Análisis de las reformas económicas llevadas a cabo en América latina
- Introducción
- Las reformas económicas
en América Latina - Las Reformas
económicas llevadas a cabo en la República
Dominicana durante los noventa - Recomendaciones
- Bibliografía
Una reforma no es más que la creación de
nuevas leyes o
modificación de las ya existentes.
Cuando una nación
decide implementar reformas en su sistema
económico es con el objetivo de
lograr cambios graduales en una dirección tendiente hacia una mayor
igualdad,
bienestar social, y libertad para
el conjunto de la población.
Es por esto que al momento de analizar las reformas
económicas de determinado país debemos considerar
que estas deben tener objetivos
claros y apuntar a metas mucho más ambiciosas que un
simple aumento del PIB, lo que
significa un aumento en las ganancias sin las deducciones de la
producción interna de determinado
país.
En el siguiente análisis pretendemos observar las
diferentes reformas establecidas tanto en América
Latina como en nuestro país, así como las
modificaciones de las ya existentes tratando de crear conciencia de lo
que significa cada una y la repercusión que ha tenido en
la economía
de la década de los 90 y como han influido directa e
indirectamente en el entorno socioeconómico.
II- Las reformas
económicas en América Latina
Desde las décadas de 1940 y 1950 el panorama
económico latinoamericano se ha caracterizado por un
fuerte proteccionismo y por la presencia del estado en
diversas actividades y sectores económicos. A partir de la
segunda mitad del decenio de 1980, esa estructura
comenzó a ceder espacio a una nueva estrategia que,
entre otros aspectos, daba prioridad a la liberación de
los mercados, una
orientación hacia afuera (en el sentido de estimular el
comercio y las
exportaciones) y
una menor intervención del estado.
Este conjunto de políticas
tuvo una evolución gradual en la región. El
proceso ya se
había iniciado en la década de 1970, en medio de la
primera crisis del
petróleo. En este periodo las reformas
abarcaron un número de áreas menor que en los
decenios siguientes y estuvieron enfocadas a un conjunto reducido
de países. A pesar de sus avances en muchos frentes, a
comienzos de 1980 muchas de ellas sufrieron un retroceso a
raíz de la crisis de la deuda, solo en los años
subsiguientes, principalmente a partir de 1985,comenzaron a
adquirir un nuevo ímpetu y a abarcar un mayor
número de economías. Luego, a fines del decenio de
1980 y comienzos del de 1990, el proceso se consolidó en
toda la región, y las medidas dejaron de confundirse con
políticas de estabilización para empezar a ser
consideradas reformas estructurales.
El consenso en torno a la
necesidad de llevar a cabo reformas de este tipo se basó
en la percepción
de que " La antigua estrategia" de desarrollo era
incapaz de garantizar el crecimiento
económico.
Según el consenso que surgió tras la
crisis de la deuda, el fuerte proteccionismo, el dirigismo
estatal y la excesiva regulación de los mercados
habían reducido la eficiencia
económica, restringido el crecimiento de la productividad,
determinado una mala asignación de los recursos y
limitado la actuación del sector privado. Esto se
debía a que en las decisiones de inversión la acción
del Estado pesaba mucho más que los criterios de
eficiencia.
Según la biografía consultada
la reforma fue aplicada principalmente en las siguientes
áreas: Comercial, financiera, tributaria,
liberalización de la cuenta de capital,
privatización, seguridad
social y mercado de
trabajo.
Por el alcance de las cinco primeras áreas de
reforma y el número de países abarcados, se las
conoció con el nombre de reformas de primera
generación. Las dos últimas —seguridad social
y mercado de trabajo, todavía incipientes en la mayor
parte de los países latinoamericanos—pasarían
a integrar, junto con otro grupo de
medidas, las denominadas reformas económicas de segunda
generación.
Las reformas estructurales que debían
acompañar a los programas de
ajuste tenían el propósito de asegurar la
estabilidad macroeconómica y sentar las bases del
crecimiento, corrigiendo las distorsiones acumuladas. En primer
lugar, estaba la reforma fiscal,
acompañada de un intenso programa de
privatización de empresas
estatales. Luego la reforma comercial complementada con la
flexibilización de los mercados laborales para que las
economías nacionales alcanzaran el nivel de productividad
del mercado mundial y, finalmente, la reforma financiera, para
restablecer una cierta eficiencia en la intermediación y,
sobre todo, estimular la creación de ahorro interno
crónicamente insuficiente en la región.
La reforma fiscal
Las dificultades fiscales de los países de la
región son endémicas, asociadas a una base
productiva restringida y al conflicto
social que obliga permanentemente a un gasto
público mayor que la recaudación tributaria
mermada por la evasión.
La reforma fiscal buscaba sanear las finanzas
públicas desequilibradas por los abusos de la fase
declinante del modelo de
sustitución de importaciones.
Durante la década de los 90 los déficit
presupuestarios se han mantenido dentro de límites
razonables. La nueva situación ayudó también
a eliminar el cuasi déficit fiscal, que se refiere
a las pérdidas del Banco Central,
ocasionadas por la existencia de tasas de cambio
diferenciales que lo obligaba a comprar divisas caras a
un sector para venderlas más baratas a otro; o causadas
por los subsidios a instituciones
bancarias en crisis que suelen ser financiados mediante la
emisión de obligaciones
cuya tasa de
interés implica una pérdida por parte del Banco
Central.
Pero, por otra parte, se descuidó el problema de
la deuda interna que la crisis de 1982 agravó,
puesto que los gobiernos, al verse imposibilitados de acceder al
crédito
externo, recurrieron más y más al mercado interno
abarrotándolo y creando una seria competencia para
el sector privado, cuyo consumo e
inversión se vieron fuertemente afectados, sobre todo
durante los primeros años de la crisis. Luego, la
reestructuración de la deuda de acuerdo con el Plan Brady trajo
un cierto alivio y la reforma financiera, al reducir los encajes
legales y poner en práctica otras medidas que aumentaron
la capacidad crediticia nacional, también ayudó a
mejorar la situación.
Pero la deuda externa ha
ido creciendo y en la actualidad sigue siendo un problema serio
que puede afectar sensiblemente la estabilidad
macroeconómica. La existencia de una gran deuda
pública interna hace que la economía nacional
dependa mucho más de las expectativas cambiantes de los
agentes económicos incrementando su
inestabilidad.
También se tomaron medidas en el ámbito
tributario. Se mejoró el sistema de recaudación
que, sin embargo, sigue siendo hasta el día de hoy
deficiente en la mayoría de los países. Las reforma
legislativa privilegió la tributación indirecta
sobre la directa. Se generalizó el impuesto al valor
agregado (IVA) y se
modificó el impuesto sobre la
renta reduciendo las tasas máximas y aumentando las
mínimas, pero se elevó el nivel de exención
lo cual ayudó a reducir el sesgo regresivo.
La reforma benefició considerablemente al capital
corporativo, reduciendo el número de impuestos que las
empresas debían pagar y, sobre todo, disminuyendo la tasa
marginal máxima de impuesto sobre la
renta corporativa. Se eliminó la inseguridad
que había sobre la manera de pechar las ganancias de
capital, puesto que en su mayoría los países
decidieron tratarlas como ingresos
ordinarios y se redujeron los límites a las remesas de
capital para atraer la inversión
extranjera.
La privatización y la
desregulación
En América Latina, las privatizaciones se justificaron, en primer lugar,
como una medida para sanear las finanzas
públicas agobiadas por los déficit crónicos
de muchas de estas empresas, aunque no todas. La
privatización permitía erradicar una fuente de
pérdidas y obtener recursos provenientes de la venta para
aliviar la grave crisis fiscal de los años 80.
En segundo lugar, como una manera de abrir nuevos
espacios a la inversión privada en sectores estancados y
mejorar los servicios
públicos como electricidad,
teléfono, transporte y
servicios
financieros; y, en tercer lugar, para ampliar la base de la
propiedad
privada que, en la práctica, significaba conceder nuevos
espacios al capital transnacional. Entre 1985 y 1992, más
de dos mil empresas fueron privatizadas en los sectores de
servicios públicos, bancos y seguros,
autopistas, puertos, transportes, manufacturas y
otros.
La propuesta de reemplazar al Estado con el capital
transnacional como el inversionista estratégico refleja
claramente un aspecto central de la
globalización y de la nueva segmentación del territorio social. Pero
durante los años 90, este proceso de sustitución ha
mostrado una cierta debilidad. La inversión extranjera en
la región ha aumentado significativamente respecto a la
década anterior, pero sigue siendo pequeña, de
manera que, incluso para la burocracia de los
organismos multinacionales, se ha hecho evidente la necesidad de
reforzar el sector empresarial local para lograr tasas de
crecimiento aceptables, desde luego, un sector empresarial local
cada vez más integrado a la economía
global.
Además, la fuerte oposición política a las
privatizaciones ha obligado a hacer concesiones a la
autovaloración laboral,
permitiendo una participación limitada de los trabajadores
en los procesos de
privatización.
La reforma comercial
La política de sustitución de
importaciones había estimulado el desarrollo de un
complejo y pesado sistema de protección con elevados
aranceles
así como la imposición de cuotas y prohibiciones de
importación de ciertos bienes.
A principios de los
80, América Latina era la región con la mayor tasa
promedio de protección que alcanzaba más de 50
puntos, mientras que en África era de 39 y en Asia apenas del
25 o menos.
Este hecho, aunado al engorroso sistema de permisos y
licencias, que afectaba no sólo a las importaciones sino
también a las exportaciones, puesto que con frecuencia
encarecía el costo de
importación de bienes intermedios y de capital utilizados
en la producción de bienes de exportación, reduciendo la tasa de
protección efectiva al valor agregado
nacional que, en muchos casos, llegaba a ser negativa, haciendo
que esos bienes fuesen poco competitivos en el mercado
internacional (Del Búfalo, 2001b, Vol. 1, cap. VII).
Además, la política proteccionista y de subsidios
favorecía la sobre valuación permanente del
tipo de cambio
como una manera de abaratar el valor de importación de
bienes de capital y de materias primas para bienes de consumo
masivo.
Este sistema era contradictorio puesto que, por una
parte, los aranceles encarecían el valor directo e
indirectamente importado y, por la otra, se trataba de abaratarlo
con un tipo de cambio sobrevaluado. A estas condiciones
macroeconómicas se añadían las
características microeconómicas de ineficiencia
causadas por el atraso tecnológico y la escasa capacidad
gerencial para innovar, consecuencias, a su vez, del ambiente
sumamente protegido en que operaban las empresas.
Este sesgo, contrario a las exportaciones, no pudo ser
superado sino parcialmente por la política de promoción de exportaciones, basada
fundamentalmente en la política de incentivos
fiscales al valor agregado nacional y en el crédito a las
exportaciones, que muchos países de la región
impulsaron a partir de la segunda mitad de los 60.
Pero posiblemente el defecto mayor de la política
de promoción de exportaciones estuvo en el hecho de que
los subsidios no estaban condicionados al logro de metas
preestablecidas tales como conquista de cuotas determinadas del
mercado internacional, lapsos perentorios para alcanzar niveles
de productividad internacionales y otros. De manera que
rápidamente la promoción de exportaciones se
convirtió en otra oportunidad adicional de obtener
ganancias rentistas, es decir, derivadas de un
privilegio institucional y no de la eficacia
productiva (Nogués, 1990).
De manera que la promoción de exportaciones,
lejos de contrarrestar el carácter rentista de la industria
nacional lo reforzaba y, con frecuencia, proporcionaba subsidios
a empresas que de todas maneras hubieran exportado con éxito.
En efecto, los mejores logros en el incremento de las
exportaciones no tradicionales se obtuvieron principalmente
mediante el establecimiento de empresas que, desde su
fundación, tenían por objetivo el mercado
internacional y estaban ubicadas en sectores naturalmente
competitivos. De manera que puede decirse que el objetivo de
reconvertir el aparato industrial, desarrollado por la
sustitución de importaciones, en generador de
exportaciones competitivas en el mercado mundial no fue alcanzado
por la política de promoción de
exportaciones.
En este sentido, la sustitución de importaciones,
que fue el mecanismo para crear un verdadero mercado interno en
América Latina, mostraba su limitación para
expandir este mercado más allá de ciertos
límites dramáticamente representados por los
millones de excluidos.
Se redujeron y se simplificaron los aranceles, se
eliminaron los sistemas de
cuotas y prohibiciones, se agilizaron los procedimientos,
se levantaron muchas de las regulaciones y permisos que
reducían la competencia y favorecían el
clientelismo, facilitando las iniciativas de exportación.
Durante la fase de transición, mientras se eliminaban las
barreras proteccionistas, el tipo de cambio subvaluado puede
compensar a los exportadores de las trabas aún existentes
y reducir las ganancias rentistas de los importadores y, como la
eliminación de tales trabas podía tomar cierto
tiempo antes
que su productividad mejorara, se favorecía el mantenimiento
por largo tiempo de un tipo de cambio subvaluado.
Esto de hecho equivalía a reducir el salario real como
base de estímulo a las exportaciones en sustitución
del incremento de la productividad. Desde luego se suponía
que ésta era una compensación transitoria, mientras
los otros beneficios antes señalados de la apertura
surtían su efecto incrementando la productividad
nacional.
El tipo de cambio
Más allá de mantenerlo subvaluado por
largo tiempo, no hay consenso entre los reformadores acerca del
tipo de cambio.
Pero a partir de los 90 los técnicos del FMI empezaron a
argumentar que el cambio fijo deslizante era una manera de
institucionalizar la inflación, lo cual liberaba al
gobierno de la
presión
de instrumentar un programa antiinflacionario serio. Por lo
tanto, había que retornar a una tasa fija para obligar a
la disciplina
fiscal, asegurar una política creíble y tener un
ancla para los precios. El
ejemplo extremo de este nuevo humor de los reformadores fue la
instrumentación del Programa de
Conversión de Cavallo en 1991 que puso de moda la Caja de
Conversión entre muchos pregoneros superficiales de las
reformas. A lo largo de los años 90, el crecimiento
sostenido de la economía de Estados Unidos y
el aproximarse de la Unión Monetaria Europea estimularon
la radicalización de estos pregoneros que empezaron a
proponer la dolarización de las economías
latinoamericanas como la solución definitiva de los
desequilibrios monetarios de la región. El problema
fundamental del tipo de cambio fijo es que sin una rigurosa
política
fiscal y una sólida estabilidad política
está destinada a fracasar y es ingenuo pensar que una
restricción institucional como la implicada en el tipo de
cambio fijo sea suficiente para contener la conflictividad
social.
Las sucesivas crisis de los 90, en particular la de
México en
1994 y la del Sureste asiático de 1997, han contribuido a
aumentar la atención que se le presta al sistema de
tipos de cambio en la discusión sobre la reforma del
sistema monetario internacional. La experiencia latinoamericana
con cambios fijos o variables
demuestra que el uso del tipo de cambio para paliar sus
insuficiencias estructurales tiene un efecto relativamente
limitado.
La reforma financiera
El sector financiero estaba fuertemente protegido y
regulado por el Estado, el
cual solía fijar directamente las tasas de
interés. La reforma financiera tenía
como propósito mejorar la intermediación financiera
que estaba muy Deteriorada. La gran ineficiencia del sector
financiero, que se había ajustado para obtener sus
principales ganancias aprovechando la elevada inflación
crónica y las posibilidades de autopréstamos, era
un fuerte límite a la expansión de los sectores
productivos.
Las regulaciones bancarias imponían fuertes
barreras a la entrada de nuevas instituciones financieras en un
sistema conformado principalmente por bancos comerciales.
Existían también muchas trabas para el desarrollo
de los mercados de capitales. Las bolsas de valores eran
muy pequeñas y concentradas en pocas acciones y no
había inversionistas institucionales. Todo esto limitaba
las fuentes de
financiamiento para las empresas alternas al crédito
bancario.
La carencia de un sistema de supervisión adecuado y la falta de
transparencia favorecían el autofinanciamiento del grupo
bancario y el refinanciamiento de préstamos dudosos que
comprometían la calidad de la
cartera.
A finales de los 80, la mayoría de los
países liberaron las tasas de interés,
eliminaron las asignaciones discrecionales de créditos, armonizaron los requerimientos de
los encajes legales, relajaron las barreras de entradas,
estimularon el desarrollo de los mercados de capitales y la
participación de inversionistas
internacionales.
Además, se prestó atención a la
supervisión y se crearon marcos legales adecuados. De
manera que en los 90 la región empezó a mostrar un
sector financiero totalmente desregulado con una fuerte
participación del capital foráneo que contrastaba
con el del Sureste asiático que permanecía
fuertemente protegido (Edwards, 1995, 212). Entre 1989 y 1994,
hubo una formidable expansión de los mercados de
capitales, las bolsas de valores de Argentina, México y
Venezuela, por
ejemplo, expandieron 10 veces en el valor de sus transacciones en
ese período y los inversionistas financieros, arrastrados
por la ola de la globalización particularmente fuerte en
este sector, descubrían así los nuevos mercados
emergentes. Conformándose a uno de los aspectos
más resaltantes de la globalización, también
en América Latina el comportamiento
de los mercados de capitales desplazaba al de los mercados reales
como el principal indicador de la actuación de la
economía.
A continuación presentamos gráficamente el
avance de las reformas económicas que se realizaron en
América Latina para el período de los noventas
(fuente: Las reformas estructurales en América Latina:
Qué se ha formado y cómo medirlo – Eduardo
Lora – BID – 2001).
III-
Las Reformas Económicas en la República
Dominicana
durante los años noventa.
Datos generales de República
Dominicana
Nombre oficial: República Dominicana
Capital: Santo Domingo
Principal provincia: Santiago de los
Caballeros
Idioma: Español
Indicadores de la población y
área
Superficie: 48,442 m2
Población: 8.3 millones
Rural (porcentaje): 37.9%
Tasa de crecimiento: 2.3%
Densidad (población por km2): 171.3%
Datos económicos
Producto Interno Bruto: US$17,000 millones
Tasa de crecimiento del PBI: 8.3%
Sectores de mayor crecimiento
Telecomunicaciones: 15.6%
Construcciones: 18.2%
Turismo: 10.3%
Minería: -1.5%
Moneda: Peso dominicano (RD$)
Tasa de cambio: RD$29.00 por 1US$
Inflación: 5.97%
Producto Interno Bruto
Desde el año 1991 la República Dominicana
viene experimentando crecimientos positivos en el PIB. Cuando se
analizan los últimos tres años de la década
de los 90, es decir, desde 1996 a 1999, el crecimiento ha sido
sostenido a tasas superiores al 3%.
En lo que respecta a los diferentes sectores de la
economía dominicana el crecimiento ha sido variado. El
sector de mayor crecimiento durante el año 1999 lo fue
construcciones con una tasa de crecimiento de un 18.2%, en orden
de importancia le siguieron los siguientes: comunicaciones, hoteles, bares y restaurantes (turismo), transporte,
electricidad y agua, con
tasas de 15.6%, 10.3%, 8.5%, 8.0%, respectivamente.
Inflación
El crecimiento económico experimentado en los
últimos años de la década de los 90, fue
debido en gran medida a la estabilidad económica y a la
modernización de leyes claves para el desarrollo. Entre
las variables económicas que han sido controladas en la
década de los noventa se encuentra la inflación.
Entre los años 1991 y 1993 la inflación no
excedió más de un 5% anual. Si bien en 1994 la
inflación ascendió a un 14%, para 1995 esta se vio
reducida a 9.6%. Cuando se compara la inflación dominicana
con las de otros países Latinoamericanos, la
República Dominicana, en los últimos cinco
años de la década de los 90, mantuvo uno de los
mejores promedios. La tasa de inflación para el año
1999 estuvo por debajo de los dos dígitos, apenas un 5.97%
aproximadamente.
La tasa de cambio del peso dominicano
En gran medida la estabilidad de precios mantenido en el
país se le atribuye a la estabilidad de su tasa de cambio.
Entre 1991 y mediados de 1994, el peso dominicano fluctuó
libremente con relación al dólar, se mantuvo
estable cotizándose a tasas que promediaron entre RD$12.50
y RD$12.80 por dólar. Desde mediados de 1994, por factores
tanto económicos como políticos, el peso
empezó un ligero proceso de devaluación, cotizándose entre
R$13.50 y RD$13.85 por dólar.
Para Agosto de 1996 la tasa de cambio del dólar
se encontraba promediando RD$13.90 por dólar. En esencia
el peso dominicano únicamente se ha devaluado en un 11% en
un período de cinco años. No obstante para el
año 2004 el dólar se vio en un aumento
extraordinario en donde llegamos a observar el mismo hasta 55.00
y 58.00 por 1.
Tasa de interés
Si bien la inflación ha sido controlada en la
República Dominicana, las tasas de interés
predominantes en el mercado se han mantenido altas. Esto ha
convenido a los ahorrantes y ha reducido la salida de capitales
del país, aunque ha tenido su costo para productores y
comerciantes. En los últimos cuatro años de la
década de los 90 la tasa de interés para
préstamos preferenciales ha promediado 24.7%, mientras la
tasa de interés por Certificados de Depósitos
promedia un 17%.
Actualmente la tendencia de los intereses bancarios es
la baja se encuentra en un promedio de 8%.
Reformas económicas llevadas a cabo en la
década los noventa
Desde el año 1990 la República Dominicana
viene ejecutando una serie de reformas económicas
enmarcadas en la adecuación y actualización de sus
principales leyes, permitiendo crear la base que le
permitirá un crecimiento sostenido más allá
del 2000. Se destacan la reforma de la Ley Laboral, de
las Leyes Impositivas, la Ley Arancelaria, la Ley de
Inversión Extranjera y la ratificación del Acuerdo
de la Ronda Uruguay del
GATT y la
aprobación del Código
Monetario Financiero.
En el año 1990 las autoridades gubernamentales
modificaron el antiguo y complicado sistema arancelario. El nuevo
sistema sigue la misma nomenclatura
utilizada por la comunidad
internacional. De igual forma simplificó los niveles de
tasas, creando 8 categorías, iniciando con un 3%, seguidos
por 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% y finalizando con un tope de 35%
para unos pocos productos. La
reducción de los aranceles ha permitido el crecimiento del
comercio
internacional.
Dos años después, en el año 1992,
el congreso aprobó un nuevo Código Tributario,
modificando y actualizando los aspectos más importantes
del sistema impositivo del país. Redujo las tasas
impositivas para corporaciones e individuos, eliminó los
impuestos de repatriación, al igual que los incentivos
fiscales. Se estableció un techo de un 25% para impuestos
sobre beneficios para corporaciones.
En el año 1996 se aprobó una nueva ley de
inversión extranjera, esta importante legislación
crea una nueva base jurídica que abrirá las puertas
a los inversionistas extranjeros. En esta se iguala el
tratamiento dado a las inversiones
extranjeras como a las nacionales. La nueva ley liberaliza las
restricciones que existían a los inversionistas
extranjeros en ciertas áreas, y permite el 100% de
repatriación de los dividendos y de los capitales
invertidos.
En el período 1996-2000, el producto interno
bruto creció a una tasa de un 7.7% (5.4% en
términos per capita), contrastando favorablemente con el
débil desempeño del período 1981-1985
cuando apenas alcanzó una tasa de crecimiento anual de un
1.3% (-1.3% en términos per capita).
Simultáneamente, la economía dominicana
enfrentó exitosamente choques económicos externos,
así como desastres de la naturaleza. En
este sentido, el sólido desempeño económico
de los noventa se logró a pesar de la crisis mexicana
(1994-1995), el aumento de los precios internacionales de los
combustibles (1996-2000), la crisis financiera asiática
(1997), la crisis rusa (1997), el huracán Georges (1998) y
la crisis brasileña (1999).
Aún cuando el país ha llevado a cabo un
proceso de liberalización e integración a la economía
mundial, se observa una gran dependencia de la
economía estadounidense. Los Estados Unidos no sólo
constituyen el principal mercado de las exportaciones de bienes y
servicios dominicanos, sino que también es la principal
fuente de remesas de trabajadores dominicanos que viven en el
exterior y una de los mayores inversionistas directos. De
ahí que el futuro de la economía dominicana dependa
fundamentalmente no del resto de la región
latinoamericana, sino de la evolución del mercado
estadounidense.
Un elevado grado de apertura caracteriza a la
economía dominicana. El valor de sus exportaciones
más importantes de bienes y servicios como porcentaje del
producto
interno bruto se situó en un 100.5% hacia el año
2000. Ese elevado grado de apertura es el producto de las
reformas comerciales y de la expansión del régimen
de zonas francas, el cual opera en un entorno de libre
comercio.
La mayor apertura ha estimulado el avance de la
productividad factorial. Las actividades con mayores lazos con la
economía
internacional, que enfrentan una mayor competencia y con
menor presencia del Estado son las que registran un mayor
crecimiento de su eficiencia y competitividad.
Los sectores turismo, telecomunicaciones, zonas francas industriales y
comercio son los que explican la mayor parte del elevado ritmo de
crecimiento del producto interno bruto real registrado en los
noventa. De forma contrastante, los sectores más
tradicionales, caracterizados por una protección excesiva
y sujetos a la intervención del Estado, son los que menos
crecimiento económico han registrado.
A pesar del exitoso desempeño de los noventa, la
República Dominicana enfrenta la necesidad de elevar sus
exportaciones, aumentando su capacidad de penetración
competitiva en los mercados internacionales. Si esto no se logra,
es poco probable que el país pueda sostener un ritmo de
crecimiento económico alto durante los próximos
años.
Factores que explican el crecimiento
económico
Durante toda la década de los noventa la
economía dominicana mostró un ritmo elevado de
expansión económica. La tasa de crecimiento
promedio anual del PIB real en el período 1991-2000
ascendió a un 6.5%.
Un entorno macroeconómico caracterizado por alto
crecimiento y baja inflación propició un incremento
del empleo y en la
remuneración laboral que se tradujo en una
reducción sustancial de la incidencia de la pobreza de los
hogares, la cual pasó de un 31.7% en 1992 a un 21.5% en
1998. Esos resultados macroeconómicos fueron el producto
de políticas económicas correctas y la
ejecución de reformas estructurales, que permitieron
aprovechar el ciclo expansivo de la economía
estadounidense mediante el uso intensivo de los esquemas
comerciales preferenciales.
La política fiscal durante la década
pasada permitió un reducido déficit de las finanzas
estatales. El sector
público consolido –que incluye los resultados
cuasi-fiscales del Banco Central- operó con un
déficit que osciló alrededor del 2% del PIB. La
política
monetaria atenuó el impacto inflacionista de los
desequilibrios en las finanzas públicas mediante la
colocación al público de Certificados de
Participación del Banco Central, el congelamiento del
excedente del requerimiento de reservas de los bancos comerciales
depositados en el Banco Central, y el establecimiento de topes al
crédito, entre otras medidas restrictivas.
La política monetaria restrictiva mantuvo las
tasas de interés reales elevadas, promoviendo el uso del
financiamiento
internacional a través de la banca comercial
local. Los pasivos en dólares de esas instituciones
financieras pasaron de US$57.5 millones a US$462.6 millones entre
1995 y 1999. La entrada de capitales facilitó la
estabilidad del tipo de cambio nominal, apreciándose el
tipo de cambio real en alrededor de un 10% entre 1991 y 2000. El
aumento de la productividad factorial permitió a las
actividades productivas más dinámicas continuar
creciendo sostenidamente durante ese período, a pesar de
la apreciación del tipo de cambio real y de las elevadas
tasas de interés.
La República Dominicana es uno de los
países que más reformas estructurales
ejecutó en la década de los noventa. Esas reformas
redujeron las distorsiones existentes en la economía y
contribuyeron a mejorar el proceso de asignación de
recursos. Como resultado, la economía dominicana se ha
convertido en la más abierta de toda América
Latina, la más privatizada y una de las más
diversificadas del hemisferio. Entre las reformas estructurales
se pueden citar: tributaria; financiera; laboral;
promoción de la competencia y desregulación de los
mercados; inversión extranjera; privatización;
sistema judicial y régimen de propiedad, entre
otras.
Estas reformas estructurales y políticas
macroeconómicas acertadas permitieron al país
aprovechar un entorno internacional favorable. El auge
económico en los Estados Unidos favoreció las
exportaciones de las Zonas Francas y el aumento de las remesas de
trabajadores, las cuales se han convertido en la segunda fuente
de divisas del país. Los sectores turismo, zonas francas y
telecomunicaciones, que dependen de la demanda de los
Estados Unidos y de Europa, han
logrado incrementar su participación en el OIB y se han
convertido en los principales receptores de inversiones tanto
externas como domésticas.
Principales inquietudes
La economía dominicana necesita su nivel de
exportaciones para lograr mantener el elevado ritmo de
crecimiento económico registrado en los noventa. Los
datos revelan
que ese crecimiento se explica en gran parte por un aumento de la
inversión privada, el cual fue financiado por el ahorro
externo.
Un ambiente de menor crecimiento internacional y con
mayores precios del petróleo,
que provoque una merma en las exportaciones y las remesas,
desembocarían en una reducción significativa del
ritmo de crecimiento y, por lo tanto, una menor capacidad de
disminución de la incidencia de la pobreza.
Podemos concluir que los países de América
Latina y el Caribe atravesaron en la década de los noventa
por una etapa de transformación caracterizada por
profundas reformas económicas centradas en asegurar la
estabilidad Macroeconómica y sentar las bases del
crecimiento corrigiendo las distorsiones pasadas.
A partir de 1990, la actividad productiva empezó
a recuperarse y muchas de las presiones inflacionarias y
desestabilizadoras se fueron mitigando gradualmente, para ir
logrando el desarrollo
económico de la región. No obstante, los ritmos
de crecimiento económico del conjunto de la región
siguieron siendo significativamente inferiores a los registrados
en las décadas anteriores a la crisis de la
deuda.
La República Dominicana es uno de los
países que más reformas estructurales
ejecutó en la década de los noventa. Esas reformas
redujeron las distorsiones existentes en la economía y
contribuyeron a mejorar el proceso de asignación de
recursos. Como resultado, la economía dominicana se ha
convertido en la más abierta de toda América
Latina, la más privatizada y una de las más
diversificadas del hemisferio. Las reformas que fueron más
exitosas son las del area comercial, seguidas por las del sector
financiero.
Aunque algunas de las literaturas consultadas se enfocan
en señalar que fue una década mala, consideramos
que fue un gran paso para la integración de las
economías pertenecientes a una misma región y
encaminar los países latinoamericanos hacia el desarrollo
económico.
Nosotros recomendamos seguir con la estrategia de
reformas económicas en América Latina ya que es la
mejor forma en estos momentos para lograr vencer el mal
político que tiene una tendencia a disminuir el desarrollo
económico de Latinoamérica. El caso particular de la
República Dominicana demuestra que reformando el viejo
sistema y que administrando las instituciones desde el sector
privado, estas son más eficientes.
Una de las cosas que quizás faltó fue la
concientización de la población así como
también el hacer un compromiso con todos los partidos
políticos de dar continuidad al proceso.
- Artículo de la Revista
Venezolana de Economía – Las Reformas
económicas en América Latina– Enzo
Del Búfalo – 2002.
- Las reformas estructurales en Latinoamérica:
Qué se ha formado y cómo medirlo –
Eduardo Lora – BID – 2001. - La sostenibilidad del desarrollo en América
Latina y el Caribe: Desafíos y Oportunidades –
Alicia Bárcena Ibarra, Ricardo Sánchez Sosa
– CEPAL – 2002. - Fundamentos de Economía – J. Silvestre
Méndez – 2001. - Datos e indicadores básicos de la
economía Dominicana – Cámara
de Comercio de Santiago.
PREPARADO POR:
Lic. NADIA TAVÁREZ JIMÉNEZ
Lic. DENISE VARGAS
Lic. RAMON PERALTA
Ing. BARI DOMÍNGUEZ
FERNÁNDEZ
MATERIA: ECONOMÍA PARA LA TOMA DE
DECISIONES
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA MADRE Y MAESTRA
MAESTRIA EN GESTION DE EMPRESAS
Santiago de Los Caballeros
República Dominicana
Agosto, 2005