El primer problema que se presenta para el estudio en
análisis es el alcance de la
categoría "Sector Privado", ya que este incluye desde las
Corporaciones Transnacionales (CTN) a las microempresas
familiares o unipersonales. En su seno se reconocen empresas
originadas en inversiones de
capital local
o externo, o articuladas como empresas mixtas en acuerdo con el
origen del capital invertido. Al mismo tiempo, puede
diferenciarse el Sector Privado con relación al
tamaño de las empresas involucradas, entre grandes,
medianas o pequeñas. La diferenciación admite
también el carácter lucrativo o no de su actividad
económica, ya que, además de las formas comerciales
extendidas, existen, en algunos sectores empresas cooperativas,
mutuales y otras formas de organización autogestionaria, sin fines de
lucro y con formas de gestión
democrática con independencia
de los volúmenes individuales en la aportación de
capitales. Incluso, son parte del Sector Privado las empresas
familiares o unipersonales, más cercanas quizá, a
formas de trabajo
personal,
autónomo, a veces considerado trabajo informal, que a las
grandes empresas del Sector Privado.

Más allá de éstas consideraciones,
es cierto que, básicamente en los años 90 en
toda América
Latina, ha habido un fuerte desplazamiento de las políticas
públicas en beneficio del Sector Privado. Esto ha sido
resultado de la adopción
de las políticas de "Market-Friendly Economic Reforms",
que pusieron en práctica, con mayor o menor intensidad,
todos los países de la región. Como resultado de lo
anterior, políticas económicas que previamente
estaban orientadas al desarrollo de
las empresas del Sector
Público, al fortalecimiento del Estado o al
desarrollo
social, como las que fueron prevalentes entre la
década del 30 y del 80 fueron sustituidas por otras
orientadas a potenciar la iniciativa y la rentabilidad
del Sector Privado. Ese proceso fue
seguido por una desprotección, particularmente de la
industria
local, mediante la apertura de las economías nacionales,
la liberalización comercial y un acentuado proceso de
desregulación. Todo esto en el marco de un proceso
acelerado de circulación de los capitales a escala
mundial.

"Las principales políticas definidas consisten en
la desregulación comercial y financiera de la actividad
económica, la apertura hacia los mercados
externos, la disminución del peso relativo del Estado y la
reformulación de sus funciones. En el
marco descrito, estas reformas incluyen generalmente un
tratamiento más favorable al inversionista extranjero,
estableciéndose condiciones de operación iguales, o
aún mejores, que las ofrecidas a los inversionistas
nacionales". (Cepal, 95)

Existe acuerdo generalizado en que el resultado de la
orientación de las políticas públicas hacia
el Sector Privado, ha sido el fortalecimiento del sector
más concentrado del capital, tanto de las CTN, como de las
grandes empresas de origen local. La asociación de ambas
beneficiarias excluyentes de las políticas neoliberales ha
constituido un nuevo polo, extraordinariamente poderoso, de
decisiones en el nuevo entramado económico, social y
político en la región. (Azpiazu, 93; Borón,
98)

Resulta difícil abstraer de esa hegemonía
derivada de las políticas públicas orientadas al
Sector Privado, la agudización de la problemática
social en la región. La desocupación y la pobreza
constituyen los principales problemas a
resolver, paradojalmente agravados a pesar del crecimiento
económico que se verifica en América Latina.
Vale la pena insistir en este punto, el crecimiento de la
pobreza de la
mano de altas tasas de crecimiento del PBI, porque una de las
justificaciones más persistentes para la adopción
de estas políticas ha sido que el "tricle-down effect"
iría, a la larga, a redistribuir ingresos y
riquezas, permitiendo un mayor standard de vida para toda la
población. Quince años de
políticas neoliberales en América Latina desmienten
ese supuesto.

En razón de ello, cualquier análisis de
las políticas públicas implementadas en la
región requiere que se combine en su estudio, los efectos
en materia de
crecimiento del PBI, de estabilidad y de equidad. No
sólo se trata de crecimiento sino de desarrollo integrado,
sostenido y sustentable. La consideración es válida
porque las decisiones en materia de política
económica tienen impacto en la sociedad y su
régimen político. Y en América Latina se
reconoce el tránsito por un período donde se
combinan las políticas orientadas al Sector Privado con la
vigencia de regímenes de democracia
constitucional, con autoridades electas en procesos
electorales que otorgan legitimidad a los decisores y esas
decisiones no han sido generadoras de crecimiento con equidad.
Una conclusión apresurada puede llevar a desprestigiar a
la "democracia" por asimilación de la misma con las
políticas económicas neoliberales.

En su visita reciente a la región, Nelson Mandela
aludió a las "cáscaras vacías" que pueden
ser las democracias que no resuelven los problemas
sociales que soportan los pueblos. Es que los gobiernos
han transferido con sus políticas orientadas al mercado, o al
Sector Privado, el poder del
Estado en tanto articulador de demandas sociales, hacia las CTN,
los grandes grupos
económicos y los organismos financieros
internacionales.

Es por ello que cabe interrogarse sobre quiénes
han sido los favorecidos por las políticas de
promoción de la Iniciativa Privada. ¿Qué
alcance tiene la Iniciativa Privada? La Iniciativa Privada se
define por la constante relación mercantil generada por
los sujetos en los diversos escenarios de la economía. Pero el
tema pasa por identificar adecuadamente a los sujetos. ¿Es
la promoción de la Iniciativa Privada la alusión al
desarrollo de un clima favorable
para la expansión de pequeñas y medianas empresas,
de cooperativas y mutuales, de empresas autogestionarias y de
carácter solidario? ¿Implica esa política de
promoción a la Iniciativa Privada la asistencia
financiera, técnica, comercial adecuada y el
estímulo a la formación de alianzas y redes que vinculen a esas
empresas entre sí y con otras del mercado local o
mundial?

Los interrogantes implican una opinión
crítica
en torno de los
actuales beneficiarios de las políticas orientadas a la
promoción del Sector Privado en América Latina
desde mediados de los 80 y los 90. A la vez que induce a pensar
en otros sectores sociales con posibilidad de asumirse como
actores sociales de políticas de promoción de la
Iniciativa Privada.

La posibilidad de orientar las políticas
dirigidas al Sector Privado, centrándolas en actores
sociales arraigados en los procesos económicos locales, no
sólo contribuirá a su desarrollo como empresas, con
impacto en los emprendimientos económicos y las zonas
geográficas de inserción, sino y sobre todo en las
formas organizativas que definen el régimen
político. Es que la experiencia de América Latina
en las reformas económicas ha coincidido con el abandono
de las dictaduras militares y la gestación de un clima
político que ha contribuido a una falta de
participación popular y desmovilización social,
otorgando mayor peso de los poderes ejecutivos en relación
con los poderes legislativos y judicial. Son consideraciones que
han llevado a algunos analistas a considerar una extensión
geográfica de la democracia en desmedro de su
profundidad.

Los resultados conocidos en América Latina llevan
a pensar en la necesidad de establecer correcciones para acercar
objetivos de
eficiencia
económica y de equidad en la aplicación de
políticas de promoción de la Iniciativa Privada en
cualquier lugar que ello se proponga.

II – La estrategia
económica en América Latina en los
80/90

En América Latina han bajado en forma importante
los índices de inflación como consecuencia de
políticas estabilizadoras orientadas por los organismos
financieros internacionales. La estabilización
macroeconómica ha sido resultado de políticas de
ajuste fiscal y de
reformas estructurales. (Ramos, 97; Lora y Barrera,
98)

Entre las primeras (ajuste fiscal) se pueden contar las
que tienen que ver con restricciones al gasto
público o su reorientación para favorecer la
eficiencia económica, en términos de crecimiento
del PBI y la productividad. Al
mismo tiempo, apuntaron a mejorar los ingresos fiscales,
vía reformas tributarias y mejoras y simplificación
de la
administración tributaria. Dicho ajuste fiscal se vio
favorecido por una afluencia regular de capitales excedentes en
el mercado mundial, los que fueron atraídos a la
región por las oportunidades que ofrecían las
privatizaciones de empresas públicas y los
altos rendimientos ofrecidos en los nuevos mercados de capitales
que emergieron de la mano de las reformas estructurales. Debe
consignarse al mismo tiempo el crecimiento del endeudamiento
externo y la agobiante carga financiera que de él se
deriva a los efectos de preservar el equilibrio
fiscal. Se eliminaron un conjunto de subsidios explícitos
en los presupuestos
estatales que encaminados a diferenciar políticas de
promoción industrial, a promover la producción agrícola o a garantizar
la provisión de servicios
básicos, tanto como a estimular y a sostener la viabilidad
de las economías regionales.

Respecto de las reformas estructurales, más
allá de las diferencias y matices por país,
éstas reconocen una constante en la apertura comercial y
la liberalización financiera imperante en toda la
región. En ese marco se desarrollaron procesos de integración y cooperación
económica entre los países de América
Latina, los que fueron convergentes con la política
exterior de los EEUU hacia la región, tales como las
propuestas de Iniciativa para las Américas (IPA) y las
propuestas más recientes por implementar la
Asociación por el Libre Comercio en
América (ALCA). La
iniciativa de integración incluye el Tratado de Libre
Comercio entre México,
EEUU y Canadá. Es más, en la década del 90
fueron actualizados todos los protocolos de los
acuerdos regionales de integración, tales como el Grupo Andino,
el Mercado Común Centroamericano y CARICOM, y se
tomó como ejemplo al Tratado de Asunción (Mercosur) fechado
en el año 1991. (Banco Mundial,
97)

El crecimiento de la integración
económica en la región provocó cambios
en las estrategias de
las CTN, al reestructurar y diversificar su presencia en Latinoamérica, dando prioridad a la
inversión con destino a la exportación y el desarrollo de los
servicios, especialmente en Argentina, Chile, México y
Venezuela. Con
ello queremos señalar que la integración
económica inducida en los años 90 en América
Latina se vincula más estrachamente con las condiciones
actuales del desarrollo
económico en la región, mucho más
dependiente del poder del capital más concentrado y de
carácter transnacional que de las decisiones de los
Estados y sus políticas de aliento a los mercados internos
y de protección de los productos
locales, el crecimiento de la circulación de bienes,
servicios y capital, resultante de la apertura comercial y la
liberalización financiera es un dato incontrastable.
Consecuencia de la apertura económica se bajó y/o
eliminaron barreras arancelarias y paraarancelarias, favoreciendo
la circulación de bienes y servicios, estimulando
más un sesgo importador con efecto desindustrializador.
Hubo una tendencia a la liberación de los precios y la
eliminación de las regulaciones en los distintos mercados,
con marcado control del
conflicto
social ante el impacto regresivo en salarios e
ingresos de sectores de menores recursos.

La reforma del Estado (Laurell, 98) ha sido,
quizás, el instrumento principal de las llamadas reformas
estructurales. Las privatizaciones de las empresas estatales son
el costado más visible y han actuado como carnada para la
atracción y disputa de capitales excedentes y
ávidos de valorización. Las privatizaciones
alcanzaron sectores eficientes y competitivos y en algunos casos
sectores estratégicos vinculados a los recursos
naturales, tal el caso de Argentina con el
petróleo; o los casos de comunicaciones
en Argentina y Brasil. Chile fue
el iniciador de la estrategia privatizadora a comienzos de los 80
y a fines de esa década se iniciaron procesos de privatización en Argentina, Brasil,
México y Venezuela. Pero no ha sido el único
elemento que define la reforma, la que alcanza a los servicios
públicos y los derechos sociales
tradicionalmente a cargo de los Estados, tales como la salud o la educación. Se ha
tratado de instalar una nueva función de
los Estados. Por el peso que tienen en la configuración
del mercado de
capitales debe asignarse especial importancia a la
transformación de los regímenes previsionales de la
región, los que se han constituido en una renovada fuente
de financiamiento
de las inversiones y del propio déficit fiscal.

La faceta más retrasada de las reformas debe
buscarse en las modificaciones del régimen de
contratación laboral. Han sido
muchas las presiones para modificar las condiciones
jurídicas de trabajo y en rigor, es más lo que se
avanzó de hecho en la flexibilización de la
fuerza
laboral, que en las transformaciones legislativas. El desempleo ha
actuado como un elemento disciplinador de trabajadores y sindicatos en
la conflictividad social por condiciones de trabajo y mejoras
salariales. Tanto los organismos financieros internacionales,
como el sector hegemónico del poder económico,
insisten en la necesidad de avanzar en reformas laborales que
mejoren la eficiencia, eleven la productividad y disminuyan el
costo de
contratación de trabajadores. Se apunta a una mayor
competitividad
de la producción en la región, junto al
ofrecimiento que ello implica en la disminución del
flagelo del desempleo.

Los efectos del ajuste y las reformas estructurales han
representado el traspaso del poder estatal al sector privado
más concentrado, agravando la situación de
desigualdad que presenta América Latina. (López
Gutierrez, Patiño Benavides, 98) El problema que
presentan las políticas de promoción de la
Iniciativa Privada radica en que las mismas reducen las
posibilidades de intervención del sector estatal para
mitigar las inequidades de una redistribución regresiva de
la renta, de la riqueza y del poder. Dice la Cepal que "La
concentrada distribución del ingreso que predomina en
los países latinoamericanos determina que la región
sea considerada, en el ámbito mundial, como una de las
más rezagadas en términos de equidad" (Cepal, 98).
Agrega que "La alta concentración de la
distribución del ingreso se ha mantenido en la
región, mostrando no sólo resistencia al
mejoramiento, sino que, en algunos casos, retrocesos."

Uno de los problemas que presentaron las
políticas de promoción del Sector Privado se
derivan de las dificultades de acceso a la información para la toma de
decisiones, particularmente en los sectores no monopolistas
de la economía, los que constituyen la mayoría por
la cantidad de establecimientos instaladas y tienen un peso
importante en la contribución a la generación del
PBI y la contratación de la fuerza de trabajo. Como es de
sobras conocido, la información también está
monopolizada y el costo de su adquisición es oneroso para
las pequeñas empresas. No es de fácil acceso par el
público en general y tampoco para el sector privado no
hegemónico. Es más, el monopolio es
generador de la información al definir el curso de algunos
de los mercados, en particular en las finanzas. Las
oportunidades, por lo tanto, no son iguales para todos los
actores.

Por ello se recomienda que las políticas
estatales deben tener en cuenta esta situación y promover
políticas para acercar información a sujetos y
actores económico sociales más débiles en el
sector privado. (Banco Mundial,
91)

Difícil acceso a la información y
complejidad en el aprovechamiento de la misma son dos caras que
limitan las oportunidades de inversión en los sectores
pequeños y medianos de las economías.
También debe computarse la insuficiencia de personal
capacitado para el adecuado aprovechamiento de la
información existente y la incapacidad para relacionarse
con fuentes
generadoras de la información, desde Internet a la Universidad o los
propios entes del Estado. Por ejemplo, son muchas las
pequeñas y medianas empresas que ni siquiera conocen los
programas
oficiales de promoción de créditos para pequeñas y medianas
empresas o de fomento tecnológico o de asistencia
técnica diversa. (Gambina, 97)

Una de las características centrales de la
estrategia económica en América Latina en la
última década se vincula al ingreso de capitales
externos, mayoritariamente de origen privado, los que fueron
atraídos por la orientación al Sector Privado de
las políticas económicas en la región y en
el conjunto de los Países en Desarrollo. (Gavin,
98)

Los ingresos netos de inversión
extranjera directa en América Latina pasaron de 8.061
millones de dólares en 1990 a 23.643 millones de
dólares en 1995 (Cepal, Informe de la
Economía de América Latina en 1996. Cuadro 1,
pág.2). Para la misma fecha los valores en
Africa fueron de
1.112 millones en 1990 y de 3.300 en 1995. En ambos casos los
montos se triplican pero con diferencias importantes en valores
absolutos. Asia fue la
principal región de destino al pasar de 18.302 millones de
dólares en 1990 a 65.000 millones en 1995.

INGRESOS NETOS DE IED EN PAISES EN DESARROLLO
(millones de dólares)

	1990	1995
Africa	1.112	3.300
América Latina	8.061	23.643
Asia	18.302	65.000

Fuente: Cepal sobre la base de FMI.

Señala la Cepal que "Durante los años
noventa se produjo un cambio
espectacular en la distribución geográfica de la
Inversión Externa Directa mundial que favorece a los
Países en Desarrollo". (Cepal, Junio 97) Se destaca
también que cinco países concentran el 84% de la
inversión extranjera entre 1986/1993: Argentina, Brasil,
México, Colombia y Chile.
Los tres primeros concentran a su vez el 72% del total. Son
cifras que demuestran la selectividad en la inversión y la
prioridad dada a los países que más
rápidamente se integraron a las tendencias imperantes en
materia de política económica. El caso de Brasil es
sintomático, ya que de ser receptor del 50% de las
inversiones externas hacia Latinoamérica en los 70, se
redujo al 9% en los primeros años de los 90. Debe
recordarse que Brasil fue el país que más
demoró la aceptación del paradigma
neoliberal en materia económica.

Las privatizaciones y las elevadas tasas de rendimiento
financiero fueron el atractivo para el ingreso masivo de
inversiones, de las cuales una parte importante tuvo una fuerte
volatilidad. Situación que se puso en evidencia con las
sucesivas crisis
financieras en los años 90, particularmente luego de la
devaluación mexicana de fines del 94,
conocida como "efecto tequila", y con la crisis financiera
internacional que comenzó en el sudeste asiático a
mediados de 1997 y se agudizó con la cesación de
pagos de Rusia a
mediados de 1998. La volatilidad de los capitales externos
invertidos en la región causó serias dificultades
en las principales economías de América Latina
(Gavin, 98). México y Argentina fueron los principales
afectados con la crisis del tequila y Brasil quién
más sufrió el impacto de la crisis asiática,
al punto de reducir casi el 50% de sus reservas internacionales
durante 1998 y aún Chile, que pudo escapar a los efectos
de la crisis mexicana, sufrió el impacto de la crisis
surgida en Asia.

En este sentido, vale la pena remarcar que cualquier
política de promoción de la Iniciativa Privada debe
contemplar la necesidad de favorecer actores económicos
que alejen las decisiones de inversión de los mercados
sujetos a la volatilidad, la que se deriva de la tendencia de
los capitales a la valorización financiera. El crecimiento
de las reservas internacionales de los países de
América Latina declinó fuertemente ante la fuga de
divisas que
generaron los períodos de crisis. Eso lleva a pensar en
mecanismos de promoción del Sector Privado que asienten
sus expectativas o premisas en agentes vinculados al ciclo
económico local y a la vitalidad de los mercados
domésticos. El resultado de las políticas
poscrisis en América Latina ha sido una nueva vuelta de
tuerca en las políticas de ajuste. Las mismas
llevarán inexorablemente a una caída de la
producción y el empleo, con
serias consecuencias sociales.

Se puede considerar que Chile anticipó en diez
años a los demás países en sus programas
estabilizadores y fue el patrón de medida que siguieron la
mayoría de los países en la región. Respecto
de las políticas de promoción de la Iniciativa
Privada, el acento fue puesto en el desarrollo de los "mercados"
para crear el clima necesario para el desarrollo del Sector
Privado.

El planteo era la desregulación del mercado,
eliminando los controles del Estado. Es el marco de la
promoción de las inversiones externas y las exportaciones. Se
radicaron empresas extranjeras con destino de explotación
económica en el sector primario, en minerales, frutas
y otras producciones agrícolas y vinculadas a la pesca, a las
que se agregaron una serie de inversiones en agroindustria e
industria elevando la productividad de la economía en su
conjunto. De ese modo se pasó de una caída de la
productividad industrial del orden del -3,4% entre los
años 83-90 a un crecimiento del 2,8% entre 1990-94. El
aliento a los "mercados" incluyó la dinamización
del movimiento
internacional de capitales, donde los fondos de pensión
jugaron un papel importante y fueron el antecedente de las
reformas previsionales en la región.

En los primeros años de estas políticas
orientadas al mercado se sufrió un fuerte y regresivo
impacto social, en términos de ingresos de los
trabajadores y caída de los salarios. Debe destacarse que
desde el cambio de gobierno en el 90
se morigeró el impacto social de las políticas
orientadas al mercado.

El otro país que sirvió como ejemplo fue
México a fines de los 80 hasta la crisis devaluatoria del
94. Argentina retomó la posta del modelo a
imitar, principalmente por la forma de superación de la
crisis recesiva 95-96, la que culminó con un mayor peso en
su economía de los capitales externos. Brasil, en medio de
una profunda crisis política a comienzos de los 90 termina
acordando con el FMI un plan de rescate
de su economía que a comienzos del 99 induce el camino del
ajuste y reestructuración hasta ahora demorado en ese
país.

El modelo neoliberal ensayado en Chile en los tempranos
70 se ha transformado hegemónico en América Latina,
con fuerte presencia de los Organismos Financieros
Internacionales y un privilegio a políticas de
orientación al mercado. (Borón, 98)

El problema que pretendemos apuntar es que el modelo
chileno de promover la Iniciativa Privada confiando en el
desarrollo libre de los mercados, somete a los sectores
más pequeños de las economías locales y
nacionales a una competencia
desigual y por tanto, se requiere el desarrollo de formas
institucionales de compensación o de promoción
efectiva de otros actores económicos, imposibilitados por
sí de desarrollar una competencia real con capital
monopolista de carácter transnacional. Una clara
demostración de los efectos sociales de estas
políticas se visualizan en el crecimiento de la brecha
entre los más ricos y más pobres.

Polarización del ingreso en América
Latina 1985/95

	1985	1990	1995
1% más pobre	$ 193	$ 180	$ 159
1% más rico	$ 54.929	$ 64.948	$ 66.363
Brecha	285	361	417

Fuente: Londoño y Szekely, 1997

II. 1- Estabilidad
política y económica

Se consideran exitosos los planes antiinflacionarios
establecidos en Argentina, Brasil, Chile y México.
Más allá de matices todos reconocen la
combinación de ajuste fiscal con reformas estructurales.
El caso Chileno es el más antiguo y tiene claramente dos
etapas: la primera gobernada por la dictadura
entre 1973 y 1983 de corte recesivo y con fuertes costos sociales y
una segunda etapa desarrollada en dos tramos, una en la parte
final del gobierno del dictador Pinochet entre 83-89 y otra desde
el advenimiento del gobierno de la Concertación en 1990.
Debe mencionarse que la estabilización económica
producida desde el 83 estuvo asentada en un fuerte control del
conflicto social a través de la represión militar y
el terrorismo de
Estado. La estabilidad económica se asentó en una
transferencia de recursos desde los sectores trabajadores y de
menores ingresos hacia el capital más concentrado. Un dato
a destacar en relación al "éxitoso" modelo chileno
es el ocultamiento de algunas premisas que contradicen el
paradigma neoliberal. Tales como la retención del
monopolio del cobre en manos
del Estado y la importante perfomance exportadora del sector
agrícola chilena, más vinculado a una trayectoria
iniciada en los 60 con la presidencia de Frei y desarrollada con
la reforma
agraria de Salvador Allende. Procesos que contribuyeron a
crear una capa de empresarios agrícolas nuevos y que
renovaron el panorama empresarial de Chile. Si bien existieron
fuertes inversiones externas, las políticas neoliberales
en Chile recibieron los beneficios de políticas de
estatización y de estímulo estatal a sectores
privados planteadas y ejecutadas con antelación.
(Borón, 98)

El caso de México tiene antecedentes en 1988 y
reconoce una estabilización económica con
crecimiento del PBI y que fuera considerado como modelo en
América Latina en los primeros años de la
década del 90. Debe computarse la sospecha de fraude electoral
en las elecciones presidenciales del 88 y la conformación
de un clima de inestabilidad política que se
potenció para el año 94, tanto con el levantamiento
indígena producido en Chiapas y la
devaluación del peso producida a fines de ese año,
lo que determinó el derrumbe de las expectativas
gubernamentales y una crisis financiera que impactó en
buena parte de América Latina. Argentina despliega su
política de estabilización a partir de la Ley de
convertibilidad del año 91, que ata la moneda local, el
peso, al dólar e impide la emisión de moneda sin
respaldo de divisas. La posibilidad de estabilización se
adjudica a la capacidad del gobierno para disciplinar la
jerarquía sindical, la que había impedido la
afirmación de planes similares en el pasado inmediato.
Brasil logra su estabilización a partir de 1994 con el
Plan de Cardoso y es en 1998 que sufre nuevamente presiones
desestabilizadoras que aún no se reflejan como crecimiento
de la inflación. En todos lo casos se visualizan ciertas
condiciones políticas para la aplicación de
políticas económicas de estabilización. El
Sector Privado se vio favorecido por estas políticas que
indujeron una fuerte transferencia regresiva del ingreso
(Laurell, 98), lo que se constata también en los
regímenes tributarios de corte regresivo, los que
mejoraron los ingresos fiscales y en muchos casos fueron
esterilizados por los crecientes pagos de intereses y capitales
del endeudamiento externo.

Para el análisis crítico resta
considerar si es posible impulsar medidas de
estabilización económica que distribuyan las cargas
progresivamente y donde el papel del Estado pueda centrarse en la
regulación de los mercados fuertemente orientados por la
dinámica de la Iniciativa Privada. Esta
observación aparece como demanda social
cada vez más fuerte en los países en
cuestión.

II.2 – Liberalización
financiera

Los países más avanzados al respecto han
sido Chile (1981) y Argentina (1994). En rigor, el primero fue
anticipador de un modelo de transformación del
régimen de jubilación y pensión que ha
generado una fuerte capacidad de ahorro interno
y ha servido como ejemplo para otras reformas en curso. En
particular para la Argentina, el caso chileno, de
capitalización individual, fue el ejemplo para la
privatización de las pensiones y jubilaciones.
Recién ahora, Brasil encara su proceso de
transformación del sistema
jubilatorio sobre líneas similares.

En todos los casos el acento y la
motivación principal estuvieron depositados en la
conformación de un mercado de capitales con fondos
institucionales que puedan hacer más previsibles las
tendencias de los inversionistas y frenar la volatilidad de los
capitales externos invertidos en la región. Quedó
claro a partir de estas experiencias, especialmente en Chile y la
Argentina, que el beneficio principal es para inversores,
instituciones
del mercado de capitales, las compañías de seguros y al
mismo tiempo que se constató un alarmante
desfinanciamiento estatal en la seguridad
social y una contracción en los ingresos de la
población de beneficiarios de jubilaciones y pensiones,
amén de dudas respecto a la capacidad de repago que las
aseguradoras privadas tendrán en el futuro.

La reforma de los regímenes de jubilación
y pensión estuvieron acompañados por reformas
financieras, cambiarias y del régimen de inversiones
externas en todos los países. El resultado ha sido una
fuerte concentración de la banca a favor de
las privadas y en desmedro de la banca estatal y de
fomento.

En el caso Argentino se destaca el achicamiento de la
presencia de la banca cooperativa,
que de más de setenta bancos a
comienzos de los 80 se reduce a 4 en la actualidad (Realidad
Económica, 98; Idelcoop, 98). Si bien Chile presentaba el
caso de mayor regulación en el Cono Sur al movimiento
internacional de los capitales, como consecuencia de la crisis
desatada en el sudeste asiático a mediados del 97, la
presión
externa hizo que liberalizara aún más el movimiento
de capitales como forma de atraer inversiones a su
mercado.

Puede decirse que la liberalización ha sido una
política de clara promoción de la Iniciativa
Privada y que ha favorecido a los grandes capitales y a la
inversión especulativa y de elevada volatilidad. La
experiencia histórica del cooperativismo
de crédito
en la Argentina, reducido a muy pocas entidades en la actualidad,
aunque con uno de los bancos cooperativos entre los más
grandes y exitosos del país, demuestra que se puede pensar
en políticas de promoción del sector privado
bancario bajo formas no lucrativas y destinado principalmente a
la pequeña y mediana empresa como con
las cooperativas. Siempre con relación a la Argentina y en
el sector privado bancario, se encuentra el desarrollo de una
tarjeta de crédito organizada bajo forma cooperativa y una
articulación de entidades cooperativas y asociadas a
empresas estatales extranjeras en el ofrecimiento de los
servicios privados de jubilación y pensión.
(Idelcoop, 98)

II.3 –
Privatizaciones

La orientación al mercado se presenta en muchos
casos como la privatización de empresas estatales. El
cambio no es menor, ya que en el Sector Privado el privilegio se
asienta en la maximización de la ganancia, mientras que la
experiencia de las empresas públicas ha reconocido
objetivos múltiples, entre los que se destaca el de
promoción del empleo, la economía regional o el
desarrollo de sectores estratégicos o de elevado riesgo empresario y
demora en el retorno de la inversión, particularmente
válido en el caso del desarrollo de la infraestructura.
Pero también como forma de reasignación del ingreso
vía tarifas públicas, las que descargaban sus
costos en los presupuestos públicos en lugar aplicarlos
como costos de
producción de las empresas del estado: las llamadas
tarifas políticas.

En otras épocas, de industrialización, en
los años 50 ó 60, se impulsó la
inversión estatal como compensación ante la
ausencia de un actor privado que asumiera el costo de la
acumulación que disparara un crecimiento continuo de la
economía. La transferencia de las empresas estatales al
Sector Privado implica por un lado el ingreso de recursos
fiscales a los estados y por otro la aparición de nuevos
actores en la estrategia de acumulación. Actores que
incorporan la lógica
de la ganancia como parámetro que define las inversiones y
su destino.

Consecuencia de ello ha sido la disminución del
empleo en las ex empresas públicas y el aumento de los
precios de la producción y servicios ofertados por dichas
empresas. Cabría preguntarse y vale como
recomendación, sino se podría haber encarado un
proceso de transferencia que tuviera en cuenta el destino de la
fuerza de trabajo sobrante en dichas empresas y aún,
mecanismos de regulación de las tarifas que tuvieran en
cuenta a los usuarios y trabajadores de las empresas y no
sólo los beneficios ofrecidos en las licitaciones a los
postulantes de cada privatización. Puede completarse el
interrogante sobre las condiciones en que se ofrecieron en
venta las
empresas, las que en muchos casos fueron resultado de planes de
capitalización de la deuda externa, es
decir, canje de acreencias externas fuertemente sobrevaluadas por
capital público.

Hay que señalar que el proceso de
privatizaciones, aún parcial, fue muy acelerado en el caso
Argentino, aunque resta privatizar algunos bancos oficiales entre
los que se destaca el estratégico Banco de la Nación
Argentina (BNA), las centrales nucleares y acciones
remanentes de empresas privatizadas en manos del Estado, tal como
ocurre con YPF. El proceso de privatizaciones fue amplio en el
mexicano aunque se excluyó el petróleo, tal como en Chile con el cobre y
en Brasil es prácticamente reciente el comienzo de un
proceso privatizador que promete ser el de mayores dimensiones
por la importancia de las empresas estatales brasileñas.
Fue un proceso acelerado en general y sin posibilidad de prevenir
distorsiones y controles por parte del Estado, los usuarios y
menos de los trabajadores de las propias empresas. Los entes de
regulación cuando existen tienen funciones limitadas y en
muchos casos son sospechados de connivencia con los
controlados.

Tal como hemos sostenido en otros aspectos, cabe el
interrogante en torno al papel de las cooperativas y otras formas
asociativas de carácter no lucrativa en la
prestación de servicios públicos que antes estaban
en manos del Estado. Existe una importante tradición de
cooperativas de servicios públicos en América
Latina que habilita a pensar en formas de transferencia del
capital público estatal a formas de organización
económica no lucrativa. Es el caso de experiencias
desarrolladas en Europa,
particularmente en Suecia y en los países nórdicos.
Situación que no ha servido de ejemplo en la
aplicación de políticas de privatización,
que sólo privilegiaron estrategias de rentabilidad de
inversores externos y CTN.

II. 4 – Reformas
laborales

En el ámbito en que menos avanzaron las reformas
estructurales fueron en materia de regulaciones del mundo del
trabajo y puede decirse que el principal objetivo de
las políticas de orientación al mercado
tenían el propósito de modificar sustancialmente
las relaciones jurídicas y económicas entre el
capital y el trabajo,
entre las ganancias empresarias y el salario. Gran
parte de la argumentación de las políticas de
promoción de la Iniciativa Privada se centraron en los
límites
impuestos al
crecimiento económico derivado de la supuesta "rigidez"
establecida en los contratos de
trabajo, surgidos durante años del conflicto y negociación entre trabajadores y patronales
mediados por el Estado. La
propuesta implicaba una reforma hacia la flexibilización
de la relación contractual, con aspiración de
disminuir el costo de
producción, vía disminución de salarios,
cargas fiscales, costos por despido. Todo ello requería
disminuir la capacidad negociadora de los sindicatos y el poder
de los trabajadores, tema que hemos considerado
anteriormente.

Parte de los efectos más destacados en materia de
empleo son los elevados índices de desempleo, subempleo y
precarización e informalización de la fuerza de
trabajo en al región. En el Balance preliminar de la
Economía de América Latina se reconoce que "el
desempleo se mantiene alto en términos históricos",
en un nivel del 7,5% promedio en la región. Víctor
Tokman señala que "No hay duda de que la estrategia de
flexibilización en el margen adoptada en muchos
países mediante la introducción de contratos individuales de
trabajo atípicos, muestra
síntomas de exceso" y destaca que "Países como
Argentina muestran que más del 85% de la expansión
del empleo ha estado en este tipo de contratos inestables y sin
protección". Más adelante agrega que "el 56% de la
fuerza de trabajo no agrícola en América Latina
está en trabajos informales y que, además, ellos
crecen aceleradamente". (Fide, 98) Por su parte, Bernardo
Kliksberg sostiene que "las brechas salariales están
aumentando crecientemente" y que en base a datos de Cepal 97
"los que trabajan en la economía informal ganan en
promedio el 50% de los que trabajan en empresas modernas, y
trabajan más horas". (ENOIKOS, 98)

II. 5 – Algunas experiencias
nacionales de aplicación de políticas de
promoción de la Iniciativa Privada

Un caso, y muy importante, es el de Chile (Fide,
1998; Cywin, 1998, SOCMA, 1998) que entre 1991 y 1992
implementó un Programa Nacional
de Apoyo a la pequeña y mediana empresa con instrumentos
de apoyo crediticio y tecnológico. Este programa contempla
cinco áreas prioritarias: financiamiento, asistencia
técnica, desarrollo tecnológico, capacitación y fomento a las exportaciones.
En materia de financiamiento se instrumentaron subsidios, seguros
de crédito, mecanismos de distribución de fondos
externos y una red de
financiación a través de una "tarjeta de
crédito".

Los fondos externos son canalizados mayoritariamente por
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de un
organismo local, la Corporación de Fomento (CORFO),
quién distribuye los recursos entre los emprendimientos
vinculados. Conviene recordar que la CORFO fue una
institución creada a fines de los treinta como una
respuesta a la gran depresión
y con el objetivo de orientar la política de amplias
inversiones sociales y económicas realizadas en aquelloa
años por los gobiernos del "Frente Popular". Las
líneas principales de créditos se orientaron a la
"adquisición de bienes de capital, como a la
exportación de bienes de consumo no
durable y de servicios de ingeniería" (Fide, 98). El financiamiento
viene acompañado del asesoramiento técnico
profesional prestado por organizaciones
que articulan el proceso entre el organismo internacional, las
entidades financieras locales y los emprendimientos empresarios.
Se estimula la coordinación entre distintos proyectos y
particularmente si están orientados al mercado
externo.

Debe destacarse muy especialmente la creación de
ProChile que es una institución pública creada en
1974 para promover las exportaciones. Son un conjunto de oficinas
comerciales con asiento en varias ciudades del mundo que
"asisten" a los exportadores chilenos con relación a los
mercados, las ferias internacionales y toda información
para el desarrollo de los negocios.
Parece oportuno señalar el alto grado de
coordinación existente entre el ProChile y el accionar de
la Cancillería chilena, que con sus distintas oficinas
consulares y comerciales ha realizado una política de
apertura de mercados que se ha sostenido a lo largo de casi medio
siglo. El "éxito"
exportador chileno parecería deberse mucho más a la
eficacia de
una inteligente y flexible labor estatal que a la dinámica
propia de los mercados. Por último, en el mejoramiento
técnico de las empresas, se destaca el Servicio de
Cooperación Técnica (SERCOTEC), que con más
de 40 años de existencia asiste tecnológica y
financieramente y con capacitación sé a
especializado en "exportaciones no tradicionales".

En el ámbito privado existe la Fundación
Chile, entidad sin fines de lucro y cuyo objetivo es la de
transferir a Chile las tecnologías para mejorar la
utilización de los recursos naturales y la capacidad
productiva del país. Se orienta al sector privado y ha
desarrollado experiencias exitosas especialmente en la
exportación de pescado. Existen otras instituciones
similares, las que son articuladas en la esfera del sector
público por la Comisión Nacional de Comercio
Exterior.

Desde el sector público se impulsó, a
partir de 1995 el Centro Nacional para la Productividad y la
Calidad (CNPC)
que integran gobierno, la central de trabajadores (CUT, dirigida
por una alianza de comunistas y socialistas independientes) y los
empresarios, cuyos objetivos se centran en la formación y
han instituido el Premio Nacional de Calidad.

En el caso de Brasil (Fide, 1998; Cywin, 1998,
SOCMA, 1998) se destacan los planes de apertura comercial para
exponer a la economía brasileña a la competencia
internacional, luego de años de promoción del
desarrollo industrial basado en el crecimiento del mercado
interno. La exposición
al mercado mundial impuso una renovada innovación
tecnológica y la reconversión de las empresas.
Son todas políticas desarrolladas en la década del
90 y si bien han tenido al sector privado como destinatario
principal, ha sido el Estado el animador determinante y
quién jugó un papel preponderante en instalar las
políticas de promoción de la iniciativa
privada.

Se han desarrollado en Brasil diversos programas de
apoyo a las pequeñas y medianas empresas, con
actuación en el ámbito del sector público y
del privado. Entre las tareas de apoyo se privilegia la
asistencia financiera y tecnológica. Si bien existen
medidas tradicionales de promoción, en materia fiscal y de
créditos subsidiados, se impuso un nuevo criterio de
asistencia ofrecido por organismos especializados, tales como el
Servicio Brasileño de Apoyo a la Micro y Pequeña
Empresa (SEBRAE). Es una entidad autónoma y financiada con
aportes de las empresas privadas, en un monto equivalente al 2,5%
de la nómina
salarial. Es común el desarrollo de programas de
capacitación, organización de ferias comerciales,
de misiones internacionales, de asesoramiento tecnológico
y de promoción de la calidad y la eficiencia para la
competitividad.

Al mismo tiempo, se implementaron los Programas de
Desarrollo Tecnológico Industrial (PDTI) y el Programa de
Calidad y Productividad (PBQP). Ambos en ámbitos del
sector público y orientados al mejoramiento e incentivo
del sector privado, particularmente las pequeñas y
medianas empresas. Además de los mecanismos
específicos de asistencia y capacitación habilitan
beneficios fiscales. En el ámbito estadual, caso de San
Pablo, existe un "programa local de Compras
Gubernamentales que consiste en la publicación de una
lista de empresas interesadas en vincularse con el sector
público y organiza cursos de instrucción sobre
procedimientos
para participar en licitaciones públicas". (Cywin,
98)

En el caso de la Argentina (Gambina, 97; Fide,
98; Cywin, 98; Realidad Económica; Ciclos)resulta
más complejo detectar instituciones y políticas
orientadas específicamente al desarrollo de las
pequeñas y medianas empresas. La década del 90
estuvo caracterizada por una política de shock que
privilegió la apertura y la liberalización,
eliminando instrumentos tales como él "Compre Nacional"
que ataba al Sector Público a realizar sus provisiones con
empresas nacionales. El proceso que ha desarrollado la Argentina
apuntó a una mayor presencia del capital
externo.

Si bien existieron programas de financiamiento para el
desarrollo de empresas, con fondos externos de entidades
gubernamentales o del sector privado, algunos de ellos fueron
cancelados por no ser utilizados. Una de las pocas experiencias
con posibilidades de evaluación
lo constituye el Programa Global de Créditos para Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas, suscrito entre el gobierno y
el BID. Los fondos destinados a pequeños emprendimientos
son canalizados por Entidades Financieras Intermedias (EFIs)y
cuentan con la asistencia de Entidades Técnicas
de Apoyo (ETAs) que acercan asesoramiento profesional y
capacitación a los titulares de los
préstamos.

III – Algunas lecciones y
recomendaciones para tener en cuenta

El primer tema que surge al considerar las
políticas implementadas en la última década
de promoción del Sector Privado es la desigualdad
resultante, en términos de:

distribución del ingreso,
dificultades para resolver empleo remunerado en
niveles suficientes al conjunto de la población
demandante de trabajo,
oportunidades para satisfacer demandas sociales de
salud, educación, vivienda y otros derechos que
hacen a la calidad de
vida,
propiedad de bienes y de medios de
producción.

En este sentido, a partir de la experiencia
Latinoamericana, surge la necesidad de recomendar una serie de
políticas públicas que reorienten la
promoción de la Iniciativa Privada hacia actores
económicos hasta ahora no favorecidos y que generen un
clima económico social de equidad. Entre ellas
podríamos identificar las siguientes:

Reformas tributarias progresivas que asienten la
recaudación fiscal en rentas, patrimonios y capital,
generando recursos crecientes para la instrumentación de políticas
sociales compensatorias.
Estimular inversiones en sectores de la
economía, que alentando la Iniciativa Privada, promuevan
el empleo que es mayoritariamente generado por pequeñas
y medianas empresas. Ello requiere las necesarias asistencias
técnicas, tecnológicas, financieras, comerciales
y de marco legal e institucional, las que pueden ser provistas
desde la articulación de ámbitos
académicos, tales como las Universidades y gobiernos
locales y el propio Sector Privado.
Favorecer la constitución de formas de
organización económica no lucrativas para atender
derechos y demandas sociales insatisfechas. Existen fuentes de
financiamiento internacionales que pueden ser aprovechadas.
Podría complementarse la iniciativa con la
incorporación de la gestión participativa de la
comunidad en
el Presupuesto
estatal, de la cual existen experiencias locales en Porto
Alegre, Brasil.
Establecer un sector social de la economía que
articule las experiencias económicas de carácter
solidario y puede promover una política de
estímulo y desarrollo de la propiedad
social, como forma de afianzar actores socio económicos
fuertemente arraigados en cada zona o país.

En otro sentido podría hablarse de
democratizar los beneficios de las políticas y para
ello se requiere involucrar a la mayoría de la
población en la toma de decisiones. En materia de Sector
Privado debe considerarse que el sector de la pequeña y
mediana empresa, junto con algunas grandes empresas no lucrativas
comprenden guarismos superiores al 90% de los establecimientos
empresarios y con niveles de incidencia en la generación
de riqueza que puede oscilar entre el 40/50%, con dificultades de
precisar por ausencia de estadísticas fiables. Se puede estimar
asimismo en cerca del 60/70% la capacidad de utilización
de fuerza de trabajo en dicho ámbito del Sector Privado.
Según venimos comentando, no ha sido este el conjunto de
actores económico sociales privilegiados con las
políticas de promoción de la Iniciativa Privada y
la principal recomendación que podríamos plantear
tendería a considerarlos con privilegio en la
instrumentación de cualquier plan de promoción del
Sector Privado que pretenda llevarse adelante y quiera tomar como
modelo las experiencias desarrolladas. Debemos insistir en lo
diverso que es el Sector Privado, donde las grandes cuentas
macroeconómicas esconden la complejidad de sectores y
actores sociales aún no beneficiados con las
políticas orientadas al mercado.

III. 1 – Recursos
naturales

Una de las grandes demandas sociales tiene que ver con
la apropiación de la tierra y su
utilización productiva para la reproducción de la vida y de la propia
naturaleza.
Las experiencias que resultan de las demandas de las poblaciones
aborígenes en Chiapas, México, o las que se conocen
de la población campesina en el sur de Brasil, dan cuenta
por su visibilidad, de una posibilidad de articular necesidades
humanas con producción agrícola y la capacidad que
de allí surge para instrumentar el ciclo completo de la
economía en tanto producción y circulación
bajo formas asociativas de nuevo tipo. La experiencia mencionada
y otras similares menos visible se han desarrollado sin
asistencia estatal y en muchos casos, con el Estado en contra,
que además, en muchas oportunidades actuó en la
represión de las ocupaciones de tierras fiscales y en
otras, cuando se trató de propiedad privada, avaló
la represión parapolicial (Brasil). El tema de la tierra se
vincula también a reivindicaciones de campesinos y
productores agrícolas con dificultades en el acceso de los
insumos necesarios para la producción, desde semillas,
fertilizantes y el equipamiento moderno para
tecnificación. El financiamiento del ciclo completo, desde
la siembra, la cosecha y la comercialización aparece como una necesidad
muy parcialmente satisfecha en las políticas actuales de
promoción del Sector Privado o de la Iniciativa Privada.
Concentramos en el tema de la tierra porque involucra a gran
cantidad de población y puede constituir un atractivo para
la radicación de población hacinada en la periferia
de las grandes ciudades que se ven sometidos cada día a
mayores presiones. Además, porque otros temas relacionados
con los recursos naturales, tales como la explotación de
minerales, o de las producciones del subsuelo constituyen un
factor estratégico con un volumen de
inversiones que lo limita al accionar estatal o de las
CTN.

III. 2 – Fuerza de trabajo e
inversión de capital

Hemos mencionado que uno de los problemas sociales
más serios está dado por el desempleo, subempleo y
precarización de la fuerza de trabajo. Son millones las
personas que en América Latina están quedando
afuera del mercado laboral y por lo tanto cualquier
política de promoción del Sector Privado debe
contemplar las iniciativas económicas que estimulen la
contratación y el re-entrenamiento de
fuerza laboral y en ese sentido insistimos en un tratamiento
especial de pequeñas y medianas empresas y entidades no
lucrativas. Junto a la promoción del Sector Privado debe
protegerse el empleo existente, tutelar los derechos laborales
amenazados por el alto desempleo y a la vez establecer un marco
para la promoción de empleos estables con la
reducción de la jornada de trabajo sin disminución
de la remuneración del trabajador.

Para todo ello se puede recomendar:

Establecer que la prioridad de las políticas
del Sector Privado sean las pequeñas y medianas empresas
y entidades no lucrativas, para lo cual deberá
promoverse un clima institucional en todas las esferas del
Estado para una atención preferencial del sector no
hegemónico de la Iniciativa Privada. La
recomendación apunta sobre todo a las entidades
financieras estatales; las oficinas del sector público
orientadas a la atención de la problemática
económica (ministerios
o secretarías de economía, industria, agro,
comercio,
etc.); los entes de recaudación y toda otra dependencia
vinculada con el desarrollo económico y social. Todo lo
dicho apunta a consolidar planes de apoyo, canalizar recursos y
también a simplificar trámites de
habilitación de empresas, obtención de
créditos o inserción en planes de asistencia
técnica y profesional.
Resguardar a los sectores aludidos de las
prácticas monopólicas existentes en el mercado y
que hemos mencionado en apartados anteriores. Se requiere para
ello la instrumentación de un cuerpo legislativo
adecuado de defensa de la competencia, que contemple los
intereses de los consumidores y el conjunto de la sociedad. La
promoción de la Iniciativa Privada no debe contraponerse
a una adecuada regulación del Estado. La experiencia en
América Latina de privatizaciones aconseja
precisión en la regulación a establecer en la
prestación de servicios públicos a cargo de
empresas privadas. En la medida de lo posible deben alentarse
formas asociativas no lucrativas en la prestación de
servicios públicos.
Fomentar la integración económica con
otros actores similares en la región, incluyendo
representantes del Sector Privado promovido en los
órganos deliberativos, de toma de decisiones y de
ejecución. Recomendación válida que
contradice la experiencia de modelo que, como en el Mercosur,
las políticas quedan en manos de funcionarios
gubernamentales no electos (ministros y titulares de los Bancos
Centrales) y de grandes lobbies empresariales.

En general, recomendamos involucrar a los beneficiarios
en la discusión de las políticas, su
ejecución y control. Tal como mencionamos antes respecto
del Presupuesto participativo, debe desalentarse la
intermediación de la burocracia en la
instrumentación de dichas políticas y para ello
debe descentralizarse hasta llegar al nivel local y los
beneficiarios directos. Se trata de evitar niveles de
intermediación, que resulta parasitaria en muchos casos.
Es cierto que no alcanza con descentralizar, ya que muchas veces
no se tiene la capacidad de gestión para impulsar
proyectos de desarrollo y por eso, se recomienda articular la
descentralización con planes adecuados de
capacitación de las estructuras
institucionales de Estado en nivel local y de los propios
beneficiarios de las políticas de promoción de la
Iniciativa Privada. Debe alentarse la participación de
centros de investigación, Universidades y centros
profesionales en las tareas de descentralización y
capacitación.

III.3 – Producción y
mercado interno

Las sucesivas crisis sufridas y los distintos procesos
de apertura de la economía, principalmente con flujo de
importaciones,
que en muchos casos sustituyeron producciones locales, indujeron
reestructuraciones productivas y de organización
empresaria y del ciclo económico que merecen ser tenidas
en cuenta. Por ello se recomienda:

Fortalecer el proceso de acumulación y
dinamismo del mercado interno, en tanto ámbito principal
del desarrollo económico y la calidad de vida de la
población. Debe recordarse que ningún caso de
país exitoso en materia de exportaciones obtuvo ese
logro al margen de un desarrollo aún más
impetuoso del mercado interno. Esto vale tanto para grandes
países europeos, como Alemania,
Francia y
muchos otros, como para los NICS del sudeste asiático,
como Corea del Sur, Singapur y Hong Kong.
Favorecer una política productiva, del agro,
la agroindustria y la industria, en relación con el
desarrollo tecnológico actual y los aportes articulados
con ámbitos de estudio e investigación y
desarrollo del país y del exterior.
Desarrollar medidas de promoción productiva,
fiscales, crediticias apuntadas a resolver temas de desempleo y
de radicación poblacional.
Articular redes locales entre emprendimientos
productivos y de servicios, promoviendo la integración
horizontal y vertical de los distintos procesos
económicos.
Establecimiento de una legislación
simplificada para la formación, mantenimiento y desarrollo expansivo de la
pequeña y mediana producción privada, las formas
solidarias o cooperativas y las estatales o de
fomento.
Compensar económicamente al sector local o
nacional de la economía con dificultades de acceso al
mercado mundial, cuando las razones de no competitividad se
desprendan de políticas explícitas de subsidios
de otros países.
Promover la formación de instituciones de
decisión compartida entre el Estado y el Sector Privado,
con participación de órganos de profesionales y/o
Universidades para asistir a la Iniciativa Privada en
relación con el comercio
internacional: información, bases de datos,
recursos financieros, tecnológicos, nichos y ventajas
comparativas, participación en ferias, etc.
Definir las ramas y zonas que identifican la
especialización productiva de cada país o
región y al mismo tiempo, cuáles son los
límites para la diversificación productiva. Ello
implica medidas de promoción asistida para las
actividades definidas estratégicas en cada caso, por
ejemplo: la alimentación y
bebidas, la vestimenta y el calzado; o la siderurgia, metalurgia,
química;
etc.
Generar mecanismos institucionales y legales para
favorecer un clima de articulación de grandes empresas
locales o extranjeras con las restantes y evitar que las
primeras independicen una estrategia de inserción
internacional no integrada a un plan nacional, regional o
local.
Alentar estrategias de integración
económica con empresas similares de países
vecinos, al mismo tiempo que se promoverá una
articulación de políticas macroeconómicas
y de promoción del Sector Privado y la Iniciativa
Privada en el sentido que venimos planteando.

III.4 – Papel del
Estado

Contrario a lo sostenido por los ideólogos del
Consenso de Washington, el Estado tiene un importante papel a
cumplir en la promoción del Sector Privado,
particularmente en los ámbitos de sectores
estratégicos a impulsar, reglamentación y control.
Las políticas orientadas al mercado impulsadas en los
últimos años han eliminado buena parte de la
reglamentación estatal construida luego de la crisis del
treinta y principalmente después de la segunda guerra
mundial. La experiencia demuestra que el Estado no puede
abandonar su papel en la reglamentación y se requiere
recuperar espacios cedidos a la "libre competencia", que como
hemos sostenido es territorio de expresión de la
hegemonía de los capitales más concentrados. Uno de
los problemas a resolver deviene del poder asumido por empresas
monopólicas, particularmente a partir de las
privatizaciones de servicios públicos que eran atendidos
por empresas estatales. Es que la desreglamentación
constituyó parte integrante de las licitaciones de los
procesos de ventas de
dichas empresas y para ellas constituyen institutos
jurídicos de plena legalidad y
legitimidad sobre los que propugnan seguridad
jurídica. Requiere por lo tanto un proceso de
negociación para rediscutir a futuro las condiciones de
operación económica en sectores claves como las
telecomunicaciones, la energía, el transporte o
las finanzas. Por eso resulta fundamental establecer una clara
política hacia el Sector Privado y que permita diferenciar
claramente los distintos sectores que lo componen y permitir
así una estrategia diferenciada en función de los
conflictos a
que pueda dar lugar una política de diferenciación
de beneficios y costos. Debe lograrse un equilibrio entre la
función reguladora del Estado y la promoción de la
Iniciativa Privada, intentando articular los objetivos del sector
público y el Sector Privado.

La definición de nuevas privatizaciones debe
encararse con criterios que no contrapongan el interés
público o nacional, local y regional con el de los nuevos
concesionarios o propietarios y para ello deben evitarse las
experiencias de monopolización en manos de CTN y grupos
económicos locales que reemplazaron el monopolio estatal
por uno de carácter privado, transformando la
lógica del servicio público a prestar, por el de la
ganancia a obtener. Un caso a destacar y que da cuenta de lo que
decimos es el de los ferrocarriles en la Argentina, los cuales,
durante la existencia de la empresa
estatal (FFCC) recibían un subsidio de un millón
diario, siendo ese el argumento principal para su
privatización. A varios años de su venta, los
trabajadores ferroviarios pasaron de 95.000 a 17.000, las tarifas
se incrementaron en forma importante asegurando crecientes
beneficios a sus nuevos propietarios y con nula inversión
en material rodante u obras de infraestructura. Lo más
destacable es que el subsidio estatal continúa, claro que
ahora el destinatario son las empresas adjudicatarias del proceso
privatizador de los ferrocarriles.

Cuestiones a considerar en caso de
privatizaciones:

Los fondos obtenidos por las privatizaciones
deberían tener destino especialmente especificado:
educación, salud, seguridad social, promoción
económica y del empleo, etc.
Asegurar el mejoramiento en la prestación de
los servicios públicos y condicionar el aumento
tarifario en función de inversiones efectivas y
duraderas, estableciendo al mismo tiempo las penalidades
fiscales por incumplimiento.
Dictar previamente los instrumentos legales de
regulación de las nuevas empresas surgidas de la
privatización y generar las condiciones adecuadas para
el proceso de transformación, contemplando los intereses
y necesidades de los trabajadores de las empresas estatales,
como de los usuarios y la comunidad en su conjunto.
Lograr valuaciones adecuadas de las empresas a
privatizar y favorecer la posibilidad de adquisición por
emprendimientos económicos que involucren a usuarios,
consumidores y organizaciones sociales.

IV- Comentarios
Finales

A lo largo del informe hemos tratado de "revisar las
estrategias para acelerar el desarrollo del Sector Privado" en
los años recientes y en algunos países de
América Latina, con particular énfasis en las
políticas de estabilización, los marcos
regulatorios, las privatizaciones, las reformas estructurales y
el proceso de liberalización, y desregulación.
Especialmente se consideró el papel del Estado en la
promoción de la Iniciativa Privada.

Debe destacarse:

Existe una tendencia generalizada en la
aplicación de políticas de promoción de la
Iniciativa Privada y que han tenido impacto favorable en una
mayor inserción económica de las CTN y las
grandes empresas de origen local, desarrollando un clima
favorable al Sector Privado, que aún no se extiende al
conjunto del Sector Privado y mucho menos a la totalidad de la
sociedad. En ese sentido, se han aplicado políticas
complementarias para el desarrollo de la competitividad de las
empresas menos favorecidas por las políticas
macroeconómicas. Lo comentado es una clara
demostración de que no alcanzan medidas globales de
orientación al mercado, ya que las hegemonías en
su seno, esterilizan el acceso de la mayoría de las
empresas o emprendimientos del Sector Privado a los beneficios
de políticas de promoción de la Iniciativa
Privada. Algunas medidas a recomendar apuntan al control y
prevención de los monopolios; a afianzar los mecanismos
de socialización de la información,
junto a mecanismos efectivos de educación y
capacitación del potencial humano involucrado en la toma
de decisiones del Sector Privado; a asegurar asistencia
técnica, de infraestructura, financiera y profesional,
tanto del sector público, como de organizaciones
sociales profesionales o especializadas; a acercar los mercados
para la compra de insumos y para la venta.
El enfoque general de la estrategia económica
en América Latina, aún con matices, no ha
privilegiado el desarrollo de ramas industriales. La
reestructuración de la economía ha disminuido el
peso relativo de la Industria en el conjunto del PBI (Peres,
97), al tiempo que el Estado ha iniciado una transferencia de
sus activos que
lo alejan del involucramiento directo en la producción
industrial. En algunos casos, México y más
aún Brasil, implementaron políticas de
protección de la industria local, manteniendo
todavía sectores claves de la producción
industrial en manos del Estado. De todas maneras, en
ningún caso deben considerarse esas políticas
como "alternativas" a las líneas generales de la
estrategia seguida en América Latina. Surge entonces
como necesaria la especificación de políticas de
promoción industrial y con impacto en las
economías regionales, en la generación de empleo
y en los sectores "no", o "menos" favorecidos, por las
políticas generales de promoción de la Iniciativa
Privada. Al mismo tiempo remarcar que cualquier política
de promoción de la Iniciativa Privada debe contemplar la
necesidad de favorecer actores económicos que alejen las
decisiones de inversión de los mercados sujetos a
volatilidad, la que se deriva de la tendencia de los capitales
a la valorización financiera.
La apertura de las economías ha estimulado el
mercado y el desarrollo de la Iniciativa Privada y marca los
límites de las pequeñas y medianas empresas y
entidades no lucrativas para acceder al mercado exterior. Se
necesita establecer políticas para favorecer la
inserción internacional de dichos sectores del capital
local; promover instituciones del Estado y del propio Sector
Privado para acercar las ofertas y demandas internacionales al
Sector Privado de cada país. Los problemas de
productividad deben resolverse con asistencia integral y
capacitación, pues, como se vio, la competencia externa
no favorece a este sector.
La experiencia indica que no se utilizan
políticas de diversificación productiva y aliento
al desarrollo de ventajas competitivas. Sigue predominando en
América Latina, pese a las reformas estructurales, una
política de desarrollo de ventajas comparativas
"naturales". Si bien es correcto afianzar niveles de eficiencia
de sectores preexistentes, se requiere mayor flexibilidad en la
definición de nuevos sectores o ramas a desarrollar y no
sólo con destino al mercado interno, sino y en
particular orientados al mercado mundial, con énfasis en
la capacidad de articular emprendimientos regionales. Es
recomendable organizar el marco legal e institucional para
fomentar las exportaciones de la producción local;
acercar el "mercado mundial" a través de ferias y
circulación de la información necesaria; apoyar
con medidas financieras y fiscales la innovación y difusión
tecnológica, junto a la formación en su debido
uso. Debe insistirse en la simplificación de
trámites exigidos y en el cumplimiento de las obligaciones
fiscales.
Las economías Latinoamericanas se desarrollan
privilegiando sus mercados internos en porcentajes que oscilan
en torno del 80%, y por lo tanto, cualquier estrategia de
desarrollo en la región, o en otra, debe contemplar esta
realidad, que además, es expresión de la forma de
vida de la mayoría de la población. Ello implica
la definición de perfiles productivos para abastecer la
demanda interna y contribuir a resolver problemas alimentarios,
de vivienda, calzado y vestido; al mismo tiempo que atender la
problemática del empleo. Se trata de resolver la
cuestión de los precios, luego de superadas las crisis
de hiperinflación sufridas en varios de los
países en la región. Es que el saldo ha sido de
una importante distorsión de los precios relativos. La
desregulación de los mercados no debe implicar el
abandono de los sectores no hegemónicos en el mercado y
en consecuencia se requiere la participación activa del
Estado en materia de políticas
compensatorias.
En materia de privatizaciones, el saldo no
sólo debe computar los recursos ingresados o las deudas
externas capitalizadas. Es necesario que se incluya
también el crecimiento del desempleo público en
niveles alarmantes y lleva a interrogarse sobre otras formas de
encarar los procesos de ventas del capital público y
particularmente el estudio de los costos sociales y las formas
de evitarlo. En ese sentido, deben pensarse las transferencias
de empresas estatales con programas de relocalización de
la fuerza de trabajo excedente si la hubiera. Tiene que
incluirse también en el saldo de las privatizaciones el
incremento tarifario y su regresivo impacto en la
distribución del ingreso y en la conformación del
costo de producción. Finalmente, señalar que la
venta de Empresas Públicas debe independizarse de las
presiones derivadas
del endeudamiento externo y subordinarse a estudios de
oportunidad que favorezcan la transferencia de esos activos a
los actores económicos con fuerte raigambre en el
desarrollo económico y social nacional y local,
preferentemente sin fin de lucro.
La orientación al mercado de las
políticas, no tiene correlación todavía
con una descentralización en la toma de decisiones y
menos, con la implementación de esas políticas.
Existe una excesiva concentración y centralización en las decisiones y
ejecución. Se recomienda avanzar en mecanismos de
descentralización y participación articulada de
las decisiones de políticas y proyectos y en su
ejecución. La dimensión del impacto medio
ambiental de cualquier política necesita acercar la toma
de decisión al ámbito de ejecución e
impacto de dichas políticas. El comentario es
válido para políticas destinadas a eliminar focos
de desempleo o mecanismos de discriminación salarial o de género.
La participación del Sector Privado, principalmente en
el nivel regional, es recomendable porque implica la
inmediación entre quiénes planifican,
instrumentan y/o evalúan las políticas. Pueden
utilizarse iniciativas "informales", que incluyen consultas u
otras formas de diálogo, o "formales", tales como
comisiones, comités o foros, en tanto lugares de
negociación, acuerdo y articulación de
políticas.
Es esencial el logro de los consensos
políticos y sociales necesarios para la
instrumentación de las políticas en
cuestión. No alcanza con la definición en el
nivel gubernamental. Es recomendable discutir y compatibilizar
con los actores sociales y económicos directamente
involucrados para asegurar su protagonismo en la toma de
decisiones y en la ejecución. Ello implica el
fortalecimiento de las instituciones del Sector Público
y del Privado, política que incluye el estímulo a
la formación de institutos gubernamentales en el
ámbito nacional, provincial y municipal y la adecuada
capacitación para evitar tendencias a la
burocratización, la corrupción y el despilfarro. Debe ser
Política de Estado el estímulo a la
organización de los productores del campo y la
ciudad, de los consumidores, de los trabajadores y alentar su
articulación en todas las instancias de actuación
gubernamental, ya sea nacional, provincial y/o municipal. Estas
recomendaciones hay que vincularlas a un proceso que puede
verificarse de disminución en los niveles de
participación y movilización de la
sociedad.
Finalmente hay que señalar la existencia de
dos caminos posibles de promoción del Sector Privado.
Uno alude a la experiencia de las políticas
instrumentadas en la segunda mitad de los 80 y principalmente
en los años 90 en América Latina. Como hemos
sostenido, han sido beneficiados del crecimiento
económico una minoría de la población.
Otro camino implica definir políticas que permitan
extender los beneficios del crecimiento económico al
conjunto de la sociedad. Ese es el sentido de las primeras
aclaraciones en torno del Sector Privado explicitadas al
comienzo de nuestro informe. El primer camino define
políticas de promoción de la Iniciativa Privada
centradas en las oportunidades de valorización del
capital a escala internacional, e impone, incorporar al
país o región que las implemente a la competencia
por atraer inversiones externas. Son aspectos que normalmente
se vinculan a un crecimiento de las tasas de
interés y a la atracción de capitales
especulativos y de alta volatilidad. La segunda vía, no
transitada en ninguna de las experiencias de la región,
constituye un desafío para ensayar políticas de
inclusión social y que pongan atención en: a) el
fortalecimiento institucional, lo que implica niveles de
instalación, afianzamiento y/o profundización de
la democracia; b) gestión macroeconómica
eficiente que permita un desarrollo estable, sostenible y
sustentable; c) impacto microeconómico eficaz que se
oriente a erradicar los problemas del empleo, la pobreza y la
marginación. Se trata de un conjunto de medidas e
iniciativas en el ámbito de la economía, el
estado y la sociedad, que contribuyen a la
democratización de la política y al
establecimiento de una cultura
solidaria.

En síntesis,
se plantea como necesidad para el desarrollo del Sector
Privado:

La instalación de Instituciones en la
esfera pública y privada, de tipo flexible,
ágiles, con la menor mediación
tecnocrática y/o burocrática posible, que puedan
contrarrestar la corrupción como práctica de
gestión habitual y promuevan la participación
social, que puedan actuar rápidamente ante la presencia
de fenómenos como las crisis financieras y
económicas, o situaciones imprevisibles de orden social
o natural.

Pero también se requiere la formulación
de Políticas Públicas con la suficiente
asignación de recursos genuinos para su
concreción. Ello implica el aliento a reformas
tributarias progresivas que aseguren equidad en el desarrollo
integrado. Esas políticas se orientarán a
desarrollar los incentivos
fiscales, de precios, monetarios y cambiarios que requieran los
sectores promovidos. Asegurando el acercamiento a la
información, la capacitación, la asistencia
técnico profesional y las opciones tecnológicas a
escala local y mundial.

Finalmente sostenemos que en el aliento a la
Iniciativa Privada, además de las regulaciones propias
del mercado de trabajo, deberán atenderse la
promoción de Formas Asociativas de Gestión
sin fin de lucro, que involucren a trabajadores y consumidores
en el desarrollo empresario. Constituyen formas de
organización empresaria que cuentan con tradición
universal y aportan elementos de contra cultura en una etapa
del desarrollo social que privilegia el
individualismo.

Buenos Aires, 15 de enero de
1999.

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Informe

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IDELCOOP. Buenos Aires.

Julio C. Gambina (*)

Contador Público Nacional, recibido en la
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe. Profesor
Titular por concurso de Economía Política en la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.
Profesor invitado en el Posgrado en Ciencias Políticas de
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del
Plata. Ex Profesor de las Facultades Ciencias Económicas
de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad
Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires. Jurado en
Concursos docentes en la
Universidad Nacional del Nordeste, de la Universidad Nacional de
Misiones y la Universidad Nacional de Entre Ríos. Director
del Instituto de la Cooperación. Director del Centro de
Estudios de la Federación Judicial Argentina