función y vividas a diario por los agentes policiales, importan la necesidad de un seguimiento y apoyo psicológico que en la generalidad no se cumple (por no decir que no existe), generándose una falta de contención y atención que pueden derivar en peligrosas patologías, muchas veces exteriorizadas y canalizadas a través de sí mismo, de la comunidad en general, de los imputados en particular como del grupo familiar al cual deterioran y/o destruyen.

Por otra parte, la Policía es y funciona gracias al esfuerzo y patrimonio personal, tanto espiritual como pecuniario de sus trabajadores policiales; de lo cual, el Estado, se beneficia continua y cotidianamente, a la vez que le resulta vital para el sostenimiento del sistema imperante por cuanto funciona carente de toda clase de recursos oficiales. De igual manera y a escala institucional de las diferentes dependencias, que autofinancian su misión, en el mejor y lícito de los casos, con la colaboración de la comunidad.

Entonces, esta realidad no es peor, gracias a las personas de los funcionarios policiales encargados de hacer cumplir la ley que nunca han bajado sus brazos y siempre, todos los días, se enfrentan contra el delito en defensa de la Comunidad, muy a pesar de sus vidas y de sus afectos y dentro de un esquema laboral, donde sus derechos como trabajadores so pretexto de la vocación de servicio, pocas veces o nunca, se han tenido o se tienen en cuenta.

Mucho se habla del incremento de la delincuencia, que genera preocupación e inseguridad en la población como del mal funcionamiento de la Policía, que conlleva a su alto cuestionamiento. Lo más llamativo de todo esto, es reconocer en algunos discursos oficiales, el reciente descubrimiento de que la problemática de la seguridad y la cuestión policial, hayan adquirido ribetes de tal magnitud, que se convirtieran en asuntos de Estado. Esto verdaderamente alarma, pues para los profesionales de la seguridad, tanto ésta en lo general como la agencia policial en particular, siempre fueron inequívocamente asuntos de Estado y sistemáticamente, fueron desoídas todas sus advertencias sobre un pronóstico oscuro y la necesidad y urgencia de promover un cambio en el sistema para no llegar justamente, a la realidad que estamos viviendo.

Pese a las afirmaciones y determinaciones, no contamos con una fórmula mágica, aplicable para cualquier caso y que además tenga el éxito asegurado. Tampoco, se proponen modelos, pues entendemos y pretendemos que ello debe ser una construcción nueva y original, consecuente con la historia, la vida cultural, social y económica de cada país.

Los temas tratados, nos permitieron tomar razón de la realidad policial, que si bien se nos presenta como una problemática emergente, es en verdad centenaria aunque urgentemente, hay que revertirla. Esta reversión, hacia un nuevo modelo policial no hegemónico y a la vez sustentable para un Estado de Derecho, no es imposible pero sí costosa, sobre todo en lo cultural y espiritual más que materialmente, a la vez que debe apoyarse necesariamente sobre una firme voluntad de realización por parte de todos los actores sociopolíticos, y donde el Estado cumple un rol fundamental, pues implica la destrucción del Modelo Policial Anterior, que convenientemente creara y sostuviera en América Latina, a través de sus sucesivos gobiernos.

Para ello, se iniciará un proceso de reforma con la Policía y con los policías, y desde ningún aspecto, sin o contra ella y sus integrantes; que estará orientado a esa destrucción pero ejecutado muy cuidadosamente y mediante una estrategia de sustitución simultánea que evite los efectos perjudiciales y desalentadores, producidos a causa de los vacíos sistémicos.

Toda reforma, además de contar con un importante cuerpo axiológico del cual se emanan sus políticas; se sustenta sobre una serie de pilares o ejes principales a cuyo alrededor, giran las estrategias y tácticas que se pondrán en marcha.

En este sentido, y reconociendo a todos los trabajadores como los actores fundamentales, y el potencial más valioso de cualquier empresa o corporación; el eje director de cualquier reforma policial que se denomine como tal; tendrá entonces como protagonistas y sin lugar a dudas, a los funcionarios policiales encargados de hacer cumplir la ley como sus condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, en el concepto más amplio posible: selección, formación, salario, salud y bienestar, capacitación y actualización, seguimiento del desenvolvimiento profesional como todo otro aspecto que haga a la defensa de sus derechos en complementación con su servicio comunitario.

Con relación al cuerpo axiológico que guiará a la empresa, determinándole su futuro perfil institucional, comprenderá y fijará claramente que el propósito fundamental del trabajo policial, es la prevención del delito y la protección de la vida comunitaria. Para ello, ejecutará un accionar sistemático, intercolegiado y multisectorial, a la vez que orientado hacia los niveles pertinentes de la prevención, ya sea en la eliminación de oportunidades como en la observación y reconocimiento de las causas culturales, sociales y económicas determinantes para la producción delictual, en coordinación con todos los organismos oficiales y privados comprometidos en la modificación del panorama social y aún más, con una respuesta profesional que permita indicar la oportunidad y grado de responsabilidad que éstos deban asumir.

Entonces, la Policía es un agente de control social de contacto y referencial, en lo externo y en el ámbito colectivo, importante y necesario, cuyas incumbencias van más allá de la preservación del orden público, la seguridad pública y la investigación de hechos delictivos, sino también, la determinación de sus causas generadoras, colaborando para mejorar la calidad de vida de la comunidad, virtud a una coordinación con todos los actores sociales.

Esta coordinación se logrará a través del planeamiento policial que le permite un trabajo eficaz y eficiente ante los requerimientos de seguridad, asegurándole la correcta asignación y desempeño de sus funcionarios en tareas que le son específicas, a la vez que el buen uso de los recursos y de una adecuada estructura organizativa y funcional. De esta manera, se estaría ratificando lo dicho sobre la plena y necesaria consideración de sus funcionarios y sus condiciones generales de labor como de los sistemas y medios logísticos y financieros disponibles para que éstos, puedan cumplir con el mandado de la comunidad, expresado en términos de Ley.

Se comienza entonces con la producción de un diagnóstico de la realidad policial, imprescindible y pretendiendo definir un universo compuesto por todas las variables ordenadas conforme sus características y efectos (identificando particularmente las negativas) y agrupadas en: independientes, interdependientes y dependientes, permitiéndonos a partir de allí, producir un plan integral que establezca objetivos generales y operacionales como las políticas, estrategias y tácticas, necesarias para la puesta en marcha de una reforma policial sustentable.

Al decir diagnóstico, nos estamos refiriendo a la fase del proceso planificador donde se lleva a cabo la observación, selección y análisis de los signos (lo que se ve; lo objetivo) y los síntomas (lo que se siente; lo subjetivo) de la realidad a tratar. Esto hace necesario determinar una situación que será analizada integralmente para responder a preguntas tales como: ¿Dónde se está?. ¿Cómo se está?. ¿Qué se tiene?. ¿Dónde se quiere ir?. ¿Qué se necesita? y ¿Cómo se hace para llegar a la meta?.

En este contexto, está comprendida la realidad criminológica territorial donde la Policía lleva a cabo su misión; por ello, contará con los necesarios estudios de victimización y tendencias delictivas con la correspondiente cartografía delictual y los informes científicos sobre la delincuencia; conciliando para un futuro modelo prevencional, el tradicional esquema de eliminación de oportunidades con aquél que promueva el trabajo sobre las causas generadoras del delito.

Efectivamente, esto quiere decir que la policía debe comenzar a trabajar sobre una prevención basada en políticas que hacen al desarrollo social y con el conjunto de los operadores del sistema porque de no suceder así y continuar como hasta ahora, las comunidades en general y la policía en particular, fracasarán en su lucha contra la delincuencia.

El público quiere seguridad, estar y sentirse seguro, como elementos fundamentales para su calidad de vida, y el Estado debe procurarlo, pero integralmente y no en exclusiva con la agencia policial, que representa aunque muy relevantemente, una de las muchas profesiones que han de interactuar, solamente una parte de ese todo que es la Seguridad.

Esto requiere una apertura policial hacia una operatividad con cientificidad y notable apoyo tecnológico, empleando todas las posibilidades y potencialidades que ofrece la ciencia y la tecnología, desde la formación de personal policial hasta recursos materiales e informáticos, aplicadas hacia un sistema de prevención múltiple y de simultáneo abordaje, que no escatime gastos, evitando precariedades e improvisaciones, dirigido y potenciado hacia las causas y los efectos del delito, y descartando toda posibilidad de primar respuestas hacia una u otra unilateralmente.

Una pregunta emergente y desde lo práctico, es: ¿Cuál sería la formula polinómica que nos permita conocer, por ejemplo, la cantidad de personal policial o vehículos patrulleros necesarios para una ciudad y que responda a los cambios de la Sociedad que la habita?; cuya respuesta correcta es que no existe tal formula.

Tradicionalmente, los cuerpos policiales dentro de su doctrina de planificación, cuentan con plantillas orientadoras que se refieren a la conformación en cantidad y calidad de sus Cuadros de Organización, de sus Mínimos Operacionales Necesarios, etc., para su despliegue operativo. Estos habrán servido en otras épocas y en el mejor de los casos, producto de identificar y considerar un determinado cuerpo de variables, pero que en la actualidad, el tema de la necesidad de funcionarios policiales o vehículos patrulleros como sus tácticas, estrategias y metodologías, forman parte del informe científico correspondiente al citado estudio de victimización y tendencias delictivas para un sistema de prevención como el tratado precedentemente y que toda institución, para no trabajar a ciegas, debe poseer referido al territorio al cual protege.

El problema de estos estudios, es que a priori, suelen asustar a los gobiernos en los aspectos correspondientes a sus exigencias en materia policial que se traducen lógicamente en finanzas, no solamente para la puesta en marcha, sino para su mantenimiento, provocando, en la mayoría de los casos una suerte de abandono y desistimiento oficial, que deriva en el fracaso de la gestión.

Pero en contrapartida, las ventajas que ofrece un sistema preventivo de un abordaje múltiple y simultáneo, es brindar la posibilidad que, cuanto más se invierta en políticas integrales, orientadas al desarrollo social para revertir las causas del delito, la inversión en recursos para la eliminación de oportunidades se hará considerablemente menor. Y estos presupuestos deben sopesar, pues justamente, de apoyarse en un esquema preventivo basado exclusivamente en la utilización de personal y recursos materiales; el tiempo comprobará su ineficacia para la neutralización del delito a la vez que imposible su continuidad; igualmente, si se elige un sistema preventivo, apoyado exclusivamente en el desarrollo social, se verificará que, mientras se llevan a cabo los estudios para identificar las causas, o ya identificadas para su reversión, la producción delictual será ilimitada e incontrolada.

El análisis normativo vigente en materia policial, en el contexto de la legislación penal y procesal penal de cada país, es de suma importancia para determinar, si corresponde o no su modificación en todo o en parte.

Asimismo, se hará lo propio con su estructura organizativa y funcional, tendiente a comprender sus niveles de responsabilidad, sus vías de comunicación, las cuestiones inherentes a la autoridad, administración y metodología empleada en lo interno y externo, a la vez que detectar anomias, situaciones anárquicas y enárquicas, producto del sobredimensionamiento y la repetición funcional como la reformulación y/o actualización de funciones y tareas, muchas de las cuales enmascaran detrás de la auxiliaridad profesional, una contraproducente delegación funcional.

El organigrama policial será racional, reducido, integral con demanda de poco personal para tareas administrativas, con miras a retomar la senda de la operatividad continua, efectiva y eficaz, propiciándose también, la privatización de actividades referidas por ejemplo, a talleres mecánicos como de obras y mantenimiento en general, archivo, impresiones y encuadernación, limpieza y aún las comunicaciones, entre otras.

Mucho se habla de la controversia entre: "garantismo-mano dura" que polariza la opinión de todos los sectores, en "garantistas y duros"; nuestra meta debe orientarse a comprender y practicar, que: "la única mano dura, es la que garantiza la Ley". El peso más pesado entonces, es el de la Ley; pero enmarcado no solamente en un fuerte y decidido enfrentamiento contra el delito, sino también contra sus causas motivadoras. En este mismo sentido, la Policía no es un organismo independiente a la cual se contrata para un servicio también independiente y que realiza a su antojo e incontroladamente; es el instrumento creado y sostenido por el Estado para la Defensa de su Comunidad, haciendo exclusivamente, todo aquello que la Ley determine que haga y no prohíba. Entonces, las atribuciones que la Ley le otorgue, serán por mandato y en defensa de la gente, comprendiéndose en ello, los mecanismos de anticorrupción y abuso de la función que la misma Ley fijare.

A riesgo de ser reiterativos, quede bien en claro que el poder es de la Ley y no de la Policía, esta última cumple con aquello que la Ley le ordena que haga y pueda hacer, como todo aquello que la misma no le prohíba hacer. Así también, determinará perfectamente la manera de enfrentar al delito y a sus causas generadoras.

De propiciarse una reforma en materia jurídico-policial, ésta contendrá en su espíritu, el de la comunidad que será convenientemente rescatado y en este aspecto, un mero acuerdo político-partidista no es del todo aconsejable.

El tema policial, es tan suficientemente delicado e importante por su incidencia en la calidad de vida de los habitantes, que amerita sin duda promover un gran debate legislativo y aún llamar a la consulta popular vinculante; contemplándose además, las conclusiones de las encuestas, jornadas, seminarios y reuniones de expertos como consultas con todos los actores sociopolíticos per se o a través de sus organizaciones. Toda normativa, sentará las bases doctrinarias para una nueva cultura policial que se manifestará en su labor cotidiana y en virtud a una metodología orientada hacia la prevención del delito con promoción y respeto de los derechos humanos.

Además, fijará una racional estructura organizativa y funcional absolutamente desburocratizada y con perfecta determinación de sus unidades y cargos, tanto en lo interno para los fines de la empresa como en lo externo, en su servicio de protección a la comunidad.

En este último aspecto, entendemos y recomendamos, una organización policial que cumpla claramente con la división del trabajo, separando entonces, a "los que operan de los que piensan", es decir, entre los elementos cuya misión y funciones se orientan a llevar a cabo las tareas físicas y operativas, de aquellos cuya misión y funciones, sean las de staff o asesoramiento.

De esta manera, no aportamos nada nuevo, pues estamos ratificando el tradicional Sistema de Organización, conocido como Mixto o Lineal de Estado Mayor (también conocida como de supervisión doble o múltiple), sin pretender con ello, retroceder en el tiempo u olvidarnos de la época en que vivimos con respecto a la moderna concepción de la empresa; pero es el que mejor responde a regímenes estatutarios y jerarquizados de carácter oficial como son los policiales en América Latina y El Caribe.

Ahora bien, este sistema es el que tiene la mayoría (por no decir todos) de los cuerpos policiales, los cuales lamentablemente, no supieron ni pudieron explotarlo debidamente, que lo convirtió en la cara opuesta y perversa de lo militar y de un militarismo perjudicial; impidiéndole así, desarrollarlo en su real magnitud y potencialidad, desplazando continuadamente o bien restándoles importancia, a las áreas de staff o planeamiento, so pretexto de fortalecer las operativas, en el marco de una realidad criminológica descontrolada y desbordante, que los superaba.

Desde la óptica estrictamente técnica y organizacional, en toda estructura policial, deberá verificarse la existencia primero, y sus efectos después, de todos los elementos que hagan a una organización administrativa inequívocamente democrática. La cuantificación y cualificación de estos componentes, varía conforme con el criterio de análisis empleado, no obstante lo cual, podemos considerar que en la generalidad, deben estar presentes, el elemento activo de toda organización, representado por las personas y sus actos, el vínculo asociativo, la coordinación, el elemento finalista como así también, los aspectos relacionados al tipo de organización, a la horizontalidad y la división del trabajo, la verticalidad, responsabilidad, autoridad y jerarquía, la consultoría y la auxiliaridad, el control de gestión y la capacitación interna.

En principio, debe reconocerse e identificarse, correcta y adecuadamente la condición de organización compleja de todo sistema policial que se pretenda instaurar y/o reformar. Seguidamente y como ya expresáramos, el punto de partida esencial y principal, son las personas que integran la organización policial, y preponderantemente los actos que éstos realizan dentro, y para la misma.

Contendrá además, un potenciado vínculo asociativo, producto de la previsión de mecanismos para las relaciones internas y ejecutados conforme a una coordinación racional y sistemática.

Hablar del elemento finalista, sobre la base de lo dicho precedentemente, quiere decir que las acciones llevadas a cabo en la organización por el personal policial, están dirigidas a la realización del propósito fundamental de la misma, que en nuestro caso, es la Seguridad Pública de los habitantes.

Las cuestiones de horizontalidad y distribución del trabajo, deben encontrarse igualmente previstas, mediante la existencia de espacios institucionales propicios para la especialización policial como la existencia de una escala jerárquica, y la necesaria subordinación de quienes son los ejecutores del trabajo propiamente dicho para con aquellos que constituyen el centro de coordinación o vértice piramidal de la conducción; o dicho de otra manera, entre los que operan de los que piensan.

Debe verificarse también, la debida aplicación de principios de unicidad y uniformidad, característicos en toda organización, sobre todo en las policiales, en el marco de la correcta división del trabajo, evitándose así, la sobrestructuración y clonación funcional.

En cuanto a la verticalidad como las cuestiones inherentes a la responsabilidad, autoridad y jerarquía, igualmente estarán comprendidas, al reconocerse inequívocamente, un tipo de organización que concilie la jerarquía de mando con la supervisión doble y múltiple, o dicho de otra forma, de línea y staff, compatible y aconsejada en virtud de la condición de compleja y formal que tienen los sistemas policiales en general, permitiendo cumplirse simultáneamente, con los aspectos relacionados a la disciplina y la autoridad pero con asesoramiento y supervisión, desde y entre los diferentes niveles, y a través de canales técnicos.

En este mismo contexto, estará bien determinado, el orden de prelación de los elementos que componen la estructura del sistema policial, lo cual, además de especificar los diferentes niveles de responsabilidad de la conducción, cumple con la verticalidad de la línea de la orden, en sentido descendente de arriba hacia abajo y por ende, la consecuente respuesta inversa, de abajo hacia arriba.

Además, en cada unidad orgánica determinada en todo anteproyecto, se especificará su rango y misión, cumpliéndose de esta manera con la doctrina tradicional del derecho y la organización, en cuanto a la anterioridad del cargo al funcionario que ha de ocuparlo y de todo aquello que la Ley pretende que éste último, ejecute en su nombre. Esto hace a la autoridad formal necesaria dentro de la organización, para disponer el cumplimiento de todas las acciones tendientes al logro de los fines policiales, y que se complementará con la legislación vigente en materia de personal.

Con relación a la función consultiva y auxiliar, representada a través de los organismos de staff, esto se cumplirá plenamente a la luz del tipo de organización elegido. Efectivamente, dentro de la estructura policial, quedarán establecidas convenientemente dos áreas ocupadas respectivamente por la consultoría y la auxiliaridad. En la primera, se contemplan fundamentalmente, dos unidades tradicionales para el asesoramiento de la conducción, y con sus funciones bien delimitadas para la operatoria policial como son, la jurídica y la técnica.

En la segunda, la auxiliaridad estará reconocida mediante la determinación de unidades orgánicas características para el cumplimiento de funciones como las de Personal, Logística, Comunicaciones, Informática, Administración, Sanidad, etc, que serán agrupadas convenientemente.

Sin perjuicio de ello, la génesis y espíritu de la norma legal que formalice la estructura policial, obligará también a todos los diferentes elementos especializados que integran la organización del sistema policial, a aportar su cuota de asesoramiento y auxiliaridad.

Un tema medular, es el control de gestión interno que necesariamente debe existir en todas las estructuras organizativas y funcionales democráticas, con su base filosófica orientada a ese propósito y contando con los mecanismos de sustento para la prevención, mediante la detección, identificación y neutralización, a través de actos ejecutivos, de cualquier situación de carácter organizacional y/o jurídica que condicione o posibilite el fracaso de la labor operativa policial.

En este sentido, todo anteproyecto ofrecerá el espacio institucional interno, adecuado para cumplir con este ineludible requisito de toda buena administración, sin perjuicio de otros sistemas estatales provinciales, previstos para el acceso externo y fluido, hacia la organización policial, con propósitos similares.

De corolario, todo futuro sistema policial, dentro de uno mayor que es el de la Seguridad Ciudadana, cumplirá con las exigencias y formalidades técnicas, inherentes a una organización administrativa democrática, permitiendo una correcta operatoria en un Estado de Derecho, tanto en lo interno, externo, discrecional, como del control de gestión.

No falta quienes, por interés, utilitarismo, desconocimiento o convicción, confunden al sistema de organización policial mixto como perteneciente a un militarismo perjudicial, lo cual es incorrecto, pues si bien se reconocen aspectos tradicionales de clara doctrina militar, de ninguna manera debe tildárselo de inadecuado o antidemocrático, y si está aplicado a pleno, se concilian perfectamente todos los aspectos relacionados con el ejercicio libre de la profesión policial en materia de protección ciudadana, a la vez que aportando conocimientos especializados, originalidad y creatividad para el asesoramiento de los diferentes elementos con tareas operativas, sobre la mejor manera de llevarlas a cabo y en un ámbito donde debe existir necesariamente, la unidad de mando, la autoridad, la disciplina y la estabilidad. Estamos convencidos que coadyuvará a la generación de una democrática cultura policial sustentable, y con esto lamentamos muchísimo alarmar a quienes inequívocamente confunden autoridad y disciplina, con autoritarismo o militarismo perjudicial; únicamente pretendemos que aprendan sobre instituciones policiales.

Si durante mucho tiempo, gracias al Modelo Policial imperante, autoridad más obediencia haya sido igual a delito e impunidad, gracias a los intereses inconfesables de unos pocos, felizmente muy pocos; no podemos ni debemos permitirlo más y decir basta. Las instituciones como dijimos, no son las corruptas sino los hombres; obediencia más autoridad, a los fines del trabajo policial, no son malas palabras sino condiciones de ética profesional que conllevan a la protección de la vida de las personas.

En este mismo contexto, desde un punto de vista académico y teórico, el sistema de organización mixto, por sí solo, no implica un perverso militarismo; a esta ideología, lo llevaron aquellos funcionarios, partidarios del Modelo Hegemónico, que por otra parte, les resultaba altamente beneficioso en lo personal.

De igual forma, tampoco lo estrictamente militar implica militarismo perjudicial o totalitarismo, sino que son los hombres que la dirigen, que promueven prácticas antidemocráticas; aunque no obstante ello, sea incorrecto y nada ideal su aplicación en las agencias policiales, pues lo militar es de génesis diferente a lo policial.

Podemos avanzar un poco más, considerando que toda agencia policial, debajo de su nivel más alto de conducción (Jefe policial de carrera), necesariamente conformará su Plana Mayor, en función de mínimos organismos superiores para atender integralmente las áreas de: Prevención del Delito y Protección Ciudadana, Planificación, Control de Gestión y Opinión Pública.

La primera, dedicada a lo explicitado en su misma denominación y es la que desarrollará el trabajo operativo proyectado para la tutela de la comunidad. La segunda, fijará la más amplia doctrina institucional en función de las políticas de seguridad formuladas por la autoridad de gobierno. La tercera, dedicada a detectar, corregir y/o neutralizar situaciones psicosociales conflictivas y/o delictivas dentro de la organización, y la cuarta, con incumbencias en las relaciones con la comunidad en el concepto más amplio posible, desde la publicidad de los actos institucionales para conocimiento de la población, hasta responder concretamente a la necesidad que ésta, participe e interactúe en la formulación de propuestas públicas para su propia seguridad.

Algunos ordenamientos jurídicos, determinan funciones judiciales a la Policía, en consecuencia, nada impide que sean intercalados los estamentos necesarios para el cometido. Por otra parte, este esquema general, debe desarrollarse convenientemente, estableciéndose los mecanismos de comunicación y coordinación para responder al sistema de prevención elegido.

Otro eje fundamental en todo proceso de reforma, lo constituye la determinación de una Carrera Policial que haga posible y sea el soporte académico-profesional de esa transformación cultural.

En cuanto a su ubicación en el espectro gubernamental, entendemos que debe poseer la vinculación más directa posible con el poder político, evitando innecesarias intermediaciones y con ello, no aportamos nada nuevo al reconocer que toda agencia policial por su devenir, características, amplitud y calidad de su misión, debe conformar un organismo con rango de Secretaría de Estado.

Los funcionarios designados para la conducción de una nueva Policía, serán funcionarios de carrera, exhaustivamente seleccionados, exigiéndoles la idoneidad y el conocimiento suficientes para ocupar sus cargos en cuanto a la función y tareas a desarrollar; lo cual quiere decir que además de la autoridad formal, posean autoridad técnica o moral, evitando lamentables improvisaciones a expensas de los contribuyentes, quienes tendrían que subvencionar a funcionarios con notable desconocimiento sobre como brindarles seguridad y protección, o que éstos, pretendan aprender o llevar a cabo un postgrado académico desde tales cargos, para todo caso no es posible permitir que se "aprenda sobre la marcha".

En este mismo contexto, la estructura determinará el mecanismo de relación con los funcionarios policiales en situación de retiro, a los fines de mantenerlos informados sobre el devenir institucional, como si es voluntad de éstos, y salvo que expresamente no estuviera normado en los respectivos regímenes locales de personal, se constituyan de manera individual o grupal, en fuentes permanentes de asesoramiento integral.

La Inteligencia Policial, está convocada a desarrollar un papel de significativa importancia en la determinación de la realidad criminológica del ámbito de responsabilidad territorial donde se ejerza la misión policial. Debe trabajar también, en la investigación criminal mediante la reunión y análisis de toda la información correspondiente, a las sucesivas etapas del ¨iter criminis¨, preponderando las predelictuales, y consecuentemente la postdelictual.

Así también conocer al oponente, determinar su modo de operar para adelantarse a sus acciones y neutralizarlo. Su producción laboral, tendrá incidencia directa en el despliegue operativo y metodológico policial con el propósito de lograr una saturación de verdaderos y potenciales objetivos para la delincuencia, accionando para evitar su proliferación, adelantándose a la comisión del delito y/o neutralizar su producción.

Pero la falta de ésta, conlleva, en el mejor de los casos, a un trabajo improvisado y a ciegas, realizando una saturación indiscriminada y desesperada de objetivos, que torna insostenible todo esquema de prevención por lo costoso y desgastador; y además, sin incidencia en la disminución del accionar de la delincuencia la cual, en contraposición, aumenta.

En suma, la Inteligencia Policial conciliará la teoría repetitiva del delito, conformando un mapa criminal que ubicará en tiempo y espacio al delito como su desplazamiento histórico con la teoría del raciocinio delictual, considerando entonces la posibilidad de la planificación criminal por parte del sujeto que aporta con ello una situación imponderable.

La cuestión financiera es de suma importancia.

Todo sistema policial en el marco del más amplio sistema integrado de seguridad, es caro y no admite regateos. Así como en un hospital, resulta inadmisible la falta de un médico o un medidor de presión para la atención de la salud de la población; una dependencia policial jamás puede carecer de personal, patrulleros o insumos para la protección comunitaria.

Un despliegue policial requiere de funcionarios policiales a los que hay que pagar y bien, como de sistemas logísticos que comprendan recursos materiales suficientes para evitar toda posibilidad de improvisación o corrupción. Por ello, la asignación como la distribución de estas finanzas, requiere de un alto grado de profesionalidad y responsabilidad (por ello, los elementos de staff en su organización) como del control de gestión.

CONCLUSIONES

• La Seguridad Ciudadana es un problema complejo, al que no se le pueden dar respuestas únicamente policiales.
• La Seguridad Ciudadana, actualmente es un problema de los Estados y en consecuencia es necesario definir políticas desde ese nivel para atacar dicho problema.
• La Seguridad Ciudadana es un fenómeno transversal, puesto que en su generación (o en la carencia de la misma) pueden intervenir diferentes políticas públicas de diferentes disciplinas y administraciones.
• Que, para el ciudadano, la inseguridad es, fundamentalmente, una cuestión de percepción subjetiva (lo que se denomina sensación térmica de seguridad). Y, que esta percepción depende en poca medida del gran delito, que por el contrario, afecta a la sensación de seguridad el delito ordinario y los actos incívicos, que son los que el ciudadano vive más cerca.
• Que, si el concepto de seguridad depende de la percepción subjetiva del vecino, lo que hace falta hacer es ver cuáles son las causas de esta inseguridad con el fin de actuar sobre ellas. La definición, conjuntamente con los ciudadanos, de una agenda de seguridad local, a través de un foro asesor de seguridad ciudadana, y la posterior medición de los resultados, es una herramienta potente, en la línea de la moderna gestión pública, respecto de la cual, las políticas de seguridad, por lo general, y la policía, en particular, no tienen que ser una excepción a su aplicación.
• No existe una estrategia y política integral de seguridad ciudadana. Si consideramos que la seguridad es un deber del Estado, destinado fundamentalmente a lograr el bienestar, la protección y la vida digna de la población que deposita en él la autoridad para su cuidado y preservación.
• El problema es complejo y multidimensional, ya que actualmente existe de por medio una serie de medidas parciales, iniciativas aisladas y sectoriales que funcionan con lógicas propias, muchas de ellas superpuestas y desconectadas entre sí. No se han desarrollado Planes Nacionales de Prevención de la Violencia, ni se ha tratado de involucrar integralmente a todos los sectores, instituciones y organismos que tienen algún tipo de compromiso y responsabilidad con la problemática de la violencia y e la seguridad ciudadana. Lo que ha primado más bien es una concepción de seguridad que se fundamenta en la represión y el control y que no considera las fases del ciclo de la violencia; por tal motivo, esas propuestas son unilaterales y no abordan de manera sistemática y eficiente el problema de la violencia y la seguridad ciudadana.

• Pese a las importantes reformas de la policía que se han emprendido en muchos de los países de la región, predomina una estructura organizacional altamente centralizada y jerarquizada. Esta situación obstaculiza la incorporación de las instancias de gobierno local a la gestión policial e inhibe el trabajo de los policías destacados en las comunidades. Como respuesta a esta situación, se debate en varios países la creación de nuevas policías con adscripción a nivel local que asuman las tareas asignadas a los cuerpos nacionales de policía.

• El personal de nuestras policías, salvo escasas excepciones, es un personal mal pagado, pobremente dotado, con bajos niveles de autoestima, escasa iniciativa y desinformado sobre los principales aspectos que afectan el entorno de la comunidad. Esta situación no propicia la implantación de un modelo que requiere de su personal altos niveles de motivación, habilidad en la comunicación, ejercicio de liderazgo a nivel comunitario, etc.

• Existen en nuestras organizaciones policiales débiles mecanismos de acopio y gestión de la información y de planificación. El modelo comunitario supone una alta recurrencia al análisis de información recogida en estadísticas, estudios de opinión, comisiones de encuesta, etc., a efectos de conocer los cambios en el perfil criminógeno de la zona, así como los factores de mayor incidencia sobre la misma.

• La débil cultura democrática que caracteriza la organización social y política en América Latina, en donde los procesos de participación y movilización ciudadana han estado dirigidos a enfrentar las estructuras de poder, más que a generar espacios de colaboración con las autoridades. El modelo resulta igualmente riesgoso frente a la tendencia de una clase política que pueda caer en la tentación de utilizar la experiencia para fines de cooptación política más que para generar un impacto real en la calidad de vida de la población.
• Debemos de entender siempre que el propósito fundamental de toda institución policial en cualquier región del mundo, sin perjuicio de la legislación vigente de cada país, es la aplicación de la ley.
• Pero la historia nos demuestra, en la generalidad y muy especialmente en la particularidad de nuestros países, que las fuerzas policiales se han visto envueltas en situaciones altamente comprometidas con una franca violación a los derechos humanos de la propia comunidad a la cual pertenecen y sirven, sembrando una dudosa constitucionalidad en su cotidiano quehacer laboral y poniendo en tela de juicio su profesionalidad a la vez que provocar un alto cuestionamiento y reproche político y social.

RECOMENDACIONES

• La necesidad de comprometer las políticas matriciales tales como Políticas de Seguridad Ciudadana, Defensa Nacional y en materia de Administración de Justicia. Debiendo de evitarse que dichas políticas se muevan en el terreno de lo periférico, impulsos episódicos, discontinuos, dependientes de un conjunto de contingencias altamente vulnerables a lo considerado como "prioridades gubernamentales" o incluso prioridades en el gasto de una administración.
• Alerta permanente sobre la condición sustancial que reviste el respeto irrestricto de los derechos humanos y la construcción de entornos democráticos, bajo regímenes que se ciñan a la regla de derecho, donde se garantice un poder judicial independiente y eficiente. Igualmente, se deben corregir aquellas prácticas que atentan contra el fortalecimiento de las capacidades de fiscalización por parte de la sociedad civil respecto de la gestión pública.
• Los Estados deben de implementar de manera impostergable mecanismos o herramientas que permitan medir el desempeño e incidencia sobre los patrones de violencia y criminalidad.
• Los Estados deben de comprometer fondos públicos suficientes para implementar planes, programas y servicios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y atender a las personas afectadas. Al respecto se debe de plantear la formulación de planes de largo plazo, garantizados financieramente, consensuados entre las diversas fuerzas políticas, a efectos de trascender su vulnerabilidad frente a los cambios de la administración.
• La necesidad de producir estadísticas que permitan verificar las respuestas institucionales y que deben de demostrar la eficacia en acercarnos a resultados concretos respecto a los que se pueda afirmar que la realidad/problema ha comenzado a ceder.
• Se debe de generar en forma imprescindible una nueva cultura policial, es decir un cambio filosófico que se traduzca en mentalidad y metodología diferentes, donde el habitante se sienta protegido como regla general y no como suceso extraordinario.
• Aplicar la ley en el marco del respeto y protección de los Derechos Humanos y también velar por las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo donde cada funcionario policial se sienta plenamente protegido por el Estado en su condición de tal. Esto implica el inexcusable compromiso estatal de sustentar en adelante una conducta policial de transparente constitucionalidad y de protección de los mismos.
• Reconocer a las Instituciones Policiales como las Defensoras Oficiales de los Derechos Humanos de los habitantes de su comunidad y consecuentemente llevar a cabo todas las acciones orientadas a la generación de una nueva cultura donde aplicar la ley por parte de la Policía sea ni más ni menos la respuesta a una estrategia y tácticas de respeto a los Derechos Humanos. Si no fuera así, tendríamos cualquier cuerpo, formación o banda, pero nunca una Policía.
• Independientemente y más allá de una evaluación mucho más profunda sobre el comportamiento de la Institución Policial en su Comunidad, en el marco del ordenamiento jurídico local, sus integrantes tienen una tradición y cultura de "Cumplimiento de la Orden". Esa Orden, escrita o verbal, la emana un Superior quien ejerce una influencia inmediata y paradigmática, mucho más fuerte y coercitiva que la letra misma de la Ley.
• Es importante entonces que la Orden Policial sea a su vez la expresión más pura de la Ley. Y que esta Ley, sea la mejor posible.
• Entonces, debemos formar personas para una cultura democrática pues así tendremos policías con cultura democrática a quienes se capacitará en lo específico de la misión a cumplir para que sus órdenes guarden el espíritu de la Ley a la vez que interpretar rápidamente aquellas que guardan rasgos ilegales como también ilegítimos.
• Pero esta formación debe corresponderse también con la situación que se plantea en los regímenes policiales; por un lado la no deliberación, es decir no deliberar en cuanto al apego, respeto y cumplimiento de la Ley, pero por el otro, mostrar nuestra condición de profesionales que nos obliga a repasar su letra y verificar en el plano institucional la posibilidad de que su aplicación, pueda implicar injusticias o consecuencias graves que escapan a su marco tutelar.
• La Policía entonces está obligada a responder ante estas situaciones por los canales establecidos porque de esta manera responderá a su compromiso con el orden democrático. Vale aclarar que no es nuestra misión proponer leyes, eso es inequívoco de la Legislatura quien detenta el "poder de policía" pero sí, su repaso y alertar sobre consecuencias injustas que su aplicación pueda ocasionar.
• Ver como la selección de personas para ser Policías como su capacitación y formación para la función y el seguimiento personal, revisten carácter de excelencia. Por que cada policía formado y egresado de los correspondientes institutos, es quien deberá discernir en el aquí y ahora de una calle cualesquiera de nuestra Patria, virtud a mérito, oportunidad y conveniencia y con la autoridad que emana de la Ley qué conducta adoptar frente a determinada situación en la que esté involucrado un cohabitante, incluyendo la factibilidad de regular sus derechos constitucionales.
• Es por ello que tratándose de Agencias Policiales no sería inadecuado hablar de Aplicación de la Ley para los Derechos Humanos con lo cual sentenciaríamos que ninguna Policía como alguno de sus integrantes, pretenda ubicarse por encima o más allá de la Ley.
• La Institución Policial o alguno de sus integrantes que sustente una cultura que importe Aplicar la Ley a expensas de la comisión de algunos delitos, en realidad además de no estar aplicándola, la está violando mediante la adopción de conductas ilícitas o mafiosas.
• La Seguridad Ciudadana debe dirigirse a enfrentar una doble dimensión: la objetiva, referida a los hechos concretos de violencia que se producen y, la subjetiva, que tiene que ver con la percepción y las representaciones sociales que la ciudadanía se hace del problema. En éstas últimas se encuentran, por ejemplo, la imagen que se hace de la ciudad, el barrio, la comunidad y, por otro, las propias valoraciones o sensaciones que la población tiene de sí misma. Por eso, una organización social dedicada a la seguridad ciudadana debe de actuar en dos niveles para generar un conjunto de normas e instituciones que protejan a la ciudadanía. Todo ello con la finalidad de que la ciudadanía se sepa viviendo en un orden privado y público, a través de un entorno que satisfaga la seguridad y fortalezca el estado social de derecho.
• El tratamiento de esas dimensiones debería realizarse sobre la base de las siguientes intencionalidades, principios y orientaciones:
• Equidad Social. Tratar de inscribir la política de seguridad ciudadana en un contexto de justicia social con la finalidad de mejorar la calidad de la población así como mitigar la vulnerabilidad que presentan los sectores sociales de más alto riesgo: jóvenes, mujeres, ancianos, niños.
• Cultura ciudadana. Toda política que busque reducir y prevenir la violencia tiene que generar un impacto positivo en las esferas culturales y en la cotidianidad. Para ello se deben fortalecer las conductas sociales de convivencia pacífica (tolerancia, respeto, diálogo), de la vida comunitaria, de la cotidianidad a través de una orientación adecuada de los medios masivos de comunicación, especialmente la televisión educativa, y el establecimiento de programas de participación democrática que se sustenten en la diversidad de las identidades sociales que cohabitan en determinados espacios de la sociedad nacional.
• Participación social. Sin duda alguna que el origen y fin de la violencia tiene que ver con la sociedad en conjunto. Por ello no se debe excluir de las sociedades la búsqueda de mecanismos de participación de la población en la mitigación de la violencia, sea a través de las formas de organización existentes o de otras que se creen para el efecto.
• Concertación social. La seguridad ciudadana es responsabilidad múltiple; por tal motivo, es indispensable definir un marco concertado y participativo de acciones lo más amplio posible y el que estén involucrados los distintos niveles del Estado, el sector empresarial, las ONG´s y la población organizada (Sindicatos, Cámaras, Foros, Barrios, etc.)

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Ing. David Carhuamaca Zereceda

Policía Nacional del Perú - Ingeniero en Estadística e Informática – Instructor en

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario certificado por el Comité

Internacional de la Cruz Roja.