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Alimentos Sanos Libres de Plaguicidas y Transgénicos



     

     

     

    En la práctica, la OMC ha servido como un
    instrumento de las corporaciones transnacionales y unos cuantos
    gobiernos ricos para impulsar e imponer un conjunto cada vez
    más amplio de políticas
    neoliberales a nivel mundial que permiten una mayor
    penetración extranjera a recursos
    nacionales estratégicos, y mayor control de las
    economías nacionales.

     

    La OMC en Cancún,
    México

    En Cancún, México, del 10 al 14 de
    septiembre, se reunieron, por quinta vez, los 148 países
    que integran la
    Organización Mundial del Comercio
    (OMC). Este organismo, con sede en Ginebra, Suiza, nace desde
    1995 como un foro donde se
    negocian acuerdos para bajar tarifas y aranceles
    (impuestos a
    los productos
    importados) que permitan un mayor intercambio comercial en el
    mundo, pero cuyos efectos van más allá del
    comercio. Actualmente la OMC hace cumplir una veintena de
    acuerdos comerciales en áreas como los textiles, la
    agricultura,
    los servicios y
    los derechos de
    propiedad
    intelectual. Los países que violen estos acuerdos son
    sujetos a presiones muy fuertes y llevados ante paneles de
    arbitraje
    comercial antidemocráticos donde son
    sancionados.

    En la práctica, la OMC ha servido como un
    instrumento de las corporaciones transnacionales y unos cuantos
    gobiernos ricos para impulsar e imponer un conjunto cada vez
    más amplio de políticas neoliberales a nivel
    mundial que permiten una mayor penetración extranjera a
    recursos nacionales estratégicos, y mayor control de las
    economías nacionales lo que afecta la satisfacción
    de necesidades y derechos básicos del ser humano en
    materia de
    empleo,
    alimentación, salud, educación, derecho a
    un ambiente sano,
    y que provoca una mayor desigualdad entre los países del
    Norte y del Sur.

    Los temas identificados desde 1996 en la Conferencia de la
    OMC en Singapur para iniciar una nueva ronda de negociaciones y
    llegar a nuevos acuerdos de liberalización comercial son:
    Inversiones,
    Política
    de Competencia, las
    Compras del
    Sector
    Público y facilitación del Comercio. De igual
    modo, se pretende ampliar aún más la
    liberalización comercial de la agricultura, cuyas
    negociaciones se iniciaron desde el 2000 y que no han culminado,
    con el objetivo de
    reducir los subsidios a las exportaciones
    agrícolas, el acceso a los mercados por
    medio de la baja de aranceles, y la reducción de las
    medidas internas que distorsionen la producción o el comercio.

    Un sistema
    alimentario bajo el dominio de las
    corporaciones transnacionales (1)

    Las políticas neoliberales de ajuste estructural
    promovidas por los organismos financieros multilaterales como el
    Fondo Monetario
    Internacional (FMI) y el
    Banco Mundial
    (BM) debilitaron la intervención de los Estados Nacionales
    en la agricultura y reorientaron las políticas
    agrícolas para privilegiar las necesidades del mercado externo,
    sobre las necesidades de la población nacional, fomentando los cultivos
    de agroexportación y sacrificando las políticas de
    apoyo a la producción de granos básicos que
    aseguran la autosuficiencia alimentaria.

    Estados Unidos y la Unión
    Europea predican el libre comercio
    pero no lo practican; presionan a los demás países
    para que bajen sus aranceles y subsidios al campo mientras ellos
    sí elevan sus subsidios. El ejemplo más escandaloso
    lo presenta Estados Unidos
    que en su Ley
    Agrícola del 2002, elevó en un 80% los subsidios
    agrícolas -comparados con 1986- especialmente en ocho
    cultivos: algodón, trigo, maíz,
    soya, arroz, cebada, avena y sorgo. Estos subsidios benefician
    principalmente a los grandes agricultores y a las corporaciones
    transnacionales que han desplazado y expulsado a la
    mayoría de los granjeros familiares. Se calcula que los
    países ricos de la OCDE gastan más de 300 mil
    millones de dólares al año en subsidios
    agrícolas, seis veces más que la asistencia a los
    países en desarrollo
    (2).

    Estos subsidios permiten que los Estados Unidos exporten
    sus productos por debajo del costo real de
    producción, en una práctica conocida como "dumping". El
    precio
    artificialmente bajo producto del
    "dumping" destruye los mercados regionales abiertos a la
    competencia global y afecta a los pequeños agricultores y
    las economías rurales campesinas.

    La sobreproducción de los alimentos a
    precios
    "dumping" que impulsa Estados Unidos es parte de una estrategia de
    dominación por la hegemonía mundial alimentaria, en
    competencia con la Unión Europea, para expandir su control
    a los demás países del planeta. Beneficia a las
    grandes corporaciones agroalimentarias, tanto a las
    comercializadoras de cereales y granos como a las transformadoras
    de alimentos elaborados. Tan sólo dos empresas
    estadounidenses, la Cargill y Archer Daniel Midland (ADM)
    controlan la mitad del comercio mundial de granos en el mundo.
    Las diez empresas de semillas más grandes del planeta
    controlan la tercera parte del comercio mundial de
    semillas.

    La concentración del poder de las
    corporaciones se acelera con la
    globalización de los acuerdos de libre comercio y la
    lucha por el mercado mundial. Unas cuantas empresas dominan el
    mercado de la semillas, los plaguicidas, los
    farmacéuticos, los productos veterinarios y han apostado a
    la expansión de los cultivos modificados
    genéticamente para consolidar su control. Syngenta, Bayer
    – que compró Aventis Crop Science-, Monsanto, Basf, Dupont
    y Dow son los gigantes genéticos que se disputan el
    mercado mundial de las patentes agrobiotecnológicas, y son
    estas mismas transnacionales las que controlan casi el 80% del
    mercado mundial de plaguicidas.

    Las presiones de Estados Unidos y Europa para una
    mayor liberalización del comercio agropecuario en el
    ámbito del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC
    tendrían como consecuencia consolidar el poder
    transnacional sobre el sistema alimentario.

    El modelo de la
    agricultura industrial envenena a la naturaleza, a
    las y los trabajadores y las comunidades rurales
    (3)

    La agricultura que promueven los tratados de libre
    comercio y la OMC es una agricultura industrializada que somete
    la naturaleza a los procesos de
    especialización productiva y acumulación de
    capital. Esta
    agricultura industrializada sacrifica la diversidad
    biológica en monocultivos especializados dependientes de
    paquetes tecnológicos bajo el control de corporaciones
    transnacionales especialmente en semillas -antes híbridas
    y ahora modificadas genéticamente- y fertilizantes y
    plaguicidas químicos.

    El sistema alimentario que promueve la OMC tiene un alto
    gasto en energía, por el procesamiento, las grandes
    distancias que recorren los alimentos y la infraestructura en
    transporte y
    refrigeración, lo que contribuye a la
    emisión de los gases
    invernadero que afectan el clima del
    planeta.

    Los plaguicidas químicos son por
    definición sustancias tóxicas, son las armas de la
    industria
    química
    que se ofrecen para el combate de las plagas, como insecticidas,
    herbicidas y funguicidas; y afectan sistemas
    biológicos fundamentales que son compartidos
    también por el hombre. El
    uso intensivo de estos agrotóxicos provoca el
    envenenamiento a corto y largo plazo de la naturaleza, los
    trabajadores, las comunidades rurales y los
    consumidores.

    Cada año en América
    Latina y el Caribe se envenenan cientos de miles de personas. Los
    secretarios de salud de los países de Centroamérica
    estiman en casi 400,000 los envenenamientos causados por los
    plaguicidas cada año en esa región, que cuenta con
    el mejor sistema de registro. En
    Brasil se
    estima que 300,000; en México, las autoridades registraron
    2,800 casos en el 2002, en Chile se registraron 1 000; pero en la
    mayoría de los países la mayor parte de las
    intoxicaciones
    no se reportan a las autoridades, por lo que las cifras reales
    totales son mucho mayores. Estos son casos registrados de
    intoxicación inmediata, a corto plazo, pero los efectos
    crónicos, a largo plazo causados por los plaguicidas no se
    lleva una estadística.

    La mayoría de los plaguicidas entraron al mercado
    mundial antes de que se exigieran pruebas que
    demostraran no tener efectos crónicos sobre la salud de la
    población. Hay ya identificados cientos de plaguicidas que
    se sabe o sospecha pueden provocar cáncer, malformaciones,
    afectar la fertilidad de hombres y mujeres, dañar su
    sistema natural de defensas contra infecciones y enfermedades, provocar
    abortos espontáneos y otros males reproductivos. Los
    daños a la salud no son siempre inmediatos, ni se
    presentan a corto plazo, sino que pueden manifestarse años
    después, sobre todo en las mujeres embarazadas que se
    exponen a estos agrotóxicos.

    Aunque los trabajadores y trabajadoras agrícolas
    y sus familias son el sector más expuesto también
    lo están las comunidades rurales donde se aplican y todos
    los consumidores de alimentos a los que se aplicaron estos
    venenos. Los plaguicidas son biocidas matan no sólo a las
    plagas sino a los insectos benéficos que las controlan de
    manera natural, es así, que entre más se usan
    aparecen nuevas plagas, que además, pueden desarrollar
    resistencia, una
    capacidad biológica hereditaria a esta sustancias
    tóxicas por la que ya no se mueren a las dosis que se
    aplicaban anteriormente. Los plaguicidas contaminan el agua de los
    ríos, manantiales y pozos, y afectan los ecosistemas
    costeros donde descargan los distritos de riego, además de
    afectar a la flora y fauna silvestre
    en los lugares donde se aplican.

    El uso de plaguicidas ha creado una enorme deuda
    ambiental, y de daño a
    la salud, en los países de América Latina y del
    Caribe, y del resto del mundo beneficiando principalmente a las
    corporaciones transnacionales.

    El mito de la
    calidad de los
    alimentos producidos en Estados Unidos y la imposición de
    riesgos a los
    países importadores (4)

    Una de las consecuencias de las políticas
    neoliberales al dar prioridad a los cultivos de exportación es que los gobiernos ponen
    más atención para asegurar la calidad de los
    productos que se exportan que los que se importan y consumen a
    nivel nacional.

    La inundación de alimentos de Estados Unidos en
    los grandes supermercados de América Latina, cada vez
    más en manos de empresas multinacionales estadounidenses
    como Wallmart, puede crear la ilusión a los consumidores
    de que los alimentos importados deben ser mas seguros que los
    del país de origen. Sin embargo, la calidad de los
    productos "Made in USA" es más un mito que una realidad,
    dado el intenso uso de plaguicidas, hormonas,
    antibióticos y aditivos usados en la producción
    agropecuaria estadounidense que se ofrece como "modelo" a los
    empresarios y campesinos de todo el mundo. Estados Unidos es el
    país que usa más plaguicidas químicos en el
    mundo – 20 % del total mundial- con cientos de miles de toneladas
    aplicados cada año, y con productos que aunque
    estén registrados no son inofensivos sino conocidos o
    sospechosos de causar cáncer, afectar el desarrollo
    reproductivo, provocar altercaciones hormonales o dañar el
    desarrollo cerebral y el sistema
    nervioso.

    Cada año miles de trabajadores agrícolas
    son envenenados y hay un grave problema de contaminación del agua. Además se
    calcula que un 20% de los alimentos que se consumen en Estados
    Unidos están contaminados con residuos de insecticidas
    organoclorados – especialmente dieldrín y DDE, un
    metabolito del DDT- que han sido prohibidos en ese país y
    con dioxinas, un contaminante muy tóxico que se acumula en
    las grasas del
    cuerpo. La presencia de estos contaminantes se ha encontrado en
    frutas, hortalizas, carne, pollo y productos lácteos
    como leche, yogurt
    y queso. Los residuos de plaguicidas organoclorados y las
    dioxinas presentes en los alimentos en cantidades muy bajas,
    aunque no lo percibamos se van acumulando en el cuerpo humano,
    van formando la carga corporal de contaminantes que se excretan
    en la leche materna y pasan a las futuras
    generaciones.

    El 70% del total de antibióticos usados en
    Estados Unidos -unas 11 mil ton- son usados para promover el
    crecimiento y engorda de cerdos, pollos y ganado, lo que puede
    provocar bacterias
    resistentes a estos medicamentos, poniendo en riesgo la salud
    animal y la de los consumidores. En los Estados Unidos a
    más del 90% del ganado para engorda se le implantan
    hormonas en las orejas o se les proporcionan hormonas en sus
    alimentos para incrementar su peso en el menor tiempo
    posible. Para aumentar la producción lechera se usa la
    Hormona

    Recombinada de Crecimiento Bovino (rBGH por sus siglas
    en inglés
    o somatropina en español)
    que produce principalmente la transnacional Monsanto y puede
    poner en riesgo la salud del consumidor pues
    aumenta el riesgo de reacciones alérgicas y cáncer de
    próstata, colon y de pecho.

    La promoción de cultivos y organismos
    modificados genéticamente (OGM) crean nuevos riesgos e
    incertidumbres para la salud de los consumidores por no hablar de
    los riesgos ambientales de contaminación genética,
    como sucede con las variedades de maíces nativos de las
    comunidades indígenas de México, centro de origen
    mundial del máíz. Hay evidencias de
    que el consumo de
    transgénicos puede aumentar el riesgo de alergias,
    resistencia a antibióticos, y posibles afectaciones del
    sistema inmunológico.

    Aunque las evidencias no son concluyentes si son
    suficientes para exigir mayores estudios antes de liberar estos
    productos para la siembra y consumo humano y animal. Las
    poderosas empresas transnacionales han logrado que Estados Unidos
    -a diferencia de Europa- no obligue a informar en la etiqueta si
    se usaron organismos transgénicos en alimentos frescos o
    elaborados. De este modo, cuando la industria alimenticia de los
    países de América Latina y del Caribe importan soya
    o maíz de Estados Unidos, están importando una gran
    parte de soya y maíz modificados genéticamente que
    es usada para la elaboración de una gran variedad de
    alimentos: tortillas, harinas, aceites, dulces, botanas chatarra
    muy consumida por niños y
    adultos. Sin el etiquetado de los alimentos importados
    transgénicos el consumidor está comiendo a
    ciegas(5).

    Los gobiernos deben establecer un programa nacional
    de prevención, control y monitoreo de plaguicidas,
    hormonas, antibióticos y contaminantes orgánicos
    persistentes en los alimentos importados y en los producidos a
    nivel nacional. Informar si se usaron antibióticos u
    hormonas. Los gobiernos deben exigir que los alimentos importados
    indiquen en su etiqueta si contienen productos
    transgénicos y prohibir la siembra de cultivos modificados
    genéticamente como una medida preventiva.

    El Codex
    Alimentario y las ilusiones de la llamada "inocuidad o sanidad
    alimentaria" con el libre comercio (6)

    Las medidas de protección a la salud de los
    alimentos, de las plantas, de los
    animales, del
    ser humano y del medio ambiente
    son consideradas por la OMC como barreras técnicas
    al libre comercio que deben ser reducidas al mínimo para
    incrementar el flujo comercial; y de este modo evitar
    inspecciones aduanales, detenciones temporales o medidas
    cuarentenarias.

    El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas
    Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC estableció, desde
    1994, que un organismo internacional, la Comisión del
    Codex Alimentario es el referente internacional en la
    resolución de disputas comerciales para determinar los
    "niveles apropiados" de protección en materia de sanidad
    alimentaria, que son tolerados y no interferir en el libre
    comercio. Las diferencias existentes entre los países de
    las medidas de protección deben ser "armonizadas"
    globalmente, para eliminar lo que se considere como
    obstáculos innecesarios y restricciones encubiertas,
    tomando en la práctica como techo límite las
    normas
    internacionales establecidas por el Codex.

    La OMC espera que los países que acuerden
    tratados de libre comercio, reconozcan como equivalentes las
    medidas adoptadas por otro miembro sobre todo si se fundamentan
    en estas recomendaciones internacionales. La Comisión del
    Codex Alimentario fue creada desde 1962 para ejecutar el Programa
    Conjunto de la Organización Mundial de la Salud y la
    Organización de las Naciones Unidas
    para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sobre Normas
    Alimentarias. Originalmente el Codex asesoraba
    técnicamente a los países en desarrollo en materia
    sanitaria y fitosanitaria, con el objetivo de establecer
    directrices mínimas globales con base en las cuales los
    países pudieran elaborar sus propias normas, que
    podían ser más estrictas; pero la OMC ha
    transformado al Codex en el referente internacional para la
    elaboración de las normas de sanidad alimentaria mundial,
    estableciendo límites
    máximos globales en materia de residuos de plaguicidas y
    medicamentos veterinarios, de aditivos alimenticios, y de
    contaminantes, así como las medidas de higiene de los
    alimentos; y en los últimos años el uso de hormonas
    en el ganado y leche, y sobre etiquetado y rastreabilidad de
    alimentos que contengan organismos modificados
    genéticamente. El Codex también es el referente
    internacional del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos
    al Comercio en materia de etiquetado de alimentos, disposiciones
    sobre calidad, requisitos nutricionales y métodos de
    análisis y muestreo.

    Los comités que elaboran las normas del Codex
    están fuertemente influenciados por las corporaciones
    transnacionales de los plaguicidas y la industria de la
    alimentación. Dice la OMC, en teoría,
    que un país puede mantener o introducir normas más
    estrictas que las del Codex para proteger la salud o el ambiente
    solamente si hay una justificación científica
    basada en una evaluación
    de riesgos, aunque en la práctica, cuando esto se ha
    realizado el país afectado puede cuestionar esta
    decisión y demandar una compensación, llevando el
    caso a un panel especial para su estudio y
    recomendación.

    Cuando se habla de que los tratados de libre comercio
    garantizan la "inocuidad alimentaria" no significa que los
    alimentos sean realmente "inocuos" o estén libres de
    plaguicidas o de otras sustancias tóxicos sino que cumplen
    con los límites aceptables de residuos de estas sustancias
    establecidos por el Codex Alimentarius o con medidas equivalentes
    acordadas entre los países.

    La OMC exige a los países que establezcan sus
    medidas de sanidad alimentaria sobre la base de las evaluaciones
    de riesgos, como los define el Codex Alimentarius. La
    evaluación de riesgo parte del supuesto de que los riesgos
    del consumo de alimentos donde se han empleado plaguicidas
    químicos, hormonas y antibióticos pueden ser
    evaluados y manejados para fijar límites máximos
    permisibles que garanticen su seguridad o inocuidad. Se trata de
    fijar niveles de riesgo aceptable en lugar de promover
    prácticas agropecuarias alternativas que sustituyan o
    eliminen estas sustancias tóxicas y los eviten. Tener como
    techo límite a las recomendaciones del Codex significa que
    aceptemos en nuestra dieta el ingerir alimentos que tienen
    residuos de plaguicidas que pueden provocar cáncer o
    afectar nuestro sistema hormonal u otros efectos crónicos
    aunque se nos diga que como las cantidades permitidas son muy
    pequeñas, el consumirlas no representa un peligro a la
    salud.

    Científicos independientes han señalado
    que las llamadas evaluaciones de riesgo tal como se practican
    actualmente en el Codex no proporcionan límites de
    seguridad confiables pues no consideran la exposición
    crónica y múltiple de las sustancias
    tóxicas, los efectos acumulados y su interacción en el organismo, ni las
    sensibilidades especiales de los niños o personas
    enfermas, sólo evalúan de manera parcial los
    riesgos de sustancia por sustancia estableciendo para cada uno su
    límite máximo permisible en cada alimento
    considerando las características de un adulto sano. La
    evaluación de riesgos no debe ser la camisa de fuerza para la
    política pública en sanidad alimentaria sino deben
    desarrollarse otras opciones especialmente para la
    evaluación de alternativas para la sustitución y
    eliminación de sustancias tóxicas en la
    producción agropecuaria(7).

    La OMC pervierte el Principio de Precaución que
    establece que los gobiernos pueden intervenir tomando medidas
    preventivas en los casos de presunción de daños
    irreversibles a la salud o el medio ambiente aunque las
    evidencias científicas no sean absolutas, por lo que el
    que promueve una práctica o introduce una sustancia al
    mercado es el responsable de presentar la prueba de que no es
    dañino. Con la OMC se invierte la responsabilidad, es el país cuestionado
    sobre sus medidas de protección, el que debe defenderse y
    demostrar que el producto que no permite entrar en su mercado
    representa un riesgo inaceptable; el beneficio de la
    incertidumbre beneficia al país demandante ante los
    paneles de disputa comercial.

    Las reglas de la OMC han permitido, en dicho contexto,
    que Estados Unidos haya demandado a la Unión Europea por
    no permitir la entrada de carne o leche con residuos de hormonas
    no autorizadas en el viejo continente, y por la moratoria de
    facto contra la entrada de alimentos
    transgénicos que no estén etiquetados, como lo
    exige la legislación europea. De manera similar, se ha
    cuestionado la cuarentena de Australia sobre las importaciones de
    salmón, para proteger la salud de su población
    nativa, o las cuarentena de Japón
    para proteger su fruta de ciertas plagas(8).

    La
    desregulación en la armonización global y regional
    del etiquetado de plaguicidas (9)

    La armonización de un sistema global de
    etiquetado y clasificación de sustancias químicas,
    promovida inicialmente por los países ricos de la
    Organización para la Cooperación y el Desarrollo
    Económico (OCDE) y la Comisión Económica
    Europea de las Naciones Unidas, trae como consecuencia una
    disminución en el nivel de comunicación de los riesgos en el caso de
    los plaguicidas. Dicho sistema global elaboró una nueva
    clasificación de la toxicidad aguda de los plaguicidas
    inferior a la elaborada por la Organización Mundial de la
    Salud, teniendo como consecuencia que plaguicidas en cuya
    etiqueta debe inscribirse la leyenda de extremadamente peligroso
    o muy peligroso pase a ser reetiquetado como "peligroso" con una
    banda de color
    distinto.

    La armonización del etiquetado de plaguicidas en
    el mercado común centroamericano, ha forzado a la
    reclasificación del herbicida paraquat en Guatemala que
    de tener una etiqueta con una banda de color rojo correspondiente
    al "extremadamente tóxico" pasó a una
    categoría inferior con una banda de color azul de
    "ligeramente tóxico" a pesar de ser la misma
    fórmula. De igual forma en el caso de El Salvador diversos
    plaguicidas pasaron a reclasificarse de extremadamente o
    altamente tóxicos a ser moderadamente y ligeramente
    tóxicos. Esta armonización representa en la
    práctica una desregulación que flexibiliza las
    medidas de control y seguridad y repercutirá en mayores
    casos de intoxicación.

    A diferencia de Estados Unidos las etiquetas de los
    plaguicidas en Europa deben de incluir frases de advertencia
    sobre sus efectos crónicos, esta información debería ser
    también exigida en otros países y con mayo
    razón en América Latina, donde las empresas de
    origen europeo dominan el mercado. Conocer no sólo los
    efectos agudos como se encuentran actualmente en bandas de color
    y leyendas de
    advertencia como recomienda la OMS, sino también los
    efectos crónicos y los ingredientes inertes con
    propiedades tóxicas son parte del derecho a conocer de los
    usuarios que deben ser defendidos en los proyectos de
    armonización global del etiquetado de
    plaguicidas.

    En México las propuestas de este tipo, se han
    enfrentado a la feroz oposición de las transnacionales.
    Las empresas transnacionales también buscan armonizar o
    declarar equivalentes los reglamentos de plaguicidas en los
    bloques
    económicos regionales de libre comercio y de este modo
    minimizar los controles sobre plaguicidas, Por ejemplo, las
    transnacionales han propuesto el Registro Unificado de los
    Plaguicidas de la Unión Aduanera de Centroamérica,
    que se está negociando actualmente, por la que un
    plaguicida que ha sido aprobado en un país, debe
    registrarse automáticamente por los otros. Esta propuesta
    ha sido adoptada ya por el Salvador en su legislación
    mediante la firma de protocolos de
    equivalencia con todos los países de Centroamérica.
    Se espera que este registro fortalezca la inversión del Plan Puebla
    Panamá,
    y la integración comercial con México y
    Estados Unidos.

    Acuerdo sobre
    inversiones de la OMC:

    amenaza para la soberanía de los gobiernos
    locales y la protección a la salud y el ambiente (10)
    Estados Unidos y Europa presionan a los países de la OMC
    para que se abran las negociaciones sobre un acuerdo global sobre
    inversiones. Esto reforzaría a nivel mundial las
    cláusulas de protección a los inversionistas que ya
    se han venido estableciendo en diversos acuerdos regionales y
    bilaterales de libre comercio.

    Por ejemplo, el capítulo 11 del Tratado de Libre
    Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá,
    permite que un inversionista extranjero demande a un país
    el pago de millones de dólares como indemnización
    si considera que ha sido tratado de manera discriminatoria o que
    se han tomado medidas similares a una expropiación
    indirecta del valor presente
    o futuro de su inversión. El tribunal comercial que recibe
    y resuelve este tipo de demandas realiza Las audiencias que no
    son abiertas al público, los gobiernos locales o
    provinciales no pueden participar directamente sino a
    través del gobierno federal,
    y los miembros del panel son expertos en disputas comerciales
    pero no se requiere que lo sean en materia del derecho
    ambiental o de protección a la salud de la
    población. El capítulo de protección de
    inversiones del TLC ha sido
    tomado como modelo para el Acuerdo de Libre comercio e las
    Américas (ALCA) y
    contiene.

    Con este tipo de acuerdos las empresas extranjeras
    tienen una arma poderosa para chantajear a gobiernos locales o
    provinciales que tratan de impedir la operación de
    actividades o la entrada de productos que pongan en riesgo la
    salud de su población. Esto ha ocasionado, por ejemplo que
    Metalclad, una empresa
    norteamericana, haya recibido del gobierno mexicano más de
    16 millones de dólares en compensación por que un
    municipio pobre no le otorgó el permiso de construcción para reabrir un basurero
    tóxico, y por haberse creado un área de
    protección natural estatal debido a la gran diversidad
    biológica en cactáceas en la
    región.

    De igual modo, ha servido para impedir que una provincia
    de Canadá prohíba el uso de lindano, un insecticida
    organoclorado tóxico prohibido en muchos países y
    que se acumula en grasas y leche materna.

    PROPUESTAS Por la defensa de la
    soberanía alimentaria y el apoyo a los movimientos de
    resistencia campesina e indígena (11)

    RAPAL se solidariza con la lucha de los movimientos
    campesinos e indígenas en defensa de la soberanía
    alimentaria. Preservar la soberanía alimentaria significa
    garantizar el derecho de los pueblos a producir sus propios
    alimentos; a definir sus propias políticas
    agrícolas y alimentarias, dar apoyos a los campesinos para
    fortalecer la producción nacional y el mercado interno,
    protegerse de las importaciones a bajo precio, y garantizar la
    estabilidad de los precios agrícolas a escala
    internacional mediante unos acuerdos internacionales de control
    de la producción. Frente a un sistema mundial alimentario
    homogéneo en poder de unas cuantas transnacionales, es
    necesario reconstruir desde abajo sistemas alimentarios
    sustentables que conserven la diversidad cultural y
    biológica de los campesinos y pueblos indígenas,
    dando prioridad a la producción local y regional frente a
    la exportación.

    RAPAL apoya la demanda de
    Vía Campesina y de otras organizaciones
    por sacar a la agricultura de las negociaciones de la OMC y se
    solidariza con los grupos y
    organizaciones que proponen un comercio justo y relaciones
    comerciales más equitativas, condiciones laborales dignas
    y sistemas de
    producción sostenibles ecológicamente con un
    respeto que
    garanticen calidad a los consumidores y eleven el nivel de vida
    de las comunidades rurales.

    Por la
    producción y consumo de alimentos sanos libres de
    agrotóxicos y transgénicos

    El derecho a producir y consumir alimentos sanos libres
    de plaguicidas, transgénicos, hormonas y
    antibióticos que puedan poner en riesgo la salud o el
    medio ambiente es parte de la lucha por la soberanía
    alimentaria. Comer alimentos sanos es un derecho humano
    fundamental.

    Los gobiernos deben aplicar el Principio Precautorio
    como guía en la toma de
    decisiones gubernamentales frente a los peligros potenciales
    de daños a la salud irreversibles por contaminación
    bacteriana, química o transgénica de los alimentos
    producidos en el país o importados. La adopción
    del principio precautorio debe llevar a promover las
    prácticas productivas alternativas que previenen dichos
    riesgos en lugar de tratar de normar límites tolerables de
    estos contaminantes en los alimentos.

    Hay un conjunto de técnicas de manejo
    agroecológico de plagas que permiten eliminar el uso de
    plaguicidas químicos y hacen innecesario el empleo de
    cultivos modificados genéticamente. Incluyen los
    métodos de fertilización biológica del
    suelo que
    crean una nutrición equilibrada de las plantas menos
    susceptibles al ataque de insectos y hongos; la
    rotación y asociación de cultivos, la
    conservación y aumento de los insectos benéficos
    que controlan biológicamente a las plagas, el empleo de
    variedades resistentes, el empleo de trampas y cebos, así
    como el uso de plantas – como el tabaco, chile,
    ajo y muchas más- como insecticidas naturales.

    La expansión de la llamada agricultura
    orgánica o biológica -que no usa fertilizantes ni
    plaguicidas químicos- demuestra que los principales
    obstáculos no son técnicos sino políticos o
    económicos para la eliminación de los
    agrotóxicos. Se debe apoyar la producción
    orgánica no tanto para abrir una nueva ventana de
    exportación sino para garantizar que sea destinada y
    accesibles al consumo nacional, mediante subsidios,
    estímulos financieros, fiscales y apoyos en la investigación y servicios de
    extensión agrícola.

    Por el
    mejoramiento y libre circulación de las semillas
    nativas

    La lucha por la soberanía alimentaria comienza
    recuperando el control campesino de
    las semillas nativas y su derecho a cultivarlas, mejorarlas e
    intercambiarlas recuperando la diversidad biológica y
    cultural en la producción de alimentos, sin tener que
    pagar patentes a corporaciones transnacionales. La semillas
    estériles modificadas genéticamente y las
    regalías que se paga a las transnacionales gracias a los
    derechos de propiedad
    intelectual impiden el ejercicio de este derecho
    campesino.

    Se debe apoyar el desarrollo de alternativas al uso de
    plaguicidas tóxicos para la conservación de las
    semillas. RAPAL apoya la campaña de Vía Campesina
    de las semillas nativas como patrimonio de
    los pueblos al servicio de la
    humanidad.

    Por el
    respeto a los derechos de los trabajadores, las mujeres y los
    niños

    Se debe respetar la dignidad del
    trabajador y trabajadora agrícola y no poner en riesgo su
    salud por el uso de plaguicidas tóxicos en el lugar de
    trabajo.

    Los gobiernos deben cumplir con sus compromisos con la
    Organización Internacional del Trabajo e informar a los
    trabajadores de los riesgos a la salud y el ambiente por el uso
    de plaguicidas y otras sustancias tóxicas en la
    producción agrícola; así como el Convenio
    169 que establece que los trabajadores, hombres y mujeres,
    pertenecientes a los pueblos indígenas no deben estar
    sometidos a condiciones de trabajo peligrosas para su salud, en
    particular como consecuencia del uso de plaguicidas u otras
    sustancias tóxicas.

    No se debe permitir que niños o mujeres
    embarazadas se empleen para la aplicación de plaguicidas.
    Las mujeres deben defender sus derechos reproductivos para tener
    un embarazo y
    crianza infantil libres de plaguicidas que puedan poner en
    peligro su salud y la de sus hijos. Las mujeres organizadas
    pueden luchar contra el uso de plaguicidas químicos en su
    casa, barrio, lugar de trabajo y por el derecho a consumir
    alimentos libres de estos agrotóxicos.

    Los gobiernos deben de cumplir con los compromisos
    establecidos en el Convenio sobre los Derechos del
    Niño aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas
    para crear las condiciones que permitan que la población
    infantil disfrute plenamente su derecho a la vida, a la salud, a
    su pleno desarrollo físico, mental y espiritual, y a que
    no desarrolle actividades que pongan en peligro su
    salud.

    Por la
    eliminación prioritaria de los plaguicidas especialmente
    peligrosos

    Los plaguicidas extremadamente tóxicos o
    altamente tóxicos deben de ser eliminados de manera
    progresiva para prevenir mayores intoxicaciones de productores y
    trabajadores agrícolas.

    De igual modo, se deben reducir hasta lograr la
    eliminación los plaguicidas que incluyan un riesgo
    crónico para la salud, especialmente la de los
    niños y afecte los derechos reproductivos de las mujeres.
    No es aceptable que se permita el uso de plaguicidas y se toleren
    sus residuos en nuestra dieta en el caso de productos que puedan
    provocar cáncer, malformaciones, alteraciones hormonales,
    daños reproductivos u otros efectos crónicos
    irreversibles.

    El objetivo de las políticas ambientales o de
    protección a la salud no debe reducirse al llamado "manejo
    seguro de los
    plaguicidas" como pretende la industria química; sino que
    debe prevenir los riesgos y tender a eliminar su uso, sobre todo
    cuando los riesgos se pueden evitar porque existen alternativas
    viables.

    Por la firma y
    ratificación de los convenios ambientales multilaterales y
    su prioridad sobre los acuerdos comerciales

    Los acuerdos comerciales no deben tener prioridad sobre
    los convenios ambientales multilaterales que tengan como objetivo
    una mayor protección a la salud humana o el medio
    ambiente. En ocasiones la firma o ratificación de estos
    convenios se ha obstaculizado por los defensores a ultranza del
    libre comercio. Los gobiernos deben firmar y ratificar los
    convenios ambientales multilaterales y contar con planes
    nacionales de aplicación de estos convenios con mecanismos
    amplios de participación ciudadana.

    Es así, que se debe eliminar el bromuro de metilo
    destructor de la capa de ozono,
    como indica el Protocolo de
    Montreal. Aplicar el Procedimiento de
    Consentimiento Fundamentado Previo (PIC) en el intercambio
    comercial de plaguicidas prohibidos o formulaciones especialmente
    peligrosos del Convenio de Rótterdam. Eliminar los
    plaguicidas organoclorados y las fuentes de
    producción no intencional de dioxinas y furanos
    según lo establece el Convenio de Estocolmo sobre los
    Contaminantes Orgánicos Persistentes e ir eliminando otros
    plaguicidas organoclorados que aún se usan en nuestros
    países como el lindano, endosulfán, pentaclorofenol
    por ser dañinos a la salud y medio ambiente. 12

    No permitir que el Protocolo de Bioseguridad -Cartagena-
    del Convenio de Diversidad Biológica se subordine a la
    OMC, como pretende Estados Unidos, e instituir el Principio
    Precautorio en las leyes de
    bioseguridad nacionales. EcoPortal.net

     

    NOTAS

    1. El sitio de la OMC es http://www.wto.org/, para una crítica
    véase : www.tradewatch/ftaa/ALCA_Espanol/,
    http://www.ourworldisnotforsale.org/

    2. Ver artículos de Silvia Ribeiro, Blanca Rubio
    y Ana de Ita en Fernando Bejarano y Bernardino Mata (editores)
    Impactos del Libre Comercio Plaguicidas y Transgénicos en
    la Agricultura de América Latina. México, RAPAL,
    RAPAM, UACH, SOMAS, SEGE, 2003. Sobre la crítica a la Ley
    Agrícola de Estados Unidos, véase de Peter Rosset
    de Food First http://foodfirst.org/wto/espanol/

    3. " Making Global Trade Work for People" UNDP Kamal
    Malthora, et. al. 2003, en Greenpeace. A guide to 5th Ministerial
    Conference of WTO Cancun, México. 2003.

    4. Fernando Bejarano, La Espiral del Veneno, Guía
    crítica ciudadana sobre plaguicidas. México, RAPAM,
    2002.

    5. Fernando Bejarano, Contaminación alimentaria
    de Estados Unidos, Un Mito la Calidad del Norte, en Masiosare, La
    Jornada 26 de enero del 2003.

    6. No te dejes engañar, folleto de Greenpeace,
    RAPAM, GEA y otros grupos ambientalistas México
    2003.

    7. La página de la Comisión del Codex
    Alimentarius es .www.codexalimentarius.net Las normativas
    alimentarias en América Latina en
    http://www.panalimentos.org/. Para una crítica del Codex
    ver Lori Wallach and Michelle Sforza, Whose Trade Organization?
    Corporate Globalization and the erosion of Democracy. Washington.
    Public Citizen, 1999. "Chapter 2. pp 52-85.

    8. Ver de Fernando Bejarano, La Espiral del Veneno, op.
    cit., pp 82-88, y de Mary O´Brien Making better
    environmental decissions. An alternative to risk assessment,
    Cambridge, London, MIT Press, 2000.

    9. El Parlamento Europeo aprobó en julio del 2003
    dos propuestas sobre etiquetado y trazabilidad de OGM que
    permitirá exentar de etiquetado al alimento que contenga
    menos del 0.9% de OGM y 0.5% de presencia accidental de OGM no
    autorizados y considerados sin riesgo.

    10. Erika Rosenthal "Los acuerdos de libre comercio y la
    desregulación de los plaguicidas. El caso de
    América Central" en Fernando Bejarano y Bernardino Mata
    op. cit pp 105-116.

    11. Fernando Bejarano, "Metalclad y el capítulo
    11 del TLCAN" en
    Confrontando la Globalización, Laura Carlsen, Hilda Salazar
    y Timothy Wise, México, Ed. Porrúa,
    2003.

    12. Ver los planteamientos de Vía Campesina en
    http://www.viacampesina.org/

    13. Para una perspectiva ambientalista global del
    Convenio de Estocolmo ver http://www.ipen.org/

    *Fernando Bejarano G.

     

    Red de Acción
    sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM). Amado
    Nervo, 23-2, Col. San Juanito, Texcoco, Edo. de México,
    México 56121 Tel. y Fax. (595) 954
    7744. Red de
    Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para
    América Latina (RAP-AL) http://www.rap-al.org/
    Coordinadora General: Maria Elena Rozas, Alianza por una Mejor
    Calidad de
    Vida, Chile.
    rap-al[arroba]terra.cl,http://www.rap-chile.com./ Subcoordinador
    de Mesoamérica y el Caribe: Fernando Bejarano, Red de
    Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México
    (RAPAM) rapam[arroba]prodigy.net.mx Subcoordinador de la
    región Andina, Luis Gomero, Red de Acción en
    Alternativas al uso de Agroquímicos (RAAA)
    rapalpe[arroba]terra.com.pe, http://www.raaa.org/

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