Recientemente, la muerte en accidente de 12 trabajadores latinoamericanos (ecuatorianos) a principios de enero (choque entre un bus  de inmigrados que iban al trabajo, y un tren), en la región de Murcia, ha intensificado el debate mediático sobre la inmigración, pero sobre todo ha desencadenado la movilización de los inmigrantes por sus derechos (papeles, sobre todo). Más recientemente, la aprobación por el Gobierno de la nueva ley de inmigración (vigente a partir del 22 de enero) ha provocado la reacción de los inmigrantes (encierros y huelga de hambre en iglesias de Barcelona, Madrid, Murcia, etc.) que no tienen la posibilidad de obtener su regularización con la nueva ley y sobre aquellos que a partir de ahora pesa la amenaza constante de expulsión. Una situación dramática para ellos, dado que la mayoría están atrapados (ellos y sus familias, en los países de origen) por el endeudamiento con las mafias y usureros que les han prestado el dinero para pagarse sus viajes hacia España con visa de turistas (valedera durante tres meses, después de los cuales, viene la ilegalidad).

Esta nueva Ley ha sido rechazada por la oposición política (socialista) y denunciada por las organizaciones humanitarias. Pero esto se corresponde en gran medida con el uso político de la inmigración por parte de los profesionales de la representación política, puesto que todos (incluidos los humanitarios) reclaman una regularización de la inmigración; poner en marcha los instrumentos legales que permitirán un flujo ordenado de la inmigración, etc.  Sea lo que sea, el gobierno ha decidido por su cuenta imponer una ley difícil de hacer cumplir. Por este hecho, sobre un número de personas (cuya cifra oscila 30.000 y 100.000, según los cálculos de los periódicos -no existen cifras que merezcan confianza-), pesa la orden de expulsión. Esto quiere decir que estos "ilegales" pueden ser detenidos en cualquier momento por la policía y ser expulsados mediante el procedimiento rápido previsto por la nueva ley. Esto en lo que se refiere a los inmigrantes que vienen de países con los cuales el gobierno de España ha firmado un tratado de extradición, ya que en los otros casos, la única posibilidad  es su detención durante 40 días en los "centros de acogida" (bien entendido: centros de reclusión). Una vez cumplido este período de internamiento, los inmigrados, siempre ilegales, serán liberados hasta su próxima detención, y vuelta a comenzar. A esta ilegalización de personas por el gobierno se añade, en el caso de los inmigrantes encerrados en huelga de hambre, una nueva "ilegalidad"; consiste en su reunión, ya que la Ley priva del derecho de reunión y asociación a los "ilegales". Por lo tanto, la acción de los inmigrados representa un pulso con el gobierno que se bate en retirada: el burócrata encargado de los asuntos de los inmigrantes en el Ministerio del Interior ha declarado en el mismo día de la aprobación de la Ley, que "naturalmente, esto no quiere decir que la policía  vaya a proceder a la caza de los ilegales". Curiosa situación: el gobierno, que ha hecho aprobar una ley aprovechando su mayoría en el Parlamento, reconoce que no va a cumplir la ley. Los politólogos afirman que esta ley ha sido una concesión al ala de la extrema derecha del Partido Popular, pero que no existe una verdadera voluntad de aplicarla con todo su rigor. Es posible, aunque ello no explicaría más que superficialmente esta absurda situación.

Aparentemente es una contradicción (el Gobierno legislando contra los patronos), pero la realidad es otra. La existencia de una bolsa de trabajo ilegal favorece la competitividad de la producción agrícola española, sobre todo en las pequeñas explotaciones. (Es posible alquilar un trabajador por 5.000 ptas. por la jornada de diez/doce horas, y todavía menos si se trata de un sin papeles desesperado). Pero incluso esto, a mi parecer, no es lo más importante. El último plan de esta divergencia aparente de intereses entre Gobierno y patronal es el hecho de que para el empresario el provecho a corto plazo es lo que cuenta, y en consecuencia, en la presente circunstancia pagar el salario legal (más la seguridad social) no priva a los patronos de obtener beneficios económicos importantes. Por esto, y porque la agricultura industrial exige también una organización de trabajo juste-à-temps, que los patronos presionan al Gobierno para reglar una situación que puede incidir negativamente sobre la recolección. Por el contrario, para el Gobierno se trata de evitar el aumento de las cargas sociales; evitar el crecimiento de la masa de asalariados inmigrados que en un momento dado podrían pedir vivienda, paro, por ejemplo, o derechos al mismo nivel que aquellos de los españoles.

En este caso, en España se da después de algún tiempo una suerte de reorganización de  capas asalariadas, por debajo de las cuales se hallan aquellas de los trabajadores inmigrados, cada vez más frecuentes en determinados sectores de la actividad. Una comprensión de este fenómeno exige una aproximación capaz de explicar las profundas transformaciones que han tenido lugar en el proceso de reproducción social. ¿Qué cantidad del PIB se debe a la sobreexplotación de hombre y mujeres inmigrados? Parece que a la división internacional del trabajo se corresponde algún tipo de división (estratificación) local del trabajo, ¿cómo se explica sino que en Jaén, donde se da oficialmente la cifra de 20.000 parados, se deba recurrir a la fuerza de trabajo de 4.000 temporeros marroquíes para la recogida de la aceituna? ¿Hasta qué punto la gestión de los fondos transferidos desde la Unión Europea no contribuye a crear un sistema clientelista y una base social de trabajadores "nacionales" dispuesta a legitimar la política xenófoba del Gobierno?

Así pues, parece que esto no ha hecho más que empezar. Mientras que España tiene una tasa de crecimiento superior al 3% anual; mientras que una mujer de faenas ecuatoriana (trabajando todas las horas que le ordenan) cobra por mes el importe que ganaría durante un año en su país; mientras que los españoles tendrán la posibilidad de dejar caer las ofertas de trabajo en el campo, en la construcción, etc., el mercado de la fuerza de trabajo tendrá un poder de atracción para los trabajadores, por otra parte los más pobres. Es decir, en un cierto sentido el discurso neoliberal dice la verdad. En tanto que los subsidios sociales para los españoles sean más elevados que los salarios ofrecidos en las actividades peor pagadas, los trabajadores españoles se abstendrán de competir con los inmigrados en los mercados de trabajo. Cambiar esta situación en el sentido de atraer la atención de los trabajadores españoles hacia estos empleos ahora ocupados por los inmigrantes, significaría romper el actual status quo, cosa que tan sólo podría hacerse mediante una subida de salarios (lo cual tendría como consecuencia una pérdida de competitividad de los productos españoles), o a través de la reducción de los beneficios sociales que cobran los españoles. Pero entonces, la paz social obtenida mediante la gestión monetaria de lo que yo llamaba (en una escrito anterior) esta especie de welfare caché que reina en España, amenazaría con romperse.

Está claro, por lo tanto, que la existencia de una mano de obra completamente desprotegida (el 36% de los contratos son fraudulentos, según la inspección de Trabajo y Seguridad Social) o con sus derechos como personas reducidos, sometidos al miedo del fin de contrato o, peor aún, a la expulsión, etc., tiene una función necesaria en el proceso de producción difícil de substituir por otros medios más "competitivos". Al menos los patronos agrícolas de la región de Murcia (como anteriormente los del Ejido) lo han  comprendido bien exigiendo al Gobierno una solución satisfactoria a sus demandas. Es decir, medidas políticas que pusieran a su disposición suficiente fuerza de trabajo en condiciones "competitivas" para continuar el proceso de producción sin los azares de las movilizaciones. Pero esto no es tan simple como parece. La política de inmigración no es una simple cuestión administrativa o legal a la que enfrentarse con medidas más o menos humanitarias.

Por una parte, elabora leyes abiertamente represivas, mientras que, por otra, deja un margen de tolerancia que favorece la explotación de los inmigrantes sin papeles. Así, la gestión de la fuerza de trabajo inmigrante, con papeles o sin ellos, se deja en manos de los municipios y empresarios locales, lo que se traduce en segregación, represión y explotación bajo un estricto control. Cuál será el resultado, en cuanto a la regularización de las solicitudes sometidas a revisión, es algo difícil de prever, ya que todo depende de la promesa del Gobierno de hacer una "amplia interpretación" de los nuevos supuestos de regularización. El precedente negativo es el de El Ejido, donde un año después de la algarada xenófoba, no se han cumplido ninguno de los acuerdos pactados con los inmigrantes y la situación ha empeorado. Sin embargo, después de la movilización de enero pasado, el Gobierno habrá tomado nota que en esta ocasión el conflicto desbordó los límites del control local de los explotados y, por primera vez, y con todas las objeciones que se quieran, tuvo lugar una movilización general de inmigrantes que puso de manifiesto una realidad social insoslayable.