Período Martínez de
Hoz
- Breve Reseña
Histórica - El proceso de
desindustrialización - Reforma
Financiera - Reducción
arancelaria - Promoción
Industrial - Política de
mercado - Conclusiones
- Bibliografía
- Citas
1977
Buenos Aires
Retrato de un artista del dinero
El ministro de Economía de la
dictadura
argentina, José Alfredo Martínez de Hoz, es un
devoto de la empresa
privada. En ella piensa los domingos, cuando se arrodilla en
misa, y también los días de semana, cuando dicta
cursos en la Escuela Militar.
Sin embargo, el ministro se desprende de la empresa privada
que dirige. Generosamente se la cede al Estado, que
paga por ella diez veces más de lo que vale.
Los generales convierten el país en un cuartel.
El ministro lo convierte en un casino. Cae en la Argentina un
diluvio de dólares y cosas. Es la hora de los verdugos,
pero también de los tahúres y los malabaristas: los
generales mandan callar y obedecer mientras el ministro ordena
especular y consumir. El que trabaja es un gil; el que protesta,
un cadáver. Para reducir los salarios a la
mitad y reducir a la nada a los obreros rebeldes, el ministro
soborna con plata dulce a la clase media,
que viaja a Miami y vuelve cargada de montañas de aparatos
y aparatitos y chirimbolos y chirimbolitos.
Ante la cotidiana matanza, los tilingos mediopelos se
encogen de hombros:
– Algo habrán hecho. Por algo
será.
Ó silban mirando para otro lado:
– No te metás.
Eduardo Galeano
Memoria del Fuego 3: El siglo del
viento
Para comprender el proceso
económico al cual el presente trabajo de
investigación hará referencia, es
preciso recuperar ciertos hechos y acontecimientos que al
construir la historia
argentina definen el escenario de estudio o al menos permiten
entender el por qué de ciertas cuestiones. Por ello
seguidamente se realizará un breve recorrido
histórico el cual se propone marcar los hechos sociales,
políticos y económicos más significativos,
para así poder
comprender de manera acabada la realidad que nos interesa
analizar.
Hacia la década de 1930 el mundo se sumía
bajo la llamada "Gran Depresión", importante crisis del
capitalismo
que desorganizó las relaciones vigentes del comercio
internacional, restringiendo ampliamente los términos
de intercambio que Argentina, como periferia, mantenía con
los países centrales.
Dicha crisis ocasionó un quiebre para el viejo
Modelo
Agroexportador que hasta ese momento representaba el eje de la
economía argentina, por lo cual el país
debió gestar una nueva salida comercial, a través
de lo que se llamó el "Modelo Industrial por
Sustitución de Importaciones"
(ISI) (1), un modelo de industrialización impulsado
fuertemente por el
Estado.
Poco a poco esta nueva orientación se fue
enlazando a una fuerte estructuración del movimiento
obrero que luchaba por la amplitud de sus derechos
sociales.
Avanzada la década del ´40 y
profundizándose la Industria por
Sustitución de Importaciones, el gobierno
adoptó reglas tendientes a fortalecer el papel del Estado,
mediante el apoyo al desarrollo
industrial y la redistribución de los ingresos,
ocasionando un importante refuerzo en la demanda y en
el consumo
interno, como parte constitutiva y funcional al progreso del
modelo. Asimismo, se respondía a una política ligada al
reconocimiento de los derechos del trabajador, procurando como
resultado un nuevo papel del Estado, prestador e interventor de
las demandas sociales.
Sobre un marco de desarrollo en el sector fabril y de
movilización en los sectores populares se origina entonces
en la Argentina, en conjunto con la aparición del Peronismo, el
Estado de Bienestar (2) que perdurará hasta principios de los
´70. Un Estado netamente involucrado en todos los
órdenes, un modelo fuertemente inclusivo como un espacio
donde los ciudadanos podían actuar política y
socialmente para establecer sus derechos.
Dicho Estado no sólo operó como moderador
de la producción capitalista, sino también
como un importante productor a través de la
creación de empresas
estatales que permitían asegurar así el "pleno
empleo"
(3).
Cabe destacar que esta matriz "estado
– céntrica" (4) impulsada fuertemente por los dos
gobiernos peronistas (desde 1946 hasta 1955), estuvo ampliamente
ligada a la elaboración de nuevos y trascendentales
derechos laborales, hoy plasmados en el artículo 14 bis de
la nuestra Constitución Nacional, como así
también en la generación y aplicación de
servicios
sociales universales: salud, educación, trabajo,
protección social (jubilación, obra
social).
En síntesis,
se asistió en la Argentina al desarrollo de un Estado
Benefactor, promotor de prestaciones
sociales y actor indispensable en la garantía de las
mismas, cuya estrategia estaba
centrada en la protección de los mercados y la
expansión de la demanda interna, dando lugar, asimismo, al
amplio crecimiento de los sectores medios de la
población y a una política de gasto
social concentrada en gran parte de los servicios
sociales.
Sin embargo, la política del Estado de Bienestar
iniciará su colapso en la década del ´70, en
conjunto con el último gobierno del General Juan Domingo
Perón
(1973-1976), principalmente a causa de la creciente
despolitización del Estado (5), la doctrina de la seguridad
nacional (1966) 6), la creciente devaluación del peso argentino (7) y la
agudización de los conflictos
sociales (8).
Asimismo el importante crecimiento del gasto
público, la generación de un visible
déficit fiscal, el
proceso de altísima inflación, los costos
progresivos y la baja productividad en
las prestaciones sociales, la defensa hacia los intereses
corporativos y la carga excesiva de impuestos,
correspondientes a este modelo de Estado, fue lo que
decisivamente produjo un fuerte período de inestabilidad y
agotamiento (Llach, 1997).
A nivel mundial, las políticas
keynesianas, comenzaban a mostrar sus debilidades; la
internacionalización y transnacionalización de la
producción, se constituyeron como el primer medio que
debía desmembrar estas barreras proteccionistas hacia los
mercados (nacionales e internacionales) y asentar, con ello, las
precondiciones para el posterior desgaste funcional del
proteccionismo.
El nuevo criterio económico – neoliberal,
que demandaban los países desarrollados para sostener
relaciones comerciales, ya no se amoldaba a los viejos modelos
intervensionistas que continuaban empleando los Estados
Latinoamericanos. Lo que significó que estos
últimos, debieran finalmente efectuar un cambio hacia
sistemas
más competitivos, tercerizando las prestaciones, que hasta
este momento otorgaba el Estado, en el mercado.
Esta década del ´70 estuvo, además,
sumida por dos acontecimientos que fraguaron nuevos preceptos en
las economías mundiales. Por un lado, en diciembre de 1971
los principales países del mundo occidental firmaron el
"Acuerdo Monetario de Washington", el cual elaboró un
sistema de bandas
de flotación entre las monedas, otorgándole mayor
flexibilidad y una devaluación del dólar con
respecto al oro; ahora las
economías debían regirse por el nuevo
"patrón dólar". Por otro lado, en octubre de 1973
la economía
mundial sufre otra conmoción, la "crisis del petróleo". La
Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP)
resolvió incrementar el precio del
combustible, lo cual generó de inmediato una importante
recesión en la mayoría de los
países.
Se señalan estos dos influyentes sucesos, pues
los mismos elevaron la oferta de
fondos prestables hacia los países de la periferia, lo que
favoreció a que las potencias centrales se sirvieran de
esta crisis económica para ofrecer nuevos créditos o préstamos, que finalmente
establecieron el considerable aumento de la deuda externa
latinoamericana y por ello la crisis financiera de los
años ´80.
Argentina, particularmente, entre 1980 y 1981,
enfrentaba un grave desequilibrio económico en la balanza de pagos,
fruto del aumento sideral de la demanda durante el último
gobierno militar. La apertura comercial y el retraso cambiario
acentuaron las importaciones, la remesa de utilidades y
regalías provocaron un déficit comercial y de la
cuenta corriente, producto en
gran parte de los dos acontecimientos a escala mundial,
antes mencionados.
Las vidrieras de los comercios argentinos se inundaron
de productos
extranjeros, lo que generó un fuerte descenso en la
venta de bienes
nacionales. De acuerdo con la política militar la apertura
de mercado se justificaba sobre una exigencia necesaria a la
industria nacional, para que pudiera lograr un alto nivel en la
producción y elaboración de su manufactura.
Asimismo se inició un crecimiento en el
endeudamiento del empresariado, compartida con la
especulación o fuga de capitales. Cabe destacar que la
deuda externa de la Argentina, que en 1977 era de aproximadamente
27.7 millones de dólares, en el año 1981
llegó a 46.3 millones de dólares. Para efectuar el
pago de esta duda se utilizaba entonces más del 51% de los
ingresos de las exportaciones.
Así, la década del ´80 caracterizada
por la "crisis de la deuda", fue el punto inaugural a una notable
transformación en la política
económica latinoamericana y Argentina en
particular.
Frente a este escenario las Instituciones
de Bretton Woods (Fondo Monetario
Internacional y Banco
Mundial), tomaron como principal cometido la
renegociación del endeudamiento externo y las fuentes de
financiamiento, como así también el
establecimiento de un orden en los sistemas monetarios,
financieros y comerciales del mundo. El aspecto central de estas
propuestas era proporcionar un mecanismo para la transferencia de
recursos
financieros de los países industrializados, para impulsar
la reconstrucción y el desarrollo de los países
periféricos.
Estas instituciones intensificaron notablemente su poder
y se convirtieron en el dispositivo nodal a la
implantación de los ajustes estructurales.
El conjunto de recetas de corte neoliberal
recibió el nombre de "Consenso de Washington", entre las
cuales se encontraban: la disminución de los aranceles
aduaneros, la privatización de las empresas estatales, la
restricción del gasto público, la
desestimación de las políticas tendientes a la
industrialización y la protección a la propiedad
privada. Todas disposiciones orientadas a desmontar las
políticas proteccionistas y a ampliar los márgenes
de libertad de
los mercados.
Bajo la tesis
básica de que el mercado constituye el mejor instrumento y
más eficaz para la asignación de recursos y la
satisfacción de necesidades, el neoliberalismo
exaltó así las virtudes de un Estado mínimo
e impugnó al Estado de Bienestar como dispositivo de
redistribución en beneficio de las clases más
desfavorecidas.
El primer avance de estas políticas neoliberales
aconteció dentro de lo que se denominó el "Proceso
de Reorganización Nacional", gobierno militar que se
estableció entre los años 1976 y 1983, y en el
cual, como se señaló recientemente, se desmontaron
las políticas proteccionistas y se ampliaron los
márgenes de libertad de los mercados. A partir de este
golpe de
Estado, y de la mano del entonces ministro de Economía
José Alfredo Martínez de Hoz, comenzó a
efectuarse un implicante conjunto de políticas que
impactaron fuertemente en la esfera económica argentina,
las cuales produjeron, finalmente, una ruptura de las
características estructurales y del funcionamiento
económico del país.
Considerando el discurso
pronunciado por dicho ministro, el 2 de abril de 1976, los
principales ejes del su plan
económico se resumían en: "lograr el saneamiento
monetario y financiero indispensable, como base para la
modernización y expansión del aparato productivo
del país, en todos sus sectores, lo que garantizará
un crecimiento no inflacionario de la economía; acelerar
la tasa de crecimiento
económico y alcanzar una razonable distribución del ingreso, preservando el
nivel de los salarios, en la medida adecuada a la productividad
de la economía". En consecuencia, se produjo una
alteración en el balance de poder existente entre los
diferentes grupos
económicos y la inserción productiva y comercial de
los sectores empresariales, dándose paso a una nueva
configuración y caracterización radicalmente
disímil de la prevaleciente en la etapa sustitutiva de
importaciones.
El golpe militar manipuló sus políticas
económicas a fin de afianzar el poder del sector
financiero especulativo. Gran parte de estas medidas, tanto
económicas como sociales, tuvieron como finalidad la
preservación y la extensión de los intereses de
dicho sector. Sus estrategias
recesivas mitigaron la demanda interna, en especial la de
aquellos estratos medios y bajos de la sociedad, en
tanto que la liberalización de las importaciones
castigó principalmente al sistema industrial, afectando
particularmente a la producción de textiles, ropa,
calzado, muebles, productos metálicos, maquinarias
eléctricas y material de transporte
(9). (Panettieri, 1992)
El producto final de este Proceso dio cifras alarmantes
con respecto a la situación social, financiera y
económica del país: 365 centros clandestinos de
detención; 30.000 desaparecidos; 1.068 heridos y 635
argentinos muertos en la Guerra de
Malvinas; $31.561 millones de deuda pública; $13.526
millones de deuda privada; 49.4% de gasto público; 15.7%
de déficit fiscal; 343.3% de inflación y 25.3% de
hogares pobres. Todos números por demás
alarmantes.
A continuación se expone un cuadro referencial a
modo de síntesis, donde se exponen los principales
indicadores
relevantes, durante la gestión
de Martínez de Hoz:
Período | Tasa de crecimiento del PBI | PBI Ind / PBI | Saldo Balanza comercial | Salario real | Inflación – Tasa anual | Déficit fiscal / PBI | Deuda Pública |
1976 – 81 | 0.9% | 29.4 | 540.6 | 62.0 | 193% | -6.35 | 20,024.0 |
Fuente: MULLER, Alberto. Un quiebre
olvidado: La política económica de Martínez
de Hoz
La industria entro en crisis a partir de 1975-1976,
cuando presentaba las mejores condiciones de su historia. Con varias
décadas de crecimiento continuo, signado solo por algunas
desequilibrios coyunturales, el sector industrial presentaba
hasta esos años, un proceso de expansión, que lo
había llevado, hacia 1974, al uso indiscriminado de toda
su capacidad instalada, lanzándose además nuevos
proyectos de
expansión de las ramas básicas.
La persistencia de las elevadas tasas de
interés manifestadas desde 1975, la tendencia al
atraso cambiario, agudizada para fines de 1978 y la apertura
indiscriminada a las importaciones fueron modificando la economía
argentina y su demanda local. "Las tasas de interés se
reciclaban con nuevos créditos y se cargaban a los
precios
mientras fuera posible; los costos financieros llegaron a niveles
tales que su impacto era más elevado que los salarios en
las estructuras de
costos de las empresas. Los gastos
financieros reales representaron cerca del 20% de las ganancias
operativas consolidadas del sector fabril entre el año
1975 y 1980, en un proceso de continuo aumento" (10).
Ciertas empresas endeudadas escogieron por la venta de
activos fijos
(11) para pagar sus compromisos, como así también
reducir costos y contraer estructuras. Por su parte, otras firmas
optaron por esperar una refinanciación "blanda" que por
supuesto nunca llego, concluyendo abatidas por la carga de
intereses. Consecuentemente, fue más imperioso sobrevivir
que progresar, con lo cual muchas empresas debieron despojarse de
sus ingenieros y especialistas no ligados a la producción,
abandonando con ello toda perspectiva futura de crecimiento y
deteriorando la capacidad de implementar cambios y desarrollos
productivos.
A pesar de esta realidad, no todas las
compañías fueron alteradas por el funcionamiento
del nuevo mercado financiero, ya que varias de estas
disponían de un cash flow (12) positivo o bien
porque se encontraban en condiciones de tomar créditos a
bajo interés en el exterior, represtándolo a tasas
elevadas en el mercado interno. Dichas empresas fueron
consideradas como operadoras financistas o especuladoras que
poseían una fábrica; esta última era
utilizada con un activo valioso ya que servía como
garantía para tomar nuevos créditos y no como
instrumento de producción, supeditándola entonces a
la lógica
de valorizar la moneda en el mercado. Frente a este tempestuoso
juego de la
especulación, numerosas empresas desaparecieron o fueron
mutadas de dueños. Aproximadamente 30 de las 200 empresas
cotizantes cambiaron de firma, para ser posteriormente
cerradas.
Asimismo, sobrevino el atraso cambiario y la
caída de las exportaciones, factores simulados por el
ingreso de la oferta de nuevas plantas que
entraban a la producción local, y que debían
exportar para sobrevivir. Fueron plantas equipadas con todas las
herramientas
necesarias para competir en el mercado internacional; mediante la
venta de productos petroquímicos, aluminio y
siderurgia, compensaron la declinación de otras industrias.
El atraso cambiario también facilitó la
llegada de bienes importados, apoyados por el equipo
económico de Martínez de Hoz, ya que dichos bienes
servían como contralor de los precios de la oferta local y
obligaban al sector industrial interno a mejorar la calidad de sus
productos. De esta manera, se rebajaron las tarifas y se
abrió plenamente la economía al mercado
externo.
"Las importaciones fueron masivas y abarcaron numerosos
rubros que no se pueden considerar prioritarios: incluyeron
paraguas y lavarropas, autos y
cigarrillos. Esa variedad no fue suficiente para cubrir todo el
espectro industrial aunque afectó a buena parte del mismo;
la experiencia de ese ensayo
general, mostró que no bastaba con reducir las tarifas y/o
atrasar el tipo de
cambio. Enormes barreras no arancelarias frenaban la competencia
externa y mantenían numerosos sectores protegidos. Las
regulaciones sectoriales, las interacciones entre empresa, el
control del
sistema de distribución y otras características
semejantes eran elementos de bloqueo al ingreso competitivo en
muchas ramas" (13).
Estas disposiciones y sus impactos resumidos
estadísticamente, demuestran que la producción
industrial argentina declinó un 17% en el período
transcurrido entre 1975 y 1981, reduciéndose un 10%
adicional en 1982. Diversas estimaciones indican que cerca de
400.000 empleados industriales habían perdido su empleo
durante ese período. Factores que no sólo han
afectado a la industria en su desarrollo, sino también han
generado un deterioro y una precariedad en este sector, vigente
hasta la nuestros días (Schvarzer, 1983).
A continuación, y profundizando al análisis de esta investigación, se
desarrollarán las principales políticas
económicas, efectuadas durante la gestión del
entonces Ministro de Economía José Alfredo
Martínez de Hoz, y que han sido implementadas para llevar
a cabo el sutil pero efectivo desmantelamiento del sector
industrial o de la cultura
antiindustrialista.
Para ello, primeramente se efectuará un estudio
de las principales causas que provocaron este proceso de
desindustrialización, evidenciando la nueva política
financiera, la reducción arancelaria, la promoción industrial y la apertura
indiscriminada de la economía al exterior.
Posteriormente, se llevará a cabo un
análisis sobre las implicantes consecuencias de este
cambio en el liderazgo
industrial argentino, tomándose en consideración el
proceso de endeudamiento externo, la especulación y el
ingreso irrestricto de bienes importados.
El proceso de
desindustrialización
Para comprender este desmantelamiento de la industria,
es necesario analizar el modelo de industrialización
imperante en la Argentina, posterior a las transformaciones
liberales efectuadas por el gobierno militar de 1976. Para ello,
se reconoce -como se explicó en la reseña
histórica- que el modelo por sustitución de
importaciones, fue llevado a cabo como único recurso
eficaz en respuesta de la aguda crisis económica
internacional acontecida en los años ´30. Fue a
partir de 1946, y frente a la reaparición de la oferta
extranjera de bienes y capitales, cuando el gobierno de Juan
Domingo Perón otorgó una mayor protección
industrial, confiriendo a este sector de una política de
industrialización a largo plazo.
Durante su primer fase de aplicación, 1946-1959,
dicho modelo funcionó de acuerdo a las variaciones en los
precios. La imposición por parte del Estado, de aranceles
proteccionistas, permitió a las empresas absorber, con
rentabilidad,
costos laborales mayores. Asimismo, primaron las políticas
de inversión, gasto público y consumo
de no asalariados para atraer las demandas de bienes
industriales.
Por su parte la segunda fase, 1959-1970, fue más
expansiva pero inestable. La economía se configuró
sin reservas de mano de obra y con un movimiento sindicalista
activo y organizado, situación que solo pudo ser contenida
mediante un acuerdo político con los asalariados; la
inflación y la regulación autoritaria. A pesar de
ello, la crisis de los años ´60 no pudo ser
contenida.
Según Adolfo Canitrot, dicha crisis
presentó dos etapa: "una primera, iniciada a mediados de
1969, que correspondió a la progresiva disolución
del sistema autoritario-militar, y que se caracterizó, en
lo económico, por el descenso del ritmo de crecimiento y
el ascenso de las tasa de inflación. Y en una segunda
etapa, comenzada en 1973 con el peronismo en el poder, durante la
cual se intentó repetir, sobre bases políticas
endebles, un acuerdo de precios y salarios que finalizó en
una inflación galopante" (14).
Si bien entonces la industria argentina entro en crisis
entre los años 1975-1976, en sus más optimas
condiciones, su realidad permitía evidenciar amplios
componentes negativos en cuanto a sus limitaciones.
Las principales debilidades o insuficiencias en la
industria, se encontraban en aquellos sectores destinados a la
producción de insumos industriales y de bienes de capital,
escenario que conducía dos problemáticas. Por un
lado, y por su impacto desestabilizador de corto plazo, era
necesario importar dichos insumos, que al afectar la balanza
comercial, producían instabilidades perjudiciales en
las etapas de expansión. Por otra parte, se evidenciaba
una importante falta de desarrollo en el propio proceso de
creación de tecnología,
excluyendo cada vez más a las industrias locales de la
frontera
productiva de los países desarrollados, provocando con
ello efectos comparativamente escasos en la evolución de la productividad.
Tales restricciones, para afrontar la debilidad de la
industria en la generación local de bienes de capital,
inducía, indefectiblemente, no sólo a la
dependencia de divisas
necesarias para importar maquinarias, sino también a la
utilidad que
las empresas extranjeras hallaran para insertarse posteriormente
en el país, o para vender sus adelantos
tecnológicos. Cabe destacar, que la gran mayoría de
estas empresas transferían tecnología y maquinarias
ya no utilizadas en sus respectivos establecimientos fabriles, a
causa de sus recientes innovaciones. Esto hacía aún
más evidente el significativo retraso del sector
industrial argentino, en cuanto a la adjudicación de
maquinarias prácticamente arcaicas.
De acuerdo a estudios efectuados por diversos autores,
la base de estas deficiencias estructurales en la esfera
industrial, se debe a una serie de factores o causas tales como
la ausencia de un perfil específico para el proceso de
industrialización, la notable inestabilidad y versatilidad
de las políticas económicas, las conflictos para
imponer un acuerdo social que sustentara una política
industrial de largo plazo, las irregularidades en la
distribución del ingreso, que expandía y
comprimía el mercado e impedía la planificación empresaria, y la falta por
parte del Estado de una política de investigación y
desarrollo local imprescindibles para reducir la brecha existente
entre la Argentina y los demás países desarrollados
(Rapoport, 2000).
Considerando entonces, que el plan impulsado por
Martínez de Hoz, fue un proyecto
antipopular, excluyente y regresivo, el cual
apuntó a lograr una atomización social generalizada
mediante el empleo de una profunda reestructuración
productiva y una modificación en la anterior organización de relaciones
económicas y políticas, se comprende entonces que
dicho plan, tuvo como principal objetivo
abandonar definitivamente cualquier orientación
industrialista vigente en el país desde 1930.
Esta labor fue emprendida indiscriminadamente a
través de la utilización de cuatro herramientas
primordiales. Dispositivos que no sólo han transformado el
contexto económico e industrial, sino también su
base social de sustentación y su inserción en la
división internacional del trabajo (15), estas
herramientas son:
- Reforma Financiera
- Reducción arancelaria
- Promoción industrial
- Política de mercado
Como se observa, la política económica de
1976 presentó como principal objetivo el libre mercado de
capitales. La aplicación de este objetivo a partir de
1977 significó un desvinculo definitivo con el pasado del
subsidio fiscal, el crédito
de bancos oficiales,
el mecanismo de redescuento y la tasa de
interés negativa.
Si se considera la economía argentina posterior
al periodo del Proceso, la valoración de la
industrialización era sinónimo de desarrollo
económico como así también
condición necesaria para impulsar el bienestar social. Una
característica representativa sobre esta concepción
industrialista, es la desconfianza otorgada al mercado de
capitales como instrumento eficiente para el crecimiento
económico de un país. De esta manera, y bajo este
esquema, las políticas económicas contuvieron un
esquema de financiamiento
subsidiado de la industria, a través de la
intervención y regulación del Estado en las
relaciones de precios, impuestos y gastos.
Este modelo industrialista fue aplicado hasta 1976.
Posteriormente, y frente a un nuevo gobierno de facto, se
invierte el esquema de financiamiento, otorgando total
primacía al mercado de capitales. Mediante esta nueva
política representada por pautas estáticas, la
formación de los precios fueron constituidos bajo los
supuestos de la libre competencia y completa certidumbre.
Asimismo, la ampliación de los recursos fue determinado
por las decisiones de ahorro de los
consumidores, resultantes además de un patrón de
preferencias temporales de consumo.
Por su parte, la tasa de interés evaluada para
este modelo, fue el precio relativo entre bienes presentes y
futuros. Toda intervención externa al mercado en la
designación del precio implicaba, para este modelo, una
violación a las preferencias de los consumidores, una
ineficiencia en la asignación de recursos y un declive en
el nivel del bienestar (Canitrot, 1980).
Evaluando cada uno de estos puntos, las relaciones
establecidas entre inversión, actividad y ganancia, que en
su momento operaban en el anterior esquema industrial argentino,
fueron ignoradas por completo bajo este nuevo programa
económico.
Desde el momento en que el equipo armado por el entonces
ministro de economía Martínez de Hoz,
comenzó a abordar una clara y definida política
económica con criterios sectoriales y liberales, se
inició una cadena de pugnas que tendieron a extenuar la
industria como rama productiva en la economía nacional,
desbaratando los mecanismos industriales implementados hasta
entonces.
Las primeras alteraciones al sector industrial fueron
recibidas por las consecuencias de las políticas
macroeconómicas, y precisamente de la estrategia
financiera. Así fue como el 14 de febrero de 1977, a
través de la Ley N°
21.526, se establece una reforma financiera, la cual
institucionalizó la presencia de las elevadas tasas de
interés y de los mecanismos que alentaban las operaciones de
corto plazo.
Este nuevo Régimen de Entidades
Financieras que implicaba un cambio sustancial en el mercado
de capitales nacionales, promovió como principales medidas
la liberalización de las tasas de interés y la
"desnacionalización" o "descentralización" de los depósitos,
admitiendo que la capacidad prestable de los bancos quedara atada
a su habilidad para captar depósitos. (Gerchunoff y Llach,
1998)
De acuerdo a niveles económicos, esta reforma
consistió en la "creación de un sistema de reservas
fraccionarias que reemplazaba a la anterior sistema centralizado
de depósito con un encaje del 100%; la
liberalización de las tasas nominales de interés
activas y pasivas; una mayor responsabilidad de los bancos en sus relaciones
con la clientela, estableciendo, además, requisitos sobre
la solvencia y la liquidez de dichas entidades; el
establecimiento de un régimen de garantía plena de
los depósitos en el marco de una mayor liberalidad de los
requisitos para la expansión o instalación de
nuevas entidades y sucursales sin importar la nacionalidad;
y la recreación
de la función
del Banco Central
como prestamista en última instancia" (16).
Asimismo, dicha reforma permitió incrementar el
rol del sector financiero privado, disminuyendo de esta manera la
intervención del Estado. El conjunto de medidas adoptadas
tuvieron amplias repercusiones, en tanto que la
liberalización de los movimientos de fondos y de las tasa
de interés, alteraron las condiciones de rentabilidad de
los distintos sectores económicos, perjudicando las
operaciones productivas e incentivando a la especulación.
Entre los años 1978 y 1979, el gobierno habría
autorizado la apertura de 1.197 sucursales
financieras.
El efecto que contrastó esta nueva
política financiera marcó importantes diferencias y
conductas en las empresas industriales. Si bien algunas lograron
extraer beneficios por la flamante circunstancia, otras
permanecieron aprisionadas por los inconmensurables costos que no
pudieron superar, bajo un significativo y creciente
endeudamiento. Cabe destacar que las empresas más
vulneradas ante esta realidad fueron las pequeñas y
medianas, es decir, aquellas con menor capacidad de acceso a
créditos externos, oficiales o con escasa posibilidad de
incorporar capital agregado. Por su parte, el impacto fue casi
imperceptible sobre las grandes empresas, debido a su capacidad
de adaptación frente a las nuevas políticas de
cambio.
Asimismo, esta reforma afectó la toma de
decisiones en materia de
inversión sobre los bienes de capital y sobre la
creación e incorporación de innovaciones
tecnológicas. En esta estrategia, la valorización
financiera fue más importante que la producción, en
tanto los activos fijos
comenzaron a tener más primacía como
garantía para tomar nuevos créditos, que luego se
destinarían a la especulación y no al desarrollo de
la capacidad productiva. En función de este juego
especulativo, las industrias se compraban y vendían
reiteradas veces.
Esta manipulación de alto monto financiero,
llegó a superar a los salarios en la estructura de
costos, forzando a que diversas empresas efectuaran ajustes a su
capacidad inmediata, como así también a su futura
producción. El endeudamiento ascendió a niveles
altísimos, superando en muchos casos el propio patrimonio de
las empresas, las cuales debieron cerrar sus puertas o reclamar
asistencia al Estado.
A continuación, se presenta un cuadro con las
empresas o grupos económicos que han exhibido mayor
endeudamiento externo durante ese periodo.
Empresas con mayor endeudamiento externo (en millones
de dólares)
Empresa | Monto | Empresa | Monto |
Celulosa Argentina | 1503.5 | Fiat | 177.9 |
Cogasco | 1348.0 | Juan Minetti | 172.5 |
Autopistas Urbanas | 951.2 | Werthein | 167.1 |
Perez Compac | 909.4 | IRI | 158.3 |
Acindar | 652.2 | Banco de Crédito Argentino | 154.2 |
Bridas | 598.7 | Socma | 148.6 |
Banco de Italia | 553.6 | Banco Ganadero Argentino | 147.3 |
Alpargatas | 474.5 | Banco de Londres | 135.3 |
Techint | 352.7 | Banco Tornquiste | 134.2 |
Gavoraglio y Zorraquin | 339.1 | Pirelli | 127.8 |
Banco de Galicia | 312.5 | Banco de Quilmes | 123.7 |
Fate | 223.6 | Decavial | 119.3 |
Astra | 222.5 | Swift Armour | 114.7 |
Citibank | 219.7 | IBM | 108.5 |
Astilleros Alianza | 189.5 | Bank of Boston | 102.5 |
Total | 8850,7 | Total | 2091,9 |
Fuente: Rapoport,
Mario. Historia Económica, Política y Social de la
Argentina, 2000
Este cuadro desalentador terminó de concretarse a
lo largo de 1978, cuando se procedió a implementar el
enfoque monetario de balanza de pagos y se diagramó la
llamada "tablita" cambiaria (17), delineándose a partir de
allí, un nuevo cronograma de rebajas en los aranceles. El
objetivo de estos mecanismos fue restringir el incremento de los
precios, exponiendo de esta manera a la producción local a
la competencia de las importaciones.
Posterior a esta reforma, se inició la
expansión financiera, la cual culminó en un
importante caos. Si bien los cambios liberales establecidos
durante la reforma financiera, daban amplia garantía a los
depósitos, no existía un adecuado sistema de
control. Bajo este régimen de tasas libres, la
combinación de garantía pública y la falta
de supervisión de calidad a la cartera de los
bancos, hizo a la realidad potencialmente peligrosa. De esta
manera, quedó conformado un contexto donde los bancos
competían por la captación de fondos con crecientes
tasas de interés, pero también efectuando
préstamos a considerables tasas para aquellas empresas
desesperadas que no hallaban financiamiento alguno en condiciones
más favorables.
Esta presión
alcista sobre las tasas era reforzada por la presencia en el
mercado de empresas públicas que habían pasado a
ser autónomas en carácter financiero, y que se
constituían como importantes demandantes de
crédito. Dicha presión sobrevivió en tanto
duró la monetización especulativa, pero
colapsó a partir de la liquidación del Banco de
Intercambio Regional (BIR), desatándose una corrida que si
bien en un inicio canceló las actividades de tres
importantes bancos (Oddone, de los Andes e Internacional),
terminó afectando a todo el sistema
financiero. Para 1980, en plena fase terminal del programa
económico del entonces ministro Martínez de Hoz, el
Banco Central debió asumir el control de aproximadamente
60 instituciones bancarias.
Otra de las medidas diseñadas para el proceso de
desindustrialización implementado en el Proceso, y
quizá la más significativa para el sector
industrial, fue la estrategia arancelaria, la cual tendió
a la apertura del mercado local y a la competencia de bienes
importados. Estrategia que comenzó a aplicarse
gradualmente desde 1976, aunque sus efectos nocivos fueron
plasmados transcurridos los dos años. De acuerdo a esta
medida, las reducciones tarifarias fueron efectuadas a fin de
eliminar la protección excesiva implícita en los
elevados aranceles registrados en la economía
argentina.
Para diciembre de 1978, esta disposición dio
lugar a un nuevo programa de reducción arancelaria gradual
y progresiva, prevista de tal manera, que en un plazo no mayor a
seis años, la industria argentina debía quedar
completamente abierta a la competencia internacional. De esta
manera, se establecía un plazo razonable de
adaptación de las empresas locales frente a las
extranjeras. A pesar de ello, la invasión de nuevas
medidas y resoluciones anticipadas, modificaron el sentido de
esta medida.
En 1979, se establece una resolución en la cual
se autoriza el adelanto de los ajustes tarifarios previstos sobre
aquellos sectores que habrían mostrado comportamientos no
deseados de precios. Dicha resolución rechazada por gran
parte del empresariado, provocó desconcierto frente al
programa impulsado por el Ministerio de Economía (18)
meses después, una nueva resolución fue aplicada en
el sector de bienes de capital.
Para 1980, el equipo económico extendió
las disposiciones hasta llegar a la reducción de los
gravámenes extraarencelarios, de manera tal que la
economía argentina se asegurara una efectiva y plena
apertura del mercado interno a la competencia exterior,
transmitiendo de este modo, un claro mensaje a la industria, la
cual debía ser desmantelada de toda estructura posible de
resguardo para su producción local.
Los resultados de estas políticas
económicas y arancelarias de "desindustrialización
eficiente", pudieron advertirse en algunas ramas industriales.
Aquellas ramas integradas por empresas pequeñas y
medianas, que operaban en mercados altamente competitivos y con
innovaciones tecnológicas, como ser la electrónica de consumo, fueron derruidas
por los productos importados (Schvarzer, 1986).
De acuerdo a Gerchunoff y Llach "las importaciones,
estimuladas por el retraso del dólar y por la apertura,
representaron una competencia que para muchas ramas
manufactureras resultó perjudicial, y además
provocaron un fuerte déficit de comercio. En
1980 esas tendencias se acentuarían, hasta hacerse
insostenibles, por la continuada apreciación cambiaria y
el inicio de la recesión" (19) de esta manera, y frente a
la situación descripta entre los años 1974 y1980 la
industria redujo tres o cuatro puntos su participación en
el PBI, mientras que para las ramas textil y papelera la
combinación de estos fuertes componentes como ser
recesión, apertura y atraso cambiario fue tan pronunciada
que originó caídas netas de aproximadamente
15%.
Esta exposición
de la producción interna a la competencia irascible de las
importaciones fue manifestada desde el gobierno como una
propuesta óptima en la contención de los precios.
En cuanto a este análisis, cabe destacar dos puntos
limitantes, en primer lugar, las empresas extranjeras presentaban
un mayor acceso al crédito, con lo cual la incidencia de
los costos financieros era mucho menor; y a su vez, desarrollaba
la debilidad de las empresas locales en cuanto a competitividad
por razones que no eran ni de índole productiva ni de
ineficiencia. En segundo lugar, las diferencias en la competencia
remitían a circunstancias netamente estructurales, que
debían resolverse a corto plazo; asimismo, los precios
eran fijados arbitrariamente por los oligopolios internacionales,
logrando con ello un mercado cautivo en el cual imponían
su estructura de precios. Todos estos factores debían ser
definidos a través de una política industrial que
controlara las acciones de
dumping (20) y no a través de esta brutal
exposición del mercado interno. (Rapoport,
2000)
Otra línea de acción
manifestada por la gestión de Martínez de Hoz, fue
la implementación de una serie de proyectos emergentes del
gobierno peronista, de promoción industrial. Estos
proyectos gestados desde 1969 durante el periodo 1973-1976 y
convalidados posteriormente por el Proceso, eran planes centrados
en la industria básica, como ser proveedores de
insumos intermedios para el mercado interno, y que en su
mayoría demandaban inversiones
masivas en capital, difíciles de obtener sin un
considerable apoyo del Estado. Cabe aclarar, que gran parte de
estos proyectos no fueron siquiera contemplados y mucho menos
realizados (21).
Legislativamente, la promoción industrial se
inicia el 27 de julio de 1977 cuando se aprueba Ley N°
21.608. La misma tuvo por objeto promover la expansión de
la capacidad industrial del país, fortaleciendo la
participación de la empresa privada en este proceso. Fue
utilizada para empresas de bienes intermedios de uso difundido,
como papel, aluminio, acero, petroquímica, etc., incluyendo un paquete
de beneficios referidos a exención, reducción,
suspensión o diferimiento de impuestos, amortización acelerada de activos fijos,
privilegios o contracciones de derechos de importación y eventuales regulaciones
cuantitativas temporarias a las importaciones. Asimismo,
permitió eliminar cualquier diferencia existente entre las
empresas nacionales y extranjeras, confiriendo a ambas igual
derecho a la promoción (artículo
6°).
Por otra parte, anuló la posibilidad de otorgar
créditos a las empresas promocionadas por esta ley,
obedeciendo a la necesaria coherencia con las propuestas
simultáneas de reestructuración del régimen
financiero local. Finalmente, dicha ley también
estableció como requisito calcular el costo fiscal
implícito de la nueva política (22).
En 1979, esta ley se amplia a través del
otorgamiento de subsidios para la radicación de
actividades en la provincia de La Rioja, incluyendo
posteriormente a San Luis, Catamarca y San Juan. Esta nueva
normativa tuvo como objetivo tratar de desplazar las actividades
de los polos industriales tradicionales (léase Buenos Aires,
Rosario y Córdoba) hacia nuevas zonas.
Ambas disposiciones de promoción industrial
fueron llevadas a cabo mediante el estrecho lazo sostenido entre
el Estado y los grupos económicos, siempre en torno al llamado
"compre nacional" y de precios especiales sobre aquellos bienes y
servicios provistos por las empresas públicas.
Conjuntamente, dichos grupos recibían concesiones para
operar servicios en beneficio del desarrollo social
(23).
La gestión de Martínez de Hoz tomo como
principal agente regulador de la economía al mercado. La
apertura de la economía argentina, fue sustentada en la
necesidad de disciplinar la conducta de los
empresarios locales a través de la competencia
internacional. De acuerdo con esta mirada, la competencia
constituía, en su estrategia, un mecanismo fundamental
para desmantelar el sistema de controles ejercido por el Estado
sobre los precios. Asimismo, permitía abandonar la
discusión sobre el carácter oligopólico de
la estructura industrial.
La primera acción utilizada dentro de esta
política de mercado fue la reducción de los
salarios, deteriorándolos en más de un 30%. Dichos
salarios fueron congelados por un periodo de tres meses y
sólo podían ser incrementados por debajo de la
inflación. Asimismo, se anunció la
liberalización de los precios reemplazando el sistema de
control existente hasta entonces por parte del Estado. Cabe
destacar, que esta sujeción de los sueldos, fue
diseñada no sólo como medio para regular el rebrote
inflacionario, sino también para asegurar bajos costos de
mano de obra a las empresas.
Una vez lograda la reducción de los salarios, y
en consecuencia regresiva la caída del consumo, el equipo
de Martínez de Hoz, planteo la necesidad de incrementar y
desregularizar las transacciones con países desarrollados.
Para ello, el 19 de agosto de 1976 se sanciona la ley N°
21.382 sobre inversiones extranjeras, la cual establece en su
articulo 1°: "los inversores extranjeros que inviertan
capitales en el país en cualquiera de las formas
establecidas en el artículo 3 destinados a la
promoción de actividades de índole
económica, o a la ampliación o perfeccionamiento de
las existentes, tendrán los mismos derechos y obligaciones
que la Constitución y las leyes acuerdan a
los inversores nacionales, sujetos a las disposiciones de la
presente ley y de las que se contemplen en regímenes
especiales o de promoción".
En agosto de 1980 se promulga la Ley N° 22.262, la
cual establecía una defensa de la competencia, planteando
el control de las actitudes
dominantes del mercado, y estableciendo una serie de acciones
para evitarlas, para así reencauzar a los empresarios, por
medio de la persuasión y sin vías judiciales, hacia
el objetivo de la libre competencia. Dicha ley crea en su
interior la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia, la cual actuó en 18 casos, de los cuales
todos corresponden a empresas estatales, pequeñas y
medianas.
Este acelerado proceso de apertura de la economía
argentina hacia el exterior trajo aparejado el cierre desmedido y
masivo de fábricas de productos nacionales, desbastadas
por la competencia internacional y las altas tasas de
interés ofrecidas. Esta apertura fue llevada a cabo
"discriminatoria y asimétricamente", ya que sólo se
protegió de las importaciones a aquellas ramas con
ventajas comparativas, a las oligopólicas y a las
productoras de bienes no diferenciados, reduciéndose
asimismo, el amparo a los
sectores menos intensivos en mano de obra calificada, en
conocimientos e innovación
tecnológica y en ingeniería. Esta disposición
centralizada dio a entender que las políticas
económicas sólo debían ser ejecutadas con el
fin de preservar al capital concentrado.
Según palabras de Jorge Schvarzer, "el
estancamiento fue absoluto en términos de magnitud global
de la producción, pero coincidió con una mejora
cierta de la eficiencia de
algunas ramas, tanto por el surgimiento de empresas nuevas como
por el cierre de plantas obsoletas, y cierta renovación de
equipos en otra. Pero el balance debe considerarse negativo,
porque el proceso cerró las fuentes de
crecimiento industrial, abriendo paso a más de un
década de estancamiento, resultado que requerirá
largos años y duros esfuerzos para ser revertido. La
parálisis industrial coincidió con un cambio
apreciable en las tendencias productivas en el mundo
desarrollado, hasta abrir una brecha no conocida antes entre la
situación nacional y las fronteras ya alcanzadas en las
naciones más avanzadas, brecha que será
difícil salvar, aun cuando se logre poner en marcha
nuevamente el sistema reproductivo interno" (24).
Asimismo, es importante destacar que esta estrategia de
apertura externa y las consecuentes medidas de corte recesivo que
tendieron a contraer el mercado interno, presentaron como
consecuencia el reposicionamiento relativo de diversos sectores:
los servicios y el área de los energéticos
(petróleo y gas) acrecentaron
su participación en detrimento de las ramas productoras de
bienes, especialmente de aquellas expuestas a la competencia
internacional. Si se analiza la composición del PBI al
inicio y al final del período (1975-1983) se observa que
los sectores más damnificados fueron los relacionados con
el mercado interno y aquellos cuyos productos competían
con los importados, como ser construcción e industrias
manufactureras.
Como se pudo observar en el presente análisis,
las principales consecuencias ligadas al proceso de
desindustrialización, no sólo han sido la extensa
masa de productos importados, que quebrantaron a la
producción interna de las pequeñas y medianas
empresas argentinas, y la gran especulación generada a
través de la compra y venta de empresas, sino
también el implicante endeudamiento externo.
La política económica aplicada por
Martínez de Hoz, creó en la Argentina una serie de
condiciones que situaban al país en un estado de
privilegio como receptor de los créditos internacionales.
Tanto la reforma financiera de 1977 y la apertura comercial,
estimularon el ingreso de fondos y un avance de movimientos
especulativos.
Entre los años 1976 y 1979, el endeudamiento fue
constituido por el sector
público. En consecuencia, a las dificultades
existentes para la adquisición de créditos
internos, la necesidad de las empresas al financiamiento se
orientó hacia la banca
internacional. Gran parte de estos préstamos
conformó una importante reserva de divisas, acumulando
casi 10.000 millones de dólares. Dicha reserva que
tenía por objetivo consolidar las condiciones para una
política de estabilización, no sólo
inspiró a un negocio para la intermediación
financiera, sino también representó, por sus
intereses, un costo estimado de 500 millones de
dólares.
Durante el último año de la gestión
de Martínez de Hoz (1980-81), la apertura comercial, el
retraso cambiario, el incremento de las importaciones y la
remisión de utilidades y regalías por el capital y
la tecnología provocaron un déficit comercial y de
la cuenta corriente, originándose, consecuentemente, un
alto crecimiento del endeudamiento empresarial, deuda que
respondía no sólo a la necesidad productiva, sino
también a la especulación o fuga de
capitales.
Seguidamente, se expondrá un cuadro comparativo
en el cual se podrá observar el endeudamiento externo por
parte del sector público y privado, durante el
período de Martínez de Hoz.
Endeudamiento externo de la Argentina (en millones de
dólares)
Año | Sector público | Sector privado | Total | Variación de reservas |
1975 | 4.941 | 9.144 | 8.085 | -791.1 |
1976 | 6.648 | 3.091 | 9.738 | 1.192,4 |
1977 | 8.127 | 3.635 | 11.762 | 2.226,5 |
1978 | 9.453 | 4.210 | 13.663 | 1.998,4 |
1979 | 9.960 | 9.074 | 19.034 | 4.442,4 |
1980 | 14.450 | 12.703 | 27.162 | -2.796,1 |
1981 | 20.024 | 15.647 | 35.671 | -3.433,1 |
Totales | 73.603 | 57.504 | 125.115 |
|
Fuente: Rapoport, Mario. Historia
Económica, Política y Social de la Argentina,
2000
De acuerdo a Mario Rapoport el endeudamiento argentino
no respondió, en contraposición a Brasil, a un
proceso de industrialización, "en la Argentina fue
utilizado para solventar la especulación, la fuga de
capitales, la compra de armamento y la demanda de consumo, con un
altísimo costo en materia productiva, ya que la
política para la atracción de capitales
imponía una desprotección absoluta a las
actividades productivas internas y un costo por la vía del
incremento de las tasas de interés imposible de solventar.
De allí que mientras muchos países, como el Brasil,
entendieran al endeudamiento fundamentalmente como una forma de
resolver sus problemas
productivos, la Argentina se endeudó para destruir su
aparato productivo, hipotecando su economía y arrasando la
base productiva que podría contribuir a levantar
posteriormente su hipoteca" (25).
De acuerdo al estudio efectuado en la presente
investigación, sobre el intencionado desmantelamiento del
sector industrial en la Argentina durante los años 1976
-1981, el proceso de desindustrialización debe ser pensado
en conjunto con un proceso de concentración. Esto
significa, que mientras e restringían las dimensiones de
la industria, en consecuencia de la disipación de aquellas
empresas con menos poder del capital, se concentraba, asimismo,
la propiedad industrial en manos de grupos económicos y
empresas transnacionales diversificadas.
Se deduce entonces, que la caída de la
producción durante este período no fue
homogénea en cuanto a los diversos tipos de bienes.
Así como creció la participación de los
bienes intermedios en el total de la producción,
decreció la de bienes de consumo. Por su parte, la crisis
tampoco fue equilibrada, dentro de los estratos de
concentración. Dicha crisis fue menor en las ramas
altamente concentradas que en las medianas y pequeñas,
dando como resultado un aumento de la participación del
primero de estos estratos y una incidencia de los mercados
oligopólicos.
Análogamente, y a partir de la reforma
financiera, las empresas transnacionales presentaron una realidad
de grandes beneficios. En virtud de su vínculo con firmas
financieras controladas por el mismo grupo
económico, dichas empresas tuvieron un acceso fluido al
crédito, a tasas diferenciales, en instancias en donde la
falta de recursos de financiación llevaba a muchas firmas
a la quiebra o al
cierre.
En términos cuantitativos, esta
contracción de la actividad industrial fue reflejada por
la evolución del PBI industrial. Para 1983, retorno de la
democracia en
Argentina, este indicador mostraba un retroceso de un 10%
respecto del de diez años atrás. Asimismo, la
actuación de otros índices económicos,
enmarcado en el origen y término del período
militar, también dejan percibir la dirección ejercida por la industria. El
volumen
físico de la producción se contrajo un 10%; el
despido indiscriminado de los trabajadores, determinó que
el número de obreros ocupados descendiera un 34%; el
salario real
cayó un 17%; el costo salarial también
disminuyó un 19%; aumentaron la productividad horaria de
los asalariados un 30% y un 6% la jornada media de trabajo. Para
concluir, la relación productividad / costo salarial, es
decir, la distribución interna del ingreso industrial,
revela un incremento del 69% en la apropiación del
excedente por parte del sector empresarial (26).
Lic. Samanta Acerenza
AZPIAZU, Daniel; BASUALDO, Eduardo & KHAVISSE,
Miguel. El nuevo poder económico en la Argentina de los
años 80. Buenos Aires: Legasa, 1989
CANITROT, Adolfo. La disciplina
como objetivo de la política económica. Un ensayo
sobre el programa económico del Gobierno Argentino desde
1976. Buenos Aires: Desarrollo Económico Vol. XIX
N°76, 1980.
CAVAROSSI, Marcelo. Autoritarismo y democracia
(1955-1983). Buenos Aires: Editores de América
Latina, 1996.
ESPING ANDERSEN, Gosta. Los tres mundos del Estado de
Bienestar. Valencia: Editorial Alfons El Magnanim,
1993.
FRENKEL, Roberto. Mercado financiero, expectativas
cambiarias y movimientos de capital. Desarrollo
Económico Vol. XXII N° 87, 1982.
GALEANO, Eduardo. Memoria del Fuego 3: El siglo del
viento. Buenos Aires: Editorial Catálogos,
1987.
GERCHUNOFF, Pablo y LLACH, Lucas. "Vértigo
económico en tiempos violentos (1973-1983)". En El
ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de
políticas económicas argentinas. Buenos Aires:
Editorial Airel, 1998.
LLACH, Juan. Otro siglo, otra Argentina. Buenos
Aires: Editorial Ariel Sociedad Económica, 1997
LLACH, Juan José. El Plan Pinedo de 1940, su
significado histórica y los orígenes de la economía
política del peronismo. Buenos Aires: Desarrollo
Económico N° 23, 1984.
MULLER, Alberto. Un quiebre olvidado: La Reforma
Económica de Martínez de Hoz. Buenos Aires:
Centro de Estudios de Población, Empleo y Desarrollo,
Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de
Buenos Aires.
PANETTIERI, José. "Desindustrialización y
Pauperización". En La cultura antiindustrialista de la
Argentina. Buenos Aires: Centro Editor de América
Latina, 1992.
RAPOPORT, Mario. "La dictadura militar
y la crisis económica (1976-1983)". En Historia
Económica, Política y Social de la Argentina.
Buenos Aires: Editorial Macchi, 2000.
Oficina Internacional del Trabajo (OIT). El empleo en
el mundo 1996/97 Las políticas nacionales en la era de la
mundialización. Ginebra.
SCHVARZER, Jorge. Cambios en el liderazgo industrial
argentino en el periodo de Martínez de Hoz. Buenos
Aires: Desarrollo Económico Vol XXIII N° 91,
1983.
SCHVARZER, Jorge. "Industria: una estrategia para
empresas antes que para ramas". En La Política
Económica de Martínez de Hoz. Buenos Aires:
Editorial Hyspamerica, 1986.
SCHVARZER, Jorge. "El retorno de los brujos". En La
Industria que supimos conseguir. Una historia político –
social de la industria argentina. Buenos Aires: Editorial
Planeta, 1996.
SCHVARZER, Jorge. "El quiebre del modelo cerrado de los
setenta. Apertura, especulación y deuda". En
Implantación de un modelo económico. La
experiencia argentina entre 1975 y 2000. Buenos Aires:
Editorial A-Z, 1998.
1. Modelo implementado a fines de los ´40 por el
entonces Ministro de Hacienda, Dr. Federico Pinedo, cuya
finalidad era mantener abierta la economía argentina al
comercio
exterior. Asimismo consideraba que debía lograrse un
crecimiento aceptable oficializándose una
industrialización exportadora, especializada en materias
primas nacionales. Tal objetivo sólo podría
conseguirse mediante un fuerte acercamiento a los EE.UU. Se
trataba, entonces, de un plan proaliado en materia de
política internacional, esta opción podrá
ser mencionada como un intento de integración a una nueva división del
trabajo, o bien como un cambio de metrópoli y la
búsqueda de una dependencia próspera. (Fuente:
LLACH, Juan José. El Plan Pinedo de 1940, su
significado histórica y los orígenes de la
economía política del peronismo. Bs. As.:
Desarrollo Económico N° 23. Enero-marzo, 1984. PP.
525).
2. Los modelos del Estado de Bienestar según
Esping Andersen, se pueden dividir en tres, dependiendo del
reparto de las responsabilidades:
socialdemócrata (el mercado genera
inequidades, pero todos los ciudadanos son iguales y por lo tanto
tienen derecho a recibir los mismos servicios,
promoviéndose con ello, la universalización de los
servicios sociales prestados por el Estado) modelo propio de los
países escandinavos; liberal (la
intervención del Estado es débil, no es suficiente
y anula la correcta distribución del mercado, quien le
garantiza a todos las mismas posibilidades de participar,
predomina la asistencia social relacionada con necesidades
concretas, no a la pertenencia laboral, ni a la
condición de ciudadanía) este modelo se presenta
principalmente en Estados Unidos,
Canadá y Australia; y por último el tercer modelo
corporativista (propone desplazar al mercado como
proveedor de servicios sociales, pero no presenta alternativas
desmercantilizadoras, puesto que los beneficios no se presentan
como derechos de ciudadanía sino como servicios otorgados
a partir de la inclusión a un trabajo) este tipo de estado
benefactor se aplica en países tales como Alemania,
Austria, Francia,
Bélgica e Italia. (Fuente:
ESPING ANDERSEN, Gosta. Los tres mundos del Estado de
Bienestar. Valencia: Editorial Alfons El Magnanim,
1993).
3. Existe "pleno empleo" cuando la gran mayoría
de las personas en edad de trabajar, capaces y dispuestas a
hacerlo, pueden encontrar empleo productivo, remunerado y
libremente escogido. Es decir, la inexistencia de desempleo
involuntario o la disponibilidad de puestos de trabajo para todas
las personas que busquen activamente una ocupación.
(Fuente: Oficina
Internacional del Trabajo. El empleo en el mundo 1996/97 Las
políticas nacionales en la era de la
mundialización. Ginebra).
4. La matriz político-económica o matriz
estado-céntrica, predominante en América Latina a
partir de 1930, es definida como un conjunto de atributos
económicos (industrialización sustitutiva,
economía cerrada o semicerrada, la regulación
estatal de los mercados y patrón de inflación
moderada) y políticos (emergencia e incorporación
política de nuevos actores sociales, organizaciones de
trabajadores y movilización de sectores populares. Esta
participación estuvo balanceada por controles
implementados desde las agencias del Estado e implicó la
creación de canales corporativistas y semicorporativistas
vinculados con organizaciones públicas, partidos
políticos y asociaciones profesionales y sindicatos).
(Fuente: CAVAROSSI, Marcelo. Autoritarismo y democracia
(1955-1983). Bs. As.: Editores de América Latina,
1996).
5. La característica innovadora que
implantó la "Revolución
Argentina", en relación con los gobiernos militares
anteriores, fue el intento de despolitizar el tratamiento de las
cuestiones económicas y sociales. Los jefes militares y
empresarios creían que la causa de la crisis
económica y social que atravesaba al país eran los
enfrentamientos entre partidos políticos. Para ello se
gestó un nuevo tipo de Estado
burocrático-autoritario, que significó el cierre de
los canales democráticos de acceso al gobierno y la
supresión de la ciudadanía de la sociedad
argentina.
6. Doctrina militar originada por el conflicto
internacional entre Estados Unidos y la Unión
Soviética que, en general, apuntaba en contra del comunismo. Su
objetivo principal era evitar la ideología política contraria,
mediante las fronteras militares, las cuales se encargaban de
controlar al supuesto enemigo interno, es decir, la tarea de
reprimir todo tipo de manifestación
política.
7. Esta situación se hizo presente a causa de la
creciente inflación y el déficit fiscal, como
así también en el estancamiento de las producciones
del sector agropecuario y del sector industrial no
integrado.
8. Entre lo cuales se podría nombrar: el
"Cordobazo", el asesinato de Augusto Vandor, del sindicalista
Emilio Jáuregui, los incendios en
los supermercados Minimax y el secuestro del ex
presidente Gral. Pedro Aramburu.
9. Si se considera la cantidad existente de
establecimientos industriales para 1974, el número
alcanzaba a 126.388; para 1984 dicho número
descendió a 109.376, es decir, el 13.5%.
10. SCHVARZER, Jorge. La industria que supimos
conseguir. Una historia político – social de la industria
argentina. Bs. As.: Editorial Planeta, 1996.
11. Se llaman activos fijos al conjunto de bienes
tangibles que utilizan los contribuyentes para la
realización de sus actividades y que se demeriten por el
uso en el servicio del
contribuyente y por el transcurso del tiempo. La
adquisición o fabricación de estos bienes
tendrá siempre como finalidad la utilización de los
mismos para el desarrollo de las actividades del contribuyente, y
no la de ser enajenados dentro del curso normal de sus
operaciones.
12. En toda empresa cuando está elaborando un
reporte de las ventas
realizadas, así como de los gastos que se han generado, se
obtiene un diferencial que permite conocer la utilidad obtenida y
además se realiza una proyección a futuro,
considerando las experiencias de periodos anteriores, logrando en
esta forma prever en que momento es posible realizar nuevos
gastos o inversiones, si así lo requiere la empresa. Es un
estado proyectado de las entradas y salidas de efectivo en un
periodo determinado o también conocido como flujo de
efectivo, y se realiza con el fin de conocer la cantidad de
efectivo que requiere el negocio para operar durante un periodo
determinado, como puede ser una semana, mes, trimestre o
año.
13. Ibídem.
14. CANITROT, Adolfo. La disciplina como objeto de la
política económica. Un ensayo sobre el programa
económico del gobierno argentino desde 1976. Bs. As.:
Desarrollo Económico Vol. XIX N° 76, 1980.
15 El proceso militar se propuso como principal medida
revertir la dinámica y las condiciones productivas
generadas por la industrialización sustitutiva debido a su
supuesta ineficiencia respecto del mercado internacional, la
discriminación que acarreaba en
relación a la producción agropecuaria y
especialmente por las condiciones sociales y el tipo de alianzas
políticas a que daba lugar y que constituían la
base de sustentación de los sucesivos proyectos populares.
(Fuente: AZPIAZU, Daniel; BASUALDO, Eduardo y KHAVISSE, Miguel.
El nuevo poder económico en la Argentina de los
años 80. Bs. As.: Legasa, 1989)
16. RAPOPORT, Mario. Historia Económica,
Política y Social de la Argentina. Bs.As.: Editorial
Macchi, 2000.
17. Tras un fuerte ingreso de capitales registrado en
1979 por las altas tasas internas que permitían una
ganancia en dólares del 50% anual, comenzó a
generarse una espiral de desconfianza en torno al esquema de la
"tablita" cambiaria. La "tablita" se basaba en la fijación
anticipada del tipo de cambio, con un cronograma de devaluaciones
decrecientes que debían converger con la tasa
inflacionaria en un período de ocho meses y que, al
fracasar, disparó una fuerte fuga de divisas a medida que
el atraso cambiario se ampliaba.
18. A pocos meses de lanzada esta resolución
diversas ramas industriales estaban aplicando los aranceles
mínimos, los cuales supuestamente hubieran debido tener
efecto recién en 1985.
19. GERCHUNOFF, Pablo & LLACH, Lucas. El ciclo de
la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas
económicas argentinas. Bs. As.: Editorial Ariel,
1998.
20. Se entiende por dumping a la práctica
desleal del comercio internacional, la cual consiste en que un
producto sea introducido en el mercado de otros países a
un precio inferior a su valor en el
país de origen en el curso de operaciones comerciales
normales.
21. Como son los casos de la Petroquímica
Bahía Blanca inconclusa desde 1985, Celulosa
Puerto Piray ó Álcalis de la Patagonia.
22. De acuerdo con esta ley, el monto de
inversión de los proyectos aprobados entre los años
1978-1980 suma 1288 millones de dólares. Los proyectos que
mayor cantidad de dinero hay
recibido (580 millones de dólares) fueron los que nunca se
llevaron a cabo.
23. Se puede nombrar la creación de la termina
del ómnibus de la Ciudad de Buenos Aires, efectuada a
través del grupo Pescarmona ó bien la
recolección de residuos también de la Ciudad del
grupo Macri.
24. SCHVARZER, Jorge. La política
económica de Martínez de Hoz. Bs. As.:
Editorial Hyspamerica, 1986.
25. RAPOPORT, Mario. Historia Económica,
Política y Social de la Argentina. Bs. As.: Editorial
Macchi, 2000.
26. Datos
extraídos del INDEC.