Mayo 2003 en Francia: ¿Qué decir hoy de un movimiento social multiforme?

A no ser que se quiera dar explicaciones tan generales
que se convertirían en banales por su evidencia, no es
posible hacer muchas comparaciones entre los enfrentamientos de
hoy y los de un pasado reciente a escala nacional,
por ejemplo 1968 y 1995.

 En primer lugar es preciso situar el movimiento
actual en el marco de la situación económica
mundial del capital. No
hacen falta muchas estadísticas para comprobar que el capitalismo
está en crisis y que
esto repercute en todas los campos. Hablando sólo de
Francia hacia la integración europea, esta crisis se
manifiesta por la necesidad de reestructuraciones que tienen
consecuencias sobre las condiciones de trabajo. A
ello se añade la disminución de la producción y, por tanto, de la
plusvalía que del trabajo extraen las empresas, y de la
parte de esta plusvalía que se redistribuye a los
trabajadores y que el Estado
deduce para sus gastos de
funcionamiento y para la articulación social
(represión para mantener la paz social). El resultado
global consiste en una presión
cada vez mayor para reducir esta parte de la plusvalía que
escapa a las empresas, tanto más cuando las consecuencias
de la crisis aumentan la demanda de la
ayuda social en todas sus formas y la exigencia de
represión para contener la presión social. En
resumen, el capital necesita dinero para
hacer frente a la crisis y para intentar conservar sus
beneficios, y no hay más que una fuente: los actuales
trabajadores, estén trabajando, en el paro,
jubilados, o esperando su turno,
escolarizados.  

Es frecuente hacer referencia a las huelgas del
otoño de 1995. Como entonces, con un trasfondo de
reestructuraciones económicas y sociales, nos encontramos
ante un conjunto de luchas localizadas y diversas. Pero, hasta
ahora, no estamos, como en 1968, ante un movimiento generalizado
que ataña a todas las estructuras
del sistema y
represente un intento de puesta en cuestión de la misma
organización social. Como en 1995, un
gobierno
conservador enfrenta un problema global que se refiere a las
garantías sociales, sobre todo de ciertas
categorías de trabajadores: los servicios
públicos y semipúblicos. Pero, como veremos, la
manera de abordarlo será distinta, a la vez más
global y más diferenciada. En 1995, el desencadenante de
la huelga fue un
ataque frontal dirigido a la supresión de estos
regímenes especiales y su alineación en el
régimen general de la seguridad
social, especialmente por lo que se refiere a la edad de la
jubilación. Esta especificidad limitaría el
movimiento pese a la fuerza de su
extensión y a sus tendencias autónomas: todos los
esfuerzos para extenderlo al sector privado, que no estaba
directamente concernido, fracasaron. Los huelguistas afirmaban
que hacían la "huelga por procuración", pero esto
fue contradicho rápidamente por la vuelta al trabajo,
fuertemente apoyada por los sindicatos que
habían quedado sobrepasados cuando el gobierno
abandonó su proyecto por
temor precisamente a esta extensión. Una de las razones de
esta no extensión al sector privado fue que a los
trabajadores de este sector económico, el más
importante, tal medida no les concernía, una vez que ya
unos años antes les afectó la medida del paso a los
40 años de cotizaciones para poder tener la
pensión por jubilación íntegra. Sin que ello
motivara una reacción de las centrales sindicales o del
movimiento de base. La misma ruptura va a producirse en mayo de
2003.

En 1995, la retirada de las medidas gubernamentales y el
final del conflicto no
arreglaba sin embargo el fracaso político. Podemos
observar que siempre que un gobierno, al implantar unas medidas
requeridas por el capital, provoca un conflicto que perturba
seriamente el funcionamiento de la economía capitalista,
ha de pagarlo políticamente: el conflicto social, sea el
que sea su origen, es transferido y apaciguado mediante una
"solución" política, ciertamente
transitoria. De Gaulle pagó en abril de 1969 el fracaso
político que representó mayo del 68, aunque se
podía beneficiar entonces de una mayoría
ampliamente suficiente para gobernar. Los coletazos del fracaso
del otoño de 1995 se concretaron con la elección,
en la primavera de 1997, de una mayoría de izquierda
socialdemócrata. Claro ejemplo de la desviación de
un movimiento social hacia una solución política
pretendiendo resolver los problemas que
había provocado el enfrentamiento social. La tarea de este
gobierno de "izquierdas" era la de hacer colar las reformas que
necesitaba el capital en Francia, y para ello podía
disponer de un capital de confianza –relativa- que los
trabajadores aún podían conceder a un tal cambio
político.

Se ha convertido en un lugar común decir que la
izquierda socialdemócrata no abordó, durante sus
cinco años en el poder, los problemas que el gobierno de
"derechas" le había legado, es decir, las reformas que
necesitaba el capital, sobre todo la cuestión de las
jubilaciones. Se olvida, en general, que cumplió
perfectamente su tarea de gestor del sistema en lo que respecta a
la paz social y al aumento de la productividad del
trabajo, un arma esencial en la competencia
capitalista internacional. Durante estos cinco años se
alcanzaron resultados esenciales en detrimento de los
trabajadores:

– Con la falaz etiqueta de la reducción del
tiempo de
trabajo con las "35 horas", las empresas en Francia ganaron una
total flexibilidad del trabajo y un bloqueo de los salarios, y
con subvenciones enmascaradas. Una consecuencia importante de
la aplicación de esta legislación fue la
transferencia de la fijación de las relaciones laborales
de nivel global (Estado o
convenios por ramos de industria) a
nivel local de la empresa o
incluso de cada una de las empresas del mismo trust, lo que
representa la abolición de una igualdad
territorial que unificaba, y el localismo diferenciador con lo
que conlleva de divisiones y de debilidad. En estas condiciones
el capital en Francia puede vanagloriarse de tener la
productividad horaria por trabajador más elevada de los
países industrializados. Y vanagloriarse también
de haber transformado profundamente las condiciones de vida de
los trabajadores, aumentando su
"individualización".

– Esta transformación de las condiciones de
trabajo y de vida fue acompañada de una
reestructuración industrial, motivada en parte por las
privatizaciones del sector
público, cuyos despidos fueron favorecidos por un
aligeramiento de los controles y por una reforma de los
subsidios de desempleo. Los
despidos fueron enmascarados por importantes contratos
basura,
especialmente de jóvenes.

– Esta forma específica de precarización
no fue más que uno de los aspectos de una
precarización general comprendiendo todo el conjunto de
la economía, consecuencia, en parte, de la
reducción del tiempo de trabajo y de la flexibilidad, y
en parte por la contratación en algunos servicios
públicos de trabajadores sin estatuto garantizado; y por
otra parte como consecuencia de acuerdos internacionales (por
ejemplo la entrada de china en la
OMC) o del
abandono de acuerdos proteccionistas de industrias
nacionales (por ejemplo el fin del acuerdo multifibra en la
producción textil).

– En todos los campos de las garantías sociales
o de los estatutos preservados, la práctica llevada a
cabo durante estos años consistió, para evitar
una explosión social global, en parcelar hasta el
extremo mediante reformas puntuales por categorías
limitadas. Una parte de estas reformas "parcelares" y que se
encuentra en el centro del conflicto en la
Educación Nacional es la de la
"regionalización", es decir, la transferencia de los
servicios que dependen del Estado central hacia las
colectividades locales. Esta reforma de las estructuras del
Estado, empezada por el gobierno socialdemócrata en 1981
y proseguida por la derecha y después por la izquierda,
no consiste, propiamente hablando, en un cambio de
patrón sino en un cambio de colectividad pública
concebido para aportar una mayor productividad gracias a un
nuevo estatuto menos ventajoso que el anterior, y en una
racionalización del trabajo.  

Todo esto creó las condiciones propias para poder
avanzar hacia reformas más radicales, retardadas por el
temor de un movimiento social. Pero al mismo tiempo crearon un
descontento difuso, un malestar tanto más profundo que era
incapaz de concretarse en luchas abiertas. Al mismo tiempo, las
reformas por tanto tiempo diferidas se hacían más
urgentes cuando se planteaban no ya a nivel nacional sino a nivel
europeo y cuando la crisis económica mundial obligaba a no
diferir por más tiempo su realización. Estas
reformas podrían definirse siguiendo tres ejes:

• El corolario de la libertad de
  circulación de los trabajadores en una
  armonización por abajo de los sistemas de
  protección y la supresión de particularismos
  nacionales.
• La supresión de las trabas a la construcción de un mercado
  libre europeo teniendo por corolario la reducción de la
  mayor parte de sectores públicos y su privatización.
• La armonización de las estructuras políticas de los Estados por la constitución de regiones equilibradas
  dotadas de poderes más consecuentes, transferidos de los
  Estados centralizados, y cuyas funciones se
  encontraban antes disminuidas.

Parece ser que el gobierno conservador se
equivocó sobre la crisis política desvelada por las
elecciones de la primavera de 2002. Podía pensar que al
tener una mayoría en todos los escalones del poder le era
posible lanzarse intrépidamente en el conjunto de reformas
diferidas y cuya urgencia le apremiaba. Las referencias a los
remolinos políticos fascismo-antifascismo había enmascarado la
realidad del conflicto social planteado sobre todo a partir de
1995. El intento de mediación política de este
conflicto, que las elecciones de 1997 habían manifestado,
había fracasado y, por el contrario, el desarrollo de
este malestar latente se manifestaba en las peripecias
electorales de esta primavera del 2002. Indicaban hasta
qué punto se había desarrollado un rechazo de la
mediación política, alcanzando la abstención
cerca de las dos terceras partes del electorado. Podemos
preguntarnos si las manifestaciones masivas para cerrar el paso
al Frente Nacional no eran más bien la expresión de
este rechazo de la mediación política y no
prefiguraban, de algún modo, la situación actual.
Aquellas manifestaciones privilegiaban el enfrentamiento directo,
la "ley de la calle"
como muy bien dicen los ministros de hoy. Pero no se trataba de
una ola de fondo ya que todos los organismos de poder han
aprendido en estos dos decenios transcurridos, ante las
tentativas de acción
directa consecuentes a este rechazo de las mediaciones
políticas, si no a eliminarlas, al menos a reducirlas, a
asimilarlas, a reprimirlas o a utilizarlas.

Por lo que se refiere a los sindicatos, la
desafección, que viene de lejos, corresponde, en el campo
de las relaciones de trabajo, al rechazo de aquellas mediaciones.
Esta desafección, que se manifiesta por la baja
sindicalización  y por la carencia de militantes, es
enmascarada por el hecho de que las protecciones legales (y el
financiamiento
institucional) les permite todavía asumir, aunque con
dificultad, su función de
mediación en las relaciones de producción.
Más que los políticos, se encuentran concretamente
ante un movimiento de lucha del que tienden a negar su misma
existencia y les obliga a tomar posiciones que desvelan su
verdadera función social:

– Puede decirse que, a pesar de la confusión de
un movimiento cogido entre las pujas sindicales interesadas y
las maniobras del poder, estamos ante una huelga salvaje que
intenta encontrar sus propios criterios de acción y de
organización. Se trata de manifestaciones de una
corriente de autonomía en las luchas que se remonta
hasta antes del 1968, y que en el periodo actual se ha
expresado a finales de los años 1980, por la
creación de coordinadoras, apareciendo las más
importantes en los ferrocarriles (1986-1987) y entre las
enfermeras (1988-1989). Esta tendencia, combatida violentamente
por los sindicatos, y en parte castrada por la creación
de sindicatos no reconocidos que se quieren más
combativos (SUD, UNAS, CNT), reapareció en las huelgas
de 1995-1995 bajo la forma de democracia
directa en las asambleas abiertas a todos, rompiendo en cierto
modo con los límites
que el estricto profesionalismo de las coordinaciones
había contenido. Pero también allí, los
límites de la democracia formal pronto aparecieron en
las posibilidades de manipulación de los sindicatos que,
si reconocían a la fuerza esta democracia de base,
mantenían su influencia en las negociaciones con los
poderes y en la
organización de las manifestaciones centrales. Tanto
los trabajadores concernidos como los sindicatos y los
gobiernos sacaron experiencia de estos intentos abortados y
recientemente los hemos visto aparecer en las luchas de otras
organizaciones
de base, que reagrupaban tanto a los trabajadores en lucha como
a otros militantes, y que para diferenciarse de las anteriores
formas organizativas abortadas han tomado otro nombre, "los
colectivos", y a las que se les puede predecir los mismos
avatares que las formas anteriores ya obsoletas.

– Era de recibo en la práctica sindical
recurrir, en circunstancias precisas y bajo el estricto
control de
tal o cual sindicato, a
ciertas formas de violencia
social para desactivar las tentaciones de una violencia de
base cuando la lucha mantenida en sus marcos legales se
encontraba en una situación sin salida. En estos
años ha surgido una violencia social en los mismos
lugares de trabajo, extendiendo de alguna manera la violencia
de los "suburbios", dándole un carácter mucho más preciso de
violencia de clase.
Cellatex inauguraba, en febrero del 2000, esta nueva vía
de la autonomía. Estas acciones
tuvieron que enfrentarse no tanto a una represión
directa siempre potencial sino a maniobras dilatorias que las
vaciaban de su contenido subversivo (aunque también es
cierto que en Daewoo hay militantes en prisión
inculpados de incendio voluntario y que en ACT Angers la
policía intervino brutalmente para desalojar una
ocupación que generaba destrucciones). Con las nuevas
leyes sobre la
seguridad,
la espada de Damocles de una represión directa se halla
suspendida sobre la cabeza no sólo de los jóvenes
de los suburbios sino también sobre cualquier forma de
acción autónoma  que "perturbe el orden
público". Aunque puntuales, estas formas de lucha no han
desaparecido y recientemente algunos trabajadores han recurrido
a ellas ya sea por amenazas o pasando a la acción
directa.

En las estrategias
gubernamentales se pensaba aprovechar a la vez lo que se
entendía como un consenso político, un cierto
control sindical sobre las posibles luchas y un aparato represivo
reforzado para imponer, a expensas de los trabajadores, las
reformas que exigía el capital ante la construcción
europea y la crisis económica. Así, el gobierno
emprende un conjunto de ataques en distintos campos que
conllevan, en muchas capas sociales, varios cambios en sus
condiciones de trabajo, por ejemplo en todo el sistema
educativo, imponiendo a la vez la reforma de la
jubilación, un cambio de estatuto con la transferencia del
personal no
académico del Estado a las regiones y una drástica
disminución de los efectivos. Es posible que, confiando en
su "popularidad" ganada con su posicionamiento
anti USA en el conflicto iraquí, prolongación de la
creencia en un pretendido consenso afirmado durante las
elecciones de 2002, el gobierno haya creído que era
posible una acción de fuerza. Sea como fuere, disponiendo
de una mayoría conservadora pronta a la pelea, el capital
y su sector más fanático, ha visto una oportunidad
para intentar modificar la relación de fuerzas.

En el actual estado del desarrollo de la lucha, es
difícil decir hacia dónde se orientarán los
enfrentamientos cuya amplitud, en su persistencia y en su
extensión, es al nivel de toda Francia. Los tres ejes de
intervención del gobierno chocan con distintas resistencias
que, como acabamos de señalar, en varios sectores como el
de la educación, acumulan los cambios impuestos.
Recordemos estos ejes "reformadores":

– Las jubilaciones, con la finalidad, bajo el pretexto
de un desequilibrio que podría producirse dentro de diez
años (hipotético, puesto que se refiere a una
situación económica desconocida y
demográfica más previsible con la libre
circulación de las personas dentro de la Unión
Europea ampliada), de reducir el volumen de los
subsidios, volver a situar los descuentos sobre el PIB a una
media europea y forzar la orientación hacia un sistema
privado de pensiones. Los más afectados por esta
"armonización" son los trabajadores del sector
público y semipúblico que tienen un sistema de
jubilaciones más ventajoso que los del sector privado,
siendo este sector también afectado aunque en menor
medida.

– Las transferencias del Estado hacia los colectivos
locales, empezando por los regionales. Ya hemos señalado
el alcance político de estas medidas en el marco de la
construcción europea.

– La reducción de todo el sector
público, siendo la regionalización sólo
uno de los aspectos. Lo que implica a la vez la
privatización de importantes sectores de los "servicios
públicos" (la enseñanza incluida) y recortes en los
efectivos de los servicios actuales (utilizando las
jubilaciones masivas, en los próximos diez años,
de los niños
del baby-boom de la inmediata postguerra.

– Una reforma profunda del sistema universitario para
adaptarlo a las normas
europeas, que implica la racionalización, la competitividad y un refuerzo de los
vínculos con la patronal para que las materias respondan
mejor a las necesidades de las empresas.

Hace meses que algunos sectores específicos,
alcanzados por las primeras medidas de "reestructuración"
y de "reducción de gastos del Estado", se han lanzado a
unas luchas aparentemente marginales pero persistentes llamando a
los colectivos regionales o nacionales surgidos de la misma
lucha: los trabajadores discontinuos del espectáculo,
contra la reforma del sistema de indemnización del
desempleo; los arqueólogos, contra una reducción de
los créditos comportando numerosos despidos y
una privatización de las excavaciones
arqueológicas; el personal subalterno precario de la
Educación Nacional cuyos empleos son simplemente
suprimidos o considerablemente reducidos con la creación
de puestos de asistentes. Estos movimientos, aunque marginales,
prefiguran de alguna manera lo que se está desarrollando
desde hace meses, particularmente en la enseñanza, aunque
ramificándose por otros sectores públicos e incluso
privados, pero de los cuales apenas es posible trazar la amplitud
y los caracteres, empezando por la falta de informaciones
precisas.

Los sindicatos, cualesquiera que sean, pero con
distintos objetivos
según su posición en el aparato de encuadramiento
de la fuerza de trabajo, se han subido al tren en marcha. Su
papel es doble: por un lado hacer de tripas corazón
proclamando su solidaridad con
los movimientos que se han construido al margen de ellos y,
expresando su fe en la democracia de base, que intentan torpedear
utilizando estas mismas prácticas democráticas y
haciendo valer su posición de "coordinador nacional",
previniendo al mismo tiempo cualquier veleidad de coordinación fuera de su control. Su papel
de enmascaramiento del movimiento puede verse claramente en el
mismo calendario de las manifestaciones por distintas
categorías, evitando así cualquier acción
unitaria. El papel que juegan puede verse también en las
entrevistas
que tienen con el gobierno y que ofrecen el espectáculo de
unas declaraciones estridentes y rupturistas mientras que, en el
silencio de los despachos ministeriales, tejen las "concesiones
del poder" que permitirán dividir a la vez los problemas y
a aquellos que luchan. Para el movimiento de luchas aquí
reside el mayor riesgo, lo que
permitiría al gobierno no perder la compostura y evitar
las consecuencias políticas de una retirada pura y simple
de las medidas más importantes, manteniendo aquellas
reformas  que no encontrarían más que una
oposición dividida y debilitada. Entonces, los sindicatos
podrían reivindicar la victoria de Pirrus pues
habrían cedido en una parte de los esencial, aplazado para
más tarde la otra parte y, habiendo asumido completamente
su misión,
habrían obtenido por parte del poder garantías por
lo que respecta a su posición en el sistema.

Pensamos que el aspecto más importante del actual
movimiento es el hecho de inscribirse en la corriente de
autonomía que antes hemos descrito. Para poder llevar
adelante sus propios caracteres en las formas de acción y
de organización, deberá luchar inevitablemente
contra todas las formas de represión siempre presentes. De
nada sirve gritar contra la traición de los sindicatos o
vilipendiar sus manipulaciones: al hacer esto los sindicatos
cumplen su papel y el que el capital espera de ellos. No puede
esperarse otra cosa. Esto vuelve vanas las llamadas (procediendo
de grupos
izquierdistas u otros) a "presionar" a los sindicatos para que
hagan tal cosa u otra. A parte de que estas llamadas acreditan a
los sindicatos un papel posible que nunca asumirán, su
función consiste precisamente en cerrar el paso a
cualquier posibilidad de los trabajadores en lucha de actuar i de
organizarse por sí mismos.

Henri
Simon