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Análisis de las reformas económicas llevadas a cabo en América latina




  1. Introducción
  2. Las reformas económicas en América Latina
  3. Las Reformas económicas llevadas a cabo en la República Dominicana durante los noventa
  4. Recomendaciones
  5. Bibliografía
  1. Introducción

Una reforma no es más que la creación de nuevas leyes o modificación de las ya existentes.

Cuando una nación decide implementar reformas en su sistema económico es con el objetivo de lograr cambios graduales en una dirección tendiente hacia una mayor igualdad, bienestar social, y libertad para el conjunto de la población.

Es por esto que al momento de analizar las reformas económicas de determinado país debemos considerar que estas deben tener objetivos claros y apuntar a metas mucho más ambiciosas que un simple aumento del PIB, lo que significa un aumento en las ganancias sin las deducciones de la producción interna de determinado país.

En el siguiente análisis pretendemos observar las diferentes reformas establecidas tanto en América Latina como en nuestro país, así como las modificaciones de las ya existentes tratando de crear conciencia de lo que significa cada una y la repercusión que ha tenido en la economía de la década de los 90 y como han influido directa e indirectamente en el entorno socioeconómico.

II- Las reformas económicas en América Latina

Desde las décadas de 1940 y 1950 el panorama económico latinoamericano se ha caracterizado por un fuerte proteccionismo y por la presencia del estado en diversas actividades y sectores económicos. A partir de la segunda mitad del decenio de 1980, esa estructura comenzó a ceder espacio a una nueva estrategia que, entre otros aspectos, daba prioridad a la liberación de los mercados, una orientación hacia afuera (en el sentido de estimular el comercio y las exportaciones) y una menor intervención del estado.

Este conjunto de políticas tuvo una evolución gradual en la región. El proceso ya se había iniciado en la década de 1970, en medio de la primera crisis del petróleo. En este periodo las reformas abarcaron un número de áreas menor que en los decenios siguientes y estuvieron enfocadas a un conjunto reducido de países. A pesar de sus avances en muchos frentes, a comienzos de 1980 muchas de ellas sufrieron un retroceso a raíz de la crisis de la deuda, solo en los años subsiguientes, principalmente a partir de 1985,comenzaron a adquirir un nuevo ímpetu y a abarcar un mayor número de economías. Luego, a fines del decenio de 1980 y comienzos del de 1990, el proceso se consolidó en toda la región, y las medidas dejaron de confundirse con políticas de estabilización para empezar a ser consideradas reformas estructurales.

El consenso en torno a la necesidad de llevar a cabo reformas de este tipo se basó en la percepción de que " La antigua estrategia" de desarrollo era incapaz de garantizar el crecimiento económico.

Según el consenso que surgió tras la crisis de la deuda, el fuerte proteccionismo, el dirigismo estatal y la excesiva regulación de los mercados habían reducido la eficiencia económica, restringido el crecimiento de la productividad, determinado una mala asignación de los recursos y limitado la actuación del sector privado. Esto se debía a que en las decisiones de inversión la acción del Estado pesaba mucho más que los criterios de eficiencia.

Según la biografía consultada la reforma fue aplicada principalmente en las siguientes áreas: Comercial, financiera, tributaria, liberalización de la cuenta de capital, privatización, seguridad social y mercado de trabajo.

Por el alcance de las cinco primeras áreas de reforma y el número de países abarcados, se las conoció con el nombre de reformas de primera generación. Las dos últimas —seguridad social y mercado de trabajo, todavía incipientes en la mayor parte de los países latinoamericanos—pasarían a integrar, junto con otro grupo de medidas, las denominadas reformas económicas de segunda generación.

Las reformas estructurales que debían acompañar a los programas de ajuste tenían el propósito de asegurar la estabilidad macroeconómica y sentar las bases del crecimiento, corrigiendo las distorsiones acumuladas. En primer lugar, estaba la reforma fiscal, acompañada de un intenso programa de privatización de empresas estatales. Luego la reforma comercial complementada con la flexibilización de los mercados laborales para que las economías nacionales alcanzaran el nivel de productividad del mercado mundial y, finalmente, la reforma financiera, para restablecer una cierta eficiencia en la intermediación y, sobre todo, estimular la creación de ahorro interno crónicamente insuficiente en la región.

La reforma fiscal

Las dificultades fiscales de los países de la región son endémicas, asociadas a una base productiva restringida y al conflicto social que obliga permanentemente a un gasto público mayor que la recaudación tributaria mermada por la evasión.

La reforma fiscal buscaba sanear las finanzas públicas desequilibradas por los abusos de la fase declinante del modelo de sustitución de importaciones.

Durante la década de los 90 los déficit presupuestarios se han mantenido dentro de límites razonables. La nueva situación ayudó también a eliminar el cuasi déficit fiscal, que se refiere a las pérdidas del Banco Central, ocasionadas por la existencia de tasas de cambio diferenciales que lo obligaba a comprar divisas caras a un sector para venderlas más baratas a otro; o causadas por los subsidios a instituciones bancarias en crisis que suelen ser financiados mediante la emisión de obligaciones cuya tasa de interés implica una pérdida por parte del Banco Central.

Pero, por otra parte, se descuidó el problema de la deuda interna que la crisis de 1982 agravó, puesto que los gobiernos, al verse imposibilitados de acceder al crédito externo, recurrieron más y más al mercado interno abarrotándolo y creando una seria competencia para el sector privado, cuyo consumo e inversión se vieron fuertemente afectados, sobre todo durante los primeros años de la crisis. Luego, la reestructuración de la deuda de acuerdo con el Plan Brady trajo un cierto alivio y la reforma financiera, al reducir los encajes legales y poner en práctica otras medidas que aumentaron la capacidad crediticia nacional, también ayudó a mejorar la situación.

Pero la deuda externa ha ido creciendo y en la actualidad sigue siendo un problema serio que puede afectar sensiblemente la estabilidad macroeconómica. La existencia de una gran deuda pública interna hace que la economía nacional dependa mucho más de las expectativas cambiantes de los agentes económicos incrementando su inestabilidad.

También se tomaron medidas en el ámbito tributario. Se mejoró el sistema de recaudación que, sin embargo, sigue siendo hasta el día de hoy deficiente en la mayoría de los países. Las reforma legislativa privilegió la tributación indirecta sobre la directa. Se generalizó el impuesto al valor agregado (IVA) y se modificó el impuesto sobre la renta reduciendo las tasas máximas y aumentando las mínimas, pero se elevó el nivel de exención lo cual ayudó a reducir el sesgo regresivo.

La reforma benefició considerablemente al capital corporativo, reduciendo el número de impuestos que las empresas debían pagar y, sobre todo, disminuyendo la tasa marginal máxima de impuesto sobre la renta corporativa. Se eliminó la inseguridad que había sobre la manera de pechar las ganancias de capital, puesto que en su mayoría los países decidieron tratarlas como ingresos ordinarios y se redujeron los límites a las remesas de capital para atraer la inversión extranjera.

La privatización y la desregulación

En América Latina, las privatizaciones se justificaron, en primer lugar, como una medida para sanear las finanzas públicas agobiadas por los déficit crónicos de muchas de estas empresas, aunque no todas. La privatización permitía erradicar una fuente de pérdidas y obtener recursos provenientes de la venta para aliviar la grave crisis fiscal de los años 80.

En segundo lugar, como una manera de abrir nuevos espacios a la inversión privada en sectores estancados y mejorar los servicios públicos como electricidad, teléfono, transporte y servicios financieros; y, en tercer lugar, para ampliar la base de la propiedad privada que, en la práctica, significaba conceder nuevos espacios al capital transnacional. Entre 1985 y 1992, más de dos mil empresas fueron privatizadas en los sectores de servicios públicos, bancos y seguros, autopistas, puertos, transportes, manufacturas y otros.

La propuesta de reemplazar al Estado con el capital transnacional como el inversionista estratégico refleja claramente un aspecto central de la globalización y de la nueva segmentación del territorio social. Pero durante los años 90, este proceso de sustitución ha mostrado una cierta debilidad. La inversión extranjera en la región ha aumentado significativamente respecto a la década anterior, pero sigue siendo pequeña, de manera que, incluso para la burocracia de los organismos multinacionales, se ha hecho evidente la necesidad de reforzar el sector empresarial local para lograr tasas de crecimiento aceptables, desde luego, un sector empresarial local cada vez más integrado a la economía global.

Además, la fuerte oposición política a las privatizaciones ha obligado a hacer concesiones a la autovaloración laboral, permitiendo una participación limitada de los trabajadores en los procesos de privatización.

La reforma comercial

La política de sustitución de importaciones había estimulado el desarrollo de un complejo y pesado sistema de protección con elevados aranceles así como la imposición de cuotas y prohibiciones de importación de ciertos bienes.

A principios de los 80, América Latina era la región con la mayor tasa promedio de protección que alcanzaba más de 50 puntos, mientras que en África era de 39 y en Asia apenas del 25 o menos.

Este hecho, aunado al engorroso sistema de permisos y licencias, que afectaba no sólo a las importaciones sino también a las exportaciones, puesto que con frecuencia encarecía el costo de importación de bienes intermedios y de capital utilizados en la producción de bienes de exportación, reduciendo la tasa de protección efectiva al valor agregado nacional que, en muchos casos, llegaba a ser negativa, haciendo que esos bienes fuesen poco competitivos en el mercado internacional (Del Búfalo, 2001b, Vol. 1, cap. VII). Además, la política proteccionista y de subsidios favorecía la sobre valuación permanente del tipo de cambio como una manera de abaratar el valor de importación de bienes de capital y de materias primas para bienes de consumo masivo.

Este sistema era contradictorio puesto que, por una parte, los aranceles encarecían el valor directo e indirectamente importado y, por la otra, se trataba de abaratarlo con un tipo de cambio sobrevaluado. A estas condiciones macroeconómicas se añadían las características microeconómicas de ineficiencia causadas por el atraso tecnológico y la escasa capacidad gerencial para innovar, consecuencias, a su vez, del ambiente sumamente protegido en que operaban las empresas.

Este sesgo, contrario a las exportaciones, no pudo ser superado sino parcialmente por la política de promoción de exportaciones, basada fundamentalmente en la política de incentivos fiscales al valor agregado nacional y en el crédito a las exportaciones, que muchos países de la región impulsaron a partir de la segunda mitad de los 60.

Pero posiblemente el defecto mayor de la política de promoción de exportaciones estuvo en el hecho de que los subsidios no estaban condicionados al logro de metas preestablecidas tales como conquista de cuotas determinadas del mercado internacional, lapsos perentorios para alcanzar niveles de productividad internacionales y otros. De manera que rápidamente la promoción de exportaciones se convirtió en otra oportunidad adicional de obtener ganancias rentistas, es decir, derivadas de un privilegio institucional y no de la eficacia productiva (Nogués, 1990).

De manera que la promoción de exportaciones, lejos de contrarrestar el carácter rentista de la industria nacional lo reforzaba y, con frecuencia, proporcionaba subsidios a empresas que de todas maneras hubieran exportado con éxito. En efecto, los mejores logros en el incremento de las exportaciones no tradicionales se obtuvieron principalmente mediante el establecimiento de empresas que, desde su fundación, tenían por objetivo el mercado internacional y estaban ubicadas en sectores naturalmente competitivos. De manera que puede decirse que el objetivo de reconvertir el aparato industrial, desarrollado por la sustitución de importaciones, en generador de exportaciones competitivas en el mercado mundial no fue alcanzado por la política de promoción de exportaciones.

En este sentido, la sustitución de importaciones, que fue el mecanismo para crear un verdadero mercado interno en América Latina, mostraba su limitación para expandir este mercado más allá de ciertos límites dramáticamente representados por los millones de excluidos.

Se redujeron y se simplificaron los aranceles, se eliminaron los sistemas de cuotas y prohibiciones, se agilizaron los procedimientos, se levantaron muchas de las regulaciones y permisos que reducían la competencia y favorecían el clientelismo, facilitando las iniciativas de exportación. Durante la fase de transición, mientras se eliminaban las barreras proteccionistas, el tipo de cambio subvaluado puede compensar a los exportadores de las trabas aún existentes y reducir las ganancias rentistas de los importadores y, como la eliminación de tales trabas podía tomar cierto tiempo antes que su productividad mejorara, se favorecía el mantenimiento por largo tiempo de un tipo de cambio subvaluado.

Esto de hecho equivalía a reducir el salario real como base de estímulo a las exportaciones en sustitución del incremento de la productividad. Desde luego se suponía que ésta era una compensación transitoria, mientras los otros beneficios antes señalados de la apertura surtían su efecto incrementando la productividad nacional.

El tipo de cambio

Más allá de mantenerlo subvaluado por largo tiempo, no hay consenso entre los reformadores acerca del tipo de cambio.

Pero a partir de los 90 los técnicos del FMI empezaron a argumentar que el cambio fijo deslizante era una manera de institucionalizar la inflación, lo cual liberaba al gobierno de la presión de instrumentar un programa antiinflacionario serio. Por lo tanto, había que retornar a una tasa fija para obligar a la disciplina fiscal, asegurar una política creíble y tener un ancla para los precios. El ejemplo extremo de este nuevo humor de los reformadores fue la instrumentación del Programa de Conversión de Cavallo en 1991 que puso de moda la Caja de Conversión entre muchos pregoneros superficiales de las reformas. A lo largo de los años 90, el crecimiento sostenido de la economía de Estados Unidos y el aproximarse de la Unión Monetaria Europea estimularon la radicalización de estos pregoneros que empezaron a proponer la dolarización de las economías latinoamericanas como la solución definitiva de los desequilibrios monetarios de la región. El problema fundamental del tipo de cambio fijo es que sin una rigurosa política fiscal y una sólida estabilidad política está destinada a fracasar y es ingenuo pensar que una restricción institucional como la implicada en el tipo de cambio fijo sea suficiente para contener la conflictividad social.

Las sucesivas crisis de los 90, en particular la de México en 1994 y la del Sureste asiático de 1997, han contribuido a aumentar la atención que se le presta al sistema de tipos de cambio en la discusión sobre la reforma del sistema monetario internacional. La experiencia latinoamericana con cambios fijos o variables demuestra que el uso del tipo de cambio para paliar sus insuficiencias estructurales tiene un efecto relativamente limitado.

La reforma financiera

El sector financiero estaba fuertemente protegido y regulado por el Estado, el cual solía fijar directamente las tasas de interés. La reforma financiera tenía como propósito mejorar la intermediación financiera que estaba muy Deteriorada. La gran ineficiencia del sector financiero, que se había ajustado para obtener sus principales ganancias aprovechando la elevada inflación crónica y las posibilidades de autopréstamos, era un fuerte límite a la expansión de los sectores productivos.

Las regulaciones bancarias imponían fuertes barreras a la entrada de nuevas instituciones financieras en un sistema conformado principalmente por bancos comerciales. Existían también muchas trabas para el desarrollo de los mercados de capitales. Las bolsas de valores eran muy pequeñas y concentradas en pocas acciones y no había inversionistas institucionales. Todo esto limitaba las fuentes de financiamiento para las empresas alternas al crédito bancario.

La carencia de un sistema de supervisión adecuado y la falta de transparencia favorecían el autofinanciamiento del grupo bancario y el refinanciamiento de préstamos dudosos que comprometían la calidad de la cartera.

A finales de los 80, la mayoría de los países liberaron las tasas de interés, eliminaron las asignaciones discrecionales de créditos, armonizaron los requerimientos de los encajes legales, relajaron las barreras de entradas, estimularon el desarrollo de los mercados de capitales y la participación de inversionistas internacionales.

Además, se prestó atención a la supervisión y se crearon marcos legales adecuados. De manera que en los 90 la región empezó a mostrar un sector financiero totalmente desregulado con una fuerte participación del capital foráneo que contrastaba con el del Sureste asiático que permanecía fuertemente protegido (Edwards, 1995, 212). Entre 1989 y 1994, hubo una formidable expansión de los mercados de capitales, las bolsas de valores de Argentina, México y Venezuela, por ejemplo, expandieron 10 veces en el valor de sus transacciones en ese período y los inversionistas financieros, arrastrados por la ola de la globalización particularmente fuerte en este sector, descubrían así los nuevos mercados emergentes. Conformándose a uno de los aspectos más resaltantes de la globalización, también en América Latina el comportamiento de los mercados de capitales desplazaba al de los mercados reales como el principal indicador de la actuación de la economía.

A continuación presentamos gráficamente el avance de las reformas económicas que se realizaron en América Latina para el período de los noventas (fuente: Las reformas estructurales en América Latina: Qué se ha formado y cómo medirlo – Eduardo Lora – BID – 2001).

III- Las Reformas Económicas en la República Dominicana

durante los años noventa.

Datos generales de República Dominicana

Nombre oficial: República Dominicana

Capital: Santo Domingo

Principal provincia: Santiago de los Caballeros

Idioma: Español

Indicadores de la población y área

Superficie: 48,442 m2

Población: 8.3 millones

Rural (porcentaje): 37.9%

Tasa de crecimiento: 2.3%

Densidad (población por km2): 171.3%

Datos económicos

Producto Interno Bruto: US$17,000 millones

Tasa de crecimiento del PBI: 8.3%

Sectores de mayor crecimiento

Telecomunicaciones: 15.6%

Construcciones: 18.2%

Turismo: 10.3%

Minería: -1.5%

Moneda: Peso dominicano (RD$)

Tasa de cambio: RD$29.00 por 1US$

Inflación: 5.97%

Producto Interno Bruto

Desde el año 1991 la República Dominicana viene experimentando crecimientos positivos en el PIB. Cuando se analizan los últimos tres años de la década de los 90, es decir, desde 1996 a 1999, el crecimiento ha sido sostenido a tasas superiores al 3%.

En lo que respecta a los diferentes sectores de la economía dominicana el crecimiento ha sido variado. El sector de mayor crecimiento durante el año 1999 lo fue construcciones con una tasa de crecimiento de un 18.2%, en orden de importancia le siguieron los siguientes: comunicaciones, hoteles, bares y restaurantes (turismo), transporte, electricidad y agua, con tasas de 15.6%, 10.3%, 8.5%, 8.0%, respectivamente.

Inflación

El crecimiento económico experimentado en los últimos años de la década de los 90, fue debido en gran medida a la estabilidad económica y a la modernización de leyes claves para el desarrollo. Entre las variables económicas que han sido controladas en la década de los noventa se encuentra la inflación. Entre los años 1991 y 1993 la inflación no excedió más de un 5% anual. Si bien en 1994 la inflación ascendió a un 14%, para 1995 esta se vio reducida a 9.6%. Cuando se compara la inflación dominicana con las de otros países Latinoamericanos, la República Dominicana, en los últimos cinco años de la década de los 90, mantuvo uno de los mejores promedios. La tasa de inflación para el año 1999 estuvo por debajo de los dos dígitos, apenas un 5.97% aproximadamente.

La tasa de cambio del peso dominicano

En gran medida la estabilidad de precios mantenido en el país se le atribuye a la estabilidad de su tasa de cambio. Entre 1991 y mediados de 1994, el peso dominicano fluctuó libremente con relación al dólar, se mantuvo estable cotizándose a tasas que promediaron entre RD$12.50 y RD$12.80 por dólar. Desde mediados de 1994, por factores tanto económicos como políticos, el peso empezó un ligero proceso de devaluación, cotizándose entre R$13.50 y RD$13.85 por dólar.

Para Agosto de 1996 la tasa de cambio del dólar se encontraba promediando RD$13.90 por dólar. En esencia el peso dominicano únicamente se ha devaluado en un 11% en un período de cinco años. No obstante para el año 2004 el dólar se vio en un aumento extraordinario en donde llegamos a observar el mismo hasta 55.00 y 58.00 por 1.

Tasa de interés

Si bien la inflación ha sido controlada en la República Dominicana, las tasas de interés predominantes en el mercado se han mantenido altas. Esto ha convenido a los ahorrantes y ha reducido la salida de capitales del país, aunque ha tenido su costo para productores y comerciantes. En los últimos cuatro años de la década de los 90 la tasa de interés para préstamos preferenciales ha promediado 24.7%, mientras la tasa de interés por Certificados de Depósitos promedia un 17%.

Actualmente la tendencia de los intereses bancarios es la baja se encuentra en un promedio de 8%.

Reformas económicas llevadas a cabo en la década los noventa

Desde el año 1990 la República Dominicana viene ejecutando una serie de reformas económicas enmarcadas en la adecuación y actualización de sus principales leyes, permitiendo crear la base que le permitirá un crecimiento sostenido más allá del 2000. Se destacan la reforma de la Ley Laboral, de las Leyes Impositivas, la Ley Arancelaria, la Ley de Inversión Extranjera y la ratificación del Acuerdo de la Ronda Uruguay del GATT y la aprobación del Código Monetario Financiero.

En el año 1990 las autoridades gubernamentales modificaron el antiguo y complicado sistema arancelario. El nuevo sistema sigue la misma nomenclatura utilizada por la comunidad internacional. De igual forma simplificó los niveles de tasas, creando 8 categorías, iniciando con un 3%, seguidos por 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% y finalizando con un tope de 35% para unos pocos productos. La reducción de los aranceles ha permitido el crecimiento del comercio internacional.

Dos años después, en el año 1992, el congreso aprobó un nuevo Código Tributario, modificando y actualizando los aspectos más importantes del sistema impositivo del país. Redujo las tasas impositivas para corporaciones e individuos, eliminó los impuestos de repatriación, al igual que los incentivos fiscales. Se estableció un techo de un 25% para impuestos sobre beneficios para corporaciones.

En el año 1996 se aprobó una nueva ley de inversión extranjera, esta importante legislación crea una nueva base jurídica que abrirá las puertas a los inversionistas extranjeros. En esta se iguala el tratamiento dado a las inversiones extranjeras como a las nacionales. La nueva ley liberaliza las restricciones que existían a los inversionistas extranjeros en ciertas áreas, y permite el 100% de repatriación de los dividendos y de los capitales invertidos.

En el período 1996-2000, el producto interno bruto creció a una tasa de un 7.7% (5.4% en términos per capita), contrastando favorablemente con el débil desempeño del período 1981-1985 cuando apenas alcanzó una tasa de crecimiento anual de un 1.3% (-1.3% en términos per capita).

Simultáneamente, la economía dominicana enfrentó exitosamente choques económicos externos, así como desastres de la naturaleza. En este sentido, el sólido desempeño económico de los noventa se logró a pesar de la crisis mexicana (1994-1995), el aumento de los precios internacionales de los combustibles (1996-2000), la crisis financiera asiática (1997), la crisis rusa (1997), el huracán Georges (1998) y la crisis brasileña (1999).

Aún cuando el país ha llevado a cabo un proceso de liberalización e integración a la economía mundial, se observa una gran dependencia de la economía estadounidense. Los Estados Unidos no sólo constituyen el principal mercado de las exportaciones de bienes y servicios dominicanos, sino que también es la principal fuente de remesas de trabajadores dominicanos que viven en el exterior y una de los mayores inversionistas directos. De ahí que el futuro de la economía dominicana dependa fundamentalmente no del resto de la región latinoamericana, sino de la evolución del mercado estadounidense.

Un elevado grado de apertura caracteriza a la economía dominicana. El valor de sus exportaciones más importantes de bienes y servicios como porcentaje del producto interno bruto se situó en un 100.5% hacia el año 2000. Ese elevado grado de apertura es el producto de las reformas comerciales y de la expansión del régimen de zonas francas, el cual opera en un entorno de libre comercio.

La mayor apertura ha estimulado el avance de la productividad factorial. Las actividades con mayores lazos con la economía internacional, que enfrentan una mayor competencia y con menor presencia del Estado son las que registran un mayor crecimiento de su eficiencia y competitividad.

Los sectores turismo, telecomunicaciones, zonas francas industriales y comercio son los que explican la mayor parte del elevado ritmo de crecimiento del producto interno bruto real registrado en los noventa. De forma contrastante, los sectores más tradicionales, caracterizados por una protección excesiva y sujetos a la intervención del Estado, son los que menos crecimiento económico han registrado.

A pesar del exitoso desempeño de los noventa, la República Dominicana enfrenta la necesidad de elevar sus exportaciones, aumentando su capacidad de penetración competitiva en los mercados internacionales. Si esto no se logra, es poco probable que el país pueda sostener un ritmo de crecimiento económico alto durante los próximos años.

Factores que explican el crecimiento económico

Durante toda la década de los noventa la economía dominicana mostró un ritmo elevado de expansión económica. La tasa de crecimiento promedio anual del PIB real en el período 1991-2000 ascendió a un 6.5%.

Un entorno macroeconómico caracterizado por alto crecimiento y baja inflación propició un incremento del empleo y en la remuneración laboral que se tradujo en una reducción sustancial de la incidencia de la pobreza de los hogares, la cual pasó de un 31.7% en 1992 a un 21.5% en 1998. Esos resultados macroeconómicos fueron el producto de políticas económicas correctas y la ejecución de reformas estructurales, que permitieron aprovechar el ciclo expansivo de la economía estadounidense mediante el uso intensivo de los esquemas comerciales preferenciales.

La política fiscal durante la década pasada permitió un reducido déficit de las finanzas estatales. El sector público consolido –que incluye los resultados cuasi-fiscales del Banco Central- operó con un déficit que osciló alrededor del 2% del PIB. La política monetaria atenuó el impacto inflacionista de los desequilibrios en las finanzas públicas mediante la colocación al público de Certificados de Participación del Banco Central, el congelamiento del excedente del requerimiento de reservas de los bancos comerciales depositados en el Banco Central, y el establecimiento de topes al crédito, entre otras medidas restrictivas.

La política monetaria restrictiva mantuvo las tasas de interés reales elevadas, promoviendo el uso del financiamiento internacional a través de la banca comercial local. Los pasivos en dólares de esas instituciones financieras pasaron de US$57.5 millones a US$462.6 millones entre 1995 y 1999. La entrada de capitales facilitó la estabilidad del tipo de cambio nominal, apreciándose el tipo de cambio real en alrededor de un 10% entre 1991 y 2000. El aumento de la productividad factorial permitió a las actividades productivas más dinámicas continuar creciendo sostenidamente durante ese período, a pesar de la apreciación del tipo de cambio real y de las elevadas tasas de interés.

La República Dominicana es uno de los países que más reformas estructurales ejecutó en la década de los noventa. Esas reformas redujeron las distorsiones existentes en la economía y contribuyeron a mejorar el proceso de asignación de recursos. Como resultado, la economía dominicana se ha convertido en la más abierta de toda América Latina, la más privatizada y una de las más diversificadas del hemisferio. Entre las reformas estructurales se pueden citar: tributaria; financiera; laboral; promoción de la competencia y desregulación de los mercados; inversión extranjera; privatización; sistema judicial y régimen de propiedad, entre otras.

Estas reformas estructurales y políticas macroeconómicas acertadas permitieron al país aprovechar un entorno internacional favorable. El auge económico en los Estados Unidos favoreció las exportaciones de las Zonas Francas y el aumento de las remesas de trabajadores, las cuales se han convertido en la segunda fuente de divisas del país. Los sectores turismo, zonas francas y telecomunicaciones, que dependen de la demanda de los Estados Unidos y de Europa, han logrado incrementar su participación en el OIB y se han convertido en los principales receptores de inversiones tanto externas como domésticas.

Principales inquietudes

La economía dominicana necesita su nivel de exportaciones para lograr mantener el elevado ritmo de crecimiento económico registrado en los noventa. Los datos revelan que ese crecimiento se explica en gran parte por un aumento de la inversión privada, el cual fue financiado por el ahorro externo.

Un ambiente de menor crecimiento internacional y con mayores precios del petróleo, que provoque una merma en las exportaciones y las remesas, desembocarían en una reducción significativa del ritmo de crecimiento y, por lo tanto, una menor capacidad de disminución de la incidencia de la pobreza.

IV– Conclusión

Podemos concluir que los países de América Latina y el Caribe atravesaron en la década de los noventa por una etapa de transformación caracterizada por profundas reformas económicas centradas en asegurar la estabilidad Macroeconómica y sentar las bases del crecimiento corrigiendo las distorsiones pasadas.

A partir de 1990, la actividad productiva empezó a recuperarse y muchas de las presiones inflacionarias y desestabilizadoras se fueron mitigando gradualmente, para ir logrando el desarrollo económico de la región. No obstante, los ritmos de crecimiento económico del conjunto de la región siguieron siendo significativamente inferiores a los registrados en las décadas anteriores a la crisis de la deuda.

La República Dominicana es uno de los países que más reformas estructurales ejecutó en la década de los noventa. Esas reformas redujeron las distorsiones existentes en la economía y contribuyeron a mejorar el proceso de asignación de recursos. Como resultado, la economía dominicana se ha convertido en la más abierta de toda América Latina, la más privatizada y una de las más diversificadas del hemisferio. Las reformas que fueron más exitosas son las del area comercial, seguidas por las del sector financiero.

Aunque algunas de las literaturas consultadas se enfocan en señalar que fue una década mala, consideramos que fue un gran paso para la integración de las economías pertenecientes a una misma región y encaminar los países latinoamericanos hacia el desarrollo económico.

V– Recomendaciones

Nosotros recomendamos seguir con la estrategia de reformas económicas en América Latina ya que es la mejor forma en estos momentos para lograr vencer el mal político que tiene una tendencia a disminuir el desarrollo económico de Latinoamérica. El caso particular de la República Dominicana demuestra que reformando el viejo sistema y que administrando las instituciones desde el sector privado, estas son más eficientes.

Una de las cosas que quizás faltó fue la concientización de la población así como también el hacer un compromiso con todos los partidos políticos de dar continuidad al proceso.

 

VI- Bibliografía

  • Artículo de la Revista Venezolana de Economía - Las Reformas

económicas en América Latina– Enzo Del Búfalo – 2002.

  • Las reformas estructurales en Latinoamérica: Qué se ha formado y cómo medirlo – Eduardo Lora – BID – 2001.
  • La sostenibilidad del desarrollo en América Latina y el Caribe: Desafíos y Oportunidades – Alicia Bárcena Ibarra, Ricardo Sánchez Sosa – CEPAL – 2002.
  • Fundamentos de Economía – J. Silvestre Méndez - 2001.
  • Datos e indicadores básicos de la economía Dominicana – Cámara de Comercio de Santiago.

 

PREPARADO POR:

Lic. NADIA TAVÁREZ JIMÉNEZ

Lic. DENISE VARGAS

Lic. RAMON PERALTA

Ing. BARI DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ

MATERIA: ECONOMÍA PARA LA TOMA DE DECISIONES

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA

MAESTRIA EN GESTION DE EMPRESAS

Santiago de Los Caballeros

República Dominicana

Agosto, 2005


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