Monografias.com > Economía
Descargar Imprimir Comentar Ver trabajos relacionados

Análisis de las reformas económicas llevadas a cabo en América latina



    1. Introducción
    2. Las reformas económicas
      en América Latina
    3. Las Reformas
      económicas llevadas a cabo en la República
      Dominicana durante los noventa
    4. Recomendaciones
    5. Bibliografía
    1. Introducción

    Una reforma no es más que la creación de
    nuevas leyes o
    modificación de las ya existentes.

    Cuando una nación
    decide implementar reformas en su sistema
    económico es con el objetivo de
    lograr cambios graduales en una dirección tendiente hacia una mayor
    igualdad,
    bienestar social, y libertad para
    el conjunto de la población.

    Es por esto que al momento de analizar las reformas
    económicas de determinado país debemos considerar
    que estas deben tener objetivos
    claros y apuntar a metas mucho más ambiciosas que un
    simple aumento del PIB, lo que
    significa un aumento en las ganancias sin las deducciones de la
    producción interna de determinado
    país.

    En el siguiente análisis pretendemos observar las
    diferentes reformas establecidas tanto en América
    Latina como en nuestro país, así como las
    modificaciones de las ya existentes tratando de crear conciencia de lo
    que significa cada una y la repercusión que ha tenido en
    la economía
    de la década de los 90 y como han influido directa e
    indirectamente en el entorno socioeconómico.

    II- Las reformas
    económicas en América Latina

    Desde las décadas de 1940 y 1950 el panorama
    económico latinoamericano se ha caracterizado por un
    fuerte proteccionismo y por la presencia del estado en
    diversas actividades y sectores económicos. A partir de la
    segunda mitad del decenio de 1980, esa estructura
    comenzó a ceder espacio a una nueva estrategia que,
    entre otros aspectos, daba prioridad a la liberación de
    los mercados, una
    orientación hacia afuera (en el sentido de estimular el
    comercio y las
    exportaciones) y
    una menor intervención del estado.

    Este conjunto de políticas
    tuvo una evolución gradual en la región. El
    proceso ya se
    había iniciado en la década de 1970, en medio de la
    primera crisis del
    petróleo. En este periodo las reformas
    abarcaron un número de áreas menor que en los
    decenios siguientes y estuvieron enfocadas a un conjunto reducido
    de países. A pesar de sus avances en muchos frentes, a
    comienzos de 1980 muchas de ellas sufrieron un retroceso a
    raíz de la crisis de la deuda, solo en los años
    subsiguientes, principalmente a partir de 1985,comenzaron a
    adquirir un nuevo ímpetu y a abarcar un mayor
    número de economías. Luego, a fines del decenio de
    1980 y comienzos del de 1990, el proceso se consolidó en
    toda la región, y las medidas dejaron de confundirse con
    políticas de estabilización para empezar a ser
    consideradas reformas estructurales.

    El consenso en torno a la
    necesidad de llevar a cabo reformas de este tipo se basó
    en la percepción
    de que " La antigua estrategia" de desarrollo era
    incapaz de garantizar el crecimiento
    económico.

    Según el consenso que surgió tras la
    crisis de la deuda, el fuerte proteccionismo, el dirigismo
    estatal y la excesiva regulación de los mercados
    habían reducido la eficiencia
    económica, restringido el crecimiento de la productividad,
    determinado una mala asignación de los recursos y
    limitado la actuación del sector privado. Esto se
    debía a que en las decisiones de inversión la acción
    del Estado pesaba mucho más que los criterios de
    eficiencia.

    Según la biografía consultada
    la reforma fue aplicada principalmente en las siguientes
    áreas: Comercial, financiera, tributaria,
    liberalización de la cuenta de capital,
    privatización, seguridad
    social y mercado de
    trabajo.

    Por el alcance de las cinco primeras áreas de
    reforma y el número de países abarcados, se las
    conoció con el nombre de reformas de primera
    generación
    . Las dos últimas —seguridad social
    y mercado de trabajo, todavía incipientes en la mayor
    parte de los países latinoamericanos—pasarían
    a integrar, junto con otro grupo de
    medidas, las denominadas reformas económicas de segunda
    generación
    .

    Las reformas estructurales que debían
    acompañar a los programas de
    ajuste tenían el propósito de asegurar la
    estabilidad macroeconómica y sentar las bases del
    crecimiento, corrigiendo las distorsiones acumuladas. En primer
    lugar, estaba la reforma fiscal,
    acompañada de un intenso programa de
    privatización de empresas
    estatales. Luego la reforma comercial complementada con la
    flexibilización de los mercados laborales para que las
    economías nacionales alcanzaran el nivel de productividad
    del mercado mundial y, finalmente, la reforma financiera, para
    restablecer una cierta eficiencia en la intermediación y,
    sobre todo, estimular la creación de ahorro interno
    crónicamente insuficiente en la región.

    La reforma fiscal

    Las dificultades fiscales de los países de la
    región son endémicas, asociadas a una base
    productiva restringida y al conflicto
    social que obliga permanentemente a un gasto
    público mayor que la recaudación tributaria
    mermada por la evasión.

    La reforma fiscal buscaba sanear las finanzas
    públicas desequilibradas por los abusos de la fase
    declinante del modelo de
    sustitución de importaciones.

    Durante la década de los 90 los déficit
    presupuestarios se han mantenido dentro de límites
    razonables. La nueva situación ayudó también
    a eliminar el cuasi déficit fiscal, que se refiere
    a las pérdidas del Banco Central,
    ocasionadas por la existencia de tasas de cambio
    diferenciales que lo obligaba a comprar divisas caras a
    un sector para venderlas más baratas a otro; o causadas
    por los subsidios a instituciones
    bancarias en crisis que suelen ser financiados mediante la
    emisión de obligaciones
    cuya tasa de
    interés implica una pérdida por parte del Banco
    Central.

    Pero, por otra parte, se descuidó el problema de
    la deuda interna que la crisis de 1982 agravó,
    puesto que los gobiernos, al verse imposibilitados de acceder al
    crédito
    externo, recurrieron más y más al mercado interno
    abarrotándolo y creando una seria competencia para
    el sector privado, cuyo consumo e
    inversión se vieron fuertemente afectados, sobre todo
    durante los primeros años de la crisis. Luego, la
    reestructuración de la deuda de acuerdo con el Plan Brady trajo
    un cierto alivio y la reforma financiera, al reducir los encajes
    legales y poner en práctica otras medidas que aumentaron
    la capacidad crediticia nacional, también ayudó a
    mejorar la situación.

    Pero la deuda externa ha
    ido creciendo y en la actualidad sigue siendo un problema serio
    que puede afectar sensiblemente la estabilidad
    macroeconómica. La existencia de una gran deuda
    pública interna hace que la economía nacional
    dependa mucho más de las expectativas cambiantes de los
    agentes económicos incrementando su
    inestabilidad.

    También se tomaron medidas en el ámbito
    tributario. Se mejoró el sistema de recaudación
    que, sin embargo, sigue siendo hasta el día de hoy
    deficiente en la mayoría de los países. Las reforma
    legislativa privilegió la tributación indirecta
    sobre la directa. Se generalizó el impuesto al valor
    agregado (IVA) y se
    modificó el impuesto sobre la
    renta reduciendo las tasas máximas y aumentando las
    mínimas, pero se elevó el nivel de exención
    lo cual ayudó a reducir el sesgo regresivo.

    La reforma benefició considerablemente al capital
    corporativo, reduciendo el número de impuestos que las
    empresas debían pagar y, sobre todo, disminuyendo la tasa
    marginal máxima de impuesto sobre la
    renta corporativa. Se eliminó la inseguridad
    que había sobre la manera de pechar las ganancias de
    capital, puesto que en su mayoría los países
    decidieron tratarlas como ingresos
    ordinarios y se redujeron los límites a las remesas de
    capital para atraer la inversión
    extranjera.

    La privatización y la
    desregulación

    En América Latina, las privatizaciones se justificaron, en primer lugar,
    como una medida para sanear las finanzas
    públicas agobiadas por los déficit crónicos
    de muchas de estas empresas, aunque no todas. La
    privatización permitía erradicar una fuente de
    pérdidas y obtener recursos provenientes de la venta para
    aliviar la grave crisis fiscal de los años 80.

    En segundo lugar, como una manera de abrir nuevos
    espacios a la inversión privada en sectores estancados y
    mejorar los servicios
    públicos como electricidad,
    teléfono, transporte y
    servicios
    financieros; y, en tercer lugar, para ampliar la base de la
    propiedad
    privada que, en la práctica, significaba conceder nuevos
    espacios al capital transnacional. Entre 1985 y 1992, más
    de dos mil empresas fueron privatizadas en los sectores de
    servicios públicos, bancos y seguros,
    autopistas, puertos, transportes, manufacturas y
    otros.

    La propuesta de reemplazar al Estado con el capital
    transnacional como el inversionista estratégico refleja
    claramente un aspecto central de la
    globalización y de la nueva segmentación del territorio social. Pero
    durante los años 90, este proceso de sustitución ha
    mostrado una cierta debilidad. La inversión extranjera en
    la región ha aumentado significativamente respecto a la
    década anterior, pero sigue siendo pequeña, de
    manera que, incluso para la burocracia de los
    organismos multinacionales, se ha hecho evidente la necesidad de
    reforzar el sector empresarial local para lograr tasas de
    crecimiento aceptables, desde luego, un sector empresarial local
    cada vez más integrado a la economía
    global.

    Además, la fuerte oposición política a las
    privatizaciones ha obligado a hacer concesiones a la
    autovaloración laboral,
    permitiendo una participación limitada de los trabajadores
    en los procesos de
    privatización.

    La reforma comercial

    La política de sustitución de
    importaciones había estimulado el desarrollo de un
    complejo y pesado sistema de protección con elevados
    aranceles
    así como la imposición de cuotas y prohibiciones de
    importación de ciertos bienes.

    A principios de los
    80, América Latina era la región con la mayor tasa
    promedio de protección que alcanzaba más de 50
    puntos, mientras que en África era de 39 y en Asia apenas del
    25 o menos.

    Este hecho, aunado al engorroso sistema de permisos y
    licencias, que afectaba no sólo a las importaciones sino
    también a las exportaciones, puesto que con frecuencia
    encarecía el costo de
    importación de bienes intermedios y de capital utilizados
    en la producción de bienes de exportación, reduciendo la tasa de
    protección efectiva
    al valor agregado
    nacional que, en muchos casos, llegaba a ser negativa, haciendo
    que esos bienes fuesen poco competitivos en el mercado
    internacional (Del Búfalo, 2001b, Vol. 1, cap. VII).
    Además, la política proteccionista y de subsidios
    favorecía la sobre valuación permanente del
    tipo de cambio
    como una manera de abaratar el valor de importación de
    bienes de capital y de materias primas para bienes de consumo
    masivo.

    Este sistema era contradictorio puesto que, por una
    parte, los aranceles encarecían el valor directo e
    indirectamente importado y, por la otra, se trataba de abaratarlo
    con un tipo de cambio sobrevaluado. A estas condiciones
    macroeconómicas se añadían las
    características microeconómicas de ineficiencia
    causadas por el atraso tecnológico y la escasa capacidad
    gerencial para innovar, consecuencias, a su vez, del ambiente
    sumamente protegido en que operaban las empresas.

    Este sesgo, contrario a las exportaciones, no pudo ser
    superado sino parcialmente por la política de promoción de exportaciones, basada
    fundamentalmente en la política de incentivos
    fiscales al valor agregado nacional y en el crédito a las
    exportaciones, que muchos países de la región
    impulsaron a partir de la segunda mitad de los 60.

    Pero posiblemente el defecto mayor de la política
    de promoción de exportaciones estuvo en el hecho de que
    los subsidios no estaban condicionados al logro de metas
    preestablecidas tales como conquista de cuotas determinadas del
    mercado internacional, lapsos perentorios para alcanzar niveles
    de productividad internacionales y otros. De manera que
    rápidamente la promoción de exportaciones se
    convirtió en otra oportunidad adicional de obtener
    ganancias rentistas, es decir, derivadas de un
    privilegio institucional y no de la eficacia
    productiva (Nogués, 1990).

    De manera que la promoción de exportaciones,
    lejos de contrarrestar el carácter rentista de la industria
    nacional lo reforzaba y, con frecuencia, proporcionaba subsidios
    a empresas que de todas maneras hubieran exportado con éxito.
    En efecto, los mejores logros en el incremento de las
    exportaciones no tradicionales se obtuvieron principalmente
    mediante el establecimiento de empresas que, desde su
    fundación, tenían por objetivo el mercado
    internacional y estaban ubicadas en sectores naturalmente
    competitivos. De manera que puede decirse que el objetivo de
    reconvertir el aparato industrial, desarrollado por la
    sustitución de importaciones, en generador de
    exportaciones competitivas en el mercado mundial no fue alcanzado
    por la política de promoción de
    exportaciones.

    En este sentido, la sustitución de importaciones,
    que fue el mecanismo para crear un verdadero mercado interno en
    América Latina, mostraba su limitación para
    expandir este mercado más allá de ciertos
    límites dramáticamente representados por los
    millones de excluidos.

    Se redujeron y se simplificaron los aranceles, se
    eliminaron los sistemas de
    cuotas y prohibiciones, se agilizaron los procedimientos,
    se levantaron muchas de las regulaciones y permisos que
    reducían la competencia y favorecían el
    clientelismo, facilitando las iniciativas de exportación.
    Durante la fase de transición, mientras se eliminaban las
    barreras proteccionistas, el tipo de cambio subvaluado puede
    compensar a los exportadores de las trabas aún existentes
    y reducir las ganancias rentistas de los importadores y, como la
    eliminación de tales trabas podía tomar cierto
    tiempo antes
    que su productividad mejorara, se favorecía el mantenimiento
    por largo tiempo de un tipo de cambio subvaluado.

    Esto de hecho equivalía a reducir el salario real como
    base de estímulo a las exportaciones en sustitución
    del incremento de la productividad. Desde luego se suponía
    que ésta era una compensación transitoria, mientras
    los otros beneficios antes señalados de la apertura
    surtían su efecto incrementando la productividad
    nacional.

    El tipo de cambio

    Más allá de mantenerlo subvaluado por
    largo tiempo, no hay consenso entre los reformadores acerca del
    tipo de cambio.

    Pero a partir de los 90 los técnicos del FMI empezaron a
    argumentar que el cambio fijo deslizante era una manera de
    institucionalizar la inflación, lo cual liberaba al
    gobierno de la
    presión
    de instrumentar un programa antiinflacionario serio. Por lo
    tanto, había que retornar a una tasa fija para obligar a
    la disciplina
    fiscal, asegurar una política creíble y tener un
    ancla para los precios. El
    ejemplo extremo de este nuevo humor de los reformadores fue la
    instrumentación del Programa de
    Conversión de Cavallo en 1991 que puso de moda la Caja de
    Conversión entre muchos pregoneros superficiales de las
    reformas. A lo largo de los años 90, el crecimiento
    sostenido de la economía de Estados Unidos y
    el aproximarse de la Unión Monetaria Europea estimularon
    la radicalización de estos pregoneros que empezaron a
    proponer la dolarización de las economías
    latinoamericanas como la solución definitiva de los
    desequilibrios monetarios de la región. El problema
    fundamental del tipo de cambio fijo es que sin una rigurosa
    política
    fiscal y una sólida estabilidad política
    está destinada a fracasar y es ingenuo pensar que una
    restricción institucional como la implicada en el tipo de
    cambio fijo sea suficiente para contener la conflictividad
    social.

    Las sucesivas crisis de los 90, en particular la de
    México en
    1994 y la del Sureste asiático de 1997, han contribuido a
    aumentar la atención que se le presta al sistema de
    tipos de cambio en la discusión sobre la reforma del
    sistema monetario internacional. La experiencia latinoamericana
    con cambios fijos o variables
    demuestra que el uso del tipo de cambio para paliar sus
    insuficiencias estructurales tiene un efecto relativamente
    limitado.

    La reforma financiera

    El sector financiero estaba fuertemente protegido y
    regulado por el Estado, el
    cual solía fijar directamente las tasas de
    interés. La reforma financiera tenía
    como propósito mejorar la intermediación financiera
    que estaba muy Deteriorada. La gran ineficiencia del sector
    financiero, que se había ajustado para obtener sus
    principales ganancias aprovechando la elevada inflación
    crónica y las posibilidades de autopréstamos, era
    un fuerte límite a la expansión de los sectores
    productivos.

    Las regulaciones bancarias imponían fuertes
    barreras a la entrada de nuevas instituciones financieras en un
    sistema conformado principalmente por bancos comerciales.
    Existían también muchas trabas para el desarrollo
    de los mercados de capitales. Las bolsas de valores eran
    muy pequeñas y concentradas en pocas acciones y no
    había inversionistas institucionales. Todo esto limitaba
    las fuentes de
    financiamiento para las empresas alternas al crédito
    bancario.

    La carencia de un sistema de supervisión adecuado y la falta de
    transparencia favorecían el autofinanciamiento del grupo
    bancario y el refinanciamiento de préstamos dudosos que
    comprometían la calidad de la
    cartera.

    A finales de los 80, la mayoría de los
    países liberaron las tasas de interés,
    eliminaron las asignaciones discrecionales de créditos, armonizaron los requerimientos de
    los encajes legales, relajaron las barreras de entradas,
    estimularon el desarrollo de los mercados de capitales y la
    participación de inversionistas
    internacionales.

    Además, se prestó atención a la
    supervisión y se crearon marcos legales adecuados. De
    manera que en los 90 la región empezó a mostrar un
    sector financiero totalmente desregulado con una fuerte
    participación del capital foráneo que contrastaba
    con el del Sureste asiático que permanecía
    fuertemente protegido (Edwards, 1995, 212). Entre 1989 y 1994,
    hubo una formidable expansión de los mercados de
    capitales, las bolsas de valores de Argentina, México y
    Venezuela, por
    ejemplo, expandieron 10 veces en el valor de sus transacciones en
    ese período y los inversionistas financieros, arrastrados
    por la ola de la globalización particularmente fuerte en
    este sector, descubrían así los nuevos mercados
    emergentes
    . Conformándose a uno de los aspectos
    más resaltantes de la globalización, también
    en América Latina el comportamiento
    de los mercados de capitales desplazaba al de los mercados reales
    como el principal indicador de la actuación de la
    economía.

    A continuación presentamos gráficamente el
    avance de las reformas económicas que se realizaron en
    América Latina para el período de los noventas
    (fuente: Las reformas estructurales en América Latina:
    Qué se ha formado y cómo medirlo – Eduardo
    Lora – BID – 2001).

    III-
    Las Reformas Económicas en la República
    Dominicana

    durante los años noventa.

    Datos generales de República
    Dominicana

    Nombre oficial: República Dominicana

    Capital: Santo Domingo

    Principal provincia: Santiago de los
    Caballeros

    Idioma: Español

    Indicadores de la población y
    área

    Superficie: 48,442 m2

    Población: 8.3 millones

    Rural (porcentaje): 37.9%

    Tasa de crecimiento: 2.3%

    Densidad (población por km2): 171.3%

    Datos económicos

    Producto Interno Bruto: US$17,000 millones

    Tasa de crecimiento del PBI: 8.3%

    Sectores de mayor crecimiento

    Telecomunicaciones: 15.6%

    Construcciones: 18.2%

    Turismo: 10.3%

    Minería: -1.5%

    Moneda: Peso dominicano (RD$)

    Tasa de cambio: RD$29.00 por 1US$

    Inflación: 5.97%

    Producto Interno Bruto

    Desde el año 1991 la República Dominicana
    viene experimentando crecimientos positivos en el PIB. Cuando se
    analizan los últimos tres años de la década
    de los 90, es decir, desde 1996 a 1999, el crecimiento ha sido
    sostenido a tasas superiores al 3%.

    En lo que respecta a los diferentes sectores de la
    economía dominicana el crecimiento ha sido variado. El
    sector de mayor crecimiento durante el año 1999 lo fue
    construcciones con una tasa de crecimiento de un 18.2%, en orden
    de importancia le siguieron los siguientes: comunicaciones, hoteles, bares y restaurantes (turismo), transporte,
    electricidad y agua, con
    tasas de 15.6%, 10.3%, 8.5%, 8.0%, respectivamente.

    Inflación

    El crecimiento económico experimentado en los
    últimos años de la década de los 90, fue
    debido en gran medida a la estabilidad económica y a la
    modernización de leyes claves para el desarrollo. Entre
    las variables económicas que han sido controladas en la
    década de los noventa se encuentra la inflación.
    Entre los años 1991 y 1993 la inflación no
    excedió más de un 5% anual. Si bien en 1994 la
    inflación ascendió a un 14%, para 1995 esta se vio
    reducida a 9.6%. Cuando se compara la inflación dominicana
    con las de otros países Latinoamericanos, la
    República Dominicana, en los últimos cinco
    años de la década de los 90, mantuvo uno de los
    mejores promedios. La tasa de inflación para el año
    1999 estuvo por debajo de los dos dígitos, apenas un 5.97%
    aproximadamente.

    La tasa de cambio del peso dominicano

    En gran medida la estabilidad de precios mantenido en el
    país se le atribuye a la estabilidad de su tasa de cambio.
    Entre 1991 y mediados de 1994, el peso dominicano fluctuó
    libremente con relación al dólar, se mantuvo
    estable cotizándose a tasas que promediaron entre RD$12.50
    y RD$12.80 por dólar. Desde mediados de 1994, por factores
    tanto económicos como políticos, el peso
    empezó un ligero proceso de devaluación, cotizándose entre
    R$13.50 y RD$13.85 por dólar.

    Para Agosto de 1996 la tasa de cambio del dólar
    se encontraba promediando RD$13.90 por dólar. En esencia
    el peso dominicano únicamente se ha devaluado en un 11% en
    un período de cinco años. No obstante para el
    año 2004 el dólar se vio en un aumento
    extraordinario en donde llegamos a observar el mismo hasta 55.00
    y 58.00 por 1.

    Tasa de interés

    Si bien la inflación ha sido controlada en la
    República Dominicana, las tasas de interés
    predominantes en el mercado se han mantenido altas. Esto ha
    convenido a los ahorrantes y ha reducido la salida de capitales
    del país, aunque ha tenido su costo para productores y
    comerciantes. En los últimos cuatro años de la
    década de los 90 la tasa de interés para
    préstamos preferenciales ha promediado 24.7%, mientras la
    tasa de interés por Certificados de Depósitos
    promedia un 17%.

    Actualmente la tendencia de los intereses bancarios es
    la baja se encuentra en un promedio de 8%.

    Reformas económicas llevadas a cabo en la
    década los noventa

    Desde el año 1990 la República Dominicana
    viene ejecutando una serie de reformas económicas
    enmarcadas en la adecuación y actualización de sus
    principales leyes, permitiendo crear la base que le
    permitirá un crecimiento sostenido más allá
    del 2000. Se destacan la reforma de la Ley Laboral, de
    las Leyes Impositivas, la Ley Arancelaria, la Ley de
    Inversión Extranjera y la ratificación del Acuerdo
    de la Ronda Uruguay del
    GATT y la
    aprobación del Código
    Monetario Financiero.

    En el año 1990 las autoridades gubernamentales
    modificaron el antiguo y complicado sistema arancelario. El nuevo
    sistema sigue la misma nomenclatura
    utilizada por la comunidad
    internacional. De igual forma simplificó los niveles de
    tasas, creando 8 categorías, iniciando con un 3%, seguidos
    por 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% y finalizando con un tope de 35%
    para unos pocos productos. La
    reducción de los aranceles ha permitido el crecimiento del
    comercio
    internacional.

    Dos años después, en el año 1992,
    el congreso aprobó un nuevo Código Tributario,
    modificando y actualizando los aspectos más importantes
    del sistema impositivo del país. Redujo las tasas
    impositivas para corporaciones e individuos, eliminó los
    impuestos de repatriación, al igual que los incentivos
    fiscales. Se estableció un techo de un 25% para impuestos
    sobre beneficios para corporaciones.

    En el año 1996 se aprobó una nueva ley de
    inversión extranjera, esta importante legislación
    crea una nueva base jurídica que abrirá las puertas
    a los inversionistas extranjeros. En esta se iguala el
    tratamiento dado a las inversiones
    extranjeras como a las nacionales. La nueva ley liberaliza las
    restricciones que existían a los inversionistas
    extranjeros en ciertas áreas, y permite el 100% de
    repatriación de los dividendos y de los capitales
    invertidos.

    En el período 1996-2000, el producto interno
    bruto creció a una tasa de un 7.7% (5.4% en
    términos per capita), contrastando favorablemente con el
    débil desempeño del período 1981-1985
    cuando apenas alcanzó una tasa de crecimiento anual de un
    1.3% (-1.3% en términos per capita).

    Simultáneamente, la economía dominicana
    enfrentó exitosamente choques económicos externos,
    así como desastres de la naturaleza. En
    este sentido, el sólido desempeño económico
    de los noventa se logró a pesar de la crisis mexicana
    (1994-1995), el aumento de los precios internacionales de los
    combustibles (1996-2000), la crisis financiera asiática
    (1997), la crisis rusa (1997), el huracán Georges (1998) y
    la crisis brasileña (1999).

    Aún cuando el país ha llevado a cabo un
    proceso de liberalización e integración a la economía
    mundial, se observa una gran dependencia de la
    economía estadounidense. Los Estados Unidos no sólo
    constituyen el principal mercado de las exportaciones de bienes y
    servicios dominicanos, sino que también es la principal
    fuente de remesas de trabajadores dominicanos que viven en el
    exterior y una de los mayores inversionistas directos. De
    ahí que el futuro de la economía dominicana dependa
    fundamentalmente no del resto de la región
    latinoamericana, sino de la evolución del mercado
    estadounidense.

    Un elevado grado de apertura caracteriza a la
    economía dominicana. El valor de sus exportaciones
    más importantes de bienes y servicios como porcentaje del
    producto
    interno bruto se situó en un 100.5% hacia el año
    2000. Ese elevado grado de apertura es el producto de las
    reformas comerciales y de la expansión del régimen
    de zonas francas, el cual opera en un entorno de libre
    comercio.

    La mayor apertura ha estimulado el avance de la
    productividad factorial. Las actividades con mayores lazos con la
    economía
    internacional, que enfrentan una mayor competencia y con
    menor presencia del Estado son las que registran un mayor
    crecimiento de su eficiencia y competitividad.

    Los sectores turismo, telecomunicaciones, zonas francas industriales y
    comercio son los que explican la mayor parte del elevado ritmo de
    crecimiento del producto interno bruto real registrado en los
    noventa. De forma contrastante, los sectores más
    tradicionales, caracterizados por una protección excesiva
    y sujetos a la intervención del Estado, son los que menos
    crecimiento económico han registrado.

    A pesar del exitoso desempeño de los noventa, la
    República Dominicana enfrenta la necesidad de elevar sus
    exportaciones, aumentando su capacidad de penetración
    competitiva en los mercados internacionales. Si esto no se logra,
    es poco probable que el país pueda sostener un ritmo de
    crecimiento económico alto durante los próximos
    años.

    Factores que explican el crecimiento
    económico

    Durante toda la década de los noventa la
    economía dominicana mostró un ritmo elevado de
    expansión económica. La tasa de crecimiento
    promedio anual del PIB real en el período 1991-2000
    ascendió a un 6.5%.

    Un entorno macroeconómico caracterizado por alto
    crecimiento y baja inflación propició un incremento
    del empleo y en la
    remuneración laboral que se tradujo en una
    reducción sustancial de la incidencia de la pobreza de los
    hogares, la cual pasó de un 31.7% en 1992 a un 21.5% en
    1998. Esos resultados macroeconómicos fueron el producto
    de políticas económicas correctas y la
    ejecución de reformas estructurales, que permitieron
    aprovechar el ciclo expansivo de la economía
    estadounidense mediante el uso intensivo de los esquemas
    comerciales preferenciales.

    La política fiscal durante la década
    pasada permitió un reducido déficit de las finanzas
    estatales. El sector
    público consolido –que incluye los resultados
    cuasi-fiscales del Banco Central- operó con un
    déficit que osciló alrededor del 2% del PIB. La
    política
    monetaria atenuó el impacto inflacionista de los
    desequilibrios en las finanzas públicas mediante la
    colocación al público de Certificados de
    Participación del Banco Central, el congelamiento del
    excedente del requerimiento de reservas de los bancos comerciales
    depositados en el Banco Central, y el establecimiento de topes al
    crédito, entre otras medidas restrictivas.

    La política monetaria restrictiva mantuvo las
    tasas de interés reales elevadas, promoviendo el uso del
    financiamiento
    internacional a través de la banca comercial
    local. Los pasivos en dólares de esas instituciones
    financieras pasaron de US$57.5 millones a US$462.6 millones entre
    1995 y 1999. La entrada de capitales facilitó la
    estabilidad del tipo de cambio nominal, apreciándose el
    tipo de cambio real en alrededor de un 10% entre 1991 y 2000. El
    aumento de la productividad factorial permitió a las
    actividades productivas más dinámicas continuar
    creciendo sostenidamente durante ese período, a pesar de
    la apreciación del tipo de cambio real y de las elevadas
    tasas de interés.

    La República Dominicana es uno de los
    países que más reformas estructurales
    ejecutó en la década de los noventa. Esas reformas
    redujeron las distorsiones existentes en la economía y
    contribuyeron a mejorar el proceso de asignación de
    recursos. Como resultado, la economía dominicana se ha
    convertido en la más abierta de toda América
    Latina, la más privatizada y una de las más
    diversificadas del hemisferio. Entre las reformas estructurales
    se pueden citar: tributaria; financiera; laboral;
    promoción de la competencia y desregulación de los
    mercados; inversión extranjera; privatización;
    sistema judicial y régimen de propiedad, entre
    otras.

    Estas reformas estructurales y políticas
    macroeconómicas acertadas permitieron al país
    aprovechar un entorno internacional favorable. El auge
    económico en los Estados Unidos favoreció las
    exportaciones de las Zonas Francas y el aumento de las remesas de
    trabajadores, las cuales se han convertido en la segunda fuente
    de divisas del país. Los sectores turismo, zonas francas y
    telecomunicaciones, que dependen de la demanda de los
    Estados Unidos y de Europa, han
    logrado incrementar su participación en el OIB y se han
    convertido en los principales receptores de inversiones tanto
    externas como domésticas.

    Principales inquietudes

    La economía dominicana necesita su nivel de
    exportaciones para lograr mantener el elevado ritmo de
    crecimiento económico registrado en los noventa. Los
    datos revelan
    que ese crecimiento se explica en gran parte por un aumento de la
    inversión privada, el cual fue financiado por el ahorro
    externo.

    Un ambiente de menor crecimiento internacional y con
    mayores precios del petróleo,
    que provoque una merma en las exportaciones y las remesas,
    desembocarían en una reducción significativa del
    ritmo de crecimiento y, por lo tanto, una menor capacidad de
    disminución de la incidencia de la pobreza.

    IV–
    Conclusión

    Podemos concluir que los países de América
    Latina y el Caribe atravesaron en la década de los noventa
    por una etapa de transformación caracterizada por
    profundas reformas económicas centradas en asegurar la
    estabilidad Macroeconómica y sentar las bases del
    crecimiento corrigiendo las distorsiones pasadas.

    A partir de 1990, la actividad productiva empezó
    a recuperarse y muchas de las presiones inflacionarias y
    desestabilizadoras se fueron mitigando gradualmente, para ir
    logrando el desarrollo
    económico de la región. No obstante, los ritmos
    de crecimiento económico del conjunto de la región
    siguieron siendo significativamente inferiores a los registrados
    en las décadas anteriores a la crisis de la
    deuda.

    La República Dominicana es uno de los
    países que más reformas estructurales
    ejecutó en la década de los noventa. Esas reformas
    redujeron las distorsiones existentes en la economía y
    contribuyeron a mejorar el proceso de asignación de
    recursos. Como resultado, la economía dominicana se ha
    convertido en la más abierta de toda América
    Latina, la más privatizada y una de las más
    diversificadas del hemisferio. Las reformas que fueron más
    exitosas son las del area comercial, seguidas por las del sector
    financiero.

    Aunque algunas de las literaturas consultadas se enfocan
    en señalar que fue una década mala, consideramos
    que fue un gran paso para la integración de las
    economías pertenecientes a una misma región y
    encaminar los países latinoamericanos hacia el desarrollo
    económico.

    V–
    Recomendaciones

    Nosotros recomendamos seguir con la estrategia de
    reformas económicas en América Latina ya que es la
    mejor forma en estos momentos para lograr vencer el mal
    político que tiene una tendencia a disminuir el desarrollo
    económico de Latinoamérica. El caso particular de la
    República Dominicana demuestra que reformando el viejo
    sistema y que administrando las instituciones desde el sector
    privado, estas son más eficientes.

    Una de las cosas que quizás faltó fue la
    concientización de la población así como
    también el hacer un compromiso con todos los partidos
    políticos de dar continuidad al proceso.

     

    VI-
    Bibliografía

    • Artículo de la Revista
      Venezolana de Economía – Las Reformas

    económicas en América Latina– Enzo
    Del Búfalo – 2002.

    • Las reformas estructurales en Latinoamérica:
      Qué se ha formado y cómo medirlo –
      Eduardo Lora – BID – 2001.
    • La sostenibilidad del desarrollo en América
      Latina y el Caribe: Desafíos y Oportunidades –
      Alicia Bárcena Ibarra, Ricardo Sánchez Sosa
      – CEPAL – 2002.
    • Fundamentos de Economía – J. Silvestre
      Méndez – 2001.
    • Datos e indicadores básicos de la
      economía Dominicana – Cámara
      de Comercio de Santiago.

     

    PREPARADO POR:

    Lic. NADIA TAVÁREZ JIMÉNEZ

    Lic. DENISE VARGAS

    Lic. RAMON PERALTA

    Ing. BARI DOMÍNGUEZ
    FERNÁNDEZ

    MATERIA: ECONOMÍA PARA LA TOMA DE
    DECISIONES

    PONTIFICIA UNIVERSIDAD
    CATÓLICA MADRE Y MAESTRA

    MAESTRIA EN GESTION DE EMPRESAS

    Santiago de Los Caballeros

    República Dominicana

    Agosto, 2005

    Nota al lector: es posible que esta página no contenga todos los componentes del trabajo original (pies de página, avanzadas formulas matemáticas, esquemas o tablas complejas, etc.). Recuerde que para ver el trabajo en su versión original completa, puede descargarlo desde el menú superior.

    Todos los documentos disponibles en este sitio expresan los puntos de vista de sus respectivos autores y no de Monografias.com. El objetivo de Monografias.com es poner el conocimiento a disposición de toda su comunidad. Queda bajo la responsabilidad de cada lector el eventual uso que se le de a esta información. Asimismo, es obligatoria la cita del autor del contenido y de Monografias.com como fuentes de información.

    Categorias
    Newsletter